Jordania

La situation des droits humains : Reino Hachemí de Jordania

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado rey Abdalá II bin al Husein
Jefe del gobierno Nader al Dahabi
Pena de muerte retencionista
Población 6,1 millones
Esperanza de vida 71,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 23/19 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 91,1 por ciento

Hubo informes sobre presos sometidos a tortura y otros malos tratos. Había millares de personas recluidas sin cargos ni juicio en virtud de una disposición muy general que permitía la detención administrativa. Los juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado incumplían las normas internacionales de justicia procesal. El Parlamento aprobó nuevas restricciones de la libertad de expresión, asociación y reunión. Las mujeres sufrían discriminación y no recibían la debida protección contra la violencia en el ámbito familiar. Las trabajadoras domésticas migrantes sufrían explotación y abusos, sin recibir la debida protección de la ley. Se condenó a muerte al menos a 14 personas, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.

Seguridad y medidas antiterroristas

Quedaron en libertad dos presuntos autores de delitos contra la seguridad que llevaban mucho tiempo recluidos sin juicio en el Departamento General de Inteligencia de Ammán.

  • Isam al Utaibi, conocido también como Sheij Abu Muhammad al Maqdisi, quedó en libertad el 12 de marzo tras casi tres años de reclusión en régimen de aislamiento. En enero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria su detención.
  • Samer Helmi al Barq quedó en libertad en enero, tras haber estado recluido desde octubre de 2003, cuando las autoridades estadounidenses lo habían trasladado ilegalmente a Jordania. Detenido en Pakistán, había estado recluido allí durante 14 días antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses, que lo mantuvieron en una prisión secreta hasta su traslado a Jordania.

Sistema de justicia: detención administrativa

Había millares de personas recluidas en virtud de la Ley de Prevención del Delito de 1954, que permitía a los gobernadores provinciales autorizar la detención sin cargos ni juicio de toda persona presuntamente responsable de cometer un delito o considerada «un peligro para la sociedad». Tales órdenes de detención podían dictarse por un año y eran renovables. En marzo, el Centro Nacional de Derechos Humanos, financiado por el gobierno, pidió la abolición de la Ley y señaló que en 2007 se había detenido en aplicación de ella a 12.178 hombres y 81 mujeres.

"...trabajadoras domésticas migrantes estaban expuestas a sufrir abusos psicológicos, físicos y económicos sin recibir ninguna o muy poca protección del Estado."

Tortura y otros malos tratos

Hubo nuevos informes sobre tortura y otros malos tratos a presos. En octubre, Human Rights Watch informó de que más de la mitad de los 110 presos a los que había entrevistado durante visitas realizadas a siete prisiones afirmaban haber sido torturados o maltratados, mencionando en algunos casos al director de la prisión. Las autoridades negaron las conclusiones de la organización.

  • Firas al Utti, Hazim Ziyada e Ibrahim al Ulayan murieron, según informes, en un incendio en abril, al obligarlos los guardias de la prisión de Muwaqqar a quedarse en su celda. Dos de ellos habían sido sometidos presuntamente a torturas consistentes en golpearlos y colgarlos de la pared con las manos atadas a la espalda. De acuerdo con los informes, el Departamento de Seguridad Pública había realizado una investigación sobre estas muertes, pero no se reveló su resultado ni se tuvo noticia de que se hubiera iniciado ningún procesamiento.
  • Un tribunal de la policía impuso en mayo sendas penas de 30 meses de cárcel a dos funcionarios de prisiones por haber matado a golpes a Firas Zaidan en mayo de 2007 en la prisión de Aqaba. Un tercer funcionario fue absuelto.

En febrero, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura informó de que las autoridades no habían establecido mecanismos efectivos para prevenir la tortura y otros malos tratos o garantizar el procesamiento de los torturadores, como había pedido tras su visita a Jordania de 2006.

Juicios injustos: Tribunal de Seguridad del Estado

Los juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado continuaban incumpliendo las normas internacionales de justicia procesal. En particular, el Tribunal, que tenía competencia sobre los delitos contra la seguridad del Estado, como la sedición y la insurrección armada, así como sobre los delitos económicos y de drogas, continuaba admitiendo como prueba contra los acusados «confesiones» obtenidas presuntamente con tortura durante su reclusión preventiva, sin llevar a cabo una investigación adecuada.

  • En mayo, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó a Nidal Momani, Sattam Zawahra y Tharwat Ali Draz a muerte, e inmediatamente después les conmutó la pena por 15 años de prisión, tras haberlos declarado culpables de planear un atentado contra el presidente estadounidense, George W. Bush, durante su visita a Jordania de 2006. Los acusados habían negado los cargos y denunciado que sus «confesiones» eran falsas y habían sido hechas bajo tortura.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Se propuso una nueva legislación que restringía aún más el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. El Parlamento aprobó la Ley de Sociedades y la Ley sobre Reuniones Públicas, que quedaron a la espera de su aprobación por el rey. La primera aumentaba el control del gobierno sobre las ONG, al hacer necesario que éstas facilitaran sus planes de trabajo si se les pedía presentarlos y que solicitaran autorización oficial para recibir fondos del extranjero. También facultaba a las autoridades para ordenar su cierre incluso por faltas leves y para asignarles un funcionario como presidente temporal. La otra ley suavizaba algunos controles, al permitir a las ONG celebrar asambleas generales sin autorización previa, si bien para organizar reuniones públicas tenían que solicitar antes la autorización del gobernador administrativo, quien podía poner fin a las reuniones o concentraciones o disolverlas por la fuerza si no se ajustaban a la finalidad acordada.

Los periodistas y otras personas seguían expuestos a ser procesados por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

  • Fayez al Ajrashi, director del semanario El Ekhbariya, fue detenido durante varios días y acusado formalmente de «provocar conflictos sectarios» y «sembrar la discordia nacional». Su procesamiento se debió a unos artículos en los que había criticado al gobernador de Ammán y denunciado la existencia de corrupción en la capital. Quedó en libertad bajo fianza. Tenía que ser juzgado ante el Tribunal de Seguridad del Estado, que, si lo declaraba culpable, podía condenarlo a tres años de prisión.

Violencia y discriminación contra las mujeres

En enero, el Parlamento aprobó la Ley de Protección contra la Violencia en la Familia, en la que se preveía la denuncia de la violencia en el ámbito familiar, incluidos la violencia y el acoso sexuales, y la indemnización a las víctimas. No se criminalizaba explícitamente en ella la violencia en el ámbito familiar ni se preveía debidamente el procesamiento de quienes la perpetraran.

Por séptimo año siguieron pendientes de su examen en el Parlamento unas reformas temporales de la legislación que concedían a las mujeres derecho a divorciarse sin el consentimiento de sus esposos y establecían penas para los autores de homicidio en el ámbito de la familia.

A lo largo del año fueron víctimas de homicidio en nombre del honor al menos 16 mujeres. Continuó aplicándose el artículo 98 del Código Penal como eximente en casos de hombres que habían matado a mujeres de su familia. El artículo permitía reducir la pena si se consideraba que el homicidio se había cometido «en un arrebato de furia provocado por un acto ilegítimo o peligroso de la víctima».

  • En marzo, el Tribunal Penal impuso una condena de tres meses de cárcel a un hombre que en 2007 había matado de un tiro a su hermana, una mujer casada, porque consideraba que tenía una «conducta inmoral» por actos como salir de casa sin el consentimiento de su esposo y hablar con otros hombres por el teléfono móvil.

Según informes, había decenas de mujeres sometidas a detención administrativa sin cargos ni juicio. Se creía que algunas de ellas –incluidas víctimas de violación, mujeres que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio o que estaban acusadas de mantener relaciones sexuales extramaritales o de ser prostitutas– permanecían recluidas para protegerlas de miembros de sus familias o sus comunidades. Comenzó a funcionar un refugio estatal para mujeres que necesitaban protección contra la violencia en el ámbito familiar, pero al final del año había en él muy pocas mujeres.

Derechos de las personas migrantes: trabajadoras domésticas

Decenas de miles de trabajadoras domésticas migrantes estaban expuestas a sufrir abusos psicológicos, físicos y económicos sin recibir ninguna o muy poca protección del Estado. Muchas trabajaban hasta 19 horas al día, no tenían días libres y no cobraban su salario o lo recibían incompleto. En numerosos casos vivían encarceladas, de hecho, en casa de las personas para las que trabajaban. Muchas recibían palizas a manos de sus empleadores y de los representantes de las agencias de contratación. En muy pocos casos se procesaba o se sancionaba de algún modo a los autores de tales abusos.

En julio, el Parlamento aprobó varias reformas de la Ley del Trabajo, gracias a las cuales las trabajadoras domésticas dejaron de estar explícitamente fuera de su ámbito de aplicación. Se iba a publicar un reglamento aparte para regular las condiciones de trabajo de las trabajadoras domésticas migrantes.

  • Una trabajadora doméstica indonesia de 22 años intentó suicidarse tras haber sido violada tres veces por el hijo de su empleador y agredida sexualmente por éste dos veces. Cuando la esposa del empleador lo descubrió, golpeó a la muchacha.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Jordania continuó acogiendo a nada menos que 500.000 refugiados iraquíes, casi todos los cuales habían huido de Irak tras la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003. La mayoría de ellos no tenían ninguna condición legal, ya que no podían cumplir los estrictos criterios establecidos para conseguir el permiso de residencia y tener así legalmente derecho a trabajar. El acceso a Jordania para los iraquíes que necesitaran protección internacional seguía estando muy restringido, y en mayo el gobierno introdujo nuevos requisitos para la concesión de visados que les obligaban a obtenerlos en Irak antes de intentar entrar en Jordania.

Pena de muerte

Al menos 14 personas fueron condenadas a muerte, pero no hubo ninguna ejecución. Continuaron pendientes de su examen en el Parlamento unas reformas de la ley propuestas en 2006 que reducían el número de delitos penados con la muerte.

En diciembre, Jordania se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Jordania en marzo y en octubre. 

Informes de Amnistía Internacional

Aisladas y maltratadas: A las trabajadoras domésticas migrantes en Jordania se les niegan sus derechos (30 octubre 2008)
Condenas benévolas para autores de «homicidios por motivos de honor»: un paso atrás para la protección de la mujer en Jordania (24 abril 2008)