Angola

La situation des droits humains : República de Angola

Amnesty International  Rapport 2013


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Jefe del Estado José Eduardo dos Santos

Jefe del gobierno António Paulo Kassoma (sustituyó a Fernando da Piedade Dias dos Santos en septiembre)
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 17,5 millones
Esperanza de vida 41,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 243/215 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 67,4 por ciento

Se recibieron menos informes sobre desalojos forzosos y el gobierno comenzó a construir viviendas sociales. Disminuyó el número de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Continuaron la intimidación y el hostigamiento de defensores y defensoras de los derechos humanos: las autoridades pidieron a la oficina de la ONU para los derechos humanos que se retirase de Angola y trataron de cerrar una organización local. Se observaron restricciones a la libertad de expresión, y se hostigó a periodistas mediante acciones judiciales por difamación. Un preso de conciencia fue condenado a una larga pena de cárcel.

Información general

Las intensas lluvias en las provincias de Cunene, Namibe y Huíla causaron inundaciones que obligaron a más de 10.000 personas a abandonar sus hogares en febrero. Aproximadamente otras 50 familias perdieron sus viviendas en noviembre en Huambo como consecuencia de las intensas lluvias.

En abril, Angola pasó a ser el mayor productor de petróleo del África subsahariana, superando a Nigeria. Pese a ello, el 68 por ciento de la población del país vivía por debajo del umbral de pobreza y un 28 por ciento de esa cifra, en situación de pobreza extrema.

En febrero, Angola extraditó a Nigeria a Henry Himomotim Okah y Eduardo Atata. Los dos eran sospechosos de estar involucrados en ataques en la región nigeriana del delta del Níger, rica en petróleo.

Unas 30 personas detenidas, entre las que había 10 mujeres y un niño, murieron en marzo al derrumbarse el edificio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Otras 145 personas detenidas tuvieron que ser hospitalizadas. Aunque se llevó a cabo una investigación para determinar las causas del derrumbe, no se hicieron públicas sus conclusiones.

En marzo, un empleado portugués de una empresa de ese país resultó herido por disparos en un brazo y una pierna cuando viajaba en un vehículo de la compañía. Las Fuerzas Armadas de Cabinda, brazo armado del Frente de Liberación del Estado de Cabinda (FLEC), reivindicaron la autoría del ataque, afirmando que atacarían a las empresas extranjeras que trabajaban en Cabinda para impedirles apoyar a la economía de Angola.

"Testigos presenciales declararon que los agentes ordenaron a los jóvenes que se tumbaran boca abajo, dispararon contra ellos mientras estaban tumbados en el suelo y se marcharon del lugar de los hechos."

En septiembre se celebraron las primeras elecciones legislativas en 16 años. En términos generales estuvieron exentas de violencia y otras violaciones de derechos humanos, a pesar de algunos incidentes aislados de hostigamiento de activistas políticos en el periodo preelectoral. El principal partido de la oposición, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), reclamó al principio la repetición de los comicios en la capital, Luanda, pero finalmente aceptó los resultados, según los cuales el partido gobernante, Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ganó las elecciones con más del 80 por ciento de los votos.

Angola presentó en noviembre sus informes inicial, segundo y tercero combinados al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Durante este periodo de sesiones, el viceministro de Relaciones Exteriores reconoció la importancia de la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en Angola.

Derecho a la vivienda

El gobierno inició la construcción de viviendas en aplicación del programa Angola Joven, que aspiraba a construir un millón de unidades de vivienda social hasta el año 2012. Después de las elecciones de septiembre, el Ministerio de Urbanismo y Medio Ambiente pasó a denominarse Ministerio de Urbanismo y Vivienda. En octubre tuvieron lugar en Luanda celebraciones con motivo del Día Mundial del Hábitat. Durante estas celebraciones el gobierno se comprometió a destinar más del 10 por ciento de los ingresos derivados del petróleo a viviendas sociales.

Se recibieron menos informes de desalojos forzosos que en años anteriores. Según los informes, algunas de las personas afectadas por desalojos forzosos fueron realojadas. También se recibieron informes de que el gobierno planeaba realojar a las familias afectadas por desalojos forzosos de sus hogares en años anteriores en las barriadas de Cambamba I, Cambamba II y Cidadania, pero al terminar 2008 esto no había sucedido.

  • En octubre, al menos 17 familias fueron desalojadas por la fuerza y la empresa constructora Jardim do Éden demolió sus viviendas en la barriada luandesa de Iraque. Las familias afirmaron que disponían de títulos de propiedad de los terrenos del municipio de Kilamba Kiaxi desde 1989. Según informes, algunos residentes recibieron como compensación una cantidad de entre 500 y 2.500 dólares estadounidenses. No se ofreció alojamiento alternativo a las familias que no podían costeárselo por sí mismas.

Policía

Se registraron mejoras en la política policial, lo que incluyó la aprobación de un modelo de actuación policial que regulaba el uso de la fuerza. La policía no pareció comportarse de manera partidista y hubo pocos informes de violencia y violaciones de dechos humanos durante las elecciones. No obstante, se produjeron algunos casos de homicidio ilegítimo a manos de la policía.

  • En julio, un grupo de unos siete agentes de policía se presentó en la zona de Largo da Frescura en un vehículo blanco sin marcas distintivas y abrió fuego contra ocho jóvenes, a los que dio muerte. Los agentes sostuvieron que habían respondido a denuncias de que un grupo de jóvenes sospechosos de robo a mano armada estaba en la zona, y que los jóvenes habían disparado contra ellos. Afirmaron que repelieron los disparos en defensa propia. Ningún agente de policía resultó herido. Testigos presenciales declararon que los agentes ordenaron a los jóvenes que se tumbaran boca abajo, dispararon contra ellos mientras estaban tumbados en el suelo y se marcharon del lugar de los hechos. Siete agentes de policía fueron detenidos, pero al término de 2008 no había tenido lugar juicio alguno.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El ambiente para los defensores y defensoras de los derechos humanos siguió siendo tenso. En mayo se cerró a petición del gobierno la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Angola. Las autoridades afirmaron que la Oficina carecía de mandato legal ya que era un residuo de la Misión de Observadores de la ONU en Angola (MONUA), al que se había permitido permanecer en el país al término de la misión de mantenimiento de la paz en 2002.

En septiembre, el fiscal general inició una acción judicial en el Tribunal Constitucional para cerrar la Asociación Justicia, Paz y Democracia, alegando que los documentos fundacionales de la asociación incluían disposiciones contrarias a la legislación angoleña. Al terminar el año no se había dictado sentencia.

Libertad de expresión: periodistas

Continuaron las restricciones de la libertad de expresión de los periodistas. Algunos periodistas fueron hostigados mediante acciones judiciales por difamación.

En julio, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicación Social ordenaron conjuntamente a Rádio Despertar, emisora de radio privada, que suspendiera sus emisiones durante 180 días, aduciendo que éstas cubrían una zona superior a la autorizada en su licencia.

Detención y reclusión arbitrarias

Algunas personas fueron detenidas por ejercer su derecho a la libertad de asociación y reunión.

En marzo, la policía y miembros de la policía de investigación criminal interrumpieron la celebración de la peregrinación anual en Cabinda e impidieron a más de 3.000 miembros de la Iglesia católica continuar con la peregrinación. Los obligaron a quedarse sentados al sol sin agua ni alimentos. Xavier Soca Tati y otra persona fueron llevados a la comisaría de policía, donde los interrogaron durante varias horas. Los dos afirmaron que habían seguido los procedimientos necesarios antes de la peregrinación pero la policía lo negó. No se presentaron cargos contra ninguno de los miembros de la Iglesia católica.

  • En octubre, la policía detuvo y recluyó en Caxito, provincia de Bengo, a miembros del Sindicato de Profesores de Angola que se habían declarado en huelga para protestar por los bajos salarios y las deficientes condiciones de trabajo. Manuel Bento Azevedo, Gonçalves Ismael Lopes, Moniz Mujinga, César Gomes António y Almério Augusto Cristóvão fueron detenidos en la escuela misionera 307 bajo la acusación de coaccionar a otros profesores para que secundaran la huelga. Otros cinco profesores fueron detenidos esa semana en diferentes escuelas de la provincia de Bengo. En una ocasión la policía no disponía de órdenes de detención, pero afirmó que cumplía órdenes. Los 10 profesores quedaron en libertad sin juicio dos días después de la detención inicial, pero unos cinco días más tarde Manuel Bento Azevedo y otros dos miembros del sindicato fueron detenidos de nuevo. A finales de octubre los tres fueron absueltos por el Tribunal Provincial de Bengo.

Presos de conciencia

En septiembre, José Fernando Lelo, ex corresponsal de Voice of America en Cabinda, fue declarado culpable por un tribunal militar, en un juicio que careció de las debidas garantías, y condenado a 12 meses de prisión por delitos contra la seguridad del Estado y por incitar a la rebelión armada en Cabinda. Lo habían detenido en noviembre de 2007 y estuvo recluido sin cargos hasta marzo de 2008. Cinco soldados juzgados al mismo tiempo fueron declarados culpables de intento de rebelión armada y otros delitos militares y condenados a 13 años de prisión. Un sexto soldado fue absuelto.

Visitas de Amnistía Internacional

En octubre, una delegación de Amnistía Internacional solicitó visados para viajar a Angola, pero aún no las había recibido al terminar el año. No se ofrecieron razones de la demora ni se indicó cuándo se concederían los visados. La última visita de Amnistía Internacional al país tuvo lugar en febrero de 2007.

Informes de Amnistía Internacional

Angola: Briefing for election monitors (en inglés, 1 agosto 2008)
Angola: Briefing for the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: 41st session, 3-21 November 2008 (en inglés, 1 octubre 2008)