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Se ha confirmado que los enfrentamientos que se produjeron el viernes 5 de junio en la ciudad de Bagua, en la Amazonia peruana, se saldaron con la muerte de al menos 9 manifestantes y 24 agentes de policía. Un mínimo de 169 manifestantes y 31 agentes de policía resultaron heridos, y no menos de 79 personas fueron detenidas, entre ellas varios menores de edad.

“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue crítica”, ha afirmado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú. “Es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia".

Comunidades indígenas del departamento del Amazonas llevan más de 50 días protestando por una serie de decretos ley sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales en la selva amazónica. Los decretos forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

Esta legislación no se consultó con las comunidades indígenas, a pesar de las obligaciones contraídas por el Estado peruano en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró el estado de emergencia en la zona por un período de 60 días.

El viernes 5 de junio, efectivos de la Policía Nacional desalojaron a manifestantes indígenas que habían bloqueado la carretera de acceso a la ciudad de Bagua. Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, se produjo una escalada de la violencia en la que las fuerzas del orden hicieron un uso excesivo de la fuerza y se dieron casos de secuestros y homicidios de policías por parte de miembros de comunidades indígenas.

Se han presentado cargos contra varios dirigentes de las organizaciones indígenas por rebelión, sedición y conspiración para una rebelión y contra la tranquilidad pública. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

El sábado 6 de junio, las autoridades dictaron una orden de detención contra Alberto Pizango, que, según informes, solicitó refugio el lunes en la Embajada de Nicaragua en Lima.

““Es esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad sobre los hechos de los crímenes cometidos, y para llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quienes sean”, ha manifestado Nuria García.

Amnistía Internacional recordó que, si bien las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar la ley y el orden, deben hacer un uso proporcionado de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos.

“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni malos tratos son derechos que deben ser respetados en todo momento, por excepcionales que sean las circunstancias”, ha afirmado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú.

La organización de derechos humanos también hizo un llamado a los dirigentes de las organizaciones indígenas para que envíen un claro mensaje a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables.