Document - Amnesty International News, July 1996. Vol.26, No.7.

Amnistía Internacional: Boletín, julio de 1996

Noticias


BRASIL


[Pie de foto]: El duelo de los campesinos sin tierras y los familiares de las 19 personas asesinadas en abril por la policía militar de Eldorado dos Carajás.

© Juno Brasil


Derechos humanos: ¿un paso adelante y dos atrás?


El Comité de Derechos Humanos de la ONU examinará este mes en Ginebra el historial de derechos humanos de Brasil en un momento en que las promesas de avances se mezclan con graves retrocesos.

Brasil se convirtió el 13 de mayo en uno de los primeros países en lanzar un Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos, como recomendó la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993. El Plan, de 168 puntos, incluye medidas para combatir la impunidad y promover los derechos de los más vulnerables.

Sin embargo, no prevé un calendario de aplicación. La semana anterior al lanzamiento, los mismos representantes del gobierno bloquearon en el Senado una de las propuestas más trascendentes del Plan: la transferencia de los delitos cometidos por la policía militar de la jurisdicción militar a la civil.

La necesidad de una investigación civil independiente de estos delitos se volvió apremiante cuando la policía militar del estado de Pará mató a 19 campesinos sin tierras. Se aproximaron desde dos frentes a los campesinos que obstruían un camino en Eldorado dos Carajás, y abrieron fuego. Según las autopsias, tres recibieron disparos a quemarropa, y a siete las mataron a golpes con sus propios instrumentos de labranza. La matanza hizo recordar otra ocurrida en 1995 en Corumbiára, Rondônia, en la que la policía militar mató a 12 campesinos. Nadie fue procesado.

Las actuaciones judiciales relacionadas con la matanza de octubre de 1992 en la Casa de Detenção de São Paulo, en la que la policía militar dio muerte a 111 presos que se habían entregado después de un motín, han quedado paralizadas mientras los tribunales civiles y militares se disputan la jurisdicción. Aunque las familias de algunas víctimas han sido indemnizadas, en mayo un tribunal de São Paulo decidió en un caso que no había lugar a indemnización, pues la policía militar había actuado en cumplimiento de su deber.

La primera indemnización pagada por un estado a las familias de las personas ''desaparecidas'' bajo el régimen militar en las décadas de 1960 y 1970 no se produjo hasta el lanzamiento del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos. Desde enero de este año, una Comisión Especial ha venido estudiando las solicitudes de indemnización relativas a 136 ''desapariciones'' reconocidas oficialmente y 210 muertes bajo custodia ocurridas durante el régimen militar. La Comisión no está facultada para investigar todas las circunstancias de estas violaciones de derechos humanos ni tiene poder para identificar a los responsables.

En abril de 1996 se vislumbró una brecha en el muro de la impunidad cuando un policía militar fue enjuiciado y declarado culpable de participar en la matanza de ocho niños de la calle, en julio de 1993, cerca de la iglesia de la Candelária, en Río. El 30 de abril, Marcos Vinícius Borges de Emmanuel fue condenado a 309 años de cárcel, de los cuales podría llegar a cumplir un máximo de 30. No obstante, el juicio de los demás sospechosos, miembros también de la policía militar, se ha aplazado indefinidamente. AI espera que se procese a todos los responsables.

La organización siente creciente temor por las comunidades indígenas de Brasil desde la promulgación, en enero, de un decreto que cuestiona la demarcación territorial de varias zonas indígenas. En el pasado, dudas de este tipo han servido de excusa para incursiones violentas en tierras indígenas, asesinatos y matanzas. Desde enero se ha multiplicado el número de invasiones de tierras indígenas. En mayo, los líderes de la comunidad tupininkim de Espirito Santo recibieron amenazas de muerte, y 77 indígenas de las comunidades tembe, kaapor y timbira fueron secuestrados junto con funcionarios del gobierno por colonos que les disputaban las tierras.

El Plan puede ofrecer un marco adecuado para solucionar algunas de estas cuestiones y mejorar la protección de los sectores vulnerables, pero sólo si el gobierno lo respalda decididamente en el Congreso y fija un calendario para su puesta en práctica.


El Boletín de AI


Lamentamos comunicarles que el Boletín pasará a publicarse cada dos meses a partir de este número debido a la necesidad de destinar recursos a otras áreas de la actividad de AI. Cualquier cambio en el precio de la suscripción —que se revisará próximamente— se les comunicará de inmediato.


[Pie de foto]: ''Apoyamos la pena de muerte''. Un miembro del Ku Klux Klan se manifiesta en favor de la pena capital frente al Centro de Diagnóstico y Clasificcación de Georgia el 25 de septiembre de 1991, la noche en que ejecutaron a Warren McCleskey.

© Bill Clark


Estados Unidos


El estado ''olímpico'', quinto lugar en ejecuciones


Atlanta, capital del estado de Georgia, EE UU, y anfitriona de los Juegos Olímpicos de 1996, es, al decir de las autoridades estatales, «la capital de los derechos humanos en el mundo moderno para mucha gente». Sin embargo, tras el telón publicitario se oculta la estadística que nadie menciona: Georgia ocupa el quinto lugar entre los estados de EE UU que mayor número de ejecuciones han realizado desde 1977. El 31 de enero de 1996, la cifra ascendía a 20, con 103 presos en el pabellón de la muerte. El método de ejecución del estado es la silla eléctrica.

El uso de la pena capital en Georgia está contaminado de elementos racistas, arbitrarios e injustos. Las investigaciones han demostrado que, en muchos casos, el origen étnico de la víctima o de la persona acusada fue un factor clave en la decisión del fiscal de pedir la pena de muerte. La representación letrada de muchas de las personas condenadas a muerte en este estado fue inadecuada.

Wilburn Dobbs, de raza negra, fue condenado a muerte en 1974 tras un juicio viciado por prejuicios raciales. Aún se halla en la antesala de la muerte. El abogado de oficio que lo representó ha sostenido en público que las personas de raza negra poseen menor inteligencia que las blancas. Las actuaciones desplegaron, sin ambages, un lenguaje racista. El juez Coker se había opuesto a la integración racial durante su desempeño en el Senado y en la Cámara de Representantes de Georgia de 1953 a 1963.

La Corte de Apelaciones desestimó una queja de que el racismo había afectado la imparcialidad del juicio. Tras la reprimenda de la Corte Suprema de los EE UU, la Corte Federal del Distrito dictaminó que la defensa de Wilburn Dobbs no había resultado incompetente pese al racismo de su abogado.

AI ve con consternación que el gobierno federal esté dispuesto a cerrar los ojos a la realidad del uso de la pena en los EE UU y que se haya negado repetidamente a intervenir en su aplicación a nivel estatal. Aunque sin un papel directo en el cumplimiento de la ley en los estados, el gobierno federal retiene la responsabilidad de velar por que todas las leyes en su jurisdicción territorial respeten la Constitución de los EE UU y los principios mínimos de los instrumentos internacionales, y le compete, asimismo, la obligación de promover el respeto por los derechos humanos en todo el territorio nacional.


BURUNDI


Más derramamientos de sangre


Los grupos políticos armados y las fuerzas de seguridad de Burundi están derramando la sangre de hombres, mujeres y niños indefensos.

En marzo, los grupos armados extendieron sus ataques a las provincias meridionales de Bururi, Makamba y Rutana. En los dos años precedentes, la mayoría de los ataques de los grupos armados de composición predominantemente hutu se habían circunscrito sobre todo al norte del país y los alrededores de Bujumbura, la capital. Según informes, casi 500 residentes de estas zonas fueron asesinados en las dos primeras semanas de abril. El 3 de abril, hombres armados, presuntamente hutus, atacaron al parecer el hospital de Makamba y dieron muerte a un anestesista, saquearon una farmacia y prendieron fuego a unas ambulancias.

A principios de abril, varios representantes del gobierno, en el que domina la etnia tutsi, se pronunciaron a favor de la ''autodefensa'' y la persecución de sospechosos, dando lugar a una nueva ola de asesinatos de conocidos políticos hutus y miembros de las clases dirigentes. Se han denunciado numerosas ''desapariciones'', detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

En la provincia de Gitega, la violencia contra los hutus es endémica. En la provincia de Cibitoke, el ejército dio muerte al parecer al gobernador Sylvestre Mvuse, de etnia hutu, por haber denunciado el papel desempeñado por los militares en el asesinato de Bibiane Ntamutumba, parlamentaria hutu asesinada el 13 de mayo junto con toda su familia y otras 20 personas.

Las matanzas en Buhoro y Kivyuka se cobraron centenares de vidas y fueron atribuidas a los rebeldes hutus, pese a que las pruebas indican que fueron obra de las fuerzas armadas de Burundi. Los informes sobre ataques de grupos armados hutus contra campamentos para desplazados tutsis son frecuentes. El número de personas desplazadas se estimaba entre 55.000 y 100.000, y unas 40 personas cruzaban a diario la frontera con Tanzania.

Cientos de miles de civiles indefensos, tanto de la mayoría hutu como de la minoría tutsi, han sido asesinados deliberada y arbitrariamente desde el asesinato de Melchior Ndadaye, primer presidente de origen hutu de Burundi, el 21 de octubre de 1993.

Las autoridades de Burundi aún no han reconocido oficialmente las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno, ni han tomado medida alguna para impedirlas o para someter a juicio a los responsables. Las negociaciones para conseguir un acuerdo político deben basarse en garantías de derechos humanos, a fin de asegurar la protección plena de los derechos de las dos etnias.


ITALIA


De la comisaría al hospital


Grace Patrick Akpan, ciudadana italiana de 32 años de edad e hija de un diplomático nigeriano, requirió tratamiento hospitalario urgente por lesiones sufridas en el cuello, la boca, la cabeza y el tórax mientras estuvo a disposición policial. Posteriormente presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Catanzaro.

Según la denuncia, el 20 de febrero de 1996 fue interceptada en la calle por dos policías a fines de identificación. Los agentes, dice la víctima, dieron por sentado que se trataba de una prostituta porque era «una joven de raza negra, y además nigeriana», y también le dijeron que «una negra no puede ser ciudadana italiana». Afirma que la insultaron y la maltrataron físicamente en la calle, en el vehículo policial y en la comisaría.

En la década de 1990 se ha observado un pronunciado incremento en el número de denuncias sobre actos de violencia gratuitos y deliberados cometidos por agentes del orden en Italia, especialmente contra inmigrantes de fuera de la Europa occidental. AI ha solicitado a las autoridades italianas que velen por que se respeten plenamente las garantías existentes contra la aplicación de malos tratos durante la detención y que adopten otras medidas destinadas a combatir este tipo de práctica.


Llamada Internacional


SIRIA


Miyassar Jamil al-Issawi, licenciada en ciencias económicas y políticas de origen palestino, fue detenida en su casa de Yarmuk, en Damasco, el 2 de septiembre de 1985. Sus familiares, que residen en Jordania, no la han vuelto a ver ni han tenido noticias de ella desde esa fecha, y aunque han intentado reiteradamente averiguar su paradero, las autoridades sirias niegan que se esté detenida en este país. Ha ''desaparecido''.

Miyassar Jamil al-Issawi tenía 27 años en el momento de su detención. Ese día salió de su casa para visitar a su esposo en la cárcel, pero nunca regresó. Al parecer, su esposo había sido detenido en relación con unos atentados con explosivos realizados en Damasco, y después lo pusieron en libertad.

Se han recibido informes sin confirmar que indican que Miyassar Jamil al-Issawi estuvo recluida en la cárcel de al-Mezze hasta diciembre de 1989, y que actualmente está internada en la prisión militar de Tadmur.


+ Por favor, pidan que se inicie una investigación inmediata e imparcial de la ''desaparición'' de Miyassar Jamil al-Issawi: His Excellency President Hafez al-Asad/President of the Republic/ Presidential Palace/Abu Rumanah/al-Rashid Street/Damasco/República Árabe Siria.


MALDIVAS

Mohammed Nasheed (arriba ), periodista autónomo, fue condenado el 3 de abril de 1996 por un tribunal de Malé a tres años de cárcel, al parecer por los comentarios formulados sobre las elecciones generales de 1994 y las elecciones presidenciales de 1993 en un artículo publicado en una revista de Filipinas. AI ha obtenido el texto de este artículo, y ve con suma preocupación que se haya utilizado la expresión pacífica de sus opiniones como fundamento para condenar a Mohammed Nasheed. En el escrito no se ha encontrado nada que se pueda interpretar como incitación a la violencia.

La detención de Mohammed Nasheed conculca su derecho fundamental a la libertad de expresión, garantizado por la legislación internacional sobre derechos humanos. AI ha solicitado al gobierno de Maldivas que anule su sentencia y lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional.

Mohammed Nasheed ha estado detenido en varias ocasiones. El 8 de abril de 1992, cuando llevaba recluido 18 meses en régimen de aislamiento, fue condenado a más de tres años de cárcel por una serie de cargos que, en opinión de AI, obedecían a móviles políticos. Su apelación ante el Tribunal Superior fue desestimada en mayo de 1993. No obstante, lo excarcelaron en junio de ese año.


+ Por favor pidan la libertad inmediata e incondicional de Mohammed Nasheed y la anulación de su condena a President Maumoon Abdul Gayoom/The Office of the President/ Marine Drive (North)/ Male / República de Maldivas.





TURKMENISTÁN


AI cree que Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev, que cumplen largas penas de cárcel en Turkmenistán, pueden ser presos de conciencia encarcelados únicamente por sus vínculos con la oposición política en el exilio.

Los dos hombres fueron detenidos hacia el 28 de octubre de 1994 en Tashkent, capital del estado limítrofe de Uzbekistán, desde donde los expulsaron de inmediato a Turkmenistán. Se cree que, una vez en este país, los sometieron a torturas mientras los interrogaban en el centro de investigación y aislamiento de la capital, Ashjabad. En junio de 1995 los juzgaron ante el Tribunal Supremo de Turkmenistán, al parecer a puerta cerrada, y los declararon culpables, entre otros delitos, de «intentar cometer actos terroristas» y «organizar delitos contra el Estado». Mukhametkuli Aymuradov fue condenado a 15 años de cárcel, y Khoshali Garayev a 12 años. Se ha denunciado repetidamente que los cargos contra estos dos hombres carecen de fundamento o fueron preparados expresamente.

Las autoridades aducen que Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev se trasladaron a Tashkent como parte de una conspiración, organizada por turkmenistanos exiliados en Rusia, para asesinar al presidente Saparmurad Niyazov y a sus principales ministros a fin de derrocar al gobierno. Los cargos formulados contra otros dos hombres detenidos en Rusia, acusados de ser los cabecillas de la conspiración, fueron retirados por carecer de fundamento.

Otra posible explicación de su detención es que Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev formaban parte de un grupo de exiliados turkmenistanos que se proponían reunirse en Tashkent antes de viajar a Ashjabad para participar en una manifestación pacífica masiva de protesta contra el gobierno. Ninguno de los dos había intervenido antes en actividades políticas, pero eran simpatizantes de la oposición en el exilio.


+ Por favor, escriban al presidente pidiendo la revisión judicial del caso de Mukhametkuli Aymuradov y Khoshali Garayev: President Saparmurad Niyazov/Office of the President/744000 Ashjabad/Turkmenistán. (Para facilitar la distribución, agréguese ''antigua Unión Soviética'' únicamente en el sobre.)


AI-GHANA: CONFERENCIA SOBRE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA


La Sección de AI en Ghana ha dado un importante paso adelante para llamar la atención sobre la práctica de la mutilación genital femenina. ''Trabajar juntos por el cambio: No a la mutilación genital femenina'' fue el tema de una conferencia de dos días de duración celebrada en abril en Bolgatanga, región nororiental del país donde la práctica sigue siendo generalizada. La reunión, que tenía como fin contribuir a la toma de conciencia sobre la mutilación genital femenina y las formas de erradicarla, contó con la asistencia de representantes de 41 ONG del norte de Ghana, así como de delegados de AI de siete países africanos.

La mutilación genital femenina es una de las mayores amenazas contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas en África. Se estima que más de 100 millones de mujeres africanas han sufrido la mutilación de sus órganos genitales, y que dos millones de niñas se enfrentan cada año a la posibilidad de sufrir esta suerte.

Los líderes religiosos y comunitarios que asistieron a la conferencia de Ghana se comprometieron a mancomunar esfuerzos con AI para encontrar la manera de erradicar esta práctica. Los medios informativos ghaneses dedicaron bastante espacio a la reunión que despertó una ola de indignación pública contra la práctica de la mutilación genital femenina que sacudió al país entero.



BULGARIA


Violencia policial en un clima de ilegalidad


En Bulgaria, las violaciones de derechos humanos incluyen heridas de bala, torturas, palizas y otras formas de malos tratos a los detenidos, a veces con resultado de muerte*. Los informes que se reciben a diario revelan un panorama de violencia casual y actos ilegales por parte de la policía en todo el país. Estos abusos tienen lugar en el marco de la grave crisis social y económica que afecta al país, mientras el gobierno parece incapaz de atajar la creciente corrupción y la delincuencia organizada. La atmósfera de ilegalidad se ve intensificada por la aparente impunidad de los agentes del orden responsables de los abusos.

Muchas de las víctimas de torturas y palizas en comisarías de policía son presuntos delincuentes comunes. Otras sólo eran testigos presenciales fortuitos de una acción policial para detener a presuntos delincuentes. En algunos casos, la policía también parece haber maltratado a manifestantes pacíficos. El número de víctimas romaníes es desproporcionadamente elevado. Los romaníes se ven especialmente afectados por la crisis social y económica que vive el país y por los prejuicios raciales generalizados de la sociedad búlgara.

Assen Ivanov, de 17 años, fue detenido el 11 de abril de 1995 cerca de Petrich, junto con otros dos romaníes, por sospecharse que habían violado a una persona. Al día siguiente, Assen Ivanov fue ingresado en un hospital, donde falleció. Según los informes, un examen forense constató la presencia de una fractura en el parietal izquierdo y una lesión cerebral. Sin embargo, no se hizo pública información alguna sobre los resultados de la investigación oficial.

El 5 de abril de 1995, Girgina Dimova Toteva, de 67 años, fue conducida a la comisaría de policía de Sevlievo para ser interrogada en relación con una queja presentada por un vecino. Al parecer, los agentes de la policía la golpearon hasta que perdió el conocimiento. Sufrió una conmoción cerebral y, posteriormente, tuvo que ser hospitalizada en varias ocasiones. En septiembre de 1995, tras presentar una denuncia sobre el trato recibido, fue sometida a juicio por supuesta agresión a dos agentes que la interrogaron. Al oír su relato, el juez suspendió el juicio y ordenó una investigación, que aún no ha concluido.

Las autoridades búlgaras han ignorado una y otra vez las peticiones de información de AI sobre las investigaciones de denuncias relativas a violaciones de derechos humanos; tampoco han puesto en práctica las medidas recomendadas por AI para impedir tales abusos.


* Bulgaria: Shootings, deaths in custody, torture and ill-treatment ( EUR 15/07/96)


KUWAIT


Cuatro presas de conciencia amnistiadas


A finales de abril, excarcelaron, en virtud de una amnistía, a cuatro presas de conciencia condenadas por «colaboracionismo» con las fuerzas iraquíes durante la ocupación de Kuwait (agosto de 1990 a febrero de 1991).

Balqis Hafez Fadhil, de nacionalidad iraquí, Zahra Muhammad 'Adel 'Abd al-Khaliq, Zikrayat Mahmud Harb y Wafa' Wasfi Ahmad, todas de nacionalidad jordana, formaban parte del grupo de 15 personas condenadas en junio de 1991 por el Tribunal de la Ley Marcial en relación con el «juicio de al-Nida'». Seis de ellas, incluyendo una mujer kuwaití, fueron condenadas a muerte, pena conmutada después por cadena perpetua, y a las demás les impusieron penas de 10 años de cárcel. AI cree que éste y otros juicios realizados ante el Tribunal de la Ley Marcial, y posteriormente el Tribunal de Seguridad del Estado, fueron a todas luces injustos. La organización ha continuado pidiendo la libertad incondicional de todos los presos de conciencia y la revisión judicial de todos los casos de presuntos «colaboracionistas» condenados por uno u otro tribunal.

El caso de Zahra Muhammad 'Abd al-Khaliq fue presentado en la Llamada Internacional de julio de 1993, y el de Balqis Hafez Fadhil en la acción del Día Internacional de la Mujer de 1996.


Ejecución en Bahrein


AI ha condenado enérgicamente la ejecución de 'Issa Ahmad Qambar, la primera realizada en Bahrein en 20 años. El Tribunal Penal Superior lo condenó a muerte el 4 de julio de 1995 tras un juicio que hizo caso omiso de las normas internacionales de derechos humanos. AI ha pedido al jefe del Estado, el emir jeque 'Issa Bin Salman Al Khalifa, que suspenda todas las ejecuciones.


Amnistía Internacional: Boletín, julio de 1996

Enfoque


Egipto: El sacrificio de los derechos humanos


[Pie de foto]: El Dr. 'Issam al-'Iryan (a la derecha) fue condenado a cinco años de cárcel con trabajos forzados después de un juicio sin garantías en noviembre de 1995. AI envió observadores al juicio.

© Popperfoto/Reuter


En Egipto se continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en nombre de la «lucha contra el terrorismo». Miles de presos políticos permanecen recluidos sin cargos ni juicio, en algunos casos desde hace seis años. La tortura se emplea rutinariamente contra presuntos miembros de grupos islámicos armados o sus simpatizantes. Los tribunales militares que siguen juzgando a decenas de civiles con procedimientos a todas luces injustos han dictado 70 condenas de muerte en los últimos tres años y medio. Algunos homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad presentan todas las características de haber sido ejecuciones extrajudiciales.

La violencia política entre los grupos islámicos armados y las fuerzas de seguridad se ha cobrado la vida de más de mil personas desde principios de 1992. La mayoría de las víctimas han sido agentes de seguridad y miembros o presuntos miembros de grupos armados, pero también civiles atrapados entre dos fuegos. Los grupos armados islámicos han asesinado a decenas de civiles, entre ellos miembros de la comunidad copta y turistas extranjeros.

En mayo de 1996, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura hizo público un informe que resume una investigación confidencial iniciada en noviembre de 1991. El informe concluye que «la tortura se practica sistemáticamente por parte de las fuerzas de seguridad de Egipto, en particular la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. [...] Las denuncias de tortura presentadas por organizaciones no gubernamentales dignas de toda confianza indican claramente que los casos de tortura denunciados se consideran habituales, generalizados y deliberados al menos en una parte considerable del país».

En repetidas ocasiones, AI y otras organizaciones de derechos humanos han formulado recomendaciones pormenorizadas al gobierno de Egipto sobre las medidas necesarias para poner fin a las violaciones y mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Las autoridades egipcias no se han dado por enteradas. En los últimos dos años, AI ha remitido al gobierno numerosas comunicaciones relativas a casos concretos de violaciones de derechos humanos, pero rara vez ha recibido respuesta. En cambio, el gobierno persiste en afirmar que en Egipto se respetan los derechos humanos, y ha acusado a las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales de «defender los derechos de los terroristas» y de actuar con móviles políticos.


PRESOS DE CONCIENCIA


Cincuenta y cuatro presos de conciencia cumplen penas de hasta cinco años de cárcel con trabajos forzados. Forman parte de un nutrido grupo de presuntos miembros de la organización Hermandad Musulmana detenidos en enero, julio y octubre de 1995. En su gran mayoría, los detenidos eran conocidas personalidades egipcias, entre ellas ex miembros de la Asamblea Popular —el órgano parlamentario—, médicos y profesores universitarios.

Todos los que quedaron recluidos fueron sometidos a juicio en El Cairo en dos procesos independientes ante el Tribunal Supremo Militar, tras la promulgación, el 28 de agosto y el 15 de octubre, de sendos decretos presidenciales extraordinarios que disponían el traslado de sus casos a la jurisdicción castrense. En ambos juicios se dictó sentencia el 23 de noviembre de 1995, resultando 54 personas condenadas a penas de hasta cinco años de cárcel con trabajos forzados y 27 absueltas. Los cargos incluían «afiliación a una organización ilegal, conspiración para cambiar el régimen actual mediante la infiltración en instituciones claves con vistas a establecer un Estado islámico, y posesión de literatura antigubernamental». No obstante, la opinión general es que el verdadero motivo de su detención, reclusión y condena fue que algunos de ellos se proponían presentar su candidatura independiente a las elecciones legislativas de noviembre y diciembre de 1995.

Entre los encarcelados figura el Dr. 'Issam al-'Iryan (secretario general adjunto del Sindicato Médico Egipcio, secretario del Comité de Derechos Humanos de esa misma agrupación y ex parlamentario), a quien se impuso una pena de cinco años de cárcel con trabajos forzados. Otros son el Dr. Ibrahim Khalil al-Za'farani, secretario general de la sección del Sindicato Médico Egipcio en Alejandría, quien cumple una pena de tres años de cárcel con trabajos forzados, y los doctores Mohammad al-Sayyid Ahmad Habib, profesor de la Universidad de Asyut, y Abd al-Mun'im Abu al-Futuh, secretario general adjunto de la Unión Médica Árabe, que cumplen sendas penas de cinco años de cárcel con trabajos forzados.

Delegados de AI asistieron a los dos juicios en noviembre de 1995. Los abogados defensores se retiraron de los dos procesos al cabo de unas pocas sesiones por considerar que se trataba de casos políticos y que los encausados no habían cometido delito alguno, y porque el tribunal no les permitió interrogar al único testigo de cargo ni obtener una lista completa de las pruebas de cargo. El tribunal militar nombró nuevos representantes letrados, todos ellos jueces militares o ex miembros de las fuerzas armadas. Los acusados se negaron a cooperar con ellos. Los defensores originales recurrieron ante el Tribunal Constitucional Supremo la decisión del presidente Hosni Mubarak de remitir los casos a la jurisdicción militar en aplicación del artículo 6(2) del Código de Justicia Militar, aduciendo que el presidente carecía de potestad para remitir casos civiles a tribunales militares. El Tribunal Constitucional Supremo aún no ha pronunciado su dictamen, y los presos están recluidos en la cárcel de Mazra'at, en Tora.

La Hermandad Musulmana, aunque oficialmente proscrita, había sido tolerada por las autoridades hasta principios de 1995. Varios de sus miembros son personas influyentes en agrupaciones profesionales, como el Colegio de Abogados y el Sindicato Médico Egipcio. La Hermandad Musulmana ha condenado repetidamente en los últimos años el uso de la violencia por los grupos islámicos armados que operan en Egipto.


LA DETENCIÓN ADMINISTRATIVA


Despreciando abiertamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, el gobierno de Egipto consiente la detención arbitraria por periodos indefinidos, práctica que socava la independencia de la judicatura. Miles de simpatizantes, miembros y presuntos miembros de grupos islámicos ilegales han sido sometidos a detención administrativa sin cargos ni juicio, algunos hasta seis años, en aplicación del artículo 3 de la normativa del estado de excepción, en vigor desde 1981. Este artículo faculta al ministro del Interior para «detener y recluir a las personas sospechosas o a las que pongan en peligro el orden público o la seguridad». Asimismo, se ha negado a miles de detenidos políticos el derecho fundamental a recibir visitas de sus abogados y familiares.

Al menos 48 abogados han sido detenidos por vía administrativa. Tanto la Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH) como el Colegio de Abogados han hecho campaña, infructuosamente, por su libertad. Hassan al-Gharbawi Shahhata, de 34 años, es una de las personas que lleva más tiempo sometida a detención administrativa. Fue detenido el 11 de enero de 1989 y lo acusaron formalmente en relación con los disturbios de 'Ain Shams, un populoso distrito de El Cairo. Lo juzgaron y absolvieron en mayo de 1990, pero sigue en detención administrativa pese a que los tribunales han ordenado su excarcelación en numerosas ocasiones. Actualmente está internado en la cárcel de al-Wadi al-Gadid y, según los informes, su salud está quebrantada. En diciembre de 1993, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria llegó a la conclusión de que la reclusión de Hassan al-Gharbawi Shahhata era arbitraria y conculcaba la legislación internacional de derechos humanos.


LA TORTURA

La tortura se sigue empleando de forma sistemática contra los detenidos políticos. Se la practica en todo el país: en la sede central de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DISE), en la plaza Lazoghly de El Cairo; en las secciones locales de ésta; en las comisarías de policía; y en Firaq al-Amn (brigadas de seguridad), donde incomunican a los detenidos. Por lo general, la tortura tiene lugar inmediatamente después de la detención, pero también ocurre cuando se ignora una orden de excarcelación y se traslada en secreto al detenido a cualquiera de los centros de detención antes mencionados, confiando en obtener una nueva orden de prisión. Los métodos denunciados con mayor frecuencia son: aplicación de descargas eléctricas, palizas, suspensión de la víctima por las muñecas o los tobillos, quemaduras con cigarrillos en distintas partes del cuerpo, y varias formas de tortura y malos tratos psicológicos, incluyendo amenazas de violación o abuso sexual contra el detenido o sus familiares.

AI también ha recibido en los últimos años numerosos informes sobre el uso de la tortura en las cárceles. Desde 1993, un número creciente de detenidos han muerto bajo custodia, en algunos casos, al parecer, como resultado de torturas; no obstante, casi sin excepción, la versión oficial atribuye la muerte a causas naturales.

Un ejemplo típico de los centenares de testimonios recibidos de víctimas de torturas lo constituyen las declaraciones de este ex detenido, aprehendido el 27 de abril de 1995 y que describe así su experiencia: «Me llevaron a un edificio que, después me enteré, era Lazoghly [la plaza Lazoghly, donde está ubicada la sede central de la DISE]. Dos personas comenzaron a interrogarme. Me colocaron esposas de hierro muy apretadas, con las manos a la espalda.[...] Me preguntron a qué mezquita asistía, qué libros había leído, a quién conocía, etc.[...] Después me quitaron casi toda la ropa. Me dieron golpes y me aplicaron descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, incluyendo los órganos genitales.[...] También me pusieron en una mesa y me suspendieron los brazos de la puerta, y después retiraron la mesa. Quedé suspendido detrás de la puerta unos 30 minutos. Repitieron esta tortura muchas veces durante los primeros días de mi detención en Lazoghly, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, pero a veces después de las 10 de la noche.Yo estaba abajo, pero podía oír los gritos de la gente en el piso superior.[...] Me retuvieron allí 22 días. Durante los primeros 15 días mis familiares desconocían mi paradero; después alguien del Sindicato de Periodistas vino a visitarme. Después me trasladaron a la cárcel de al-Fayum, donde los guardias me golpearon repetidamente con un palo.[...] El 24 de junio quedé en libertad gracias a los esfuerzos del Sindicato de Periodistas.[...] No he presentado denuncia porque tengo miedo de que me vuelvan a detener.»

AI ha instado repetidamente al gobierno de Egipto a que erradique el uso de la tortura e inicie investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todas las denuncias de tortura, investigaciones cuyos métodos y conclusiones deben hacerse públicos dentro de un plazo razonable. La organización acoge positivamente las recientes decisiones de los tribunales, en tres casos distintos, de no admitir como prueba las confesiones obtenidas bajo coacción.

En mayo de este año, el Comité de la ONU contra la Tortura, que había llegado a la conclusión de que la tortura era, efectivamente, una práctica sistemática en Egipto, manifestó con preocupación que no se había realizado investigación alguna ni se había emprendido acción legal alguna contra los miembros de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado desde la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y Otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Comité exhortó al gobierno egipcio a «realizar esfuerzos concretos para impedir que las fuerzas de seguridad actúen como un Estado dentro del Estado, pues parecen escapar al control de las autoridades superiores». Recomendó asimismo que el gobierno estableciera un «mecanismo de investigación independiente, que incluya entre sus componentes a jueces, abogados y médicos, que examine eficazmente todas las denuncias de tortura, a fin de ponerlas de inmediato en manos de los tribunales». Además, «este grupo independiente debe supervisar asimismo las salvaguardas contra la tortura que se garantizan a las personas privadas de libertad al amparo de la legislación egipcia, en particular mediante el acceso a todos los lugares donde se hayan denunciado torturas, alertando de inmediato a las autoridades pertinentes cada vez que esas salvaguardas no se respeten plenamente, y formulando propuestas a las autoridades afectadas para que aseguren que esas salvaguardas se respetan en todos los lugares donde haya personas recluidas». El Comité también instó al gobierno a que iniciase una «investigación exhaustiva sobre la actuación de las fuerzas policiales para esclarecer la verdad de las muchas denuncias de actos de tortura, poner a disposición judicial a las pesonas responsables de esos actos y dictar y transmitir a la policía instrucciones claras y concretas a fin de prohibir todo acto de tortura en el futuro».


El informe de AI Egypt: Indefinite detention and systematic torture - The forgotten voctims (MDE/12/13/96.) se publica este mes.


LA PENA DE MUERTE


Entre enero y mayo se documentaron en Egipto 25 penas de muerte impuestas por tribunales penales, militares y de Seguridad del Estado (tribunales de excepción), y se ejecutó a cuatro personas condenadas a muerte en distintos juicios.

Desde octubre de 1992, fecha en que el presidente Mubarak comenzó a promulgar decretos especiales que trasladaban casos civiles a la jurisdicción de los tribunales militares, 70 personas acusadas de delitos de ''terrorismo'' han sido condenadas a muerte por dichos tribunales —16 de ellas in absentia— , y se han realizado 48 ejecuciones. No se reconoce el derecho de apelación ante un tribunal superior contra los fallos condenatorios o las penas impuestas por los tribunales militares. Las condenas de muerte dictadas por éstos sólo pueden ser revisadas por la Oficina de Apelaciones Militares, un organismo no judicial encabezado por el presidente que hasta la fecha ha confirmado todas las condenas de muerte. Estos procedimientos incumplen las normas internacionales sobre imparcialidad en los juicios.

AI ha pedido repetidas veces al gobierno de Egipto que cese de enjuiciar a civiles ante tribunales militares, y ha instado al presidente Mubarak a que conmute todas las penas capitales. El gobierno, sin embargo, sostiene que los juicios militares de civiles son imparciales y que el presidente tiene la facultad de remitir casos penales al fuero militar.


HOSTIGAMIENTO DE LOS DEFENSORES


Los grupos de derechos humanos egipcios continúan sufriendo restricciones y hostigamiento, incluyendo la detención y el interrogatorio de activistas de derechos humanos y la prohibición de celebrar reuniones internacionales y organizar programas de capacitación.

El 14 de julio de 1995, Sa'eed 'Abd al-Hafiz Sa'eed (en la fotografía), abogado de la Organización Egipcia de Derechos Humanos (OEDH), fue detenido por agentes de la DISE en Sahel Salim, gobernación de Asyut, cuando investigaba unos casos de muerte bajo custodia. Permaneció dos días recluido en las dependencias de la DISE en Asyut, donde lo interrogaron exhaustivamente sobre su labor de derechos humanos y le confiscaron todos sus documentos.

'Azza Sulayman, también abogada e investigadora de la OEDH, fue citada a presentarse en la DISE de Gaber Bin Hayan, en relación con una entrevista que había mantenido en noviembre de 1995 con el Servicio Árabe de la BBC de Londres, en la que se había referido a su informe para la OEDH sobre el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a las esposas de detenidos políticos pertenecientes a grupos islámicos. Al parecer, tras la emisión cinco agentes de la DISE se presentaron en su domicilio y le ordenaron que acudiera a la oficina de la Dirección junto con su esposo. Allí fueron interrogados por separado, por la noche, durante casi tres horas. Los agentes le dijeron que debía presentar sus excusas por escrito al Ministerio del Interior y retractarse de lo manifestado en la entrevista. Cuando se negó, la amenazaron con remitir el asunto a la Niyaba [Fiscalía General]. Finalmente, los dejaron ir sin formalizar cargos. 'Azza Sulayman cesó en su labor con la OEDH a finales de 1995 y, junto con otras mujeres, fundó un centro que se ocupa de asuntos de la mujer.

Las autoridades de seguridad prohibieron la celebración de un taller sobre la violencia religiosa en Egipto, programado para el 26 de enero de 1995 por el Centro Egipcio de Derechos Humanos en Apoyo de la Unidad Nacional, y el director del Centro pasó temporalmente a la clandestinidad. El Centro también tenía previsto publicar un libro sobre la situación de la comunidad copta en el país, pero las fuerzas de seguridad allanaron la imprenta que lo había preparado y confiscaron aproximadamente 10.000 ejemplares. El libro no vio la luz.

En julio de 1995, las autoridades prohibieron un taller internacional de capacitación programado en El Cairo por el Comité de Abogados por los Derechos Humanos (Nueva York), al que habían sido invitados varios grupos de derechos humanos locales y regionales y que acabó celebrándose en Chipre, así como un taller de capacitación organizado por el Centro para la Asistencia Jurídica en Derechos Humanos, ONG de derechos humanos local.


[Pie de foto]: © Popperfoto/Reuter

Izquierda, página anterior:

Un guardia de seguridad vestido de civil frente al hotel de El Cairo donde 18 turistas fueron asesinados por miembros de un grupo armado.


[Pie de foto]: Izquierda, esta página: Ciudadanos griegos intentan ponerse en contacto con sus familiares en El Cairo después de la matanza.

©Popperfoto/Reuter


Los abusos de los grupos islámicos armados

El creciente número de civiles que han resultado víctimas de los grupos islámicos armados resulta preocupante. En los últimos 18 meses, decenas de civiles, entre ellos miembros de la comunidad copta y turistas extranjeros, han sido asesinados por dichos grupos, especialmente por al-Gama'a al-Islamiya (Grupo Islámico). Entre enero y mayo se documentaron 46 casos. La gran mayoría de los asesinatos han tenido lugar en el Alto Egipto.

El 24 de febrero, dos hombres armados, según parece miembros de al-Gama'a al-Islamiya, abrieron fuego contra civiles que estaban sentados a la puerta de sus casas en la localidad de al-'Uthmaniya, en las cercanías de al-Badari, gobernación de Asyut. Los pistoleros dieron muerte a ocho civiles, entre ellos seis coptos. La zona donde se cometieron los asesinatos –'Izbat al-Aqbat–, es predominantemente copta, y parece ser que las víctimas fueron escogidas por su religión.

A primeras horas del 18 de abril, 18 turistas de nacionalidad griega —14 mujeres y 4 hombres— fueron asesinados por cuatro hombres armados frente a un hotel de El Cairo. Otros 15 griegos —9 mujeres y 6 hombres— y un egipcio resultaron heridos. Al-Gama'a al-Islamiya se atribuyó la matanza, agregando que creía que los turistas eran ciudadanos israelíes y que la acción era una represalia por los ataques de Israel en el sur del Líbano. Ese mismo día, AI hizo pública una declaración condenando enérgicamente los asesinatos.

En los últimos años, los grupos armados de oposición también han formulado amenazas de muerte. El Dr. Nasr Hamed Abu Zeid, conocido escritor, sigue bajo una amenaza de muerte formulada, al parecer, el 21 de junio de 1995 por el grupo armado de oposición al-Yihad (Guerra Santa). La amenaza se produjo después de que un tribunal de apelación de El Cairo decidiera, el 14 de junio de 1995, que el Dr. Nasr Hamed Abu Zeid debía separarse de su esposa dado que ésta, según los principios musulmanes, no podía permanecer casada con un ''apóstata''; al Dr. Abu Zeid se le acusaba de insultar a la fe islámica en sus escritos. El 29 de junio de 1995, AI hizo público un llamamiento para que se retirase la amenaza de muerte contra el escritor.

AI ha condenado repetidamente en el pasado y continúa condenando todos los homicidios deliberados de civiles por grupos armados de oposición, por ser abusos intolerables contra los derechos humanos.


[Pie de foto]: Sa'eed 'Abd al-Hafiz Sa'eed


El gobierno egipcio continúa hostigando a los grupos

de derechos humanos del país,

y deteniendo y sometiendo

a interrogatorio a sus miembros

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