Document - Le Fil d'AI. Juillet 2008

Worldwide Appeals

Índice AI: NWS 21/006/2008


Llamada Internacional

(extracto de The Wire)

Julio de 2008


Laos: Encarcelados tras un juicio injusto


Los ciudadanos laosianos de etnia hmong Thao Moua y Pa Fue Khang están cumpliendo condenas de 12 y 15 años de prisión respectivamente por colaborar con dos periodistas europeos y su intérprete.


Los periodistas realizaban una investigación sobre las personas de etnia hmong que viven ocultas en las junglas de Laos. Las fuerzas armadas laosianas atacan regularmente a los miembros de esta etnia, forzándoles a llevar una vida nómada que les hace especialmente vulnerables a las enfermedades y la desnutrición. Thao Moua, Pa Fue Khang y Char Yang trabajaban como guías del grupo cuando fueron detenidos el 4 de junio de 2003. Según los informes, durante el periodo que permanecieron en detención preventiva los obligaron a llevar grilletes en las piernas y los golpearon con palos y cadenas de bicicleta. Thao Moua y Pa Fue Khang comparecieron ante un tribunal de la provincia de Xieng Khouang el 30 de junio de 2003, junto a los periodistas y el intérprete. Char Yang logró escapar y fue juzgado in absentia. El juicio duró menos de tres horas. Thao Moua y Pa Fue Khang no contaron con representación letrada y al parecer el resultado del juicio estaba decidido de antemano. Todos los acusados fueron condenados a largas penas de prisión; sin embargo, el 9 de julio de 2003 las autoridades pusieron en libertad a los periodistas y al intérprete y los expulsaron del país. Thao Moua y Pa Fue Khang fueron trasladados a la prisión de Samkhe en Vientián, donde los presos de etnia hmong corren riesgo de sufrir tortura, denegación de asistencia médica y otros malos tratos. Amnistía Internacional cree que estos hombres fueron sometidos a un juicio injusto por motivos políticos.


*Escriban cartas pidiendo que Thao Moua y Pa Fue Khang sean juzgados de nuevo sin demora y en un juicio con todas las garantías de acuerdo con las normas internacionales. Insten a las autoridades a investigar las denuncias que indican que sufrieron torturas mientras permanecían detenidos y a que garanticen que los responsables comparecen ante la justicia.


Envíen sus llamamientos al primer ministro: Bouasone Bouphavanh, Prime Minister, Prime Minister's Office, Rue Sisavat, Vientiane, Laos

Fax: + 856 212 13560

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro


[Pie de foto: Thao Moua (izq.) y Pa Fue Khang. © Particular (ambas imágenes)]


Vietnam: Silencian una voz crítica


Truong Quoc Huy cumple una condena de seis años de prisión a causa de sus opiniones políticas pacíficas. Fue detenido el 18 de agosto de 2006 en un cibercafé de Ciudad Ho Chi Minh por varios policías vestidos de civil.


Anteriormente, en octubre de 2005, había sido detenido en su casa junto con dos hermanos suyos y una amiga por 50 agentes de policía que los golpearon y les dieron patadas. Los cuatro habían participado en un debate en una sala de chat titulado "La voz del pueblo en Vietnam y el extranjero". Truong Quoc Huy, su hermano Truong Quoc Tuan y su amiga fueron acusados de “llevar a cabo actividades destinadas a derrocar al gobierno popular” y permanecieron nueve meses recluidos. Durante ese tiempo se les negaron la asistencia letrada y las visitas de sus familiares. Después de quedar en libertad, Truong Quoc Huy dijo que seguiría criticando al gobierno, y manifestó su apoyo a Bloc 8406, movimiento que promueve una petición en línea a favor del cambio político pacífico y el respeto por los derechos humanos. Es posible que sus comentarios hayan motivado su posterior detención el 18 de agosto de 2006.


Hasta el día que Truong Quoc Huy fue llevado a juicio, el 29 de enero de 2008, su familia no tuvo ninguna noticia de él ni de su paradero. Lo acusaron en virtud del artículo 88 del Código Penal por “hacer propaganda contra la República Socialista de Vietnam” y lo condenaron a seis años de prisión seguidos de tres años de arresto domiciliario. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, detenido por ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación.


*Escriban cartas pidiendo que Truong Quoc Huy sea liberado de inmediato y sin condiciones, junto al resto de las personas que han sido privadas de libertad en Vietnam por ejercer su derecho a la libertad de expresión.


Envíen sus llamamientos al primer ministro: Nguyen Tan Dung, Prime Minister, Office of the Prime Minister, Hoang Hoa Tham, Ha Noi, Vietnam

Fax: + 844 823 1872

Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor Primer Ministro


[Foto: © Particular]


México: Vulneración de los derechos de un acusado indígena


Ricardo Ucán Ceca ya ha cumplido siete de los 22 años de prisión a los que fue condenado y su caso constituye un ejemplo grave de discriminación contra las comunidades indígenas en México. En junio de 2001 lo declararon culpable de asesinato durante un juicio injusto en el que se le negaron derechos básicos.


En 2000, Ricardo Ucán alegó haber disparado a su vecino, Bernardino Chan Ek, en defensa propia durante una disputa por unas tierras. Sin embargo, afirmó que casi no hablaba ni entendía el español y que no sabía ni leer ni escribir. A pesar de ello, durante el juicio no se respetó su derecho a contar con un intérprete. Ello le impidió entender totalmente el proceso y limitó su capacidad para explicar las circunstancias que habían rodeado la muerte de su vecino.


Además, la defensora de oficio asignada al caso de Ricardo Ucán no participó de un modo discernible en el proceso, no firmó el acta de declaración de Ucán, ni presentó pruebas o argumentos que demostraran su afirmación de que había actuado en defensa propia. El juez tampoco tuvo en cuenta que la abogada de oficio no había firmado el acta de declaración de Ricardo Ucán y que posteriormente copias de esta declaración se modificaron de forma ilegal.


Los recursos presentados contra la decisión judicial no han prosperado, al parecer debido a la discriminación que a menudo hace que los acusados indígenas sean víctimas de juicios injustos y reciban condenas excesivas. Instancias judiciales superiores fallaron que la presencia del intérprete tiene por objeto ayudar al juez, no al acusado. Además, afirmaron que no había pruebas de que la comunidad indígena a la que pertenecía Ricardo Ucán tuviera una identidad cultural específica, algo que, a su juicio, era un requisito indispensable para ser considerado “indígena” y, por tanto, tener derecho a un intérprete.


*Escriban cartas a la gobernadora del estado de Yucatán expresando su preocupación por la discriminación que sufrió Ricardo Ucán Ceca y por la violación de su derecho a un juicio justo, a un intérprete y a una defensa adecuada. Pidan que vuelva a ser juzgado de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.


Envíen sus llamamientos a: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado de Yucatán, Palacio de Gobierno, Calle 61, Col. Centro, Mérida 97000, Estado de Yucatán, México

Fax: +52 999 930 3100, Ext. 10055

Correo-e: ivonne.ortega@yucatan.gob.mx

Tratamiento: Señora Gobernadora


[Foto: © Equipo Indignación]


Actualización


Siguen encarcelados injustamente en Camboya


Born Samnang y Sok Sam Oeun han cumplido más de cuatro años en prisión por el asesinato de Chea Vichea, destacado líder sindical, en enero de 2004. Siempre han defendido su inocencia, y grupos de derechos humanos y periodistas han comprobado que ambos tenían coartadas sólidas. Amnistía Internacional cree que fueron declarados culpables y encarcelados injustamente.


La opinión generalizada cuando Chea Vichea fue tiroteado era que lo habían asesinado por motivos políticos. Su muerte provocó una gran indignación dentro y fuera del país y las autoridades fueron sometidas a una intensa presión para que encontraran a los responsables. Cuando Born Samnang y Sok Sam Oeun fueron detenidos, el jefe de la policía de Phnom Penh declaró públicamente: “Hemos encontrado a los autores materiales del homicidio de Chea Vichea”, socavando el derecho de los detenidos a un juicio justo.


Poco después del juicio que tuvo lugar en 2005, un testigo clave del asesinato, ahora refugiado en un tercer país, hizo unas declaraciones afirmando que Born Samnang y Sok Sam Oeun no se encontraban presentes en el lugar del crimen. Pocos días después, el mismo jefe de policía que había hecho las declaraciones citadas anteriormente admitió que cuando se practicaron las detenciones él sabía que los dos hombres “no tenían nada que ver con el asesinato”. El hermano de la víctima no quiso aceptar la indemnización ordenada por el tribunal, y afirmó que los acusados “no eran los verdaderos asesinos”. En la actualidad los dos hombres cumplen sendas penas de 20 años de prisión en Phnom Penh.


Está prevista la interposición de un segundo recurso ante el Tribunal Supremo. Véase Llamada Internacional de septiembre de 2006 y mayo de 2007.


[Fotos: Sok Sam Oeun (izq.) y Born Samnang. © Heng Sinith]


La muerte de Baha Mousa: El gobierno británico anuncia una investigación pública


El 14 de mayo de 2008, el Ministerio de Defensa de Reino Unido anunció que se llevará a cabo una investigación pública sobre el caso de Baha Mousa, que murió el 15 de septiembre de 2003 tras sufrir torturas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.


Las autoridades británicas han confirmado que la investigación se llevará a cabo en el marco de la controvertida Ley de Investigaciones de Interés Público de 2005. Amnistía Internacional teme que una investigación en el marco de esta legislación no sea totalmente independiente respecto del gobierno.


Amnistía Internacional ha pedido que el ámbito y el alcance de la investigación sean lo bastante amplios para que se examinen exhaustivamente los procedimientos de la cadena de mando que permitieron que los detenidos fuesen sometidos a técnicas como taparles la cabeza con una capucha, impedirles dormir y colocarlos en posturas en tensión.


Gracias a quienes han participado en la campaña sobre el caso de Baha Mousa. No envíen más llamamientos; facilitaremos más información en cuanto dispongamos de ella. Véase Llamada Internacional de junio de 2007.


[Foto: © Particular]


Guinea Ecuatorial: Presos de conciencia reciben un indulto presidencial


Entre los alrededor de 35 presos que se beneficiaron del indulto concedido el 5 de junio por el presidente Teodoro Obiang había 14 presos de conciencia. El decreto que anunciaba las excarcelaciones con motivo del 66º aniversario del presidente se leyó en las emisoras de radio y televisión nacionales la noche del 4 de junio.


Entre los indultados se encontraba el pastor Bienvenido Samba Momesori, preso de conciencia que había permanecido detenido sin cargos ni juicio desde que fue detenido en octubre de 2003. Ésta es la segunda vez que el pastor Samba Momesori es excarcelado gracias a un indulto presidencial; en 1998 lo habían detenido y condenado a muerte. Posteriormente, la pena se conmutó por la de cadena perpetua y en 2002 fue excarcelado. El hijo del pastor ha agradecido a Amnistía Internacional su “apoyo y colaboración en la liberación de mi padre”.


Asimismo han sido indultados Felipe Ondo Obiang, Guillermo Nguema Ela y otros 11 miembros del partido político proscrito Fuerza Demócrata Republicana, a los que Amnistía Internacional consideraba también presos de conciencia. Tras un juicio injusto celebrado en 2002, todos ellos fueron condenados a penas de 20 años de prisión por intentar derrocar al gobierno y matar al presidente.


Brígida Asongsua Ela, esposa de Guillermo Nguema, también ha sido liberada recientemente después de permanecer casi cinco meses detenida sin cargos ni juicio en condiciones muy duras. También ella expresó su agradecimiento a Amnistía Internacional: “Ustedes han hecho mucho, mucho, mucho. No tengo palabras para agradecerles su labor durante años”.


Amnistía Internacional acoge con satisfacción la liberación de estos presos de conciencia. Sin embargo, al menos seis personas detenidas el 13 de marzo de 2008 siguen recluidas sin cargos ni juicio. Según informes, algunas de ellas han sufrido torturas. Algunas también pueden ser presas de conciencia detenidas exclusivamente por haber pertenecido en el pasado a un partido político proscrito. Amnistía Internacional pide que sean liberadas de inmediato o se las acuse sin demora de un delito común reconocible.