Document - LLAMADA INTERNACIONAL MARZO 2000

Índice AI: NWS 21/02/00

Índice AI: NWS 21/02/00

LLAMADA INTERNACIONAL

MARZO 2000

Ruanda - Pena de muerte tras un juicio injusto

Déogratias Bazabazwa, maestro, está condenado a muerte en la Prisión Central de Cyangugu, Ruanda. Tras una vista de apelación manifiestamente injusta, fue declarado culpable de participar en el genocidio de 1994, cargo de que había sido absuelto anteriormente.

Déogratias Bazabazwa fue detenido por primera vez por cargos de genocidio en agosto de 1996 y puesto en libertad provisional en octubre de 1997. En mayo de 1998 fue detenido de nuevo y acusado también de colaborar con la oposición armada. Fue juzgado por el tribunal de Cyangugu, absuelto de los dos cargos y puesto en libertad en agosto de 1998.

El fiscal apeló contra este fallo y en septiembre de 1999 el caso fue visto por el Tribunal de Apelación. Déogratias Bazabawa no fue informado de esta nueva vista y ni él ni su abogado estuvieron presentes para defender su causa. El 7de octubre el Tribunal de Apelación condenó a muerte a Déogratias Bazabazwa. La primera noticia que tuvo sobre la sentencia fue cuando la policía lo detuvo en la escuela primaria en la que había reanudado su trabajo.

Escriban, señalando que AI no tiene opinión sobre la culpabilidad o inocencia de Déogratias Bazabazway que lo que preocupa a la organización es que le negasen el derecho a un juicio justo ante el Tribunal de Apelación. Pida que se reconsidere este caso de acuerdo con las normas internacionales para la celebración de juicios justos, que incluyen el derecho del acusado y de su abogado a estar presentes en los procedimientos y a disponer del tiempo adecuado para preparar la defensa. Insten a las autoridades ruandesas a que no impongan condenas de muerte. Envíen cartas a: Monsieur Jean de Dieu Mucyo, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, BP 160 Kigali, República de Ruanda (fax: +00 250 86509).

Reino Unido e Irlanda del Norte - Inacción de la policía en relación con un homicidio por motivos sectarios

Robert Hamill, de 26 años de edad, católico, padre de tres hijos, murió a manos de una muchedumbre de 30 unionistas (protestantes) mientras regresaba a su casa de una sala de baile católica en Portadown.

El ataque se produjo en abril de 1997, a 20 metros de una furgoneta y a 200 metros de una comisaría de la Real Policía del Ulster (RUC). No obstante, los cuatro agentes de la RUC que se encontraban en la furgoneta no protegieron a Robert Hamill ni a sus compañeros e ignoraron tanto los signos de que podía producirse una tragedia como las llamadas de socorro. A pesar de la naturaleza brutal del ataque, los agentes de la RUC no acordonaron el lugar de los hechos, no reunieron pruebas forenses ni tampoco tomaron declaraciones ni practicaron detenciones. Nadie fue nunca declarado culpable de la muerte de Robert Hamill y tampoco se tomó ninguna medida contra los agentes de la RUC por su pasividad.

Desde que se produjo el ataque, la familia Hamill ha sufrido nuevos abusos tanto de los unionistas como de la RUC. En marzo de 1999 la abogada de la familia, Rosemary Nelson, que estaba preparando una querella contra seis sospechosos y contra la RUC, murió en un atentado con bomba perpetrado por los unionistas.

+Escriban, expresando preocupación por la actitud de la RUC, que no intervino ni protegió a Robert Hamill ni a sus compañeros, no acordonó el lugar de los hechos, no reunió pruebas y no practicó detenciones. Pidan una investigación independiente e imparcial sobre la muerte de Robert Hamill y el comportamiento de la RUC en el momento del ataque y después de él. Envíen sus cartas a: The Rt. Hon. Tony Blair, Prime Minister, 10 Downing Street, London SW1 2AL, Reino Unido.

Estados Unidos - Surge la primera ejecución federal

Juan Raúl Garza se va a convertir en el primer preso federal que será ejecutado en Estados Unidos en casi cuatro décadas. A pesar de que más de seiscientos presos declarados culpables de asesinatos punibles con la muerte han sido ejecutados en EE. UU. desde que se reanudaron las ejecuciones judiciales en 1977, todos fueron condenados en aplicación de leyes de los estados. Ninguna persona condenada en virtud de leyes de pena de muerte federales ha sido ejecutada desde que Victor Feguer fue ahorcado en 1963.

Las autoridades aún no han fijado la fecha para la ejecución de Juan Raúl Garza —mediante inyección letal— pero es problable que lo hagan pronto, puesto que se han agotado recientemente sus posibilidadades de apelación. Su última esperanza de recibir el indulto radica en el presidente Bill Clinton.

En diciembre de 1999 Juan Raúl Garza presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el gobierno estadounidense había violado su derecho a un juicio con las debidas garantías al introducir pruebas, que la defensa no pudo cuestionar, que le implicaban en crímenes no resueltos cometidos en México. Ningún otro acusado en Estados Unidos ha sido condenado a muerte tras haber introducido el fiscal pruebas de un crimen cometido en otro país sobre el que no se ha dictado sentencia.

En respuesta a la preocupación internacional sobre las ejecuciones en Estados Unidos, el gobierno federal ha afirmado hasta ahora que son asunto de los estados individuales sobre el que él no tiene ningún control, incluso en casos en los que se está produciendo una violación de obligaciones contraidas por Estados Unidos en virtud de tratados, como la imposición de la pena de muerte a menores. El caso de Juan Raúl Garza será el primero en el que el gobierno estadounidense no podrá ocultarse tras este argumento de los «derechos de los estados».

+Escriban cartas, instando al presidente Clinton a que conmute la condena de muerte de Juan Raúl Garza’s, como primer paso para que Estados Unidos se alinee con la tendencia mundial a la abolición de la pena de muerte. Envíen llamamientos a: The Honourable William J. Clinton, President of the USA, The White House, 1600 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20500, Estados Unidos (fax: +1 202 456 2461).