Document - Wire, February/March 2011. Vol. 41, issue 001

WIRE

[Llamada internacional – The Wire, febrero-marzo de 2011]

NWS 21/001/2011

Nigeria: Emmanuel Egbo

Menor abatido a tiros por la policía cuando jugaba

Emmanuel Egbo, de 15 años, se encontraba jugando en la calle en la ciudad de Enugu (Nigeria) cuando fue abatido a tiros por la policía. La policía afirma que Emmanuel, que perdió la vida el 25 de septiembre de 2008, era un ladrón armado. Sin embargo, según testigos presenciales, no llevaba armas y estaba jugando con otros muchachos. Su familia no ha podido darle sepultura, ya que su cadáver desapareció del depósito del hospital.

Inicialmente, el homicidio no se investigó. Familiares de Emmanuel Egbo acudieron a la comisaría de policía de Enugu numerosas veces para exigir una investigación sobre su muerte. La familia se reunió en varias ocasiones con autoridades policiales de Enugu entre octubre de 2008 y mayo de 2009. Tras una serie de visitas, la familia descubrió que el agente de policía que se encargaba de la investigación se había trasladado a otro puesto. “El agente de policía nos dijo que el muchacho era un ladrón armado, y que se había cerrado el caso. Para nosotros, fue una pesadilla conocer esa noticia”, explicó un familiar.

En septiembre de 2009, se comunicó a la familia la detención del agente de policía sospechoso del homicidio de Emmanuel. Sin embargo, continúa sin localizarse su cuerpo, y no se ha enjuiciado aún a nadie por su muerte.

Escriban al inspector general de Policía y soliciten una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los disparos efectuados contra Emmanuel Egbo el 25 de septiembre de 2008. Ínstenle a abrir nuevamente el caso y a llevar a los responsables ante la justicia. Pidan que se entregue su cuerpo a sus familiares, o que se les informe del lugar en el que se encuentra enterrado. Envíen los llamamientos a:

Inspector general de Policía

Hafiz Ringim

Inspector General of Police

Nigeria Police Force Headquarters

Louis Edet House

Shehu Shagari Way

Area 11 Garki, Abuja

Nigeria

México: Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Supervivientes de violación en busca de justicia

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú fueron violadas por soldados mexicanos en 2002. Aunque denunciaron las agresiones ante las autoridades e interpusieron recursos judiciales, no se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y nadie ha comparecido ante la justicia.

Inés Fernández fue violada el 22 de marzo de 2002, cuando tres soldados entraron en su domicilio mientras cocinaba con sus hijos. Uno de los soldados la tiró de un empujón al suelo y la violó mientras los otros miraban. Valentina Rosendo, que entonces tenía 17 años, estaba lavando la ropa junto a un río cuando unos soldados se acercaron a ella. La amenazaron y dos de ellos la violaron.

Inés Fernández y Valentina Rosendo son indígenas me’phaa (tlapaneca). Las mujeres indígenas violadas en México no suelen interponer denuncias debido a barreras culturales, económicas y sociales. Inés Fernández y Valentina Rosendo han demostrado ser valientes al denunciar sus terribles experiencias, e interponer recursos judiciales ante tribunales nacionales e internacionales.

Los investigadores militares han tratado de refutar las denuncias, haciendo recaer la carga de la prueba sobre las víctimas. Entretanto, las instituciones civiles no han tratado de forma adecuada los casos de estas mujeres, y tanto ellas como sus familias han sido víctimas de intimidación. El 28 de agosto de 2010, la hija de Inés Fernández fue abordada por dos hombres, que amenazaron con matar a la familia si continuaba en la zona.

En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias contra México y ordenó que las autoridades civiles realizaran una investigación exhaustiva, que se ofrecieran reparaciones a las víctimas y que se reformara el sistema de justicia militar.

Escriban y pidan a las autoridades que apliquen íntegramente la sentencia vinculante de la Corte Interamericana, lo que implica, entre otras cosas, llevar a cabo inmediatamente una investigación exhaustiva e imparcial, bajo jurisdicción ordinaria, sobre la violación y la tortura de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002, y garantizar reparaciones adecuadas y protección efectiva. Envíen los llamamientos a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República

Residencia Oficial de “Los Pinos”

Col. San Miguel Chapultepec

México D.F., C.P. 11850

México

Fax: +52 5550 935321

Correo-E: felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Tratamiento: Señor presidente

Federación Rusa: Natalia Estemirova

Debe investigarse el homicidio de una activista de derechos humanos

La mañana del 15 de julio de 2009, la activista de derechos humanos Natalia Estemirova fue secuestrada junto a su casa, en Grozni (Chechenia). Horas más tarde, encontraron su cuerpo en un bosque de la vecina república de Ingushetia. Había recibido disparos a quemarropa en la cabeza y el pecho.

Natalia Estemirova trabajaba para Memorial, una organización rusa de derechos humanos. Desde 2000, venía recopilando pruebas, incluidos relatos de testigos presenciales, sobre violaciones de derechos humanos perpetradas a lo largo de esta última década. Asimismo, había trabajado junto a la periodista Anna Politkovskaya, a quien ayudó a ponerse en contacto con víctimas de violaciones de derechos humanos.

La investigación sobre la muerte de Natalia Estemirova descartó la posibilidad de que hubiera funcionarios gubernamentales implicados en el homicidio, a pesar de que poco tiempo antes de su muerte, Natalia Estemirova estuviera trabajando en casos que incluían una ejecución extrajudicial y una desaparición forzada, y hubiera afirmado que, posiblemente, había agentes de las comisarías de policía de Kurchaloi y Shali, en Chechenia, implicados en esas violaciones.

En cartas enviadas a Amnistía Internacional, las autoridades rusas han dado el nombre del presunto asesino de Natalia Estemirova y han asegurado que existe una orden de detención internacional en su contra. Sin embargo, Amnistía Internacional considera preocupante que hasta la fecha no se haya realizado una investigación adecuada y, en particular, que no se hayan estudiado ciertas acusaciones, dignas de crédito, sobre la participación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el homicidio de Natalia Estemirova.

Pese a las declaraciones del presidente ruso, Dimitri Medvedev, entre otros, afirmando que este crimen se resolvería y que los perpetradores comparecerían ante la justicia, nada indica que se esté llevando a cabo una investigación exhaustiva e independiente.

Escriban e insten a las autoridades rusas a emprender una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre el homicidio de Natalia Estemirova, que estudie la posible implicación de agentes o miembros de las fuerzas de seguridad en el crimen. Pidan que los responsables comparezcan ante la justicia. Envíen los llamamientos a:

Presidente de la Federación Rusa

Dimitri Anatolievich Medvedev

President of the Russian Federation

ul. Ilyinka, 23

103132 Moscow

Federación Rusa

Fax +7 495 9102134

Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: poblados de Hadidiya y Humsa

Familias en peligro de desalojo forzoso

Los residentes de los poblados de Hadidiya y Humsa, en la región del valle del Jordán, en Cisjordania, se enfrentan constantemente a la amenaza de desalojos forzosos y destrucción de sus hogares y medios de vida a manos del ejército israelí. Su acceso al agua se ha visto gravemente restringido, ya que los suministros locales de agua se reservan para uso exclusivo de asentamientos israelíes cercanos, ilegales según el derecho internacional.

Desde 2007, se han destruido en varias ocasiones viviendas y otras edificaciones de Hadidiya y Humsa. En agosto de 2007, 40 viviendas fueron derribadas. En junio de 2009, se destruyeron viviendas y otras edificaciones pertenecientes a 18 familias, y se confiscaron la cisterna de agua, un tractor y un remolque utilizado para ir a buscar agua. Asimismo, las autoridades israelíes demolieron en repetidas ocasiones edificaciones en otros poblados palestinos cercanos durante el año 2010.

Las condiciones de vida en Hadidiya y Humsa son extremadamente difíciles. Los residentes tienen prohibido construir edificaciones permanentes, por lo que viven en tiendas y chozas, que el ejército israelí también considera “ilegales” y que, por tanto, pueden ser demolidas. Las comunidades palestinas del valle del Jordán, que antes basaban su subsistencia, sobre todo en el pastoreo y la agricultura, se encuentran ahora amenazadas, debido a la escasez de agua y de tierras en las que puedan pastar los ganados.

Las autoridades israelíes afirman que los residentes de Hadidiya y Humsa no tienen derecho a vivir en la zona, porque es una “zona militar cerrada”. Sus penurias son solo un ejemplo de lo que parece ser una estrategia del gobierno para expulsar a la población palestina de esa zona de Cisjordania. Los residentes han acogido con satisfacción la solidaridad y la presión internacionales, pero la atención de la comunidad internacional ha disminuido durante los últimos años. Es crucial fomentar y mantener la atención.

Escriban a las autoridades e ínstenlas a suspender las demoliciones y los desalojos forzosos en Hadidiya y Humsa y a garantizar la devolución de los objetos confiscados. Pidan que se eliminen los obstáculos que discriminan en el acceso al agua, a la electricidad y a otros bienes básicos. Envíen llamamientos a:

Ministro de Defensa

Ehud Barak

Minister of Defence

Ministry of Defence

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909

Israel

Fax: +972 3 691 6940/696 2757

Correo-E: minister@mod.gov.il

Tratamiento: Señor ministro

Argelia: Malik Medjnoun

Detenido sin juicio desde 1999

Malik Medjnoun lleva detenido y en espera de juicio desde 1999. Su detención se produjo el 28 de septiembre de 1999, tras el asesinato de Matoub Lounes, cantante crítico con el gobierno de Argelia. Aunque las acciones legales en su contra empezaron formalmente en mayo de 2001, el juicio se viene aplazando una y otra vez desde entonces.

Durante más de siete meses tras su detención, Malik Medjnoun permaneció recluido en régimen de incomunicación en un cuartel militar de Argel donde, según afirmó, fue golpeado con el mango de una piqueta, recibió descargas eléctricas y lo obligaron a beber agua sucia y otros líquidos. Posteriormente —afirma—, los guardias penitenciarios lo golpearon a diario durante varios meses, y no le proporcionaron suficiente comida. Quedó tan debilitado que no podía ponerse en pie, por lo que lo trasladaron al hospital militar de Blida, al sur de Argel.

Malik Medjnoun compareció ante el fiscal general los días 4 y 6 de marzo de 2000, y ante un juez instructor de Tizi Ouzou el 2 de mayo de 2000. En ninguna de esas ocasiones tuvo representación legal. El 2 de mayo de 2000 le comunicaron que había sido acusado de “pertenencia a un grupo armado terrorista” y del asesinato de Matoub Lounes, por las declaraciones de un hombre que posteriormente se retractó de su "confesión" y aseguró que la había pronunciado bajo tortura. En la actualidad, Malik Medjnoun se encuentra en la prisión civil de Tizi Ouzou.

Matoub Lounes murió abatido a tiros por hombres no identificados el 25 de junio de 1998. Las circunstancias del homicidio no se han esclarecido, y su muerte nunca se ha investigado adecuadamente.

Escriban, pidiendo la liberación de Malik Medjnoun, dado que las autoridades no lo han enjuiciado tras más de 10 años. Pidan que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la presunta tortura infligida bajo custodia a Malik Medjnoun, y que se investigue también exhaustivamente el asesinato de Matoub Lounes. Envíen los llamamientos a:

Presidente de Argelia

His Excellency Abdelaziz Bouteflika

President of Algeria

Présidence de la République

El Mouradia

16000 Algiers

Argelia

Correo-E: President@el-mouradia.dz

Tratamiento: Excelencia

Filipinas: James Balao

Desaparición de activista en favor de los derechos de los indígenas

James Balao, activista en favor de los derechos de los indígenas, fue secuestrado el 17 de septiembre de 2008 en la ciudad de Baguio (Filipinas). Testigos presenciales vieron cómo, cerca de su casa, unos hombres de uniforme lo obligaban a subir a empujones a una furgoneta blanca, afirmando que lo detenían por narcotráfico.

James Balao fue uno de los fundadores de la organización indígena Cordillera Peoples Alliance en 1984. Desde entonces, trabajó como investigador sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos de tierras, y ayudó a redactar las disposiciones incluidas al respecto en la Constitución filipina de 1986.

Antes del secuestro, James envió a su familia un mensaje de correo electrónico en el que describía la vigilancia de la que estaba siendo objeto desde junio de 2008, y especificaba que le seguía una furgoneta azul y blanca. Durante los últimos años, personas sometidas a una vigilancia similar fueron más tarde víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En Filipinas, hay más de 200 casos sin resolver de desapariciones forzadas perpetradas solo durante la última década. El fenómeno de las desapariciones forzadas alcanzó las cotas más altas bajo la ley marcial en la década de 1970, cuando se denunciaron 1.600 casos. La mayoría de ellos permanecen sin resolver.

El Congreso de Filipinas no ha emprendido acciones sobre las desapariciones forzadas, aparte de una breve investigación general sobre los casos denunciados en 2008. En 2010, el gobierno estableció un grupo de trabajo especial para investigar las denuncias de homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas, pero no ha habido novedades en el caso de James Balao.

Escriban expresando su preocupación por desaparición forzada de James Balao. Pidan al presidente de Filipinas que dé prioridad a la resolución de los casos de desaparición forzada, incluida la de James Balao y que, para ello, ordene que se lleven a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales. Pidan la liberación inmediata e incondicional de James Balao, a menos que se lo acuse sin demora de un delito reconocible. No debe sufrir tortura ni otros malos tratos mientras permanezca detenido.

Envíen los llamamientos a través del formulario oficial de contacto del presidente, en la siguiente página: http://www.president.gov.ph/government/default.aspx

Indiquen cuál es su país de residencia y, si procede, a qué Sección de Amnistía Internacional pertenecen.