Document - Amnesty International News, April 1993. Vol.23, No.1.

Amnistía Internacional - Boletín Abril de 1993

Noticias


YUGOSLAVIA

La policía servia: una amenaza para los albaneses de Kosovo

Desde principios de año vienen multiplicándose los informes de palizas policiales a miembros de la comunidad étnica albanesa en la provincia de Kosovo. La policía es en su mayoría servia y los incidentes se han producido durante redadas domiciliarias en busca de armas.

La población albanesa --que constituye aproximadamente el 90 por ciento de la provincia-- afirma que durante los allanamientos la policía destruyó enseres domésticos deliberadamente e intimidó a mujeres y niños. Al parecer, los agentes confiscaron tanto armas de posesión legal como ilegal. Al mismo tiempo, las fuerzas militares y policiales servias habían estado distribuyendo armas entre las comunidades locales de servios y montenegrinos.

Según parece ciertos pueblos fueron elegidos como blanco de las redadas. La primera semana de febrero, por ejemplo, unas 40 personas habían sido detenidas en localidades de las cercanías de Deane durante redadas de este tipo, y muchas fueron golpeadas mientras estaban bajo custodia.

La misma semana se recibieron informes sobre búsquedas de armas y malos tratos en localidades de las zonas de Péc, Vitina y Klina. Según parece, durante las búsquedas detuvieron en seis ocasiones distintas a Dervish Berisha, de la zona de Péc; en una de ellas, el 1 de febrero, se lo llevaron a la comisaría de policía de Péc y lo golpearon. Parece también que en Klina, la policía golpeó brutalmente a Jeton Berisha, de 14 años, y lo obligó a decir que su padre poseía armas. En la localidad de Kliina, la policía allanó el domicilio de los Abdyli, se llevó a tres de ellos a la comisaría y los golpeó brutalmente que requirieron atención médica.


GUATEMALA

Una sentencia que hace época:

Militar condenado a 25 años por asesinato político

En febrero, Noel de Jesús Beteta Álvarez, ex sargento del Estado Mayor Presidencial, se convirtió en el primer miembro de las fuerzas armadas de Guatemala que se sepa haya sido declarado culpable de un asesinato político. Un tribunal guatemalteco lo condenó a 25 años de cárcel por el homicidio de la conocida antropóloga Myrna Mack Chang.

Myrna Mack fue apuñalada por dos hombres en septiembre de 1990, acto que las autoridades trataron de explicar inicialmente como un delito penal común. El caso sólo fue llevado a los tribunales gracias a los esfuerzos de Helen Mack, hermana de Myrna Mack, y de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Pocas son, sin embargo, las probabilidades de que se procese al otro asesino o a quienes ordenaron el homicidio.

Noel de Jesús Beteta había sido identificado tras una investigación encabezada por José Mérida Escobar, del Departamento de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional. En agosto de 1991, el propio José Mérida Escobar fue víctima de una ejecución extrajudicial en la calle, frente a la Jefatura de la Policía Nacional.

Desde que se iniciaron las actuaciones, el caso de Myrna Mack ha estado en manos de 13 jueces distintos. Se ha amenazado y hostigado a funcionarios judiciales, testigos, familiares de la víctima y prácticamente a cualquier persona relacionada directa o indirectamente con el caso. Durante la fase de sentencia del juicio, se dispararon tiros contra la vivienda de un testigo importante, y tanto él como los demás testigos principales fueron amenazados de muerte de continuar prestando declaración.

Fue apreciable el aumento de la vigilancia alrededor de las oficinas de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), de la que Myrna Mack había sido miembro fundador, y los funcionarios de la AVANCSO fueron objeto de amenazas y hostigamiento. Una vez concluido el juicio, un grupo de hombres armados, vestidos de civil, golpearon a las puertas de AVANCSO y le dijeron al guardia nocturno que iban a prender fuego al edificio con él adentro.

Helen Mack ha sido blanco de insultos, y la madre de uno de los testigos principales ha sido amenazada por un desconocido a quien se había visto vigilando la casa en días anteriores.



PAQUISTÁN

Suspenden condena a muerte por lapidación

En febrero de este año, el Tribunal Federal Shari'a (TFS) suspendió la condena a muerte por lapidación impuesta a Nasreen, una mujer de 35 años, por el delito de adulterio.

Durante el juicio, Nasreen declaró ante el tribunal que su primer marido la había repudiado verbalmente, diciéndole que, conforme a la ley islámica, sus palabras eran suficientes para declarar el divorcio definitivo.

Posteriormente, Nasreen se casó con otro hombre, y el primer esposo acusó a la pareja de adulterio y matrimonio ilegal. Los declararon culpables, condenando a Nasreen a cinco años de cárcel y posterior muerte por lapidación. Su segundo esposo, Ghulam Jaffer, recibió una pena de flagelación pública. Los dos apelaron ante el TFS, que suspendió la sentencia a la espera de una audiencia ante todos los miembros del Tribunal, y los puso en libertad.

Nasreen y Ghulam Jaffer habían sido condenados en aplicación del Decreto Hudood, promulgado por el general Zia ul-Haq durante el periodo en que rigió la ley marcial (1977-1985) y confirmado posteriormente por el Parlamento. El Decreto Hudood dispone que los tribunales invoquen la Shari'a (ley islámica) en casos de presuntos delitos sexuales. Centenares de personas han sido condenadas en aplicación del Decreto Hudood, muchas de ellas a muerte por lapidación.

AI se opone categóricamente a la pena de muerte por cualquier método, así como a la flagelación --castigos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos terminantemente por las normas internacionales de derechos humanos. Aunque el TFS ha anulado prácticamente todas las lapidaciones dictadas hasta el presente, AI ha continuado exhortando al gobierno paquistaní a que proceda a la abolición formal de las penas de lapidación y flagelación.



TURQUÍA

Se sigue encarcelando por "delitos de opinión"

Osman Aytar, editor de la revista Medya Günei (El Sol de los Medos), fue detenido en enero por funcionarios del Tribunal de Seguridad del Estado de Estambul, acusado de «difundir propaganda separatista» en aplicación del artículo 8 de la Ley contra el Terror. Ese mismo mes había escrito un artículo acerca de las actividades de los grupos de oposición kurdos.

La Ley contra el Terror, promulgada en abril de 1991, abrogó los artículos del Código Penal turco que se venían aplicando para condenar a presos de conciencia a prolongadas penas de prisión, pero mantuvo las penas de dos a cinco años de cárcel (aplicadas siempre en contravención del derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) para los delitos de «propaganda oral o escrita, asambleas, manifestaciones y marchas para perjudicar la unidad indivisible del Estado». Las autoridades han invocado repetidamente esta Ley para reducir al silencio a escritores y activistas a quienes se ha atribuido propugnar la creación de un Estado independiente para la minoría kurda de Turquía.

AI ve con preocupación que haya vuelto a procesarse a miembros de la prensa por expresar pacíficamente sus opiniones --preocupación que comparten políticos turcos como Hüsamettin Cindoruk, presidente de la Gran Asamblea Nacional--, y ha pedido la puesta en libertad inmediata e incondicional de Osman Aytar y recomendado que se reforme urgentemente la legislación en vigor.



TOGO

El ejército abre fuego contra los manifestantes

El 25 de enero, al menos 19 personas perdieron la vida y otras 50 resultaron heridas cuando los soldados abrieron fuego sin previo aviso contra una manifestación pacífica que se celebraba en las calles de Lomé, la capital. Según parece, cuando comenzó el tiroteo, personas vestidas de civil que iban entre la multitud sacaron sus pistolas y comenzaron a disparar contra los manifestantes.

El acto había sido convocado por grupos de la oposición para apoyar la reanudación del diálogo entre el presidente Eyadema y el gobierno provisional nombrado para supervisar la transición a la democracia pluralista. La crisis de las relaciones entre ambos ha creado una tensa situación política. Elementos castrenses leales al presidente han intervenido repetidamente para impedir las reformas, tomando como rehenes o amenazando a miembros del gobierno provisional y del Parlamento.

La escalada de los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y civiles opositores del gobierno ha producido víctimas en ambos bandos. El 30 de enero, cinco personas perdieron la vida cuando los soldados dispararon indicriminadamente contra civiles. Millares de togoleses han buscado refugio cruzando las fronteras con Ghana y Benín.

AI ha instado a las autoridades a que ordenen una investigación exhaustiva e independiente de los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad.


TÚNEZ

Ofensiva contra activistas de derechos humanos

El 4 de febrero, dos días después de que fundaran un comité nacional para la defensa de los presos de conciencia, 18 activistas de derechos humanos tunecinos fueron detenidos por la policía para ser interrogados. Salah Hamzaoui, coordinador del comité, pasó dos semanas bajo custodia; los demás quedaron en libertad. Los 18 fueron acusados formalmente de fundar una organización no autorizada, distribuir folletos y difundir información falsa.

El comité había condenado la detención en régimen de incomunicación por periodos ilegalmente prolongados, la tortura y la detención de presos de conciencia. En respuesta, la Oficina del Primer Ministro declaró que ya no existían presos de conciencia ni se practicaban abusos de ningún tipo en las cárceles de Túnez. Los abusos citados por el comité han sido documentados por AI.

En 1992, el gobierno disolvió la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas del mundo árabe, al negarse ésta a modificar su estatuto.



NIGERIA

Condenados a muerte por Tribunal Especial

Entre diciembre y febrero, 14 personas fueron condenadas a muerte tras juicios sin garantías ante un Tribunal Especial de Disturbios Civiles. Las acusaron de homicidio en relación con los disturbios de origen religioso ocurridos en mayo de 1992, en los que 300 personas resultaron muertas durante enfrentamientos entre cristianos de la comunidad kataf y musulmanes hausas. Los acusados no gozaron del derecho de apelación ante un tribunal superior.

Once de los condenados a muerte ante el Tribunal Especial, predominantemente musulmán, eran miembros de la comunidad kataf. Algunos, entre ellos Zamani Lekwot, oficial retirado del ejército, ya habían sido enjuiciados por reunión ilegal en relación con los disturbios y habían quedado en libertad en agosto. Los volvieron a detener de inmediato, acusados de homicidio culposo en base, prácticamente, a las mismas pruebas.

En diciembre, el Tribunal Especial había condenado a otros katafs por reunión ilegal y desorden, pese a que no se habían aportado pruebas suficientes, o incluso ninguna prueba; a dos de ellos les impusieron penas de 18 años de cárcel. Un abogado de alto rango del Tribunal dimitió en protesta.

Los encausados habían afirmado que el Tribunal Especial no era imparcial y que se les negaba el derecho constitucional a un juicio justo. El Tribunal Superior de Kaduna aceptó que debía verse su queja, pero en noviembre el Tribunal de Apelaciones anuló la decisión. Un decreto promulgado en 1992 confirmó que no se podrían apelar las decisiones del Tribunal Especial ante ningún otro tribunal.



COLOMBIA

Líderes locales amenazados de muerte

Los líderes locales de la región de Magdalena Medio, en la zona central de Colombia, han sido amenazados de muerte por miembros de las fuerzas armadas colombianas y grupos paramilitares que actúan bajo sus órdenes.

El 28 de enero, Humberto Geovo Almanza, personero de derechos humanos de San Vicente, recibió una invitación para sus propios funerales, con la inscripción «renuncie de tu cargo, eleno hijo de puta».

Saúl Pico Gómez, alcalde de San Vicente, ha recibido numerosas amenazas de muerte durante los últimos cinco meses. El 13 de noviembre, su oficina fue acribillada a tiros, si bien ninguno de los presentes resultó herido. Durante los días anteriores al ataque, se había visto a conocidos líderes paramilitares entrar y salir del Batallón Luciano D'Elhuyar, el destacamento local del ejército.

En febrero, Humberto Almanza y Saúl Gómez abandonaron San Vicente; regresaron poco después, pese a que las fuerzas armadas se habían negado a garantizar su integridad física.

Los comandantes militares regionales han acusado públicamente a cualquiera que denuncia los abusos cometidos por las fuerzas paramilitares de favorecer los intereses de las organizaciones guerrilleras. Entre los que corren riesgo de represalias hay líderes campesinos, activistas de derechos humanos, sacerdotes y funcionarios locales.

Los dirigentes campesinos Oliva Ballona, Avelino Domínguez y Octavio Sierra recibieron amenazas del ejército en septiembre de 1992 porque, según parece, habían corroborado denuncias presentadas oficialmente contra el ejército por hostigar a las comunidades campesinas regionales. Oliva Ballona seguía siendo blanco de hostigamiento en febrero.

Desde 1990, las fuerzas armadas colombianas han venido llevando a cabo operaciones de contrainsurgencia junto con fuerzas paramilitares en los alrededores de San Vicente y de Carmen de Chucurí, en la zona de conflicto de Magdalena Medio. Las fuerzas armadas convocan a los campesinos y les dicen que deben cooperar con las fuerzas paramilitares pagando "impuestos" y participando en patrullas y operaciones dirigidas contra los grupos guerrilleros de la región. Los que se niegan son sometidos a torturas o "desapariciones", o asesinados.



JAPÓN

Refugiados y solicitantes de asilo en peligro

En un informe publicado en marzo*, AI examina la política del gobierno japonés en materia de asilo y llega a la conclusión de que las autoridades de Japón no ofrecen a todos los solicitantes de asilo la oportunidad de hacer su solicitud ni de que se la estudie mediante un proceso de selección satisfactorio.

Incluso las personas que consiguen presentar formalmente su solicitud son sometidas a un proceso secreto y arbitrario que no contempla adecuadamente sus derechos. Muchas han pasado meses detenidas, y otras, cuyas solicitudes han sido rechazadas pese al evidente peligro que correrían de regresar a su país, reciben visas mensuales y viven con el constante temor de ser deportadas.

El informe de AI analiza el proceso de selección de las solicitudes de asilo y documenta los casos de varios solicitantes. Al llegar a Japón, Lin Guizhen, de China, fue detenida como inmigrante "ilegal", e inicialmente no se le permitió solicitar asilo. Finalmente, después de que unos abogados intercedieran en su favor, la autorizaron a presentar su solicitud pero, en agosto de 1991, la repatriaron a China mientras se tramitaba ante los tribunales su apelación contra la decisión de no concederle asilo. A su regreso a China la detuvieron y condenaron a dos años de «reeducación por el trabajo». Posteriormente fue puesta en libertad.

El informe de AI hace 15 recomendaciones a las autoridades sobre medidas que ayudarían a Japón a conformar su legislación y su práctica a sus obligaciones internacionales. AI recomienda al gobierno que garantice a todos los solicitantes de asilo la oportunidad de valerse del proceso de asilo; que cree un organismo público e independiente encargado de decidir sobre las solicitudes de asilo; que vele por que el proceso contemple los derechos del solicitante, incluyendo el derecho a una revisión efectiva de cualquier rechazo de asilo; y que tome medidas para asegurar que los solicitantes sean detenidos únicamente por motivos legítimos en concordancia con las normas internacionales y puedan impugnar la legalidad de su reclusión.

*Índice AI: ASA 22/01/93



RUANDA

Comisión habla de "genocidio y crímenes de guerra"

Según los informes, en enero y febrero bandas de extremistas hutus, leales al presidente Juvenal Habyarimana, dieron muerte a unas 400 personas, en su mayoría de origen tutsi.

A mediados de febrero, AI también recibió informes sobre la detención por las fuerzas de seguridad de centenares de personas, principalmente tutsis pero también hutus pertenecientes a partidos de la oposición. Al parecer, decenas de ellos han perdido la vida. No se ha hecho público el motivo de las detenciones.

En enero, un equipo internacional de investigadores de derechos humanos que visitó Ruanda declaró que había descubierto «pruebas generalizadas de genocidio y crímenes de guerra» perpetrados por agentes del gobierno --en su mayoría hutus-- contra los tutsis. La comisión investigadora también acusó al ejército ruandés y al Frente Patriótico Ruandés --grupo armado de oposición de mayoría tutsi-- de cometer violaciones sexuales y ejecuciones extrajudiciales. Algunas de las personas que han prestado asistencia a la comisión han recibido amenazas de muerte por parte de funcionarios de seguridad y del gobierno. Según parece, un hombre fue blanco de tales amenazas debido a que su hijo había prestado servicios de intérprete a la comisión.

La violencia étnica ha experimentado una escalada espectacular desde octubre de 1990, cuando una fuerza armada de exilados ruandeses, principalmente tutsis, invadió el nordeste de Ruanda desde la vecina Uganda para derrocar al gobierno del presidente Habyarimana. Desde entonces, más de 2.000 personas, en su mayoría tutsis, han muerto a manos de las fuerzas de seguridad o de bandas de hutus. Nadie ha comparecido ante la justicia por estas muertes.



¿Rehenes?

AI teme que el gobierno iraquí esté manteniendo como rehenes a dos ciudadanos británicos para obligar al gobierno del Reino Unido a aceptar ciertas exigencias.

Michael Wainwright y Paul Ride fueron acusados por separado de entrar ilegalmente a Iraq en 1992, y en septiembre los condenaron a 10 y siete años de cárcel respectivamente. En octubre se rechazó la apelación de las sentencias.

En enero, el viceprimer ministro Tariq Aziz ofreció revisar las sentencias a cambio de la devolución del capital iraquí embargado en los bancos británicos desde la Guerra del Golfo. Durante una entrevista difundida por televisión, Tariq Aziz declaró: «Si el gobierno británico demostrase su compasión ante las penurias del pueblo iraquí, sería muy natural que el gobierno iraquí demostrase su compasión ante las dificultades de dos o tres ciudadanos británicos».

Al menos otros nueve extranjeros, de Paquistán, Filipinas, Rumania y Suecia entre otros, están recluidos en Bagdad por cargos similares.



ARABIA SAUDITA

Tortura y muerte

El 2 de febrero, Muhammad Hassan Daoud al-Shabeeb fue transferido de la Dirección General de Inteligencia, al-Mabahith al-'Amma, en al-Dammam, a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de al-Dammam, por padecer lesiones causadas, al parecer, mediante torturas. Un mes después seguía hospitalizado. Muhammad al-Shabeeb, estudiante de 21 años, había sido detenido en octubre de 1992 por sospecharse que poseía folletos y cintas magnetofónicas de la oposición musulmana chiita. Al parecer, lo recluyeron dos meses en régimen de aislamiento.

En Arabia Saudita es habitual que se torture a los detenidos. Los métodos de tortura más usados son la falaqa (golpes en las plantas de los pies), palizas, privación del sueño y descargas eléctricas. Desde abril de 1992 AI ha documentado los casos de cuatro personas muertas bajo custodia, el más reciente en enero. Parece que tres de ellas murieron a consecuencia de las torturas padecidas, y que a la cuarta le negaron cuidados médicos hasta poco antes de su muerte.

Amnistía Internacional - Boletín Abril de 1993

Llamada


@WWACOUNTRY = BRASIL

@WWAFIRST = Edméia da Silva Euzébio, integrante de un grupo de madres que había reclamado que se investigaran las "desapariciones" de sus hijos, fue asesinada el 15 de enero en Río de Janeiro. Ocho días antes, Edméia da Silva Euzébio había prestado declaración durante la investigación judicial de la "desaparición", en 1990, de su hijo y otros 10 jóvenes, y había denunciado la participación de policías y militares en el secuestro de las víctimas.

@FIRSTPAR = Los testigos presenciales dicen que en la tarde del 15 de enero Edméia da Silva Euzébio y su amiga Sheila da Conceiço iban caminando por el centro de Río de Janeiro cuando dos hombres armados se bajaron de un vehículo y comenzaron a seguirlas. Las mujeres intentaron escapar, pero sus perseguidores les dieron muerte a tiros y se dieron a la fuga en automóvil.

Edméia da Silva Euzébio, al igual que otras madres de "desaparecidos", había recibido amenazas de muerte. Por ejemplo, se dice que la noche del 26 de enero de 1992 tres agentes de policía presuntamente implicados en la "desaparición" del hijo de Edméia da Silva Euzébio les enviaron a las madres un mensaje en el que las amenazaban con "una suerte peor" que la de sus hijos. Tras este incidente, AI exhortó a las autoridades a que tomaran medidas para proteger a estas mujeres.

Edméia da Silva Euzébio era la madre de Luiz Henrique da Silva, uno de los 11 jóvenes secuestrados el 26 de julio de 1990 en una finca de Magé, estado de Río de Janeiro. Todavía no se ha acusado a nadie de los secuestros, pese a que un informe de la División de Inteligencia de la Policía Militar identificaba a los perpetradores como agentes de la policía y el ejército. Según el informe, un grupo de policías encapuchados allanó la finca en busca de delincuentes comunes de poca monta. Se llevaron a las víctimas en dos vehículos, uno de los cuales fue encontrado posteriormente, incendiado y con los asientos manchados de sangre.

@FIRSTPAR = Rogamos escriban pidiendo una investigación exhaustiva del asesinato de Edméia da Silva Euzébio y Sheila da Conceiço y el procesamiento de los responsables: Sr. Leonel Brizola,Gobernador del Estado de Río de Janeiro, Palácio Guanabara, Rua Pinheiro Machado s/n, 22.231 Rio de Janeiro/Brasil.


@WWACOUNTRY = BAHREIN

@WWAFIRST = Mohammad Jamil 'Abd al-Amir al-Jamri, ingeniero civil de 33 años empleado en el Ministerio de Salud, fue detenido en 1988 y, según parece, mientras estaba bajo custodia lo torturaron para arrancarle una confesión. En 1990 el Tribunal de Seguridad del Estado le impuso una pena de 10 años de cárcel tras un juicio sin garantías.

@FIRSTPAR = Mohammad al-Jamri, hijo de una importante figura religiosa de la comunidad chiita --mayoritaria en Bahrein--, fue acusado de hacer espionaje en favor de Irán, imputación que ha rechazado categóricamente. Fue declarado culpable por el Tribunal de Seguridad del Estado, que juzga todos los casos relacionados con la seguridad interna o externa del Estado, y cuyos procedimientos no se ajustan a las normas internacionales de imparcialidad en los juicios. Las actuaciones tienen lugar, por lo general, a puerta cerrada, y no se puede apelar ni de la declaración de culpabilidad ni de la pena impuesta. Como a muchos otros enjuiciados ante este Tribunal, a Mohammad al-Jamri le negaron todo contacto con su abogado hasta inmediatamente antes de iniciarse el juicio.

El Tribunal de Seguridad del Estado puede fundar su sentencia en confesiones sin corroboración hechas al fiscal o a la policía independientemente de las actuaciones, práctica que ha fomentado la tortura por parte de las fuerzas de seguridad para obtener confesiones. Al parecer, tras su detención, Mohammad al-Jamri fue torturado brutalemente en la prisión de al-Qal'a. Antes de hacer su "confesión" --de la que se retractó ante el Tribunal--, lo golpearon y obligaron a permanecer de pie, inmóvil, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, durante cuatro días. Se cree que está recluido en la prisión de al-'Adliya.

@FIRSTPAR = Rogamos escriban pidiendo que se instruya un nuevo juicio, conforme a las normas de imparcialidad reconocidas internacionalmente, y que se investiguen las denuncias de tortura, a: His Highness al-Sheikh 'Isa Bin Salman Al Khalifa/Office of His Highness the Amir/The Amiri Court/Rifa'a Palace/Rifa'a/Bahrein.



@WWACOUNTRY = SUDÁFRICA

@WWAFIRST = Johannes Maisha "Stanza" Bopape, activista local de Mamelodi, una población negra de Pretoria, "desapareció" en 1988, varios días después de ser detenido por la policía de seguridad. Pese a los repetidos llamamientos de su familia para establecer su paradero no se ha vuelto a saber de él.

@FIRSTPAR = En enero de 1993 la prensa sudafricana publicó declaraciones de un ex agente de la policía, John Botumile Mokaleng, quien dijo saber dónde se hallaban las fosas secretas de Stanza Bopape y otros detenidos asesinados. Aunque la información no se ha podido corroborar, las declaraciones han alimentado la inquietud pública ante el hecho de que las autoridades nunca hayan realizado una investigación adecuada de la "desaparición" de Stanza Bopape.

La policía ha sostenido una y otra vez que Stanza Bopape se evadió de la noche del 12 de junio de 1988 mientras lo trasladaban de Johannesburgo a Vereeniging. No han logrado explicar convincentemente cómo logró despojarse de grillos y esposas, ni de por qué le dijeron a su abogado el 17 de junio que todavía se hallaba bajo custodia, y aguardaron dos semanas para anunciar su "fuga". La "investigación intensiva" prometida por el ministro de Orden Público en junio de 1990 no produjo ningún resultado, y el gobierno se ha negado a nombrar a los agentes encargados del interrogatorio y custodia de Stanza Bopape.

En enero de 1993, Bheki Nkosi, que había estado detenido junto con Stanza Bopape, dio a conocer su declaración jurada de 1989, en la que afirmó que quienes lo apresaron le habían dicho que habían dado muerte a Stanza Bopape. También en enero, un investigador independiente, facultado en virtud del Acuerdo de Paz Nacional de 1991 para investigar las denuncias contra la policía, inició una nueva investigación del caso.

@FIRSTPAR = Rogamos envíen cartas al presidente, pidiéndole disponga una investigación judicial exhaustiva de la "desaparición" de Stanza Bopape y el procesamiento de los responsables: F.W. De Klerk/State President/State President's Office/Private Bag X83/Pretoria 0001/Sudáfrica.

Amnistía Internacional - Boletín Abril de 1993

Enfoque


AYUDA A LAS VÍCTIMAS

El programa de ayuda humanitaria de AI


@BIGFIRST = En mitad de la noche, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en una casa. La familia dormía. Sacaron al hombre de la cama, asegurándole a la mujer, encinta, que dejarían libre a su esposo apenas respondiera a algunas preguntas. Pero ella nunca lo volvió a ver; es uno de los "desaparecidos". La mujer debió luchar sola para alimentar y dar techo a sus tres hijos pequeños. Cuando la hija de tres años se enfermó gravemente de polio, no había con qué pagar el costoso tratamiento médico. El programa de ayuda humanitaria de AI costeó los gastos de hospital y el aparato ortopédico que permitió que la niña volviera a caminar.

@BIGFIRST =

@BIGFIRST = Un hombre de 21 años fue detenido por los militares, que lo torturaron brutalmente con electricidad. Apenas quedó en libertad, y sin haberse recuperado aún de las lesiones padecidas bajo custodia, abandonó el país. Cuando finalmente llegó a ver a un médico, fue necesario amputarle un brazo, y estuvo al borde de perder el otro porque no podía pagar el tratamiento necesario. AI organizó su traslado a otro país, donde pasó varios meses en un centro médico especializado en víctimas de la tortura. Los médicos consiguieron salvarle el brazo y le colocaron un brazo artificial.

@BIGFIRST =

@BIGFIRST = Unos agentes gubernamentales echaron talio --veneno letal-- en la bebida de 40 activistas políticos y opositores del gobierno. Dos de ellos murieron a las pocas horas. Las víctimas de envenenamiento con talio experimentan ataques y dolores abdominales atroces, para después caer en coma; aquellos que sobreviven más de una semana pueden sufrir lesiones nerviosas, que a veces resultan en demencia o ceguera. El programa de ayuda humanitaria de AI permitió que tres de los supervivientes más gravemente afectados fueran trasladados por vía aérea a un país donde recibieron los cuidados médicos que les salvaron la vida.

@FIRSTPAR = La finalidad principal de AI es poner freno a las violaciones de derechos humanos haciendo campañas en favor de las víctimas y en pro de medidas que impidan futuras violaciones. Aunque AI no es una organización de ayuda, en algunas ocasiones le es posible prestar apoyo económico a presos o ex presos de conciencia y sus familias, víctimas de la tortura, refugiados y familiares dependientes de personas "desaparecidas" o víctimas de asesinatos políticos.

La ayuda económica tiene como fin asistir a la víctima a remediar los efectos devastadores de los abusos de que ella o sus familiares han sido objeto. No es su propósito compensarlas por los sufrimientos padecidos o por la pérdida de sus ingresos, ni mantenerlas a largo plazo. Las solicitudes de ayuda económica son sometidas a consideración en cada caso particular, con arreglo a la política de asegurar que los limitados recursos de AI se emplean de la forma más equitativa y efectiva posible. El programa de ayuda humanitaria de AI no provee de fondos a organizaciones de derechos humanos ni a grupos políticos.

@HEAD12SPUPBOL = PRESOS DE CONCIENCIA

@FIRSTPAR = AI trabaja para conseguir la libertad de los presos de conciencia; esto, en ocasiones, entraña pagar los honorarios de los abogados que los representan durante un juicio. Es frecuente que, cuando se encarcela a un preso de conciencia, su familia quede en la indigencia. No sólo pierde el salario que podía estar recibiendo el preso sino que, además, se enfrenta con una serie de gastos adicionales. Muchas personas están encarceladas lejos de sus hogares, y sus familiares no pueden costear las visitas. A menudo, los reclusos necesitan medicamentos, jabón, ropa de abrigo, o comida para complementar un régimen inadecuado, y es posible que a la familia no le quede con qué pagar su propia comida, el alquiler o la educación de los hijos. AI puede contribuir a sufragar estos costos. Con frecuencia, son los grupos locales de AI los que entregan los fondos directamente a la familia del preso que han adoptado. Los grupos pueden enviar dinero, medicamentos o artículos que la familia no consigue obtener. AI puede prestar ayuda económica directamente al preso en cuestión, o a través de proyectos que benefician a grupos de presos.

Esos fondos pueden emplearse para ayudar a los presos a desarrollar sus habilidades o continuar su educación mientras están en la cárcel. En Asia, AI contribuyó a un proyecto que ayuda a los presos de conciencia a aprender caligrafía, carpintería y artesanías; esto no sólo contribuye a mitigar el tedio y otros efectos desmoralizadores de una prolongada privación de libertad --algunos cumplen penas de hasta 20 años-- sino que también aumenta sus posibilidades de encontrar trabajo el día en que finalmente queden en libertad. También se han usado fondos de ayuda de AI para comprar libros para los presos que desean estudiar.

Los ex presos descubren a menudo que su puesta en libertad resulta tan traumática como su detención. La vida, tal como la conocían, se les ha alterado de forma irreversible; han perdido el trabajo y, frecuentemente, la vivienda; a veces, ni siquiera saben dónde ha ido a parar su familia. Muchos tienen la salud quebrantada, y sufren frecuentes problemas dentales, úlceras pépticas o enfermedades de la piel exacerbadas por el régimen alimenticio inadecuado y las malas condiciones carcelarias. Los malos tratos o la tortura les pueden haber dejado un legado de lesiones graves o permanentes. La ayuda económica de AI puede apoyar a los ex presos y a sus familias durante el difícil periodo de transición.

En un país de África del Norte, por ejemplo, 30 hombres enfermizos y demacrados fueron puestos en libertad, sin previo aviso, cuando llevaban 18 años detenidos en secreto. Los habían mantenido completamente aislados, privados de luz, calefacción, comida adecuada y contacto con sus familias; unos pocos habían logrado enviar cartas en secreto, haciendo saber a sus familiares que aún estaban con vida. Más de 30 de sus compañeros de reclusión, debilitados por el hambre, la falta de cuidados y los malos tratos, habían muerto bajo custodia. Tras su excarcelación, resultó evidente que la salud de los supervivientes había quedado arruinada. Muchos habían perdido la dentadura y sufrían dolorosas enfermedades cutáneas; los años de oscuridad total les habían dañado la vista. AI les proporcionó fondos para comprar comida y otros artículos de primera necesidad, y está tratando de procurarles el tratamiento médico que tan desesperadamente necesitan.

@SUBTIT12 = EN PELIGRO

@FIRSTPAR = En numerosos países, aquellos que se oponen pacíficamente a la política de sus gobiernos nunca llegan a ser presos de conciencia porque caen víctimas de ejecuciones sumarias o arbitrarias, o simplemente "desaparecen" tras su detención, y nunca se les vuelve a ver. Cuando una persona corre el peligro inminente de ser blanco de una "desaparición" o de una ejecución arbitraria, AI puede estar en condiciones de ayudarla a escaparse a una zona más segura del país, o a otro país. En algunos casos, los familiares de las víctimas de asesinatos o "desapariciones" se convierten a su vez en blanco de los asesinatos políticos, y se ven obligados a abandonar la zona, perdiendo a menudo los medios de ganarse la vida además de haber perdido a sus seres queridos.

En América del Sur, AI contribuyó a un proyecto destinado a apoyar a las familias que habían abandonado sus hogares debido a la violencia política --la mayoría, amenazados de muerte y con un miembro al menos víctima de una ejecución extrajudicial o de una "desaparición"--. Las familias, principalmente campesinos que habían huido a los barrios pobres de la ciudad, no tenían trabajo ni medios de sustento. El proyecto les proporcionó fondos para comprar comida y cubrir otras necesidades fundamentales mientras buscaban trabajo, y procuró atención médica a aquellos que habían sido detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad.

Uno de los principios fundamentales del programa de ayuda humanitaria de AI es el de no fomentar la dependencia. Por tal motivo, la ayuda económica tiende a prestarse en la forma de una entrega única de dinero, con el propósito de alentar a los destinatarios a volverse autosuficientes. En algunos casos, AI también presta asistencia continua durante un periodo breve a ex presos o sus familias, o a familias que han perdido a quien las mantenía, víctima de una "desaparición" o de una ejecución extrajudicial. Pero aun en los casos en que la asistencia se prolonga durante unos meses, ésta es sólo una pequeña contribución a los medios por los que dichas personas procurarán reconstruir sus vidas.

Una "desaparición" o asesinato por motivos políticos del esposo o esposa hará recaer en su pareja toda la responsabilidad de proveer el sustento de los hijos. En un país sudamericano, la esposa de un campesino "desaparecido" fue detenida cuando trataba de encontrar a su esposo. Una vez en libertad, comenzó a recibir amenazas de muerte provenientes de las fuerzas de seguridad locales, y se vio obligada a huir con sus dos hijos pequeños a la ciudad, donde no tenía familiares ni amigos. Aunque era una hábil tejedora, no pudo practicar su oficio hasta que AI la ayudó a comprar un telar. En Asia, AI ha contribuido a proyectos que ayudan a los familiares de víctimas a volverse autosuficientes. Uno de estos proyectos ofrecía capacitación técnica y administrativa, y otro ayudaba a las viudas de personas ejecutadas extrajudicialmente a comprar máquinas de coser para hacer trabajos de confección con que mantener a sus familias.

@SUBTIT12 = AYUDA MÉDICA

@FIRSTPAR = Todos los días, en todas partes del mundo, se tortura a la gente en comisarías de policía, cárceles o centros de detención. AI trata de poner freno a la tortura mediante sus campañas, pero también procura que las víctimas reciban los cuidados médicos que necesitan para recuperarse de sus penosas experiencias. La asistencia médica es siempre costosa; algunos médicos tratan a las víctimas de tortura sin percibir honorarios, pero sólo el coste de los medicamentos, artículos y viajes necesarios para recibir el tratamiento pueden resultar elevados. Y, dada la cantidad de casos en que la necesidad es desesperada, los recursos disponibles se agotan rápidamente.

En lo posible, AI procura que las víctimas reciban tratamiento médico en su propio país, lo que perturba menos la vida de los pacientes, aunque también organiza tratamiento especializado en el exterior cuando no se dispone del mismo en el país de la víctima.

Un joven africano de 15 años fue detenido y sometido a torturas brutales durante dos años: Le quemaron el cuello, la cara, el pecho y los muslos con un calientaplatos eléctrico, y le ataron al brazo un trapo empapado en parafina, al que prendieron fuego. Le resultaba imposible mover la cabeza a consecuencia de las quemaduras y otras lesiones recibidas. Tras su puesta en libertad, AI organizó su traslado a Europa para ser sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas que no se podían realizar en su país. En el caso de un preso de conciencia sudamericano cuya audición había sido casi destruida por la tortura, AI le procuró audífonos y cuidados especializados.

Aunque AI presta ayuda a destinatarios individuales, con frecuencia ha resultado más efectivo actuar a través de proyectos médicos establecidos específicamente para tratar a las víctimas de la tortura. En un país sudamericano, el restablecimiento de la democracia le dio a AI la oportunidad de hacer una contribución importante a la puesta en marcha de un proyecto destinado a prestar asistencia psiquiátrica y médica de forma regular a los cientos de personas torturadas bajo la anterior dictadura militar.

Si bien en algunos países donde ha ocurrido la tortura se dispone de este tipo de asistencia, es más común que los proyectos de asistencia médica se establezcan en los países vecinos, donde han buscado refugio las víctimas. AI trabaja en estrecha cooperación con dichos proyectos a los efectos de determinar qué aspectos de su trabajo, y cuáles de los casos que tratan, corresponden al mandato de la organización, y de velar por que la contribución de AI se emplee para ese fin y no para cualquier otra de las actividades del proyecto que no sea conforme a la política de ayuda humanitaria de Amnistía Internacional.

@VICTIM = LLEGAR A LAS VÍCTIMAS

@FIRSTPAR = Numerosas barreras prácticas obstaculizan la prestación de asistencia a las personas que la necesitan. Muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos no poseen cuentas bancarias, o acceso a servicios postales eficaces. Frecuentemente, a fin de asegurar que los fondos de ayuda lleguen a aquellos que más los necesitan, AI actúa a través de proyectos locales, que disponen de medios más efectivos de distribuir fondos.

En un país centroamericano, AI contribuyó a un proyecto organizado por unas monjas católicas para proporcionar alimento, alojamiento y educación a los niños cuyos padres habían sido asesinados por el ejército. En Sudamérica, AI contribuyó a los costos de establecer un centro para un grupo de personas desplazadas, viudas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Gracias a la ayuda económica y los consejos del centro, iniciaron un negocio de venta de pan y ropa usada. El centro también ofició de punto de encuentro para el apoyo mutuo y el intercambio de consejos, y ayudó a las mujeres a conseguir medicamentos baratos y atención médica.

Cuando AI suministra ayuda a través de tales proyectos, siempre estipula claramente la finalidad de los fondos, que sólo se pueden usar para ayudar a personas cuyos casos corresponden al mandato humanitario de AI, y no para otras personas de las que se ocupe el proyecto, ni para cubrir los costos administrativos de éste.

@HEAD12SPUPBOL = UN PROGRAMA MUNDIAL

@FIRSTPAR = El año pasado, AI prestó ayuda humanitaria a víctimas de violaciones de derechos humanos en más de 40 países del mundo. Durante los últimos años, el Secretariado Internacional de AI ha suministrado fondos anuales que alcanzan aproximadamente $430.000, pero el volumen total del programa humanitario de la organización es bastante mayor porque las Secciones nacionales de AI, y cientos de sus Grupos locales, también prestan ayuda económica a las víctimas y a sus familias.

A finales de los años 70 y principios de los 80, se destinó una proporción considerable de los fondos de ayuda de AI a América Central y del Sur, donde eran numerosas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y existían medios fiables para distribuir la asistencia. Durante los últimos años, los fondos de ayuda han sido proporcionalmente mayores en África, donde AI ha venido desarrollando su tarea de ayuda humanitaria.

@SUBTIT12 = HACIENDO CUENTAS

@FIRSTPAR = La ayuda humanitaria de AI no se financia con el presupuesto operativo general de la organización, sino a través de contribuciones voluntarias de miembros de AI y otros particulares. AI también recibe contribuciones de otras organizaciones para su programa de ayuda humanitaria pero, dado que éste está estrictamente delimitado por los términos de su propio mandato, sólo puede emplear esos fondos conforme a los términos de su propia política de ayuda, y no conforme a la política de la organización donante.

Algunos donantes solicitan que se usen sus contribuciones en países concretos, o en una esfera específica, tal como el tratamiento médico de víctimas de la tortura o la asistencia a niños que han padecido violaciones de derechos humanos. En lo posible, AI toma en consideración tales preferencias, pero la decisión final sobre el destino de los fondos la debe tomar con arreglo a sus propias prioridades y a su propia evaluación de las necesidades existentes, de modo que, en algunos casos, AI solicita la autorización de los donantes para emplear sus contribuciones para un fin distinto del especificado.

Si desea contribuir al trabajo de ayuda humanitaria de AI, le rogamos se dirija a la Sección de AI en su país o, de no haberla, a la: Coordinadora de ayuda humanitaria, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, Londres WC1X 8DJ, Gran Bretaña.



@BENIN = BENÍN: CAMBIOS POSITIVOS

@CUADRO = Los progresos en la situación de derechos humanos de un país pueden darle a AI una oportunidad inmejorable de brindar apoyo a personas con las que anteriormente no podía ponerse en contacto. En 1990 se le presentó tal oportunidad en Benín.

@CUADRO = A lo largo de la década de 1980, los opositores del gobierno beninés fueron convirtiéndose en presos de conciencia, a menudo sin cargos ni juicio, por periodos de hasta cinco años. A muchos los torturaron, a veces hasta matarlos. Pero en 1990, tras varios meses de huelgas y manifestaciones, los delegados de una conferencia nacional exigieron que se desmantelaran todos los centros de tortura y se pusiera en libertad a todos los presos políticos. Se promulgó una nueva Constitución y se eligió un nuevo gobierno y un nuevo presidente.

@CUADRO = Pese a que continuaron produciéndose algunas violaciones de derechos humanos, el cambio de gobierno permitió a AI iniciar un programa de ayuda humanitaria, que se concentró en la capacitación de más de 30 ex presos de conciencia para que pudieran abrir sus propios pequeños negocios. Algunos reanudaron carreras universitarias interrumpidas por la cárcel; otros escogieron seguir cursos de corta duración, profesionales o por correspondencia, para incrementar sus probabilidades de encontrar trabajo. AI ayudó a un ex preso a comprar un pequeño molino e iniciar un negocio de molienda de maíz. A la viuda de una víctima de la tortura la ayudó a abrir una zapatería, y un ex profesor de matemáticas siguió un cursillo de informática para actualizar sus conocimientos en ese campo, atrasados debido el tiempo pasado en la cárcel. Muchas de estas personas manifestaron que la oportunidad de iniciar una nueva vida les había levantado la moral y acrecentado la estima de sí mismos.

@CUADRO = Muchos de los ex presos padecían graves problemas de salud, especialmente oculares, causados o agudizados por los años en prisión. En su gran mayoría, no podían costear el tratamiento especializado, de modo que, en cooperación con un hospital local, AI organizó su atención médica, que fue sufragada con los fondos de ayuda humanitaria de la organización.




@BOX = Los casos descritos en este artículo son genuinos; se han omitido los nombres de las personas y los países de que se trata porque, de saberse que han recibido fondos del exterior, dichas personas, u otras en esos países, podrían correr peligro.



@BENIN-TXT = Una Sección de AI facilitó ayuda económica para establecer un jardín de infancia para los hijos de los desaparecidos.

@BENIN-TXT = La ayuda humanitaria de AI tiene como objetivo contribuir a que las personas sean autosuficientes, facilitando a menudo la compra de maquinaria agrícola o materiales para la industria doméstica.

@SUDAN = Sudán: Una víctima de amputación aprende a escribir con su nueva mano artificial. Entre diciembre de 1983 y abril de 1985, durante el gobierno del presidente Nimeiri, más de 140 hombres y mujeres sufrieron la amputación pública de manos, o pies y manos, como castigo oficial por robo. Tras la caída del gobierno, en 1985, AI proporcionó ayuda a la recién formada Asociación de Amputados Sudaneses y al Sindicato de Médicos de Sudán, para contribuir a la compra y ajuste de aparatos ortopédicos para las víctimas de la pena de amputación.


@BIGCAP = «Creo que debo mi libertad a su ayuda. No tengo palabras para expresar mi gratitud... Pese a que en la cárcel no gozaba de buena salud, me he recuperado completamente. Ahora devolveré el dinero que recibí entonces. Confío en que lo empleen en las actividades de Amnistía Internacional. Buena suerte.»

@CITA = [Carta de un ex preso de conciencia de Asia]


@BIGCAP = «Recibí su carta con el cheque, y también el paquete que me enviaron para los niños... Les pido disculpas por demorar tanto en responder, es posible que se haya debido a que mi esposo ha sido puesto en libertad; estaba tan emocionada cuando regresó a casa, fue un día muy grato para toda la familia, viéndolo fresco como un pez en el agua... Mis hijos están tan contentos con la ropa; les queda muy bien, me dicen que se lo agradezca mucho.»

@CITA = [Carta a un Grupo de AI]