Document - Morocco/Western Sahara: Rights Trampled: Protests, violence and repression in Western Sahara









DERECHOS PISOTEADOS

protestAS, VIOLENCIA Y REPRESIÓN EN EL SÁHARA OCCIDENTAL




Amnesty International Publications


Publicado originalmente en 2010 por Amnesty International Publications

International Secretariat

Peter Benenson House

1 Easton Street

London WC1X 0DW

Reino Unido

www.amnesty.org


© Amnesty International Publications 2010


Índice: MDE 29/019/2010


Idioma original: inglés.


Edición española a cargo de:

EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)

Valderribas, 13.

28007 Madrid

España


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ÍNDICE





INTRODUCCIÓN

La madrugada del 8 de noviembre de 2010 las fuerzas de seguridad marroquíes procedieron al desalojo forzoso de un “campamento de protesta” situado en el desierto, a unos kilómetros al este de la ciudad de El Aaiún, en el Sáhara Occidental administrada por Marruecos, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos violentos. El campamento de Gdim Izik había sido creado a principios de octubre por un grupo de saharauis que protestaban por la marginación a la que consideraban estaban sometidos y que reclamaban trabajo y una vivienda adecuada.1

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Edificio incendiado por manifestantes saharauis. © Amnistía Internacional



Edificio incendiado por residentes marroquíes © Amnistía Internacional


os saharauis se quejaban de que, pese a ser originarios del Sáhara Occidental, las autoridades marroquíes les discriminaban, por lo que no recibían una proporción justa de las riquezas y otros beneficios derivados de los recursos naturales y tierras de la región. También afirmaban que las autoridades locales no habían abordado sus reclamaciones socioeconómicas.

Según las autoridades marroquíes, el campamento se había establecido sin autorización y era ilegal. También afirmaron que se vieron obligadas a actuar para desmantelarlo porque según la información de que disponían, algunas de las personas del campamento estaban ahí contra su voluntad, y para impedir actos de violencia planeados por los saharauis, que habían introducido armas, como cuchillos, machetes y cócteles molotov, en el campamento.

Sin embargo, el equipo de investigación de Amnistía Internacional que visitó la zona de El Aaiún en la segunda mitad de noviembre no halló pruebas que respaldaran la afirmación del gobierno de que algunos de los habitantes del campamento estaban ahí contra su voluntad. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional manifestaron que habían tenido libertad para desplazarse entre el campamento y la ciudad durante los días y semanas previos al desmantelamiento, y que no conocían a nadie a quien le hubieran restringido los movimientos o que hubiera estado confinada en el campamento contra su voluntad.

El desmantelamiento del campamento por las fuerzas de seguridad fue acompañado de una violencia considerable. Algunos saharauis que estaban ahí dijeron a Amnistía Internacional que los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes les habían golpeado con porras y habían derribado las tiendas para obligarles a marcharse y desalojar la zona. Sin embargo, al menos algunas de las personas presentes en el campamento ofrecieron claramente una seria resistencia y nueve miembros de las fuerzas de seguridad murieron a manos de saharauis. Aunque las circunstancias no se han aclarado aún del todo, en al menos varios casos las muertes fueron producidas por heridas de arma blanca. En una grabación de vídeo se ve a unos saharauis que golpean repetidamente a un miembro de las fuerzas de seguridad que yace en el suelo, herido o muerto. Amnistía Internacional lamenta y condena estas acciones.2

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Mujer saharaui golpeada por las fuerzas de seguridad marroquíes durante la evacuación forzosa del campamento de Gdim Izik. © Amnistía Internacional




ras el desmantelamiento forzoso del campamento, la violencia se propagó con rapidez a la ciudad de El Aaiún, situada a unos kilómetros, donde jóvenes saharauis y otras personas causaron destrozos, atacando e incendiando edificios públicos, bancos, comercios, automóviles y otras propiedades pertenecientes a ciudadanos marroquíes y a saharauis considerados “promarroquíes” y favorables a la administración marroquí del Sáhara Occidental. Otros dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron en estos actos violentos, uno de ellos atropellado por saharauis. En una grabación de vídeo de los hechos también se puede ver a uno de los manifestantes orinando sobre el cuerpo de un miembro de las fuerzas de seguridad.

En los incidentes violentos de El Aaiún también murieron dos saharauis en circunstancias que todavía no se han aclarado. Uno fue atropellado por un vehículo policial que le produjo lesiones mortales; según las autoridades, fue un accidente, pero un testigo presencial ha afirmado que fue un acto deliberado. La otra muerte se produjo en circunstancias menos claras aún; las autoridades afirman que el fallecido sufrió un ataque de asma que le causó la muerte, pero fuentes saharauis sostienen que resultó herido por las fuerzas de seguridad.

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Manifestantes saharauis atacan una ambulancia de los bomberos. © Particular

l Aaiún fue escenario de otra oleada de violencia el mismo 8 de noviembre cuando algunos residentes marroquíes atacaron a su vez viviendas y negocios saharauis, provocando daños, saqueando o incendiando propiedades y vehículos, y en algunos casos, golpeando a residentes saharauis. Las víctimas de estos ataques afirman que en algunos de estos incidentes las fuerzas de seguridad marroquíes estaban presentes, pero que, o bien no intervinieron, bien participaron en los ataques junto con los residentes marroquíes.

Durante el desmantelamiento del campamento y después de los incidentes violentos de El Aaiún, las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 200 saharauis el 8 de noviembre y en los días posteriores. En diciembre se practicaron más detenciones. Aunque decenas de detenidos fueron puestos en libertad sin cargos, actualmente hay más de 130 personas procesadas en relación con los sucesos del 8 de noviembre. Sin embargo, y en contraste, no se sabe de la detención de ningún residente marroquí en relación con los ataques contra saharauis y sus viviendas y propiedades ocurridos ese mismo día, y tampoco se sabe de ninguna investigación abierta sobre las denuncias de palizas, torturas y otros malos tratos a saharauis a manos de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, las acciones cometidas por algunos manifestantes saharauis el 8 de noviembre, en particular los homicidios de miembros de las fuerzas de seguridad en ataques aparentemente deliberados, dan credibilidad a la preocupación expresada por las autoridades marroquíes de que algunas personas del campamento estaban planeando realizar actos violentos. Al mismo tiempo, las acciones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad —agresiones contra saharauis que no representaban ninguna amenaza para ellos ni para otros, torturas u otros malos tratos de detenidos saharauis, y la inacción en los ataques contra saharauis y sus propiedades y a la hora de hacer rendir cuentas a los responsables de esos ataques— dan credibilidad a las quejas expresadas por los saharauis de que reciben un trato discriminatorio y de que se actúa contra ellos debido a sus opiniones políticas.

El ministro del Interior marroquí, Taïeb Charkaoui, ha declarado públicamente que el 8 de noviembre las fuerzas de seguridad “no habían efectuado ni un solo disparo”3; sin embargo, esto se contradice con la información obtenida por Amnistía Internacional. La organización investigó varios casos de hombres y mujeres saharauis heridos por balas de goma disparadas por miembros de las fuerzas de seguridad en el campamento de protesta y por munición real en El Aaiún. Uno de los heridos reconoció que había estado lanzando piedras contra las fuerzas de seguridad en el campamento cuando fue alcanzado por una bala de goma. Puede que otras personas estuvieran arrojando piedras o realizando otras actividades que pudieron considerarse una amenaza para la integridad física y la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad o de terceros, pero otras víctimas parecen haber sido circunstantes no involucrados en los hechos. Entre ellas figuran dos mujeres: una fue alcanzada en el estómago por una bala de goma aparentemente perdida cuando se dirigía a su casa por una calle en la que unos manifestantes saharauis se enfrentaban con las fuerzas de seguridad; la otra recibió un disparo en el estómago y resultó gravemente herida por las fuerzas de seguridad, que irrumpieron en su casa, al parecer en busca de manifestantes saharauis.

Basándose en sus propias investigaciones, Amnistía Internacional ha concluido que puede que las fuerzas de seguridad marroquíes no tuvieran la intención, como política, de recurrir al uso excesivo de la fuerza para desmantelar el campamento de protesta y dispersar a los concentrados. Sin embargo, en la práctica, algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sí golpearon y agredieron a saharauis que no representaban ninguna amenaza para ellos ni para otros, y esto podría haber contribuido a fomentar la violencia, incluidos los ataques violentos, y en algunos casos letales, de algunos saharauis contra miembros de las fuerzas de seguridad dentro del campamento, así como los brotes posteriores de violencia entre comunidades en El Aaiún.

No cabe duda de que las autoridades marroquíes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y de poner fin o impedir los actos de violencia contra personas y propiedades, incluso con el uso de la fuerza cuando sea necesario, aunque siempre han de garantizar que el grado de fuerza empleado no es más que el estrictamente necesario en las circunstancias concretas, y es proporcional. Sin embargo, las agresiones contra detenidos bajo custodia que no representan ningún riesgo, o contra manifestantes pacíficos, son siempre ilegales y no deben tolerarse. Las denuncias de este tipo de agresiones o de torturas u otros malos tratos deben ser investigadas y las personas responsables han de rendir cuentas de sus actos, incluso en procedimientos penales en su caso, y esta justicia ha de impartirse sin discriminación y con arreglo a las normas reconocidas internacionalmente de imparcialidad procesal. Este es un reto que han de aceptar las autoridades marroquíes.

El hecho de que las autoridades marroquíes no informasen a las familias de los saharauis detenidos de su paradero, junto con las severas restricciones impuestas al acceso al Sáhara Occidental —mediante la denegación del acceso y la expulsión de periodistas extranjeros y de miembros de organizaciones de la sociedad civil— después del desmantelamiento forzoso por las fuerzas de seguridad del campamento de Gdim Izik, dificultó la obtención inmediata de información, así como su verificación. Los datos erróneos difundidos sobre un número superior de muertos entre los manifestantes saharauis, aparentemente y al menos en parte debido a las restricciones de acceso y de información, causaron una gran ansiedad a las familias de los saharauis detenidos, que no pudieron obtener ninguna información sobre la suerte de sus familiares hasta transcurridos incluso 16 días.

MUERTES DERIVADAS DE ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS

En los sucesos del 8 de noviembre murieron dos saharauis y 11 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Brahim Daoudi, de 42 años y padre de dos niños de corta edad, estaba en el campamento de Gdim Izik y murió en circunstancias poco claras. El 9 de noviembre se informó a su esposa de que había muerto en el Hospital Militar de El Aaiún. El 12 de noviembre le informaron de que la causa de la muerte había sido “asfixia” debida al asma y que iban a enterrarlo al día siguiente. El wali (gobernador) de El Aaiún informó asimismo a Amnistía Internacional de que Daoudi había fallecido como consecuencia de un ataque de asma. Sin embargo, las autoridades marroquíes también declararon a los medios de comunicación que Daoudi había muerto de neumonía en el Hospital Militar de El Aaiún.4 No se ha explicado suficientemente por qué estaba en el Hospital Militar en el momento de su muerte, ni tampoco por qué no se devolvió el cuerpo a la familia para que lo enterrara. El Hospital Militar suele estar reservado a los miembros de las fuerzas de seguridad, aunque también se ha atendido ahí a algunos detenidos. La viuda de Brahim Daoudi declaró a Amnistía Internacional: “Sigo sin saber cómo murió. No tenía ninguna afección y nunca se quejó de ninguna enfermedad, y no he recibido ningún certificado médico o informe de autopsia. No he podido ver el cuerpo. Se lo llevaron desde el Hospital Militar directamente al cementerio; nunca lo trajeron a casa, como exigen nuestras tradiciones.”

Babi Gargar Brahim Ould Mahmud Hamadi, saharaui de 26 años que también tenía la nacionalidad española, murió el 8 de noviembre tras ser atropellado por un vehículo en el centro de El Aaiún. Según su hermano y un testigo presencial, un vehículo policial le atropelló y se marchó del lugar sin detenerse, a pesar de que el joven estaba herido en el suelo. Sin embargo, las autoridades marroquíes sostienen que fue atropellado por un vehículo durante los enfrentamientos de El Aaiún y no reconocen que era un vehículo policial. Su familia se negó inicialmente a enterrarle, pero finalmente lo hizo el 10 de diciembre. Según una declaración del wali (gobernador) de El Aaiún, fue enterrado con la conformidad de su esposa y después de que se realizara una autopsia.5 No obstante, sus hermanos afirman que no se les consultó ni se les informó, y que no han recibido ningún informe de autopsia.

Entre los miembros de las fuerzas de seguridad que murieron a manos de manifestantes saharauis figuran los siguientes:

- Yassine Bougataya, de 24 años, miembro de las fuerzas auxiliares. Su padre, miembro de la Defensa Civil de El Aaiún, declaró a Amnistía Internacional: “Un compañero de Yassine nos dijo que fue alcanzado por piedras en la cabeza y la cara y que cuando cayó, pasaron por encima de él dos veces con un Land Rover en el campamento. Estaba muerto cuando llegó al hospital. Se había incorporado a las fuerzas auxiliares hacía cinco años, antes incluso de terminar la secundaria.”

El hermano del fallecido, que también pertenece a las fuerzas auxiliares, contó a Amnistía Internacional la muerte de otro de sus compañeros, Noureddine Ouderham, de 31 años y procedente de Tata: “Yo iba en uno de los dos autobuses que llevaban de vuelta a la ciudad a la gente evacuada del campamento y Noureddine iba en el otro. Algunas de las personas del autobús accedieron a marcharse del campamento y otras no, y cuando llegamos a El Aaiún, cerca del Tribunal de Apelación, algunos pasajeros atacaron al conductor del autobús y unos manifestantes que estaban en la calle se acercaron al vehículo. El conductor huyó con un brazo roto y Noureddine también huyó, pero la gente le atrapó y le mataron.

- Ali Zaari, padre de dos niñas de corta edad y miembro de la fuerza policial. Su viuda dijo a Amnistía Internacional: “Mi esposo me llamó el 8 de noviembre a las 10.30 de la mañana y me dijo que estaba herido de gravedad en el hospital. Le visité en el hospital de Goulimine el 11 de noviembre. Tenía múltiples fracturas en las caderas y las piernas. Me dijo que le habían atropellado con un Land Rover. El 17 de noviembre, a las 2 de la mañana, recibí una llamada y me dijeron que había muerto. Me marché de El Aaiún con mis hijas y ahora vivo con mis padres en Rabat.”

- Anas Belhouari, de 23 años, gendarme de Salé. Sus padres declararon a Amnistía Internacional: “Era la primera vez que iba a El Aaiún. Trabajaba en Marrakesh y el 7 de noviembre nos llamó y dijo que le habían enviado de servicio a El Aaiún y no volvimos a saber nada de él hasta que nos enteramos por los medios de comunicación de los incidentes de El Aaiún y empezamos a buscarle. Supimos que había muerto el 10 de noviembre en el hospital de Goulimine. Le habían apuñalado en el cuello y tenía lesiones en la cabeza causadas por pedradas.”



ACERCA DE ESTE INFORME

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Marruecos y el Sáhara Occidental desde el 22 de noviembre hasta el 4 de diciembre para investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos el 8 de noviembre y en relación con los sucesos ocurridos ese día en Gdim Izik y El Aaiún. Amnistía Internacional se reunió con funcionarios de los ministerios de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores en Rabat, y con el wali (gobernador) y el fiscal general de la Corona de El Aaiún, y entrevistó a familiares de saharauis y de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos, familiares de detenidos, ex detenidos y ex detenidas, defensores y defensoras de derechos humanos, abogados y otras personas. En Rabat, Amnistía Internacional se reunió también con el presidente del Consejo Asesor de Derechos Humanos (Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, CCDH) y con defensores y defensoras y ONG marroquíes de derechos humanos, algunas de las cuales habían realizado sus propias visitas a El Aaiún para investigar los sucesos del 8 de noviembre. Amnistía Internacional expresa su gratitud y reconocimiento a todas las personas que aportaron información y la ayudaron en sus averiguaciones.

En El Aaiún, Amnistía Internacional solicitó tener acceso a los detenidos recluidos en la prisión y en el Hospital Militar, que le fue denegado.6 La organización pidió asimismo acceso a los miembros de las fuerzas de seguridad que habían resultado heridos en los enfrentamientos o que habían tomado parte en la operación realizada en el campamento de protesta o en la ciudad, pero las autoridades marroquíes denegaron también esta petición.7

Las autoridades marroquíes de Rabat y El Aaiún facilitaron poca información aparte de la que ya se había hecho pública en los medios de comunicación. En concreto, no proporcionaron a Amnistía Internacional ningún dato ni otra información que respaldara su afirmación de que había personas en el campamento retenidas ahí contra su voluntad, y no dieron ninguna lista de fallecidos o heridos ni ningún informe médico ni detalle del tipo de lesiones sufridas por las personas fallecidas o que resultaron heridas en ninguno de los dos bandos. Las autoridades dijeron a Amnistía Internacional que toda la operación de desmantelamiento del campamento de protesta duró alrededor de 50 minutos y fue filmada desde helicópteros, que también grabaron al menos parte de los enfrentamientos y actos de violencia posteriores en El Aaiún. El vídeo que registra los sucesos del 8 de noviembre que han hecho público las autoridades hasta el momento contiene únicamente 14 minutos de contenido claramente editado, en los que se muestran actos de violencia a manos de manifestantes saharauis; no hay duda de que hace falta revelar la grabación completa sin editar para disponer de una relación exhaustiva de la secuencia exacta de acontecimientos y de lo ocurrido. Amnistía Internacional pidió a las autoridades una copia de la grabación completa sin editar para utilizarla como ayuda en sus propias investigaciones y en su evaluación de los abusos contra los derechos humanos, pero las autoridades no han respondido hasta ahora a la petición ni han facilitado toda la documentación filmada.

Amnistía Internacional pidió asimismo información sobre el número de personas detenidas; en respuesta, las autoridades del gobierno sólo han facilitado datos imprecisos.8 Estos datos se refieren en su mayoría a las personas acusadas formalmente que seguían bajo custodia a finales de noviembre de 2010: unas 130 personas, de las que alrededor de 118 estaban en la Prisión de El Aaiún y 12 en la Prisión de Salé. Estas últimas son objeto de actuaciones ante el Tribunal Militar, junto con varios saharauis más detenidos en diciembre de 2010.

La información recabada por Amnistía Internacional de abogados y familiares de los detenidos coincide con estas cifras. Sin embargo, las autoridades afirmaron que siete saharauis habían sido puestos en libertad tras el periodo inicial de detención; esto parece referirse únicamente a algunas de las personas liberadas en espera de juicio. Según información procedente de fuentes no oficiales, decenas de saharauis más fueron detenidos el 8 de noviembre y puestos en libertad sin cargos ese mismo día o en los días siguientes.

En respuesta a la recomendación formulada por Amnistía Internacional el 11 de noviembre a las autoridades marroquíes de que abrieran una investigación independiente sobre los sucesos del 8 de noviembre,9 funcionarios de los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior dijeron a la delegación de la organización que se estaba creando una comisión parlamentaria de investigación y que el gobierno no tenía intención de establecer ninguna otra comisión de investigación.10 Las autoridades gubernamentales expresaron asimismo su oposición a la recomendación de Amnistía Internacional de que se incluyera un componente de observación de los derechos humanos en el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Amnistía Internacional sigue propugnando la inclusión de este mecanismo de observación de los derechos humanos como una contribución importante para garantizar los derechos humanos de todas las personas que viven en el Sáhara Occidental y en los campamentos del Tinduf, en la región suroccidental de Argelia, administrados por el Frente Polisario.









INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL

El Sáhara Occidental es objeto de un litigio territorial entre Marruecos, que se anexionó la antigua colonia española en 1975 y reivindica su soberanía, y el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), que reclama un Estado independiente en el territorio y ha formado un autoproclamado gobierno en el exilio en los campamentos de refugiados del suroeste de Argelia.

En 1988 las autoridades marroquíes y el Frente Polisario acordaron un Plan de Arreglo que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 1991. Tras más de una década de conflicto, ambas partes acordaron la celebración de un referéndum en el que la población saharaui escogería entre la independencia y la integración en Marruecos. La MINURSO se estableció en 1991 para supervisar el acuerdo de alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, y organizar el referéndum. Fijado inicialmente para 1992, el referéndum se ha ido aplazando una y otra vez, y todavía no se ha celebrado. La decisión sobre el estatuto jurídico definitivo del territorio continúa en punto muerto. Marruecos insiste en un plan de autonomía para el territorio, bajo dominio marroquí, mientras que el Frente Polisario reclama un referéndum sobre la libre determinación, tal como había acordado en anteriores resoluciones el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las autoridades marroquíes siguen mostrando poca tolerancia hacia quienes expresan públicamente sus opiniones a favor de la libre determinación del Sáhara Occidental. Continúan actuando no sólo contra los y las activistas saharauis que defienden la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, sino también contra los defensores y defensoras saharauis de derechos humanos que vigilan y denuncian violaciones de derechos humanos en la región. La labor de los defensores se ve dificultada también por la imposibilidad de inscribir legalmente sus organizaciones debido a obstáculos administrativos de motivación política. Los defensores y defensoras de derechos humanos siguen sufriendo restricciones a su labor que incluyen hostigamiento, vigilancia, limitaciones a su libertad de circulación y enjuiciamientos de motivación política. En los últimos años, los y las activistas saharauis pro derechos humanos y pro independencia son encarcelados después de manifestaciones en las que reclaman el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y, según informes, muchos han sido torturados o sometidos a otros malos tratos durante los interrogatorios a manos de funcionarios marroquíes encargados de hacer cumplir la ley .11

TORTURAS Y MALOS TRATOS

Las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron a hasta 200 saharauis en relación con los sucesos del 8 de noviembre de 2010. La mayoría fueron detenidos ese mismo día, aunque también se practicaron detenciones los días y semanas siguientes. Algunos fueron arrestados en el campamento; otros, en El Aaiún. Todos los saharauis a quienes las fuerzas de seguridad marroquíes habían dado el alto o detenido y que fueron entrevistados por Amnistía Internacional, individualmente y por separado, denunciaron que les habían golpeado, sometido a otros abusos o ambas cosas cuando les dieron el alto o en el momento de la detención, cuando estaban bajo custodia o en ambas circunstancias. En algunos casos, las personas entrevistadas dijeron que les habían propinado una paliza brutal y que sufrieron fracturas de extremidades o heridas abiertas, o habían perdido el conocimiento. Cuando fueron entrevistados por Amnistía Internacional, la mayoría tenía aún lesiones visibles, heridas o marcas en la cabeza, la cara, la espalda o las extremidades que coincidían con sus denuncias.

En algunos casos investigados por Amnistía Internacional, los saharauis parecían haber sido claramente golpeados por las fuerzas de seguridad en circunstancias en las que no podían ser razonablemente considerados una amenaza para la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad o de terceros; en otros casos, los saharauis fueron sometidos a formas de tortura y a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes —incluidas dos violaciones, una de las cuales fue denunciada por el detenido al juez instructor en el juzgado, y amenazas de violación— que no pueden justificarse en ninguna circunstancia.12 En algunos casos documentados por Amnistía Internacional, las acciones de ciertos agentes de seguridad marroquíes también parecían tener el fin deliberado de castigar a los manifestantes por defender su derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Por ejemplo, algunos detenidos denuncian que fueron golpeados cuando se negaron a obedecer a las fuerzas de seguridad cuando les conminaron a que expresaran su lealtad al rey de Marruecos o confirmaran que eran nacionales marroquíes.

De las personas entrevistadas por Amnistía Internacional, algunas fueron golpeadas o sometidas a otros malos tratos por las fuerzas de seguridad durante el desmantelamiento del campamento, a pesar de que, según afirman, no representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad ni ofrecieron resistencia. Entre ellas había varias personas ancianas, mujeres y personas con discapacidad.

Una mujer de 60 años, madre de nueve hijos, dijo a Amnistía Internacional que acababa de concluir sus plegarias del amanecer cuando oyó que desde los helicópteros que sobrevolaban el lugar se ordenaba todas las personas que salieran el campamento “en nombre de la ley” y “llevaran sus peticiones a El Aaiún”. Entonces las fuerzas marroquíes entraron en el campamento. Su tienda estaba situada cerca del borde del campamento:

Las fuerzas primero lanzaron piedras a las tiendas y luego cortaron las cuerdas y la tienda cayó sobre nosotros. Mi hija levantó un lado de la tienda para salir, pero entraban piedras de ese lado, así que tratamos de salir por el otro lado. Cuando salía gateando de la tienda, tres policías antidisturbios me pegaron con porras. Levanté el brazo izquierdo para protegerme de los golpes y el brazo quedó muy malparado. También me pegaron en otras partes del cuerpo y me agarraron para sacarme, pero intervino un gendarme amable y me salvó. Me dijo que no me preocupara, que no me iba a dejar sola. Cuando me sacaba de ahí me di cuenta de que me había dejado una pequeña bolsa con mi tarjeta de identidad y papeles y volvió conmigo a la tienda para recuperarla y luego me llevó donde un pequeño grupo de mujeres. Ahí otro agente se quitó el cinturón para pegarnos, pero el gendarme intervino para pararle.”

Después la hicieron salir del campamento junto con otras mujeres, las llevaron en un camión a El Aaiún, y luego se bajó del camión y estuvo caminando el resto del día: “Fui al hospital al día siguiente. En la puerta del hospital mi hija les dijo que yo tenía diarrea porque estábamos demasiado asustadas para decir que me habían pegado. Una vez dentro, dije que me había caído para explicar mis heridas. Tenía tres fracturas en el brazo izquierdo y contusiones muy graves en las piernas y en la espalda. En el quirófano les dije que me habían pegado.”

Cuando la delegación de Amnistía Internacional la entrevistó a finales de noviembre, llevaba el brazo en cabestrillo y todavía tenía contusiones graves en la pierna izquierda. Su hija, de 42 años y madre de seis hijos, dijo a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad también le habían pegado a ella en la cabeza, la espalda y el brazo y el costado derechos con porras cuando intentó ayudar a su madre a salir de su tienda la mañana del 8 de noviembre. A finales de noviembre, ella también seguía teniendo contusiones evidentes que coincidían con su relato.

Una mujer soltera de 31 años dijo a Amnistía Internacional que estaba en el campamento con su madre y otras mujeres. Dormía en una pequeña tienda con una amiga que había llegado dos días antes, mientras su madre y otras mujeres ancianas ocupaban una tienda más grande situada cerca. No había hombres, pues su madre es viuda y ella no está casada: “Nuestras tiendas estaban en el borde del campamento y en cuanto oí el alboroto de las fuerzas de seguridad irrumpiendo en el campamento fui a buscar a mi madre para marcharnos, pero entonces me di cuenta de que había perdido un sobre con mis papeles y regresé a mi tienda para buscarlo. Para entonces las fuerzas habían sacado casi todas las cosas, pero encontré el sobre entre los pliegues de una manta. Cuando lo estaba recuperando, los policías cortaron las cuerdas de la tienda, que cayó encima de mí. Gritaron: ‘¿Qué haces ahí?’ Me pegaron con porras y amenazaron con violarme. Me agarraron los pechos y los muslos e hicieron comentarios groseros sobre mi cuerpo. Me ordenaron que dijera ‘viva el rey’ y nos llamaron putas.

También tenía contusiones visibles en las piernas cuando fue entrevistada por Amnistía Internacional, más de dos semanas después. Además, enseñó a Amnistía Internacional unas fotografías tomadas poco después del 8 de noviembre en las que se la veía con contusiones graves en las piernas.

Otra mujer, de 36 años, dijo a Amnistía Internacional que la habían pegado en el campamento, donde había ayudado a recoger basura y había formado parte de un comité de limpieza antes de que lo desmantelaran. Estaba presente cuando las fuerzas de seguridad desmantelaron el campamento y se había dirigido a pie, junto con otras mujeres de más edad, a El Aaiún. Al día siguiente, había salido de la casa de sus padres para buscar a unos amigos y había ayudado a reunir a dos niños con sus padres, de los que se habían separado cuando se desmanteló el campamento. Hacia las 10 de la mañana estaba en la calle Smara de El Aaiún cuando unos agentes de la Real Gendarmería le dieron el alto cerca del Tribunal de Apelación y la llevaron a Dar Talib, un orfanato que la gendarmería y el ejército estaban usando como base.

Me registraron unos hombres y me abofetearon durante el registro. Encontraron un texto en el que expresaba mis opiniones sobre el desmantelamiento del campamento y me preguntaron si iba a enviarlo a periódicos extranjeros y sobre mis relaciones con extranjeros. Hacia las 4 de la tarde me trasladaron a la comisaría central de policía de El Aaiún. Me registraron de nuevo y me ordenaron que entregara mis pertenencias, incluidos mi bolso y mis gafas. Luego me vendaron los ojos y me esposaron y me llevaron a otra oficina donde me interrogaron sobre mis actividades, mi reciente visita a Argel en septiembre de 2010 para asistir a una Conferencia Internacional sobre el Derecho de los Pueblos a la Resistencia.13 Me hicieron sentarme en el suelo. Me pegaron con palos en la cabeza y en otras partes del cuerpo y me dieron puntapiés. Me ordenaron que dijera ‘viva el rey’ y que era marroquí. Cuando dije: ‘Yo no soy marroquí’ me pegaron y patearon otra vez. Luego me llevaron al pasillo. Me preguntaron por qué estaba detenida y otras personas respondieron que yo decía que era saharaui y no marroquí; me pegaron y patearon de nuevo. Más tarde me llevaron a una celda, donde me mantuvieron con los ojos vendados, pero no estaba esposada. Cuando me dormía, me daban golpes y puntapiés continuamente y me insultaban para mantenerme despierta. Oía gritos de mujeres y hombres en los pasillos y las celdas. Al día siguiente me llevaron de nuevo a una oficina y me preguntaron por mis viajes al extranjero, a Argelia y a España. Luego me dijeron que me llevarían en automóvil al tribunal para ser juzgada. Hacia las 6 de la tarde me devolvieron mis pertenencias, me tomaron las huellas dactilares y luego me dijeron que me marchara.” Fue puesta en libertad sin cargos.

Un joven discapacitado de 22 años que fue detenido en el campamento de protesta de Gdim Izik dijo a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad le habían propinado una paliza. Declaró: “Cuando las fuerzas marroquíes irrumpieron en el campamento se llevaron a mi madre en autobús y yo hui de la tienda de mi familia. Tengo problemas para caminar [camina apoyándose con dificultad en el lado exterior de los pies] y me escondí detrás del muro bajo de arena [que habían construido previamente las fuerzas marroquíes alrededor del campamento], donde me aprehendieron unos gendarmes hacia las 8 de la mañana. Me pusieron en la parte trasera de un camión donde ya había muchas personas, todas con los ojos vendados y las manos esposadas a la espalda, y muchas sangrando por los golpes recibidos. Me pegaron un poco cuando me subieron al camión, pero la verdadera paliza me la dieron en la comisaría de la [Real] Gendarmería. Me pegaron con porras en la cabeza, los brazos y las piernas y me propinaron puñetazos y puntapiés. También me arrojaron agua sucia y orina y me mantuvieron de rodillas, mirando a la pared, con los ojos vendados y esposado con unas esposas de plástico a la espalda y sin comida hasta dos días después. El jueves [11 de noviembre], vinieron unos enfermeros o tal vez médicos y miraron a algunos de los que estaban malheridos. Cerca de mí había un hombre negro que trabajaba en la mina de fosfato, al que habían torturado brutalmente para obligarle a confesar el homicidio de un miembro de las fuerzas de seguridad al que habían cortado la garganta. Preguntaron quién había organizado y financiado el campamento y quiénes eran los médicos y enfermeros del campamento. Pero la mayor parte del tiempo no me preguntaban nada y sólo me pegaban. A primera hora del sábado [13 de noviembre] me llevaron al juzgado con un grupo grande de personas y ahí el juez me preguntó qué hacía en el campamento y le dije que estaba ahí con mis padres y mis hermanos y hermanas, y también con la asociación de discapacitados. El juez me puso en libertad a mí y a otras dos personas discapacitadas y a tres menores y un hombre de nacionalidad española.”

Otras personas fueron objeto de malos tratos u otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes varios días después de los sucesos del 8 de noviembre. Un saharaui de 36 años que también tiene la nacionalidad española contó a Amnistía Internacional sus dos detenciones, producidas el 9 y el 27 de noviembre: “La noche del 9 de noviembre, hacia las 10, conducía mi automóvil por el centro de El Aaiún en compañía de cuatro amigos. Acababa de llegar de España, donde vivo desde hace nueve años, el 7 de noviembre. Me detuvieron las fuerzas auxiliares y luego llegó un automóvil policial y nos llevaron a la comisaría de policía. Me vendaron los ojos y me ataron las manos a la espalda. Me pegaron con una barra o algo así, no pude ver lo que usaron; todavía tengo marcas en las piernas ahora; a mis amigos también les pegaron brutalmente; a uno de ellos le rompieron varias costillas. Había muchos detenidos más, unos 60 o 70, en la misma habitación. Me pusieron en libertad el 11 de noviembre y mis amigos fueron puestos en libertad también esa misma noche, después de que intervinieran en su favor algunos líderes tribales.

Me volvieron a detener el 27 de noviembre. Estaba en una estación de servicio de la calle Mekka, en el centro de El Aaiún, hacia las 4 de la mañana, con seis amigos, cuando dos automóviles, uno de la policía y el otro de las fuerzas auxiliares, se detuvieron y los agentes nos pidieron las tarjetas de identidad. Yo entregué mi tarjeta de identidad española, en la que figura el Sáhara Occidental como lugar de nacimiento, y me miraron con desdén. Nos hicieron tumbarnos en el suelo boca abajo en la estación de servicio, en medio de la lluvia, y nos orinaron encima y nos dieron golpes y puntapiés y dijeron que éramos unos saharauis asquerosos. Nos tuvieron ahí una media hora o una hora, no sé, y luego nos metieron en otro vehículo policial que había llegado mientras tanto y nos llevaron a la comisaría de policía de la Wilaya [Gobernación]. Ahí me vendaron los ojos y me esposaron las manos a la espalda con unas esposas de metal y me pegaron un poco más y me enseñaron dos cuchillos grandes, como espadas, y dijeron que me pertenecían a mí y a mis amigos y yo les dije que no sabía nada de esas armas. Me dieron una declaración para firmar y la firmé sin poder leerla porque quería salir de ahí. Al día siguiente nos llevaron a mí y a mis amigos al juzgado y ahí el juez preguntó si los cuchillos grandes eran nuestros y yo le dije que no, y nos pusieron en libertad en espera de juicio.”

Un joven de 28 años que fue detenido el 14 de noviembre dijo a Amnistía Internacional: “Salí a comprar comida justo después de las 6 de la tarde; la pequeña tienda estaba llena y yo estaba fuera, esperando mi turno, cuando una patrulla conjunta de la policía y las fuerzas auxiliares se paró y me pidió la tarjeta de identidad. La comprobaron y dijeron que me podía ir. Pero entonces uno de ellos miró mi teléfono móvil y encontró un mensaje de ‘solidaridad saharaui’ sobre ‘revolución continua contra la ocupación marroquí’. Me metieron en el auto policial y me pegaron, pero no mucho. Me llevaron a donde estaba otra patrulla policial, en el distrito de Hay Maatallah, y ahí me metieron en una furgoneta policial más grande, y un equipo de cuatro agentes que se turnaron para golpearme me dio una paliza brutal. Cuando recuperé el conocimiento y trataba de levantarme, un policía me dio con la rodilla en el ojo izquierdo. Me quitaron la camisa y siguieron pegándome en la cabeza, la espalda y otras partes del cuerpo con una porra y la culata de un rifle, y me amenazaron con el rifle y me preguntaron por qué no había dicho que estaba en el campamento. Entonces llegó otro automóvil y me llevaron a la comisaría de policía principal (junto a la Wilaya) y ahí me tomaron las huellas digitales y fotos y yo pedí un médico, pero se negaron. Estuvieron horas mirando muchas fotos de un cedé en el ordenador; ahí había fotos de gente en el campamento, incluidas fotos mías, pero no me reconocieron porque para entonces estaba muy mal, tenía la cara hinchada y con contusiones y el ojo izquierdo totalmente cerrado y azul […] Esto duró más o menos hasta las 10 de la mañana. Luego me volvieron a poner la camisa y me llevaron a la puerta y me devolvieron el móvil, del que habían borrado los mensajes de la bandeja de entrada, y me dijeron que me marchara y que no hiciera fotos de mis contusiones y no le dijera a nadie lo que me habían hecho. Me dolía todo y apenas podía moverme; me fui a casa y estuve en la cama varios días.”

Cuando la delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con él, dos semanas después, todavía tenía contusiones graves en la cara y el cuerpo; sus lesiones son también visibles en unas fotografías tomadas inmediatamente después de salir en libertad.

AUSENCIA DE INVESTIGACIONES

A pesar de la abundancia de datos aparecidos sobre agresiones y palizas a saharauis durante el desmantelamiento del campamento de Gdim Izik y posteriormente en detención, hasta la fecha Amnistía Internacional no sabe de ninguna medida adoptada por las autoridades marroquíes para investigar y garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de agresiones ilegítimas y otros abusos rinden cuentas de sus actos, incluso mediante enjuiciamientos penales. Amnistía Internacional pidió expresamente información sobre estas investigaciones en sus reuniones con el fiscal general de la Corona de El Aaiún, el 25 de noviembre, y con autoridades de los ministerios de Justicia, Interior y Asuntos Exteriores en Rabat los días 23 y 24 de noviembre y 1 de diciembre, sin obtener respuesta alguna. En El Aaiún, las autoridades marroquíes denegaron la petición de Amnistía Internacional de visitar a los detenidos recluidos en la prisión de El Aaiún en relación con los sucesos del 8 de noviembre; de hecho, diferentes autoridades facilitaron informaciones contradictorias a la organización sobre quién podía autorizar dicho acceso.14

Las familias de algunos de detenidos a quienes habían permitido visitar a sus familiares en la prisión de El Aaiún dijeron a Amnistía Internacional que los reclusos aún tenían contusiones visibles y otras heridas después de dos semanas bajo custodia. Además, unos abogados que estaban en el juzgado cuando dos grupos de 65 y 36 detenidos saharauis comparecieron ante el juez instructor el 11 y el 12 de noviembre, respectivamente, dijeron a Amnistía Internacional que la mayoría de los detenidos había denunciado palizas y torturas, y uno de ellos dijo que los agentes de seguridad le habían violado introduciéndole una botella en el ano. Los abogados dijeron también que muchos comparecieron con la ropa manchada de sangre y con señales evidentes de tortura u otros malos tratos, lo que hizo que el juez instructor accediera finalmente a hacer constar sus quejas en las actas de la vista. Sin embargo, el juez no ordenó que los detenidos fueran sometidos a un examen médico para averiguar la causa de sus contusiones y otras lesiones, como exige el artículo 134 del Código de Enjuiciamiento Criminal marroquí.15

Todos los detenidos debían haber comparecido ante la Fiscalía de la Corona en el plazo de 48 horas desde su detención, antes de la comparecencia de cada grupo ante el juez instructor, para que se ampliara su detención, como establece el artículo 66 del mismo código. Además, la ley exige que, en ese momento, los fiscales de la Corona ordenen que quienes tengan señales de tortura u otros malos tratos sean sometidos a un examen médico, pues las obligaciones legales aplicables a los jueces instructores lo son también a los fiscales, en virtud del artículo 74 del citado código.

Además, las autoridades marroquíes tienen la obligación de garantizar que se realizan investigaciones inmediatas e independientes sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Marruecos es Estado parte, concretamente de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La comisión parlamentaria de investigación creada tras los sucesos del 8 de noviembre no sustituye las investigaciones independientes e imparciales de las denuncias de abusos contra los derechos humanos.16

Sin embargo, parece que, hasta la fecha, ni el fiscal general de la Corona ni los jueces instructores han adoptado medida alguna. Cuando se le preguntó al respecto el 25 de noviembre, el fiscal general de la Corona de El Aaiún, Abdelkebir al Baz, dijo a Amnistía Internacional que no había recibido ninguna queja de agresiones o malos tratos de detenidos ni de personas a las que las fuerzas de seguridad habían dado el alto, y que los fiscales que realizaban visitas semanales a las comisarías de policía y de la gendarmería no habían informado de abusos. No obstante, en virtud de la Convención contra la Tortura, las autoridades marroquíes están obligadas a iniciar investigaciones sobre alegaciones de tortura u otros malos tratos incluso si no se ha presentado ninguna queja formal.

Brahim Alansari, representante de Human Rights Watch en El Aaiún, dijo a Amnistía Internacional que la policía le había agredido la mañana del 8 de noviembre en una calle de El Aaiún y que la oficina del fiscal general de la Corona se había negado a registrar su queja. Cuando Human Rights Watch se quejó a las autoridades marroquíes, éstas respondieron que “[…] las personas que alegan haber sido objeto de violencia, estuvieran o no bajo custodia, son completamente libres de dirigirse por sí mismas a un tribunal a interponer una acción para determinar la validez de sus afirmaciones […] .”17 Finalmente, el 24 de noviembre, el Ministerio del Interior informó a la organización de que había abierto una investigación administrativa y que el Ministerio de Justicia había pedido al fiscal de la Corona de El Aaiún que realizara una investigación.18

Prácticamente todos los saharauis que dijeron a Amnistía Internacional que habían sido agredidos o maltratados en detención afirmaron que no habían presentado una queja formal por miedo a posibles represalias de las autoridades de seguridad o porque creían que las autoridades bajo cuya custodia sufrieron los abusos no iban a realizar una investigación adecuada. Algunos dijeron que habían tratado de presentar una queja formal, pero no habían podido hacerlo porque los guardias les habían impedido el acceso a la fiscalía o porque el personal de ésta se había negado a recibir o registrar la queja. Un demandante dijo a Amnistía Internacional que el fiscal adjunto de la Corona le había dicho que “no registran quejas relacionadas con los incidentes del 8 de noviembre” y le había remitido al Diwan Al Madhalim, institución oficial creada por el rey con el mandato de mediar en los conflictos entre ciudadanos marroquíes y la administración y las instituciones públicas marroquíes, pero que no tiene competencia para investigar casos de presuntas violaciones de derechos humanos.19

La ley núm. 43-04, promulgada en febrero de 2006, tipifica la tortura como un delito castigado con penas de entre cinco años de prisión y cadena perpetua. Su definición de tortura coincide en líneas generales con la del artículo 1 de la Convención contra la Tortura.20 Sin embargo, desde que entró en vigor la ley, en la mayoría de los casos de los que ha tenido conocimiento Amnistía Internacional en los que se ha alegado tortura u otros malos tratos, las autoridades no han abierto investigaciones independientes, y las denuncias se han desestimado bien de plano, bien sin una investigación adecuada. Que sepa Amnistía Internacional, ningún miembro de las fuerzas de seguridad responsable de tortura u otros malos tratos ha sido enjuiciado, y mucho menos condenado. Más de cuatro años después de la promulgación de la ley contra la tortura, la prolongada constante de impunidad, que no sólo afecta a las víctimas saharauis de tortura u otros malos tratos, sigue igual.21



AUSENCIA DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PARADERO DE LOS DETENIDOS

La ley marroquí (el artículo 67 del Código de Enjuiciamiento Criminal) establece que las autoridades responsables de una detención deben notificar de inmediato a la familia del detenido la decisión de detener a éste.

En una reunión celebrada el 25 de noviembre, cuando la delegación de Amnistía Internacional expuso ante el fiscal general de la Corona su preocupación porque las familias de los detenidos saharauis no habían podido obtener información sobre el paradero de sus familiares durante dos semanas, el fiscal declaró: “Se notificó a las familias de todos los detenidos, pero éstas sólo quieren causar dificultades.”

Sin embargo, ninguna de las familias entrevistadas por Amnistía Internacional había podido obtener información alguna sobre sus familiares durante las dos primeras semanas de detención de éstos, a pesar de sus reiteradas gestiones ante las fuerzas de seguridad y la fiscalía. Defensores de derechos humanos y abogados confirmaron también de forma independiente que las familias habían experimentado estas dificultades. Las familias de detenidos que recibían atención médica en el Hospital Militar de El Aaiún tuvieron dificultades similares. La madre de un joven que fue visto sangrando de una herida en el pecho en una grabación de vídeo del campamento de protesta el 8 de noviembre y que el 26 de noviembre aún no había podido averiguar dónde estaba detenido su hijo ni obtener ninguna confirmación de su detención dijo a Amnistía Internacional que estaba convencida de que su hijo debía de estar muerto porque en los dos días anteriores todas las familias a las que conocía cuyos familiares estaban “desaparecidos” habían podido localizarlos y visitarles en prisión. Para su alivio, su hijo fue puesto en libertad al día siguiente.

Las familias de los saharauis detenidos en la prisión de El Aaiún recibieron autorización para visitarles el 24 de noviembre. Las familias de cuatro saharauis que estuvieron recluidos en el Hospital Militar hasta el 26 de noviembre, fecha en la que fueron puestos en libertad bajo fianza, nunca fueron informadas de su paradero, y cuando contactaron con el Hospital Militar les dijeron, falsamente, que sus familiares no estaban ahí. Algunas de las familias de los 12 saharauis que están recluidos en la prisión de Salé (en el norte de Marruecos) en espera de ser juzgados por el Tribunal Militar no pudieron visitar a sus familiares por primera vez hasta el 3 de diciembre de 2010.



ATAQUES CONTRA VIVIENDAS Y PROPIEDADES

ATAQUES DE MANIFESTANTES SAHARAUIS

La mañana del 8 de noviembre, tras el desmantelamiento del campamento de protesta, algunos manifestantes saharauis atacaron edificios públicos, bancos, negocios, vehículos y otras propiedades en el centro de El Aaiún, incendiando muchos de ellos. Al parecer, atacaron propiedades pertenecientes a residentes marroquíes y a saharauis que consideraban que apoyaban la administración marroquí del Sáhara Occidental, o lugares frecuentados por ellos.






















Edificio incendiado por manifestantes saharauis. © Amnistía Internacional



Entre los edificios incendiados figuran el Tribunal de Apelación de El Aaiún, la mayoría de cuyos archivos quedaron destruidos, y una serie de edificios de la calle Smara, una de las calles principales del centro de la ciudad. También se atacó un edificio perteneciente a un saharaui que ha ocupado altos cargos en el gobierno marroquí y que es conocido desde hace mucho como defensor de la integración del Sáhara Occidental en Marruecos. Otros objetivos fueron el restaurante y cafetería Arena, frecuentado por funcionarios marroquíes y clientes adinerados; el salón de exposición y venta de vehículos de Hyundai; las empresas Kouba (material de construcción) y Arcol (pintura); el Banco Popular; dos farmacias; una estación de servicio y una tienda de teléfonos. El fuego destruyó también la consulta particular y el apartamento de un médico, situados sobre la empresa de pintura Arcol, y devastó la empresa, en la planta baja, causando daños considerables en la planta superior del edificio. El médico dijo a Amnistía Internacional que estaba ausente cuando incendiaron el edificio y que al regresar se encontró todo destruido o dañado sin posibilidad de reparación.

Los propietarios del incendiado restaurante Arena y de la farmacia próxima dijeron a Amnistía Internacional que habían invertido mucho dinero en sus negocios y que aún debían cantidades importantes a los acreedores, y que ahora tenían problemas económicos porque su seguro no cubría este tipo de ataques.

También fue atacada una escuela. El director y los trabajadores de la Escuela Al Amine, un colegio privado para niños desde preescolar hasta la enseñanza secundaria, dijeron a Amnistía Internacional:



Vivienda atacada y destrozada por residentes marroquíes. © Amnistía Internacional

La mañana del 8 de noviembre, varios automóviles llenos de jóvenes saharauis, la mayoría de ellos enmascarados, llegaron a las proximidades de la escuela y empezaron a tirar piedras a las ventanas del centro. La línea telefónica estaba ocupada, así que ni siquiera pudimos llamar a la policía. Mientras tanto, muchos padres estaban regresando para recoger a sus hijos y llevarlos a casa. Algunos jóvenes saharauis entraron en el aparcamiento de la escuela y destrozaron e incendiaron los automóviles que había ahí, y otros intentaron entrar en la parte principal del edificio. Llegaron algunos adultos saharauis preguntando por sus hijos, pero no dieron el nombre de ningún niño y resultó que no tenían ningún hijo en la escuela, por lo que estaban intentando tomar como rehenes a hijos de personas importantes. Luego nos dieron una hora para salir del edificio. Para entonces había todavía unos 150 niños y unos 50 trabajadores de la escuela en el edificio. Al final, conseguimos llamar a la policía y finalmente llegaron tres automóviles y un helicóptero de la policía y 20 policías salieron de sus vehículos y escoltaron a los niños y a los trabajadores al exterior. El helicóptero de la policía que sobrevolaba el lugar hizo huir a los atacantes saharauis. La policía disparó algunas balas de goma pero afortunadamente ningún niño, trabajador de la escuela ni miembro de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero hubo daños por las piedras lanzadas por los manifestantes y después parte de la escuela fue saqueada y sufrió daños. Trabajamos mucho para repararlo todo lo mejor que pudimos durante las vacaciones de ‘Eid para que los niños y los trabajadores pudieran volver a la vida normal lo antes posible.”



ATAQUES DE RESIDENTES MARROQUÍES

Ese mismo día, algunos residentes marroquíes de El Aaiún destrozaron y atacaron numerosas viviendas y comercios saharauis. Algunos ataques parecieron cometidos al azar, pues afectaron a filas enteras de comercios, mientras que otros fueron aparentemente más selectivos, como los realizados contra casas individuales o apartamentos. Estos ataques se cometieron en varios distritos. En la mayoría de los casos investigados por Amnistía Internacional, las familias cuyas viviendas fueron atacadas y que vieron a los atacantes dijeron que éstos iban acompañados de miembros de las fuerzas de seguridad, que permanecieron ahí sin hacer nada o ayudaron directamente a cometer los ataques. Amnistía Internacional visitó varias viviendas en las que los agresores habían roto la puerta de entrada y las ventanas y habían destrozado muebles y esparcido su contenido, arrancado lámparas de las paredes y forzado puertas sacándolas de sus goznes y cuyos ocupantes se quejaron de que también les habían robado objetos.

En una casa del distrito de Hay Maatallah de El Aaiún, una mujer de 76 años y sus dos hijos, de 38 y 31 años, sufrieron uno de estos ataques; uno de los hijos dijo a Amnistía Internacional: “Eran alrededor de las 2.30 de la tarde y estaba en la casa con mi madre y mi hermano. Mi madre y yo somos viudos y la esposa de mi hermano vive en el extranjero. De pronto, un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad acompañados de muchos más residentes marroquíes, más de 100, rompieron la puerta e irrumpieron en la casa. Me pegaron a mí y a mi hermano, no nos preguntaron nada, pero me ordenaron que dijera ‘Viva el rey’ y me pegaron con una porra y con un cuchillo en la cabeza y en la cara y en el pulgar de la mano derecha, y luego me arrojaron fuera de la casa, a la calle.”

Su madre dijo a Amnistía Internacional: “Los residentes marroquíes me dijeron que les diera mi dinero y les di mi bolso, que tenía unos 1.000 dirhams (alrededor de 100 dólares estadounidenses) y dijeron: ‘¿Sólo esto?’ y me pegaron con el bolso. Eran marroquíes, pero no de nuestro barrio.”

Su otro hijo también fue golpeado y acuchillado. Perdió dos dientes y recibió siete puntos de sutura en la cabeza. Antes de marcharse, los atacantes robaron 11 ovejas que la familia tenía detrás de la casa. Cuando la delegación de Amnistía Internacional entrevistó a la familia, más de dos semanas después, todavía tenían graves contusiones y cicatrices, y no habían reparado aún los daños a la propiedad. Uno de los hijos fue una semana después a la Fiscalía General de la Corona a presentar una queja por la agresión y la destrucción y robo de propiedades, pero según informes el fiscal adjunto de la Corona le dijo que la fiscalía no registraba quejas relacionadas con los sucesos del 8 de noviembre y le remitió al Diwan Al Madhalim (véase supra).

Una vecina de esta familia dijo a Amnistía Internacional que los residentes marroquíes y unos miembros de las fuerzas de seguridad también habían atacado su casa: “Mi esposo estaba en el desierto y yo estaba en casa con mis tres hijos. Cuando oí a gente irrumpiendo en mi casa salí corriendo de la cocina al patio trasero y apagué la luz para que no se dieran cuenta de que estábamos en casa. Tomé a los niños y se los pasé uno a uno a mi vecino de al lado y luego me escondí en el patio. Por suerte no salieron al patio y no me vieron.”

En las calles cercanas, los atacantes habían irrumpido en filas enteras de comercios, saqueando y destrozando su contenido; otros fueron incendiados. Una mujer que vive encima de las dos tiendas de su familia dijo a Amnistía Internacional: “Hacia las 7 de la tarde llegó un gran número de residentes marroquíes y con ellos había algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Nos quedamos arriba, encerrados en nuestro apartamento con la cortina cerrada. Arrojaron algunas piedras a nuestras ventanas, pero se dedicaron a las tiendas del piso de abajo. En una de ellas yo vendía ropa importada de España y en la tienda más pequeña de al lado, mi hijo vendía comida. Ahora nuestra familia ya no tiene más ingresos y sólo nos quedan las deudas.” En las tiendas no quedaba prácticamente nada salvo algunos artículos estropeados, y todos los muebles habían sido concienzudamente destrozados.

Un joven cuya pequeña tienda de música situada en la vecindad también había sido saqueada y destrozada dijo a Amnistía Internacional: “Era una tienda pequeña, pero era un gran logro para mí y me costó muchísimo esfuerzo en el clima de pobreza y desempleo de aquí. Ahora ya no me queda nada.”

Hasta la fecha las autoridades no han facilitado información sobre ningún caso de marroquíes detenidos o acusados formalmente en relación con los ataques cometidos contra saharauis y sus viviendas y propiedades.

ACTUACIONES JUDICIALES

Las autoridades marroquíes dijeron a Amnistía Internacional que la mayoría de los saharauis que habían sido detenidos habían sido acusados formalmente de cometer una serie de delitos o de participar en ellos:22 formación de, o pertenencia a, una banda delictiva con el fin de cometer delitos contra personas y propiedades; posesión de armas, reunión armada, destrucción de propiedades públicas e incendio, uso de la violencia contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con resultado de lesiones y muerte, y toma de rehenes. Algunos, incluidos 19 cuyos casos fueron remitidos al Tribunal Militar de Rabat a pesar de que son civiles, están también acusados formalmente de menoscabar la seguridad del Estado.

Amnistía Internacional se opone categóricamente a que los tribunales militares juzguen a civiles, en concreto porque ofrecen menos salvaguardias del derecho a un juicio justo y plantean dudas sobre la independencia y la imparcialidad del tribunal.

Cuatro de las personas detenidas ya han sido juzgadas y condenadas a tres meses de prisión; varias más han sido puestas en libertad en espera de juicio. Las cuatro personas juzgadas y condenadas y las que han sido puestas en libertad en espera de juicio han dicho a Amnistía Internacional que no les dieron la oportunidad de ser representadas por abogados de su elección en las vistas judiciales. A Amnistía Internacional le preocupa que pueda presentarse y aceptarse como prueba en las próximas actuaciones judiciales información obtenida bajo tortura o coacción. Varios detenidos dijeron a la delegación de Amnistía Internacional que los funcionarios encargados de hace cumplir la ley les habían obligado a firmar declaraciones (o habían puesto la huella de su pulgar en ellas) que no les permitieron leer.



DETENCIONES DE ACTIVISTAS SAHARAUIS

Entre las personas detenidas por las autoridades marroquíes el 8 de noviembre y los días y semanas siguientes había miembros de organizaciones saharauis de derechos humanos y activistas políticos saharauis que ya habían sido detenidos u hostigados por las autoridades previamente. Ennaâma Asfari, copresidente del Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, con sede en Francia, fue detenido el 7 de noviembre, la víspera del desmantelamiento del campamento de protesta.23 Asfari es uno de los activistas actualmente recluidos en la prisión de Salé y que podría ser juzgado por el Tribunal Militar. Otro activista que puede ser juzgado por este tribunal es Ahmed Sbai, miembro de la junta ejecutiva de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y ex preso de conciencia, que fue detenido el 8 de diciembre.24 Mohamed Tahlil, también perteneciente a la ASVDH, fue detenido el 4 de diciembre en una cafetería de El Aaiún junto con otras dos personas. Banga al-Cheick, miembro del Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA), fue detenido el 8 de noviembre durante el desmantelamiento del campamento. El director del Centro Saharaui para la Preservación de la Memoria Colectiva, Brahim Ismaili, fue detenido en los días siguientes al desmantelamiento del campamento.

Las autoridades marroquíes tienen la responsabilidad de llevar ante la justicia a las personas responsables de homicidios y otros actos violentos y delitos contra personas y propiedades. Las detenciones de renombrados defensores de derechos humanos y activistas políticos conocidos por defender la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y criticar su administración por el gobierno marroquí ha suscitado el temor de que las autoridades traten de implicar a críticos y adversarios pacíficos en los sucesos ocurridos el 8 de noviembre debido a sus opiniones y actividades políticas.



RECOMENDACIONES



Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes:

  • Que garanticen la realización de investigaciones judiciales inmediatas sobre todos los abusos contra los derechos humanos que según se denuncia se cometieron en relación con los sucesos del 8 de noviembre, mediante investigaciones judiciales de cada caso o mediante la creación de una comisión de investigación independiente e imparcial con autoridad para obligar a comparecer a testigos, facultades de apercibimiento y acceso sin trabas a toda la información pertinente, incluida la documentación oficial y todo el material filmado y vídeos compilados el 8 de noviembre sin editar, y acceso a los centros de detención pertinentes. Asimismo, las autoridades marroquíes deben garantizar que todas las personas responsables de agresiones, torturas y otros malos tratos y otros ataques contra personas y propiedades son enjuiciadas con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal;

  • Que adopten medidas para garantizar que los detenidos están plenamente protegidos de la tortura y otros malos tratos; y comuniquen de forma clara e inequívoca a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que no se tolerarán las torturas y los malos tratos a personas detenidas o apresadas por las fuerzas de seguridad, y que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad a quien se halle responsable de estos actos será enjuiciado;

  • Que ordenen a los fiscales de la Corona y a los jueces de instrucción que registren e investiguen sin dilación cualquier caso en el que las personas que comparecen ante ellos denuncien haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos o cuyo estado indique que podrían haber sido agredidas o torturadas o sometidas a otros malos tratos, incluso si el acusado no presenta una queja ni solicita investigaciones;

  • Que garanticen que los detenidos tienen la oportunidad de ser representados por abogados de su elección cuando comparezcan ante fiscales de la Corona y jueces de instrucción y en las vistas de su juicio, y que los juicios se celebran con arreglo a las normas internacionales de imparcialidad procesal, y en concreto que ninguna información obtenida bajo tortura o coacción es utilizada como prueba en las actuaciones judiciales. Asimismo, las autoridades deben garantizar que ningún civil es juzgado por el Tribunal Militar.

  • Que hagan públicos los nombres de las personas detenidas y los cargos formulados contra ellas;

  • Que garanticen que se facilita a las familias de los dos saharauis que murieron el 8 de noviembre los informes de la autopsia, el certificado médico y cualquier otro dato o información necesario para aclarar las circunstancias y causas de su muerte;

  • Que hagan públicas de inmediato las instrucciones sobre el uso de la fuerza impartidas al personal encargado de hacer cumplir la ley y a los miembros de las fuerzas de seguridad, y garanticen que son conformes con las normas internacionales correspondientes, concretamente el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

  • Que pongan en práctica sin más dilación la recomendación formulada por la Comisión de Equidad y Reconciliación en su informe final de enero de 2006 de reformar los organismos marroquíes de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que sus políticas y prácticas son conformes con las leyes y normas internacionales de derechos humanos pertinentes.

  • Que modifiquen el Código de Enjuiciamiento Criminal para garantizar su plena conformidad con las leyes y normas de derechos humanos, incluida la modificación del artículo 66, limitando el periodo de detención preventiva a un mínimo estricto y concediendo a los detenidos acceso inmediato a su abogado y a su familia; y que garanticen que en la práctica, las familias de los detenidos son informadas inmediatamente de su paradero y tienen acceso inmediato a sus familiares;

  • Que confirmen el derecho de todos los saharauis a la libertad de expresión, de asociación y de reunión; y garanticen que quienes expresan pacíficamente opiniones a favor de la libre determinación no sufren represalias.

Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad de la ONU:

  • Que modifique el mandato de la MINURSO cuando expire, el 30 de abril de 2011, para incluir un mecanismo que observe la situación de los derechos humanos tanto en el Sáhara Occidental como en los campamentos de refugiados administrados por el Polisario en el Tinduf, en el suroeste de Argelia, e informe de ella.





1 Los cálculos sobre el número de saharauis que estaban en el campamento de Gdim Izik cuando entraron las fuerzas de seguridad marroquíes la mañana del 8 de noviembre varían entre alrededor de 2.000 y más de 10.000. Amnistía Internacional no ha podido verificar la cifra exacta ni el número total de personas que estuvieron en el campamento durante el tiempo que éste permaneció abierto, desde principios de octubre hasta el 8 de noviembre de 2010, aunque se calcula que fueron 20.000 o más, pues muchos de sus habitantes dividían su tiempo entre el campamento y la ciudad. Según Mohammed Jelmous, wali (gobernador) de El Aaiún en el momento en que se desmanteló el campamento, intervinieron en la acción unos 3.000 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de varios organismos, incluidas las fuerzas auxiliares, las Fuerzas de Intervención Rápida (policía antidisturbios), la Gendarmería Real y la policía.

2 Las autoridades marroquíes difundieron un vídeo titulado What really happed in Laayoune, Western Sahara on 8 November 2010 (Qué ocurrió realmente en El Aaiún, Sáhara Occidental, el 8 de noviembre de 2010) en el que se muestra el comportamiento violento de algunos manifestantes saharauis. Pueden ver el vídeo en: http://www.youtube.com/watch?v=nLjYtgCbZNE

3 Agence Maghreb Arabe Press, Mr. Taeb Cherkaoui confirms that the peaceful intervention of security forces in the Gdim Izik camp was mainly aimed at lifting the blockage of citizens imposed by armed militias, 16 de noviembre de 2010.

4 Agence Arabe Maghreb Press, Evénements de Laâyoune: Deux des quatre décès avancés par le "polisario" sont "fictifs" (Europa Press), 18 de noviembre de 2010, disponible en: http://www.map.ma/fr/sections/lire_aussi/evenements_de_laayou3577/view

5 Agence Arabe Maghreb Press, Mise au point du wali de Laâyoune au quotidien " El Mundo " au sujet de la publication d'informations dénuées de tout fondement, 10 de diciembre de 2010, disponible en: http://www.map.ma/fr/sections/lire_aussi/mise_au_point_du_wal/view

6 Cuando la delegación de Amnistía Internacional visitó el Hospital Militar de El Aaiún el 25 de noviembre, con la autorización de Mohammed Jelmous, wali (gobernador) de la región de El Aaiún-Boujdour-Saguia El Hamra, la dirección del centro dijo que no había detenidos en el hospital, a pesar de que, mientras Amnistía Internacional estaba ahí, las familias de cuatro detenidos estaban visitando a sus parientes. El 29 de noviembre, la delegación volvió al hospital y pidió visitar a cuatro detenidos concretos recluidos en el centro cuyos nombres facilitó y cuyas familias estaban visitándolos en ese momento. La dirección del hospital dijo de nuevo a la delegación que los detenidos no estaban en el centro. Mientras tanto, el gobernador Mohammed Jelmous había sido sustituido dos días antes y la delegación de Amnistía Internacional no pudo ponerse en contacto con el nuevo gobernador antes de marcharse de El Aaiún.

7 Las autoridades de Rabat aconsejaron a la delegación de Amnistía Internacional que dirigiera sus peticiones a las autoridades locales de El Aaiún, que a su vez comunicaron a la delegación que debían pedir autorización a las autoridades de Rabat.

8 Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores dijeron que había 77 personas detenidas, que habían puesto en libertad a siete y que seis de los detenidos estaban procesados por el Tribunal Militar. Según funcionarios del Ministerio de Justicia, comparecieron ante los tribunales 138 personas: 114 estaban siendo investigadas por el juez instructor de El Aaiún, una estaba bajo la jurisdicción del juzgado de menores de El Aaiún, cuatro habían sido condenadas a tres meses de prisión por el Juzgado de Primera Instancia de El Aaiún, y siete habían sido puestas en libertad. Según el director general de Administración Penitenciaria y Rehabilitación, fueron detenidos 117 hombres y dos mujeres. Según el fiscal general de la Corona de El Aaiún, fueron detenidas 115 personas, siete fueron puestas en libertad y 12, procesadas por el Tribunal Militar.

9 Amnistía Internacional, comunicado de prensa, Marruecos debe investigar las muertes en el campamento del Sáhara Occidental 11 de noviembre de 2010, disponible en: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/marruecos-investigar-muertes-campamento-sahara-2010-11-11

10 Algunos miembros de la comisión parlamentaria de investigación viajaron a El Aaiún poco después del 10 de diciembre para entrevistar a testigos y otras personas y llevar a cabo su investigación. Véase Agence Maghreb Arabe Press, Evénements de Laâyoune: La commission parlementaire d'enquête poursuit l'audition des différentes parties et la collecte des données, 15 de diciembre de 2010, disponible en: http://www.map.ma/fr/sections/politique/evenements_de_laayou3287/view. Más información complementaria (en árabe) en: http://www.hespress.com/?browser=view&EgyxpID=25767

11 Si desean más información sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, consulten:


  • Amnistía Internacional, comunicado de prensa, Juicio a activistas saharauis por visitar los capos de refugiados (Índice AI: PRE01/343/2010), 14 de octubre de 2010, disponible en: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/juicio-activistas-saharauis-visitar-campos-refugiados-2010-10-14

  • Amnistía Internacional, noticia web, Marruecos debe poner fin al hostigamiento de los activistas saharauis, 8 de abril de 2010, disponible en: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/marruecos-acabar-hostigamiento-activistas-saharauis-2010-04-09

  • Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: La expulsión de la defensora de derechos humanos es un signo de creciente intolerancia (Índice AI: MDE 29/012/2009), 17 de noviembre de 2009, disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/MDE29/012/2009/es

  • Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Ocho nuevos presos de conciencia en octubre (Índice AI: MDE 29/011/2009), 6 de noviembre de 2009, disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/MDE29/011/2009/es

  • Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Deben investigarse las denuncias de tortura de un defensor saharaui de derechos humanos (Índice AI: MDE 29/004/2009), 12 de mayo de 2009, disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/004/2009/es

  • Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Irregularidades en el juicio de activistas saharauis (Índice AI: MDE 29/016/2008), 23 de diciembre de 2008, disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/MDE29/016/2008/es

  • Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Posible pena adicional de prisión para dos defensores saharauis de derechos humanos (Índice AI: MDE 29/011/2007), 17 de octubre de 2007 disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/MDE29/011/2007/es

  • Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Juicio de defensor saharaui de derechos humanos (Índice AI: MDE 19/007/2006) 1 de abril de 2006, disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/MDE29/007/2006/es

  • Amnistía Internacional, informe, Marruecos/Sáhara Occidental: Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis (Índice AI MDE 29/008/2005), 24 de noviembre de 2005, disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/MDE29/008/2005/es

12La segunda alegación de violación que aún no se ha denunciado a las autoridades fue realizada por una mujer saharaui de 25 años, que declaró a la delegación de Amnistía Internacional que tras ser detenida el 9 de noviembre, varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley marroquíes la violaron dentro de una furgoneta policial. Posteriormente fue puesta en libertad sin cargos.

13 Se refiere a la Conferencia Internacional que se celebró en la capital de Argelia, Argel, bajo el lema “El derecho de los pueblos a la resistencia: El caso del pueblo saharaui”. Véase El Moudjahid, Conférence internationale sur les droits des peuples à la résistance: cas du peuple sahraoui: 300 participats dont 120 étrangers à Alger, 21 de septiembre de 2010, disponible en: http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/2876

14 El director general de Administración Penitenciaria y Rehabilitación dijo a la delegación de Amnistía Internacional que la ley no contiene ninguna disposición que permita el acceso de las ONG a los detenidos y que sólo autorizaría dicho acceso si se lo ordenaba la autoridad judicial correspondiente, es decir, el fiscal general de la Corona de El Aaiún en el caso de los detenidos recluidos en la prisión de El Aaiún. Por su parte, el fiscal general de la Corona de El Aaiún dijo a la delegación de Amnistía Internacional que esta debía solicitar autorización a las autoridades de Rabat.

15 Los jueces de instrucción deben ordenar que el acusado sea sometido a un examen médico si así se solicita o por iniciativa propia si observan señales de tortura o malos tratos.

16 Véase la nota 10, supra.

19 Según el artículo 6 del real decreto por el que se establece el Diwan Al Madhalim, entre sus cometidos no figura estudiar casos de violaciones de derechos humanos (está obligado a remitirlos a la CCDH). Tampoco puede estudiar casos en los que la parte demandante no haya agotado otros recursos, ni casos presentados ante los tribunales: http://www.dam.ma/anglais/index.php?id_page=3&id_sous_page=1

20 Sin embargo, sigue suscitando preocupación el hecho de que ni el “intento de cometer tortura” ni la “complicidad o participación en torturas” estén expresamente tipificados como delito.

21 Para más información sobre la impunidad por torturas consulten Amnistía Internacional, documento, Marruecos: Continúan los abusos contra personas sospechosas de participar en actividades relacionadas con el terrorismo en Marruecos (Índice AI: MDE 29/013/2010), 12 de junio de 2010, disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/013/2010/es; y Amnistía Internacional, informe, Broken Promises: the Equity and Reconciliation Commission and its follow up (Índice AI: MDE 29/001/2010), 6 de enero de 2010, disponible en: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/001/2010/en/63d99172-428d-4717-8c25-866c879c80e9/mde290012010en.pdf

22 Incluidos los artículos 206, 267, 293, 294, 380, 580 del Código Penal.

23 Para más información sobre enjuiciamientos anteriores a que ha sido sometido Ennaâma Asfari, véase Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Defensor de los derechos humanos debe ser juzgado con las debidas garantías (Índice AI: MDE 29/009/2009), 17 de agosto de 2009, disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/009/2009/es

24 Para más detalles sobre el encarcelamiento previo de Ahmed Sbai, véase Amnistía Internacional, declaración pública, Marruecos/Sáhara Occidental: Posible pena adicional de prisión para dos defensores saharauis de derechos humanos (Índice AI: MDE 29/011/2007), 11 de octubre de 2007, disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE29/011/2007/es