Document - Maroc/Sahara occidental. Les réformes globales pour mettre fin aux violences faites aux femmes auraient dû être menées il y a longtemps

MARRUECOS Y SÁHARA OCCIDENTAL REFORMAS INTEGRALES, QUE DEBERÍAN HABERSE ADOPTADO HACE TIEMPO, PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Amnesty International Publications

Publicado originalmente en 2013 por Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW Reino Unido www.amnesty.org

© Amnesty International Publications 2013

Índice: MDE 29/001/2013 Idioma original: inglés.

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ÍNDICE Prejuicios contra las mujeres en el Código Penal ............................................................... 5

La legislación relativa a la violación debe enmendarse para proteger a las víctimas .............. 5

Otras disposiciones legales discriminatorias susceptibles de reforma ................................... 7

La necesidad de combatir la discriminación contra las mujeres en Marruecos ..................... 7

Compromisos de Marruecos en virtud del derecho nacional e internacional de los derechos humanos ........................................................................................................................ 7

Marruecos y Sáhara Occidental Reformas integrales, que deberían haberse adoptado hace tiempo, para poner fin a la violencia contra las mujeres

“Pedimos una reforma de todas las secciones de la ley que son perjudiciales para los derechos de las mujeres, como las que favorecen el honor de la familia a costa de la dignidad de las mujeres” Khadija Ryadi, presidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en conversación con Amnistía Internacional

El suicidio de Amina Filali, de 16 años, obligada a casarse con el hombre que según su testimonio la había violado, suscitó la indignación general en Marruecos y ha impulsado a las autoridades a modificar la legislación que permite al violador eludir el enjuiciamiento si se casan con la víctima.

El artículo 475 del Código Penal saltó al primer plano en marzo de 2012, cuando Amina Filali ingirió un raticida, tras haber sido maltratada, según los informes, por el hombre con el que había sido obligada a casarse y su familia, con la que vivía.

En enero de 2013, la Comisión de Justicia y Legislación de la Cámara de Consejeros (cámara alta del Parlamento) adoptó por unanimidad una propuesta para suprimir el párrafo segundo del artículo 475, una disposición que permite de hecho que los violadores eludan el enjuiciamiento si se casan con su víctima.

Sin embargo, la enmienda del artículo 475 debe ser únicamente un primer paso para abordar deficiencias que vienen de antiguo en la legislación de Marruecos, incluido el Código Penal, que discrimina a las mujeres y niñas, y garantizar su protección efectiva frente a la violencia.

La muerte de Amina Filali provocó indignación, pero su terrible experiencia dista de ser un caso aislado, de acuerdo con organizaciones que trabajan en los derechos de las mujeres en el Norte de África. El caso de Amina sacó a la luz disposiciones legales del Código Penal de Marruecos, pero también de otros países del Norte de África en los que existen disposiciones semejantes.1

1 El artículo 326 del Código Penal argelino estipula que toda persona que, sin recurrir a violencia, amenazas o engaño, secuestre o corrompa a una persona menor de edad o intente hacerlo será castigada con entre uno y cinco años de prisión y una multa de entre 500 y 2000 dinares argelinos. El segundo párrafo de este artículo estipula que cuando la menor secuestrada o corrompida se case con su secuestrador, éste sólo podrá ser enjuiciado previa denuncia de quienes tengan derecho a solicitar la anulación del matrimonio, y sólo podrá ser condenado una que se haya pronunciado la anulación. El artículo 227 bis del Código penal tunecino estipula que someter a una menor de 15 años a relaciones sexuales sin recurrir a la violencia, será castigado con seis años de prisión. Este artículo dispone también que el matrimonio del culpable con la víctima detiene las diligencias o los efectos de la condena.

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contra las mujeres

PREJUICIOS CONTRA LAS MUJERES EN EL CÓDIGO PENAL El artículo 475 del Código Penal dispone que toda persona que secuestre o corrompa a una persona menor de edad, sin recurrir a violencia, amenazas o engaño, o intente hacerlo, será condenada a entre uno y cinco años de prisión. El párrafo segundo de este artículo estipula que si la menor se casa con su secuestrador, éste sólo podrá ser enjuiciado previa denuncia de las personas facultadas para solicitar la anulación del matrimonio, y en ese caso sólo podrá ser condenado una vez que se haya pronunciado la anulación. De acuerdo con organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en Marruecos, esta disposición se ha aplicado en casos de violación con el fin de proteger el supuesto “honor” de la víctima y su familia.

La legislación marroquí en su forma actual no protege de modo adecuado a las mujeres de la violencia ni les proporciona recursos efectivos cuando se produce la violencia. En cambio, refleja el énfasis de la sociedad en el “honor” y la “respetabilidad” de la mujer en vez de hacerlo en sus derechos como superviviente de violencia.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Marruecos a abordar las graves deficiencias del Código Penal y a adoptar nuevas disposiciones que tipifiquen como delito la violencia sexual en todas sus formas. Esto debe incluir las relaciones sexuales sin consentimiento (denominadas generalmente “violación”), la agresión sexual con agravantes, los abusos deshonestos, otros actos indecentes (delitos que generalmente implican tocamientos inapropiados, incluso de los genitales y otras zonas íntimas, o bien obligar a una persona a tocar los genitales o zonas íntimas de otra persona) y el acoso sexual. Cuando el Parlamento aborde estas reformas, debe llevar a cabo una consulta significativa con la sociedad civil y en particular con las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

LA LEGISLACIÓN RELATIVA A LA VIOLACIÓN DEBE ENMENDARSE PARA PROTEGER A LAS VÍCTIMAS El artículo 486 del Código Penal define la violación como el acto por el cual “un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer contra la voluntad de ésta”, y está penado con entre 5 y 10 años de prisión. Si la violación se comete contra una menor de 18 años, una persona incapacitada, una persona con discapacidad mental o una mujer embarazada, la pena es de entre 10 y 20 años de prisión.

Esta disposición debe enmendarse para reflejar las normas internacionales relativas a la violación. La definición debe ser neutral en cuanto al género para que proteja a todas las víctimas de violación cualquiera que sea su género. Debe adoptar una definición del delito que vaya más allá de la penetración de una vagina por un pene para reflejar mejor la realidad de que la violación se comete de diferentes maneras, y describir diferentes circunstancias coactivas que no requieren necesariamente violencia física. La definición que se ofrece en los Elementos de los Crímenes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional proporciona orientación para redactar una nueva disposición.2 La violación se define en los términos siguientes: “Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con

2 Elementos de los Crímenes (PCNICC/2000/1/Add.2), http://documents-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/724/30/pdf/N0072430.pdf?OpenElement.

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un objeto u otra parte del cuerpo” y “[q]ue la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento”. Los Elementos de los Crímenes agregan: “Se entiende que una persona es incapaz de dar su libre consentimiento si adolece de una incapacidad natural, inducida o debida a la edad”.3

Aunque el artículo 487 del Código Penal dispone que cuando los autores de la violación sean ascendientes de la víctima, o personas que “tienen autoridad” sobre ella o son sus tutores, la violación se castigará con penas de 10 a 20 años de prisión, el Código Penal no incluye la violación en el matrimonio como delito específico. Debe enmendarse el Código Penal para incluir específicamente la violación en el matrimonio, cuya pena no debe ser menor que la especificada para los acusados que no estén casados con la víctima.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación asimismo el hecho de que las disposiciones relativas a la violación estén incluidas en una sección del Código Penal que se ocupa de los delitos contra el decoro o las buenas costumbres (attentats aux moeurs). De este modo se pone el énfasis en la “moralidad” y el estado civil en vez de ponerlo en el atentado contra la integridad corporal de la víctima. Deben enmendarse con carácter inmediato las penas previstas en el Código Penal que varían dependiendo del estado civil de la víctima o de su virginidad, y todas las víctimas deben recibir el mismo trato sin tomar en consideración si son vírgenes o si están casadas.

El artículo 488 prevé condenas más severas si la violación y los “abusos deshonestos” (attentat à la pudeur) tienen como consecuencia la pérdida de la virginidad de la mujer. En caso de violación, la pena es de 10 a 20 años, y de 5 a 10 años si la mujer no ha perdido la virginidad como consecuencia de la violación.

Amnistía Internacional considera motivo de preocupación los informes según los cuales la enmienda propuesta del artículo 475 mantiene esta distinción al prever penas más severas en el caso de que, como consecuencia de la violación, la víctima pierda la virginidad. La distinción entre las víctimas de violación dependiendo de si eran vírgenes o no lo eran es discriminatoria y degradante.

Otra disposición que es preciso revocar es el artículo 496 del Código Penal, que dispone que ocultar a una mujer casada que “eluda la autoridad a la que está sometida legalmente” es punible con entre uno y cinco años de prisión y una multa. Además de la implicación discriminatoria de que una mujer casada está sometida a una autoridad distinta de la suya propia, esta disposición significa que los refugios para las mujeres que huyen de la violencia en el ámbito familiar pueden ser objeto de sanciones penales.

3 Véase Amnistía Internacional, Violación y violencia sexual. Leyes y normas de derechos humanos en la Corte Penal Internacional (IOR 53/001/2011, marzo de 2011), http://www.amnesty.org/es/library/info/IOR53/001/2011/es

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contra las mujeres

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DISCRIMINATORIAS SUSCEPTIBLES DE REFORMA Amnistía Internacional considera motivo de preocupación el hecho de que, en virtud del artículo 494 del Código Penal, toda persona que “mediante engaño, violencia o amenazas”, secuestre a una mujer casada o se la lleve de un lugar donde la hayan dejado “aquellos a cuya autoridad u orientación estaba sometida o confiada” será castigada con entre uno y cinco años de prisión y una multa. Esta disposición debe ser enmendada para reflejar el principio de que toda persona adulta, cualesquiera que sean su género o su estado civil, debe ser protegida frente a secuestros, y debe ponerse el énfasis en su falta de consentimiento y no en que se las sustraiga de la autoridad de otra persona. Las autoridades marroquíes deben suprimir también el artículo 490 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones sexuales mantenidas de mutuo acuerdo entre personas no casadas y prevé una pena de entre un mes y un año de prisión.

Tipificar como delito las relaciones sexuales consentidas entre adultos –sea cual sea su estado civil– viola el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. Además, esta disposición disuade a las víctimas de violación de presentar denuncias, porque podrían ser procesadas por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

LA NECESIDAD DE COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN MARRUECOS Las reformas legislativas para adecuar la legislación marroquí al derecho y las normas internacionales de derechos humanos son fundamentales para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, pero no basta con cambiar la ley. En una sociedad donde las mujeres no disfrutan de condiciones de igualdad con los hombres, no es sólo la ley sino también unas actitudes sociales profundamente arraigadas lo que conduce a la discriminación de las mujeres, como ha sucedido en la aplicación del artículo 475.

Amnistía Internacional insta a las autoridades de Marruecos a cumplir con las obligaciones contraídas en virtud del artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), tomando las medidas necesarias para “[m]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. Estas medidas deben incluir la capacitación de la policía y la judicatura para tratar con sensibilidad las denuncias de violencia contra mujeres y niñas y para proteger a las propias víctimas, no su supuesto “honor” o su “moral”.

COMPROMISOS DE MARRUECOS EN VIRTUD DEL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS El artículo 19 de la nueva Constitución, adoptada en julio de 2011, garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, la igualdad se garantiza dentro de las disposiciones de la Constitución y de las leyes de Marruecos, cuyas disposiciones discriminan a las mujeres, como en los asuntos relativos a la herencia.

Aunque Marruecos es parte en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

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Discriminación contra la Mujer (CEDAW), matiza su obligación de eliminar la discriminación de las mujeres con la condición de que esto no debe entrar en conflicto con la ley de la sharia (ley islámica). El levantamiento de sus reservas a los artículos 9 y 16 de la Convención en abril de 2011, y el hecho de que en noviembre de 2012 el gobierno iniciase el proceso para permitir que Marruecos sea parte en el Protocolo Facultativo de la CEDAW son medidas bienvenidas. Sin embargo, mientras Marruecos siga matizando su obligación de eliminar la discriminación de las mujeres y manteniendo disposiciones legales discriminatorias, las mujeres seguirán siendo objeto de desigualdad en el trato, no sólo en la práctica sino también en la ley. Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a levantar las reservas que aún mantiene a la CEDAW y a enmendar todas las leyes que siguen discriminando a las mujeres y constituyen obstáculos para luchar contra la violencia de género.

Al examinar el cumplimiento por Marruecos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 2008, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Marruecos a aprobar legislación sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, así como a modificar “sin demora el Código Penal a fin de tipificar como delito la violación en el matrimonio y para que los procedimientos penales contra los violadores no terminen si se casan con las víctimas”. En diciembre de 2011, el Comité de la ONU contra la Tortura reiteró estas recomendaciones.

Las leyes y las autoridades de Marruecos fallaron a Amina Filali. Ahora deben revisar con urgencia el Código Penal para asegurarse que no se mantiene ninguna disposición discriminatoria y que las víctimas de violencia de género en Marruecos saben que la ley está ahí para protegerlas y no para hacerlas víctimas por partida doble.

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