Document - Arabia Saudí: Debe verse que se hace justicia

Artículo de news.amnesty

MDE 23/010/2004
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE230102004

Arabia Saudí: Debe verse que se hace justicia

La decisión de las autoridades de Arabia Saudí de enjuiciar públicamente a tres hombres detenidos en marzo debe verse como un paso positivo para la mejora del respeto a los derechos humanos en este país. No obstante, esta iniciativa se ve empañada por el hecho de que el gobierno no haya permitido que organizaciones como Amnistía Internacional envíen delegados para observar los juicios. Al denegar su autorización para que los observadores independientes tengan la oportunidad de verificar la imparcialidad de estos juicios, las autoridades saudíes se están negando a sí mismas la oportunidad de demostrar sus avances en materia de derechos humanos.

El juicio del Dr. Matrouk al-Falih, el Dr. Abdullah al-Hamid y el Sr. Ali al-Deminy, que fue aplazado el pasado lunes, lo pone de manifiesto. Las autoridades saudíes no permitieron que el delegado de Amnistía Internacional, Hachemi Jegham, observara este juicio. Si bien es cierto que las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar el orden público durante las actuaciones judiciales, el hecho de que no pudiera efectuarse una observación independiente de los incidentes que, según informes, tuvieron lugar en la sala del juicio y que llevaron a su aplazamiento hace que estos hechos sean imposibles de verificar.

Al parecer, el juicio de los tres hombres detenidos en marzo tras pedir el establecimiento de una monarquía constitucional y criticar a la clase dirigente, pidiendo reformas –juicio que, de forma poco común, se celebrará en público– fue aplazado cuando el juez declaró que se estaba faltando al respeto a los reglamentos judiciales. Según informes de prensa, un grupo de simpatizantes de los encausados había interrumpido la vista gritando consignas reformistas.

No se ha hecho pública la fecha de la próxima vista. Las autoridades saudíes no han otorgado el visado de entrada a Hachemi Jegham, abogado tunecino seleccionado por Amnistía Internacional para asistir a este juicio como observador.

Los tres hombres se contaban entre al menos 11 personas detenidas en marzo. Ocho de ellas quedaron en libertad en abril y mayo tras firmar declaraciones en las que se comprometían a solicitar autorización del gobierno antes de llevar a cabo cualquier actividad política en público. El Dr. Matrouk al-Falih, el Dr. Abdullah al-Hamid y el Sr. Ali al-Deminy se negaron a firmar tales declaraciones. Desde entonces están recluidos en dependencias del servicio de Investigaciones Generales (al-Mabahith al-‘Amma) en ‘Ulaysha, en Riad.

Pese a los motivos de preocupación en torno a estos juicios, el hecho de que se celebren en público contrasta con las circunstancias de otro caso, que ha recibido bastante menos publicidad: el de la detención de tres hombres de la familia Zua’ir. El Dr. Sa'id bin Al Zua'ir fue detenido en abril de 2004 en relación con sus críticas contra el gobierno y sus llamamientos en pro de reformas políticas en Arabia Saudí. Sus dos hijos, Sa'd bin Sa'id Al Zua'ir y Mubarak bin Sa'id Al Zua'ir, fueron detenidos en julio de 2002 y junio de 2004 respectivamente, en relación con la campaña pública que venían librando para difundir la detención del Dr. Sa'id bin Al Zua'ir y pedir su puesta en libertad.

Los tres están recluidos en la prisión de Al Hair, en Riad, sin que se hayan formulado cargos en su contra. El Dr. Sa'id bin Al Zua'ir fue detenido por primera vez en mayo de 1995 y ha pasado más de siete años privado de libertad. Actualmente está en huelga de hambre para protestar por la negativa del gobierno de permitir que otro de sus hijos, Abdullah bin Sai'd Al Zua'ir, actúe como su representante letrado.

La familia de Sa'd bin Sa'id Al Zua'ir no ha recibido información alguna sobre la condición jurídica del detenido desde su aprehensión, practicada en 2002; Mubarak bin Sa'id Al Zua'ir lleva casi 60 días detenido. A ninguno de los dos se les ha permitido comunicarse con sus familiares o abogados.

Toda persona detenida sin cargos debe ser puesta en libertad de inmediato a menos que se la vaya a acusar sin dilación de un delito común reconocible. Las autoridades saudíes deben hacer públicos con exactitud los cargos que pesan sobre el Dr. Sa'id bin Al Zua'ir y sus hijos, Sa'd bin Sa'id Al Zua'ir y Mubarak bin Al Zua'ir.

Los seis hombres deben ser sometidos a un juicio pronto e imparcial, conforme a las normas internacionales de justicia procesal, y las autoridades deben permitir que organizaciones como Amnistía Internacional envíen observadores al juicio. Además, todos estos hombres deben ser protegidos contra la posibilidad de sufrir tortura o malos tratos y se les debe permitir que se comuniquen periódicamente con sus familiares y con abogados de su elección, así como recibir cualquier asistencia médica que necesiten.

Amnistía Internacional cree que es posible que se trate de presos de conciencia, privados de libertad únicamente por haber ejercitado pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación. La organización exhorta al gobierno saudí a devolver la libertad de inmediato y sin condiciones a toda persona recluida únicamente por pedir reformas políticas en Arabia Saudí.

Para que el sistema de justicia penal saudí proteja los derechos humanos, debe demostrarse que los procedimientos seguidos se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y que se aplican a todos los individuos por igual. Amnistía Internacional ha formulado reiteradas peticiones a las autoridades de Arabia Saudí para que permitan que sus representantes visiten el país. Hasta la fecha, la organización no ha recibido respuesta alguna. En consecuencia, las autoridades se están negando a sí mismas la oportunidad de demostrar que están haciendo avances con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos en su país.
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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.