Document - Qatar should take steps to end use of torture and other ill-treatment

Qatar should xx on torture and other ill-treatment

AMNISTÍA INTERNACIONAL�DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: MDE 22/003/2012

28 de noviembre de 2012

Qatar debe tomar medidas para poner fin al uso de la tortura y otros malos tratos

Amnistía Internacional ha instado hoy al gobierno qatarí a tomar medidas inmediatas para aplicar las observaciones finales formuladas el 23 de noviembre por el Comité de la ONU contra la Tortura respecto al cumplimiento, por parte de Qatar, de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante (en adelante, la Convención).

Las autoridades qataríes tienen la oportunidad de demostrar que se toman en serio las conclusiones y recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura. Amnistía Internacional reitera los llamamientos formulados en las observaciones finales e insta a Qatar a dar un primer paso para cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud de la Convención aplicando la recomendación clave del Comité de “tomar medidas efectivas para garantizar que todos los detenidos, incluidos los no ciudadanos, gozan, en la práctica, desde el momento mismo de la detención, de todas las salvaguardias jurídicas fundamentales, incluidos los derechos a recibir sin demora asistencia letrada y ser examinados por un médico independiente, ponerse en contacto con sus familiares y comparecer ante un juez dentro de un plazo establecido, de acuerdo con las normas internacionales”. Esa acción ayudaría a reducir el riesgo de tortura y otros malos tratos documentado por Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el hecho de que, en virtud de la Ley de Protección de la Sociedad, puede recluirse a personas sin cargos ni juicio durante un periodo de hasta seis meses por orden del ministro del Interior, actuando por recomendación del director general de Seguridad Pública. Esta reclusión puede posteriormente ampliarse a un periodo de hasta dos años si así lo decide el primer ministro. La Ley de Lucha contra el Terrorismo también establece la reclusión prolongada sin cargos ni juicio. Estas leyes no incluyen disposición alguna para que los detenidos tengan acceso a sus familias o a asistencia letrada, lo que en la práctica permite mantener a estas personas recluidas en régimen de incomunicación. De esta manera, estas leyes facilitan la tortura y otros malos tratos.

El Comité expresó también su honda preocupación respecto a la legislación, y pidió a Qatar “que garantice que se proporcionan, en la ley y en la práctica, todas las salvaguardias a todas las personas privadas de libertad. Esto incluye la disponibilidad de remedios judiciales y de otro tipo que permitan que las denuncias de estas personas se examinen de manera inmediata e imparcial, y que permitan a estas personas impugnar la legalidad de su detención o su trato”.

La Ley de Protección de la Sociedad no incluye ninguna disposición que garantice a los detenidos el acceso a familiares o asistencia letrada. Desde 2006, una docena de personas detenidas en virtud de esta ley han sido sometidas a detención en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio, durante semanas o meses. La Ley de Lucha contra el Terrorismo tampoco incluye ninguna disposición que garantice a los detenidos el acceso a sus familias o a asistencia letrada, con lo que, de hecho, permite mantenerlos recluidos en régimen de incomunicación.

El Comité ha pedido a Qatar que “revise el uso de la detención en régimen de incomunicación con vistas a su abolición, y garantice que la reclusión en régimen de aislamiento sigue siendo una medida excepcional de duración limitada, de conformidad con las normas internacionales”. También ha pedido que se reformen la Ley de Protección de la Sociedad y la Ley de Lucha contra el Terrorismo para conformarlas a la Convención.

Amnistía Internacional siente preocupación porque continúan recibiéndose denuncias de tortura y otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante, porque las leyes qataríes carecen de salvaguardias suficientes para proteger a los detenidos frente a la tortura y otros malos tratos, y porque, en la práctica, no existen sistemas adecuados para garantizar que las denuncias de tortura u otros malos tratos se investigan de manera inmediata e independiente y que se otorga a las víctimas remedio o reparación adecuados.

Amnistía Internacional ha recibido una docena de informes de tortura u otros malos tratos contra detenidos durante el periodo abarcado por el informe del gobierno de Qatar (2004-2009) y desde entonces. Los métodos de tortura y otros malos tratos de los que ha tenido noticia la organización incluyen palizas, colgar a los detenidos durante horas, privación del sueño, reclusión en régimen de aislamiento en celdas pequeñas durante semanas o meses, obligar a los detenidos a permanecer de pie durante horas ininterrumpidamente, hacerles dormir en el suelo sin colchón, negarles el acceso a artículos de higiene tales como el jabón, o someterlos a temperaturas extremas durante periodos prolongados. En algunos casos, se ha sometido a detenidos a amenazas que podrían constituir tortura u otros malos tratos.

Tal como recomendó el Comité, el gobierno qatarí debe garantizar, en particular, que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos son investigadas sin demora y de manera exhaustiva por órganos independientes, sin que exista relación institucional o jerárquica entre los investigadores y los policías presuntamente responsables.

Amnistía Internacional recibió con satisfacción la reforma recientemente introducida por Qatar en la definición de tortura contenida en el Código Penal, que la hace conforme con la contenida en el artículo 1 de la Convención.

No obstante, otros artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal relativos a la prohibición y sanción de actos que puedan constituir tortura u otros malos tratos suscitan preocupación a causa de la vaguedad de su redacción y, por ello, incumplen las normas establecidas en virtud del artículo 1 de la Convención. Entre ellos se encuentra el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal que, aunque prohíbe el “daño físico y mental”, no define claramente el significado de este término ni la manera en que debe interpretarse en la práctica. De igual modo, los artículos 160 y 161 del Código Penal establecen penas para los funcionarios públicos que cometan actos de “crueldad” o “dañen” a personas, pero no proporcionan una definición de estos términos.

Amnistía Internacional siente asimismo preocupación porque sigue aplicándose el castigo corporal, y docenas de personas han recibido condenas de flagelación –de entre 40 y 100 latigazos– desde 2004, entre ellas al menos 45 entre 2009 y 2011. El Comité pidió a Qatar que “ponga fin a su imposición de castigos corporales, que constituyen una violación de la Convención”, y que modifique su legislación de acuerdo con ello.

El Comité expresó su preocupación porque Qatar trata de mantener una reserva vaga y extremadamente amplia formulada a los artículos 1 y 16 de la Convención alegando que son incompatibles con los preceptos del derecho y la religión islámicos. Amnistía Internacional teme que, al mantener esta reserva, la Convención pueda quedar vinculada a la estipulación del castigo corporal contenida en el artículo 1 del Código Penal qatarí. La organización pide a Qatar que retire su reserva para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Convención.

El Comité expresó asimismo su preocupación porque “Qatar sigue siendo un país de destino para hombres y mujeres objeto de trabajo forzado y prostitución forzada”. También manifestó preocupación por los informes sobre la práctica generalizada de torturas u otros malos tratos y abusos contra trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular bajo el sistema de patrocinio, y por las restricciones a la hora de presentar denuncias contra los empleadores, así como por la falta de información sobre los casos en los que se ha castigado a patrocinadores por la tortura u otros malos tratos de trabajadores migrantes. El Comité pidió a Qatar “que garantice procedimientos sistemáticos para identificar a las víctimas de trata entre los grupos vulnerables, como las personas detenidas por violaciones de la ley de inmigración o por prostitución, y que brinde a las víctimas protección y acceso a servicios médicos, jurídicos y de rehabilitación social, incluidos servicios de asesoramiento, cuando sea oportuno”. También le pidió que “redoble sus esfuerzos por brindar a los trabajadores migrantes, incluidas las trabajadoras domésticas, protección jurídica en su territorio frente a la tortura, los malos tratos y los abusos, y les garantice el acceso a la justicia”. A ese respecto, el Comité pidió al gobierno de Qatar que “adopte, con carácter de urgencia, legislación laboral que abarque el trabajo doméstico y brinde protección jurídica a las trabajadoras domésticas frente a la explotación, los malos tratos y los abusos”, y que “considere la abolición del sistema de patrocinio para todos los trabajadores y trabajadoras migrantes”.

Información complementaria

El Comité de la ONU contra la Tortura es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para vigilar el cumplimiento de ese tratado por parte de los Estados. Está compuesto por 10 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos al Comité, que a su vez formula recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por el Estado Parte.

Amnistía Internacional presentó un informe escrito al Comité de la ONU contra la Tortura el 12 de octubre de 2012. El informe completo está disponible (en inglés) en: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE22/001/2012/en

Documento público

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