GLOSARIO 2 CRONOLOGÍA 2 1. INTRODUCCIÓN 4 2. INFORMACIÓN GENERAL 8 3. MARCO JURÍDICO 10
Brigadas de Al Aqsa Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, brazo armado de Fatah
Fuerza Ejecutiva Fuerza de seguridad establecida en 2006 por el entonces gobierno de Hamás
Fatah Principal partido de la Organización para la Liberación de Palestina, antiguamente encabezado por el primer presidente de la Autoridad Palestina Yasir Arafat
Hamás Movimiento de Resistencia Islámica
Mukhabarat Inteligencia General
TPO Territorios Palestinos Ocupados
Brigadas Qassam Brigadas ‘Izz Al Din Al Qassam, brazo armado de Hamás
CRONOLOGÍA
Enero de 2006 Hamás gana las elecciones de la Autoridad Palestina en Cisjordania y en la Franja de Gaza al vencer a Fatah, partido del presidente Mahmud Abbas.
Marzo de 2006 Hamás forma un gobierno dirigido por el primer ministro Isma’il Haniyeh.
Febrero de 2007 Los dirigentes de Fatah y de Hamás se reúnen en Arabia Saudí para negociar el fin de los enfrentamientos entre las facciones y acuerdan formar un gobierno de unidad nacional.
17 de marzo de 2007 Fatah y Hamás forman un gobierno de unidad nacional encabezado por el primer ministro Haniyeh.
Marzo-mayo de 2007 Continúan los enfrentamientos esporádicos entre facciones y los ataques entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados leales a Fatah y a Hamás.
Mayo de 2007 Se intensifican los enfrentamientos entre las facciones de Fatah y de Hamás.
Junio de 2007 Las fuerzas y grupos armados de Hamás atacan las instalaciones de seguridad y edificios gubernamentales de la Autoridad Palestina controlados por Fatah en la Franja de Gaza y para el 14 de junio se han hecho con el control de todos ellos. El 14 de junio, el presidente Abbas destituye al gobierno del primer ministro Haniyeh, declara el estado de excepción e instaura un gobierno de emergencia con sede en Cisjordania encabezado por el ministro saliente de Finanzas y ahora primer ministro Salam Fayyad. Hamás se niega a reconocer al gobierno de emergencia y establece un gobierno de facto en la Franja de Gaza. West Bank and Gaza districts © 2005 OCHA-OPT
1. INTRODUCCIÓN
Los niveles de violencia política sin precedentes entre las facciones palestinas de la Franja de Gaza a los que se llegó el año pasado, y que culminaron en junio de 2007 cuando Hamás se hizo con el control de las instituciones de seguridad de la Autoridad Palestina en el territorio, se saldaron con muchas muertes entre la población civil y agravaron las ya de por sí devastadoras repercusiones que han tenido decenios de ocupación y de campañas militares israelíes, y provocaron un mayor deterioro de las condiciones de vida y un aumento del aislamiento internacional.
En total, unas 350 personas perdieron la vida y más de 2.000 resultaron heridas durante la primera mitad de 2007 como consecuencia directa de los enfrentamientos armados y los ataques entre facciones ocurridos en la Franja de Gaza entre fuerzas de seguridad rivales y milicias armadas leales al partido Fatah, del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas y al partido Hamás, del (ahora depuesto) primer ministro Isma’il Haniyeh. Muchos de los muertos y heridos eran personas ajenas a los combates; otros eran militantes de uno u otro bando, de los que muchos fueron asesinados a sangre fría.
Tanto las fuerzas de seguridad y los grupos armados de Fatah como los de Hamás cometieron graves abusos contra los derechos humanos y dieron muestras de un flagrante desprecio por la seguridad de la población civil. Las fuerzas de seguridad rivales, a quienes competía respetar y hacer respetar la ley y proteger a la población, traicionaron esta responsabilidad y muy al contrario actuaron como partisanos, en concierto con grupos armados que actúan como milicias bajo su control, y ellos mismos violaron la ley y cometieron graves abusos con total impunidad.
Ambos bandos mataron a enemigos a los que habían capturado y secuestraron a decenas de miembros de grupos rivales, a los que mantuvieron como rehenes para intercambiarlos por amigos y familiares en manos de sus enemigos. Los ataques indiscriminados y los imprudentes combates armados en zonas residenciales han dejado sitiada a la población civil, prácticamente prisionera en sus propios hogares. Los bloqueos de ruta colocados por hombres armados de ambos bandos pusieron en mayor peligro la seguridad de los residentes y dificultaron aún más sus movimientos.
Gran parte de los combates tuvieron lugar en el interior o los alrededores de edificios residenciales, o desde ellos, lo que representaba una amenaza tanto para los residentes como para los viandantes. Hombres armados de Hamás se apropiaron de las azoteas de edificios altos desde los que lanzar ataques contra las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, y hombres armados de Fatah utilizaron edificios de forma similar para atacar posiciones de Hamás. Los hombres armados dispararon granadas propulsadas por cohetes y otros misiles en y desde edificios residenciales en los que se encontraban civiles, causando daños a gran escala y provocando incendios que ocasionaron mayores destrozos. También montaron ataques en el interior y los alrededores de centros hospitalarios, asaltando directamente edificaciones hospitalarias y lanzando ofensivas desde ellas, lo que puso en peligro a los pacientes y a los empleados, dificultó la labor del personal médico y obstaculizó el acceso a la atención médica de quienes lo necesitaban. En ocasiones atacaron directamente a pacientes que se encontraban en las camas de los hospitales.
Consecuencias de enfrentamientos armados en la ciudad de Gaza: un alto edificio residencial objeto de disparos y utilizado como puesto de tiro. © AI Durante su visita de junio y julio a los TPO, Amnistía Internacional escuchó relatos espeluznantes de víctimas de ambos bandos y de residentes directamente afectados por las oleadas de enfrentamientos armados que tuvieron lugar en la Franja de Gaza en junio y en los meses anteriores. Aunque a menudo se ponen en duda los relatos que hablan de tiroteos y otros ataques en los que resultaron heridos tanto hombres armados como personas ajenas al conflicto, existen pruebas irrefutables de que ambos bandos actuaron sin tener mínimamente en cuenta la seguridad de los residentes locales y cometieron graves abusos contra los derechos humanos.
La situación surgida después de que Hamás se hiciese de forma violenta con el poder en la Franja de Gaza en junio no ha hecho sino socavar aun más el Estado de derecho. La decisión del presidente Abbas de suspender todas las actividades de las fuerzas de seguridad y de las instituciones judiciales de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza dio origen a un vacío legal e institucional que Hamás se ha ocupado de rellenar estableciendo un aparato paralelo de servicios de seguridad y organismos encargados de hacer cumplir la ley, que carecen de personal debidamente formado, o mecanismos de rendición de cuentas y salvaguardias adecuados. La Fuerza Ejecutiva de Hamás y las Brigadas ‘Izz Al Din Al Qassam (Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás), que operan al margen del marco jurídico, siguen dirigiendo ataques contra activistas de Fatah y demás críticos. Suelen recurrir a la violencia para disolver manifestaciones y otro tipo de encuentros y llevar a cabo detenciones arbitrarias y a menudo pegan a los detenidos o los someten a torturas u otros malos tratos. Los intentos del depuesto primer ministro Haniyeh y de otros dirigentes de Hamás por investigar estos abusos, hacer que los responsables rindan cuentas e impedir que vuelvan a repetirse han resultado infructuosos. Si acaso, los abusos han aumentado.
En Cisjordania, el gobierno de emergencia nombrado en junio por el presidente Abbas no ha hecho demasiado por obligar a rendir cuentas a los hombres armados de Fatah que reaccionaron ante los ataques perpetrados por Hamás en Gaza atacando y secuestrando a partidarios de Hamás y quemando sus hogares y sus negocios, así como las oficinas de organizaciones benéficas presuntamente vinculadas a Hamás. Aunque la mayor parte de las ofensivas contra miembros y partidarios de Hamás cesaron al cabo de unos días, el brazo armado de Fatah, las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (Brigadas de Al Aqsa), sigue operando al margen de la ley y atacando e intimidando impunemente a partidarios de Hamás. Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han detenido a centenares de presuntos o reconocidos partidarios de Hamás y a otras personas críticas con Fatah, y a menudo se han violado los procedimientos de detención y reclusión. El espacio para la libertad de expresión y para las actividades políticas pacíficas se ha visto significativamente reducido tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, debido al acoso y la intimidación de milicias que actúan al margen del sistema jurídico, y también como resultado de las medidas directas adoptadas por la Autoridad Palestina para acallar a sus adversarios.
Amnistía Internacional considera motivo de gran preocupación la conducta de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y de los grupos armados controlados por Fatah, así como la de las fuerzas y grupos armados controlados por Hamás, en especial por:
- la utilización de la fuerza de forma temeraria por todas partes en los enfrentamientos armados, que provocó que muchas personas inermes ajenas al conflicto, entre ellas menores de edad, resultasen heridas o muertas; - los homicidios deliberados de adversarios políticos y de rehenes, así como de hombres armados a los que se había capturado o incapacitado; - la utilización por todas las partes en los enfrentamientos armados de hospitales, escuelas y edificios residenciales civiles para llevar a cabo desde ellos ataques contra sus adversarios, así como los ataques emprendidos contra esos mismos edificios o en su interior, entre ellos hospitales; - los secuestros, las tomas de rehenes y las detenciones arbitrarias; - la tortura y otros malos tratos infligidos a detenidos y rehenes; - la negación a los detenidos del acceso a la asistencia letrada; - la utilización excesiva, innecesaria e incluso letal de la fuerza contra manifestantes pacíficos; - la impunidad sistemática de la que gozan los miembros de las fuerzas de seguridad y los grupos armados responsables de estos graves abusos contra los derechos humanos en Cisjordania y en la Franja de Gaza.
En la Franja de Gaza a Amnistía Internacional le preocupan:
- los homicidios políticos y el resurgimiento de una situación de ausencia de respeto a la ley; - los ataques contra partidarios de Fatah y otros adversarios políticos emprendidos por la Fuerza Ejecutiva y las Brigadas Qassam en el marco de una campaña de detenciones arbitrarias y secuestros por motivos políticos; - la tortura y otros malos tratos infligidos a detenidos y rehenes; - la detención arbitraria en lugares no previstos a tal fin por la ley, en los que los detenidos corren peligro; - el establecimiento por el gobierno de facto de Hamás de organismos y mecanismos para aplicar la ley y administrar justicia que no cumplen con el requisito de la independencia y de la rendición de cuentas y no están capacitados para desempeñar esta función ni para garantizar que se respeta el Estado de derecho tanto en el caso de las víctimas como en el de los acusados, que no se cometen abusos contra los derechos humanos, que las víctimas tienen acceso a mecanismos eficaces para obtener reparación y que se somete a las personas acusadas de un delito a un juicio justo; - la impunidad de la que gozan los autores de delitos y la falta de voluntad política del gobierno de facto de Hamás para hacer que estos autores rindan cuentas y que se respeten los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a libertad de expresión, de reunión y de asociación.
En Cisjordania a Amnistía Internacional le preocupan:
- los ataques de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina contra partidarios de Hamás en el marco de una campaña de intimidación y de detenciones arbitrarias por motivos políticos; - la tortura y otros malos tratos infligidos a personas recluidas de forma arbitraria por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina; - la violación sistemática de los procedimientos previstos por la legislación palestina para la detención, reclusión y enjuiciamiento de sospechosos; las detenciones son llevadas a cabo por fuerzas de seguridad a quienes la ley no confiere la autoridad legal para hacerlo y se recluye de forma arbitraria a los detenidos en centros de las fuerzas de seguridad no previstos por la ley a tal fin; - que las fuerzas de seguridad no pongan a los detenidos a disposición del fiscal y de los jueces dentro del plazo estipulado por la ley, y que continúen detenidas de forma arbitraria personas cuya liberación había ordenado un juez; - los ataques de las Brigadas de Al Aqsa contra partidarios de Hamás y otras personas; - la impunidad de la que gozan los miembros de las fuerzas de seguridad y de las Brigadas de Al Aqsa y la falta de voluntad política del gobierno de la Autoridad Palestina para hacer que los autores de los abusos rindan cuentas; respetar los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación; y ofrecer las debidas garantías procesales y reparaciones a las víctimas.
2. INFORMACIÓN GENERAL
En enero de 2006 Hamás ganó las elecciones legislativas al vencer al partido Fatah del presidente Mahmud Abbas, que llevaba de forma ininterrumpida en el poder desde que en 1994 se creó la Autoridad Palestina. En marzo de 2006 Hamás formó un gobierno encabezado por el primer ministro Isma’il Haniyeh.
Durante los meses siguientes, las tensiones políticas entre los partidos rivales y sus seguidores fueron en aumento y culminaron en choques armados en los que las fuerzas de seguridad y los grupos armados tipo milicia leales a Fatah se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y grupos armados tipo milicia leales a Hamás. Estos choques se fueron intensificando y haciendo cada vez más frecuentes a medida que fracasaban los sucesivos intentos por lograr un acuerdo y formar un gobierno de coalición de Fatah y Hamás, y una nueva oleada de combates entre las facciones estalló cuando el presidente Abbas anunció, en diciembre de 2006, que tenía la intención de convocar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en la Autoridad Palestina.
En febrero de 2007, los dirigentes de ambos partidos se reunieron el La Meca bajo los auspicios del rey Abdalá de Arabia Saudí, y alcanzaron el que se conoce como "Acuerdo de La Meca",(1) que en esencia consistía en una promesa de poner fin a la lucha entre las facciones y formar un gobierno de unidad nacional. Sin embargo, el acuerdo omitió el elemento crucial de especificar las medidas concretas que ambas partes adoptarían para lograr el objetivo expresado.
Se instauró entonces el gobierno de unidad el 17 de marzo de 2007. El primer ministro Haniyeh siguió al frente de éste pero se incluyeron a ministros de Fatah y de Hamás, así como a independientes y a representantes de partidos pequeños. Sin embargo, este gobierno no logró que hubiese ninguna mejoría y la continua implicación de Hamás llevó a la comunidad internacional a mantener en gran medida su boicot y las sanciones que había impuesto al gobierno dirigido por Hamás tras los comicios de 2006, y a que, en la Autoridad Palestina, siguiese financiando y teniendo contacto únicamente con el presidente Abbas y los ministros que no pertenecían a Hamás. Hamás sentía resentimiento por este continuo aislamiento internacional pero se seguía negando a cumplir las condiciones fijadas por el Cuarteto (Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU), esto es, reconocer al Estado de Israel, renunciar a la violencia en su lucha contra la ocupación israelí y aceptar los acuerdos previamente firmados por la Organización para la Liberación de Palestina con Israel.
Las tensiones siguieron agudizándose, sobre todo en la Franja de Gaza, donde la cúpula de Hamás permanecía confinada, cada vez más ofendida porque sus ministros e instituciones siguiesen aislados debido al boicot internacional y a las sanciones, mientras los dirigentes de Fatah, instalados principalmente en Cisjordania, disfrutaban del reconocimiento internacional y seguían recibiendo ayuda económica extranjera.
A medida que fue aumentando el grado de desconfianza entre Fatah y Hamás, se puso cada vez más en duda la viabilidad del nuevo gobierno de unidad y ambas partes se acusaron mutuamente de intentar minarlo. Al mismo tiempo se fue deteriorando la situación en materia de seguridad, marcada por secuestros y ataques contra extranjeros, y Hamás aseguró que determinadas personas dentro de Fatah estaban fomentando deliberadamente el caos en la Franja de Gaza para forzar la caída del gobierno de unidad.
En mayo de 2007, los enfrentamientos armados entre ambos bandos se reanudaron con renovada intensidad. Las cúpulas de Fatah y Hamás alcanzaron una serie de altos el fuego pero éstos fracasaron al cabo de unos días o incluso horas. En cada ocasión, las consiguientes muertes y daños engendraron un mayor resentimiento y desconfianza entre ambas partes, lo que a su vez acentuó las divisiones entre ellos y aumentó las probabilidades de que se produjesen enfrentamientos violentos. A medida que se extendía el desorden, cada vez se fue difuminando más la línea divisoria entre los ataques por motivos políticos y los ajustes de cuentas por parte de subgrupos de ambos bandos, los ataques perpetrados por otros grupos políticos y las viejas enemistades entre familias. En mayo, el ministro del Interior del gobierno de unidad, Talab al-Qawasmi, dimitió en medio de una tensión cada vez mayor entre Fatah y Hamás y de acciones por ambas partes que debilitaban su situación.(2) Entonces, después de que el gobierno israelí autorizase la entrada en la Franja de Gaza de centenares de combatientes de Fatah procedentes de Egipto y recién entrenados en el marco de un programa financiado por Estados Unidos, y de que hombres armados de Hamás tendiesen una emboscada a un convoy que según ellos transportaba armas recién entregadas a Fatah, ambas partes se acusaron mutuamente de planear un golpe de Estado. A esto siguieron enfrentamientos armados intensos y generalizados.
Las fuerzas y los grupos armados de Hamás atacaron y se hicieron con todas las posiciones de las fuerzas de seguridad y otros edificios gubernamentales de la Autoridad Palestina y, en la práctica, asumieron el control de los asuntos internos en la Franja de Gaza. En respuesta, el presidente Abbas destituyó el 14 de junio al gobierno de unidad del primer ministro Haniyeh, declaró el estado de excepción y nombró al ministro saliente de finanzas Salam Fayyad como primer ministro de un nuevo gobierno de emergencia con sede en Cisjordania. El gobierno de emergencia fue nombrado el 17 de junio por un periodo de 30 días, tal y como estipulaba la Ley Fundamental palestina,(3) pero ha permanecido en el poder hasta la fecha, sin la aprobación del Consejo Legislativo Palestino (Parlamento).(4) Esto vulnera la Ley Fundamental, que estipula: "El estado de excepción podrá ampliarse durante un periodo de otros treinta (30) días si una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo Legislativo votan a favor de la ampliación".(5)
Hamás se ha negado a reconocer al gobierno de emergencia con sede en Cisjordania, insistiendo en que el depuesto primer ministro Haniyeh es el primer ministro legítimo y elegido democráticamente y haciendo un llamamiento a que se retome el diálogo con Fatah. El presidente Abbas, Fatah y el gobierno de emergencia insisten en que Hamás ceda el control de todas las instalaciones de seguridad y de otras instituciones de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza antes de plantearse entablar cualquier diálogo político. Otros partidos políticos con representación en el Parlamento palestino se han abstenido de formar parte del gobierno de emergencia, a excepción del partido Tercera Vía del primer ministro Fayyad, pero algunos han respaldado la petición del presidente Abbas de que se restablezca el statu quo anterior en la Franja de Gaza.
3. MARCO JURÍDICO
La legislación palestina y el derecho internacional de derechos humanos
Durante algunos breves periodos, hasta el 14 de junio de 2007, cuando la violencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados de Fatah y de Hamás en la Franja de Gaza alcanzó el grado y la intensidad necesarios, las normas del derecho internacional humanitario pertinentes(6) relativas al desarrollo de las hostilidades fueron también de aplicación, junto con las normas de derechos humanos.
El derecho internacional humanitario establece normas de conducta humanitaria aplicables a todas las partes que participen en conflictos armados, incluidos los grupos armados. El Comité Internacional de la Cruz Roja, máxima autoridad en derecho internacional humanitario, ha señalado que cuando se recurre al empleo de la fuerza armada, no es ilimitada la elección de los medios y métodos de combate. Esta norma básica está recogida de forma explícita en una serie de tratados de derecho internacional humanitario. El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional II son los instrumentos más pertinentes en relación con conflictos armados sin carácter internacional. En el sólido estudio elaborado por el Comité sobre el derecho internacional humanitario de carácter consuetudinario se ha determinado que muchas de las normas del derecho internacional humanitario codificadas originalmente para conflictos internacionales son también ahora de aplicación a conflictos sin carácter internacional. Estas normas consuetudinarias(7) incluyen la prohibición de los ataques directos contra civiles; la prohibición de los ataques indiscriminados (ataques en los que no se toman las debidas precauciones para distinguir entre población civil y combatientes); y la prohibición de los ataques desproporcionados (cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista). Está establecido desde hace tiempo que, en virtud del derecho internacional humanitario relativo a los conflictos armados sin carácter internacional, quedan prohibidos la tortura y los homicidios deliberados, la toma de rehenes y los ataques contra personas que estén fuera de combate.(8)
El derecho penal internacional estipula que las personas que cometen violaciones graves del derecho internacional humanitario son individualmente responsables y deben comparecer ante la justicia. Las violaciones graves del derecho internacional humanitario son crímenes de guerra.
El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona se halla proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3).
La legislación palestina, si bien no está en plena consonancia con las normas sobre derechos humanos reconocidas internacionalmente, incluye numerosas disposiciones que, de aplicarse, proporcionarían a las personas detenidas importantes salvaguardias frente a la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos.
El artículo 13 de la Ley Fundamental prohíbe categóricamente la utilización de la tortura o la coacción contra las personas detenidas y estipula que las declaraciones o confesiones obtenidas recurriendo a tales abusos serán consideradas nulas y sin valor.
La obligación de no someter a nadie a torturas o a otros malos tratos es una norma del derecho internacional consuetudinario y la prohibición de la tortura es absoluta. Esta prohibición absoluta se halla recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados sobre derechos humanos, en particular la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como en normas de derechos humanos sin rango de tratado. El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (de aquí en adelante el Conjunto de Principios)(9) estipula en el Principio 6: "Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.(10) No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
El derecho internacional humanitario también prohíbe la tortura y otros malos tratos y los considera una violación grave de los Convenios de Ginebra y un crimen de guerra.
El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíbe la detención o prisión arbitrarias. La prohibición de la privación de libertad arbitraria se considera también una norma del derecho internacional consuetudinario.(11) Esta prohibición queda asimismo recogida en el Conjunto de Principios, cuyo Principio 2 establece: "El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin".
El párrafo 2 del Principio 36 establece: "Sólo se procederá al arresto o detención de esa persona en espera de la instrucción y el juicio cuando lo requieran las necesidades de la administración de justicia por motivos y según condiciones y procedimientos determinados por ley. Estará prohibido imponer a esa persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención".
Además, las normas internacionales exigen que todas las detenciones las ordene y supervise una autoridad judicial independiente ante la cual pueda impugnarse su legalidad. El Principio 4 del Conjunto de Principios establece: "Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad".
El Principio 11 establece: "Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad. La persona detenida tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un abogado según prescriba la ley".
Ese mismo principio estipula además que la persona detenida y su abogado "recibirán una comunicación inmediata y completa de la orden de detención, junto con las razones en que se funde" y que "se facultará a un juez o a otra autoridad para considerar la prolongación de la detención según corresponda". El derecho a impugnar la legalidad de la detención no puede suspenderse, ni siquiera en situaciones de excepción.(12)
La legislación palestina contiene disposiciones similares: el artículo 11 de la Ley Fundamental declara ilegal detener y encarcelar a cualquier persona salvo que se haga por orden judicial y según dispone la ley, y exige que se recluya a los detenidos únicamente en lugares autorizados a tal fin por las leyes penitenciarias. El artículo 29 de la Ley de Procedimiento Penal establece: "No se detendrá o encarcelará a ninguna persona salvo por orden de la autoridad competente designada por la ley. Toda persona detenida debe ser tratada con pleno respeto de su dignidad y de un modo que garantice su integridad física y moral".
Además, tanto las normas internacionales(13) como la legislación palestina prohíben recluir a nadie en centros de detención no oficiales. El artículo 68 de la Ley de Procedimiento Penal estipula: "No podrá detenerse o recluirse a ninguna persona salvo en un centro penitenciario y de rehabilitación [prisión] o en un centro de detención previsto por la ley a tal fin". No respetar la mencionada legislación palestina o estas normas internacionales convierte una detección o encarcelamiento en arbitrarios en virtud de las normas internacionales sobre derechos humanos.
El Conjunto de Principios establece que las autoridades que detengan a una persona "sólo podrán ejercer las atribuciones que les confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a recurso ante un juez u otra autoridad" (Principio 9), que las detenciones deberá revisarlas sin demora un juez u otra autoridad (Principio 11) y que se deberá proporcionar a los detenidos acceso sin demora a sus familiares y abogados (Principio 15).
La Ley de Procedimiento Penal palestina contiene disposiciones similares conforme a las cuales la detención previa a la imposición de cargos formales debe ser examinada en un plazo de 24 horas por un fiscal (artículo 34), quien podrá ampliar dicho periodo de detención durante 48 horas adicionales. Al cabo de 72 horas de detención, debe examinar el caso un juez (artículo 51), quien podrá ampliar otros 15 días el periodo de detención preventiva (artículos 62 y 63), y un juez podrá renovar esta decisión cada 15 días hasta un máximo de 45 días.(14) La ley también garantiza a los detenidos un acceso irrestricto y sin demora a un abogado (artículo 46). Además, el artículo 12 de la Ley Fundamental exige que se acuse y someta a juicio a los detenidos sin dilación.
El sistema de justicia palestino
El sistema jurídico de las zonas de los TPO que se encuentran bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina está integrado por un cuerpo de leyes y decretos que incluyen algunos que datan de los siglos anteriores cuando gobernaban la zona otros poderes –otomano, británico, jordano (en Cisjordania), egipcio (en la Franja de Gaza) e israelí– y legislación promulgada desde 1994, en especial los decretos dictados por el ex presidente Yasir Arafat y el actual primer ministro Mahmud Abbas, y las leyes aprobadas por el Parlamento palestino, denominado Consejo Legislativo Palestino. Las primeras elecciones al Consejo Legislativo Palestino, que integran 132 miembros, se celebraron en 1996. Las leyes que aprueba este Consejo entran en vigor una vez que las ratifica el presidente de la Autoridad Palestina. El Código Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina de 1979 (elaborado por estructuras de la Organización en el exilio antes de que se estableciese la Autoridad Palestina) también continúa en vigor y constituye la base del sistema de justicia militar. La Ley Fundamental de 2003, enmendada en 2005, funciona a modo de Constitución en tanto no se cree un Estado palestino.
El sistema de tribunales está integrado por los tribunales sulh (de conciliación o inferiores) que juzgan delitos menores; los tribunales bidaya (de primera instancia) que juzgan delitos más graves y examinan los recursos contra los fallos dictados por los tribunales sulh; los tribunales de apelación, que examinan los recursos presentados contra los fallos dictados por los tribunales de primera instancia; y el Tribunal Superior, que es la instancia superior de apelación y examina las solicitudes de revisión de causas por irregularidades procesales. En 2006 se creó un Tribunal Penal Supremo para juzgar delitos como asesinatos, secuestros, violaciones, delitos por motivos de "honor" y atentados contra la hacienda pública y la seguridad nacional. Los tribunales militares ven las causas en las que hay implicados miembros de las fuerzas de seguridad y aplican el Código Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina de 1979. En 2006 se aprobó una ley mediante la que se creaba un Alto Tribunal Constitucional, pero éste aún no se ha establecido en la práctica.(15) Los tribunales civiles se ocupan de los casos civiles y los tribunales de la shari’a (tribunales religiosos de la ley islámica) examinan los casos relativos al derecho de la familia y del estatuto personal (como el matrimonio y el divorcio). El ministro de Justicia suprimió los Tribunales de Seguridad del Estado en 2003.(16)
El fiscal general y los demás fiscales investigan y persiguen delitos, supervisan la legalidad de las detenciones e investigan las denuncias de los detenidos. El fiscal general y los jueces son nombrados por el Consejo Judicial Superior, que encabeza el presidente del Tribunal Superior pero nombra el presidente de la Autoridad Palestina.
Continúa existiendo un sistema tradicional consuetudinario (‘urf) de conciliación y mediación por medio de jefes tribales y de clanes y de otras figuras respetadas en la comunidad y que funciona de forma paralela al sistema de tribunales; muchos palestinos siguen prefiriendo este método para resolver rencillas familiares o entre clanes y otras disputas que van desde cuestiones relacionadas con el "honor" de la familia, a los asesinatos, delitos de lesiones o cuestiones económicas. También se ha recurrido a este sistema de mediación como base sobre la que abordar los enfrentamientos entre facciones políticas, por ejemplo para pactar altos el fuego, negociar el paso en condiciones de seguridad de activistas o dirigentes en peligro, y resolver otras disputas surgidas entre Fatah y Hamás en el transcurso de los sangrientos enfrentamientos que tuvieron lugar en la Franja de Gaza durante la primera mitad de 2007.(17)
El vacío institucional y judicial en la Franja de Gaza
Después de que Hamás se hiciese con el control de las instalaciones de seguridad de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza en junio, el presidente Abbas dio a la policía y a las fuerzas de seguridad la orden de no acudir a su puesto de trabajo en Gaza, so pena de perder sus salarios. El 10 de julio el fiscal general, responsable de investigar e y enjuiciar asuntos penales,(18) informó a Amnistía Internacional de que la Fiscalía no había emprendido ninguna actividad en Gaza desde mediados de junio.(19)
El día 2 de julio el magistrado principal y presidente del Consejo Superior de la Magistratura y del Tribunal Supremo envió las siguientes instrucciones a los presidentes de los tribunales bidaya y sulh:
Esto agravó aún más una situación que ya era de una total falta de orden. Durante varios años prácticamente no se ha procesado a ningún responsable de homicidios y secuestros por motivos políticos –perpetrados principalmente por grupos armados vinculados a Fatah, y en los últimos tiempos también por el brazo armado de Hamás y otros grupos–. Dado que las fuerzas de seguridad y los sucesivos fiscales generales y demás fiscales prácticamente no podían o no querían incoar procesos en relación con causas de motivación política, las detenciones y los enjuiciamientos tendieron a efectuarse sólo cuando se trataba de casos de derecho común, mientras los delitos cometidos en el marco de enfrentamientos políticos o entre familias o clanes se abordaron más bien mediante iniciativas de mediación informales entre las partes implicadas de las que se encargaban líderes respetados de la comunidad, o sencillamente no se abordaron. Esta patente incapacidad por parte de la Autoridad Palestina, de sus fuerzas de seguridad y del poder judicial de investigar y llevar ante la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos contribuyó en buena medida a esa falta de orden que fue apoderándose de la Franja de Gaza y de Cisjordania.(21)
Estos fallos y deficiencias que tanto tiempo llevaban existiendo pusieron de manifiesto la necesidad de llevar a cabo reformas urgentes y de amplio alcance, como nombrar a policías y otros funcionarios imparciales, mejorar la formación, instaurar mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas que ayuden a acabar con los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad, y adoptar medidas para dotar de capacidad al poder judicial e incrementar su independencia. En vez de ello, la decisión del presidente Abbas de congelar las actividades de la policía y del poder judicial en la Franja de Gaza ha dado lugar a un vacío institucional y judicial que en la práctica dejó a los 1,5 millones de habitantes de la Franja de Gaza sin instituciones encargadas de hacer cumplir la ley a las que acudir.(22) También allanó el terreno para que el gobierno de facto de Hamás pusiese en marcha sistemas alternativos destinados a rellenar este vacío judicial y policial, que no obstante carecen de la independencia e imparcialidad adecuadas, personal debidamente formado, y mecanismos de supervisión y rendición pública de cuentas apropiados.
Con anterioridad a junio de 2007, los residentes en la Franja de Gaza ya tenían que hacer frente a grandes obstáculos para obtener justicia o reparación de unos mecanismos e instituciones judiciales de la Autoridad Palestina que no funcionaban bien. Desde que Hamás se hizo con el poder la situación ha empeorado aún más. La población de Gaza ahora no tiene oportunidad alguna de obtener justicia o reparación recurriendo a la ley debido a la ausencia de instituciones oficiales. Anteriormente, si bien la policía y los tribunales de la Autoridad Palestina en muy contadas ocasiones tomaban medidas contra las fuerzas de seguridad y las milicias armadas responsables de delitos "políticos" como homicidios y secuestros, sí actuaban en otros tipos de casos, como los delitos de derecho común, además de para ejecutar los fallos dictados por tribunales civiles y militares.
Desde junio, la ausencia de instituciones de la Autoridad Palestina no ha dejado a los residentes de la Franja de Gaza más opción que tomarse la justicia por su mano o recurrir al aparato de seguridad y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecidos por Hamás, políticamente sesgados. En última instancia, este vacío ha propiciado que Hamás desarrollase sistemas paralelos y adoptase medidas ad hoc al margen del marco judicial e institucional.
Desde julio, a los miembros de las fuerzas de seguridad en la Franja de Gaza el gobierno de emergencia de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania les está abonando la totalidad de sus salarios, tras muchos meses en los que percibieron sólo una parte o nada en absoluto. No obstante, el abono de los salarios está condicionado a que el personal no acuda a su puesto de trabajo; en realidad, se les paga por no trabajar. Quienes continuaron trabajando bajo el gobierno de facto de Hamás dejaron de percibir sus salarios.(23) Por lo tanto, mientras que durante más de un año se esperó que las fuerzas de seguridad desempeñasen sus funciones sin cobrar, ahora se les exige que no trabajen como condición para hacerlo.
La proliferación de sistemas paralelos al margen del marco jurídico en la Franja de Gaza
Hamás ha colmado el vacío existente desplegando a la Fuerza Ejecutiva en toda la Franja de Gaza. Las personas que conforman las bases de esta fuerza provienen de las Brigadas Qassam de Hamás (véase el capítulo 4), que están entrenadas para llevar a cabo atentados contra objetivos israelíes y para luchar contra las fuerzas israelíes durante sus incursiones en la Franja de Gaza, y no para actuar como agentes encargados de hacer cumplir la ley. Como ya ocurrió en el pasado cuando eran las lealtades políticas y personales, y no las aptitudes profesionales o la competencia, las que a menudo se convertían en el factor decisivo a la hora de reclutar a miembros de las fuerzas de seguridad y del aparato judicial de la Autoridad Palestina, entonces dominada por Fatah, el gobierno de facto de Hamás ha estado reclutando a sus propios partidarios para que formen parte de sus fuerzas y otras instituciones públicas.
Las Brigadas Qassam han participado junto a la Fuerza Ejecutiva en ataques contra manifestantes y también han secuestrado a personas por su cuenta y gestionan dos centros de detención en la Franja de Gaza. Ni las Brigadas Qassam ni la Fuerza Ejecutiva están autorizadas por la ley para detener y encarcelar a personas; las Brigadas Qassam son un grupo armado que existe al margen de la ley y la Fuerza Ejecutiva no está facultada legalmente para detener y encarcelar a personas. Se trata por tanto de detenciones arbitrarias que vulneran tanto la legislación palestina como las normas internacionales.
A partir de julio de 2007, Hamás ha venido anunciando la creación de una serie de nuevos organismos y mecanismos en sustitución de las fuerzas de seguridad y las instituciones judiciales de la Autoridad Palestina que se negaron a operar bajo el gobierno de facto de Hamás o junto a él. Según la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos (órgano nacional de defensa de los derechos humanos),(24) el 9 de julio la Fuerza Ejecutiva creó un comité para abordar los casos de los detenidos que permanecían recluidos en la prisión central de Gaza, en el complejo de seguridad de Al Saraya, desde antes de que Hamás tomase el control del complejo.(25)
El 21 de julio, el portavoz de la Fuerza Ejecutiva anunció que Hamás había formado una comisión jurídica para afrontar la falta de instituciones judiciales operativas en la Franja de Gaza y afirmó que esta comisión sustituye a la fiscalía de la Autoridad Palestina "y evita que ésta interfiera en casos de palestinos".(26) No obstante, la Fuerza Ejecutiva no se hizo con la sede de la Fiscalía General de la Autoridad Palestina en la franja de Gaza hasta el 16 de agosto. Poco después, el director general para Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia del gobierno de facto de Hamás anunció que había nombrado a 8 fiscales y a 20 ayudantes del fiscal en sustitución de los que habían cesado a mediados de junio.(27)
El 16 de agosto, la Fuerza Ejecutiva detuvo al fiscal general, quien había permanecido en Cisjordania desde el comienzo de la crisis y acababa de volver a Gaza hacía poco. En el Centro Palestino de Derechos Humanos éste declaró que lo habían sacado de su oficina y le habían pegado mientras lo trasladaban a la prisión central, donde le dijeron que firmarse una declaración prometiendo no ejercer ninguna de sus funciones fiscales, viajar a Cisjordania o hacer declaraciones a los medios, y dejar de "incitar" a la gente contra el gobierno de Hamás. Él se negó a firmar la declaración, a pesar de lo cual fue puesto en libertad poco después. El portavoz de la Fuerza Ejecutiva informó al Centro Palestino de Derechos Humanos de que el fiscal general había permanecido detenido una hora bajo sospecha de haber sacado clandestinamente expedientes judiciales sobre casos de corrupción y asesinato, acusación que el fiscal general niega. Los miembros de la Fuerza Ejecutiva también cachearon a los ayudantes del fiscal general, borraron fotos de sus teléfonos móviles y los amenazaron a punta de pistola. La Fuerza Ejecutiva detuvo asimismo brevemente a un abogado de la organización de derechos humanos palestina Al Mezan cuando intentaba hacer una foto de los miembros de la Fuerza Ejecutiva rodeando la sede de la Fiscalía General. También a él se le condujo al complejo de seguridad de Al Saraya, donde permaneció una hora antes de ser puesto en libertad.
El jefe de la Fuerza Ejecutiva, Jamal Jarrah, anunció el 18 de agosto que se estaba formado una nueva fuerza de respuesta rápida que sería desplegada de forma inminente para ocuparse de los "colaboradores" y de los problemas de seguridad que requiriesen una intervención rápida, como el tráfico de drogas. El 27 de agosto, el secretario general del gobierno de facto de Hamás, Muhammad Awad, anunció la creación de tres nuevas fuerzas policiales palestinas: una fuerza de seguridad interna, una fuerza costera y una fuerza femenina.
El 4 de septiembre el gobierno de facto de Hamás anunció la creación un Consejo Supremo de Justicia, que será responsable de nombrar a los jueces en colaboración con el Departamento de Justicia. La intención es que este Consejo sustituya al Consejo Superior de la Magistratura, que es el que propone al fiscal general y a los jueces para su nombramiento por el presidente de de la Autoridad Palestina y forma a los jueces. Dichas medidas son contrarias al principio de independencia del poder judicial y vulneran numerosas leyes palestinas, en especial la Ley de Autoridad Judicial.(28)
A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que los organismos establecidos por el gobierno de facto de Hamás para hacer cumplir la ley y administrar justicia carecen de los conocimientos, la independencia y los sistemas de supervisión y rendición de cuentas necesarios para garantizar que se respeta el Estado de derecho tanto en el caso de las víctimas como en el de los acusados; que no se cometen abusos contra los derechos humanos; que las víctimas tienen acceso a mecanismos eficaces para obtener reparación; y que se somete a las personas acusadas a un juicio justo. Muy al contrario, parece evidente que los autores de abusos contra los derechos humanos continúan gozando de impunidad, y que el gobierno de facto Hamás carece de la voluntad política para hacer que los autores de delitos rindan cuentas, en especial cuando se trata de miembros de Hamás, y para respetar los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a libertad de expresión, de reunión y de asociación. En definitiva, el gobierno de facto de Hamás en la Franja de Gaza está repitiendo rápidamente e incluso superando muchos de los abusos y defectos de los que antes acusaba, con razón, a las instituciones de la Autoridad Palestina dominada por Fatah, en especial el desprecio de las fuerzas de seguridad por los derechos humanos y la falta de voluntad política para hacer cumplir la ley, que conduce a un desorden generalizado.
4. LA TENUE LÍNEA QUE SEPARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y LOS GRUPOS ARMADOS
Fuerzas de seguridad
La Autoridad Palestina creó, durante la segunda mitad de los años noventa, unas 10 fuerzas de seguridad distintas, entre ellas el Servicio de Seguridad Preventiva, la Fuerza 17, la Inteligencia General, la Inteligencia Militar y la Policía Civil, compuestas en total por unos 30.000 miembros. Durante años, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, en especial el Servicio de Seguridad Preventiva, recurrieron con frecuencia a la tortura contra presos políticos y detenidos acusados de "colaborar" con los servicios de inteligencia israelíes.(29) Cada fuerza de seguridad disponía de sus propios centros de detención, al margen del marco jurídico, y en algunos casos se recluyó a los detenidos durante años sin someterlos a juicio y sin ningún acceso a un recurso o reparación adecuados.(30)
En 2005, el presidente Abbas concentró a las fuerzas de seguridad en tres ramas: Seguridad Nacional, Seguridad Interna e Inteligencia General, cada una de las cuales incluye a varias fuerzas.(31) La Inteligencia General comprende la Inteligencia Militar y la Policía Militar y está bajo control directo del presidente de la Autoridad Palestina, como también lo está la Guardia Presidencial/Fuerza 17.(32) La Seguridad Nacional se define como "un órgano militar ordinario"(33) e incluye diversas fuerzas. La Seguridad Interna comprende la Seguridad Preventiva, la Policía y la Defensa Civil. La Seguridad Nacional y la Seguridad Interna se hallan bajo jurisdicción de los Ministerios de Seguridad Nacional y del Interior respectivamente, pero a los directores de ambas fuerzas los nombra el presidente de la Autoridad Palestina.(34)
Después de ganar las elecciones legislativas y formar un gobierno a principios de 2006, Hamás no consiguió controlar las fuerzas de seguridad, algunas de las cuales, en particular la Guardia Presidencial/Fuerza 17 y la Seguridad Preventiva, cuestionaban abiertamente la autoridad del nuevo gobierno y cometían asesinatos y otros atentados contra miembros de Hamás.
La Fuerza Ejecutiva fue creada entre abril y mayo del 2006 por el entonces ministro del Interior del gobierno de Hamás, que sostenía que sin el control de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina existentes, que seguían siendo fundamentalmente estructuras de Fatah, el gobierno no tenía bajo su control ningún mecanismo encargado de hacer cumplir la ley y no podía desempeñar sus funciones ni hacer frente al creciente caos y a los frecuentes secuestros. La Fuerza Ejecutiva está integrada por miembros de las Brigadas ‘Izz Al Din Al Qassam (Brigadas Qassam) y partidarios de Hamás y entre sus dirigentes se encuentra el general de división Tawfik Jaber, ex jefe de policía durante uno de los gobiernos de Fatah.
El presidente Abbas se opuso a la creación de la Fuerza Ejecutiva y pidió su disolución, pero durante más de un año no tomó ninguna medida para obligar al entonces gobierno de Hamás a cumplir estas instrucciones.(35) Entre tanto, el gobierno de Hamás no hizo ningún esfuerzo por que el Parlamento, en el que contaba con mayoría, introdujese legislación para establecer oficialmente la Fuerza Ejecutiva y regular su funcionamiento.(36) La Fuerza Ejecutiva continúa por tanto funcionando al margen de la ley.
Según los informes, hubo negociaciones entre Fatah y Hamás sobre la posibilidad de fusionar la Fuerza Ejecutiva con las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina existentes, pero nunca se alcanzó un acuerdo al respecto. Los asesinatos, los secuestros y los enfrentamientos armados intermitentes entre miembros rivales de Fatah y de Hamás se hicieron cada vez más frecuentes, y las Brigadas de Al Aqsa, de Fatah, y las Brigadas Qassam, de Hamás, actuaron como milicias auxiliares de algunas fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y de la Fuerza Ejecutiva.
Sólo después de que la Fuerza Ejecutiva de Hamás y las Brigadas Qassam se hiciesen con el control de las instalaciones de seguridad y de otras instituciones de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza dictó el presidente Abbas un decreto presidencial ilegalizando a la Fuerza Ejecutiva.(37)
Grupos armados
La mayoría de las facciones políticas palestinas cuentan con un brazo armado o grupos armados afiliados a ellas.(38) Sin embargo, los ataques y enfrentamientos armados entre facciones se han producido casi exclusivamente entre el brazo armado de Fatah, las Brigadas de Al Aqsa, y el brazo armado de Hamás, las Brigadas Qassam, que son además los dos mayores grupos armados.
Las Brigadas de Al Aqsa fueron creadas por activistas de Fatah, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, en especial la Fuerza 17 y la Seguridad Preventiva,(39) a finales de 2000 y principios de 2001, poco después de que estallase la Intifada (el levantamiento palestino contra la ocupación militar israelí de Cisjordania y de la Franja de Gaza).(40) Primero se hicieron conocidas en Nablús, que ha seguido siendo uno de sus principales bastiones en Cisjordania, y posteriormente se establecieron en otras ciudades, principalmente en Yenín y en Ramala, así como en la Franja de Gaza. Su objetivo expreso es resistirse mediante las armas a la ocupación israelí, entre otras cosas perpetrando atentados suicidas y otros ataques contra israelíes, incluida la población civil israelí, en Israel y en los TPO. Sin embargo, en los últimos años, en especial desde 2004 y 2005, cada vez han llevado a cabo más secuestros de palestinos y de extranjeros, fundamentalmente con el objetivo de arrancar concesiones a la Autoridad Palestina, por ejemplo para obtener puestos de trabajo, lograr que se pusiese en libertad a amigos y familiares detenidos por la Autoridad Palestina por actividades delictivas, o dejar constancia de su desacuerdo con las posturas adoptadas por los dirigentes de la Autoridad Palestina en sus negociaciones con Israel. Las Brigadas de Al Aqsa también son responsables de la gran mayoría de los homicidios de palestinos acusados de "colaborar" con los servicios de inteligencia de Israel y además han secuestrado y torturado a personas para obligarlas a pagar un rescate. Las Brigadas de Al Aqsa han gozado sistemáticamente de impunidad por sus abusos contra los derechos humanos, ya fuesen contra la población palestina, ciudadanos extranjeros o civiles israelíes.
Aunque Fatah y la Autoridad Palestina nunca han reconocido oficialmente a las Brigadas de Al Aqsa como el brazo armado de Fatah, las Brigadas se han venido identificando sistemáticamente como tales sin que ni el actual o anterior presidente de la Autoridad Palestina ni la cúpula de Fatah hayan hecho nunca nada por desmentirlo. Muy al contrario, los dirigentes de Fatah de la Autoridad Palestina a menudo han otorgado concesiones y dado muestras de reconocimiento a las Brigadas de Al Aqsa. Por ejemplo, durante su campaña presidencial de 2005, el presidente Abbas fue fotografiado a hombros de Zakaria Zubeidi, el líder de las Brigadas de Al Aqsa en Yenín.(41) Poco después de salir elegido, el presidente Abbas ordenó la inclusión de miembros de las Brigadas de Al Aqsa en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, donde pasarían a ser funcionarios y estarían a sueldo de la Autoridad Palestina.(42) El 12 de julio de 2007 el presidente Abbas dictó un decreto presidencial por el que concedía la Medalla de Jerusalén a Samih al-Madhoun, coronel de la Guardia Presidencial/Fuerza 17 y líder de las Brigadas de Al Aqsa en la Franja de Gaza. Samih al-Madhoun fue asesinado brutalmente por hombres armados de Hamás en junio de 2007, un día después de haberse jactado en una entrevista de radio de haber quemado 20 casas de partidarios de Hamás.(43)
A lo largo de los años un número indeterminado de miembros de las Brigadas de Al Aqsa han pasado a formar parte de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, sobre todo de la Guardia Presidencial/Fuerza 17; otros se han convertido en miembros de las Brigadas cuando ya servían en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina. Esta ambigua situación se complicó aún más a partir de 2004, con la aparición de grupos escindidos de las filas de las Brigadas y su participación en las luchas entre facciones, primero en el seno de la propia de Fatah y después contra Hamás. Los ataques de las Brigadas de Al Aqsa contra miembros de Hamás aumentaron después de que ésta se hiciese con el control de diversos municipios tras las primeras elecciones municipales palestinas de 2005 y antes de las elecciones legislativas de 2006,(44) y se intensificaron aún más tras la victoria de Hamás en aquellas elecciones legislativas.
Las Brigadas Qassam nacieron a principios de los años noventa,(45) según los informes bajo el liderazgo de Yahia Ayash, quien posteriormente fue asesinado por el ejército israelí. Su objetivo expreso es resistirse mediante las armas a la ocupación israelí, entre otras cosas llevando a cabo atentados suicidas y otros ataques contra israelíes, incluida la población civil israelí, en Israel y en los TPO. No obstante, en los últimos años, sobre todo desde 2005, han participado cada vez más en enfrentamientos armados con miembros de Fatah y ataques contra ellos, sobre todo en la Franja de Gaza. También han sido responsables de algunos homicidios de palestinos acusados de "colaborar" con los servicios de inteligencia israelíes.
A diferencia de los miembros de las Brigadas de Al Aqsa, los miembros de las Brigadas Qassam y de Hamás han venido siendo el blanco de ataques por parte de la Autoridad Palestina y sus fuerzas de seguridad, especialmente entre mediados y finales de los años noventa. Durante aquel periodo, la Autoridad Palestina detuvo a centenares de partidarios de las Brigadas Qassam y de Hamás; muchos sufrieron torturas o a malos tratos y se los encarceló tras un juicio sin garantías o se los detuvo durante periodos prolongados sin que se presentaran cargos en su contra o se celebrase un juicio. Estas detenciones parecían estar motivadas fundamentalmente por cuestiones políticas –para acallar la oposición a la Autoridad Palestina y también como respuesta a la presión israelí e internacional sobre la Autoridad Palestina para que tomase medidas contra los grupos armados– más que por un verdadero deseo de llevar ante la justicia a los autores de delitos graves. En cambio, desde el comienzo de la Intifada a finales del año 2000 hasta la toma del poder por Hamás en Gaza a mediados de junio de 2007, la Autoridad Palestina por lo general no adoptó en cambio medidas contra las Brigadas de Al Aqsa, las Brigadas Qassam ni ningún otro grupo armado que perpetrase atentados contra la población civil israelí, a pesar de que tales atentados contra civiles constituían violaciones graves del derecho internacional.
La proliferación de armas ilegales: una causa fundamental de la ausencia de orden
La proliferación descontrolada y el uso indebido de armas de fuego y explosivos han contribuido en gran medida a la erosión del respeto a la ley y al aumento de la inseguridad en Cisjordania y en la Franja de Gaza y han tenido consecuencias nefastas sobre las vidas de la población civil. Centenares de palestinos y palestinas, entre ellos menores de edad, han muerto en los últimos años a consecuencia de la utilización de armas de fuego y explosivos por otros palestinos, ya fuese de forma deliberada o por accidente.
Los enfrentamientos armados en la Franja de Gaza y los ataques en Cisjordania se vieron favorecidos por la facilidad con la que pueden conseguirse explosivos y armas de fuego, que los grupos armados dicen usar únicamente en el contexto de la resistencia armada contra la ocupación israelí, pero que han venido utilizándose cada vez con más frecuencia contra otros palestinos, en especial por los brazos armados de Fatah y de Hamás. A lo largo de los años, el creciente desorden y la pasividad de las fuerzas de seguridad palestinas ante esta violencia han llevado a muchos palestinos sin relación con grupos armados a adquirir armas para protegerse a sí mismos. Esta proliferación de las armas de fuego ha alimentado la violencia en el seno de la sociedad palestina y agravado las consecuencias de los enfrentamientos, al convertirse a menudo meros conflictos vecinales en prolongadas batallas armadas que ponen en peligro la vida de los residentes de barrios enteros.
La Ley de Armas de Fuego y Munición (2) de 1998 estipula que nadie puede disponer de un arma de fuego salvo que obtenga una autorización del Ministerio del Interior (artículos 2 y 3); que ningún menor de 21 años puede poseer o portar armas de fuego (artículo 5.a); que nadie puede poseer más de un arma de fuego (artículo 11); que no está permitido portar armas de fuego en lugares públicos, conferencias, reuniones, ceremonias o fiestas de boda, y que queda terminantemente prohibido mostrar armas de forma ostentosa (artículo 14).
En la práctica esta ley sólo se ha aplicado en contadas ocasiones. Los adultos e incluso los menores acostumbran a llevar y a utilizar armas de fuego sin autorización en lugares públicos, incluidos hospitales y escuelas. Calles muy concurridas de zonas residenciales densamente pobladas se han convertido a menudo en el escenario de de batallas entre grupos armados, fuerzas de seguridad rivales o familias enfrentadas, y hombres armados y miembros de las fuerzas de seguridad suelen disparar con munición real en zonas públicas abarrotadas de gente, ya sea para celebrar o protestar contra algo o simplemente para enseñar sus armas. Esta proliferación de armamentos resulta injustificada y representa una amenaza real y continua para los derechos humanos de muchos palestinos y palestinas.
5. ABUSOS EN LA FRANJA DE GAZA
Homicidios ilegales y secuestros
Tanto durante como después de los enfrentamientos que culminaron con la toma del poder de facto por parte de Hamás en la Franja de Gaza, hombres armados de Hamás han perseguido y atrapado a miembros de las fuerzas de seguridad palestinas y de las Brigadas de Al Aqsa, a quienes acusaban de formar parte de un grupo que había ordenado y llevado a cabo asesinatos de miembros de Hamás.(46) Los miembros de la Fuerza Ejecutiva y de las Brigadas de Qassam mataban a los dirigentes de este grupo a los que capturaban, mientras que a los miembros menos importantes o a los simples colaboradores a menudo les disparaban en las piernas siguiendo una política deliberada de venganza e intimidación de los demás.
Según el testimonio de F. H., mecánico que trabajaba para la Guardia Presidencial/Fuerza 17:
Esa misma tarde, unos hombres con la cara tapada secuestraron a Husam Abu Qinas cuando volvía a casa desde el trabajo en un taxi compartido en Jan Yunis. Lo metieron a empujones en un jeep que según los informes pertenecía a la Guardia Presidencial/Fuerza 17, lo llevaron a la Torre Mhanna (un alto edificio residencial) de la ciudad de Gaza y lo tiraron desde la azotea, esposado. Antes había recibido un disparo en la cabeza, pero se ignora si aún seguía vivo cuando fue lanzado desde el tejado. Husam Abu Qinas, alicatador de 35 años, casado y que esperaba su primer hijo, era un hombre religioso pero según los informes no era miembro de Hamás. Se cree que ambos ataques se llevaron a cabo en venganza por el homicidio de Mohammed Swerki.
En barrios residenciales en torno a los domicilios de figuras destacadas de las Brigadas de Al Aqsa, los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina y Fatah se libraron batallas armadas de horas de duración. El uso temerario de granadas propulsadas por cohetes, cohetes y otro armamento pesado amenazó gravemente la seguridad de los residentes y de los transeúntes. A algunas personas que participaban en la lucha y fueron capturadas se las ejecutó sumariamente cuando estaban fuera de combate, incluso dentro y cerca de hospitales. A otras personas que no participaban en los combates las secuestraron y mataron deliberadamente cuando permanecían retenidas como rehenes.
Testimonio de un familiar de Jamal Abu Jedian (Abu Maher), de 52 años, Secretario General de Fatah en el norte de Gaza, coronel de la Guardia Presidencial/Fuerza 17 y uno de los principales jefes de las Brigadas de Al-Aqsa en el norte de Gaza y estrecho colaborador de Muhammad Dahlan, ex jefe de Seguridad Preventiva y hombre fuerte del presidente Abbas en la Franja de Gaza:
Ese mismo día por la tarde, el 11 de junio, estallaron enfrentamientos armados entre miembros de la Fuerza Ejecutiva de Hamás y miembros del clan Al-Masri, grupo que dispone de cuantiosas armas y que lleva muchos años implicado en sangrientas contiendas familiares. Al frente del clan se encuentra el jefe de la Mukhabarat (Inteligencia General) en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos tuvieron lugar en el complejo familiar de Beit Hanoun, en el norte de la Franja de Gaza. Tras la muerte de uno de los suyos durante los combates, los miembros de la Fuerza Ejecutiva persiguieron a los miembros del clan Al-Masri y les dieron caza en el hospital de Beit Hanoun.
Testimonio de F. A., de 24 años, madre de cinco niños pequeños:
Durante los enfrentamientos, varios civiles que no participaban en los combates, entre ellos menores de edad, resultaron muertos o heridos a consecuencia del fuego cruzado. Shahed Thamer Miqdad, una niña de 18 meses, y su tía, Nida’ Ahmad Miqdad, de 22 años, resultaron gravemente heridas dos días consecutivos en su apartamento de la cuarta planta del complejo habitacional de Maggousi en la ciudad de Gaza, cuando tuvieron lugar imprudentes enfrentamientos armados entre hombres de Hamás y de Fatah cerca de la casa de un portavoz de Fatah, Maher Miqdad.
Testimonio de la abuela de Shahed:
Muchos estudiantes arriesgaron sus vidas para poder hacer los decisivos exámenes que comenzaron el 11 de junio, al atravesar puestos de control establecidos por hombres armados en zonas en las que estaban produciéndose enfrentamientos armados. A algunos el viaje les costó la vida.
Efectos de los enfrentamientos armados en la ciudad de Gaza; los residentes se vieron atrapados mientras hombres armados se enfrentaban en el exterior de modo temerario. ©AI
Testimonio de un familiar de ‘Aisha Maher al-Shawwa, de 17 años:
Manifestantes pacíficos en la línea de fuego
Una marcha pacífica en contra del enfrentamiento entre Fatah y Hamás, en la que se pedía a ambos bandos que abandonasen la lucha, fue el blanco de un ataque la mañana del 13 de junio en la ciudad de Gaza. Amnistía Internacional no ha logrado averiguar si se abrió fuego deliberadamente contra los manifestantes o si también fueron víctimas de ese uso temerario de las armas que ha caracterizado a los enfrentamientos armados. La manifestación estaba organizada por partidos de izquierdas, los mukhtars (jefes locales), la Yihad Islámica y la delegación egipcia en Gaza.(48) Había comenzado en el distrito de Shaja’iya y continuado pasando al lado del edificio del Parlamento a lo largo de la calle ‘Omar al-Mukhtar, donde fue atacada. Dos manifestantes murieron y más de 20 resultaron heridos, entre ellos Mohammad Mahmoud Adas, de 19 años, quien según los informes falleció posteriormente. Taghreed Salah al-‘Alia, administrativa de 31 años, resultó herida y también murió al poco tiempo, y Shadi Tayseer al-‘Ijla, estudiante de psicología y activista en favor de la paz, resultó herido y falleció dos días después.
Testimonio de la madre de Shadi Tayseer al-‘Ijla:
Taghreed siempre quería hacer el bien. Hacía poco había hecho un curso de primeros auxilios, por todo lo que estaba ocurriendo, para poder ayudar a tratar a los heridos; era capaz de ayudar al médico en la clínica de la marina en la que trabajaba como administrativa. Aquella mañana estaba preocupada porque iba a ir a la manifestación, pero pensaba que era una buena iniciativa. Le dije que si no fuese porque me encontraba un poco mal por mi reciente operación de ojos habría ido con ella. Cuando recibió el disparo estaba inclinada sobre otro manifestante que había resultado herido. La llevaron al hospital Shifa, que estaba cerca, aunque después de 45 minutos esperando sin que la atendieran la persona que la acompañaba la llevó en un taxi al hospital Al Quds, pero falleció al poco de llegar allí.
Taghreed Salah al-‘Alia, herida de muerte en una manifestación pacífica el 13 de junio de 2007 en la ciudad de Gaza. ©AI
Los estudiantes universitarios M. y su hermano A. resultaron heridos en la manifestación. M., 19 años, recibió un disparo en la pierna derecha y sufrió una fractura de espinilla, y a A. lo alcanzó una bala en la espalda. Ambos declararon a Amnistía Internacional que no sabían si los disparos habían procedido de hombres armados de Hamás o de Fatah o si iban dirigidos contra los manifestantes o contra los hombres armados que se encontraban cerca de los manifestantes.(49)
Disparos "de castigo" para sembrar el miedo
Además de perpetrar asesinatos y secuestros, hombres armados y agentes de las fuerzas de seguridad de Fatah y Hamás atacaron a miembros y partidarios del bando adversario con el fin de vengarse y causar miedo. Los ataques fueron especialmente generalizados entre finales de 2006 y junio de 2007. Hombres armados de Fatah y Hamás recurrieron cada vez más a la práctica de secuestrar oponentes y dispararles en las piernas. A lo largo de junio de 2007, durante la última oleada de enfrentamientos armados e inmediatamente después, los ataques fueron perpetrados sobre todo por hombres armados de Hamás contra rehenes y supervivientes de dichos enfrentamientos que se encontraban fuera de combate. Hasta esa fecha, los ataques habían sido perpetrados a menudo por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y hombres armados de Fatah contra miembros de Hamás. En la mayoría de los casos investigados por Amnistía Internacional, las consecuencias de los disparos –efectuados desde una distancia muy corta con el propósito claramente deliberado de provocar el mayor daño posible– fueron fracturas múltiples de los huesos de las piernas y de los muslos. En varios casos, las heridas fueron tan graves que se tuvo que proceder a la amputación de los miembros afectados.
Una de las numerosas víctimas de disparos "de castigo" en las piernas en la Franja de Gaza. ©AI
Testimonio de T. A., de 25 años, guardaespaldas de su tío, jefe de uno de los departamentos regionales del Servicio de Seguridad Preventiva:
Testimonio de un miembro de la familia ‘Ashour:
Durante los días y semanas posteriores a la toma por Hamás de las instalaciones de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza a mediados de junio de 2007 se registró una mejora notable de la situación general de la seguridad en todo el territorio. Terminaron los enfrentamientos armados, desaparecieron de las calles los grupos de hombres armados con la cara tapada y disminuyeron las amenazas de secuestro, omnipresentes hasta ese momento. Hamás consiguió la liberación de las dos personas que llevaban más tiempo secuestradas:(50) Alan Johnston, ciudadano británico y corresponsal de la BBC, a quien el clan Dughmush y el grupo Ejército del Islam habían secuestrado hacía cuatro meses; y Salim Sabra, ingeniero palestino de la ciudad de Gaza, al que miembros del clan Abu Khoussa –uno de cuyos integrantes era un alto cargo del gobierno de la Autoridad Palestina– mantenían secuestrado desde hacía más de un año y pedían un cuantioso rescate por su liberación. Ambos fueron liberados sanos y salvos.
Salim Sabra con su familia en la ciudad de Gaza poco después de ser liberado en junio de 2007 tras permanecer más de 13 meses desaparecido. ©AI
Sin embargo, una represión creciente no tardó en sustituir el caos que había reinado previamente, al seguir la Fuerza Ejecutiva y las Brigadas Qassam atacando a miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y de las Brigadas de Al Aqsa y a otros activistas de Fatah. En un principio dio la impresión de que los ataques tenían como objetivo a personas a quienes Hamás guardaba rencor y la confiscación de armas. Sin embargo, al cabo de algunas semanas, la Fuerza Ejecutiva y las Brigadas Qassam empezaron a disolver manifestaciones y concentraciones de activistas de Fatah. Emplearon una fuerza excesiva para disolver manifestaciones de protesta organizadas por activistas de Fatah e irrumpieron en bodas y otras celebraciones en las que al parecer los participantes cantaban alabanzas de Fatah y de las Brigadas de Al Aqsa. Se acosó a personas por desplegar banderas de Fatah en el tejado de sus casas o por tener carteles o vídeos en sus teléfonos móviles de dirigentes de Fatah o de las Brigadas de Al Aqsa, sobre todo de Samih al-Madhoun. En varias ocasiones se atacó a periodistas que cubrían las manifestaciones de protesta y otros incidentes, y se dañaron o destruyeron sus grabaciones o equipos para impedirles informar de los violentos ataques contra los manifestantes y de las detenciones practicadas contra ellos. Portavoces de Hamás afirmaron que los activistas de Fatah empleaban la violencia contra la Fuerza Ejecutiva durante las manifestaciones, pero las pruebas indican que fueron pacíficas, salvo algunas escaramuzas de orden menor, y que los ataques de la Fuerza Ejecutiva y de las Brigadas Qassam carecían de justificación y tenían el propósito evidente de silenciar la oposición contra Hamás e impedir a los medios de comunicación informar sobre los actos de represión.
Centenares de activistas, en su mayoría miembros de Fatah, fueron detenidos por participar en protestas y manifestaciones no violentas. La mayoría quedó en libertad en un plazo de 24 a 48 horas, pero con la condición de firmar un documento en el que se comprometían a no participar en manifestaciones u otras actividades de protesta. En muchos casos, la Fuerza Ejecutiva exigió el pago de multas a los detenidos o les puso como condición para liberarlos que pagaran o se comprometieran a pagar hasta 4.000 dólares estadounidenses si participaban en futuras actividades de protesta. Los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina habían impuesto por primera vez estas condiciones en Cisjordania, en junio de 2007, y luego las adoptó la Fuerza Ejecutiva en Gaza.
Uno de los ataques más graves tuvo lugar el 7 de septiembre al disolver la Fuerza Ejecutiva y las Brigadas Qassam grandes concentraciones de personas que se habían reunido para rezar las oraciones de los viernes en espacios abiertos de la Franja de Gaza, respondiendo a un llamamiento de Fatah y de otras facciones de la Organización para la Liberación de Palestina para que las oraciones se llevaran a cabo fuera de las mezquitas con el fin de protestar contra la presunta propaganda de Hamás y el control de las mezquitas por este grupo. Se agredió con palos y culatas de fusil a manifestantes y periodistas que cubrían la noticia, y decenas de ellos resultaron heridos. Miembros de la Fuerza Ejecutiva dispararon al aire con el propósito evidente de intimidar a los presentes. Se agredió a periodistas cuando filmaban, fotografiaban o entrevistaban a activistas de Fatah y, en algunos casos, se confiscaron sus grabaciones y se dañaron sus equipos. Aunque, según los informes, algunos manifestantes lanzaron piedras contra miembros de la Fuerza Ejecutiva, las concentraciones se desarrollaron en su mayoría de forma pacífica, y la fuerza utilizada por este cuerpo fue excesiva e injustificada. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Fuerza Ejecutiva para impedir a los medios de comunicación informar sobre sus acciones represivas, éstas alcanzaron un gran eco en los medios informativos, tanto palestinos como extranjeros, y volvieron a suscitar protestas de las organizaciones palestinas e internacionales de periodistas. El 9 de septiembre, el depuesto primer ministro Haniyeh lamentó públicamente las agresiones contra periodistas perpetradas por la Fuerza Ejecutiva y afirmó que había ordenado una investigación de los incidentes. Otros altos cargos de Hamás se comprometieron también a garantizar la libertad de prensa.(51) Sin embargo, no se tiene noticia de que se hayan adoptado medidas para investigar las agresiones y pedir cuentas a los responsables.
El 15 de junio de 2007, Mohannad Sami Qdeih, niño de 13 años con discapacidad mental, murió delante de su casa como consecuencia de unos disparos efectuados de forma temeraria por hombres armados de Hamás en Bani Suheila, en el sur de la Franja de Gaza. ©AI Hamás ha tratado de justificar la represión responsabilizando a activistas de Fatah de los disparos y de los atentados con bomba y armas de fuego perpetrados contra miembros de Hamás, que han aumentado desde agosto de 2007. El 1 de septiembre, por ejemplo, explotó una bomba en el vehículo del miembro de Hamás Firas Taysis Abu ‘Ida cuando se encontraba cerca de su casa en la ciudad de Gaza; la explosión no causó víctimas. En la noche del 3 al 4 de septiembre explotó otra bomba en el automóvil de Talal al-Dahshan, miembro de la Fuerza Ejecutiva y asesor del ex ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Hamás, delante de su casa en la ciudad de Gaza. La explosión provocó desperfectos en varias casas de los alrededores e hirió en la cabeza a un niño pequeño, pero Talal al-Dahshan salió indemne del atentado. Ese mismo día explotó otra bomba delante de un edificio en construcción en Rafá.
Además de los atentados con bomba, a partir de agosto han aumentado también los secuestros y los homicidios deliberados cometidos por hombres armados no identificados contra miembros de Hamás y Fatah y otras personas, aunque no han alcanzado la frecuencia que en la primera mitad de 2007. El 6 de septiembre, unos hombres armados sin identificar secuestraron a Tarzan e Ibrahim Dughmush, miembros del Servicio de Seguridad Preventiva y del clan Dughmush, a quienes se relacionaba con el secuestro del periodista de la BBC Alan Johnston. Ibrahim Dughmush consiguió escapar a pesar de recibir unos disparos en la espalda, pero el cadáver de Tarzan Dughmush se encontró más tarde en el sur de la ciudad de Gaza; le habían disparado en la cabeza. Estos ataques han suscitado el temor de que esté a punto de registrarse un caos generalizado como el que reinó en la Franja de Gaza antes de junio de 2007.
En repetidas ocasiones se han producido también enfrentamientos armados al intentar miembros de la Fuerza Ejecutiva practicar detenciones, lo que ha provocado en algunos casos heridos entre los circunstantes, al parecer debido al uso excesivo e imprudente de la fuerza por parte de este cuerpo. Según el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, las fuerzas de seguridad "podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". Además, según los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, sólo se podrá hacer "uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida". La Fuerza Ejecutiva ha hecho caso omiso de estas normas y la dirección de Hamás no ha hecho nada para poner fin a esta conducta violenta y peligrosa; su inacción ha fomentado de hecho que continúen estos abusos.
Detenciones arbitrarias, secuestros y torturas por parte de las fuerzas de Hamás
Desde mediados de junio, la Fuerza Ejecutiva ha detenido a más de 1.000 personas en el marco de una campaña de detenciones por motivos políticos.(52) En algunos casos, las Brigadas Qassam han realizado también secuestros y detenciones por propia iniciativa o en colaboración con la Fuerza Ejecutiva. La mayoría de las personas detenidas quedaron en libertad al cabo de pocos días u horas, pero algunas han permanecido detenidas más tiempo, en algunos casos, según los informes, durante más de dos semanas.
Como se observa en el capítulo 4, la Fuerza Ejecutiva no está facultada legalmente para llevar a cabo detenciones o reclusiones y, por tanto, toda detención practicada por este cuerpo es arbitraria. Como se detalla en el capítulo 3, la prohibición de las detenciones arbitrarias es una norma del derecho internacional consuetudinario.
Además, contraviniendo la ley que regula las prisiones y los centros de detención, las fuerzas de Hamás han mantenido recluidas a personas detenidas al menos en 23 lugares diferentes de la Franja de Gaza, en su mayoría antiguos centros de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina, que no están autorizados legalmente como centros de detención.(53) Al obrar así, el gobierno de facto de Hamás en Gaza está perpetuando el sistema empleado de forma persistente por las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que hasta junio de 2007 incumplieron también la ley al mantener recluidas a personas detenidas en una multitud de lugares no autorizados.
Inmediatamente después de la toma del control de Gaza por Hamás –según la información facilitada a Amnistía Internacional por familiares de personas detenidas y por personas detenidas puestas en libertad– se permitió al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a centros de detención situados en la Franja de Gaza. Se ha permitido también visitar los centros de detención a la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos y a otras organizaciones palestinas de derechos humanos.(54)
Personas que habían estado detenidas ofrecieron a Amnistía Internacional testimonio de las torturas y otros malos tratos a los que fueron sometidas bajo custodia. Estos abusos son habituales y es normal que se inflijan brutales palizas a las personas detenidas. La Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos y otras organizaciones palestinas de derechos humanos, como el Centro Palestino de Derechos Humanos, Al Mezan y Al Dameer, han señalado haber recibido denuncias de palizas, torturas y otros malos tratos de personas detenidas puestas en libertad que presentaban todavía lesiones y magulladuras acordes con los abusos denunciados. Se han denunciado también otras formas de tortura o malos tratos contra personas detenidas, como raparles la cabeza por la fuerza, atarlas en posturas dolorosas (shabeh) y amenazarlas, por ejemplo, con matarlas o dispararles en las piernas.
Testimonio de A. B., de 21 años:
Testimonio de Tariq Mohammed Asfour, de 43 años, padre de 11 hijos y ex policía de Jan Yunis:
Testimonio de M. A., de 25 años, desempleado:
Fadhel Dahmash, de 31 años, murió el 10 de julio cuando se encontraba bajo custodia de la Fuerza Ejecutiva en la prisión central de Gaza, en la que se hallaba recluido desde el 6 de julio por su presunta "colaboración" con los servicios israelíes de inteligencia. Anteriormente, el 5 de julio, había sido secuestrado por miembros de las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica, que distribuyó un vídeo en el que aparecía un hombre descendiendo de un jeep del ejército israelí, despojándose de su uniforme militar y poniéndose ropa de civil. El Centro Palestino de Derechos Humanos pidió a las Brigadas Al Quds que no le hicieran daño y que lo entregaran a la Autoridad Palestina. El hermano de Fadhel Dahmash informó al Centro de que las Brigadas Al Quds habían liberado a su hermano ese mismo día, después de torturarlo, pero que la Fuerza Ejecutiva lo había detenido al día siguiente, es decir, el 6 de julio. La mañana de este mismo día, según el registro de un hospital, cuando se encontraba ya bajo custodia de la Fuerza Ejecutiva, Fahdel Dahmash estuvo hospitalizado durante un breve periodo. El 10 de julio, su cadáver fue trasladado a un hospital de la ciudad de Gaza, con una carta del director de la prisión central de Gaza en la que se decía que Fadhel Dahmash había sufrido un ataque al corazón y dificultades respiratorias.(58) Según la Comisión Palestina Independiente por los Derechos de los Ciudadanos, el cadáver presentaba señales de tortura, pero hasta la fecha Amnistía Internacional no ha podido obtener información sobre la causa de la muerte.
Después de los persistentes informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas
