Document - Libye. De lourdes peines prononcées contre des prisonniers d'opinion
AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA
Índice AI: MDE 19/006/2008 (público)
Fecha: 11 de junio de 2008
Libia: Imposición de duras penas de prisión a presos de conciencia
Amnistía Internacional condena las duras penas impuestas por un tribunal libio ayer (10 de junio de 2008) a Idriss Boufayed, Jamal El-Haji y a otras 10 personas, y pide su libertad inmediata e incondicional. La organización considera que todas estas personas son presos de conciencia que han sido condenadas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión y, en concreto, por organizar una manifestación crítica hacia el gobierno libio. Idriss Boufayed, que ha sido condenado a 25 años de prisión, sufre cáncer de pulmón en fase avanzada.
Por otro lado, a Amnistía Internacional le preocupa enormemente la suerte de Abdelrahman Al-Qateewy, cuyo paradero se desconoce desde que fue detenido, en relación con la misma manifestación, en febrero de 2007, junto con Jum’a Boufayed, hermano de Idriss Boufayed. Aunque la organización acoge con satisfacción la excarcelación de Jum’a Boufayed el 27 de mayo de 2008 de la prisión de Abu Selim, después de 15 meses de reclusión en régimen de incomunicación, teme que Abdelrahman al-Qateewy haya sido víctima de una desaparición forzada y pide que se dé a conocer inmediatamente su paradero. Con arreglo a las obligaciones contraídas por Libia en aplicación del derecho internacional de derechos humanos, Abdelrahman al-Qateewy debe ser puesto en libertad de inmediato o acusado formalmente de un delito reconocible y juzgado sin dilación en un proceso imparcial.
A Amnistía Internacional le preocupa especialmente el estado de salud de Idriss Boufayed. El 6 de abril de 2008, la Fundación Internacional Gadafi de Asociaciones Benéficas y para el Desarrollo hizo pública una declaración en la que se afirmaba que Idriss Boufayed estaba recibiendo tratamiento en el hospital de Sabrata. El 28 de mayo de 2008, el diario libio Al Watan informó de que un comité médico creado por el Ministerio de Justicia había determinado que Idriss Boufayed debía ser puesto en libertad por motivos médicos. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional e insta, en concreto, a que se le permita salir del país si así lo desea, para recibir tratamiento médico en el extranjero o regresar a Suiza, donde residía con anterioridad.
El recién creado Tribunal de Seguridad del Estado condenó en un proceso injusto a
Idriss Boufayed a 25 años de prisión; a Jamal El-Haji a 12 años, y a los hermanos Al-Mahdi Saleh Hmeed, Faraj Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed y Al-Sadeq Saleh Hmeed a 15 años. Por su parte, Farid Mohammed Al-Zwai, Alaa Al-Drissi, Ahmed Youssef Al-Obaidi, Bashir Qasem Al-Hares y Al-Sadiq Qeshoot fueron condenados a sendas penas de seis años de cárcel. Todos ellos fueron declarados culpables de delitos tipificados de manera imprecisa como “intentar derrocar el sistema político”, “difundir rumores falsos sobre el régimen libio” y “comunicarse con potencias enemigas”. Amnistía Internacional cree que estas acusaciones guardan relación con la publicación de una declaración en varios sitios web de noticias en la que se convocaba a una manifestación pacífica el 17 de febrero de 2007 y a una reunión posterior con un diplomático estadounidense. La acusación de “posesión de armas y explosivos con la intención de realizar actividades subversivas” fue retirada. Adel Saleh Hmeed fue el único procesado que quedó absuelto de todos los cargos.
Información complementaria
Los derechos a la libertad de expresión y de reunión siguen estando severamente restringidos en Libia. Idriss Boufayed, junto con otros tres hombres, Al-Mahdi Saleh Hmeed, Ahmed Youssef Al-Obaidi y Bashir Qasem al-Hares, habían publicado un comunicado el 23 de enero de 2007 en varios sitios web de noticias en el que anunciaban que planeaban celebrar una manifestación pacífica en Trípoli el 17 de febrero de 2007. La manifestación era para conmemorar el primer aniversario de la muerte de al menos 12 personas durante una manifestación en Benghazi en la que resultaron heridas decenas de personas más.
Las actuaciones judiciales, que comenzaron el 24 de junio de 2007, fueron transferidas al nuevo Tribunal de Seguridad del Estado tras determinarse, en agosto de 2007, que se iba a juzgar a personas acusadas de delitos contra la seguridad del estado y actividades políticas no autorizadas. La primera vista ante el tribunal se celebró el 6 de noviembre de 2007. Los detenidos no tuvieron derecho a contar con un abogado de su elección, salvo Jamal El-Haji, que pudo designar a un abogado particular, y además, no tuvieron acceso a los abogados defensores asignados fuera de la sala de juicios. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación en relación con el Tribunal de Seguridad del Estado, afirmando que no están claros ni su necesidad ni su mandato, y ha pedido a Libia que garantice el respeto de todos los derechos y garantías previstos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Documento público
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