Document - LIBAN. L'exil et la souffrance. Les réfugiés palestiniens au Liban


[Embargado hasta el 17 de octubre de 2007]Público


Amnistía Internacional

Líbano

Exilio y sufrimiento: Población palestina refugiada en Líbano

Octubre de 2007

Resumen

Índice AI: MDE 18/010/2007



http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180102007

Resumen



Tejados en el campo de refugiados palestinos de Ein el Hilweh (Sidón), marzo de 2005, © AI

En Líbano residen unos 300.000 refugiados palestinos, en su mayoría personas o descendientes de personas que huyeron o fueron expulsadas de sus hogares y de sus tierras en el Mandato de Palestina, hace ahora casi 60 años, durante los sucesos que rodearon la creación del Estado de Israel y la guerra árabe-israelí de 1948.A pesar de constituir una de las poblaciones de refugiados más antiguas, siguen sumidos en una situación de incertidumbre. Aunque en el derecho internacional se encuentra perfectamente establecido su derecho a volver a sus tierras y a sus casas, situadas en su mayoría en lo que ahora es Israel y en mucha menor medida en los Territorios Palestinos Ocupados, no existe prácticamente ninguna perspectiva de que les vayan a permitir hacerlo en un futuro inmediato. En el país de acogida –es decir, en Líbano– se encuentran sometidos también a diversas restricciones que les impiden el disfrute de todos los derechos humanos, a pesar de que en su mayoría han nacido y se han criado en ese país. Miles de ellos se han visto obligados a seguir desplazándose incluso mientras se encontraban exiliados en Líbano: unos 30.000 continúan desplazados como consecuencia de los enfrentamientos entre el grupo armado Fatah al Islam y las fuerzas armadas libanesas, ocurridos entre mayo y septiembre de 2007 en el campo de refugiados palestinos de Nahr al Bared.

Este informe aborda las terribles condiciones económicas y sociales de estas personas, cuya mayoría –alrededor de un 53 por ciento– vive en ruinosos campos devastados por la guerra y sumidos en la pobreza. Durante casi 60 años, ni los sucesivos gobiernos de Israel, Líbano y de otros Estados de la región ni la comunidad internacional en general han respetado ni protegido sus derechos, y tampoco han encontrado una solución sostenible y justa para su difícil situación. La discriminación y la marginación que padecen las personas refugiadas palestinas, incluidas restricciones relacionadas con el mercado laboral, acarrean una elevada tasa de desempleo, salarios bajos y malas condiciones de trabajo. La pobreza resultante se ve agravada por las restricciones impuestas al acceso a la educación pública y a los servicios sociales. El trato discriminatorio dado a los palestinos se debe en gran medida a que carecen de un Estado, circunstancia que las autoridades libanesas han aprovechado para negarles los derechos reconocidos no sólo a la población libanesa, sino también a otros extranjeros residentes en el país.

La violencia y los conflictos que se registran de forma periódica en Líbano y en otras zonas de la región han empeorado la difícil situación de la comunidad palestina refugiada en ese país, como la guerra civil libanesa de 1975 a 1990, la invasión de Líbano por Israel en 1982 y la posterior ocupación israelí del sur del país hasta 2000, y el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá en 2006. La desesperada situación de la población palestina refugiada en Líbano captó la atención internacional a partir del 20 de mayo de 2007, al extenderse los combates que habían estallado en Trípoli, localidad situada en el norte de Líbano, al cercano campo de refugiados de Nahr al Bared. Los protagonistas de los enfrentamientos eran las fuerzas armadas libanesas y miembros de Fatah al Islam, grupo armado islamista que se había introducido en el campo recientemente y que había establecido posiciones armadas en su interior, poniendo en peligro la seguridad de la población local. Al menos 23 civiles palestinos y decenas de personas más resultaron heridos durante los primeros 12 días de los enfrentamientos, (1) en los que la artillería del ejército libanés realizó algunos bombardeos intensos y posiblemente indiscriminados. Los combates se prolongaron durante 15 semanas, concretamente hasta el 2 de septiembre, fecha en que las fuerzas armadas libanesas se hicieron con el control del campo. Según las autoridades libanesas, como consecuencia de los enfrentamientos murieron 166 soldados del ejército libanés y 220 militantes de Fatah al Islam y al menos 42 civiles. El campo resultó en gran medida destruido. El conflicto provocó el desplazamiento de unos 30.000 refugiados palestinos de Nahr al Bared; la mayoría se trasladó al campo de refugiados palestinos de Beddawi, situado a unos 15 kilómetros. Allí se refugiaron en escuelas, tiendas vacías, edificios abandonados y casas de refugiados locales, abarrotando el campo y mermando la capacidad de sus infraestructuras para satisfacer las necesidades de los residentes.

Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades libanesas para alojar a centenares de miles de refugiados palestinos y los grandes costes –económicos y de otra índole– que este problema ha supuesto para Líbano. Reconoce también que la responsabilidad del sufrimiento de la población refugiada palestina no corresponde sólo a Líbano, sino que atañe también a la comunidad internacional, que durante casi 60 años la ha excluido del sistema internacional instituido para proteger a las personas refugiadas. Israel y la comunidad internacional no han encontrado tampoco una solución adecuada, duradera y sostenible –acorde con el derecho internacional– para los problemas de los millones de refugiados palestinos dispersos por todo el mundo. Amnistía Internacional reconoce también que el actual gobierno libanés se ha esforzado más que sus predecesores para intentar mejorar las condiciones de la comunidad palestina refugiada en Líbano, suavizando, durante 2005, algunas restricciones que se le había impuesto y permitiéndole el acceso a más tipos de empleos, si bien se le siguió vedando el ejercicio de unas 12 profesiones. Las autoridades han tratado también de llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones de alojamiento y han expresado su interés por encontrar una solución para las personas palestinas indocumentadas –es decir, los entre 3.000 y 5.000 refugiados palestinos que según los cálculos no están registrados ante las autoridades libanesas ni en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)–, cuyas condiciones son las más precarias.

Amnistía Internacional publica este informe en el marco de sus iniciativas dirigidas a animar a las autoridades libanesas a persistir en sus esfuerzos con el fin de garantizar a las personas refugiadas palestinas el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones con el resto de la población de Líbano y a adoptar medidas de inmediato para eliminar todas las formas de discriminación contra ellas. Con este fin, insta al gobierno libanés a adoptar medidas de inmediato para eliminar todas las formas de discriminación contra estas personas, por ejemplo:


– revocando o revisando todas las leyes discriminatorias;

– poniendo fin a todas las restricciones excesivas de su derecho a arreglar o mejorar sus viviendas;

– garantizándoles la seguridad de tenencia con el fin de protegerlas contra las amenazas de desalojo forzoso o la intimidación;

– poniendo fin a las restricciones que sufren en el mercado laboral y garantizando el respeto a sus derechos laborales;

– concediéndoles acceso a la seguridad social;

– garantizando a todos los menores igualdad en el acceso a la educación;

– adoptando todas las medidas necesarias para regular la situación de las personas refugiadas palestinas indocumentadas, facilitándoles, por ejemplo, documentos de identidad oficiales.


Amnistía Internacionalinsta también a la comunidad internacional a facilitar ayuda técnica y económica a Líbano para que pueda proporcionar a su población de refugiados el disfrute de la mayor protección posible en materia de derechos humanos.



Este texto resume el documento titulado Líbano: Exilio y sufrimiento. Población palestina refugiada en Líbano (Índice AI: MDE 18/010/2007), publicado por Amnistía Internacional en octubre de 2007. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html.


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Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España










[Embargado hasta el 17 de octubre de 2007]

Público

Amnistía Internacional



Líbano

Exilio y sufrimiento: Población palestina refugiada en Líbano






































ÍNDICE



1. introducción 1

2. LAS PERSONAS REFUGIADAS PALESTINAS Y SUS DERECHOS 7

3. la vergüenza del problema de la vivienda 11

4. discriminación en el mercado laboral 17

5. FALTA DE ASISTENCIA 23

6. ¿EDUCACIÓN SIN PROVECHO? 25

7. Sin documentos de identidad no hay derechos 27

8. recomendaciones 30









Líbano

Exilio y sufrimiento: Población palestina refugiada en Líbano



Nota: Se han cambiado los nombres de algunas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional con el fin de ocultar su identidad.



1. introducción

Los 12 campos oficiales de refugiados que hay en [Líbano] sufren graves problemas: carencia de infraestructuras adecuadas, hacinamiento, pobreza y desempleo. En [Líbano] se registra el mayor porcentaje de refugiados palestinos que viven en una pobreza extrema y que se encuentran inscritos en el programa del organismo "para casos de gravedad especial".

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), 2007(2)


En la actualidad, los refugiados palestinos que residen en Líbano son unos 300.000 y constituyen casi una décima parte de la población del país. (3) La mayoría son personas o descendientes de personas que huyeron o fueron expulsadas de sus hogares y de sus tierras, hace ahora casi 60 años, durante los sucesos que rodearon la creación del Estado de Israel y la guerra árabe-israelí de 1948.(4) A pesar de constituir una de las poblaciones de refugiados más antiguas, siguen sumidos en una situación de incertidumbre. Aunque en el derecho internacional se encuentra perfectamente establecido su derecho a volver a sus tierras y a sus casas, situadas en su mayoría en lo que ahora es Israel y en mucha menor medida en los Territorios Palestinos Ocupados, no existe prácticamente ninguna perspectiva de que les vayan a permitir hacerlo en un futuro inmediato. En el país de acogida –es decir, en Líbano– se encuentran sometidos también a diversas restricciones que los colocan en una situación muy parecida a la de ciudadanos de segunda y les impiden ejercer plenamente sus derechos humanos, a pesar de que en su mayoría han nacido y se han criado en ese país. Miles de ellos se han visto obligados a seguir desplazándose incluso mientras se encontraban exiliados en Líbano: unos 30.000 continúan desplazados como consecuencia de los enfrentamientos entre el grupo armado Fatah al Islam y las fuerzas armadas libanesas, ocurridos entre mayo y septiembre de 2007 en el campo de refugiados palestinos de Nahr al Bared. Más de la mitad de las personas refugiadas palestinas residentes en Líbano –concretamente alrededor de un 53 por ciento– viven en ruinosos campos devastados por la guerra y sumidos en la pobreza. Las condiciones de quienes viven fuera de los campos –en ciudades, pueblos, "asentamientos informales" y zonas rurales– son también muy malas.



Calle inundada de agua debido a un deficiente sistema de alcantarillado, en el campo de Nahr al Bared de Trípoli, en el norte de Líbano, marzo de 2005, ©AI



Las espantosas condiciones sociales y económicas de estas personas demuestran de manera patente que, durante un periodo que abarca ya casi 60 años, los sucesivos gobiernos de Israel, Líbano y de otros Estados de la región y la comunidad internacional en general no han respetado ni protegido sus derechos ni han encontrado una solución sostenible y justa para su difícil situación. Los refugiados que siguen viviendo en los campos y en otros "asentamientos" más informales han pagado un alto precio por esta falta de liderazgo internacional. No sólo no pueden regresar a las casas de las que huyeron o fueron expulsados, sino que se les impide también ejercer algunos de sus derechos básicos en Líbano, el país en el que encontraron refugio.

El dolor de estos palestinos por haber sido expulsados de su tierra y vivir exiliados desde hace decenas de años se ve agravado por la discriminación sistemática que sufren en Líbano. En sus comunidades se les está sometiendo a unas condiciones de vida asfixiantes, lo que obliga a las personas jóvenes y sanas a buscar trabajo en el extranjero y condena a las demás a una lucha diaria por la supervivencia.

La mayoría de las personas palestinas refugiadas en Líbano no han tenido otra opción que vivir en deteriorados y abarrotados campos y asentamientos informales que carecen de las infraestructuras básicas. A pesar de que el número de refugiados registrados se ha multiplicado por cuatro, la extensión de las tierras asignadas a los campos oficiales de refugiados apenas ha variado desde 1948. Se ha prohibido legalmente a los residentes introducir materiales de construcción en algunos campos, lo que ha impedido el arreglo, la ampliación o la mejora de las casas. A quienes han incumplido la ley se les ha multado y encarcelado, y se han derribado las estructuras que habían levantado. En los campos donde se han añadido cuartos y plantas a los edificios ya existentes, los callejones se han vuelto todavía más estrechos y oscuros, la mayoría de las casas no reciben luz directa del sol y, a pesar de los esfuerzos de los residentes, el penetrante olor de la basura y del alcantarillado es a veces insoportable.

Ésta es la única vida que han conocido la mayoría de los palestinos residentes en Líbano; nacidos en Líbano como refugiados, han pasado toda su vida en este país.

En el sur de Líbano, la constante presencia militar alrededor de los campos ha intensificado el aislamiento y la marginación de la población palestina. Cada vez que salen de sus casas o vuelven a ellas, los refugiados tienen que atravesar un control de seguridad del ejército y mostrar su documentación, lo que refuerza su sensación de que son unos intrusos y una amenaza potencial, no personas necesitadas de protección.

La discriminación y la marginación que padecen se ven agravadas por las restricciones en el mercado laboral, que acarrean una elevada tasa de desempleo, salarios bajos y malas condiciones de trabajo. Hasta 2005, más de 70 tipos de trabajo estaban vedados a la comunidad palestina, y sigue sin poder ejercer unos 20. La pobreza resultante se ve agravada por las restricciones impuestas al acceso a la educación pública y a los servicios sociales.

El trato discriminatorio dado a las personas palestinas se debe en gran medida a que carecen de un Estado, circunstancia que las autoridades libanesas han aprovechado para negarles los derechos reconocidos no sólo a la población libanesa, sino también a otros residentes extranjeros.

La violencia y los conflictos que se registran de forma periódica en Líbano y en otras zonas de la región han empeorado la difícil situación de los refugiados palestinos en ese país. Entre estos conflictos figuran la guerra civil libanesa de 1975 a 1990, la invasión de Líbano por Israel en 1982 y la posterior ocupación israelí del sur del país hasta 2000, y el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá en 2006.

Entre los hechos que han afectado profundamente a la población refugiada se encuentran también la expulsión del país de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1982, seguida poco después de una matanza de refugiados palestinos y residentes libaneses en los campos de Sabra y Chatila,(5) y la "guerra de los campos" de 1984, en que resultaron muertos centenares de palestinos y miles sufrieron hambre. Además, la Guerra del Golfo de 1990 redujo de forma drástica las remesas de dinero enviadas por los palestinos que trabajaban en los Estados del golfo Pérsico a sus familiares. Los ataques de las fuerzas israelíes durante el conflicto con Hezbolá registrado en julio y agosto de 2006 destruyeron una gran parte de las infraestructuras y de la economía del país y dejaron sembradas de bombas de racimo tierras en las que habían trabajado algunos palestinos.

La desesperada situación de la comunidad palestina refugiada en Líbano captó la atención internacional a partir del 20 de mayo de 2007, al extenderse los combates que habían estallado en Trípoli, localidad situada en el norte de Líbano, al cercano campo de refugiados de Nahr al Bared. Los protagonistas de los enfrentamientos eran las fuerzas armadas libaneses y miembros de Fatah al Islam, grupo armado islamista que se había introducido en el campo recientemente y que había establecido posiciones armadas en su interior, poniendo en peligro la seguridad de la población local. Al menos 23 civiles palestinos y decenas de personas más resultaron heridos durante los primeros 12 días de los enfrentamientos,(6) en los que la artillería del ejército libanés realizó algunos bombardeos intensos y posiblemente indiscriminados. Los combates se prolongaron duraron 15 semanas, concretamente hasta el 2 de septiembre, fecha en que las fuerzas armadas libanesas se hicieron con el control del campo. Según las autoridades libanesas, como consecuencia de los enfrentamientos murieron 166 soldados del ejército libanés y 220 militantes de Fatah al Islam y al menos 42 civiles. El campo resultó en gran medida destruido. El conflicto provocó el desplazamiento de unos 30.000 refugiados palestinos de Nahr al Bared; la mayoría se trasladó al campo de Beddawi, situado a unos 15 kilómetros. Allí se refugiaron en escuelas, tiendas vacías, edificios abandonados y casas de refugiados locales, abarrotando el campo y mermando la capacidad de sus infraestructuras para satisfacer las necesidades de los residentes.

Mientras aumentaba la tensión durante las primeras semanas de los combates, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales, en algunos puestos de control, soldados libaneses habían amenazado e insultado a decenas de civiles palestinos a causa de su identidad. El temor a verse acosados de esta manera disuadió a los palestinos de desplazarse a sus lugares de trabajo y a otros sitios, lo que provocó un deterioro de su nivel de vida, ya de por sí precario. Estos episodios –junto a la percepción de que la comunidad palestina tenía pocas oportunidades de denunciar los abusos y solicitar reparaciones– pusieron de manifiesto la debilidad de su situación económica, política y jurídica en el país.(7) El 10 de septiembre, el primer ministro libanés, Fouad Siniora, pidió a los donantes internacionales casi 400 millones de dólares estadounidenses para reconstruir el campo de Nahr al Bared y las zonas circundantes y proporcionar asistencia a las personas desplazadas hasta que pudieran volver a sus hogares en el campo de refugiados.

Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades libanesas para alojar a centenares de miles de refugiados palestinos y los grandes costes –económicos y de otra índole– que este problema ha supuesto para Líbano. Reconoce también que la responsabilidad del sufrimiento de las personas refugiadas palestinas no corresponde sólo a Líbano, pues este sufrimiento tiene su origen en el éxodo palestino de 1948. Durante casi 60 años, la comunidad internacional ha excluido a la población palestina del sistema internacional instituido para proteger a las personas refugiadas. Israel y la comunidad internacional no han encontrado tampoco una solución adecuada, duradera y sostenible –acorde con el derecho internacional– para los problemas de los millones de refugiados palestinos dispersos por todo el mundo.

Amnistía Internacional reconoce también que el actual gobierno libanés ha mostrado un mayor interés que sus predecesores en tratar de mejorar las condiciones de las personas palestinas refugiadas en Líbano. En 2005, las autoridades suavizaron algunas de las restricciones impuestas, sobre todo al brindarles la posibilidad de acceder a más tipos de trabajo, pero decidieron también seguir vedándoles el ejercicio de algunas profesiones. Las autoridades han tratado también de llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones de alojamiento y han expresado su interés por encontrar una solución para las personas palestinas indocumentadas –es decir, los entre 3.000 y 5.000 refugiados palestinos que según los cálculos no están registrados ante las autoridades libanesas ni en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)–, cuyas condiciones son las más precarias.

En este informe, Amnistía Internacional anima a las autoridades libanesas a persistir en sus esfuerzos. Después de casi 60 años, ha llegado la hora de que las autoridades libanesas emprendan acciones concretas para abordar la marginación de la comunidad de refugiados palestinos y eliminen las restricciones que les impiden ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Con este fin, Amnistía Internacional insta al gobierno libanés a que adopte medidas de inmediato para eliminar todas las formas de discriminación contra estas personas, por ejemplo:

- revocando o revisando todas las leyes discriminatorias;

- poniendo fin a todas las restricciones excesivas de su derecho a arreglar o mejorar sus viviendas;

- garantizándoles la seguridad de tenencia con el fin de protegerlas contra las amenazas de desalojo forzoso o la intimidación;

- poniendo fin a las restricciones que sufren en el mercado laboral y garantizando el respeto de sus derechos laborales;

- concediéndoles acceso a la seguridad social;

- garantizando a todos los menores igualdad en el acceso a la educación;

- adoptando todas las medidas necesarias para regularizar la situación de las personas refugiadas palestinas indocumentadas, facilitándoles, por ejemplo, documentos de identidad oficiales.

Teniendo en cuenta el principio de cooperación internacional y de reparto de cargas y responsabilidades,(8) Amnistía Internacional insta también a la comunidad internacional a facilitar ayuda técnica y económica a Líbano para que pueda proporcionar a su población de refugiados el disfrute de la mayor protección posible en materia de derechos humanos.(9)



El trabajo de Amnistía Internacional sobre la población refugiada palestina en Líbano

Amnistía Internacional ha realizado tres visitas a Líbano para investigar las condiciones de los refugiados palestinos, la más reciente entre mayo y junio de 2007. En 2003, Amnistía Internacional visitó cuatro campos –Ein el Hilweh (cerca de Sidón), Rashidieh (cerca de Tiro), Mar Elias (en Beirut) y Nahr al Bared (cerca de Trípoli)– y el asentamiento informal de Jal el Bahr, cerca de Tiro. La organización entrevistó a familias de refugiados, a miembros de los comités populares que supervisan el funcionamiento de los campos y a representantes de distintos grupos políticos palestinos en los campos. Se reunió también con funcionarios del gobierno libanés, con representantes del OOPS y del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y con un gran número de organizaciones no gubernamentales, profesionales del derecho y personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en asuntos relacionados con los refugiados palestinos.

En diciembre de 2003, Amnistía Internacional envió un memorándum al gobierno libanés, en el que detallaba sus motivos de preocupación sobre la discriminación de la población refugiada palestina en Líbano y formulaba varias recomendaciones sobre el modo de abordarlas. Sin embargo, el gobierno no respondió.

También en diciembre de 2003, Amnistía Internacional presentó al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial(10) un documento en el que se trataban en gran medida las mismas cuestiones.En las observaciones finales del Comité sobre el informe presentado por Líbano a este organismo, formuladas el 11 de marzo de 2004, se reflejaban muchos de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional.(11)Se instaba en concreto al gobierno libanés a que "[tomara] medidas para mejorar la situación de los refugiados palestinos [...] y a que, como mínimo, [eliminara] todas las disposiciones legislativas y [modificara] las políticas que tengan un efecto discriminatorio sobre la población palestina en comparación con el resto de la población extranjera".

Amnistía Internacional realizó otra visita a Líbano en marzo de 2005 con el fin de determinar si se habían registrado cambios significativos en las condiciones de la comunidad refugiada palestina y evaluar las efectos prácticos de las restricciones que padece. La delegación de Amnistía Internacional visitó los siguientes campos: Ein el Hilweh, Rashidieh, Burj el Shemali y El Buss (Sidón); Burj el Barajneh, Sabra y Chatila (Beirut); y Nahr al Bared (cerca de Trípoli). Visitó también los asentamientos informales de Jal el Bahr y El Maachouk, cerca de Tiro. La delegación entrevistó a personas, familias y grupos palestinos. Se reunió también con representantes del OOPS, del ACNUR y de ONG que trabajan en asuntos relacionados con la población refugiada palestina.

En abril de 2006, Amnistía Internacional presentó al Comité de los Derechos del Niño, órgano de expertos de la ONU que vigila el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, (12) un documento sobre las violaciones de los derechos de los menores palestinos refugiados en Líbano. En las observaciones finales del Comité sobre el informe de Líbano se reflejaban los motivos de preocupación de Amnistía Internacional.(13)

La última visita de Amnistía Internacional tuvo lugar entre mayo y junio de 2007, tras el estallido de los enfrentamientos entre combatientes del grupo armado Fatah al Islam y las fuerzas armadas libanesas. La delegación de Amnistía Internacional visitó la zona de conflicto y se reunió con personas palestinas desplazadas de Nahr al Bared, residentes de Beddawi, profesionales de la salud y representantes del OOPS y ONG locales.

Amnistía Internacional publica este informe para poner de relieve de qué modo las prácticas discriminatorias del gobierno libanés contra la población palestina siguen violando las obligaciones de Líbano en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño –tratados en los que Líbano es Estado Parte– y para mostrar los efectos devastadores de estas violaciones en centenares de miles de personas que llevan ya mucho tiempo padeciendo grandes sufrimientos.



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2. LAS PERSONAS REFUGIADAS PALESTINAS Y SUS DERECHOS

Entre finales de 1947 y la primera mitad de 1949, centenares de miles de palestinos huyeron de sus hogares en lo que hoy es Israel para escapar de la violencia desatada por la creación del Estado de Israel y la guerra árabe-israelí de 1948. En 1950, unos 914.000 estaban registrados como refugiados. Otros 400.000 se vieron desplazados de sus hogares al ocupar Israel algunos territorios, como Cisjordania y la Franja de Gaza, en 1967. En total, más de la mitad de la población palestina se encuentra desplazada; sus miembros viven refugiados en otros países o residen en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza como desplazados internos. Los países y las zonas que albergan más refugiados palestinos son Jordania (1.858.362), la Franja de Gaza (1.016.964), Cisjordania (722.302), Siria (442.363) y Líbano (408.438).(14)


La comunidad internacional reaccionó a la huida en masa de la población palestina, creando en 1949 el OOPS para ayudar a este colectivo.(15) La zona de actuación de este organismo abarca Cisjordania y la Franja de Gaza, Jordania, Siria y Líbano.(16) Los Estados que elaboraron el Estatuto del ACNUR y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (Convención sobre los Refugiados) incluyeron en estos instrumentos disposiciones que excluían a los refugiados palestinos que estaban recibiendo ayuda del OOPS.(17) Como el OOPS es primordialmente un organismo de asistencia humanitaria, los refugiados palestinos que recibían ayuda de este organismo se convirtieron en la única población de refugiados del mundo excluida de la protección internacional otorgada por el Estatuto del ACNUR y la Convención sobre los Refugiados.

En Líbano hay tres categorías de refugiados palestinos: refugiados registrados en el OOPS (refugiados registrados), que se encuentran registrados también ante las autoridades libanesas; refugiados registrados ante las autoridades libanesas, pero no registrados en el OOPS (refugiados no registrados); y refugiados no registrados en el OOPS ni tampoco ante las autoridades libanesas (denominados normalmente refugiados indocumentados), cuya carencia de documentos de identidad válidos y de una condición jurídica segura tiene graves consecuencias para el disfrute de sus derechos humanos en Líbano.

Se calcula que en Líbano, además de los 400.000 refugiados palestinos registrados, hay entre 10.000 y 35.000 refugiados no registrados y entre 3.000 y 5.000 refugiados indocumentados.(18) Sin embargo, no se conoce el número exacto de refugiados palestinos registrados que viven actualmente en Líbano, ya que algunos, después de conseguir el registro, han abandonado el país para vivir en otros lugares. El último censo oficial elaborado en Líbano se llevó a cabo en 1932, y no se ha realizado nunca un censo de la población palestina refugiada en el país.

El OOPS se ocupa de 12 campos de refugiados palestinos en Líbano, que suelen denominarse "campos oficiales".(19) El OOPS proporciona servicios de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras básicas a escuelas, clínicas y propiedades. Facilita también servicios sociales, de educación, salud y asistencia a las personas refugiadas palestinas registradas y no registradas, tanto dentro como fuera de los campos, incluidos los asentamientos informales. En decenas de estos asentamientos informales, dispersos por todo Líbano y denominados en ocasiones "campos no oficiales", hay también miles de refugiados. Por lo general, el OOPS no puede proporcionar a los asentamientos informales algunos servicios habituales, como la recogida de residuos sólidos, pues esta actividad es competencia de las autoridades locales.(20) Sin embargo, los refugiados palestinos registrados que viven en los asentamientos informales pueden acceder a la asistencia y a los servicios del OOPS en otros lugares.





Campos de refugiados

Los 12 campos de refugiados palestinos en Líbano son:(21)

Ein el Hilweh: 45.967 residentes registrados

Nahr al Bared: 31.303

Rashidieh: 29.361

Burj el Shemali: 19.074

Beddawi: 15,947

Burj el Barajneh: 15.718

El Buss: 9.508

Chatila: 8.370

Wavel: 7.688

Mieh Mieh: 4.569

Dbayeh: 4.025

Mar Elias: 616

Campos de refugiados en Líbano(22)

Campos de refugiados administrados por el OOPS en Líbano, © OOPS



Según el derecho internacional,(23)las personas palestinas que huyeron o fueron desplazadas por la fuerza de sus casas y tierras en el Mandato de Palestina (en lo que son ahora Israel y los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza) tienen derecho al retorno. Este derecho asiste también a aquellos de sus descendientes que hayan mantenido lo que el Comité de Derechos Humanos llama "vínculos estrechos y duraderos" con la zona.(24) No obstante, sin perjuicio de este derecho reconocido internacionalmente, cuyo respeto Amnistía Internacional sigue apoyando,(25)es evidente también que el gobierno libanés en particular y la comunidad internacional en general tienen la obligación de respetar y garantizar todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población palestina que vive en Líbano, sin discriminaciones de ningún tipo. Entre ellos figuran el derecho al trabajo, a la educación, a un nivel de salud lo más alto posible, a una vivienda adecuada y a un nivel de vidasatisfactorio.

En el derecho internacional se pone de relieve que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben ejercerse sin discriminación alguna por motivos tales como el "origen nacional o social, [la] posición económica […] o cualquier otra condición social".(26) Los Estados deben garantizar la eliminación de todo tipo de discriminación.(27) El PIDESC prevé el logro progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, "hasta el máximo de los recursos de que disponga [cada Estado Parte]".(28) La potestad concedida a los países en desarrollo para determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos a personas que no sean nacionales suyos(29) no justifica que se restrinja el acceso a ciertos derechos para preservar el derecho de retorno (como ha aducido Líbano). Además, los Estados no deben aprovechar la distinción entre nacionales y no nacionales para socavar sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.(30)



3. la vergüenza del problema de la vivienda

¿Dónde va a vivir nuestra generación? En los campos no hay sitio y fuera no podemos tener propiedades.

Así fue como describió Qassem Muhammad Hammadi, joven de 21 años residente en el campo de Burj el Barajneh, el problema de alojamiento que sufre la población palestina en Líbano cuando lo entrevistó Amnistía Internacional.

Debido a la ampliación de los edificios, la luz del sol no llega a los callejones de Ein el Hiweh, marzo de 2005, © AI

En Líbano, la extensión de las tierras asignadas a los 12 campos oficiales de refugiados palestinos ha seguido siendo en gran medida la misma desde 1948, a pesar de que se calcula que el número de refugiados palestinos en Líbano ha pasado de 100.000(31) en 1949 a 400.000 en la actualidad (esta segunda cifra es oficial).(32) La consecuencia es un hacinamiento endémico que se agudiza cada año.

En algunas de las casas que visitó Amnistía Internacional, familias compuestas por 10 personas compartían una misma habitación. Como el espacio limitado de los campos impide que se puedan extender horizontalmente, la única solución –sobre todo en los campos con una mayor densidad de población, como los de Chatila, Burj el Barajneh, Ein el Hilweh y, hasta su práctica destrucción en 2007, Nahr al Bared– consiste en ampliarlos hacia arriba. Dado que estas ampliaciones no suelen cumplir los niveles mínimos de seguridad exigidos en las normas internacionales, los edificios son vulnerables a los fallos estructurales.



En Ein el Hilweh, alrededor de las tres cuartas partes del campo reciben el nombre deahya’ dakhiliya(zonas interiores). En estas zonas –siempre sombrías– la humedad es muy grande. La consecuencia, según los informes, es que centenares de personas con problemas respiratorios, sobre todo menores, tienen que acudir diariamente a las clínicas del OOPS. "Como los edificios están pared con pared –señaló una anciana viuda que vive con ocho familiares en un apartamento situado en una de estas zonas–, en el campo no tenemos luz natural".

En el campo de Burj el Barajneh, la densidad de población por kilómetro cuadrado es mayor que en Hong Kong o Mumbai (Bombay).(33) Al haber tantas casas apiñadas en una superficie muy pequeña, es prácticamente imposible meter muebles grandes en algunas de ellas. Una persona que vive en el campo dijo a Amnistía Internacional: "No tenemos intimidad. No tenemos vistas, ni del mar ni de las montañas. No hay espacio para que jueguen los niños. [Sólo] tenemos derecho a soñar con estas cosas". La única agua disponible –que se saca de seis pozos– es salada y no se puede beber. Como el campo está en la falda de un monte, cuando llueve mucho, el agua baja por la ladera e inunda las casas.

Además de los problemas originados por el hacinamiento y la insuficiencia de las infraestructuras básicas, las restricciones impuestas durante años por las autoridades libanesas han comportado que centenares de miles de palestinos lleven viviendo desde hace décadas en casas provisionales o ruinosas y apiñados en campos que carecen de las infraestructuras y de los servicios básicos. El derecho de estas personas a una vivienda adecuada se está violando a gran escala.

En el sur de Líbano, las autoridades libanesas prohibieron en gran medida la introducción de materiales de construcción en los campos de refugiados palestinos hasta mayo de 2007. Esta prohibición ha acarreado un grave deterioro de las casas y de las infraestructuras.

Por ejemplo, cuando Amnistía Internacional visitó el campo de Burj el Shemali en 2005, la gente vivía casi exclusivamente en cabañas de chapa de zinc, sin tejas, ventilación ni instalaciones sanitarias. Estas casas de zinc eran muy calurosas en verano y muy frías en invierno. A los 17.000 residentes no se les permitía introducir materiales de construcción en el campo. "Ni siquiera podíamos meter un cable eléctrico o un ladrillo", señaló Mahmoud al-Khatib. Una mujer que vive en el asentamiento con sus cinco hijos dijo a Amnistía Internacional: "Si añadiéramos una piedra a la casa, la policía se nos echaría encima".

Mahmoud al-Khatib agregó:

Hay muchas casas[construidas en parte]de chapa de zinc y también muchas casas viejas que se estándesmoronando[…] En el campo no estaban permitidos los materiales de construcción. Ni siquiera podíamos meter un cable eléctrico o un ladrillo. Se podía hacer a través de un agente que tiene un chanchullo con los servicios de seguridad[libaneses]. Una carga de arena costaba en el campo 100.000 libras libanesas, mientras que fuera costaba sólo 40.000.

Sin embargo, durante los últimos tres años se ha suavizado algo la prohibición de introducir materiales de construcción en los campos. A finales de 2004, coincidiendo con una vista a Líbano de Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, la prohibición se revocó durante algunos meses; pero, según los informes, se restableció durante un breve periodo en junio de 2005. Después se ha vuelto a suavizar. El 29 de mayo de 2007, el Comité de Diálogo Palestino-Libanés, creado en octubre de 2005 a raíz de una iniciativa de la oficina del primer ministro Fouad Siniora para mejorar el diálogo entre las autoridades libanesas, los grupos políticos palestinos y el OOPS, afirmó que uno de sus éxitos había sido que ahora, en un plazo de 48 horas, se podía obtener un permiso para introducir materiales de construcción en los campos de la zona meridional. Organizaciones palestinas de derechos humanos radicadas en Líbano confirmaron que las restricciones se habían aligerado y que los permisos se podían obtener con mayor rapidez, aunque no siempre sin dificultades ni en un plazo de 48 horas. Estas organizaciones señalaron también que la suavización de las restricciones no tenía una base legal y que, por tanto, se podía modificar en cualquier momento. Además, existe una necesidad generalizada de renovar los campos como consecuencia de las restricciones impuestas durante decenas de años.

La población refugiada palestina de los asentamientos informales se ha visto especialmente afectada. Las casas de estos asentamientos suelen estar construidas con paneles de zinc colocados unos junto a otros a modo de paredes y techos. Las casas proporcionan muy poca protección contra la intemperie, ya que dejan entrar la lluvia y el viento, y son muy calurosas en verano. En el campo de Nahr al Bared, cerca de Trípoli, un grupo de tres familias compuestas por un total de 11 personas, que vivían juntas en una casa antes de los enfrentamientos registrados en el campo en 2007, dijeron a Amnistía Internacional que uno de sus bebés, al que habían dejado en la habitación principal de la casa, había muerto como consecuencia del calor del verano. La habitación estaba hecha en su totalidad con paneles de zinc y no tenía ventilación.


Casa con paneles de zinc en Jal el Bahr, marzo de 2005, © AI



La sustitución de los paneles metálicos por ladrillos mejoraría de forma sustancial las condiciones de alojamiento de la población refugiada y haría que las casas fueran más seguras. Residentes de Jal el Bahr señalaron a Amnistía Internacional que algunas viviendas del asentamiento habían resultado por completo destruidas como consecuencia de una inundación del mar en 2005.

Se ha multado a los refugiados palestinos que han intentado sustituir los paneles metálicos con ladrillos y argamasa y la policía local ha derribado las estructuras que acababan de levantar. En una ocasión, una familia del asentamiento de El Maachouk había solicitado un préstamo para reconstruir su casa en ruinas. Las autoridades libanesas derribaron la nueva estructura con excavadoras porque no habían dado permiso para construirla. La familia tuvo que alquilar una vivienda mientras devolvía el préstamo y quedó en una situación precaria.

En Jal el Bahr, un matrimonio palestino con tres hijos dijo a Amnistía Internacional que 15 días antes habían construido un muro permanente sobre la estructura de zinc de su vivienda. La mujer fue detenida poco después y, a pesar de tener una pierna rota, no quedó en libertad hasta que se demolió el muro.

Farah, viuda con tres hijos residente en Jal el Bahr, señaló: "El agua se filtra en invierno por el tejado de zinc. Me da miedo hacer algún arreglo porque nos pueden detener o multar". Khaled, que vive en el asentamiento, cerca de sus padres, con otros 14 miembros de su familia, dijo a Amnistía Internacional:



La casa [de mis padres] tiene una habitación cuyo techo es de zinc, mientras que el de la otra habitación consiste en unos palos de madera y bambú cubiertos con una capa de barro. Para poner ladrillos en el techo necesitamos un permiso de las autoridades locales, pero éstas no nos lo conceden. Podríamos acudir a la oficina de gobernación, pero allí tampoco dan permisos. En 2003 construí [las paredes de] una pequeña habitación. La policía vino y la derribó y tuve que pagar una multa de 230.000 libras libanesas.



El derecho a una vivienda adecuada se encuentra garantizado, entre otras normas, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que Líbano es Estado Parte.(34) Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, el derecho a una vivienda adecuada incluye seguridad jurídica de la tenencia y protección frente a desalojos forzosos y otras amenazas y actos de intimidación; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural.(35)


En Líbano se está negando a la población palestina el derecho a una vivienda adecuada en la mayoría de estos aspectos. Por ejemplo, muchos de los alojamientos existentes en los campos y en los asentamientos informales no alcanzan unos niveles aceptables de habitabilidad "en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud [y] de riesgos estructurales", algo que, según el Comité, constituye un elemento esencial de una vivienda adecuada.(36)



Tejadillo hecho con madera, palos y cartón en el campo de El Maachouk, marzo de 2005, © AI



El Comité afirma también que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar como "[el] mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza […] [sino] más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte".(37) Una de las obligaciones impuestas a los Estados consiste en no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio del derecho por las propias personas. Como ha afirmado el Comité,"muchas de las medidas requeridas para promover el derecho a la vivienda requieren sólo la abstención del gobierno de ciertas prácticas y un compromiso para facilitar la autoayuda de los grupos afectados".(38) El hecho de que las autoridades libanesas prohíban a la población palestina renovar unas casas que son por completo inadecuadas, inseguras e inhabitables y derribe las estructuras remozadas por los refugiados constituye una patente violación del derecho a una vivienda adecuada.

La comunidad refugiada palestina sufre también las consecuencias de la negación de la seguridad de tenencia. En los campos funciona un sistema administrativo formal para registrar los títulos de propiedad de las casas, pero este sistema no existe en los asentamientos informales. Como consecuencia de este hecho, las personas refugiadas son vulnerables a actos de intimidación y a otras amenazas, como el derribo de nuevos edificios en construcción.

La seguridad de tenencia es un aspecto fundamental del derecho a una vivienda adecuada. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

La tenencia adopta una variedad de formas, como […] asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.(39)

La situación de la población refugiada palestina que vive fuera de los campos y los asentimientos informales no es mucho mejor. En el Decreto Presidencial 11614 de 1969, modificado en virtud del Decreto 296 de 2001, se prohíbe a las personas que "carezcan de una ciudadanía concedida por un Estado reconocido" la adquisición de títulos de propiedad de viviendas y tierras en Líbano. En el caso de Líbano, esta disposición se refiere en realidad a las personas refugiadas palestinas, aunque en el decreto no se les mencione de manera específica, ya que en este país prácticamente todos los apátridas son refugiados palestinos y, viceversa, la mayoría de los refugiados palestinos son apátridas. En el artículo 1 del decreto modificado se establece:

Ningún derecho real [es decir, derechos de propiedad de casas, tierras o bienes]de ningún tipo podrá ser adquirido por personas que carezcan de una ciudadanía concedida por un Estado reconocido ni por ninguna otra persona cuando dicha adquisición contradiga lo dispuesto en la Constitución sobre la prohibición de establecerse (tawteen).(40)



Maraña de cables en el campo de refugiados de Nahr al Bared, marzo de 2005, © AI


La prohibición que impide a las personas palestinas registrar títulos de propiedad de casas y tierras disminuye en gran medida su oportunidad de disfrutar de la seguridad de tenencia fuera de los campos, lo que no les deja apenas otra opción que permanecer en los campos y en los asentamientos informales.

El decreto les impide también heredar casas o tierras y registrar bienes raíces, aunque hayan estado pagando durante años los plazos correspondientes.

En su informe periódico al Comité de los Derechos del Niño, el gobierno libanés justificó las políticas que impedían a la población refugiada palestina mejorar sus viviendas, utilizando el argumento –que Amnistía Internacional considera falso– de que se socavaría su derecho de retorno si se le permitiese el derecho a una vivienda adecuada en Líbano:

Las autoridades del Líbano prohíben la construcción de nuevos campamentos, así como la expansión, renovación y reconstrucción de los existentes, a fin de impedir que se consolide la presencia palestina en el Líbano, que se acepte implícitamente el reasentamiento forzado y se destruya el principio en que se basa el derecho de retorno. Este principio es de gran importancia para la población libanesa y la palestina, al que se siguen aferrando. Por consiguiente, el OOPS no pudo contribuir a la renovación de tres campamentos ubicados en el sur a raíz de que, en 1998, las autoridades libanesas decidieron prohibir la introducción de materiales de construcción en los campamentos. El deterioro se acentuó debido también al enorme aumento de la población de refugiados que los ocupan.(41)

El hecho de hacer efectivos los derechos económicos y sociales de la población palestina refugiada en Líbano no perjudicaría en modo alguno su derecho de retorno. En cualquier caso, sea cual sea la intención del gobierno libanés, las leyes y las prácticas discriminatorias que impiden a las personas palestinas disfrutar del derecho a una vivienda adecuada constituyen una violación de las obligaciones de Líbano con arreglo al derecho internacional.(42)



4. discriminación en el mercado laboral

Prácticamente todas las personas refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional se refirieron a la discriminación de la población palestina en el mercado laboral libanés. En el asentamiento de El Maachouk, por ejemplo, una mujer de 27 años con seis hijos y siete hijastros señaló: "Ni siquiera cuando podemos estudiar, tenemos la posibilidad de conseguir un [buen] trabajo". Hania, una mujer sola que trata de sacar adelante a sus seis hijos en el norte de Líbano, era de la misma opinión: "Ni siquiera con un doctorado se puede trabajar de contable. Si eres ingeniero, tienes que trabajar de peón".

Los refugiados se quejaban una y otra vez de que la ley o los prejuicios les impedían acceder a determinados tipos de trabajo, con independencia de su cualificación. Un residente en el campo de El Buss dijo:

Soy cámara de vídeo, pero no puedo trabajar como profesional en hoteles de cinco estrellas ni en otros puestos similares, porque si se enteraran de que soy palestino me multarían y me confiscarían la cámara.

Mazen, joven de 24 años residente también en El Buss, señaló:

Llevo cinco meses buscando trabajo. [Recientemente] tuve una entrevista en una empresa de informática. No sabían que era palestino. Después de la entrevista, al rellenar un impreso en el que tenía que poner mi nacionalidad, me dijeron que no podían darme el trabajo porque soy palestino. No podían hacer nada porque no tengo permiso de trabajo.

Durante muchos años, en virtud de un decreto gubernamental, las personas palestinas han tenido vedado el acceso a más de 70 tipos de trabajo. En junio de 2005, en una decisión acogida con satisfacción, el ministro de Trabajó levantó la prohibición que les impedía ejercer 50 tipos de trabajo, y que en las enmiendas introducidas en 1995 al decreto promulgado en 1962 se especificaban así:

a) Trabajadores: Todas las actividades administrativas y mercantiles de cualquier naturaleza, en concreto los trabajos de director general, gerente, director de personal, tesorero, secretario, archivista, documentalista, informático, representante comercial, agente de ventas, asesor mercantil, capataz, encargado de almacén, vendedor, empleado de bolsa, joyería, laboratorio, farmacia, redes eléctricas, electrónica, pintura, cristalería [instalación], mecánica y mantenimiento, portero, conserje, guarda, conductor, cocinero, camarero, peluquero, profesor de enseñanza primaria, intermedia y secundaria [...]

b) Empleadores: Todas las actividades comerciales de cualquier naturaleza, incluidas las de banca, contabilidad, asesoría, ingeniería de cualquier tipo, contratos y negocios en el sector de la construcción, joyería, fabricación de zapatos y ropa, todas las relacionadas con la industria del mueble e industrias afines, pastelería, impresión, publicación y distribución, peluquería y estilismo, tintorería y reparación de automóviles (trabajos de chapa, mecánica, instalación de cristales, tapicería y electricidad).(43)

Sin embargo, a pesar de esta medida y de los esfuerzos realizados por el actual gobierno libanés en colaboración con el OOPS y otras organizaciones para mejorar el acceso al trabajo de la población palestina residente en Líbano, persisten serios motivos de preocupación sobre sus derechos en el mercado laboral.

En primer lugar, muchas personas palestinas ejercían ya estos tipos de trabajo, si bien de forma ilegal. Aunque ahora pueden ejercerlos "legalmente", la regularización de su situación laboral carece de incentivos, ya que entonces tendrían que pagar impuestos, pero seguirían sin tener derecho a disfrutar de las prestaciones del sistema libanés de seguridad social (véase más adelante). El tiempo y el dinero necesarios para obtener la regularización pueden ser también un factor disuasorio tanto para los trabajadores como para los empleadores. Además, según los informes, los permisos siguen siendo temporales y se pueden anular en cualquier momento (véase más adelante). Estos factores explican quizá por qué sólo unos centenares de palestinos han obtenido permisos de trabajo para los tipos de empleo que se acaban de autorizar.(44)

En segundo lugar, la decisión del Ministerio de Trabajo de levantar la prohibición de ejercer algunos tipos de trabajo no se ha traducido todavía en una ley y por tanto se podría anular o modificar en cualquier momento.(45)

En tercer lugar, los palestinos siguen teniendo prohibido el ejercicio de profesiones como derecho, medicina e ingeniería.(46) De hecho, algunos ejercen estas profesiones, pero de forma ilegal, con salarios más bajos y menos seguridad laboral.

Como en la mayoría de los países, los ciudadanos libaneses disfrutan de un trato preferencial respecto a los ciudadanos extranjeros en lo que se refiere al acceso al trabajo. En Líbano, esta discriminación se extiende a los ciudadanos extranjeros que han nacido o que han vivido toda su vida o la mayor parte de ella en el país, que es el caso de la mayoría de las personas refugiadas palestinas.

El Decreto Presidencial 17561, promulgado el 18 de septiembre de 1964, regula el trabajo de los ciudadanos extranjeros en Líbano. En su artículo 2 se especifica que las personas de nacionalidad extranjera que deseen ejercer un trabajo –remunerado o no– deben obtener una autorización del Ministerio de Trabajo antes de trasladarse a Líbano. En el artículo 8 se dice concretamente:

Teniendo en cuenta los fundamentos del trato preferencial dado a los ciudadanos libaneses, se podrá conceder o renovar a un extranjero un permiso de trabajo, en el caso de que resida en territorio libanés o desee entrar en él después de obtener la correspondiente autorización, si cumple una de las siguientes condiciones:

Es especialista o experto en un [trabajo] que no pueda realizar un ciudadano libanés; [en este caso], el departamento pertinente podrá exigir al empleador que publique a su costa un anuncio en tres diarios designados por el departamento, al menos tres veces [...]

Otras personas a quienes se puede conceder un permiso de trabajo son los ciudadanos extranjeros que, habiendo vivido en Líbano desde antes de 1954, trabajen en una institución al menos nueve meses al año, y los extranjeros varones que hayan estado casados con una libanesa al menos durante un año (pero no las extranjeras casadas con un libanés).

Los requisitos para obtener un permiso de trabajo comportan también que los empleadores rara vez soliciten un permiso para una persona refugiada palestina o para otros ciudadanos extranjeros residentes en Líbano. Lo más normal es que las empresas contraten a refugiados palestinos para trabajos de categoría inferior y con salarios reducidos que no necesitan un permiso de trabajo, como los de los sectores de la construcción y la limpieza. En estos trabajos, los palestinos compiten sobre todo con otros ciudadanos extranjeros. En ocasiones, los empresarios toman refugiados palestinos para trabajos que requieren un permiso de trabajo, pero sin solicitar el permiso; en estos casos, los trabajadores no gozan de la protección ni de los beneficios de un contrato de trabajo y suelen recibir un salario menor que sus colegas libaneses. Como dijo Mazen, del campo de Burj el Barajneh, a Amnistía Internacional:

Incluso en el caso de que consigan un trabajo, los palestinos reciben un sueldo menor. Mientras que una persona de nacionalidad libanesa recibiría un sueldo inicial de entre 500 y 600 dólares estadounidenses, un palestino cobraría entre 300 y 400 dólares por el mismo trabajo.

Refugiados palestinos y organizaciones sociales palestinas refirieron a Amnistía Internacional casos de médicos con una buena formación y una larga experiencia que trabajaban en hospitales libaneses, pero cuyos contratos de trabajo ponían que eran profesionales de la enfermería o personal de limpieza, porque oficialmente no podían trabajar como médicos, ya que los palestinos tienen prohibido el ejercicio de esta profesión, y por tanto cobraban menos que sus colegas libaneses. Esta discriminación directa constituye una clara violación de las obligaciones de Líbano según el PIDESC (véase recuadro).

Sa’id, que vive en Burj el Barajneh, contó a Amnistía Internacional:

Trabajo como conductor. Para poder ejercer este trabajo se necesita un permiso oficial, que es diferente de un permiso privado y que los palestinos no pueden obtener porque para ello es necesario pertenecer al sindicato de conductores, algo que los palestinos tienen prohibido. Así que estoy trabajando ilegalmente.¿Cómo puedes exigir tus derechos cuando trabajas de forma ilegal?

Estuve trabajando en una empresa comercial textil durante unos seis años. El propietario la vendió. Me ocupaba de muchas cosas: de las compras, de la distribución, etc. [...] Llegué a cobrar 600 dólares. El nuevo propietario quería reducirme el sueldo y pagarme sólo 300. Podía hacerlo porque yo no tenía contrato y, por tanto, ningún derecho [...] Todo mi trabajo para consolidar la empresa se esfumó cuando la compró otra persona. Después de trabajar en ella durante años, no recibí ninguna indemnización. Tenía que aceptar los 300 dólares o marcharme; ese sueldo no era suficiente para cubrir mis gastos [...]"

Sa’id se refirió también a cómo la inseguridad laboral –con la consiguiente falta de indemnizaciones por despido o de beneficios en materia de seguridad social– lo había obligado a disminuir el dinero que gasta en su hijos:

Tengo 40 años, pero mi sensación es que mi hora ha pasado ya. Ahora lo importante son mis hijos. Quiero que tengan lo que no he podido tener yo. Pero he de intentar ahorrar por si me quedo sin trabajo. Para hacerlo, debo privar a mis hijos de algunas cosas, como alimentos apetitosos o llevarlos al mar o a la montaña. También hay que ahorrar a la hora de comprarles ropa o de darles dinero para sus pequeños gastos.

Los Hussein son una familia palestina de 18 personas que residen en Líbano desde 1948. Viven en el asentamiento de Jal el Bahr, cerca de Tiro, que no tiene apenas infraestructuras. Tres miembros de la familia que son pescadores constituyen su única fuente de ingresos. Sólo los ciudadanos libaneses pueden obtener la licencia que se requiere para tener un barco de pesca. Por lo tanto, para conseguir la licencia, los palestinos necesitan un socio libanés que registre el barco a su nombre. Además, están obligados a cederle una gran parte de sus capturas. Necesitan también un permiso para venderlas, algo que tampoco pueden conseguir. Si los intercepta la policía, les pueden imponer una multa de hasta 300.000 libras libanesas (unos 200 dólares estadounidenses).



Casas en el "asentamiento" de Jal el Bahr, cerca de Tiro, marzo de 2005, © AI


El derecho al trabajo

Varios tratados internacionales vinculantes en los que Líbano es Estado Parte protegen el derecho al trabajo y los derechos laborales.(47) Según estas normas, Líbano tiene la obligación de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho al trabajo de todas las personas, sin discriminación alguna por ningún motivo, incluido el origen nacional.(48)

En el PIDESC se establece que "[l]os países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos".(49) Como queda patente en la disposición, las limitaciones de los derechos económicos de los no nacionales que tengan graves consecuencias para los derechos humanos de las personas afectadas constituirían una violación de las obligaciones legales internacionales.

Líbano aplica el principio de reciprocidad, en virtud del cual concede el derecho al trabajo a los ciudadanos de aquellos Estados que reconocen también este derecho a los ciudadanos libaneses. La aplicación de este principio discrimina a los palestinos, ya que no son ciudadanos de ningún Estado; de hecho, a las personas que se encuentran en esta situación se les priva de la posibilidad de ganarse la vida con la mayoría de los tipos de trabajo. De manera análoga, los palestinos no pueden acceder en Líbano a los beneficios de la seguridad social como consecuencia de la falta de reciprocidad(50). Éste es el caso también cuando trabajan legalmente y pagan las contribuciones a la seguridad social.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial prohíbe la discriminación racial(51) en el disfrute del "derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y satisfactoria". El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha aclarado que los Estados Partes deben "[t]omar medidas para eliminar la discriminación contra los no ciudadanos en relación con las condiciones y requisitos laborales, incluidas las normas y prácticas de trabajo con fines o efectos discriminatorios".(52)

Según el PIDESC, Líbano tiene también la obligación de garantizar que todas las personas que trabajan, con independencia de su condición, gocen de unas condiciones de trabajo justas y favorables. En el artículo 7 se afirma:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

(a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

(i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; [...]

(b) La seguridad y la higiene en el trabajo; […]

(d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.

Las graves dificultades a que se enfrentan las personas palestinas –tanto a la hora de acceder a un empleo como cuando ejercen un trabajo– repercuten de manera directa en el goce de otros derechos, como el derecho a la educación y a contar con una vivienda y un nivel de vida adecuados.



5. FALTA DE ASISTENCIA

"No podemos tener una asistencia médica adecuada porque somos palestinos. Si un niño enferma, morirá irremediablemente", así describió la situación de la asistencia médica de la comunidad palestina en Líbano una mujer palestina que está registrada en el OOPS y vive en el asentamiento informal de El Maachouck.

La asistencia médica es muy cara en Líbano, y el OOPS no se la costea a todas las personas refugiadas, sino sólo a las que están registradas y de forma parcial.(53) En muy pocas ocasiones se subvenciona la asistencia médica secundaria. Además, en los campos y en los asentamientos informales donde vive la población palestina hay escasez de profesionales de la salud, servicios médicos y equipos.

Las consecuencias para los refugiados pueden ser catastróficas. Ahmed Moussa, del campo de Nahr al Bared, situado cerca de Trípoli, dijo a Amnistía Internacional:

Al padre de mi esposa se le gangrenó una pierna. El OOPS pagó la cama del hospital, pero sus familiares tuvimos que buscar dinero para las medicinas, alrededor de un millón de libras libanesas. Recibimos alguna ayuda de ONG, pero no pudimos reunir todo el dinero y su estado empeoró.



Yasmin, que vive en el asentamiento de El Maachouk, refirió así su caso:

Mi hijo, que tiene 14 años, se ha roto una pierna y necesita que le pongan un clavo que cuesta 250.000 libras libanesas. Yo no estoy en condiciones de pagar este dinero, así que mi hijo sigue en casa inmovilizado. El OOPS cubre la mitad de los gastos hospitalarios, pero no el coste de los clavos.



El derecho a la salud(54) de muchas personas palestinas refugiadas en Líbano –un derecho consagrado en algunos de los tratados que las autoridades libanesas se han comprometido a respetar– se está violando de forma patente como consecuencia de la deficiente asistencia médica a la que tienen acceso.

El gobierno de Líbano no tiene reparos en reconocer lo que denomina las condiciones de vida "intolerables" de la población refugiada palestina, (55) pero no ha adoptado medidas efectivas para mejorar estas condiciones y tampoco está cumpliendo su obligación de garantizar al menos un nivel mínimo de asistencia médica básica a todas las personas que viven en el país, incluidos los refugiados. El propio gobierno ha reconocido que:

La prevalencia de enfermedades entre los niños palestinos está directamente relacionada con la pobreza, las carencias en materia de vivienda y el ambiente insalubre en que viven(56)[…] Por otro lado, los complejos de vivienda sin título y ocasionales de los refugiados palestinos del Líbano están en condiciones aún peores que los campamentos oficiales. Los residentes de esas viviendas sufren de múltiples problemas ocasionados por las condiciones sanitarias y ambientales cada vez peores y por la falta de servicios sociales mínimos [...] Ni el OOPS ni el Gobierno de Líbano prestan servicios sociales suficientes que puedan contrarrestar esas condiciones de vida intolerables […](57)

La salud y seguridad de las personas palestinas se ven amenazadas también por leyes discriminatorias que les niegan los beneficios de la seguridad social por el hecho de ser apátridas. En Líbano, el acceso a la seguridad social de los no ciudadanos depende de que en los Estados de los no ciudadanos se aplique la "reciprocidad de trato". Como se ha mencionado anteriormente, dicha reciprocidad no se puede aplicar a los palestinos, porque son apátridas. En el artículo 9.4 de la Ley de la Seguridad Social, de Líbano, se afirma:

Las disposiciones de esta ley no son aplicables a los extranjeros que trabajen en territorio libanés y por tanto éstos no tienen derecho a los beneficios de ninguna de las secciones de la seguridad social, salvo si su país de origen concede a los residentes libaneses el mismo trato que a sus propios ciudadanos en materia de seguridad social.(58)

Este artículo, al negar de hecho a las personas refugiadas palestinas la protección de la seguridad social, infringe las obligaciones de Líbano en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.

El derecho a la seguridad social está garantizado en el artículo 9 del PIDESC, en el que se afirma que "[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social", en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.e.iv.), en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 11.1.e. y 14.2c.), en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 26) y en varias disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



6. ¿EDUCACIÓN SIN PROVECHO?

Hayat –residente en el campo de El Buss, divorciada y con dos hijos– dijo a Amnistía Internacional que su hija había tenido que abandonar la escuela en el séptimo curso y que su hijo tiene la intención de ir a la universidad cuando termine la enseñanza secundaria si sus abuelos pueden pagarle los estudios, aunque "le preocupa que, como palestino, su educación no le reporte ningún provecho".

Una consecuencia de que las autoridades libanesas no ofrezcan a los menores palestinos una educación y unas perspectivas laborales satisfactorias es que muchos menores dejan la escuela y buscan un empleo remunerado para ayudar a sostener a sus familias. Muchos intentan trabajar como peones o traperos (buscando entre la basura cosas que vender para su reciclado). Muchas familias dijeron a Amnistía Internacional que sus hijos habían dejado la escuela porque pensaban que era inútil pasarse años y años estudiando, ya que el esfuerzo realizado no bastaría para abrirles la puertas de un empleo bien remunerado en Líbano.Marwan es uno de estos jóvenes:



Como palestinos estudiamos y pagamos nuestras tasas, pero luego no podemos trabajar. Aquí sólo se puede trabajar en el hospital del campo. Yo dejé la escuela después de sexto curso porque mis padres no podían pagarla. Tengo primos que terminaron la escuela y hacen trabajos de pintura, y no sacan ningún beneficio del dinero invertido.

Cuando dejé la escuela, aprendí el oficio de carnicero; trabajé siete años con un libanés fuera del campo. Ganaba 100.000 libras libanesas a la semana, mientras que un libanés cobraba 250.000 por el mismo trabajo que hacía yo y encima mejor que él.




Niños y niñas con su profesor en una escuela comunitaria del campo de refugiados de Nahr al Bared, marzo de 2005, © AI

En su informe al Comité de los Derechos del Niño, el gobierno de Líbano reconoció francamente la situación enormemente insatisfactoria de los menores palestinos:

Los niveles educativos de los niños palestinos [refugiados]no pueden compararse con los de los niños libaneses y ni siquiera con los de los niños palestinos [refugiados] que viven en los países árabes de acogida limítrofes. De cada tres niños palestinos que viven en el Líbano, de 10 años o mayor, uno deja la escuela antes de terminar la enseñanza primaria o intermedia. La tasa de abandono escolar es del 39%, diez veces más alta que la de los estudiantes libaneses de ambos sexos. La cifra de estudiantes que han egresado de enseñanza secundaria o han obtenido un título de educación superior es baja, aproximadamente la mitad que la de estudiantes libaneses [...] Los pocos que optan por proseguir sus estudios tratan de matricularse en escuelas públicas gratuitas. Además, en estas escuelas las plazas son limitadas y se da prioridad a los estudiantes libaneses.(59)

La Ley nº 686 de 1998 especifica que sólo los menores libaneses tienen derecho a recibir educación primaria gratuita.(60) Sin embargo, según el PIDESC y la Convención sobre los Derechos del Niño, las autoridades libanesas tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación de todos los menores bajo su jurisdicción. Esta obligación incluye en concreto la responsabilidad de garantizar la prestación de educación primaria obligatoria y gratuita a todos los menores que viven en Líbano, sin discriminación de ningún tipo en función de su condición de refugiados o de solicitantes de asilo, de ninguna otra condición jurídica ni de la condición jurídica de sus progenitores o tutores.

Las normas internacionales de derechos humanos prohíben también los obstáculos administrativos y las otras políticas que impiden el disfrute del derecho a la educación, estableciendo, por ejemplo, requisitos discriminatorios.(61)

Los menores refugiados palestinos que están registrados pueden matricularse en las 80 escuelas elementales y preparatorias y en los 6 institutos de enseñanza media que el OOPS administra en Líbano. Líbano es el único país en el que este organismo tiene institutos de enseñanza media; el motivo aducido es que en este país las personas refugiadas palestinas "tienen acceso limitado a la educación secundaria pública y la mayoría no puede pagar el elevado coste de la educación secundaria privada".(62) El Centro de Formación Siblin del OOPS proporciona 850 plazas de formación profesional y tiene también un programa de formación de docentes para refugiados registrados, la mayoría de los cuales trabajan después en establecimientos educativos de este organismo. El OOPS proporcionó también 189 becas universitarias entre 2006 y 2007.

Los menores refugiados palestinos indocumentados pueden ir a las escuelas del OOPS o acudir a escuelas elementales privadas si pueden pagar los honorarios. Sin embargo, en los establecimientos libaneses de enseñanza media no suele reconocérseles los estudios realizados, ya que todos los estudiantes necesitan documentos de identidad –algo de lo que carecen evidentemente los refugiados palestinos indocumentados– para hacer los exámenes de reválida, que son los que dan acceso a los niveles superiores de educación.(63)

7. Sin documentos de identidad no hay derechos

Los entre 3.000 y 5.000(64) refugiados palestinos indocumentados que no están registrados en el OOPS ni ante las autoridades libanesas sufren restricciones de los derechos humanos incluso mayores que las de los refugiados palestinos registrados. Oficialmente tampoco tienen derecho a disfrutar de los servicios del OOPS, aunque en ocasiones pueden acceder a ellos de manera informal.(65)

Numerosos refugiados indocumentados llevan muchos años viviendo en Líbano y están casados con refugiados palestinos registrados. Sin embargo, no se reconoce a su descendencia la condición de refugiados palestinos registrados.

Los motivos más habituales de la falta de documentos de identidad de la población palestina son:


§ La creciente dificultad para registrarse ante las autoridades libanesas a partir de 1962 (ninguno de los refugiados indocumentados –ni tampoco ninguno de sus familiares– entrevistados durante un estudio realizado en diciembre de 2005 por Frontiers, ONG libanesa que se ocupa de asuntos relacionados con las personas migrantes, había llegado antes de 1962).(66)

§ La renuencia general de las autoridades libanesas a permitir un aumento del número oficial de refugiados palestinos registrados en el OOPS. Según informes del Consejo Danés para los Refugiados, sólo el 5 por ciento de las personas entrevistadas durante un estudio realizado en 2005 por esta institución no habían estado registradas nunca en el OOPS ni ante las autoridades de otro país. De manera análoga, aproximadamente la mitad de las personas indocumentadas remitidas al OOPS por el Consejo Danés para los Refugiados ya habían estado registradas en el OOPS en otros lugares, es decir, tenían derecho a estar registradas también en el OOPS en Líbano, pero el gobierno se había resistido a admitir el traslado de su condición a este país.

§ La decisión de algunos palestinos que llegaron al Líbano en los años setenta de no registrarse a su llegada al país con el fin de unirse a la OLP o a otros partidos políticos. Tras la expulsión de la OLP de Líbano en 1982, no se les permitió volver a los países que los habían acogido previamente. Muchos de los refugiados indocumentados son estos palestinos y sus descendientes.

Algunas de las otras cuestiones que afectan en especial a las personas palestinas indocumentadas son:


- El derecho a constar en un registro y a tener un nombre y una nacionalidad. El OOPS registra como refugiados a los menores cuyo padre es un refugiado palestino registrado y el Estado libanés les reconoce dicha condición. Sin embargo, los hijos o hijas de un padre palestino indocumentado (es decir, que no tiene documentos de identidad reconocidos) no son registrados en el OOPS, no reciben documentos de identidad del Estado libanés y no pueden obtener una nacionalidad ni siquiera en el caso de que la madre sea libanesa (la legislación libanesa estipula que la nacionalidad sólo se puede transmitir por vía paterna). Este hecho constituye un incumplimiento de las obligaciones de Líbano. En el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que todo niño tiene derecho a que se le registre inmediatamente después de su nacimiento, así como a tener un nombre y a adquirir una nacionalidad.

- El derecho a la educación. El hecho de que no se registre a los hijos o hijas de las personas refugiadas palestinas indocumentadas les impide disfrutar plenamente de sus derechos humanos, incluido el derecho a la educación. Los menores indocumentados pueden acudir de manera informal a un establecimiento educativo si cuentan con la comprensión del profesorado, pero no pueden recibir calificaciones oficiales en ningún nivel, lo que acarrea que sus perspectivas educativas y laborales se vean gravemente limitadas. "Te dicen que no eres más que un indocumentado y que por tanto no te hace falta estudiar", se quejaba Samar, de 19 años, en una conversación que sostuvo en Beirut con representantes de Amnistía Internacional.

El Comité de los Derechos del Niño recomendó que el gobierno libanés adoptara medidas para abordar este grave abuso contra los derechos de la infancia:

Con el fin de asegurar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales de los niños en Líbano, el Comité recomienda que el Estado Parte garantice el registro de todos los niños en su territorio, incluidos los hijos de los refugiados palestinos indocumentados, inmediatamente después de su nacimiento. Entretanto, los niños cuyo nacimiento no se ha registrado y que carecen de documentación oficial deben tener acceso a los servicos básicos, como los de salud y educación, hasta que se les registre de la forma adecuada.(67)

- Registro de matrimonios. En el artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se afirma: "Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello".(68) Este derecho no se respeta en Líbano en el caso de las personas refugiadas palestinas indocumentadas. Amnistía Internacional ha documentado muchos casos de refugiados palestinos indocumentados que no han podido casarse o registrar su matrimonio al no contar con la documentación adecuada.

Miryam, por ejemplo, es una refugiada palestina indocumentada. Cuando la entrevistó Amnistía Internacional, llevaba cinco años comprometida con un libanés. Sin embargo, no se había podido casar todavía, ya que, al no disponer de documentos de identidad, el matrimonio no sería válido oficialmente. Su familia llevaba años intentando conseguir los papeles necesarios sin ningún éxito y ya no sabía qué hacer. Miryam dijo a Amnistía Internacional que se sentía muy deprimida por su situación y por la aparente falta de salidas.

Dado que para las personas refugiadas palestinas que desean fundar una familia el matrimonio es la vía más aceptada socialmente en la comunidad palestina de Líbano, la imposibilidad de registrar los matrimonios puede tener efectos devastadores para hombres y mujeres.


- Libertad de circulación.Los refugiados palestinos indocumentados ven restringida su libertad de circulación al no disponer de residencia legal en Líbano. Muchos temen que los detengan si salen del campo en el que viven e intentan desplazarse por el país. Este hecho repercute negativamente en su vida cotidiana, por ejemplo en su capacidad de trabajar. En el artículo 12.1 del PIDCP se afirma:


Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.


El actual gobierno libanés ha mostrado más interés que los anteriores en resolver la cuestión de los refugiados palestinos indocumentados, pero en septiembre de 2007 no se había arbitrado todavía ninguna solución.


8. recomendaciones

Con la mejora del diálogo entre las autoridades libanesas, los grupos políticos palestinos y el OOPS, existe la esperanza de que este aparente deseo de solucionar problemas muy delicados y persistentes se traduzca en reformas susceptibles de ampliarse y profundizarse. Desde luego, después de casi 60 años, es hora de que el gobierno libanés adopte medidas concretas para abordar la difícil situación de la comunidad refugiada palestina. En sus informes a los órganos de la ONU encargados de la vigilancia de los tratados, el gobierno ha reconocido con franqueza las condiciones sumamente insatisfactorias a las que se ve expuesta la población refugiada palestina en Líbano y recientemente ha mostrado una cierta determinación de remediar la situación.

Lo que en 1948 pudo parecer en un principio una situación temporal ha resultado ser un problema persistente. Durante todos estos años, generaciones de personas palestinas han crecido en Líbano sin apenas o ninguna otra experiencia que la vida en los campos de refugiados y siendo objeto de discriminación y de otros abusos. El hacinamiento en sus limitadas zonas de residencia ha ido aumentando a medida que los campos han tenido que albergar a un número creciente de familias. No se debe dejar que sigan sufriendo más en Líbano, en espera de una solución duradera de su difícil situación como refugiados que respete y proteja plenamente sus derechos humanos.

El pueblo libanés y los sucesivos gobiernos libaneses han mostrado una gran generosidad con los numerosos refugiados palestinos que viven en el país. Al mismo tiempo, la sociedad libanesa se ha enriquecido enormemente con la presencia de la comunidad refugiada y su contribución a la vida económica y cultural de Líbano. Las persistentes restricciones aplicadas a las personas refugiadas palestinas, que les rebajan de hecho a la condición de residentes de segunda, siguen distando muy poco de constituir un escándalo y deben suprimirse sin más dilación ni demora.

Con este fin, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones:


Al gobierno libanés


Discriminación

· Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para erradicar todas las formas de discriminación contra las personas refugiadas palestinas y proteger y respetar plenamente sus derechos humanos en Líbano.


Alojamiento

· Suprimir todas las restricciones que de manera arbitraria limitan el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada a la población palestina. Esta medida debe incluir la revocación o modificación de todas las leyes que discriminan a las personas refugiadas palestinas que carecen de la nacionalidad de un Estado reconocido, incluidas las disposiciones pertinentes del Decreto Presidencial 11614 de 4 de enero de 1969, modificado en virtud de la ley 296 de 3 abril de 2001, así como todas las demás leyes pertinentes.

· Garantizar una determinada seguridad de tenencia a toda persona bajo su jurisdicción, incluidos los refugiados palestinos que viven en asentamientos informales.

· Permitir a las personas refugiadas palestinas mejorar sus viviendas, levantando todas las restricciones a la entrada de materiales de construcción y de mantenimiento en los campos de refugiados palestinos que persisten todavía.

· Poner fin a la demolición punitiva –por parte de las autoridades– de las viviendas de refugiados palestinos que se han construido total o parcialmente infringiendo la prohibición de introducir materiales en algunos campos y garantizar reparaciones efectivas a todas las personas afectadas, incluidas restitución, indemnización y garantías de que no se repetirán las demoliciones.

· Suspender toda política que impida a la población refugiada palestina que vive en asentamientos informales mejorar sus viviendas, suprimir las multas u otras penas impuestas a las personas que tratan de hacer habitables sus casas y adoptar medidas para informar a todos los afectados del cambio de política.

· Adoptar medidas para garantizar un nivel básico mínimo de salubridad y de acceso a un caudal aceptable de agua potable a las personas refugiadas palestinas que viven en campos y en asentamientos informales.

· Seguir adelante lo antes posible con los planes para reconstruir el campo de Nahr al Bared y aliviar las condiciones en las que viven actualmente los refugiados que fueron desplazados por la fuerza de allí, así como otras personas, sobre todo en el campo de Beddawi.



Empleo

· Facilitar el acceso de la comunidad palestina a los 50 tipos de trabajo que tenía prohibido ejercer antes del anuncio hecho por el ministro de Trabajo en 2005, eliminar las restricciones sobre los 20 restantes y garantizar que la relajación de ambos tipos de restricciones se convierta en permanente en virtud de una ley.


· Modificar las disposiciones del artículo 8 del Decreto Presidencial 17561 y otras normas pertinentes que discriminan a la población refugiada palestina.


· Proteger los derechos laborales de todas las personas bajo su jurisdicción, incluida la comunidad refugiada palestina, mediante una regulación efectiva de las prácticas de contratación de los empleadores públicos y privados y, en concreto, garantizar que las personas refugiadas palestinas estén protegidas por contratos de trabajo y reciban un salario justo e igual al de sus homólogos libaneses.



Seguridad social

· Modificar o sustituir el artículo 9.4 de la Ley de la Seguridad Social con el fin de garantizar que todas las personas refugiadas palestinas disfruten de los beneficios de la seguridad social a cambio de sus contribuciones obligatorias.



Educación

· Garantizar que todos los menores bajo su jurisdicción, incluidos los hijos e hijas de las personas refugiadas palestinas indocumentadas, tengan acceso a la educación en pie de igualdad con los ciudadanos libaneses.

· Modificar la Ley nº 686 de 1998, que modificó el artículo 49 del Decreto nº 134/59, para garantizar el derecho de todas las personas, incluidos los hijos e hijas de los refugiados palestinos, a educación primaria gratuita y obligatoria sin ningún tipo de discriminación.



Personas refugiadas palestinas indocumentadas

· Garantizar que ningún requisito burocrático entorpezca el ejercicio de los derechos humanos a ninguna persona que resida bajo jurisdicción libanesa, incluidos los refugiados palestinos indocumentados.

· Adoptar todas las medidas necesarias para regularizar cuanto antes la condición de los refugiados palestinos indocumentados en el país. Entre estas medidas debe figurar el registro de todas las personas refugiadas palestinas bajo jurisdicción libanesa, proporcionándoles documentos de identidad oficiales, y la garantía de que se facilitará a toda su futura descendencia el registro y los documentos necesarios.

· Garantizar que todas las personas refugiadas palestinas puedan registrar sus matrimonios en Líbano.



A la comunidad internacional

· Hacer todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución duradera a la situación de la población refugiada palestina que respete y proteja plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho al retorno.

· Prestar ayuda económica y técnica a Líbano –dentro del espíritu de la cooperación internacional y el reparto de responsabilidades– para permitir a este país proporcionar el mayor grado posible de protección de los derechos humanos a su población de refugiados palestinos. Este aspecto debe incluir una respuesta favorable a la petición de fondos formulada el 10 de septiembre por las autoridades libanesas para reconstruir el campo de Nahr al Bared y las zonas circundantes.

· Garantizar que el OOPS tenga el mandato y los fondos necesarios para satisfacer de manera efectiva las necesidades de la comunidad refugiada palestina, respondiendo, por ejemplo, favorablemente a la petición de fondos de ayuda de emergencia, formulada conjuntamente el 10 de septiembre por el OOPS y las autoridades libanesas, para ayudar a las personas refugiadas desplazadas del campo de Nahr al Bared.












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(1) Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, 31 de mayo de 2007.


(2) http://www.un.org/OOPS/refugees/lebanon.html, consultado el 14 de septiembre de 2007. Traducción de Amnistía Internacional.


(3) Aunque en Líbano se encuentran más de 400.000 palestinos registrados en el OOPS, es probable que la cifra real ascienda a unos 300.000, ya que se estima que no menos de 100.000 han abandonado Líbano para buscar su sustento en otros lugares.


(4) En 1950 había en Líbano 127.000 refugiados palestinos registrados en el OOPS. La mayoría había vivido en las zona costera y septentrional del Mandato de Palestina, en Haifa, Yaffa (Jaffa), Acre, Safad y Nazaret o alrededor de estas ciudades, todas las cuales pasaron a formar parte del nuevo Estado de Israel en mayo de 1948. Se calcula que los refugiados palestinos –y sus descendientes– que huyeron a Líbano desde Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios ocupados por Israel en la guerra árabe-israelí de 1967, ascienden en la actualidad a entre 13.000 y 40.000.


(5) La matanza, perpetrada entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, la llevó a cabo la milicia de las fuerzas libanesas y la facilitó el ejército israelí. En el informe de una comisión internacional sobre las denuncias de violaciones del derecho internacional por parte de Israel durante la invasión de Líbano se llegó a la conclusión de que habían resultado muertas 2.750 personas en los campos.


(6) Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, 31 de mayo de 2007.


(7) Véase Amnistía Internacional, Líbano: Preocupación por los combates entre el ejército y el grupo Fatah Al Islam (MDE 18/003/2007), 23 de mayo de 2007; Líbano: Miles de personas refugiadas atrapadas por los combates (MDE 18/005/2007), 5 de junio de 2007; y Líbano: Informes de acoso en controles del ejército y preocupación por los civiles afectados por los combates en un campo de refugiados palestino (MDE 18/007/2007), 12 de julio de 2007.


(8) Véase el preámbulo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.


(9) En las normas internacionales de derechos humanos se pide a los Estados que adopten medidas "[...] mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas" para contribuir a la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 2.1.


(10) Lebanon: Economic and social rights of Palestinian refugees: Submission to the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Índice AI: MDE 18/017/2003).


(11) Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Líbano), Doc. ONU: CERD/C/64/CO/3, 12 de marzo de 2004.


(12) Lebanon: Limitations on rights of Palestinian refugee children (Índice AI: MDE 18/004/2006).


(13) Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño (Líbano), Doc. ONU: CRC/C/LEB/CO/3, 2 de junio de 2006.


(14) http://www.un.org/unrwa/publications/index.html, consultado el 25 de septiembre de 2007.


(15) En este informe, la expresión "refugiados palestinos" se refiere a todos los "refugiados palestinos" que residen fuera de los Territorios Palestinos Ocupados, así como a otros palestinos que se encuentran fuera de Israel y de los Territorios Palestinos Ocupados y necesitan asilo. La definición operativa del OOPS es la siguiente: "[S]on refugiados de Palestina todos aquellos cuyo lugar habitual de residencia entre junio de 1946 y mayo de 1948 era Palestina y que perdieron tanto su casa como su medio de vida a consecuencia de la guerra árabe-israelí de 1948. Los servicios [del OOPS] están destinados a todos aquellos refugiados que vivan en su área de operaciones y cumplan su definición, que estén registrados con la Agencia y que necesiten asistencia. La definición [del OOPS] de refugiado, también incluye a los descendientes de aquellos refugiados de 1948" (http://www.un.org/OOPS/spanish/refugees/whois.html), consultado el 21 de agosto de 2007.


(16) El OOPS inició sus actividades en 1950.


(17) En la resolución 194 (III) adoptada por la Asamblea General el 11 de diciembre de 1948 y en el mandato del OOPS, incluido en la resolución 302 (IV) aprobada por la Asamblea General el 8 de diciembre de 1949, se subraya el derecho de los palestinos a volver a su tierra. La adopción de ambas resoluciones tuvo lugar antes de las negociaciones relativas a la Convención sobre los Refugiados y el Estatuto del ACNUR, en las que se excluye a las personas que reciben protección o asistencia de otros organismos de la ONU.


(18) En un informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH),


Lebanon, Palestinian refugees: systematic discrimination and complete lack of interest on the part of


the international community, publicado en marzo de 2003, se cifra en 10.000 el número de refugiados palestinos no registrados residentes en Líbano, sobre la base de datos suministrados por la Organización Palestina de Derechos Humanos. El OOPS suele dar una cifra de entre 13.000 y 15.000. El Comité Estadounidense para los Refugiados, en su informe sobre Líbano (World Refugee Survey 2003), estima que se elevan a 16.000. En un informe publicado en abril de 2003 por la Organización Palestina de Derechos Humanos, The Palestinian right to work and own property in Lebanon, se calculaba que el número de refugiados palestinos no registrados ascendía a 35.000 y el de indocumentados a 5.000. La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, en el documento Palestinian Territories: Solidarity with the victims, cifraba en 40.000 el número de refugiados palestinos no registrados residentes en Líbano (http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/leaflets/palestinian_en.pdf). En cuanto al número de refugiados indocumentados, el Consejo Danés para los Refugiados da la cifra de 3.000, mientras que la Organización Palestina de Derechos Humanos estima que son 5.000.


(19) http://www.un.org/unrwa/publications/index.html, consultado el 14 de septiembre de 2007.


(20) No obstante, dentro del marco del Plan de Mejora de los Campos puesto en marcha por el primer ministro libanés Fouad Siniora y el OOPS a finales de 2005, se arreglaron y rehabilitaron –fuera de los campos– varios centenares de casas en pueblos y asentamientos informales tras los daños provocados por el conflicto que tuvo lugar en julio y agosto de 2006 entre combatientes de Hezbolá y fuerzas israelíes. El plan incluye también proyectos de modernización de los servicios de saneamiento y de los centros médicos y educativos.


(21) Cifras del OOPS, véase www.un.org/unrwa/refugees/lebanon.html, consultado el 14 de septiembre de 2007. Estas cifras no reflejan las fluctuaciones ocasionadas por el desplazamiento de refugiados de Nahr al Bared.


(22) http://www.un.org/unrwa/refugees/lebanon.html


(23) Véanse, por ejemplo, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 12.4 del PIDCP; la Observación General nº 27 del Comité de Derechos Humanos sobre el artículo 12, párrs. 19 y 20; el artículo 5.d.ii del Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Israel), 14 de junio de 2007, Doc. ONU: CERD.C/ISR/CO/13, párr. 18, y varias observaciones del Comité Ejecutivo del ACNUR, incluida la nº 101 (2004).


(24) Estos lazos duraderos entre el individuo y el territorio pueden existir con independencia de que se haya determinado formalmente la nacionalidad (o la condición de apátrida) del individuo, como se explica en el párr. 19 de la Observación General nº 27 del Comité de Derechos Humanos (http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm, CCPR/C/21/Rev. 1/Add.9).


(25) Véanse, por ejemplo, la Resolución 194 (III) de la Asamblea General de la ONU, de 11 de diciembre de 1948, y la Resolución A/RES/52/59 de diciembre de 1997; véase también Amnistía Internacional, El derecho de retorno: El caso de los palestinos (Índice AI: MDE 15/013/2001).


(26) Artículo 2.1 del PIDCP; artículo 2.2 del PIDESC.


(27) En virtud del artículo 2.1.c de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, todos los Estados Partes tienen la obligación de "enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista".


(28) PIDESC, artículo 2.1.


(29) PIDESC, artículo 2.3; Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 1.2.


(30) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General nº 30, Discriminación contra los no ciudadanos, párr. 2.


(31) Fuente: UN Report on Economic Survey Mission to the Middle East, Nueva York, 1949, p.22, http://www.badil.org/Statistics/population/03.pdf.


(32) Esta cifra incluye 405.425 refugiados palestinos registrados en el OOPS; entre 10.000 y 40.000 –según cálculos aproximados– no registrados en el OOPS pero registrados ante las autoridades libanesas; entre 3.000 y 5.000 no registrados en el OOPS ni ante las autoridades libanesas, y la posibilidad de que varios miles de familias hayan abandonado Líbano en los últimos años y vivan ahora en otros lugares. Fuentes: OOPS, FIDH, Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, Organización Palestina de Derechos Humanos y Consejo Danés para los Refugiados.


(33) Richard Cook, director de asuntos del OOPS, Líbano, marzo de 2007.


(34) En el artículo 11.1 del PIDESC se garantiza "el derecho de toda persona […] [a una] vivienda adecuad[a], y a una mejora continua de las condiciones de existencia".


(35) Observación General nº 4, "El derecho a una vivienda adecuada" (artículo 11.1), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sexto periodo de sesiones, 1991, párr. 8, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR%20OBSERVACION%20GENERAL%204.Sp?OpenDocument.


(36) Observación General nº 4, op. cit., párr. 8.d.


(37) Observación General nº 4, op. cit., párr. 7.


(38) Observación General nº 4, op. cit., párr. 10.


(39) Observación General nº 4, op. cit., párr. 8.a.


(40) Traducción de Amnistía Internacional.


(41) Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2003 (Comité de los Derechos del Niño): Líbano. Doc. ONU: CRC/C/129/Add.7, 25 de octubre de 2005, párr. 474.


(42) Véanse también el artículo 11 del PIDESC y el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.


(43) Decisión nº 621/1 del Ministerio de Trabajo sobre Profesiones y Negocios Limitados a Ciudadanos Libaneses,15 de diciembre de 1995.


(44) En 2005, según los informes, se concedieron unos 278 permisos.


(45) En el artículo 17 del decreto de 1962 se afirma: "El permiso de trabajo podrá revocarse en cualquier momento si se descubre algún documento incorrecto o en beneficio de la mano de obra libanesa".


(46) Memorándum del Ministerio de Trabajo (nº 67/1), 2 de junio de 2005. Como en virtud del decreto originario de 1962 el Ministerio de Trabajo sigue facultado para publicar y actualizar todos los años una lista de los trabajos que sólo pueden desempeñar los ciudadanos libaneses con arreglo a las necesidades del mercado laboral libanés, el anuncio ministerial de junio de 2005 es por su propia naturaleza temporal hasta que no se plasme en una ley.


(47) Entre estos tratados figuran el PIDESC (artículo 6 y 7); la CEDAW (artículos 11 y 14) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5).


(48) PIDESC, artículos 6, 2.1 y 2.2.


(49) Artículo 2.3 del PIDESC. La finalidad de esta disposición era acabar con la dominación económica de ciertos grupos no nacionales en la época colonial. Por esta razón, debería interpretarse de manera restringida. Véanse los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Doc. ONU. E/CN.4/1987/17, Anexo, párr. 43.


(50) En el párrafo 4 del artículo 9 de la Ley de la Seguridad Social se recoge un principio de reciprocidad similar al incluido en el Derecho del Trabajo.


(51) Según el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, "la expresión ‘discriminación racial’ denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, […] en condiciones de igualdad, de los derechos humanos [...]".


(52) Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observación General nº 30, Discriminación contra los No Ciudadanos, Doc. ONU: HRI/GEN/1/Rev.7/Add.1, párr. 33.


(53) Los refugiados indocumentados no tienen derecho oficialmente a recibir asistencia médica, pero si tienen un pasaporte expirado pueden acceder a las clínicas del OOPS y si están registrados en otro campo de operaciones de este organismo y cuentan con su autorización pueden acceder a algunos servicios médicos. Las refugiadas registradas casadas con refugiados no registrados tienen ahora pleno derecho a recibir asistencia médica.


(54) El derecho a la salud: artículos 12 (PIDESC), 5.e.iv (Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial), 24 (Convención sobre los Derechos del Niño).


(55) Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2003 (Comité de los Derechos del Niño): Líbano. Doc. ONU: CRC/C/129/Add.7, 25 de octubre de 2005, párr. 476.


(56) "En Líbano, los refugiados palestinos sufren en un porcentaje muy alto una amplia gama de enfermedades, desde físicas a psicológicas –y con una prevalencia mayor en situaciones de pobreza y en condiciones de alojamiento deficientes– como estrés, depresión y violencia, así como infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades infecciosas, como tuberculosis, sarampión, rubéola, etc. Una alimentación inadecuada debida a la pobreza origina varias enfermedades no infecciosas, como altos niveles de anemia, visión deficiente, retraso en el crecimiento y otras enfermedades afines, cuyo tratamiento hay que costear inevitablemente dada la deficiencia de las condiciones". Jamil Yusef, jefe del Programa de Salud de Campo del OOPS, a Amnistía Internacional, 28 de agosto de 2007.


(57) Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2003 (Comité de los Derechos del Niño): Líbano. Doc. ONU: CRC/C/129/Add.7, 25 de octubre de 2005, párrs.471 y 476.


(58) Ley de la Seguridad Social, artículo 9, párr. 4. Cita en "Obligation of Host Countries to Refugees under International Law: the Case of Lebanon", Wadie Said, en Palestinian Refugees: the Right of Return, Naseer Aruri (ed.). Pluto Press, Londres, 2001, p.134.


(59) Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2003 (Comité de los Derechos del Niño): Líbano. Doc. ONU: CRC/C/129/Add.7, 25 de octubre de 2005, párrs. 477 y 478.


(60) Esta ley modificó el artículo 49 del Decreto nº 134/59.


(61) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General n º 13, "El derecho a la educación (art. 13)", 21º periodo de sesiones, 1999, Doc. ONU: E/C.12/1999/10, párr. 59.


(62) http://www.un.org/unrwa/programmes/education/basic.html, consultado el 31 de marzo de 2006. Traducción de Amnistía Internacional.


(63) Según los informes, algunos menores refugiados indocumentados pueden presentarse a los exámenes en virtud de un acuerdo informal entre el Ministerio de Educación libanés y el OOPS.


(64) Fuentes: Consejo Danés para los Refugiados y Organización Palestina de Derechos Humanos.


(65) Véanse notas 53 y 63.


(66) Se trata de un gran estudio de campo realizado entre enero y junio de 2005 que incluyó investigaciones de carácter jurídico y entrevistas y presentación de cuestionarios a más de 150 refugiados (http://www.frontiersassociation.org/pubs/FallingThrTheCracks2006PUBFINAL.pdf).


(67) Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño, 42º periodo de sesiones, 2 de junio de 2006, Doc. ONU: CRC/C/LEB/CO/3, párrs. 37 y 38. Traducción de Amnistía Internacional.


(68) El Comité de Derechos Humanos ha aclarado que los Estados Partes en el PIDCP tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para garantizar la protección prevista en el artículo 23. Observación General nº 19: La protección de la familia, el derecho al matrimonio y la igualdad de los cónyuges, párr. 3.



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