Document - Egypt: Human rights agenda for change





Índice: MDE 12/015/2011

10 de febrero de 2011

EGIPTO: Agenda de derechos humanos para el cambio

La población egipcia debe poder participar de manera significativa en la configuración de su futuro. Con este fin, la ley y la práctica egipcias deben garantizar un terreno de juego equitativo para la participación política, y toda transición política debe ir acompañada del respeto pleno de los derechos humanos y de las necesarias reformas legales.

Después de 30 años de represión y privaciones económicas abrumadoras, la población egipcia ha salido a la calle en número sin precedentes para exigir dignidad y justicia social. Los manifestantes piden reformas democráticas, que las autoridades respeten los derechos humanos y que se dé respuesta a reivindicaciones relativas a las condiciones de trabajo y de vida. Toda transición política debe ir acompañada del desmantelamiento de la maquinaria de represión y de la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

En noviembre de 1981, Amnistía Internacional escribió al recién nombrado presidente Mubarak, instándole a romper con el historial de abusos de su predecesor: detenciones masivas de personas por sus convicciones profundas, tortura y otros malos tratos, y encarcelamiento de personas por actividades políticas no violentas prohibidas. Amnistía Internacional ha reiterado estos llamamientos a las autoridades egipcias en muchas ocasiones desde entonces.

Treinta años después, las constantes de abusos continúan. De hecho, leyes y prácticas abusivas han sido incorporadas a la Constitución. Desde 1981 está en vigor de forma continua un estado de excepción que permite reprimir las demandas de reformas. Las personas que mantienen una actitud crítica hacia las autoridades han sufrido detenciones y reclusiones arbitrarias, procesamientos por cargos penales falsos y juicios sin garantías ante tribunales especiales y militares. Miles de personas han sido catalogadas como amenazas para la seguridad y el orden público para justificar su detención y reclusión arbitrarias sin cargos ni juicio, en algunos casos durante años. Los gobiernos extranjeros que ven a Egipto como un socio en materia de seguridad apenas han condenado tales abusos. Durante la “guerra contra el terror” liderada por Estados Unidos, algunos incluso confiaron en las fuerzas de seguridad de Egipto para que les hicieran el trabajo sucio y les enviaron a detenidos que después fueron torturados para reunir “información”.

Se han ignorado también las demandas de derechos económicos, sociales y culturales de la población egipcia. Los trabajadores han protagonizado muchas huelgas, manifestaciones y sentadas para protestar contra el alza del costo de la vida, exigir mejoras salariales y de las condiciones de trabajo, y reivindicar su derecho a organizarse de manera independiente. Se han menospreciado los derechos de los millones de personas que viven en los inmensos, descontrolados y a menudo peligros asentamientos informales (barrios marginales) de Egipto.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han seguido usando fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes. Se han mantenido al margen mientras manifestantes que reclamaban reformas eran atacados por partidarios del gobierno. Las autoridades han reprimido las protestas sociales, como las huelgas no autorizadas de trabajadores de los sectores público y privado. Las protestas pacíficas deben ser permitidas. La violencia y las medidas represivas deben terminar.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a los socios extranjeros de Egipto, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, para que condenen la represión en curso y apoyen de manera plena e inequívoca las demandas de reformas significativas en materia de derechos humanos.

Las autoridades egipcias deben poner en marcha con carácter inmediato un programa de reformas en materia de derechos humanos. La “Agenda de derechos humanos para el cambio” de Amnistía Internacional refleja las demandas planteadas desde hace tiempo por la sociedad civil egipcia. Aspira a ser una contribución a la formulación de un programa de reformas. El cambio en los derechos humanos debe comenzar ya.



AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA A LAS AUTORIDADES EGIPCIAS A:

DECRETAR EL FIN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN: PONER FIN A LAS DETENCIONES ARBITRARIAS, LA TORTURA Y LOS JUICIOS SIN GARANtÍAS

  • Levantar de manera inmediata el estado de excepción y revocar todas las disposiciones de la Ley del Estado de Excepción. El Estado no debe someter a las personas a detención arbitraria o torturar, emprender otras represalias contra ellas, ni negar su derecho a un juicio con garantías. En este sentido, las autoridades deben revocar los aspectos del artículo 179 de la Constitución que conceden amplios poderes de detención a las fuerzas de seguridad y permiten al presidente egipcio eludir los tribunales ordinarios y remitir a las personas sospechosas de terrorismo a tribunales militares y especiales.

  • Abolir las atribuciones de las fuerzas de seguridad para detener y recluir a personas en régimen de incomunicación y sin supervisión judicial.

  • Garantizar que a todas las personas detenidas se les permite el acceso a abogados de su elección, a sus familiares y al tratamiento médico que puedan necesitar.

  • Poner fin a la prohibición general de manifestaciones y concentraciones públicas.

  • Poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia, es decir, las personas privadas de su libertad únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de conciencia, pensamiento, opinión, expresión, asociación o reunión.

  • Hacer cumplir las órdenes judiciales que disponen la liberación de presos; las personas recluidas en virtud de órdenes administrativas deben quedar en libertad o ser acusadas formalmente de delitos comunes reconocibles y juzgadas en plena conformidad con las normas internacionales relativas a juicios con garantías y en los que no pueda imponerse la pena de muerte.

  • Abolir los juicios de civiles ante tribunales militares y tribunales del estado de excepción. Detener de inmediato todos los juicios de civiles ante tribunales militares y poner a las personas encausadas en libertad o transferirlas a tribunales civiles para que sean juzgadas con las debidas garantías.

  • Garantizar un poder judicial independiente, lo que incluye garantizar que no se somete a los jueces a medidas disciplinarias arbitrarias, ni se les revoca su inmunidad judicial, por sus actividades como jueces. Garantizar que el Consejo Judicial Supremo (organismo que supervisa la propuesta, el nombramiento, la asignación de destino y la promoción de los jueces) puede funcionar como órgano independiente, y que se eliminan las restricciones discriminatorias que impiden que las mujeres ejerzan como jueces.

  • Hacer público de inmediato el anteproyecto de ley antiterrorista, y garantizar una consulta y revisión transparentes y de amplia base del anteproyecto de ley, que incluya a la sociedad civil.

HACER EFECTIVO Y DEFENDER EL DERECHO A LA LIBERTAD DE expresiÓn, reunión y asociación

  • Garantizar que todas las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, se abstienen de usar fuerza excesiva en el desempeño de la labor policial en manifestaciones y cumplen en su integridad el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU.

  • Abrir investigaciones independientes sobre todos los casos en que se denuncie que las fuerzas de seguridad han usado fuerza excesiva. Las pruebas de abusos contra los derechos humanos, incluidos los homicidios ilegítimos, no deben ser alteradas ni destruidas. Las investigaciones sobre homicidios deben atenerse a los métodos que se exponen en los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, de la ONU. Garantizar que los informes de tales investigaciones se hace públicos, y que las personas identificadas como responsables de abusos contra los derechos humanos comparecen ante la justicia en juicios con garantías y en los que no se pueda imponer la pena de muerte.

  • Publicar y difundir en forma fácilmente accesible para el público las normas y reglamentos relativos al uso de la fuerza por todas fuerzas de seguridad, incluido el ejército.

  • Garantizar que los manifestantes pacíficos no son detenidos y recluidos arbitrariamente, se ni torturados o maltratados.

  • Hacer efectivo el derecho a la libertad de expresión, lo que incluye proteger la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y a través de cualquier medio, y abstenerse de imponer restricciones indebidas a Internet y a los servicios de telecomunicaciones móviles.

  • Revocar o enmendar, con el fin de adecuarlas al derecho internacional, las disposiciones del Código Penal que vulneran la libertad de expresión, en particular los artículos 80(d), 98bis(b), 98(f), 102, 102bis, 171, 178, 179, 181, 188, 201 y 308, ya que permiten el encarcelamiento de periodistas y otras personas por delitos de imprecisa definición, como perjudicar el “interés nacional ” o la “paz social”.

  • Revisar la Ley 84 de 2002 (Ley de Asociaciones) para permitir que las organizaciones no gubernamentales funcionen sin impedimentos como la autorización previa, los controles sobre la financiación y la disolución administrativa en virtud del artículo 42 de la Ley.

  • Poner fin al uso de la difamación criminal para castigar las críticas contra cargos gubernamentales.

PONER FIN A LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

  • Condenar públicamente la tortura y otros malos tratos, lo que incluye impartir instrucciones a las fuerzas de seguridad en el sentido de que no se tolerarán estos abusos en ninguna circunstancia.

  • Garantizar que se hace pública una lista de todos los lugares de detención, y que estos lugares se ponen bajo la supervisión de las autoridades judiciales, incluidas las instalaciones militares y las del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado. A este respecto, revocar el artículo 1bis de la Ley núm. 396 de 1956 (Ley Reguladora de Prisiones), que afirma que las personas pueden permanecer detenidas en los lugares de reclusión que se especifican en esta Ley y en los lugares que determine por decreto el ministro del Interior. En la práctica, esto ha permitido recluir a las personas en centros de detención del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado y en campamentos militares, instalaciones que no están abiertas a inspección por la Fiscalía ni por ninguna otra autoridad judicial, tal como exigen el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 85 de la Ley Reguladora de Prisiones.

  • Poner fin a las desapariciones forzadas revelando de inmediato el paradero de todas las personas recluidas, y garantizar que todas las personas detenidas constan en registros oficiales y que se notifican los hechos a sus familiares y abogados.

  • Adecuar el delito de tortura en la legislación egipcia a la definición que se hace en el artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En particular, prohibir de explícitamente todas las formas de trato o pena crueles, inhumanos o degradantes, y afirmar con claridad que la prohibición es absoluta y que no se suspenderán en ninguna circunstancia, ni siquiera en caso de estado de guerra o de otra emergencia pública.

  • Garantizar que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos se investigan de manera inmediata, exhaustiva e imparcial, que los funcionarios responsables de tales abusos son llevados ante la justicia, y que las víctimas reciben reparación plena. No deberá utilizarse en los juicios ninguna prueba obtenida mediante el uso de la tortura u otros malos tratos.

  • Tomar todas las medidas adecuadas de orden penal o administrativo contra los funcionarios que no cumplan las salvaguardias frente a los abusos contra los derechos humanos.

dar PRIORIDAD A HACER PLENAMENTE EFECTIVOS LOS derechos económicos, sociales y culturales

  • Garantizar, para toda la población, la satisfacción de unos niveles mínimos de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a alimentación, agua, instalaciones de saneamiento, atención de la salud y vivienda y, si es necesario, solicitar la cooperación y la asistencia internacionales para conseguirlo.

  • Garantizar la ausencia de discriminación en el acceso a servicios públicos esenciales, como el suministro de agua, las instalaciones de saneamiento y la atención de la salud.

  • Revisar las leyes y las instituciones del país para garantizar que todas las víctimas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales pueden interponer recursos efectivos.

GARANTIZAR EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO, INCLUIDA LA VIVIENDA

  • Poner fin de inmediato a todos los desalojos forzosos y hacer cumplir una prohibición clara de tales desalojos.

  • Garantizar que no se lleva a cabo ningún desalojo, incluso de tierras propiedad del Estado, hasta que se introduzcan en la legislación nacional y se observen las protecciones de procedimiento exigidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

  • Elaborar un plan integral, coherente con las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, para abordar las condiciones de vivienda inadecuadas que pueden suponer una amenaza para la vida y la salud de las personas que viven en asentamientos precarios.

  • Hacer públicos los planes para el proyecto de desarrollo “Cairo 2050”, y garantizar la participación activa de las comunidades afectadas y su consulta auténtica en la elaboración e implementación de los planes.

hacer efectivo EL DERECHO AL TRABAJO

  • Iniciar reformas legales e institucionales para promover y proteger los derechos laborales, lo que incluirá permitir que los trabajadores se organicen libremente y formen sindicatos independientes.

  • Garantizar la posibilidad de que los trabajadores establezcan en la práctica sindicatos que puedan representarlos, negociar en su nombre o permitirles negociar colectivamente, con independencia de la Federación Sindical Egipcia y sus afiliados locales, que desde 1957 tiene el mandato de ser la única estructura sindical en el país.

  • Establecer y hacer cumplir un sistema que garantice un salario mínimo justo para que todas las personas que trabajan y sus familias tengan garantizadas unas condiciones de vida dignas. Esto está en consonancia con el artículo 23 de la Constitución egipcia, que afirma que deberá fijarse un salario mínimo y un salario máximo con el fin de garantizar una menor desigualdad en cuanto a ingresos, y a las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estipula que los Estados deben garantizar que todos los trabajadores reciben, como mínimo, un salario equitativo.

  • Enmendar el artículo 124 del Código Penal para despenalizar el ejercicio pacífico del derecho a la huelga.

ProteGER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

  • Introducir disposiciones legales que protejan a las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar, incluidos la violación marital y el acoso sexual, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

  • Aplicar la recomendación formulada en febrero de 2010 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que insta a las autoridades egipcias a tomar las medidas necesarias para garantizar la participación de la mujer en las diversas fases del proceso electoral.

  • Revisar de manera exhaustiva la legislación vigente y propuesta sobre la condición personal, para garantizar la igualdad de derechos de mujeres y hombres en lo relativo a matrimonio, divorcio, custodia de los hijos y herencia, conforme a las obligaciones de Egipto en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

  • Enmendar los artículos 260-264 del Código Penal para permitir el aborto a las mujeres y niñas supervivientes de violación e incesto, o cuando el embarazo supone un grave riesgo para la salud de la mujer o la niña.

  • Enmendar la Ley núm. 126 de 2008 para prohibir la mutilación genital femenina en todos los casos.

ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

  • Revisar, enmendar o abolir todas las leyes que discriminan por motivos de raza, color, religión, origen étnico, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, u otra condición.

  • Cambiar todas las leyes y prácticas que discriminan a las minorías religiosas o étnicas para garantizar que respetan el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Entre tales leyes figuran el artículo 98(F) del Código Penal, que tipifica como delito la explotación de la religión para “alterar la paz nacional”; el Decreto Presidencial 291/2005, que obliga a obtener permiso del gobernador regional para reparar o ampliar iglesias cristianas; y la Ley 263 de 1960, que prohíbe las actividades bahaíes y no concede reconocimiento legal a las comunidades bahaíes.

  • Garantizar que se emiten sin demora documentos civiles actualizados, incluidos documentos de identidad, a los miembros de minorías religiosas, incluidos los conversos.

  • Adoptar medidas para impedir ataques sectarios, e investigar de manera inmediata e imparcial todas las denuncias de ataques contra miembros de minorías religiosas y étnicas.

  • Poner fin a la detención y el procesamiento de personas por su homosexualidad real o presunta, y poner en libertad incondicional a toda persona encarcelada únicamente por su orientación sexual real o atribuida.

  • Despenalizar las relaciones sexuales consensuales, lo que debe incluir la revocación de la Ley 10 de 1961 (Ley sobre Hábitos Licenciosos) y todas las demás disposiciones legales que criminalizan las relaciones reales o presuntas con personas del mismo sexo.

poner fin a las violaciones de derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

  • Garantizar que las fuerzas de seguridad se abstienen de usar la fuerza contra las personas que intentan entrar en Egipto o salir del país, excepto en estricta conformidad con las normas internacionales derechos humanos, y que se les imparten instrucciones en el sentido de que no pueden usar armas de fuego ni otros medios letales salvo cuando sea estrictamente necesario para proteger sus vidas o las vidas de otras personas.

  • Investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial todos los casos en que guardias de fronteras o integrantes de fuerzas de seguridad egipcias han abierto fuego contra personas que intentaban cruzar las fronteras de Egipto con Israel o con otros países, poner a disposición de la justicia a los responsables de homicidios u otro uso excesivo de la fuerza, y proporcionar reparación a las personas cuyos derechos han sido violados.

  • Permitir el acceso significativo de los solicitantes de asilo a los procedimientos de concesión de asilo y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y garantizar que se concede protección internacional a las personas que huyen de la persecución.

Abolir la pena de muerte

  • Imponer una suspensión inmediata de todas las ejecuciones.

  • Conmutar todas condenas a muerte y revisar el Código Penal para reducir el número de delitos penados con la muerte, con el fin de avanzar hacia la abolición de la pena capital.

Cooperar con los mecanismos de la ONU

  • Aplicar las recomendaciones de los órganos de vigilancia de los tratados y de los procedimientos especiales de la ONU, y presentar informes al Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

  • Emitir una invitación permanente a todos los expertos en derechos humanos de la ONU, y facilitar con carácter inmediato las visitas que soliciten los procedimientos especiales, incluidos el relator especial sobre la cuestión de la tortura, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

  • Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional. Adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y aplicarla en la legislación nacional. Adherirse al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ratificar los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.