Document - Optional protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Questions and Answers

What are Economic, Social and Cultural Rights and why are they important

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DOCUMENTO EXTERNO

Índice AI: IOR 51/001/2013

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales, y por qué son importantes?

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen, entre otros, el derecho al trabajo, la salud, la educación, la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda, la seguridad social y a participar en la vida cultural. Son fundamentales para llevar una vida digna, segura y en libertad

En el derecho internacional, los derechos económicos, sociales y culturales son equiparables a otros derechos humanos y están interrelacionados. Por ejemplo, a las personas sin hogar les resulta imposible votar, y las que sufren alguna enfermedad y carecen de acceso a asistencia médica tienen dificultades para participar de forma activa en la sociedad.

Estos derechos se definen en un tratado de la ONU denominado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Los países deciden voluntariamente si desean firmar este tratado y contraer las obligaciones que conlleva. Un total de 160 países son Partes en el PIDESC y están obligados, en virtud del derecho internacional, a garantizar que todas las personas tienen acceso a estos derechos sin discriminación.

Si desean más información, visiten la página de Amnistía Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

¿Qué es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

El Protocolo es un logro histórico para los derechos económicos, sociales y culturales. Básicamente, establece un mecanismo de presentación de denuncias que, por primera vez, permitirá que las personas que hayan sufrido la violación de sus derechos (según se definen en el PIDESC), y que no hayan obtenido justicia en su propio país, puedan formular una denuncia ante la ONU. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, un órgano independiente integrado por 18 expertos, será el encargado de tomar decisiones en relación con las denuncias recibidas; además, formulará recomendaciones sobre las medidas que deben adoptar los gobiernos para darles respuesta.

¿Por qué es necesario el Protocolo?

Los gobiernos incumplen a menudo su obligación, contraída con arreglo al derecho internacional, de garantizar que todas las personas disfrutan de los derechos económicos, sociales y culturales de forma adecuada y en igualdad de condiciones. Algunos conculcan deliberadamente los derechos de las personas, como ocurre, por ejemplo, cuando llevan a cabo desalojos forzosos. Muchos gobiernos descuidan deliberadamente a grupos desfavorecidos, como las personas que viven en asentamientos informales, o no destinan dinero suficiente a garantizar que todas las personas tienen acceso a agua potable. Además, cuando otros agentes cometen abusos contra los derechos de las personas, como ocurre con las empresas mineras y petrolíferas que contaminan el agua potable de la que dependen las comunidades, hay gobiernos que no los evitan, investigan ni castigan. Cuando se cometen estas violaciones de derechos humanos, las personas afectadas, sobre todo si viven en la pobreza, apenas tienen posibilidades de obtener justicia en sus propios países; aquí es donde entra en escena el Protocolo, una vía independiente e internacional para que estas personas logren que se haga justicia.

¿Pueden facilitar algunos ejemplos de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales?

Amnistía Internacional ha documentado en todo el mundo numerosos casos de personas a las que les resulta imposible obtener justicia por la violación de sus derechos económicos, sociales y culturales. En Nigeria, el gobierno del estado de Rivers hizo caso omiso del mandamiento dictado por el Tribunal Superior Federal que impedía la demolición de un asentamiento ribereño en Port Harcourt, y, en agosto de 2009, procedió al desalojo forzoso de más de 13.000 hombres, mujeres, niños y niñas sin ofrecerles un alojamiento alternativo adecuado ni tampoco un refugio de emergencia. En Eslovenia, a muchas familias romaníes que viven en asentamientos informales se les niega el acceso a agua y saneamiento, y el gobierno no ha creado mecanismos para vigilar la negación de estos derechos y ofrecer un recurso cuando se produzca. En Estados Unidos, las mujeres, especialmente las que tienen ingresos bajos, se encuentran a menudo con numerosos obstáculos para obtener atención a la salud materna. En Estados Unidos, el gobierno no garantiza el acceso de las mujeres a los servicios de salud materna, lo que reduce sus oportunidades para tener un embarazo y un parto sanos.

El Protocolo, ¿cómo ayudará a las personas que viven en la pobreza?

El Protocolo ofrecerá una importante vía para que obtengan justicia las personas a quienes sus gobiernos no han ofrecido una reparación. Sacará a la luz abusos que a menudo están vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono y que las víctimas sufren en silencio. Gracias a él, estas personas, que quizás se encuentren aisladas e impotentes, conseguirán que el mundo conozca las violaciones de sus derechos. Además, facilitará que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU recomiende a los gobiernos las medidas que deben tomar para garantizar que estas personas obtienen justicia.

Las decisiones adoptadas con arreglo al Protocolo, ¿cómo afectarán a los gobiernos?

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no puede decidir que los gobiernos adopten nuevas políticas, pero puede recomendar que las elaboren o que revisen las ya existentes. Al gobierno le corresponde decidir cómo va a dar cumplimiento a la resolución del Comité y enmendar las violaciones de derechos humanos identificadas. Además, es importante tener en cuenta que el Protocolo no sólo beneficiará a las personas que presenten denuncias, ya que sus decisiones influirán en tribunales nacionales y regionales de todo el mundo y ayudarán a sentar precedentes que beneficiarán a otras personas. Las decisiones adoptadas sobre un país también servirán de orientación para que gobiernos de otros países sepan cómo proteger los derechos económicos, sociales y culturales.

¿Cómo funcionará el proceso de presentación de denuncias con arreglo al Protocolo?

Una persona sólo podrá presentar una denuncia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando haya sufrido la vulneración de sus derechos y, tras agotar los recursos disponibles en la jurisdicción interna de su país, no haya obtenido justicia. Con ello se facilita al gobierno la posibilidad de ofrecer un recurso efectivo a través de su sistema jurídico nacional. Sin embargo, si las víctimas pueden demostrar que no pueden obtener justicia en su país porque, por ejemplo, la legislación interna no protege sus derechos, pueden dirigirse directamente a la ONU. Las denuncias podrán ser presentadas por personas o por grupos, como una organización que represente a una serie de arrendatarios desalojados.

En algunas circunstancias, un Estado puede acceder a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales investigue la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en su país sin que se haya presentado una denuncia individual, o puede pedir al Comité que investigue esos derechos en otro país.

¿Cómo se presenta una denuncia?

En ocasiones, una denuncia ante un comité se denomina también “comunicación” o “petición”. No es preciso que tenga un formato concreto, pero debe presentarse por escrito y firmada. La denuncia debe incluir información personal básica –el nombre de la persona que la presenta, su fecha de nacimiento y nacionalidad– y debe especificar contra qué Estado se dirige. Si se presenta una denuncia en nombre de otra persona, hay que aportar pruebas de que ha dado su consentimiento o debe justificarse claramente por qué no puede facilitarlo. Los hechos en que se basa la denuncia deben exponerse cronológicamente. Es muy importante que la denuncia incluya toda la información relevante para el caso.

En el siguiente enlace encontrarán más información sobre cómo presentar una denuncia y modelos de denuncias con arreglo a otros tratados: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.1sp.pdf

Los gobiernos de países pobres, ¿de dónde sacarán el dinero necesario para modificar políticas y establecer marcos de derechos humanos que garanticen que las personas disfrutan de estos derechos?

Los países ya están obligados a utilizar los recursos de que disponen para garantizar que todas las personas disfrutan de estos derechos sin discriminación. Muchas de estas obligaciones, como impedir que las empresas exploten tierras ancestrales de pueblos indígenas sin obtener su consentimiento previo, no exigen invertir grandes cantidades de dinero, sino que simplemente suponen respetar los recursos que ya poseen los pueblos y comunidades. No se espera que los países hagan realidad los derechos de la noche a la mañana, sino que tomen medidas concretas para conseguirlo a más largo plazo.

¿Y qué pasa con los gobiernos de países en recesión?

Los gobiernos deben seguir protegiendo los derechos humanos durante la recesión; de hecho, es aún más importante que lo hagan así, ya que las comunidades en situación vulnerable pueden correr especial peligro. Puede que sea preciso adoptar medidas de austeridad como, por ejemplo, recortes en el gasto público, pero el gobierno debe equilibrarlas con la necesidad de proteger los derechos humanos. Debe garantizar que estas medidas no son discriminatorias, no socavan de forma desproporcionada los derechos vigentes, no afectan con mayor dureza a los sectores sociales más vulnerables y desfavorecidos, ni sumen a las personas aún más en la pobreza.

¿Qué países han ratificado el Protocolo?

Hasta el 5 de febrero de 2013, 10 países han ratificado el Protocolo: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay. Con la ratificación de Uruguay el 5 de febrero de 2013, el Protocolo entrará en vigor en un plazo de tres meses, el 5 de mayo de 2013.

A pesar de este logro, es muy desalentador que ningún país africano haya firmado el Protocolo hasta la fecha y que Mongolia sea el único país asiático que lo ha hecho. El Protocolo solo es jurídicamente vinculante en los Estados que lo han ratificado, lo que significa que las víctimas de violaciones de derechos humanos en países que no lo han hecho tienen que hacer frente a importantes obstáculos para obtener justicia.

¿Qué países han firmado el Protocolo?

Hasta el 5 de febrero de 2013, los 32 países que han firmado y aún no han ratificado el Protocolo son: Armenia, Azerbaiyán, Bélgica, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Congo, Costa Rica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Irlanda, Islas Salomón, Italia, Kazajistán, Luxemburgo, Madagascar, Maldivas, Malí, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, República Democrática del Congo, Senegal, Timor Oriental, Togo, Ucrania y Venezuela.

¿Qué países han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

De los 193 Estados miembros de la ONU, 160 han ratificado el PIDESC. Los 32 Estados miembros que aún no lo han hecho son: África: Botsuana, Comoras, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, y Sudáfrica; América: Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Estados Unidos, Haití, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía; Europa: Andorra; Asia y Oceanía: Bután, Brunei, Myanmar, Fiyi, Kiribati, Malaisia, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Singapur, Tonga, Tuvalu, y Vanuatu; y Oriente Medio: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar.

Los derechos económicos, sociales y culturales también se protegen en otros tratados internacionales, como los que abordan la discriminación racial, la discriminación de las mujeres y los derechos de la infancia, y en tratados regionales de África, América, Europa y la Liga Árabe.

Para más información, véase la página de Amnistía Internacional sobre el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.