Document - Amnesty International urges UN Member States to support latest resolution on a moratorium on the use of the death penalty

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública


29 de octubre de 2010

Índice AI: IOR 41/032/2010




Amnistía Internacional insta a los Estados miembros de la ONU a respaldar la reciente resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte



El 65 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU está examinando el proyecto de resolución A/C.3/65/L.23 sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Es la tercera resolución sobre este tema desde 2007.


Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción la decisión de –hasta el momento– 78 Estados de todas las regiones del mundo de copatrocinar esta resolución, y anima a más Estados a convertirse en copatrocinadores. La organización insta asimismo a los Estados a oponerse a cualquier enmienda que altere el objetivo de la resolución de garantizar una suspensión de las ejecuciones, con vistas a abolir la pena de muerte.


Cuando se fundó la ONU en 1945, sólo ocho Estados habían abolido la pena de muerte para todos los delitos. En la actualidad, nada menos que 136de los 192 Estados miembros de la ONU han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Entre ellos se encuentran Argentina y Uzbekistán, que se convirtieron en abolicionistas para todos los delitos en 2008, seguidos por Burundi y Togo en 2009.


Dentro de la Unión Africana, 49 de los 53 Estados no llevaron a cabo ejecuciones durante 2008 y 2009. En Asia, no hubo ejecuciones en Afganistán, Indonesia, Mongolia y Pakistán en 2009, su primer año reciente sin ejecuciones. Europa y Asia Central es prácticamente una zona sin pena de muerte: Bielorrusia es el único país que sigue llevando a cabo ejecuciones. En América, únicamente Estados Unidos sigue llevando a cabo ejecuciones de manera sistemática, pero la cifra anual se ha reducido en aproximadamente la mitad respecto al total de hace una década. En la región de Oriente Medio y el Norte de África, en los últimos años no se ha tenido constancia de ejecuciones en Argelia, Líbano, Marruecos y Túnez.


La Asamblea General de la ONU lleva adoptando desde 1959 resoluciones destinadas a restringir el uso de la pena capital con vistas a su abolición. Entre ellas se encuentran las resoluciones de la Asamblea General 235-XXVI (1971) y 32/61 (1977) sobre la pena capital, que afirmaban el deseo de abolir la pena de muerte en todos los países. En 2007, la resolución 62/149 de la Asamblea General pidió a todos los Estados que dictaran una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. Este llamamiento se reafirmó en la resolución 63/168, adoptada por la Asamblea General en 2008.


El proyecto de resolución de este año, que reitera la petición de una moratoria de las ejecuciones, es un paso importante y oportuno hacia la realización de la visión de la Asamblea General de un mundo libre de pena de muerte.




Información adicional


Pena de muerte, derechos humanos y justicia penal


Cuando, en 2007 y 2008, respectivamente, se debatieron en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU las resoluciones 62/149 y 63/168 sobre la moratoria de las ejecuciones, algunos Estados alegaron que la pena de muerte es una cuestión de justicia penal y no de derechos humanos. Resulta insostenible la afirmación de que las cuestiones de justicia penal son distintas de las de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establecen claramente una serie de salvaguardias para las personas sometidas a los sistemas de justicia penal, salvaguardias que incluyen aspectos relativos a la detención, la reclusión, el juicio y la pena. Aunque el PIDCP no prohíbe explícitamente el uso de la pena de muerte, su artículo 6.6 establece claramente: “Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital”.


Además, la ONU ha reconocido claramente la pena de muerte como una cuestión de derechos humanos. Por ejemplo, la resolución 32/61 (1977) de la Asamblea General, adoptada por consenso, confirmó que “las Naciones Unidas han demostrado constantemente su interés en el estudio de la cuestión de la pena capital con miras a promover el pleno respeto del derecho a la vida de todos”.


Pena de muerte y jurisdicción nacional


Algunos Estados alegan que las resoluciones que piden una moratoria de las ejecuciones constituyen una injerencia indebida en sus asuntos internos y son una imposición de las opiniones de unos Estados a otros.


El artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, sin embargo, afirma que uno de los propósitos de la ONU es lograr “la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 señaló en el artículo 5 de su declaración final que es deber de los Estados promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales.


Pena de muerte y disuasión

Los estudios científicos no han conseguido encontrar pruebas convincentes de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia más efectivo que el de otras penas. El estudio más exhaustivo realizado por la ONU (E/AC.57/1988/CRP.7) sobre la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidio concluyó: “[…] la investigación no ha aportado datos científicos que demuestren que la ejecución tiene mayor efecto disuasorio que la prisión perpetua. Y no es probable que esos datos lleguen. Las pruebas en su conjunto no apoyan la hipótesis del efecto disuasorio”.


El hecho de que no existan pruebas claras que demuestren que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio único señala la inutilidad y el peligro de tomar la hipótesis de la disuasión como base para la política pública sobre la pena de muerte.


Pena de muerte y errores judiciales

Al contrario que la prisión, la pena de muerte entraña el riesgo de que no se puedan reparar los errores judiciales. Siempre existirá el riesgo de que se ejecute a presos inocentes.


Algunos Estados alegan que sus sistemas jurídicos incluyen salvaguardias suficientes para prevenir los errores judiciales. Sin embargo, ningún sistema de justicia es infalible, y ha habido demasiados casos en los que, tras la ejecución judicial de una persona, han surgido serias dudas sobre su culpabilidad. La pena de muerte entraña el peligro inherente de ejecutar a hombres y mujeres inocentes. No se puede devolver la vida a las víctimas inocentes.


Transparencia sobre el uso de la pena de muerte


En los países que mantienen la pena de muerte, es fundamental que los Estados hagan pública la información sobre su uso. La transparencia sobre el uso de la pena de muerte ayuda a garantizar la aplicación adecuada de las salvaguardias que garantizan el debido proceso, y previene la privación arbitraria de la vida. Mantiene a los acusados, a quienes se enfrentan a la ejecución, a sus familias y a la opinión pública plenamente informados en todas las etapas del proceso, y ayuda a quienes elaboran las políticas a tomar decisiones informadas sobre la abolición de la pena capital.