Document - Examen périodique universel — 15e session (21 janvier – 1er février 2013). Liste de recommandations à faire aux États examinés

Suggested recommendations to States considered in the 14th round of the Universal Periodic Review, 22 October – 5 November, 2012

Recomendaciones para los Estados objeto de examen en el 15º periodo de sesiones del Examen Periódico Universal

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Recomendaciones para los Estados que serán objeto de examen en el 15º periodo de sesiones del Examen Periódico Universal,

21 de enero – 1 de febrero de 2013

Índice

Página

Página

Bahamas 1

Barbados 2

Botsuana 3

Burundi 4

Francia 5

Israel 7

Liechtenstein 9

Luxemburgo 10

Malí 10

Montenegro 11

Rumania 12

Serbia 10

Tonga 14

Emiratos Árabes Unidos 14

Recomendaciones al gobierno de Bahamas

Violencia contra las mujeres

Reformar la Ley de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica para tipificar como delito la violación conyugal.

Garantizar que, en la elaboración del plan estratégico propuesto para abordar la violencia sexual, existe un proceso de consulta efectiva con todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil.

Garantizar que el plan estratégico propuesto para abordar la violencia sexual incluye elementos de prevención, investigación y castigo de los actos de violencia, pero también prestación de servicios y reparación para las víctimas, sensibilización, educación y formación, recopilación sistemática de datos e investigación.

Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Aplicar políticas de migración que protejan los derechos humanos, lo cual incluye ratificar y aplicar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares.

Garantizar que no se devuelve a su país a ninguna persona de ciudadanía haitiana hasta que la situación humanitaria en Haití haya mejorado.

Presentar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial los informes periódicos combinados 15º y 16º de Bahamas, que debían haberse presentado en septiembre de 2006.

Discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Derogar todas las disposiciones que discriminan a las personas por razón de su orientación sexual, incluidas las contenidas en la Ley de Violencia Doméstica (Órdenes de Protección) (2007), la Ley de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica y el Código Penal.

Incluir la orientación sexual en el artículo 26.3 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley de Empleo (2001), como base para la protección frente a la discriminación.

Establecer y aplicar políticas e iniciativas para abordar la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género.

Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad

Garantizar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad son objeto de una investigación inmediata, exhaustiva e independiente y que, si se acusa a agentes estatales de conducta indebida, sus casos son llevados a juicio sin demora y de manera conforme con las normas internacionales sobre juicios justos.

Establecer un órgano de supervisión totalmente independiente que reciba e investigue las denuncias de conducta policial indebida y los informes de violaciones de derechos humanos.

Pena de muerte

Establecer inmediatamente una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como disponen las resoluciones 62/149 de 18 de diciembre de 2007, 63/168 de 18 de diciembre de 2008 y 65/206 de 21 de diciembre de 2010 de la Asamblea General de la ONU.

Conmutar sin dilación todas las condenas de muerte por penas de prisión.

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio justo.

Reducir progresivamente el número de delitos castigados con la pena de muerte, en particular eliminando todos los delitos punibles con la muerte que no impliquen el homicidio intencionado, como por ejemplo el delito de traición.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar que no se imponen condenas de muerte a personas con discapacidad mental o intelectual, en concreto llevando a cabo evaluaciones médicas exhaustivas, que incluyan la salud mental, de los sospechosos o acusados tanto en el momento de su detención como periódicamente a partir de entonces, y de todos los presos condenados a muerte.

Normas internacionales de derechos humanos

Ratificar o adherirse, sin reservas de ningún tipo, a: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones establecidas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de víctimas, o en favor de víctimas, y de otros Estados Partes); la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares; la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (firmado el 29 de diciembre de 2000) y el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional (firmado el 30 de junio de 2004). Aplicar todos estos instrumentos en la legislación nacional.

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados, y ratificar también los protocolos facultativos primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Recomendaciones al gobierno de Barbados

Pena de muerte

Establecer inmediatamente una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como disponen las resoluciones 62/149 de 18 de diciembre de 2007, 63/168 de 18 de diciembre de 2008 y 65/206 de 21 de diciembre de 2010 de la Asamblea General de la ONU.

Conmutar sin dilación todas las condenas de muerte por penas de prisión.

Eliminar de inmediato todas las disposiciones de la legislación nacional que violan el derecho internacional de los derechos humanos, y en particular eliminar todas las disposiciones que establecen la pena de muerte preceptiva.

Garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio justo.

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Reducir progresivamente el número de delitos castigados con la pena de muerte, en particular eliminando todos los delitos punibles con la muerte que no impliquen el homicidio intencionado, como por ejemplo el delito de traición.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar que no se imponen condenas de muerte a personas con discapacidad mental o intelectual, en concreto llevando a cabo evaluaciones médicas exhaustivas, que incluyan la salud mental, de los sospechosos o acusados tanto en el momento de su detención como periódicamente a partir de entonces, y de todos los presos condenados a muerte.

Discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Derogar todas las disposiciones que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, incluida la Ley de Delitos Sexuales.

Mejorar el acceso de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) a servicios de prevención del VIH/sida.

Establecer y aplicar políticas e iniciativas para abordar la discriminación, los prejuicios y la violencia basados en la orientación sexual o la identidad de género.

Reconocer que las personas LGBT corren un mayor peligro de sufrir discriminación, prejuicios y violencia a causa de las leyes existentes que tipifican como delito las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar o adherirse, sin reservas de ningún tipo, a: la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, formulando las declaraciones establecidas en los artículos 21 y 22 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Tortura para recibir y examinar comunicaciones de víctimas, o en favor de víctimas, y de otros Estados Partes); la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional; y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. Aplicar todos estos instrumentos en la legislación nacional.

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Botsuana

Pena de muerte

Establecer inmediatamente una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como disponen las resoluciones 62/149 de 18 de diciembre de 2007, 63/168 de 18 de diciembre de 2008 y 65/206 de 21 de diciembre de 2010 de la Asamblea General de la ONU.

Conmutar sin dilación todas las condenas de muerte por penas de prisión.

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Reducir progresivamente el número de delitos castigados con la pena de muerte, en particular eliminando todos los delitos punibles con la muerte que no impliquen el homicidio intencionado, como por ejemplo los delitos de traición, espionaje o piratería o diversos delitos tipificados en el código militar.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio justo.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar una transparencia absoluta en su uso, poniendo a disposición pública la información pertinente, proporcionando con antelación a los condenados, sus familias y abogados información sobre las ejecuciones pendientes, y devolviendo a sus familias, si así lo solicitan, los cadáveres de los ejecutados para que puedan enterrarlos, o informándolas de dónde se encuentra el cadáver.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Burundi

Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos

Seguir fortaleciendo y apoyando la independencia y el trabajo de la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos, proporcionándole recursos adecuados para transporte, comunicaciones y el establecimiento de oficinas regionales.

Impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Revisar y promulgar cuanto antes una ley sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que cumpla el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y estipule que no puede haber amnistía para los delitos de derecho internacional, que proponga claramente un tribunal especial con un fiscal independiente una vez que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación haya completado su trabajo, y que incluya el nombramiento de miembros internacionales de la Comisión.

Tomar todas las medidas necesarias para establecer un tribunal especial dotado del poder necesario para determinar, en procesos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos, la responsabilidad penal individual por los delitos de derecho internacional cometidos entre 1962 y 2008.

Ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad

Pedir a las autoridades judiciales que lleven a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas sobre todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los servicios de seguridad y, cuando existan pruebas admisibles suficientes, procesen a los responsables.

Hacer públicas las conclusiones de las comisiones nacionales establecidas para investigar las ejecuciones extrajudiciales.

Establecer y dotar de fondos inmediatamente un programa de apoyo a víctimas y testigos que permita a los testigos de homicidios políticos declarar sobre esos crímenes, incluidos aquellos en los que estén implicados agentes estatales.

Tortura y otros malos tratos

Apartar del servicio a los miembros de la Policía Nacional de Burundi y el Servicio Nacional de Inteligencia sobre los que pesen sospechas de que han estado implicados en actos de tortura y malos tratos, así como a las autoridades que hayan ordenado o permitido esos delitos –independientemente de su rango–, mientras se lleva a cabo una investigación criminal imparcial e independiente.

Emprender investigaciones criminales independientes e imparciales sobre todos los presuntos casos de tortura y malos tratos, hacer públicos los resultados de esas investigaciones y enjuiciar a todos los miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y de la Policía Nacional de Burundi y otros agentes estatales implicados en esos delitos.

Firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

Detención arbitraria y reclusión preventiva

Abstenerse de utilizar la detención arbitraria para silenciar a quienes critican al gobierno.

Acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos y a periodistas

Abstenerse de intimidar, con métodos tales como el uso arbitrario de la citación judicial o las amenazas en medios de comunicación, a los defensores y defensoras de los derechos humanos y a los periodistas a causa de su labor legítima de derechos humanos.

Falta de independencia judicial

Pedir a las autoridades judiciales que investiguen y, cuando existan pruebas suficientes, procesen a todos los implicados en el homicidio de Ernest Manirumva, incluido cualquier oficial de alto rango de las fuerzas de seguridad.

Cumplir las leyes relativas a la selección de jueces y garantizar que el ministro de Justicia organiza concursos de oposición para seleccionar a jueces de una manera imparcial, abierta y transparente, conforme se especifica en la Política Sectorial del Ministerio de Justicia 2011-2015.

�Condiciones de reclusión

Garantizar que la policía, los servicios de inteligencia y las autoridades judiciales respetan los procedimientos de detención y custodia legal conforme se establecen en el Código de Procedimiento Penal.

Proporcionar fondos para aumentar el número de personal administrativo en las 11 prisiones de Burundi con el fin de revisar los expedientes de los reclusos, reducir el número de casos atrasados y abreviar el tiempo de detención preventiva.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Ratificar sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmada el 6 de febrero de 2007), formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de víctimas o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional.

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin formular reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Corte Penal Internacional

Cumplir las obligaciones contraídas por Burundi en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Francia

Desalojos forzosos y el derecho a una vivienda adecuada

Poner fin a la práctica de los desalojos forzosos.

Reformar la legislación existente e introducir nueva legislación para prohibir los desalojos forzosos, y proporcionar garantías contra los desalojos forzosos, conforme establece la Observación general Nº 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluye como garantías la notificación adecuada, la información, una consulta auténtica y la provisión de una vivienda alternativa adecuada.

Adoptar las medidas jurídicas y políticas necesarias para garantizar que todas las personas gozan de al menos un grado mínimo de seguridad de tenencia, que les brinde protección frente a los desalojos forzosos, la discriminación, el acoso y otras amenazas.

Reformar la legislación sobre vivienda para que prohíba expresamente los desalojos forzosos y establezca salvaguardias, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, que sean de obligado cumplimiento antes de llevar a cabo un desalojo.

Garantizar que el derecho a una vivienda adecuada, incluido el derecho a una seguridad mínima de tenencia y a acceder a servicios mínimos esenciales, se garantiza para todas las personas, sin discriminación.

Abusos contra los derechos humanos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Garantizar que todas las denuncias de abusos graves por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se investigan de manera inmediata, exhaustiva, efectiva e imparcial.

Proporcionar a las víctimas y las familias de víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley remedio y reparación completos y efectivos, que incluyan restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, de acuerdo con los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones.

Garantizar que se inician procedimientos disciplinarios contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando existan motivos razonables para creer que pueden haber cometido una violación de derechos humanos.

Suspender a los agentes de policía que estén siendo investigados por violaciones graves de derechos humanos, en espera de los resultados de la investigación.

Garantizar que los policías reciben formación detallada sobre derechos humanos, y en particular sobre la prohibición de la tortura y otros malos tratos y de la discriminación.

Discriminación

Examinar todas las políticas para detectar cualquier posible impacto discriminatorio y proporcionar datos totalmente desglosados que incluyan el origen étnico y el género.

Aplicar la recomendación del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial respecto a realizar un censo de población en Francia basado en la autodeterminación, voluntaria y anónima, étnica y racial de las personas.

Tortura y otros malos tratos

Incluir en el Código Penal una definición de tortura que concuerde con la definición establecida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura.

Garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera inmediata, exhaustiva, efectiva e imparcial y que los responsables comparecen ante la justicia.

Violencia de género

Reforzar y sistematizar la formación sobre el apoyo y la protección a las víctimas de violencia de género y garantizar que dicha formación se imparte a todos los profesionales pertinentes.

Fomentar la aplicación coherente de la ley sobre la violencia contra las mujeres en todos los tribunales del país y garantizar una respuesta penal homogénea a estos delitos.

Poner en práctica un plan nacional contra la trata de personas, que incluya un órgano nacional de coordinación, de acuerdo con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Eliminar el procedimiento prioritario de evaluación de las solicitudes de asilo que no protege adecuadamente los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo.

Garantizar que todas las personas solicitantes de asilo tienen derecho a un recurso de suspensión ante el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo (Cour nationale du droit d’asile).

Eliminar de la legislación nacional la noción de “país de origen seguro”.

Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Israel

Violaciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Proteger frente a todas las formas de tortura y otros malos tratos, en todo momento, a todas las personas recluidas en manos de las autoridades israelíes.

Garantizar una investigación inmediata y efectiva, por parte de un órgano independiente e imparcial, en torno a las denuncias y los informes sobre tortura u otros malos tratos a detenidos, incluidos los presuntos abusos por parte del personal tanto del Servicio de Instituciones Penitenciarias como de la Agencia de Seguridad de Israel contra presos y detenidos en huelga de hambre desde diciembre de 2011. Suspender del servicio activo, mientras se lleva a cabo la investigación, al personal sospechoso de tortura o malos tratos.

Procesar en juicios justos, cuando existan pruebas admisibles suficientes, a los responsables de tortura u otros malos tratos.

Proporcionar a las víctimas de tortura y otros malos tratos reparación inmediata, que incluya restitución, una indemnización económica justa y adecuada, y atención médica y rehabilitación apropiadas.

Establecer por ley una prohibición absoluta de la tortura anulando la “defensa de necesidad” en “situaciones de amenaza inminente”.

Declarar que las pruebas obtenidas mediante coacción son inadmisibles ante un tribunal.

Detención sin juicio y condiciones de reclusión

Poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas exclusivamente por el ejercicio no violento de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Poner en libertad a todas las personas que se encuentran en detención administrativa a menos que sean acusadas sin demora de delitos penales internacionalmente reconocibles y juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.

Poner fin a la práctica de la detención administrativa.

Derogar la Ley de Internamiento de Combatientes Ilegítimos y los párrafos del 284 al 294 de la Orden Militar 1651, que establecen la detención administrativa.

Garantizar que los detenidos en huelga de hambre reciben en todo momento un trato humano. Proporcionarles atención médica adecuada, incluso en hospitales civiles con instalaciones especializadas si es necesario, y dándoles acceso a médicos independientes de su elección.

Garantizar que ningún preso o detenido es castigado por hacer huelga de hambre. La alimentación artificial sólo debe ser administrada por razones médicas, bajo supervisión médica y por personal con la debida formación, y nunca debe llevarse a cabo de una manera que constituya trato cruel, inhumano o degradante.

Garantizar que los detenidos y presos permanecen recluidos en prisiones y centros de detención situados en los Territorios Palestinos Ocupados.

Permitir que todos los detenidos y presos palestinos –incluidos los de la Franja de Gaza– reciban visitas familiares, incluidas las de familiares cercanos que han sido excluidos por motivos de “seguridad”.

Poner fin a todas las expulsiones forzadas de palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados a los que se ha obligado a ir al exilio, o a los traslados forzosos desde Cisjordania a Gaza, incluidos los producidos en el contexto de acuerdos para liberar a personas recluidas en virtud de órdenes de detención administrativa.

Desalojos forzosos

Poner fin a las demoliciones de casas y los desalojos forzosos en los Territorios Palestinos Ocupados y transferir las responsabilidades de urbanismo a las comunidades palestinas.

Garantizar que las víctimas de desalojo forzoso tienen acceso a remedios efectivos y reparación completa.

Eliminar los asentamientos israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados.

Garantizar que los colonos israelíes que cometan actos de violencia contra palestinos son procesados, y que las víctimas reciben indemnización.

Restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de circulación

Levantar, de inmediato y por completo, el bloqueo sobre la Franja de Gaza, y abrir todos los puntos fronterizos bajo su control para permitir la entrada sin restricciones de combustible, alimentos y otros productos básicos en Gaza; permitir la libre entrada de material educativo y médico, de los materiales de construcción necesarios para reconstruir y de todos los demás materiales esenciales para que la población de Gaza pueda disfrutar de sus derechos humanos; permitir la exportación de productos desde Gaza y la importación de materias primas y otros materiales necesarios para la producción industrial en Gaza.

Devolver toda la tierra cultivable del interior de Gaza que se está utilizando como “zona temporal de seguridad”.

Acordar con los representantes palestinos una zona justa de pesca que sea equivalente a la distancia de que disfruta Israel desde su costa para su sector pesquero.

Garantizar que las fuerzas de seguridad israelíes en las fronteras de Gaza únicamente utilizan la fuerza cuando sea necesario para hacer frente a amenazas reales, y no usan fuerza letal salvo en las circunstancias permitidas por el derecho internacional.

Poner fin al régimen de clausuras en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, en su forma actual, así como a otras formas de restricción de la libertad de circulación de personas y bienes que constituyen un castigo colectivo. Sólo puede imponerse una restricción si ésta es necesaria para responder a amenazas a la seguridad, no es discriminatoria, es proporcionada en cuanto a impacto y duración y se impone a personas concretas, no a comunidades enteras.

Garantizar que se respeta el derecho a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado, así como otros derechos que dependen del derecho a no sufrir restricciones arbitrarias de la libertad de circulación.

Derribar la valla/muro cuando su trazado invada los Territorios Palestinos Ocupados, e indemnizar a los palestinos por las pérdidas derivadas de su construcción.

Derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación

Garantizar que se respeta el derecho de los palestinos a la expresión y reunión pacíficas en los Territorios Palestinos Ocupados derogando la ley militar israelí denominada “Orden Militar 101”, que impone restricciones amplias y arbitrarias a la libertad de expresión y reunión al convertir en delito toda protesta pacífica no autorizada realizada por palestinos.�

Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados

Aceptar la aplicabilidad de los tratados de derechos humanos y del Convenio IV de Ginebra en los Territorios Palestinos Ocupados.

Poner fin a todo uso imprudente y desproporcionado de la fuerza. En particular, detener de inmediato todos los bombardeos aéreos y lanzamientos de proyectiles contra zonas civiles.

Poner fin a la política de homicidios deliberados de palestinos sospechosos de estar implicados en ataques contra israelíes, como sustituto a la detención y el procesamiento de dichos sospechosos.

Investigaciones de presuntos crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad

Garantizar que todas las denuncias de crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad cometidos durante la Operación “Plomo Fundido” se investigan de manera exhaustiva e imparcial, y que todas las personas de las que se determine que han sido responsables de ese tipo de crímenes comparecen ante la justicia.

Cooperar con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas permitiendo el acceso a las misiones de la ONU.

Encarcelamiento de objetores de conciencia al servicio militar

Poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas privadas de su libertad a causa de su objeción de conciencia.

Introducir alternativas civiles no punitivas al servicio militar que respeten el derecho a la libertad de conciencia.

Protección de los derechos de las minorías en Israel

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las minorías, incluidas las personas con ciudadanía palestina en Israel.

Reconocer legalmente los poblados beduinos excluidos de Negev/Naqab y poner fin a las demoliciones y los desalojos forzosos de dichos poblados hasta que las leyes de delimitación y planificación cumplan la prohibición internacional de la discriminación.

Anular la ley que impide la reunificación familiar de personas de ciudadanía israelí con cónyuges de los Territorios Palestinos Ocupados.

La Ley de Prevención de la Infiltración

Garantizar que el trato que reciben las personas refugiadas y solicitantes de asilo es conforme con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951.

Abolir la pena de muerte

Abolir la pena de muerte, de acuerdo con las resoluciones 62/149 de 18 de diciembre de 2007, 63/168 de 18 de diciembre de 2008 y 65/206 de 21 de diciembre de 2010 de la Asamblea General de la ONU, en favor de las cuales votó Israel.

Tomar medidas con vistas a la abolición de la pena de muerte en las disposiciones del código militar aplicables en los Territorios Palestinos Ocupados, en particular eliminando el uso de la pena capital para delitos tales como la traición, el sabotaje o el llevar armas.

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Liechtenstein

Institución nacional independiente de derechos humanos

Establecer una institución de derechos humanos auténticamente independiente de acuerdo con los Principios de París.

Garantizar que la institución nacional de derechos humanos tiene como mandato recibir denuncias individuales y actuar sobre ellas, vigilar la situación general de los derechos humanos, coordinarse con los mecanismos temáticos y participar con el gobierno y otras autoridades en la redacción, promulgación y aplicación de legislación relativa a los derechos humanos.

Garantizar que la institución nacional de derechos humanos cuenta con los recursos económicos y humanos necesarios para desempeñar su mandato de forma efectiva.

Garantizar que los miembros tienen conocimientos y experiencia adecuados en el campo de los derechos humanos y son nombrados independientemente del gobierno.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Ratificar sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmada el 6 de febrero de 2007), formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de víctimas o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional.

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin formular reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Corte Penal Internacional

Cumplir las obligaciones contraídas por Liechtenstein en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Luxemburgo

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Recomendaciones al gobierno de Malí

Tortura y otros malos tratos

Dar a la policía, la gendarmería y las fuerzas armadas instrucciones claras de que siempre deben cumplir las normas internacionales de derechos humanos, en especial las relativas al derecho a la vida y a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Adoptar y aplicar medidas para prevenir, enjuiciar y castigar los actos de tortura y otros malos tratos, de conformidad con las normas internacionales.

Investigar de forma inmediata, imparcial y efectiva todas las denuncias y los informes de tortura u otros malos tratos y llevar ante la justicia a las personas a las que se considere penalmente responsables.

Ataques contra la población civil

Cesar todos los ataques que violen el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el norte de Malí, incluidos los ataques deliberados contra civiles y los bombardeos aéreos indiscriminados.

Respetar los principios fundamentales de humanidad conforme se exponen en el artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, entre ellos el de tratar humanamente y sin discriminación a los civiles y a todas las personas que no participen activamente en las hostilidades y el de prevenir toda ejecución extrajudicial o acto de tortura o malos tratos.

Ejecuciones extrajudiciales

Llevar a cabo investigaciones efectivas sobre los homicidios ilegítimos, especialmente en el contexto del conflicto tuareg.

Llevar ante la justicia a los sospechosos de ser penalmente responsables de ejecuciones extrajudiciales, especialmente los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.

Otorgar reparación a los familiares de las víctimas de ejecución extrajudicial; dicha reparación debe incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Detenciones arbitrarias y acoso

Cesar el acoso y la detención arbitraria de quienes se opusieron al golpe de Estado militar, y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por expresar pacíficamente su disidencia.

Acusar a las personas detenidas de delitos reconocibles o, de lo contrario, ponerlas en libertad. Todos los detenidos deben tener acceso a un abogado y a un médico de su elección, y deben poder ponerse en contacto con sus familias. Asimismo deben comparecer sin demora ante autoridades judiciales independientes capaces de juzgar la legalidad de su detención.

Lugares de reclusión no oficiales

Poner fin al uso de centros de detención no identificados como tales y trasladar de inmediato a los presos recluidos en ellos a centros de detención oficiales; permitir a estos presos el derecho a ponerse en contacto con sus familiares y abogados y a recibir la atención médica que necesiten.

Discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica

Reformar el Código de Familia para conformarlo a las normas internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres.

Respeto por la libertad de prensa

Respetar y proteger la libertad de expresión y poner fin a todas las prácticas que la ponen en peligro, incluidas las amenazas contra periodistas y medios de comunicación.

Abolición de la pena de muerte

Conmutar todas las condenas de muerte, reducir progresivamente el número de delitos castigados con la pena capital y tomar medidas subsiguientes hacia su abolición completa.

Ratificar sin reservas el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

Cooperación con los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos

Presentar sin demora todos los informes pendientes a los órganos de vigilancia de los tratados internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin formular reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Corte Penal Internacional

Cumplir las obligaciones contraídas por Malí en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recomendaciones al gobierno de Montenegro

Marco nacional de derechos humanos

Tomar medidas para aplicar plenamente y sin más dilación la Ley contra la Discriminación de 2011; esas medidas incluyen introducir legislación habilitante adicional y promover la Ley.

Fortalecer la Institución del Defensor del Pueblo mediante la plena aplicación de la Ley del Defensor del Pueblo y la dotación de los recursos y el personal necesarios para desempeñar sus funciones.

Introducir legislación secundaria para definir las normas de procedimiento de la función designada para la Institución del Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención, de conformidad con el artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Impunidad de los crímenes de guerra

Garantizar que los procedimientos en los casos de delitos de derecho internacional se llevan a cabo de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y respetan las disposiciones del derecho internacional humanitario.

Asegurarse de que a las víctimas de delitos de derecho internacional se les garantiza el acceso a la justicia y la reparación, tomando todas las medidas necesarias para investigar y, si existen pruebas admisibles suficientes, procesar a las personas sospechosas de ser penalmente responsables, y para castigar a los autores de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Libertad de expresión

Garantizar la libertad de expresión sin discriminación, cumpliendo, entre otras cosas, con la obligación de ejercer la diligencia debida para proteger a las personas frente a los abusos de agentes no estatales.

Garantizar que la ley de difamación civil no se utiliza con el propósito o el efecto de inhibir las críticas legítimas al gobierno.

Establecer procedimientos para el acceso efectivo y oportuno a la información solicitada en virtud de la Ley de Información, y poner proactivamente a disposición pública la información que sea de interés público, de acuerdo con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tal como se exponen en el artículo 19 de la Observación general Nº 34.

Romaníes y ashkalíes desplazados de Kosovo

Garantizar que a los romaníes y ashkalíes desplazados se les proporciona toda la asistencia que necesiten para obtener la documentación requerida para el permiso de residencia temporal o permanente en Montenegro.

Garantizar el derecho de los romaníes y ashkalíes de Kosovo –especialmente los que viven en el campamento de Konik– a una vivienda adecuada, en un plan de reasentamiento elaborado en consulta auténtica con las comunidades afectadas y que sea conforme con las normas internacionales de derechos humanos, como los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, ambos de la ONU.

Proporcionar a los 800 romaníes cuyas casas en Konik I fueron destruidas en un incendio en julio de 2012 acceso inmediato a una vivienda alternativa adecuada –no contenedores metálicos– mientras aguardan una solución más duradera, conforme establece el Plan de Acción del gobierno.

Poner en marcha el programa de vivienda para los romaníes de Konik establecido en el Plan de Acción, eliminando –con medidas tales como la adopción de una Ley de Vivienda Social– los obstáculos restantes para el programa de construcción.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Corte Penal Internacional

Cumplir las obligaciones contraídas por Montenegro en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recomendaciones al gobierno de Rumania

Protección del derecho a una vivienda adecuada en la legislación nacional

Adoptar las medidas jurídicas y políticas necesarias para garantizar que todas las personas gozan de al menos un grado mínimo de seguridad de tenencia, que les brinde protección frente a los desalojos forzosos, el acoso y otras amenazas.

Reformar la legislación sobre vivienda para que prohíba expresamente los desalojos forzosos, y establecer salvaguardias, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, que sean de obligado cumplimiento antes de llevar a cabo un desalojo.

Reformar la legislación sobre vivienda para que obligue expresamente a las autoridades a garantizar que todos los lugares de reasentamiento cumplen las normas internacionales sobre una vivienda adecuada.

Introducir mecanismos para vigilar que las autoridades, ya sean nacionales o locales, actúan de acuerdo con la ley de vivienda.

Protección frente a la discriminación en el acceso a la vivienda

Garantizar la igualdad de trato en el acceso a la vivienda y la protección frente a la discriminación reformando la Ley de Vivienda para prohibir expresamente la segregación por motivos de raza o por cualquier otro motivo prohibido de discriminación.

Identificar una serie de opciones adecuadas para el reasentamiento de las personas que viven en asentamientos informales que no pueden regularizarse, y garantizar que todo reasentamiento y toda provisión de una vivienda alternativa cumple las normas internacionales de derechos humanos sobre desalojos y sobre una vivienda adecuada y no da lugar a una segregación residencial.

Garantizar el acceso sin discriminación a todas las formas de vivienda, incluidas viviendas sociales o de bajo coste, para los grupos más desfavorecidos, incluidas las comunidades romaníes.

Rendición de cuentas por la complicidad en los programas estadounidenses de entrega y detención secreta

Llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y efectiva sobre las denuncias según las cuales agentes estatales rumanos colaboraron con las autoridades estadounidenses en los programas de entrega y detención secreta de la CIA.

Seguir todas las líneas pertinentes de investigación sobre la presunta connivencia de las autoridades rumanas en los programas de entrega y detención secreta de la CIA, lo cual incluye investigar el establecimiento de los lugares de detención, si los detenidos fueron transportados, y cuándo, hasta o desde Rumania, en virtud de qué procedimientos y en qué condiciones fueron transportados, y qué trato recibieron mientras estuvieron privados de libertad.

Incluir explícitamente en el mandato la investigación de la comisión directa, por parte de agentes estatales, de posibles violaciones de derechos humanos en el contexto de los programas de entrega y detención secreta de la CIA, o su complicidad en dichas violaciones.

Dar una respuesta completa a las denuncias de complicidad de Rumania en los programas de entrega y detención secreta de la CIA y a la recomendación de que se lleve a cabo una investigación, que tenga en cuenta los derechos humanos, sobre estas operaciones, contenida en el estudio conjunto de la ONU sobre la detención secreta realizado en 2010 y, más recientemente, en un informe adoptado en septiembre de 2012 del Parlamento Europeo sobre la complicidad de la UE en los programas de entrega y detención secreta de la CIA; comunicarse directamente con los Procedimientos Especiales de la ONU que participaron en el estudio, para hacer un seguimiento de los indicios de dicha connivencia, y mantenerse al tanto de cualquier seguimiento relacionado con el informe del Parlamento Europeo.

Garantizar que, cuando existan indicios creíbles de que se han cometido violaciones de derechos humanos según la legislación nacional o internacional, y especialmente en lo relativo a los presuntos actos de tortura y otros malos tratos o de desaparición forzada, se inician procedimientos penales contra las personas a las que la investigación identifique como responsables.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Ratificar sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (firmada el 3 de diciembre de 2008), formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de víctimas o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional.

Corte Penal Internacional

Cumplir las obligaciones contraídas por Rumania en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recomendaciones al gobierno de Serbia

Impunidad de los crímenes de guerra

Garantizar que todas las personas –incluidos los altos cargos policiales, militares y políticos– contra las que pesen sospechas razonables de que son penalmente responsables de haber cometido delitos de derecho internacional o haber sido cómplices de ellos comparecen ante los tribunales nacionales de justicia en procedimientos que cumplan las normas internacionales, y garantizar a las víctimas el acceso a la reparación, lo cual incluye indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Desalojos forzosos y el derecho a una vivienda adecuada

Poner fin a la práctica de los desalojos forzosos.

Reformar la legislación existente e introducir legislación nueva para prohibir los desalojos forzosos; establecer salvaguardias que sean de obligado cumplimiento antes de llevar a cabo un desalojo, de acuerdo con los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo y otras normas internacionales de derechos humanos.

Aumentar la financiación y los recursos de las autoridades municipales para que apliquen medidas que permitan la legalización o regularización de los asentamientos informales y para que mejoren los suministros de agua y electricidad, las carreteras y otros servicios siempre que sea posible.

Identificar una serie de opciones adecuadas para el reasentamiento de las personas que viven en asentamientos informales que no pueden regularizarse, y garantizar que todo reasentamiento y toda provisión de una vivienda alternativa cumple las normas internacionales de derechos humanos sobre desalojos y sobre una vivienda adecuada y no da lugar a la creación de asentamientos segregados racialmente.

Garantizar que los fondos recibidos del Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea u otros órganos para la construcción de viviendas para las comunidades romaníes se utilizan de manera que respete las normas internacionales de derechos humanos.

Garantizar el acceso sin discriminación a todas las formas de vivienda, incluidas viviendas sociales o de bajo coste, para los romaníes que viven en asentamientos informales y en asentamientos segregados creados recientemente, con contenedores a modo de vivienda, en Belgrado.

Garantizar el derecho a un remedio efectivo a todas las personas que han sufrido desalojo forzoso, discriminación u otras violaciones de su derecho a una vivienda adecuada.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Corte Penal Internacional

Cumplir las obligaciones contraídas por Serbia en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recomendaciones al gobierno de Tonga

Abolición de la pena de muerte

Ratificar sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar en todos los casos de pena de muerte el estricto cumplimiento de las normas internacionales relativas a un juicio justo.

Discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Derogar todas las disposiciones que tipifican como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados–, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, e incorporar sus respectivas obligaciones a la legislación nacional.

Recomendaciones al gobierno de Emiratos Árabes Unidos

Mecanismos de derechos humanos de la ONU

Cooperar plenamente con los Procedimientos Especiales de la ONU y aceptar todas sus solicitudes pendientes de visitar Emiratos Árabes Unidos.

Ratificar y aplicar todos los tratados de derechos humanos de la ONU pendientes, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Pena de muerte

Establecer una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, tal como disponen las resoluciones 62/149, 63/168 y 65/206 de la Asamblea General de la ONU, adoptadas respectivamente el 18 de diciembre de 2007, el 18 de diciembre de 2008 y el 21 de diciembre de 2010.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, abolir la pena capital para todos los delitos que no lleguen al umbral de “los delitos más graves”, como el narcotráfico o la revelación de información que perjudique al Estado.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar que no se impone ninguna condena de muerte a personas que fueran menores de 18 años cuando se cometió el delito. Cuando existan dudas sobre la edad de una persona joven acusada, debe suponerse que esa persona era menor de edad mientras la fiscalía no rebata ese supuesto mediante la aplicación de todos los criterios apropiados para la determinación de la edad; si no se demuestra la mayoría de edad, la persona acusada debe ser juzgada y condenada como menor.

En espera de la abolición total de la pena de muerte, garantizar que en todos los casos de pena de muerte se cumplen rigurosamente las normas internacionales sobre juicios justos, incluida la provisión de acceso a asistencia consultar para las personas con ciudadanía extranjera, a servicios de interpretación y a asistencia letrada efectiva, según sea necesario.

Discriminación

Reformar la Constitución y otra legislación pertinente para garantizar que las personas que no tengan la ciudadanía emiratí pueden disfrutar de todos los derechos humanos en condiciones de igualdad, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

Garantizar que las disposiciones del Convenio de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos se integran plenamente en la legislación nacional y se ponen en práctica.

Restricciones a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo

Derogar o reformar todas las leyes que penalizan, o se utilizan para penalizar, la libertad de expresión, en particular los artículos 176 y 8 del Código Penal, para que sean conformes con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que garantizan dicha libertad.

Invitar al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión a visitar el país.

Garantizar que todos los detenidos son acusados de delitos internacionalmente reconocibles y reciben un juicio justo, conforme al derecho y las normas internacionales.

Reformar los procedimientos de los juicios relativos a la seguridad del Estado para garantizar que cumplen las normas internacionales sobre juicios justos.

Restricciones a la libertad de asociación

Revisar y, cuando sea necesario, derogar o reformar las leyes existentes que rigen las ONG y adaptarlas al derecho y las normas internacionales de derechos humanos –lo cual incluye reformar el artículo 16 de la Ley de Asociaciones– para garantizar que las ONG pueden funcionar sin la interferencia del Estado.

Invitar al relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación a visitar el país.

Amenazas de revocar la ciudadanía

Poner fin a todos los intentos de privar arbitrariamente de la ciudadanía emiratí a los activistas políticos que se han limitado a ejercer el derecho de expresión pacífica.

Detención en régimen de incomunicación y tortura

Garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan de manera independiente, inmediata y exhaustiva, y que todas las personas de las que se determine que son responsables de esos abusos comparecen ante la justicia; garantizar también que este compromiso se comunica de manera oficial y pública a todos los agentes que participen en tareas de detención, reclusión e interrogatorio, en particular los de los servicios de Seguridad del Estado (Amn al-Dawla).

Poner fin de inmediato a todas las detenciones secretas y en régimen de incomunicación.

Garantizar que los detenidos tienen acceso inmediato –en la ley y en la práctica– a sus abogados y familias, así como a atención médica adecuada.

Garantizar que los detenidos comparecen sin demora ante un juez para que éste resuelva sobre la legalidad de su detención.

Establecer y mantener un registro central para garantizar que se puede rastrear de inmediato el paradero de todos los detenidos; imponer sanciones adecuadas a los agentes responsables de la detención ilegal de personas, lo cual incluye el no haber mantenido registros adecuados de detenidos.

Permitir inspecciones periódicas, sin previo aviso y sin restricciones de órganos expertos nacionales e internacionales independientes a todos los lugares en los que haya, o pueda haber, personas privadas de libertad, para vigilar el trato que reciben los detenidos y sus condiciones de reclusión.

Garantizar que los detenidos que presentan denuncias de tortura u otros malos tratos pueden hacerlo sin temor a ningún tipo de represalia o procesamiento.

Invitar al relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a visitar el país.

Ratificación de tratados internacionales de derechos humanos

Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aceptando sus mecanismos de investigación y comunicaciones entre Estados.

Adherirse sin demora a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulando las declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 (reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones de víctimas o en favor de víctimas y de otros Estados Partes), y aplicarla en la legislación nacional.

Adherirse sin dilación a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, sin formular reservas, y aplicarla en la legislación nacional.

Corte Penal Internacional

Ratificar sin demora el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado el 27 de noviembre de 2000, sin formular declaraciones que puedan representar reservas ocultas, y aplicarlo en la legislación nacional.

Adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y aplicarlo en la legislación nacional.