Document - NATIONS UNIES. Réforme : le projet de Document final ne reconnaît pas la primauté des droits humains

Nueva York.— Amnistía Internacional ha pedido a todos los gobiernos que refuercen sustancialmente las ambiguas y poco comprometidas disposiciones sobre derechos humanos contenidas en el proyecto de documento final publicado hoy, 3 de junio de 2005, para la cumbre de alto nivel que se celebrará en septiembre de 2005. La cumbre de jefes de Estado, que tendrá lugar en Nueva York, debe aprovechar esta ocasión histórica de reforma de la ONU para garantizar que los derechos humanos ocupan el lugar que les corresponde como uno de los tres pilares de las Naciones Unidas, acorde con la primacía que la Carta de las Naciones Unidas otorga a los derechos humanos.

Todos los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de centrar la visión del documento en la promoción y el respeto de los derechos humanos: que todas las personas puedan verse libres de la necesidad y del miedo y libres para vivir con dignidad. Amnistía Internacional coincide con lo expuesto en el documento al reconocer que no habrá desarrollo sin seguridad ni seguridad sin desarrollo, y que no se podrá disfrutar de una u otra cosa sin el respeto de los derechos humanos. Este principio debe inspirar y orientar la preparación de todo el documento y estar en la base de todas las decisiones que se adopten en la cumbre de alto nivel de septiembre. Debe traducirse en compromisos claros y precisos, basados en las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, que den lugar a un progreso cuantificable.

Para Amnistía Internacional supone una profunda decepción que el proyecto no refleje la determinación de los Estados miembros de asumir compromisos definidos para reforzar la promoción y protección de los derechos humanos. De hecho, en algunas partes incluso resta fuerza a las obligaciones existentes. La organización lo considera un hecho especialmente desafortunado toda vez que el secretario general y otros altos representantes de la ONU han insistido reiteradamente en la necesidad de una “era del cumplimiento” y de adoptar medidas concretas para hacer realidad los compromisos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el documento reconoce la necesidad de cumplir íntegramente las normas de derechos humanos (63), pero no dispone que los Estados deberán garantizar que así se hace realmente. Además, el documento dista mucho de emplear los contundentes términos de la Declaración del Milenio y se muestra débil al exigir únicamente a los Estados que se adhieran a los “principios” del respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho en la lucha contra el terrorismo, en vez de instarles directamente a proteger los derechos humanos (59).

Amnistía Internacional apoya la decisión recogida en el proyecto de elevar la Comisión de Derechos Humanos a la categoría de Consejo de Derechos Humanos con carácter permanente, como ha propuesto el secretario general de la ONU. Amnistía Internacional considera que la mejor forma de reflejar el lugar prioritario que ocupan los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas es crear un Consejo de Derechos Humanos como órgano principal de las Naciones Unidas y no como órgano subsidiario de la Asamblea General. Si bien la organización considera positiva la decisión de preservar las fortalezas de la Comisión, incluido el sistema de procedimientos especiales y el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) basado en la Carta, los gobiernos deben adoptar cualquier otra medida necesaria para garantizar un Consejo de Derechos Humanos eficaz, transparente y con autoridad, y capaz de evitar la excesiva politización que ha empañado la labor de la Comisión (87-88).

Por otra parte, Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el compromiso expresado para reforzar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) mediante un aumento de los recursos procedentes del presupuesto ordinario (65). Esta aspiración deberá traducirse ahora en un compromiso firme y cuantificable para duplicar los recursos generales de la Oficina a lo largo de los próximos cinco años.

Sobre la impunidad, aunque se considera positiva la necesidad declarada de cooperar con la Corte Penal Internacional, los jefes de Estado deben hacer un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que está a punto de alcanzar el centenar de ratificaciones. Asimismo, deben pedir al Consejo de Seguridad que haga uso de las facultades que le confiere la Carta de las Naciones Unidas para remitir casos a la Corte.

Asimismo el documento final debería:

Consolidar los logros de la comunidad internacional y basarse en ellos para la creación de normas de derechos humanos y para la promoción y protección de estos derechos, incluidas la Declaración del Milenio, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración y Programa de Acción de Viena;

Reconocer que, para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros muchos objetivos señalados en el documento final, es fundamental hacer realidad la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el disfrute de todos los derechos humanos;

Hacer hincapié en que los derechos humanos deben integrarse en todo el sistema de las Naciones Unidas;

Establecer que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de utilizar su derecho de veto en casos de genocidio y violaciones de derechos humanos en gran escala, como propone el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio;

Hacer hincapié en que los derechos humanos son obligaciones jurídicas sólidamente fundadas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados básicos de derechos humanos y otros instrumentos jurídicos, y que la primacía de la ley exige que los Estados miembros adopten medidas eficaces para cumplir con todas sus obligaciones en materia de derechos humanos;

Apoyar un papel más activo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las deliberaciones del Consejo de Seguridad y la propuesta Comisión de Consolidación de la Paz;

Reflejar claramente el consenso internacional existente respecto a que toda medida adoptada por un Estado para combatir el terrorismo debe estar en consonancia con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular con el derecho relativo a los derechos humanos, los refugiados y los asuntos humanitarios (54);

Reforzar las disposiciones sobre participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad civil en el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos aceptando profundizar el diálogo con ellos y actuar sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Personas Eminentes encargado de examinar la relación entre las Naciones Unidas y la sociedad civil (el denominado "Grupo Cardoso") (102);

Reforzar el acuerdo declarado en el documento para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule el marcado y rastreo de armas pequeñas y ligeras y la intermediación ilegal en su comercio incorporando además la transferencia de tales armas (51);

Reconocer los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos como norma internacional básica para la protección de los desplazados internos y comprometerse a promover la incorporación de estos principios a la legislación y práctica de los Estados;

Disponer que se refuercen las normas sobre rendición de cuentas dentro de las Naciones Unidas comprometiendo a los Estados miembros con una política de “tolerancia cero” de la explotación sexual por personal de la ONU.

Información complementaria

El proyecto de documento final ha sido presentado hoy 3 de junio a la Asamblea General por su presidente. Los jefes de Estado se reunirán en Nueva York en septiembre de 2005 para adoptar un documento final donde se examine la aplicación de la Declaración del Milenio del 2000. Para ello se basarán en el informe del secretario general Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos (A/59/2005), de marzo de 2005. Amnistía Internacional somete a una evaluación pormenorizada la necesidad de un Consejo de Derechos Humanos en su informe La respuesta al desafío: Transformación de la Comisión de Derechos Humanos en un Consejo de Derechos Humanos (Índice AI: IOR 40/008/2005), de abril de 2005.

Los números entre paréntesis se refieren a los párrafos del proyecto de documento final.