Document - The International Criminal Court: Fact Sheet 7 - Ensuring justice for women

Público, 15 de abril de 2005

Índice AI: IOR 40/006/2005


Amnistía Internacional


Corte Penal Internacional

Folleto 7

Garantías de justicia a las mujeres




Las disposiciones del Estatuto de Roma sobre género constituyen un alentador ejemplo de los efectos positivos que el desarrollo del movimiento internacional pro derechos de las mujeres está teniendo en el derecho internacional humanitario y de derechos humanos a pesar de la fuerte influencia de las fuerzas políticas conservadoras [...] Queda mucho por hacer, pero los progresos realizados desde 1994 son extraordinarios.

Radhika Coomaraswamy, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, informe, E/CN.4/2003/75/Add.1.


Más de medio siglo después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la discriminación y la violencia contra las mujeres continúan siendo prácticas cotidianas en todo el mundo. La vulnerabilidad de las mujeres a las violaciones de derechos humanos aumenta en las situaciones de conflicto armado. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es un tratado progresista, al que se ha incorporado una perspectiva de género con objeto de garantizar que las mujeres participan en el funcionamiento de la Corte y, si son víctimas de los delitos más graves comprendidos en el derecho internacional, tienen acceso a la justicia. Asimismo, sirve de modelo de buena práctica internacional a los sistemas judiciales de los países.

¿Cuáles son los delitos contra las mujeres por los que la Corte puede iniciar enjuiciamientos?

El Estatuto de Roma concede a la Corte competencia sobre el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Aunque tanto los hombres como las mujeres pueden ser víctimas de la mayoría de estos delitos, algunos de ellos, como el embarazo forzado, sólo se pueden cometer contra las mujeres, y hay otros, como la violación y la agresión sexual, que se cometen contra ellas de manera desproporcionada

Gracias a las campañas emprendidas en todo el mundo por las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres, el Estatuto de Roma es el primer tratado internacional en el que se reconoce expresamente que entre los delitos más graves comprendidos en el derecho internacional figuran una amplia gama de formas de violencia sexual y basada en el género de la víctima.


¿Qué crímenes de lesa humanidad afectan en particular a las mujeres?

El Estatuto de Roma considera crímenes de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, el tráfico de personas, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable.


Esta es la primera vez que la esclavitud sexual y el tráfico de personas se reconocen expresamente como crímenes de lesa humanidad en un tratado internacional.

Asimismo, el Estatuto de Roma dispone que la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos de género y en conexión con cualquier otro delito de la competencia de la Corte constituye un crimen de lesa humanidad.


¿Qué crímenes de guerra recogidos en el Estatuto de Roma afectan en particular a las mujeres?

El Estatuto de Roma dispone que los actos individuales de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otro abuso sexual que constituya una violación o infracción grave del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 pueden ser causa de enjuiciamiento como crímenes de guerra si se cometen en conflictos armados internacionales o internos (véase el folleto 5). Las definiciones de estos crímenes de guerra son las mismas que las de los crímenes de lesa humanidad correspondientes.


¿Cómo se definen los delitos de violencia sexual?

La violación y otras formas de violencia sexual se han definido en los Elementos de los Crímenes de la Corte haciendo hincapié en los actos coercitivos del autor, incluidas las amenazas y la opresión psicológica, y no sólo en la fuerza física. En vez de definir la violación en términos simplemente de penetración vaginal forzada con el pene, se hace una definición neutral desde el punto de vista del género (con lo que se reconoce que los niños y los hombres también pueden ser violados) y se habla en general de invasión del cuerpo de la víctima, lo que incluye violación con objetos y sexo oral forzado.



¿Qué función desempeñarán las mujeres en la Corte?

En el nombramiento de los funcionarios, el fiscal y el secretario de la Corte deben velar por “el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad” y tener en cuenta la necesidad de que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres y experiencia en temas específicos, incluida la violencia contra las mujeres. Esta obligación es especialmente importante en el caso del fiscal, que está encargado de nombrar a los investigadores. Estos deberán tener experiencia y formación efectiva en la reunión de pruebas de violencia contra las mujeres de manera sensible y efectiva.


¿Habrá mujeres entre los magistrados?

Los Estados Partes deben tener en cuenta la necesidad de haya una representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres y de que entre los magistrados haya juristas especializados en temas concretos, incluida la violencia contra las mujeres. De los primeros 18 magistrados de la Corte, elegidos en 2002, siete fueron mujeres. Esta proporción es con, con creces, la más alta de todos los tribunales internacionales.


¿Habrá una oficina o un funcionario especiales para atender las necesidades de las mujeres?

El secretario ha establecido una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría para asesorar al fiscal y a la Corte. En particular, este asesoramiento consiste en proporcionar las debidas medidas de protección, dispositivos de seguridad, consejo y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. El personal de la Dependencia ha de estar especializado en atención a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual. El Estatuto de Roma obliga al fiscal a nombrar a un asesor sobre violencia sexual y de género.

¿Tiene la Corte la obligación de proteger a las mujeres en tanto que víctimas o testigos?

Uno de los problemas de juzgar a personas acusadas de estos graves delitos contra las mujeres es que algunas mujeres que han sufrido tal violencia son reacias a comparecer ante un tribunal para testificar.

Debido a ello, la Corte debe tomar las medidas necesarias para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la intimidad de las víctimas y los testigos, en particular si los delitos cometidos han entrañado violencia sexual o de género. Tales medidas no podrán menoscabar ni contradecir los derechos de los acusados, incluido su derecho a un juicio justo e imparcial


¿Cómo se protegerá a las víctimas o testigos mujeres?

A modo de excepción al principio de celebración de vistas públicas, las salas de Cuestiones Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones podrán, para proteger a las víctimas y testigos o al acusado, celebrar parte del juicio a puerta cerrada (para la prensa y el público) o permitir la presentación de las pruebas por medios electrónicos o de otro tipo. Tales medidas se aplicarán, en particular, en el caso de las víctimas de agresión sexual y atendiendo a todas las circunstancias, en especial a la opinión de la víctima o el testigo.


¿Cómo ayudarán las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte a las mujeres en tanto que víctimas o testigos?

El Estatuto de Roma aborda algunas de las reglas más comunes de procedimiento y prueba que tradicionalmente han menoscabado las denuncias formuladas por las mujeres víctimas de abusos y convertido los juicios en experiencias traumáticas para ellas. Por ejemplo, el silencio o la falta de resistencia de la víctima durante el acto de violencia sexual no pueden servir para dar por sentado que lo consintió. El uso como prueba de la conducta sexual previa o posterior de la víctima es inadmisible en la mayoría de los casos. Y no es preciso que el testimonio de la víctima sea corroborado por otra fuente




















Publicación del Proyecto de Justicia Internacional

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA