Document - Russie. Liberté restreinte : le droit à la liberté d'expression en Fédération de Russie

[Embargado hasta el 26 de febrero de 2008]

Público

Amnistía Internacional


Federación Rusa

Libertad limitada. El derecho a la libertad de expresión en la Federación Rusa


26 de Febrero de 2008

Resumen

Índice AI: EUR 46/008/2008


En vísperas de las elecciones presidenciales rusas del 2 de marzo, Amnistía Internacional publica el presente documento en el que se exponen los motivos de preocupación de la organización en lo relativo al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión en la Federación Rusa. La organización llega a la conclusión de que en los últimos años estos tres derechos fundamentales se han visto restringidos. El colectivo de defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil independientes, la oposición política y ciudadanos y ciudadanas comunes han sido víctimas de este retroceso en materia de derechos civiles y políticos.


El derecho a la libertad de expresión, así como los derechos a la libertad de reunión y de asociación, que son en última instancia formas específicas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, están garantizados en la Constitución rusa y han sido consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos. La Federación Rusa, en su calidad de Estado Parte en tratados de derechos humanos tiene la obligación de fomentar y proteger estos derechos a fin de garantizar que la población disfrute plenamente de ellos.


No obstante, parece que cada vez se limita más el ejercicio de estos derechos. Se han aprobado leyes cuyas amplias disposiciones permiten una interpretación arbitraria que va en detrimento de estos derechos fundamentales o los restringe de otras maneras. La misma existencia de estas leyes ha tenido un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Además, las autoridades rusas se han servido de las leyes para poner freno a las opiniones disidentes de defensores de los derechos humanos y de otras personas que expresan puntos de vista alternativos. Las conclusiones expuestas en este informe suscitan la preocupación de que en la Federación Rusa los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión no estén garantizados para todas las personas. La inacción a la hora de proteger estos derechos tiene graves consecuencias para todos los miembros de la sociedad civil rusa. El derecho a la libertad de expresión es una de las piedras angulares del funcionamiento de la sociedad civil y es en sí mismo una garantía para la protección de otros derechos humanos fundamentales.


En la Federación Rusa cada vez se reduce más el espacio de acción de las organizaciones y los medios de comunicación independientes y en general de quienes mantienen opiniones disidentes. La manifestación de este tipo de opiniones puede dar lugar a que una persona sea hostigada y corra peligro de que la sometan a violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional considera que los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones dedicadas a la defensa de estos derechos que reciben financiación del extranjero son blanco especial de hostigamiento e intimidación en un contexto en el que algunos medios de comunicación y representantes del gobierno los han acusado de “antipatrióticos”.


El derecho a la libertad de expresión que asiste a los defensores de los derechos humanos y a los activistas de la sociedad civil también se ha visto violado al celebrarse juicios penales por el delito “extremista” de “incitación al odio o la animadversión raciales”.


La libertad de reunión es el derecho a organizar reuniones y manifestaciones públicas o privadas, incluidas marchas y piquetes, y a participar en ellas. Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene la obligación de mantener el orden público, pero ve con preocupación el hecho de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley hayan utilizado fuerza excesiva durante algunas manifestaciones y reuniones públicas y en muchos casos hayan obstaculizado el ejercicio del derecho a la libertad de reunión prohibiendo o impidiendo la celebración de manifestaciones por supuestas razones de seguridad o de protección del interés público. Las autoridades dispersaron violentamente varias manifestaciones celebradas en el primer semestre de 2007, mientras que las manifestaciones en favor del gobierno parecen haberse desarrollado sin interferencia alguna. Asimismo, las autoridades impidieron que decenas de personas expresaran sus opiniones durante manifestaciones organizadas por movimientos de oposición deteniéndolas, sacándolas de trenes o impidiéndoles embarcarse en aviones. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley obstaculizaron la labor de defensores de los derechos humanos y periodistas que observaban manifestaciones y reuniones públicas.


El derecho a la libertad de asociación es el derecho de toda persona a agruparse con otras y actuar colectivamente, e incluye el derecho a fundar organizaciones de la sociedad civil. En 2006, las leyes que rigen la labor de las ONG en la Federación Rusa sufrieron una serie de enmiendas que han tenido un grave impacto sobre el derecho a la libertad de asociación. Amnistía Internacional ve con preocupación que las enmiendas constituyen una carga excesiva y que son susceptibles de una interpretación arbitraria por parte de las autoridades. En consecuencia, pueden utilizarse –y se han utilizado– para perseguir a algunas ONG, entre ellas organizaciones de derechos humanos, por considerárselas una amenaza para la autoridad del Estado.


Estas enmiendas no son los únicos instrumentos jurídicos utilizados para restringir la labor de las organizaciones de la sociedad civil. También se ha recurrido a otras leyes para impedir la inscripción de organizaciones en el registro oficial, o para hostigar a personas que, en opinión del gobierno, constituyen una amenaza para la autoridad del Estado.


Las ONG, incluidas las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, desempeñan un papel importante en la sociedad civil de todos los países, incluida la Federación Rusa; por consiguiente, debe proporcionárseles el espacio necesario para que puedan existir y contribuir de una manera significativa a la resolución de cuestiones que afectan a la sociedad entera. Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a defender los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización exhorta a las autoridades a que, a fin de cumplir con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos, aborden las deficiencias de que adolecen la ley sobre ONG y su normativa de aplicación; se abstengan de utilizar normas jurídicas como la ley sobre actividades extremistas para poner restricciones a las actividades de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones de la sociedad civil; ordenen a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que respeten el derecho a la libertad de reunión en el desempeño de sus tareas durante reuniones públicas; garanticen que los periodistas puedan llevar a cabo su legítima labor sin injerencias arbitrarias de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; investiguen de manera pronta, exhaustiva e imparcial cualquier denuncia sobre abusos contra los derechos humanos de activistas de la sociedad civil, periodistas y miembros de la oposición política; y lleven ante la justicia a cualquier persona de la que se sospeche que ha participado en tales violaciones, sometiéndola a un juicio en el que se observen las normas internacionales de imparcialidad procesal.



Este texto resume el documento titulado Federación Rusa: Libertad limitada. El derecho a la libertad de expresión en la Federación Rusa (Índice AI: EUR 46/008/2008), publicado por Amnistía Internacional el 26 de febrero de 2008. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org/esencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.org/email/email_updates.html



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España



[Embargado hasta el 26 de febrero de 2008

Público

Amnistía Internacional



Federación Rusa

Libertad limitada. El derecho a la libertad de expresión en la Federación Rusa






ÍNDICE


[Embargado hasta el 26 de febrero de 2008] 1

Público 1

26 de Febrero de 2008 1

Resumen 1

Índice AI: EUR 46/008/2008 1

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO 3

[Embargado hasta el 26 de febrero de 2008 1

Público 1

Introducción 1

La libertad de asociación y la ley sobre organizaciones no gubernamentales 5

Implementación de la ley sobre las ONG 7

Complejo procedimiento de reinscripción 7

Exámenes invasivos 7

Observatorio Ciudadano 8

Voz 9

Presentación de informes 12

Movimiento Juvenil de Derechos Humanos 13

Dilaciones en la reforma de la ley 14

Uso de leyes relativas al “extremismo” para reprimir la libertad de expresión 15

La Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas, de 2002 15

Denegación de la inscripción a Casa Arco Iris, ONG de activistas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero 17

El artículo 282 del Código Penal de la Federación Rusa 19

Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena 20

Museo y Centro Público Andrei Sajarov 22

Enmiendas a la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas 23

Otras formas de hostigamiento e intimidación 24

Centro de Protección Internacional 25

Periodistas en el punto de mira 27

La investigación del asesinato de Anna Politkovskaya 27

La muerte del periodista Ivan Safronov 27

Libertad de reunión 29

La ley sobre el derecho a la libertad de reunión 30

Restricciones del derecho a la libertad de reunión 32

Desfile del Orgullo Gay 32

Marchas de los Disidentes 35

Restricciones a la monitorización de reuniones públicas 38

Detención y maltrato de periodistas 38

El derecho a organizar piquetes unipersonales 39

Uso de la ley para tratar de impedir la celebración de reuniones privadas 40

Recomendaciones: 41



Introducción


Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos


Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos


En vísperas de las elecciones presidenciales rusas del 2 de marzo, Amnistía Internacional publica el presente documento en el que se exponen los motivos de preocupación de la organización en lo relativo al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión en la Federación Rusa. La organización llega a la conclusión de que en los últimos años estos tres derechos fundamentales se han visto restringidos. El colectivo de defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil independientes, la oposición política y ciudadanos y ciudadanas comunes han sido víctimas de este retroceso en materia de derechos civiles y políticos.


El derecho a la libertad de expresión, así como los derechos a la libertad de reunión y de asociación, que son en última instancia formas específicas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, están garantizados en la Constitución rusa y han sido consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos. La Federación Rusa, en su calidad de Estado Parte en tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, tiene la obligación de fomentar y proteger estos derechos a fin de garantizar que la población disfrute plenamente de ellos.


No obstante, parece que cada vez se limita más el ejercicio de estos derechos. Se han aprobado leyes cuyas amplias disposiciones permiten una interpretación arbitraria que va en detrimento de estos derechos fundamentales o los restringe de otras maneras. La misma existencia de estas leyes ha tenido un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Además, las autoridades rusas se han servido de las leyes para poner freno a las opiniones disidentes de defensores de los derechos humanos y de otras personas que expresan puntos de vista alternativos. Las conclusiones expuestas en este informe suscitan la preocupación de que en la Federación Rusa los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión no estén garantizados para todas las personas. La inacción a la hora de proteger estos derechos tiene graves consecuencias para todos los miembros de la sociedad civil rusa. El derecho a la libertad de expresión es una de las piedras angulares del funcionamiento de la sociedad civil y es en sí mismo una garantía para la protección de otros derechos humanos fundamentales.

Libertad de expresión


En la Federación Rusa cada vez se reduce más el espacio de acción de las organizaciones y los medios de comunicación independientes y en general de quienes mantienen opiniones disidentes. La manifestación de este tipo de opiniones puede dar lugar a que una persona sea hostigada y corra peligro de que la sometan a violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional considera que los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones dedicadas a la defensa de estos derechos que reciben financiación del extranjero son blanco especial de hostigamiento e intimidación en un contexto en el que algunos medios de comunicación y representantes del gobierno los han acusado de “antipatrióticos”.


El derecho a la libertad de expresión que asiste a los defensores de los derechos humanos y a los activistas de la sociedad civil también se ha visto violado al celebrarse juicios penales por el delito “extremista” de “incitación al odio o la animadversión raciales”. En al menos dos casos de los que Amnistía Internacional tiene conocimiento, la organización no considera que las personas afectadas hayan incitado al odio o la animadversión hacia ningún grupo y ve con preocupación que los procesamientos se incoaron con el fin de silenciar el disentimiento y las opiniones alternativas.


Amnistía Internacional también ve con honda preocupación el hecho de que, según parece, en la investigación sobre el asesinato de la periodista y defensora de los derechos humanos Anna Politkovskaya no se estén haciendo avances en la determinación de la identidad de quienes ordenaron la comisión del crimen. Las autoridades no deben obstaculizar la labor de los periodistas y deben investigar exhaustivamente todos los actos de hostigamiento y agresión dirigidos contra ellos.


Libertad de reunión


La libertad de reunión es el derecho a organizar reuniones y manifestaciones públicas o privadas, incluidas marchas y piquetes, y a participar en ellas. Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene la obligación de mantener el orden público, pero ve con preocupación el hecho de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley hayan utilizado fuerza excesiva durante algunas manifestaciones y reuniones públicas y en muchos casos hayan obstaculizado el ejercicio del derecho a la libertad de reunión prohibiendo o impidiendo la celebración de manifestaciones por supuestas razones de seguridad o de protección del interés público. Las autoridades dispersaron violentamente varias manifestaciones celebradas en el primer semestre de 2007, mientras que las manifestaciones en favor del gobierno parecen haberse desarrollado sin interferencia alguna. Asimismo, las autoridades impidieron que decenas de personas expresaran sus opiniones durante manifestaciones organizadas por movimientos de oposición deteniéndolas, sacándolas de trenes o impidiéndoles embarcarse en aviones. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley obstaculizaron la labor de defensores de los derechos humanos y periodistas que observaban manifestaciones y reuniones públicas.


Libertad de asociación


El derecho a la libertad de asociación es el derecho de toda persona a agruparse con otras y actuar colectivamente, e incluye el derecho a fundar organizaciones de la sociedad civil. En 2006, las leyes que rigen la labor de las ONG en la Federación Rusa sufrieron una serie de enmiendas que han tenido un grave impacto sobre el derecho a la libertad de asociación. Las enmiendas entraron plenamente en vigor a principios de 2007, cuando, en virtud de las nuevas disposiciones, las ONG rusas tenían que presentar por primera vez informes sobre sus actividades. Amnistía Internacional ve con preocupación que las enmiendas constituyen una carga excesiva y que son susceptibles de una interpretación arbitraria por parte de las autoridades. En consecuencia, pueden utilizarse –y se han utilizado– para perseguir a algunas ONG, entre ellas organizaciones de derechos humanos, por considerárselas una amenaza para la autoridad del Estado. Algunas de ellas han tenido que suspender sus actividades debido a las nuevas disposiciones y, según indican los informes, en algunos casos se enfrentan a la posibilidad de que las cierren por presuntas violaciones de la ley.


Estas enmiendas no son los únicos instrumentos jurídicos utilizados para restringir la labor de las organizaciones de la sociedad civil. También se ha recurrido a otras leyes para impedir la inscripción de organizaciones en el registro oficial, o para hostigar a personas que, en opinión del gobierno, constituyen una amenaza para la autoridad del Estado. Algunas organizaciones han sido sometidas a lo que parece constituir una verdadera campaña de hostigamiento administrativo.


Las ONG, incluidas las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, desempeñan un papel importante en la sociedad civil de todos los países, incluida la Federación Rusa; por consiguiente, debe proporcionárseles el espacio necesario para que puedan existir y contribuir de una manera significativa a la resolución de cuestiones que afectan a la sociedad entera. En la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos

(Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos), aprobada por la ONU en 1999, se establece una serie de principios rectores sobre los derechos de las ONG y las personas comprometidas con la promoción y la defensa de los derechos humanos; también se tratan las obligaciones de los activistas para con el Estado.


A fin de abordar la situación e impedir que siga deteriorándose, es preciso enmendar la legislación e implantar unas directrices que definan claramente el papel de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de los funcionarios del Estado en lo relativo a la salvaguarda del orden público y la protección de los derechos humanos de todas las personas en la Federación Rusa, ya se trate de personas que estén a favor del gobierno o que se muestren críticas con él.


Al final del presente informe, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones al gobierno de la Federación Rusa en relación con las medidas que deberían tomarse para defender el respeto a los derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a defender los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización exhorta a las autoridades a que, a fin de cumplir con las obligaciones que les impone el derecho internacional de los derechos humanos, aborden las deficiencias de que adolecen la ley sobre ONG y su normativa de aplicación; se abstengan de utilizar normas jurídicas como la ley sobre actividades extremistas para poner restricciones a las actividades de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones de la sociedad civil; ordenen a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que respeten el derecho a la libertad de reunión en el desempeño de sus tareas durante reuniones públicas; garanticen que los periodistas puedan llevar a cabo su legítima labor sin injerencias arbitrarias de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; investiguen de manera pronta, exhaustiva e imparcial cualquier denuncia sobre abusos contra los derechos humanos de activistas de la sociedad civil, periodistas y miembros de la oposición política; y lleven ante la justicia a cualquier persona de la que se sospeche que ha participado en tales violaciones, sometiéndola a un juicio en el que se observen las normas internacionales de imparcialidad procesal.


Metodología y ámbito del informe


Amnistía Internacional ha investigado una serie de casos de violaciones de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. La organización se ha entrevistado con víctimas, profesionales del derecho y ONG en varias ciudades y pueblos de la Federación Rusa, así como con representantes del gobierno. El presente informe destaca algunos casos que son ilustrativos de las restricciones que pesan sobre los defensores de los derechos humanos, los activistas de la sociedad civil, los periodistas y, potencialmente, sobre todas las personas que residen en la Federación Rusa.


El informe no trata la cuestión de la protección del derecho a la libertad de expresión en el Cáucaso septentrional. Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en dicha región se han abordado en un informe publicado en noviembre de 2007 con el título Federación Rusa: Los defensores y defensoras de los derechos humanos, en situación de riesgo en el Cáucaso septentrional (Índice AI: EUR 46/053/2007).

La libertad de asociación y la ley sobre organizaciones no gubernamentales


En enero de 2006, el presidente Vladimir Putin introdujo una serie de polémicas enmiendas a la legislación que rige el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en la Federación Rusa mediante una ley conocida como la “ley sobre las ONG”, que entró en vigor el 17 de abril de 2006.1Las enmiendas, que afectan a tres leyes federales –las relativas a las entidades administrativo-territoriales cerradas, las organizaciones públicas y las organizaciones no comerciales– han impuesto varias restricciones a los grupos de la sociedad civil.2


Amnistía Internacional ve con preocupación que estas reformas han afectado considerablemente a las ONG y sus derechos a la libertad de expresión y asociación. Entre otras cosas, la nueva ley ha dado lugar a la introducción de pesados requisitos sobre presentación de informes y es susceptible de abuso si se la interpreta arbitrariamente.3Preocupa a Amnistía Internacional que algunas ONG hayan sido objeto de actos de hostigamiento y de inspecciones que constituyen hostigamiento administrativo, y que se las haya amenazado con cerrarlas.


El presidente Putin ha manifestado en varias ocasiones que estas enmiendas legislativas obedecieron a dos motivos. Uno de ellos era el intento de reducir la influencia occidental en la sociedad civil rusa4 e impedir brotes de protesta similares a las “revoluciones de colores” ocurridas en otras partes de la antigua Unión Soviética.5El otro era la intención de poner en orden las actividades de las ONG.


Varias autoridades del gobierno ruso, entre ellas el presidente Putin,6 han afirmado que la interpretación de la ley no debería traer consigo el hostigamiento de las ONG que cumplan con las obligaciones que ella les impone. En enero de 2006, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, respondió a las críticas formuladas a la ley declarando que mucho dependería de cómo se implementara y señalando que la normativa de aplicación establecería un marco para las actividades de los organismos ejecutivos pertinentes.


Sin embargo, desde la entrada en vigor de las enmiendas se ha hecho patente que los cambios legislativos y las normas de aplicación han menoscabado de hecho la labor de las ONG. Las autoridades han adquirido mayores poderes para examinar la financiación y las actividades de las ONG rusas y extranjeras, y los requisitos sobre presentación de informes introducidos en la normativa de aplicación son una carga excesiva que obliga a las ONG a desviar recursos de sus principales programas de trabajo.7La normativa de aplicación no aclara la naturaleza de los poderes conferidos a las autoridades. Esto puede tener graves consecuencias, llevando a que se cierre una ONG por presunto incumplimiento de las reglas.


La ley sobre las ONG no es el único instrumento jurídico utilizado para restringir la labor de algunas de las organizaciones de la sociedad civil. También se ha recurrido a otras leyes para hostigar a quienes las autoridades (locales, regionales o federales) consideran una amenaza para la autoridad del Estado. Entre estas disposiciones jurídicas figuran las leyes relacionadas con el “extremismo”, la ley fiscal y el Código Penal de la Federación Rusa.


Implementación de la ley sobre las ONG

Complejo procedimiento de reinscripción

Se exigió que las ONG extranjeras e internacionales volvieran a inscribir sus secciones rusas o las oficinas que las representan con el Servicio Federal de Registro a más tardar el 18 de octubre de 2006. El procedimiento de reinscripción era poco claro y resultaba muy pesado. Durante gran parte del periodo asignado para la reinscripción, las comunicaciones del Servicio Federal de Registro no resultaron claras y este organismo no contaba con suficiente personal para asesorar a las ONG sobre el complejo procedimiento que debían seguir. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, la oficina del Servicio tenía menos de 10 empleados. En consecuencia, algunas organizaciones no consiguieron inscribirse dentro del plazo previsto y sus actividades fueron suspendidas hasta que se aprobara su inscripción. A otras organizaciones se les denegó el registro, en parte debido a que sus documentos contenían pequeños errores, pero se las invitó a volver a presentar su documentación.


El 29 de diciembre de 2006 se habían vuelto a inscribir 196 ONG extranjeras e internacionales.8 A las ONG rusas no se les exigía automáticamente que se registraran de nuevo, pero Amnistía Internacional tiene conocimiento de que algunas tuvieron que hacerlo a fin de ajustar la redacción de sus documentos oficiales a los requisitos de la nueva ley.


Exámenes invasivos

La nueva ley autoriza al Servicio Federal de Registro a llevar a cabo inspecciones anuales de la labor de las ONG para comprobar que sus gastos y actividades se ajustan a los objetivos que han declarado tener. Varios expertos han criticado este aspecto de la ley por considerar que confiere demasiado poder al Servicio Federal de Registro sin que se haya establecido un marco concreto que indique qué tipo de asuntos puede examinar y cuáles son los aspectos que están dentro de la competencia de otros organismos estatales, como por ejemplo la inspección fiscal. El Servicio ha publicado en Internet una lista de las organizaciones nacionales inscritas en su oficina central que serán sometidas a examen durante un periodo de un año.


No se ha hecho pública ninguna lista única de las ONG registradas en el ámbito local o regional9 que deban someterse a tal examen y, en consecuencia, no se dispone de una lista integrada del total de ONG afectadas en el curso de un año. Se ha informado a Amnistía Internacional de que a las ONG registradas en el ámbito local o regional se les concedía menos tiempo para prepararse para la inspección que a las organizaciones nacionales y que, por ello, no podían asegurar que sus actividades ordinarias no se vieran obstaculizadas por el proceso de examen. Una representante de Amnistía Internacional habló con varias ONG registradas en el ámbito regional que habían tenido que suspender durante al menos una semana o dos algunas actividades planificadas a fin de cumplir con los requisitos impuestos por el Servicio Federal de Registro.


Observatorio Ciudadano


El 23 de julio de 2007 se ordenó a la organización Observatorio Ciudadano (Grazhdanskii Kontrol), de San Petersburgo, que proporcionara copia de toda la correspondencia que había enviado durante el periodo comprendido entre el 4 de julio de 2004 y el 4 de julio de 2007. Aunque cumplió con la orden, la organización también presentó una queja en la que afirmaba que este requisito era injustificado y violaba el derecho de las personas con las que estaba en contacto a mantener una correspondencia privada.


Al mismo tiempo, se sospechaba que la organización había llevado a cabo actividades que no se ajustaban a sus objetivos declarados y que había omitido pagar impuestos. Observatorio Ciudadano, organización inscrita como ONG regional para la región de San Petersburgo y Leningrado, había invitado a algunos jueces de la región a realizar viajes de estudios a Suecia y Estrasburgo. En la amonestación que dirigió a la organización, el Servicio Federal de Registro afirmaba que no era legítimo que una ONG regional organizara reuniones fuera de San Petersburgo. También se refería a la mención de donantes extranjeros en las publicaciones de la organización, algo que las autoridades consideraban que constituía publicidad para los donantes y que, en consecuencia, estaba sujeto a impuestos. Boris Pustyntsev, director de Observatorio Ciudadano, manifestó a Amnistía Internacional que una representante del Servicio había dicho a su abogado lo siguiente: “Encontraremos algo. Observatorio Ciudadano no se escapará sin una amonestación”. A finales de 2007 se había retirado la amonestación, pero Boris Pustyntsev seguía esperando una decisión sobre el derecho del Servicio a exigir el acceso a la correspondencia de la organización. Amnistía Internacional ve con preocupación que se está hostigando a Observatorio Ciudadano debido a su labor en la esfera de los derechos humanos.


Voz


Voz (Golos) es una organización que centra su trabajo en la observación de elecciones, informando a la sociedad sobre los procedimientos electorales y la protección del derecho de voto y del derecho a presentarse como candidato. Voz tiene su oficina principal en Moscú y varias secciones en distintas regiones de la Federación Rusa, como Samara, donde está registrada como ONG regional para la región de Samara y como ONG interregional para el distrito federal de Volga.10La directora de ambas secciones, Ludmila Kuzmina, ha trabajado activamente en organizaciones de la sociedad civil desde la desintegración de la Unión Soviética. Durante los últimos años, Ludmila Kuzmina ha impartido cursos de formación para observadores electorales independientes, así como para observadores de distintos partidos políticos, incluidos los partidos gobernantes. También ha proporcionado asesoramiento a distintas ONG sobre cuestiones relacionadas con la acción pública y las actividades de la sociedad civil. La activista dijo a Amnistía Internacional que el 9 de mayo de 2007, antes de celebrarse la Marcha de los Disidentes, manifestación organizada por la oposición política en torno a la Cumbre Unión Europea-Rusia celebrada el 18 de mayo en la región de Samara, había hablado con los medios de comunicación acerca de las violaciones cometidas contra los derechos a la libertad de reunión y expresión de los organizadores de la marcha. El 10 de mayo la policía registró la oficina de Ludmila Kuzmina y se incautó de unos ordenadores, alegando que los programas usados en ellos no tenían licencia.11Después fue acusada formalmente en aplicación del artículo 146 del Código Pernal (violación de derechos de propiedad intelectual). El 11 de mayo unos inspectores del servicio de protección contra incendios clausuraron el edificio que albergaba la oficina de Voz, citando motivos relacionados con la prevención de incendios.


Amnistía Internacional fue informada de que el edificio permaneció cerrado desde mayo hasta septiembre, mes en que lo reabrieron por haber expirado el periodo estipulado en la orden de clausura. Durante dicho periodo no se llevó a cabo ninguna reforma del edificio.12Mientras el edificio estaba cerrado, Ludmila Kuzmina no pudo entrar en su oficina ni tuvo acceso a sus documentos.


El 14 de septiembre, Ludmila Kuzmina fue informada de que el Servicio Federal de Registro iba a llevar a cabo una inspección de las secciones regional e interregional de la ONG y de sus actividades durante el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2004 y el 20 de septiembre de 2007. Se pidió a Voz, entre otras cosas, que proporcionara información sobre todos los actos organizados por las secciones de la ONG (la sección interregional de Voz no se inscribió hasta el año 2007), sus planes económicos, gastos e ingresos. En sus informes sobre el examen, enviados los días 19 y 22 de octubre, el Servicio Federal de Registro observó que se había cometido una serie de “violaciones graves” de las leyes de la Federación Rusa y, por este motivo, solicitó a las autoridades judiciales que ordenaran el cierre de la ONG regional y la suspensión de las actividades de la ONG interregional durante un periodo de seis meses.


Entre las violaciones mencionadas por el Servicio estaban las siguientes:


  • La ONG regional debía celebrar reuniones regulares de los miembros de su junta directiva. El Servicio había sido informado de ellas pero, como no había recibido las actas de las reuniones, consideró que no se había confirmado su celebración.

  • Conforme a su estatuto, la ONG regional estaba abierta a la inscripción de nuevos miembros. El Servicio Federal de Registro consideró que el hecho de que ningún nuevo miembro se hubiera afiliado a la ONG constituía una violación de su estatuto.

  • Uno de los objetivos de la organización, expuesto en su estatuto, era presentar candidaturas a comisiones electorales. Esto no había ocurrido.

  • El nombre completo de la organización –Organización pública de la región de Samara “para la defensa de los derechos de los votantes” Golos– no aparecía en su sello.

  • No todos los recibos que se habían proporcionado eran originales.

  • La ONG interregional no tenía secciones en regiones fuera de Samara pero había impartido formación y había celebrado reuniones en otras regiones.13


De acuerdo con los informes recibidos, cuando Ludmila Kuzmina protestó por las conclusiones del Servicio Federal de Registro, éste le proporcionó una lista de siete ciudadanos que, según afirmó, se habían puesto en contacto con la sección regional de Voz en septiembre de ese año para afiliarse a la organización pero no habían recibido respuesta. Ludmila Kuzmina dijo a Amnistía Internacional que dudaba mucho de que estas quejas fueran genuinas, ya que su texto era prácticamente idéntico14y ninguna de las personas presuntamente interesadas en afiliarse a la ONG había tratado de ponerse en contacto con Voz antes.


También se enteró de que las personas que habían asistido a las sesiones de formación para observadores electorales organizadas por Golos habían sido excluidas de la participación en las elecciones de diciembre de 2007 para la Duma, el Parlamento de la Federación Rusa.


El 19 de noviembre se inició ante el Tribunal Regional de Samara una vista sobre la clausura de la ONG regional que concluyó el 21 de diciembre. El Tribunal denegó la petición para que se cerrara Voz. El 17 de enero de 2008, Ludmila Kuzmina se enteró de que el Servicio Federal de Registro había presentado una queja contra la decisión del Tribunal Regional. Está previsto que el Tribunal Supremo de la Federación Rusa vea la queja el 4 de marzo de 2008.


En lo que respecta a la ONG interregional, Ludmila Kuzmina recibió un informe sobre las conclusiones del Servicio, enviado el 19 de octubre, un viernes, pero entregado el 27 de octubre, en el que se daba a la ONG un plazo que vencía a las seis de la tarde del lunes 22 de octubre para abordar las violaciones de la ley observadas durante la inspección. El 22 de octubre, el Servicio ordenó la suspensión de las actividades de la ONG interregional durante un periodo de seis meses por no haber abordado las violaciones cometidas. Voz presentó una queja contra esta decisión, señalando que debería haberse concedido a la ONG un plazo de tiempo razonable para abordar las violaciones conforme a la ley. Según el abogado de Voz, el 4 de febrero de 2008 el Tribunal de Distrito de Samara se negó a examinar el contenido de la queja. Además, el 6 de noviembre de 2007 el Servicio envió otra carta a Ludmila Kuzmina en la que se planteaban otros motivos de preocupación relativos a las violaciones de la ley atribuidas a Voz y se daba a la ONG un mes de plazo para abordarlas. Ludmila Kuzmina rechazó estas conclusiones y señaló en una carta al Servicio que todas las violaciones de la ley identificadas durante la inspección debían enumerarse en un mismo documento. Según informes, el Servicio no ha respondido a esta carta.


Ludmila Kuzmina también dijo a Amnistía Internacional que a finales de 2007 la policía se había presentado en el edificio de apartamentos donde vive –visitas que se venían reiterando desde mayo de 2007– y había preguntado a sus vecinos si la activista regresaba a casa tarde o en estado de ebriedad. Asimismo, según se afirmó, se había dicho a los vecinos que Ludmila Kuzmina tenía vínculos con “extremistas”; al parecer, estas alegaciones –formuladas contra Kuzmina y contra otros activistas– también aparecieron en los medios de comunicación locales. Al mismo tiempo, siguen su curso las actuaciones penales contra Ludmila Kuzmina. La activista ha tenido que prometer por escrito que no abandonará la ciudad. Ludmila Kuzmina no niega que en la oficina de la organización hubiera programas de ordenadores que carecían de licencia, pero afirma que no debería habérsela acusado de ello en aplicación de leyes penales.


Presentación de informes


Conforme a la ley sobre ONG, todas las organizaciones rusas a las que se aplican sus disposiciones deben presentar informes anuales que describan detalladamente sus actividades, planes y asuntos económicos. De no presentar una organización este nuevo tipo de informe, el Servicio Federal de Registro le advertirá de que será eliminada del registro de ONG. La eliminación del registro no significa que la organización deba automáticamente interrumpir su labor, pero tiene graves repercusiones sobre sus actividades porque el hecho de estar inscrita conforme a la ley le permite existir como entidad jurídica, recibir fondos, contratar personal y representar los intereses de un grupo concreto de personas. Además, la ley establece que, de reincidir una organización en la no presentación de tales informes, el Servicio Federal de Registro podrá pedir su clausura a un tribunal.15


Después de abril de 2007, cuando se cumplió el plazo de presentación de este nuevo tipo de informe por primera vez, se ha advertido a varias ONG de que serán eliminadas del registro de ONG por no haber presentado sus informes tal como exige la ley. El Movimiento Juvenil de Derechos Humanos, junto con otras ONG rusas, ha llevado la cuenta del número de ONG amenazadas con la clausura como consecuencia de las enmiendas efectuadas a la ley. Según su estudio, a finales de agosto de 2007 unos 600 grupos regionales y locales de ocho de las regiones rusas que observaron habían sido eliminados del registro, y los medios de comunicación informaron de que en el primer semestre de 2007 el Servicio Federal de Registro había enviado 18.022 advertencias a ONG rusas y 34 a organizaciones extranjeras por no haber presentado su documentación.16


La ONG AGORA, que proporciona asesoramiento jurídico a muchas ONG acerca de la implementación de la ley y monitoriza la situación general, piensa que es posible que después de abril de 2008 el Servicio Federal de Registro solicite el cierre de un elevado número de ONG que habrán omitido presentar su informe por segunda vez.

Amnistía Internacional exhorta al Servicio Federal de Registro a que interprete su papel como el de un organismo encargado de proporcionar ayuda a las ONG para que puedan cumplir con los requisitos de la ley. Tal interpretación estaría en consonancia con la obligación que tiene la Federación Rusa de garantizar el derecho a la libertad de asociación conforme al artículo 30 de su Constitución, que establece lo siguiente:


1. Toda persona disfrutará del derecho de asociación, incluido el derecho a fundar sindicatos con el fin de proteger sus intereses. Se garantizará la libertad de las asociaciones públicas para desarrollar sus actividades.



Movimiento Juvenil de Derechos Humanos


En agosto de 2007, los miembros de la ONG internacional Movimiento Juvenil de Derechos Humanos (Molodezhnoe Pravozashchitnoe Dvizhenie) se enteraron de que dos meses antes un tribunal de distrito de la ciudad de Nizhnii Novgorod había ordenado que se eliminara a su organización del registro de ONG del Servicio Federal de Registro. Se les dijo que el motivo de la orden era que no habían presentado informes sobre las actividades de la ONG a la sección regional del Servicio. Según los miembros del Movimiento, la sección regional del Servicio había afirmado que, en consecuencia, la organización estaba inactiva y debía ser eliminada del registro. La información sobre las actuaciones judiciales iniciadas contra la ONG había sido enviada a una dirección de la que se había mudado tres años antes, de modo que sus representantes no estaban enterados de la amenaza de eliminarla del registro. Durante este periodo, la ONG, que había sido una organización interregional, se había reinscrito como organización internacional, por lo cual tenía la obligación de presentar documentos a la oficina federal del Servicio Federal de Registro. Como la orden de cerrar la ONG fue dictada in absentia, la organización solicitó al tribunal que prorrogara el periodo de apelación, ya que había cumplido con la ley al proporcionar todos los documentos necesarios sobre sus numerosas actividades a la oficina federal del Servicio en Moscú. En septiembre de 2007, tras una campaña internacional de solidaridad organizada por el Movimiento, el Servicio Federal de Registro de la región de Nizhnii Novgorod escribió a los miembros para informarles de que nunca había habido objeciones respecto de la ONG internacional y que solamente se habían iniciado actuaciones con miras a la clausura de la ONG interregional. El Movimiento Juvenil de Derechos Humanos cree que el propio Servicio Federal de Registro se hallaba confundido con respecto a cuál era la organización que estaba intentando cerrar. Según el Movimiento, en noviembre el Servicio Federal de Registro anuló las actuaciones iniciadas con el fin de cerrar la ONG.17


Dilaciones en la reforma de la ley


En julio de 2006, Amnistía Internacional instó al presidente Putin a enmendar la ley sobre ONG lo antes posible en lugar de esperar que se confirmara lo que ha resultado patente desde el principio: que su redacción es vaga, lo cual deja la puerta abierta para interpretaciones arbitrarias, y que tiene un efecto paralizante sobre la sociedad civil rusa.18


El Consejo Presidencial para el Desarrollo de las Instituciones de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, presidido por Ella Pamfilova, llevó a cabo consultas y tareas de observación en todo el territorio de la Federación Rusa con el fin de determinar los efectos de esta ley sobre la sociedad civil y las ONG. Institutos de investigación como la Escuela Superior de Ciencias Económicas de Moscú y varias ONG publicaron informes en los que se ponían de relieve las deficiencias de que adolecía la nueva ley y los problemas resultantes de ellas. En abril de 2007, durante una reunión del Consejo de Europa en Estrasburgo, Ella Pamfilova destacó tres áreas que hacía falta abordar: modificar el sistema de inscripción de ONG a fin de que se tratara a éstas de la misma manera que a otras entidades jurídicas, establecer las obligaciones de las ONG en materia de presentación de informes con un grado mucho mayor de claridad y asegurar que la monitorización del cumplimiento de la ley por parte de las ONG no constituyera presión indebida.


Según informes, en mayo de 2007 el Consejo Presidencial presentó al gobierno de la Federación Rusa una serie de sugerencias sobre enmiendas a la ley y a la normativa de aplicación con miras a resolver los problemas existentes. Durante los meses siguientes, estas sugerencias se plasmaron en proyectos de enmienda que se presentarían a la Duma. Tanto Ella Pamfilova como ONG rusas y representantes de la sociedad civil han instado reiteradamente a las autoridades a que aborden la cuestión y estudien la posibilidad de efectuar enmiendas sustanciales a la ley o redacten una nueva ley, ya que la versión actual no cumple con su objetivo expreso.


No obstante, parece que el proceso de debate y posible enmienda se ha interrumpido debido a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2007 y que podría verse retrasado aún más hasta después de las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2008.


Uso de leyes relativas al “extremismo” para reprimir la libertad de expresión

Algunos defensores de los derechos humanos y ONG han sido hostigados en aplicación de leyes relativas al “extremismo”, lo cual ha obstaculizado gravemente su capacidad para ejercitar el derecho a la libertad de expresión y asociación.

La Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas, de 2002


La Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas19es una normativa federal promulgada el 25 de julio de 2002. La Ley define las actividades, las organizaciones y los materiales de carácter extremista.


Las actividades extremistas se definían originalmente en esta ley como, entre otras, las actividades de asociaciones públicas o religiosas u otras organizaciones, medios de comunicación o personas en el contexto de la planificación, organización y ejecución de actos dirigidos a: provocar por la fuerza cambios en los fundamentos de la estructura constitucional y violar la integridad de la Federación Rusa; socavar la seguridad de la Federación Rusa; hacerse con la autoridad o usurparla; crear unidades armadas ilegales; llevar a cabo operaciones terroristas; menoscabar la dignidad nacional; incitar a la discordia racial, étnica o religiosa, así como a la discordia social, en relación con la violencia o la incitación a la violencia; llevar a cabo disturbios masivos, actos de incivilidad o actos de vandalismo por motivos de odio ideológico, político, racial, étnico o religioso y hostilidad hacia cualquier grupo social; y defender la idea de la exclusividad, superioridad o inferioridad de ciudadanos en razón de su filiación religiosa, social, racial, étnica o lingüística, o hacer propaganda de dicha idea (artículo 1).


La ley también definía “materiales extremistas” como, entre otros, documentos impresos en los que se exhortaba a llevar a cabo actividades extremistas o se las justificaba o se exponían los motivos por los cuales se las consideraba necesarias (artículo 1), y “organización extremista” como una organización cuyo cierre había sido ordenado por un tribunal sobre la base de que había llevado a cabo actividades extremistas.


A la luz de las disposiciones de esta ley se enmendaron otras leyes como las siguientes:

  • la ley federal sobre medios de comunicación (enmienda al artículo 16, de modo que en adelante se podía cerrar un medio de comunicación de masas por los motivos establecidos en la ley sobre el extremismo);

  • la ley federal sobre asociaciones públicas (enmiendas a varios artículos, entre ellos el artículo 42, de modo que en adelante se podía cerrar una asociación pública por llevar a cabo actividades extremistas, conforme a la ley sobre el extremismo y por los motivos expuestos en ella);

  • la ley federal sobre sindicatos, sus derechos y las garantías para sus actividades (enmienda al artículo 4, de modo que en adelante se podía cerrar un sindicato conforme a la ley sobre el extremismo y por los motivos expuestos en ella);

  • el artículo 280 del Código Penal de la Federación Rusa, que anteriormente trataba “los llamamientos públicos en favor del derrocamiento violento del orden constitucional”, que fueron sustituidos por “los llamamientos públicos en favor de llevar a cabo actividades extremistas”;

  • el Código Penal de la Federación Rusa (al que se añadieron dos artículos, los artículos 282.1 y 282.2, sobre la organización de una sociedad extremista y de sus actividades);

  • la ley federal sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas;

  • la ley federal sobre partidos políticos.


La ley de 2006 sobre las ONG también contiene disposiciones relacionadas con el “extremismo”. En primer lugar, no es posible inscribir en el registro a una asociación pública si ésta es de carácter “extremista” conforme a la definición establecida en la ley sobre el extremismo. En segundo lugar, ninguna persona declarada culpable del delito común de “extremismo” puede ser directora o integrante de una ONG.


Tras su promulgación, la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas fue criticada enérgicamente por grupos de derechos humanos que afirmaron que su definición sumamente amplia y subjetiva del concepto de “extremismo” podía utilizarse para intimidar a las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones públicas y para restringir y castigar sus actividades. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también concluyó, en noviembre de 2003, que la ley era “demasiado vaga para proteger a los particulares y a las asociaciones de su aplicación arbitraria”.20


La Ley fue enmendada en 2006 para ampliar aún más la definición de “extremismo”, pero en 2007 sufrió nuevas enmiendas que eliminaban algunas de las disposiciones más problemáticas, aunque su amplitud seguía siendo inaceptable (véase infra). Amnistía Internacional ve con preocupación que la excesiva amplitud de la definición de “extremismo” ha restringido el derecho a la libertad de expresión y de asociación.


Preocupa a Amnistía Internacional que en al menos un caso se haya denegado indebidamente la inscripción a una organización, posiblemente en aplicación de la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas.


Denegación de la inscripción a Casa Arco Iris, ONG de activistas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero


Amnistía Internacional ve con preocupación que la ley sobre ONG, en conjunción, posiblemente, con la ley sobre el extremismo, se ha utilizado para impedir la inscripción de la ONG Casa Arco Iris (Raduzhnii Dom), organización de activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero de Tiumen, Siberia. El Servicio Federal de Registro se ha negado reiteradamente a tramitar la inscripción de esta organización en el registro de ONG. La ausencia de inscripción supone un grave obstáculo para las actividades de la organización, incluidos el diálogo y la cooperación con otras ONG y con organismos estatales, y significa que la organización ni siquiera puede abrir una cuenta bancaria.


En diciembre de 2006, la sección regional del Servicio Federal de Registro de Tiumen resolvió que la Carta de Casa Arco Iris incluía actividades que constituían propaganda de una orientación sexual no tradicional que equivalían a “actividades extremistas” y que ello era un motivo para no inscribirla en el registro. Al parecer, el Servicio también argumentó que los objetivos de la organización estaban reñidos con los valores espirituales de la sociedad rusa y estaban encaminados a reducir la población del país, por lo cual se los consideraba una amenaza para la seguridad del Estado.21


Casa Arco Iris presentó una queja a la oficina federal del Servicio Federal de Registro en Moscú en relación con la primera decisión de la oficina de Tiumen y, en especial, la mención de “actividades extremistas”. La oficina de Moscú dijo que tales decisiones entraban dentro de la competencia de la oficina de Tiumen, pero no abordó la queja sobre la mención de “actividades extremistas”. Casa Arco Iris acudió a los tribunales para presentar demandas contra la oficina del Servicio en Moscú así como contra la oficina del Servicio en Tiumen, cuestionando la autoridad del Servicio para afirmar que una ONG intentaba emprender actividades extremistas sin que mediaran actuaciones judiciales ni se ofreciera una explicación de su decisión.


Según información recibida por los representantes letrados de Casa Arco Iris, en abril de 2007 se denegó otra vez la inscripción a la ONG tras una nueva solicitud presentada en la oficina de Tiumen. La segunda negativa se basó en que, según el Servicio Federal de Registro, la Carta de la organización no se ajustaba a los requisitos legales y, además, su documentación adolecía de algunas irregularidades. En noviembre de 2007, el tribunal de Tiumen se negó a ver la demanda porque la segunda negativa de la oficina del Servicio Federal de Registro de Tiumen ya no contenía la afirmación de que la ONG planeaba llevar a cabo “actividades extremistas”. El tribunal también resolvió que la negativa a inscribir a la organización no violaba el derecho a la libertad de asociación garantizado en la Constitución rusa, ya que los fundadores de Casa Arco Iris podían seguir desarrollando actividades aunque su organización no estuviera inscrita como entidad jurídica.


Según la Carta de Casa Arco Iris, proporcionada por la ONG a Amnistía Internacional, los objetivos de la organización son los siguientes:


1. Defender las libertades y derechos humanos universales de la ciudadanía, con independencia de su orientación sexual, sobre la base de los principios enunciados en las disposiciones legislativas de la Federación Rusa.

2. Combatir la discriminación a la que se somete a las personas debido a su orientación sexual, conforme a le legislación vigente en la Federación Rusa.

3. Fomentar el desarrollo de la conciencia de la propia identidad de los ciudadanos, con independencia de su identidad sexual, como miembros plenamente aceptados de la sociedad que disfrutan de los mismos derechos que los demás, basados en los principios enunciados en las disposiciones legislativas de la Federación Rusa.


En opinión de Amnistía Internacional, no hay nada en la Carta de la organización que apunte a opiniones “extremistas” o que pueda interpretarse como una amenaza a la seguridad del Estado.

El artículo 282 del Código Penal de la Federación Rusa


El artículo 282 del Código Penal de la Federación Rusa introduce el siguiente delito:



Incitación al Odio o a la Animadversión, así como al Menoscabo de la Dignidad Humana


1. Los actos dirigidos a incitar al odio o a la animadversión, así como al menoscabo de la dignidad de una persona o de un grupo de personas en razón de su sexo, raza, nacionalidad, idioma, origen, actitud hacia la religión o afiliación a cualquier grupo social, cuando dichos actos hayan sido cometidos en público o a través de los medios de comunicación de masas, serán castigados con una multa de 100.000 a 300.000 rublos, o con una suma equivalente al sueldo o remuneración o a cualesquiera otros ingresos percibidos por la persona condenada durante un periodo de uno a dos años, o con la privación del ejercicio del derecho a ocupar determinados cargos o a llevar a cabo determinadas actividades durante un periodo de hasta tres años, o con un periodo de hasta 180 horas de servicio comunitario obligatorio, o con un periodo de hasta un año de servicio comunitario correctivo, o con la privación de libertad durante un periodo de hasta dos años.


2. Los mismos actos, cuando se cometan:

a) mediante el uso de la violencia o con la amenaza de usarla;

b) por una persona en el desempeño de un cargo oficial;

c) por un grupo organizado,


serán castigados con una multa de 100.000 a 500.000 rublos, o con una suma equivalente al sueldo o remuneración o a cualesquiera otros ingresos percibidos por la persona condenada durante un periodo de uno a tres años, o con la privación del ejercicio del derecho a ocupar determinados cargos o a llevar a cabo determinadas actividades durante un periodo de hasta cinco años, o con un periodo de 120 a 240 horas de servicio comunitario obligatorio, o con un periodo de uno a dos años de servicio comunitario correctivo, o con la privación de libertad durante un periodo de hasta cinco años.22


Las enmiendas efectuadas en 2007 (véase infra) establecen que el delito tipificado en este artículo debe considerarse de carácter “extremista”. De hecho, parece que antes de las enmiendas de 2007 las autoridades ya consideraban que se trataba de un delito de “extremismo”. El artículo 282 es uno de los artículos mencionados en la enumeración de actos de carácter “extremista” que se hace en el artículo 282.1, y aparece en la sección del Código Penal de la Federación Rusa que trata de los delitos contra los fundamentos del orden constitucional y la seguridad del Estado; además, la definición de “incitación” en él enunciada es prácticamente idéntica a la que se establece en la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas.


Amnistía Internacional ve con preocupación que se han incoado juicios en aplicación del artículo 282 con el fin de reprimir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.23


Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena


Han preocupado a Amnistía Internacional las medidas drásticas tomadas contra la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena (Obshchestvo Rossisko-Chechenskoi Druzhby), organización que recoge y distribuye información sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia y en otras partes de la Federación Rusa. La Sociedad fue cerrada en octubre de 2006 cuando un tribunal falló que su director, Stanislav Dmitrievskii, era culpable de incitar a la animadversión racial y étnica (en aplicación del apartado 2 del artículo 282 del Código Penal).24


El 3 de febrero de 2006, Stanislav Dmitrievskii había sido condenado por publicar artículos de líderes separatistas chechenos en el periódico Pravozashchita.25 Un tribunal de distrito de Nizhnii Novgorod le había impuesto una pena de dos años suspendida durante un periodo de libertad condicional de cuatro años. Durante este periodo de cuatro años, Stanislav Dmitrievskii tiene que informar a las autoridades de cualquier cambio de residencia o planes de viaje, y debe presentarse regularmente ante las autoridades locales. Si incumple estas condiciones o si se lo declara culpable de cualquier otro delito, puede ser encarcelado durante dos años. Además, tras ser condenado Stanislav Dmitrievskii por una infracción del Código Administrativo de la Federación Rusa relacionada con su asistencia a una manifestación celebrada en abril de 2007 en Moscú, el Servicio Federal para la Implementación de las Penas apeló ante un tribunal de Nizhnii Novgorod para que cambiara las condiciones del periodo de libertad condicional concedido a Stanislav Dmitrievskii. Por consiguiente, cualquier infracción del Código Administrativo podría haber dado lugar a que se decidiera encarcelarlo. En febrero de 2008, el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Federal para la Implementación de las Penas no había tenido éxito.


La decisión de cerrar la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena fue confirmada por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa en enero de 2007. Tras la vista celebrada por el Tribunal Supremo, Stanislav Dmitrievskii dijo a Amnistía Internacional que la Sociedad procuraría obtener justicia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.


Amnistía Internacional, junto con muchas organizaciones de derechos humanos rusas e internacionales y numerosos expertos en derechos humanos, consideró que la alegación de que los textos publicados en Pravozashchita incitaban al odio o la animadversión racial no tenía fundamento. Amnistía Internacional considera que, de ser encarcelado por estos cargos, Stanislav Dmitrievskii sería un preso de conciencia. A juicio de la organización, Stanislav Dmitrievskii ha sido condenado injustamente, sólo por ejercitar su derecho a la libertad de expresión.26Por consiguiente, Amnistía Internacional considera que no debería haberse clausurado la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena.


Para salvar a la ONG del cierre, los compañeros de Stanislav Dmitrievskii habrían tenido que separarlo del cargo y condenar públicamente sus opiniones, algo que se negaron a hacer. Varios miembros de la ONG fundaron nuevas organizaciones, como la Fundación de Nizhnii Novgorod para el Apoyo a la Tolerancia y la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena en Finlandia.


Antes de su clausura, distintas autoridades habían sometido a la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena a numerosas inspecciones de una manera que constituía hostigamiento administrativo. En 2005, en dos ocasiones se la sometió a una inspección fiscal; los inspectores ordenaron el cierre de sus cuentas bancarias al mismo tiempo que la fiscalía llevaba a cabo su investigación sobre Stanislav Dmitrievskii. Ese mismo año se distribuyeron volantes que contenían amenazas en los barrios en que vivían Stanislav Dmitrievskii y Oksana Chelysheva.27



Museo y Centro Público Andrei Sajarov


En marzo de 2007, el Museo y Centro Público Andrei Sajarov organizó una exposición llamada “Arte Prohibido 2006” en la que se exhibían obras rechazadas el año anterior por otros museos y galerías de arte. Algunas de las obras representaban pinturas religiosas combinadas con caricaturas. Varias organizaciones y personas, entre ellas miembros de la Duma, protestaron por la exposición e instaron a que se castigara a sus organizadores, calificando al museo de “pozo negro”. En mayo de 2007, un fiscal de distrito de Moscú inició una investigación criminal sobre los organizadores de la exposición por incitar al odio o la animadversión contra un grupo religioso o étnico (en aplicación del apartado 1 del artículo 282 del Código Penal). A finales de noviembre de 2007, el fiscal de distrito interrogó al comisario de la exposición, Andrei Yerofeev; en diciembre, el director del museo, Yuri Samodurov, recibió una carta del fiscal de distrito en la que éste le pedía información sobre Andrei Yerofeev, su contrato de trabajo y el proceso de planificación de la exposición. El 18 de enero de 2008, la policía registró el museo y se incautó de documentos relacionados con la exposición.


En febrero de 2008 no se habían tomado más medidas contra los organizadores de esta exposición, pero preocupa a Amnistía Internacional que el museo, el centro público y su director puedan ser objeto de hostigamiento no sólo por organizar una exposición, ejercitando el derecho a la libertad de expresión, sino además por que el museo ofrece un espacio para el debate sobre diversos temas, entre ellos los derechos humanos. Ya en 2005 Yuri Samodurov y la conservadora del museo, Ludmila Vasilovskaia, habían sido declarados culpables de violaciones del apartado 2 del artículo 282 del Código Penal y se les habían impuesto sendas multas de 100.000 rublos.28Los cargos –“llevar a cabo en público una acción dirigida a incitar a la animadversión y menoscabar la dignidad de un grupo de personas debido a su nacionalidad o filiación religiosa”– se relacionaban con una exposición organizada por el museo en el año 2003 con el título “¡Cuidado: religión!”. Amnistía Internacional no considera que las obras de arte expuestas incitaran a la animadversión y, de ser encarcelados, habría considerado que Yuri Samodurov y Ludmila Vasilovskaia eran presos de conciencia.29





Enmiendas a la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas


Las enmiendas efectuadas en 2006 a la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas ampliaron aún más la definición de “extremismo”.30Los proponentes de las enmiendas las presentaron como medidas encaminadas a abordar el “extremismo” y la xenofobia, pero de hecho las enmiendas, en opinión de varios analistas, desdibujaban la distinción entre el debate político, la expresión de puntos de vista discrepantes y la expresión de opiniones extremistas. Las nuevas enmiendas, promulgadas el 27 de julio de 2006, incluían en la definición de “extremismo” los siguientes actos:

  • actividades emprendidas por personas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas u otras organizaciones o medios de comunicación que tengan la finalidad de difamar a funcionarios del Estado en el desempeño de sus obligaciones, cuando la difamación incluya la acusación de que dicho funcionario o funcionaria ha cometido un acto extremista y cuando la circunstancia de la difamación haya sido establecida por un tribunal;

  • actividades encaminadas a usar la violencia o amenazar con su uso contra un funcionario o una funcionaria del Estado durante el desempeño de sus obligaciones;

  • llamamientos públicos para que se lleven a cabo actividades extremistas y distribución de materiales que contengan tales llamamientos o que contengan justificaciones de las actividades extremistas.


En julio de 2007 se introdujeron nuevas enmiendas a las leyes relativas al “extremismo”, entre ellas la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas, normativa federal de 2002.31Las enmiendas de 2007 modificaron una vez más la definición de “extremismo”. Se amplió la definición para incluir el “el odio o la animadversión ideológica, política, racial, étnica o religiosa” y “el odio o la animadversión hacia cualquier grupo social” como motivaciones “extremistas”. Esta definición también se aplicó al Código Penal en relación con los crímenes de odio.32Las enmiendas de 2007 restringieron la definición en otros aspectos; por ejemplo, eliminaron algunos de los elementos excesivamente amplios incorporados en 2006, como el elemento de justificación del “extremismo”.


La ley no penaliza el mero hecho de tener opiniones extremistas. Por ejemplo, en algunos casos se ha condenado por incitación al odio o a la animadversión al responsable de la publicación de un texto pero no al autor de éste. Actualmente, el Código Administrativo prohíbe la distribución masiva de una publicación cuyo contenido se considere “extremista”, pero esta prohibición no significa necesariamente que quienes hayan escrito o publicado el texto incurran en responsabilidad penal. Las sanciones que se imponen por la distribución de este tipo de textos varían según quién lo haya distribuido: a los ciudadanos que hayan actuado a título individual se les puede imponer una multa de entre 1.000 y 3.000 rublos o una pena de hasta 15 días de detención por vía administrativa; a las funcionarios del Estado se les puede imponer una multa de entre 2.000 y 5.000 rublos; y a las entidades jurídicas se les puede imponer una multa o pueden suspenderse sus actividades durante un periodo de hasta 90 días. En todos los casos, las autoridades pueden incautarse de materiales “extremistas”.


Amnistía Internacional sigue viendo con preocupación que las amplias disposiciones de esta ley, tal como queda redactada en 2007, podrían aplicarse de una manera arbitraria, y le preocupa también el hecho de que su existencia tenga un efecto represivo sobre la libertad de expresión en la Federación Rusa.



Otras formas de hostigamiento e intimidación


Centro de Protección Internacional


El Centro de Protección Internacional (Tsentr sodeistvia mezhdunarodnoi zashchite), organización de derechos humanos que proporciona apoyo y asesoramiento jurídico a personas que presentan peticiones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene como directora a la abogada Karinna Moskalenko, que también es integrante del equipo letrado del ex director de la empresa petrolera Yukos, Mikhail Khodorkovskii. Desde 2004 –ya antes de entrar en vigor las enmiendas a la ley sobre ONG– el Centro ha recibido numerosas visitas de inspectores fiscales y de representantes del Servicio Federal de registro y de la Fiscalía General. Karinna Moskalenko dijo a Amnistía Internacional que tanto ella como sus compañeros dedican gran parte de su tiempo a presentar documentación a las distintas autoridades que realizan investigaciones o inspecciones del trabajo de la ONG. Amnistía Internacional considera que la selección de esta ONG como objeto de reiteradas inspecciones podría ser consecuencia del papel desempeñado por Karinna Moskalenko como miembro del equipo letrado de Mikhail Khodorkovskii.


Cuando Karinna Moskalenko y otros miembros del equipo letrado de Mikhail Khodorkovskii se trasladaron a Chita, en Siberia oriental, en febrero de 2007 para entrevistarse con su cliente, se les ordenó reunirse con representantes de la Fiscalía General en la oficina del director administrativo de los centros de detención preventiva conocidos como SIZO. Según informes, se presionó a los abogados para que firmaran documentos relacionados con el intercambio de información sobre el caso. Al negarse todos ellos a hacerlo, se los obligó a firmar una declaración en la que confirmaban su negativa a firmar los documentos como condición de permitirles abandonar la oficina. El 7 de febrero se amenazó a Karinna Moskalenko con sacarla del vuelo de regreso a Moscú si no firmaba un documento en el que afirmaba que no revelaría ningún detalle de una causa penal concreta iniciada contra su cliente, de cuya existencia ni siquiera tenía conocimiento.


En mayo de 2007, la Fiscalía General inició un procedimiento de queja contra Karinna Moskalenko ante el Colegio de Abogados de Moscú, acusándola de no haber representado a Mikhail Khodorkovskii con la diligencia debida y solicitando su inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. En junio el Colegio de Abogados desestimó la queja, ya que no pudo encontrar en la conducta de la abogada ningún elemento que justificara la adopción de medidas disciplinarias.


En enero de 2007 la directora de la ONG rusa Fundación de Medios Educados (antes Internews Rusia),33Manana Aslamazian, fue interceptada en la aduana del aeropuerto Sheremetevo, de Moscú. Manana Aslamazian no había declarado una suma de dinero que llevaba consigo en su retorno a Rusia de un viaje privado a París. Conforme a la legislación rusa, el límite máximo de dinero que una persona puede llevar consigo al entrar al país es el equivalente a 10.000 dólares estadounidenses; Manana Aslamazian llevaba 9.950 euros y 5.000 rublos.


Manana Aslamazian admitió su error y declaró que se había confundido respecto del límite permitido. Señaló que llevaba el dinero a título personal y no en calidad de directora de una ONG.


Se iniciaron actuaciones penales en su contra y, pese a que las autoridades todavía no habían presentado pruebas sobre la presunta finalidad del dinero, la policía de la Dirección de Delitos Económicos registró la oficina de la ONG en abril de 2007 y se incautó de ordenadores, archivos y material de formación, y en mayo se cerraron las cuentas bancarias de la Fundación. En consecuencia, la ONG se vio obligada a cerrar su oficina, ya que ni el personal ni los estudiantes podían seguir adelante con su trabajo sin los documentos y materiales necesarios. En junio de 2007, se informó al abogado de Manana Aslamazian que ésta había sido acusada formalmente de contrabando en aplicación del artículo 188 del Código Penal. Manana Aslamazian pidió que se le permitiera familiarizarse con las acusaciones mientras se hallaba en el extranjero. El comité de investigación denegó su petición e insistió en que debía regresar a la Federación Rusa, tras lo cual el comité entregaría el expediente a los tribunales.


De acuerdo con los informes, durante una reunión celebrada por unos periodistas con el presidente Putin a finales de agosto de 2007, el presidente afirmó, en relación con la Fundación de Medios Educados, que una fundación financiada con fondos extranjeros no podía enseñar nada bueno a los periodistas rusos. Según los informes, el presidente también manifestó que, si bien Manana Aslamazian no podía ser eximida de responsabilidad administrativa, no debía confundirse un error con un delito.34


Al menos 1.000 periodistas rusos, muchos de los cuales habían recibido formación impartida por Internews y la Fundación de Medios Educados, firmaron una carta al presidente Putin en la que expresaban su preocupación por el hostigamiento de una ONG que había proporcionado formación profesional a periodistas.


En julio de 2007, el consejo fundador de la Fundación de Medios Educados decidió cerrar la organización.


Periodistas en el punto de mira

La investigación del asesinato de Anna Politkovskaya


El asesinato de la periodista y defensora de los derechos humanos Anna Politkovskaya, cometido en octubre de 2006, conmocionó a la comunidad periodística y al colectivo de defensores de los derechos humanos. Amnistía Internacional cree que lo más probable es que Anna Politkovskaya haya sido asesinada debido a su labor como periodista de investigación, y en especial debido a sus investigaciones sobre los abusos cometidos en la República de Chechenia.


Anna Politkovskaya sabía que estaba amenazada. Anteriormente ya la habían agredido en varias ocasiones, como cuando trató de trasladarse a la ciudad de Beslán, en Osetia del Norte, donde más de 1.000 menores de edad, progenitores y docentes habían sido tomado como rehenes en septiembre de 2004. La periodista se enfermó en el vuelo a Rostov del Don, camino a Beslán, y tuvo que recibir tratamiento de urgencia en un hospital, donde le dijeron que los médicos sospechaban que había sido envenenada. Los médicos no pudieron ofrecer una explicación oficial de su repentino quebrantamiento de salud. Según los informes, la salud de la periodista siguió sufriendo los efectos de este incidente.


En junio de ese mismo año, Anna Politkovskaya había entrevistado al entonces primer ministro checheno Ramzan Kadyrov. Posteriormente, la periodista había manifestado que el primer ministro le había advertido de que su vida podía correr peligro si continuaba informando sobre la situación imperante en Chechenia.


Después del asesinato, ocurrido en Moscú el 7 de octubre de 2006, el fiscal general tomó las riendas de la investigación por tratarse de un caso de suma importancia. En agosto de 2007 la Fiscalía General informó a los medios de comunicación de la detención de varios sospechosos. En octubre de 2007, en torno al aniversario de la muerte de Anna Politkovskaya, se anunció que se habían dictado cargos contra nueve de las personas detenidas. A principios de 2008 no se había hecho público ningún otro detalle del caso.


La muerte del periodista Ivan Safronov


Cuando el periodista de investigación Ivan Safronov fue encontrado sin vida junto al edificio de apartamentos donde residía, el 2 de marzo de 2007, la fiscalía concluyó inicialmente que se había tratado de un suicidio. Ni sus compañeros ni sus familiares quedaron satisfechos con esta explicación. Finalmente se inició una investigación sobre el delito de empujar a una persona al suicidio, en aplicación del artículo 110 del Código Penal. El 12 de septiembre de 2007, la fiscalía de Moscú archivó el caso, manifestando que todas las pruebas apuntaban a que se había tratado de un suicidio. Los compañeros de Ivan Safronov y activistas de ONG dedicados a la protección de la libertad de prensa no quedaron satisfechos con la investigación y afirmaron que se había omitido interrogar a funcionarios de los organismos gubernamentales relacionados con la investigación que había llevado a cabo Ivan Safronov. El periodista había escrito artículos sobre negocios de armas para el periódico ruso Kommersant; poco antes de su muerte había investigado una importante transacción entre Rusia y Siria.


Restricciones a la libertad de expresión de los medios de comunicación

Durante los últimos años, varias organizaciones rusas e internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos y la libertad de prensa han afirmado que en la Federación Rusa los medios de comunicación tienen cada vez menos libertad. El espacio para el periodismo independiente se ha vuelto cada vez más limitado, ya que varias leyes han impuesto una serie de restricciones que podrían violar el derecho de los periodistas a desempeñar su labor profesional y podrían constituir, en algunos casos, una violación del derecho a la libertad de expresión.

Durante el último año se han iniciado numerosas investigaciones sobre las actividades de periodistas en relación con alegaciones de que han cometido delitos como incitación al odio o a la animadversión, o libelo o difamación de funcionarios del Estado. En la mayoría de los casos la investigación no ha dado lugar a la apertura de un causa penal. No obstante, el frecuente riesgo de incurrir en responsabilidad penal puede tener un efecto paralizante sobre los medios de comunicación. Amnistía Internacional reconoce que las autoridades tienen la obligación de proteger a la ciudadanía del odio y de la discriminación, la hostilidad y la violencia que éste engendra. Sin embargo, los Estados también tienen el deber de proteger el derecho a la libertad de expresión, y las leyes que limitan este derecho no deben utilizarse para reprimir opiniones discrepantes o restringir la labor de los medios de comunicación.

Por ejemplo, las enmiendas efectuadas a la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas han afectado a los medios de comunicación rusos. A la emisora de radio Ekho Moskvy se le pidió en varias ocasiones que proporcionara a la fiscalía transcripciones de sus programas en relación con las investigaciones preliminares sobre la alegación de que la emisora había difundido opiniones extremistas. Así ocurrió, por ejemplo, tras la emisión de un programa en el que se entrevistaba a Eduard Limonov, líder del ahora proscrito Partido Nacional Bolchevique. La entrevista se llevó a cabo en fechas en las que todavía no había entrado en vigor la proscripción de su partido. También se pidió a Ekho Moskvy que proporcionara transcripciones de entrevistas realizadas al político de oposición Garry Kasparov. Aunque estas solicitudes de información no dieron lugar a otras medidas contra la emisora, periodistas de Ekho Moskvy dijeron a Amnistía Internacional que consideraban que la manera en que la fiscalía había pedido oficialmente las transcripciones había obedecido a la intención de intimidar a la emisora, ya que el texto de todos los programas estaba disponible en Internet.



Libertad de reunión


Durante 2006 y 2007, la policía rusa, incluidas sus unidades especiales (OMON), ha usado la fuerza con frecuencia para dispersar manifestaciones, concentraciones, piquetes y reuniones. Amnistía Internacional ve con preocupación que en varias ocasiones el uso de la fuerza parece haber sido no provocado o excesivo, y que decenas de personas han sido golpeadas y detenidas arbitrariamente. Muchas de las personas que han participado en estos actos han sido luego condenadas por violaciones del Código Administrativo de la Federación Rusa en actuaciones que parecen no haberse ajustado a las normas internacionales de imparcialidad procesal. Estos casos de uso de la fuerza se han observado principalmente, pero no de forma exclusiva, durante las llamadas “Marchas de los Disidentes” celebradas en varias ciudades rusas como San Petersburgo, Nizhnii Novgorod y Moscú, donde se ha impedido que grupos de oposición y activistas de la sociedad civil expresen su desacuerdo en manifestaciones y reuniones pacíficas. En varias ocasiones, las autoridades han prohibido estas marchas o han declarado que no estaban autorizadas. También han usado métodos cuestionables para impedir que las personas asistieran a dichas reuniones, por ejemplo sacándolas de trenes o deteniéndolas.

Amnistía Internacional reconoce que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen la obligación de mantener el orden público durante concentraciones y reuniones públicas, lo cual incluye proteger los derechos y la seguridad tanto de las personas que participan en la reunión como de quienes pueden verse afectados por ella. No obstante, las órdenes que se impartan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre el terreno deben establecer claramente que su tarea es hacer posible el ejercicio del derecho a la reunión pacífica en lugar de obstaculizarlo. La tarea de la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en ocasiones como la celebración de manifestaciones y piquetes consiste en poner freno a la propagación de la violencia con medios proporcionados. Sólo deberá usarse la fuerza cuando ello sea estrictamente necesario, conforme a las necesidades de protección del orden público o de la seguridad nacional o para impedir la comisión de un delito. Cuando las autoridades consideren que es necesario dispersar una multitud, deben usarse en primer lugar otros medios no violentos.

La ley sobre el derecho a la libertad de reunión


Preocupa a Amnistía Internacional que algunas de las medidas adoptadas por las autoridades rusas en relación con la celebración de manifestaciones y reuniones parecen haber constituido violaciones de las disposiciones de la legislación rusa y del derecho internacional que protegen el derecho a la libertad de reunión. Entre dichas disposiciones están el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La Federación Rusa ha ratificado ambos tratados. En el artículo 11 del Convenio Europeo se establece lo siguiente:


Artículo 11. Libertad de reunión y de asociación.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.


En relación con el artículo 1 del Convenio Europeo, que obliga a los Estados miembros del Consejo de Europa a reconocer “a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades” en él definidos, el deber de proteger el derecho a la libertad de reunión impone a los Estados obligaciones de carácter positivo que van más allá de la mera no injerencia en relación con piquetes, manifestaciones y reuniones públicas y situaciones semejantes. El Estado tiene la obligación de hacer posibles las circunstancias necesarias para el pleno disfrute del derecho a la libertad de reunión.35


Conforme a estas obligaciones internacionales, la Federación Rusa ha incorporado disposiciones sobre la protección del derecho a la libertad de reunión en su Constitución y en otras leyes federales.





El artículo 31 de la Constitución de la Federación Rusa establece lo siguiente:


Los ciudadanos de la Federación Rusa tendrán derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, y a participar en concentraciones, reuniones y manifestaciones, marchas y piquetes.


El derecho constitucional a la libertad de reunión se rige también por la ley federal rusa sobre concentraciones, reuniones, manifestaciones, procesiones y piquetes (Ley sobre Reuniones Públicas) y por otras leyes como el Código Penal y el Código Administrativo de la Federación Rusa. Conforme a la Ley sobre Reuniones Públicas, los organizadores de cualquier acto al que se aplique la definición de la Ley (con la excepción de piquetes llevados a cabo por una sola persona) deben comunicar por escrito su intención a las autoridades pertinentes en un plazo no mayor de 15 días y no menor de 10 días antes del acto planeado (artículo 7, apartado 1). La notificación debe contener información sobre la finalidad de la reunión, la forma que adoptará (por ejemplo, concentración o piquete), el lugar o la ruta, la fecha, la hora prevista para el comienzo y el fin del acto, el número de asistentes previsto y un plan que establezca de qué manera se salvaguardarán el orden público y la seguridad (artículo 7, apartado 3). Si consideran que la finalidad o modalidad de la reunión podría violar la Constitución u otras leyes, las autoridades deben informar de ello a los organizadores y advertirles por escrito de que cualquier violación que se pueda cometer podría tener consecuencias de orden jurídico (artículo 12, apartado 2). El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley sobre Reuniones Públicas se considerará una violación del Código Administrativo.

Conforme al Código Penal, todo funcionario del Estado que impida u obstaculice la realización de una concentración, reunión, manifestación, procesión o piquete puede ser condenado a hasta tres años de cárcel.


Según informes, durante varias manifestaciones celebradas recientemente, la policía acusó a los manifestantes de participar en reuniones “no autorizadas”. Sin embargo, y tal como señaló el Defensor de los Derechos Humanos de la Federación Rusa en su informe titulado Sobre la observación del derecho constitucional a la reunión pacífica en la Federación Rusa,36 la Ley sobre Reuniones Públicas no hace referencia alguna a reuniones “autorizadas” o “no autorizadas”; el Código Administrativo tampoco utiliza esta terminología.


La Ley sobre Reuniones Públicas enuncia los deberes de los organizadores de reuniones públicas, así como los deberes de las autoridades en los casos en que hayan recibido notificación de que se planea celebrar una reunión pública. Las autoridades deben confirmar que han recibido la notificación y, de considerarlo necesario, sugerir cambios en el lugar o en la hora de la celebración de la reunión, así como solicitar que se efectúen cambios en aquellos aspectos de la propuesta que no se ajusten a la Ley o que puedan dar lugar a la comisión de violaciones de la Ley.


Restricciones del derecho a la libertad de reunión

Desfile del Orgullo Gay


Preocupa a Amnistía Internacional que las autoridades moscovitas hayan negado ilegalmente el derecho del colectivo de activistas de los derechos gay a celebrar un desfile del Orgullo Gay durante dos años consecutivos, incumpliendo con ello su obligación de proteger los derechos a la libertad de expresión y de reunión.


En febrero de 2006, cuando activistas de los derechos gay anunciaron su intención de celebrar un festival de los derechos gay en Moscú, que incluía un desfile del Orgullo Gay previsto para el 27 de mayo de ese año, las autoridades manifestaron que no permitirían la celebración de tal acto. Según la agencia de noticias Interfax, un portavoz del alcalde moscovita Yuri Luzhkov dijo el 16 de diciembre de 2006: “El gobierno de Moscú ni siquiera va a considerar la posibilidad de autorizar un desfile gay”. También señaló que los planes para el desfile habían “despertado la indignación de la sociedad, en especial de los líderes religiosos”. De acuerdo con los informes, el portavoz añadió que “el alcalde de Moscú Yuri Luzhkov estaba resuelto a que el gobierno de la ciudad no autorizara un desfile gay en cualquier forma, abierta o disimulada, y cualquier intento de organizar un acto no autorizado sería opuesto con firmeza”.


El 15 de mayo de 2006, los organizadores del desfile informaron oficialmente a las autoridades moscovitas de su intención de celebrar un desfile del Orgullo Gay con 2.000 participantes en el centro de Moscú. En violación de la legislación rusa, las autoridades moscovitas no sugirieron ni un lugar diferente ni una hora diferente sino que el 18 de mayo emitieron una respuesta oficial en la que manifestaban que “no estaban de acuerdo” con la celebración del desfile, citando el número de cartas que habían recibido del público en general en las que se ponía objeción al acto, y citando también preocupaciones en materia de seguridad en caso de celebrarse el desfile. Los organizadores interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal de Distrito de Tverskoi, que el 26 de mayo confirmó la decisión de las autoridades. El 27 de mayo los organizadores anunciaron que habían decidido no seguir adelante con la celebración de un desfile de las proporciones del antes planeado e invitaron al público a que acudiera a la Tumba del Soldado Desconocido, monumento situado cerca del Kremlin, para depositar flores y después participar en una manifestación autorizada, organizada por otro grupo cerca del edificio del municipio de Moscú. No obstante, en ambos lugares los activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero se encontraron con contramanifestantes que voceaban insultos de carácter homofóbico y que en algunos casos los agredieron violentamente. Varios activistas, entre ellos el parlamentario alemán Volker Beck, así como algunos periodistas, fueron lesionados por contramanifestantes. De acuerdo con los informes, la policía, incluidos agentes de la unidad especial OMON, no hizo distinción alguna entre manifestantes pacíficos y violentos y practicó detenciones de una manera brusca.


Al mismo tiempo, los organizadores del festival y desfile del Orgullo Gay presentaron una queja ante los tribunales en relación con la negativa de las autoridades a autorizar la celebración del desfile en mayo de 2006. En junio de 2007 el Tribunal Supremo de la Federación Rusa confirmó su fallo de que las autoridades de Moscú tenían derecho a prohibir el desfile por motivos de seguridad. El Tribunal Supremo citó la Constitución rusa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, afirmando que éste autoriza la imposición de restricciones a la libertad de reunión “en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública”.37 Apenas unas semanas antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había resuelto, en una causa relativa a una campaña por los derechos gay realizada en Polonia, que la obligación del Estado de proteger y hacer efectivo el derecho a la libertad de reunión es “de especial importancia para las personas que tienen opiniones impopulares o que pertenecen a minorías, porque están más expuestas a que se las haga objeto de un trato injusto”.38


Al examinar las circunstancias que rodearon la campaña por los derechos gay en Polonia, el Tribunal Europeo concluyó que, aun en el caso de aquellas reuniones que se habían celebrado pese a habérselas prohibido inicialmente, “las asambleas se llevaron a cabo en ausencia de la presunción de legalidad; dicha presunción constituye un aspecto esencial del ejercicio efectivo y sin obstáculos de la libertad de reunión y de la libertad de expresión. El Tribunal observa que la negativa a proporcionar la autorización puede haber tenido un efecto paralizante sobre los solicitantes y sobre otros participantes en las asambleas. También podría haber disuadido a otras personas de participar en las asambleas por el hecho de no contar éstas con la autorización oficial, lo cual significaba que las autoridades no garantizarían la protección oficial contra posibles contramanifestantes hostiles”.39


A mediados de mayo de 2007, las autoridades moscovitas prohibieron por segunda vez la realización de un desfile gay. El 27 de mayo un grupo de activistas, entre los que se hallaban parlamentarios de distintos países, trató de entregar una petición al alcalde Yuri Luzhkov en la que se le solicitaba que respetara y protegiera los derechos de las minorías sexuales. Nuevamente, el grupo fue agredido por activistas opuestos a los derechos de los gays que los golpearon y les tiraron huevos y tomates. La policía detuvo a varios de los agresores y también detuvo brevemente a activistas de los derechos gay, entre ellos Volker Beck y el europarlamentario italiano Marco Cappato. El organizador ruso del acto, Nikolai Alekseev, fue acusado formalmente de violación de la Ley sobre Reuniones Públicas. En junio de 2007, Nikolai Alekseev y unos 25 activistas más organizaron un piquete frente a la delegación de la Comisión Europea en Moscú, instando a la Unión Europea a negar un visado al alcalde Luzhkov. Una vez más, varios activistas fueron detenidos brevemente por imputárseles violar la Ley sobre Reuniones Públicas. Nikolai Alekseev dijo a Amnistía Internacional que había recibido dos cartas de las autoridades, al parecer firmadas por la misma persona: en una de ellas se confirmaba que se podía formar un piquete y en la otra –recibida más tarde– se negaba el derecho a montar un piquete en el lugar previsto.


Marchas de los Disidentes


La represión policial del ejercicio del derecho a la libertad de reunión se ha evidenciado recientemente durante las Marchas de los Disidentes.


En 2006 y 2007, La Otra Rusia, una coalición de grupos de oposición, organizó varias manifestaciones conocidas como las “Marchas de los Disidentes” en distintas ciudades rusas durante el periodo previo a las elecciones o para que coincidieran con reuniones internacionales de alto nivel celebradas en la Federación Rusa. Se organizaron marchas en Moscú, San Petersburgo, Samara y Nizhnii Novgorod, entre otros lugares. Algunas marchas fueron “autorizadas” por entidades gubernamentales; otras, como la que se llevó a cabo en Nizhnii Novgorod, no lo fueron.


Amnistía Internacional ve con preocupación que durante algunas de estas marchas y de los acontecimientos que las rodearon se negó a las personas el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Asimismo, decenas de personas fueron golpeadas y detenidas arbitrariamente por agentes de la policía antidisturbios, en violación de las normas internacionales de derechos humanos relativas al uso de la fuerza y a la privación de libertad.


Los organizadores de la Marcha de los Disidentes celebrada en Moscú el 14 de abril de 2007 habían presentado a las autoridades su plan, que era celebrar una reunión en la plaza Pushkin, una de las principales de la capital, que a menudo se usa para la realización de reuniones públicas. Las autoridades informaron a los organizadores que una organización progubernamental ya había presentado una solicitud de autorización para celebrar una reunión en dicha plaza ese mismo día. Las autoridades dieron permiso a los organizadores de la Marcha de los Disidentes para que realizaran su reunión en la plaza Turgueniev, situada a unos 2 km al este de la plaza Pushkin. Los organizadores consideraron que las objeciones de las autoridades no eran suficientes en el contexto de los requisitos establecidos por la ley y decidieron tratar de reunirse en la plaza Pushkin.


El día anterior a la reunión, el 13 de abril, el director del Departamento de Policía de Moscú, Vladimir Pronin, anunció que los participantes en las distintas reuniones públicas serían tratados con “amabilidad y cortesía” por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que –conforme a lo dispuesto en la ley– responderían enérgicamente a cualquier provocación por parte de los participantes.40 Sin embargo, cuando llegó el día de la reunión la plaza estaba vigilada por un nutrido contingente policial, de modo que ni los manifestantes de la oposición ni los transeúntes pudieron llegar a ella. El jefe del grupo de oposición Frente Civil Unido,41 Garry Kasparov, y el defensor de los derechos humanos Stanislav Dmitrievskii fueron detenidos antes de que pudieran llegar a la plaza. Stanislav Dmitrievskii había estado distribuyendo ejemplares de la Constitución de la Federación Rusa. Quedó en libertad, sin cargos, cinco horas después. A Garry Kasparov le devolvieron la libertad ese mismo día y le impusieron una multa por delitos relacionados con el orden público.


Las unidades OMON también trataron de interceptar a los manifestantes que se desplazaban a pie de la zona de la plaza Pushkin a la plaza Turgueniev. Según informes, los agentes de las OMON propinaron puñetazos y puntapiés a manifestantes y periodistas y los golpearon con porras. Una médico de un hospital cercano al lugar de la reunión dijo a Amnistía Internacional que a primeras horas de la noche del 14 de abril más de 50 personas habían acudido al hospital a fin de recibir tratamiento para las lesiones sufridas como consecuencia de las medidas violentas que se tomaron para disolver la reunión.


Varios de los participantes en la Marcha de los Disidentes celebrada en Moscú el 14 de abril viajaron durante la noche a San Petersburgo para asistir a la reunión que se iba a llevar a cabo en esta ciudad al día siguiente. Marina Litvinovich, asesora política de Garry Kasparov, afirmó que en una estación de tren de San Petersburgo los interceptaron, les quitaron los pasaportes y los retuvieron en una comisaría de policía durante más de tres horas, impidiéndoles participar en la reunión.


Periodistas y participantes en la reunión de San Petersburgo dijeron a Amnistía Internacional que la policía había detenido y golpeado a un elevado número de personas que se disponían a abandonar la reunión “autorizada”. La policía alega que estas personas habían intentado marchar hacia el edificio Smolny, sede de la administración de San Petersburgo. Sin embargo, la información que obra en poder de Amnistía Internacional indica que la policía comenzó a golpear y detener a la gente de forma indiscriminada apenas finalizó la reunión. De todos modos, el motivo aducido por la policía no justifica el uso excesivo de la fuerza.


Las personas detenidas en Moscú y San Petersburgo afirmaron que, en los casos en que se registró la detención, los nombres de los agentes de policía que habían practicado la detención eran ilegibles o se hacía constar que los hechos habían ocurrido a una hora diferente. Conforme a las normas internacionales, como el Conjunto de Principios de la ONU para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que detienen a una persona deben hacer constar por escrito la fecha y hora de la detención, así como la identidad de quienes hayan intervenido en ella. Los agentes que habían detenido a manifestantes no estaban presentes durante los juicios que se iniciaron después de las marchas y sólo en unos pocos casos, cuando los manifestantes y sus abogados se quejaron, se los citó para que asistieran a una segunda vista. A la mayoría de las personas acusadas se les negó la oportunidad de interrogar a los agentes que las habían detenido.


De acuerdo con un abogado de derechos humanos de San Petersburgo, Yuri Shmidt, a varias de las personas enjuiciadas en dicha ciudad tras la Marcha de los Disidentes de abril de 2007 no se les concedió el derecho a ser representadas por un abogado durante los juicios, celebrados ante jueces de paz, en los cuales se les impusieron multas administrativas por actos menores de incivilidad. Según Yuri Shmidt, ni siquiera se permitió que los acusados se defendieran a sí mismos.


Posiblemente como resultado de las críticas que se formularon a las acciones de la policía y de las unidades OMON en el ámbito internacional y nacional,42 durante las marchas que se celebraron en los meses siguientes la policía desempeñó sus funciones recurriendo a un grado menor de violencia o no estuvo presente. Aunque un portavoz del presidente Putin reconoció, inmediatamente después de las marchas de abril de 2007, que la acción policial había sido desproporcionada, las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía de Moscú no encontraron “ninguna infracción de la ley en las actividades de los agentes de policía”43que habían vigilado las marchas. Amnistía Internacional ve con preocupación que la respuesta de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la Federación Rusa a estas marchas refleja, por parte de las autoridades, un planteamiento en el que no se considera que la libertad de reunión sea un derecho fundamental sino un derecho cuyo ejercicio pueden conceder o negar. Este planteamiento contravendría las obligaciones internacionales de la Federación Rusa. El Estado tiene el deber de garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñen sus funciones conforme a las normas internacionales y al derecho interno, lo cual debe incluir programas de formación para la policía en materia de normas de derechos humanos.


Restricciones a la monitorización de reuniones públicas


Amnistía Internacional también siente preocupación por el hostigamiento al que se somete a activistas de derechos humanos que tratan de monitorizar reuniones públicas, con medidas como detener a las personas arbitrariamente o impedirles llegar al lugar previsto para la celebración de una reunión de grupos de oposición. A varias personas, entre ellas un representante de Human Rights Watch, que habían tratado de monitorizar una Marcha de los Disidentes a mediados de mayo de 2007, se les impidió volar a Samara, en el distrito federal de Volga, donde los partidos de oposición habían organizado una marcha de protesta para que coincidiera con la Cumbre Unión Europea-Rusia que se iba a celebrar en esa ciudad. Con el pretexto de comprobar la validez de sus pasajes, se retuvo a varias personas en el aeropuerto hasta después de despegar su avión. A otras personas que planeaban monitorizar la marcha o participar en ella las sacaron de un tren que se dirigía a Samara y las retuvieron hasta que ya era demasiado tarde para llegar a la reunión.





Detención y maltrato de periodistas


En varias ocasiones, la policía y funcionarios de las unidades OMON han detenido y sometido a malos tratos a periodistas que desempeñaban su función profesional de observar e informar durante manifestaciones y concentraciones.


Durante la Marcha de los Disidentes celebrada en Moscú en abril de 2007, la policía golpeó a un periodista japonés que trataba de filmar los acontecimientos. El periodista tuvo que recibir tratamiento médico. A unos miembros del personal de la emisora de televisión alemana ZDF, que había filmado los acontecimientos de Moscú, se los detuvo en la plaza Turgueniev pese a que mostraron su acreditación como miembros de la prensa. Una representante de Amnistía Internacional fue testigo de que los agentes de policía se rieron cuando los periodistas les mostraron sus tarjetas de prensa, ridiculizándolos por exigir que se respetara su derecho a monitorizar la situación. Según ZDF, sus empleados quedaron en libertad una hora después. De acuerdo con los informes recibidos, tras las marchas de abril de 2007 las autoridades moscovitas prometieron mejorar el trato que la policía daba a la prensa en tales ocasiones.


Al desempeñar su labor durante reuniones públicas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben distinguir entre manifestantes y periodistas que informan de los acontecimientos. Aunque esto no siempre es posible, especialmente en situaciones de creciente tensión, el hecho de que una persona se identifique con una tarjeta de prensa debería ser suficiente para diferenciarla de quienes participan en una manifestación y, en consecuencia, para que la policía se abstenga de detenerla o de interferir de alguna otra manera con el derecho del periodista a observar una manifestación o concentración, con independencia de si se considera que está autorizada o no.


En respuesta a una serie de casos de interferencia con la labor de periodistas durante manifestaciones políticas en Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en junio de 2007 el representante de dicha organización para la libertad de los medios de comunicación emitió un informe y recomendaciones sobre “el tratamiento debido a los medios de comunicación durante manifestaciones políticas”. El representante manifestaba que “la seguridad de las personas que informan de manifestaciones es un requisito que imponen

no sólo los principios de libertad de prensa y libre flujo de la información, sino que, además, la ausencia de obstáculos a la labor de información sobre manifestaciones es consustancial al derecho de libre reunión, ya que las manifestaciones constituyen en sí mismas el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.44

El derecho a organizar piquetes unipersonales


Conforme a la legislación rusa, únicamente los piquetes montados por una sola persona pueden llevarse a cabo sin necesidad de notificar a las autoridades. No obstante, Amnistía Internacional ha recibido información sobre casos en los cuales no se ha aplicado esta disposición.


En junio de 2006, el defensor de los derechos humanos Vladimir Shaklein montó un piquete unipersonal frente al Tribunal Regional de Sverdlovsk, en Ekaterimburgo, región de Sverdlovsk, para apoyar al abogado encarcelado Mikhail Trepashkin45 y como protesta por las violaciones de derechos humanos cometidas en instituciones penales de la región. Vladimir Shaklein fue acusado y declarado culpable de violaciones del Código Administrativo de la Federación Rusa por entrar sin autorización en el perímetro del edificio del Tribunal Regional, pese a que, de acuerdo con los informes, había estado a unos 25 a 30 metros del edificio, de pie tras una cadena de hierro que, según creía, marcaba el linde del terreno ocupado por el Tribunal. La decisión del tribunal que condenó a Vladimir Shaklein fue confirmada por el Tribunal Regional y por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa. El Defensor de los Derechos Humanos de la Federación Rusa ha solicitado al Tribunal Constitucional que determine si esta decisión viola o no la legislación rusa sobre la tierra, que establece que los límites de un terreno ocupado por un edificio son las esquinas del edificio.46


En un incidente similar, una activista de derechos humanos de la ciudad de Chita, Siberia oriental, que había sido acusada de violaciones de la Ley sobre Reuniones Públicas cuando llevó a cabo una protesta unipersonal por las violaciones de derechos humanos cometidas contra el ex director de la empresa petrolera Yukos, Mikhail Khodorkovskii, fue absuelta por una juez de paz de Chita en mayo de 2007.


Uso de la ley para tratar de impedir la celebración de reuniones privadas


El 23 de enero de 2007, unos miembros de la organización de derechos humanos FRODO y del Comité de Derechos Humanos de Novorossiisk, de la región de Krasnodar, mantuvieron una reunión con dos visitantes extranjeros en una escuela pública de arte para intercambiar opiniones sobre un proyecto relativo a la tolerancia entre la juventud. La reunión fue interrumpida por agentes de policía, personal del Servicio Federal de Migración y personal del Servicio Federal de Seguridad. Los defensores de los derechos humanos Vadim y Tamara Karastelev, que no habían informado a las autoridades de la celebración de la reunión, fueron acusados de mantener una reunión no autorizada. Se dictaron cargos en su contra por violaciones del artículo 20.2 del Código Administrativo (“Violaciones de las normas sobre la organización y celebración de reuniones, manifestaciones y vigilias”) y se les ordenó pagar una multa. En septiembre de 2007, tras varias revisiones del caso, un tribunal falló que los defensores no habían quebrantado la ley y que no había existido la obligación de informar a las autoridades de esta reunión. Después, Vadim y Tamara Karastelev presentaron una demanda civil contra las autoridades por daños morales y materiales. La demanda fue desestimada en diciembre de 2007.

Recomendaciones:


Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que:


  • respeten y defiendan los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación y sólo autoricen la imposición de aquellas restricciones que estén previstas por la ley y cuando dichas restricciones sean estrictamente necesarias, conforme a las normas internacionales de derechos humanos;

  • subsanen las deficiencias existentes en la ley sobre ONG y su normativa de aplicación a fin de que la Ley haga posible el ejercicio del derecho a la libertad de asociación; tomen en consideración las sugerencias formuladas al respecto por el Consejo Presidencial para el Desarrollo de las Instituciones de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos;

  • impartan instrucciones claras al Servicio Federal de Registro acerca del proceso de examen de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de manera que dicho proceso no restrinja los derechos a la libertad de expresión y de asociación;

  • enmienden las disposiciones excesivamente amplias de la Ley sobre el Combate contra las Actividades Extremistas que tienen un efecto paralizante sobre la libertad de expresión y de asociación;

  • se abstengan de hacer uso de leyes relativas al “extremismo” y de otras leyes para reprimir el disentimiento pacífico y las actividades de los medios de comunicación independientes y de las organizaciones de la sociedad civil;

  • fomenten el conocimiento de los principios consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos y la adherencia a ellos;

  • reconozcan los derechos de los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a la libertad de expresión, asociación y reunión y se abstengan de violarlos;

  • den instrucciones a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre el desempeño de sus funciones durante reuniones públicas de una manera que se ajuste a la legislación rusa y a las normas internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho a la libertad de reunión;

  • garanticen que los periodistas podrán desempeñar sus tareas profesionales, incluida la observación de manifestaciones y reuniones públicas que cuenten o no con la autorización oficial, sin sufrir la injerencia arbitraria de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;

  • investiguen de una manera exhaustiva, pronta e imparcial cualquier informe sobre abusos contra los derechos humanos de activistas de la sociedad civil, periodistas y miembros de la oposición política y procesen a cualquier persona de la que se sospeche que ha participado en tales abusos en juicios que cumplan con las normas internacionales de imparcialidad procesal.





1 Ley federal de la Federación Rusa núm. 18-FZ, del 10 de enero de 2006.

2 Ley federal de la Federación Rusa núm. 3297-1, del 14 de julio de 1992 (“O zakrytom administrativno-territorialnom obrazovanii”); ley federal de la Federación Rusa núm. 82-FZ, del 19 de mayo de 1995 (“Ob obshchestvennykh obedineniakh”); y ley federal de la Federación Rusa núm. 7-FZ, del 12 de enero de 1996 (“O nekommercheskikh organizatsiakh”).

3 Para un análisis pormenorizado de las disposiciones de la ley, véase Human Rights Watch, Choking on Bureaucracy, State Curbs on Independent Civil Society Activism, de febrero de 2008.

4 Véase, por ejemplo, “Putin takes on social financing”, Kommersant, 25 de noviembre de 2005.

5 Varias autoridades rusas, entre ellas el presidente Putin, han acusado a las ONG que reciben fondos de Occidente de “representar los intereses de los donantes occidentales en lugar de actuar en el interés de la sociedad rusa”. En consecuencia, el gobierno ha asignado fondos para apoyar a las ONG rusas. Según un informe publicado en 2007 por la Cámara Pública que representa a la sociedad civil, el 29 por ciento del total de fondos que reciben las ONG rusas proviene de organismos estatales de ámbito federal, regional o local. (La Cámara Pública es una institución cuyos miembros, provenientes de distintos estratos de la sociedad, son elegidos por el presidente de la Federación Rusa y se encargan de la coordinación entre los intereses públicos y las políticas del gobierno.)

6 Por ejemplo, durante una reunión celebrada en julio de 2006 en Moscú con dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, en la que participó la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan.

7 En un estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de Moscú y la Escuela Superior de Ciencias Económicas de Moscú se concluye que poner en marcha una ONG cuesta aproximadamente tres veces más que comenzar una empresa comercial y que el proceso de inscripción es mucho más prolongado. “Dorogoi altruism” (El alto coste del altruismo), Vedomosti, 18 de julio de 2007.

8 Conforme a la ley, se consideran organizaciones extranjeras aquellas que son secciones de organizaciones cuya sede central está situada fuera de la Federación Rusa, y son organizaciones internacionales aquellas que tienen su base en la Federación Rusa y que pueden tener secciones en otros países.

9 Esto parece contradecir las disposiciones de la ley, que destaca reiteradamente la existencia de un único registro federal integrado.

10 La Federación Rusa está dividida en siete distritos federales.

11 Al día siguiente, la oficina de la sección regional del periódico Novaya Gazeta fue registrada y sus ordenadores también fueron objeto de incautación.

12 El edificio, que albergaba varias organizaciones que habían expresado su apoyo a la Marcha de los Disidentes, había sido proporcionado a organizaciones de la sociedad civil por el municipio, que a finales de 2007 había ofrecido otro edificio para que fuera utilizado por ONG y activistas de la sociedad civil. Ludmila Kuzmina dijo a Amnistía Internacional que las autoridades regionales se habían opuesto terminantemente a que el municipio proporcionara este apoyo a las ONG.

13 Información basada en la orden de suspensión de la ONG dictada por el Servicio Federal de Registro el 22 de octubre.

14 Amnistía Internacional ha visto estos documentos y considera que es razonable suponer que las quejas no son genuinas.

15 La ley no impide que el Servicio Federal de Registro solicite el cierre de una ONG cuando ésta ha omitido presentar su informe una sola vez.

16 “NGOs buried by mountain of paper”, Moscow Times, 24 de agosto de 2007. Según este artículo, el 8 por ciento de las ONG rusas y el 15 por ciento de las ONG extranjeras se habían visto afectadas.

18 Véanse Amnistía Internacional, Federación Rusa: La nueva ley reprime a la sociedad civil independiente, Índice AI: EUR 46/001/2006, del 17 de enero de 2006, y Federación Rusa: Proyecto de ley – el proyecto más reciente de represión de la sociedad civil, Índice AI: EUR 46/055/2005, del 22 de noviembre de 2005.

19 Ley federal de la Federación Rusa núm. 114- FZ, del 25 de julio de 2002.

20 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: FEDERACIÓN DE RUSIA, 1 de diciembre de 2003, doc. ONU: CCPR/CO/79/RUS, párr. 20.

21 Información recibida por la ONG AGORA, que proporcionaba representación letrada a Casa Arco Iris.

23 Las disposiciones relativas al extremismo también se han utilizado para enjuiciar a personas en relación con agresiones de índole racista o con delitos cometidos por motivos raciales (véase Amnistía Internacional, Russian Federation: Violent racism out of control, Índice AI: EUR 46/022/2006, del 4 de mayo de 2006).

24 Véase Amnistía Internacional, Federación Rusa: La Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena clausurada en aplicación de la nueva ley de ONG, Índice AI: EUR 46/048/2006, del 13 de octubre de 2006.

25 Pravozashchita significa “protección de los derechos”, expresión que se utiliza con frecuencia como sinónimo de “protección de los derechos humanos”.

26 Véase Amnistía Internacional, Federación Rusa: Amnistía Internacional pide la anulación de la sentencia impuesta a Stanislav Dmitrievskii, Índice AI: EUR 46/006/2006, del 3 de febrero de 2006.

27 Véase Amnistía Internacional, Russian Federation: Appeal case update: The Russian-Chechen Friendship Society under threat, Índice AI: EUR 46/036/2005, del 12 de septiembre de 2005.

28 Una tercera persona, la artista Anna Mikhailchuk, fue absuelta de los cargos de violar el Código Penal.

29 Véase Amnistía Internacional, Acción Urgente, Actualización, Federación Rusa: Posibles presos de conciencia / Preocupación legal (Índice AI: EUR 46/010/2005), del 31 de marzo de 2005.

30 Ley federal de la Federación Rusa núm. 148-FZ, del 27 de julio de 2006.

31 Ley federal de la Federación Rusa núm. 211-FZ, del 24 de julio de 2007.

32 En el artículo 63 del Código Penal se enumera una serie de circunstancias agravantes que se aplican a todos los delitos. Tras las enmiendas, el subapartado 2.e reza: “la comisión de un delito por motivos de odio o animadversión política, ideológica, racial, étnica o religiosa, o por motivos de odio o animadversión hacia cualquier grupo social”. También se enmendaron, conforme a la nueva definición de “crimen de odio”, varios artículos del Código Penal en los que se tipificaban otros delitos.


33 Internews es una organización internacional independiente con sede en Estados Unidos de América y secciones en diversos países del mundo que promueve la labor de los medios de comunicación independientes en todo el mundo.

34 Véase “President obeshchaet prikryt”, Novaya Gazeta, 29 de agosto de 2007.

35 En un fallo reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó: “[El] respeto auténtico y efectivo a la libertad de asociación y reunión no puede reducirse al mero deber del Estado de no interferir; una noción puramente negativa no sería compatible con el propósito del artículo 11 ni con el Convenio en general. Podría, por consiguiente, existir la obligación positiva de garantizar el disfrute efectivo de estas libertades”. Causa Baczkowski and Others v Poland, párr. 64, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 3 de mayo de 2007.


36 Defensor de los Derechos Humanos de la Federación Rusa, O sobliudenii na territorii Rossiiskoi Federatsii konstitutionnogo prava na mirnye sobraniia, julio de 2007, http://www.ombudsman.gov.ru/.

37 El 3 de mayo de 2007, en la causa Baczkowski and others v Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había resuelto que Polonia había violado el derecho a la libertad de reunión en 2005 cuando las autoridades intentaron prohibir una marcha de activistas de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.

38 Causa Baczkowski and others v Poland, párr. 64, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 3 de mayo de 2007.

39 Causa Baczkowski and others v Poland, párr. 67, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 3 de mayo de 2007.

40 Comunicado de prensa del Ministerio del Interior, 13 de abril de 2007, www.mvd.ru.

41 En ruso, Obiedinennyi Grazhdanskii Front.

42 El 16 de abril, la presidenta del Consejo Presidencial para el Desarrollo de las Instituciones de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, Ella Pamfilova, pidió la renuncia del ministro del Interior ruso, Rashid Nurgaliev.

43 Según Ria Novosti, 4 de julio de 2007.

44 Representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Special Report: Handling of the media during political demonstrations, 21 de junio de 2007, p. 1.

45 Véase Amnistía Internacional, Acción Urgente, Federación Rusa, Preocupación por la salud / Denegación de tratamiento médico, Mikhail Ivanovich Trepashkin, 31 de mayo de 2006 (Índice AI: EUR 46/027/2006).

46 Véase Defensor de los Derechos Humanos de la Federación Rusa, O sobliudenii na territorii Rossiiskoi Federatsii konstitutionnogo prava na mirnye sobranii, julio de 2007, http://www.ombudsman.gov.ru/.