Document - Royaume-Uni. Alors que les Lords juges examinent l'imposition d'ordonnances de contrôle dans plusieurs affaires clés, Amnesty International appelle le gouvernement britannique à abandonner l'application de telles mesures

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración Pública

Índice AI: EUR 45/011/2007 (Público)

Servicio de noticias: 128/07

5 de julio de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR450112007

Reino Unido: Mientras los jueces lores comienzan la vista de causas clave vinculadas con las "órdenes de control", Amnistía Internacional pide al gobierno británico que deje de imponerlas

El 5 de julio de 2007, mientras los jueces lores comienzan la vista de una causa vinculada con el sistema de órdenes de control "antiterrorista" del Reino Unido, Amnistía Internacional pide a las autoridades británicas que se comprometan a procesar, no a perseguir a toda persona sospechosa de tener vínculos con el terrorismo.

Hoy, 5 de julio de 2007, un panel de cinco jueces lores comienza la vista de unas apelaciones vinculadas a órdenes de control impuestas a varias personas, de quienes las autoridades británicas, sobre la base de información secreta e incluso de materiales de inteligencia, sospechan que están implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo.

De acuerdo con el sistema de órdenes de control creado por la Ley de Prevención del Terrorismo de 2005, las autoridades del Reino Unido pueden imponer restricciones que van desde la "detención domiciliaria" de una persona a su seguimiento por medios electrónicos, restricción del horario de salida y entrada a la vivienda, control de teléfonos y de Internet y limitación de las personas con quienes puede reunirse o comunicarse. La duración de las órdenes de control está limitada a un año. No obstante, pueden ser renovadas al final de cada periodo de doce meses, de modo que, de hecho, pueden imponerse de forma indefinida. Cualquier incumplimiento de las restricciones impuestas en aplicación de una orden de control, sin justificación razonable, constituye delito, punible hasta con cinco años de prisión.

Las cuatro causas que se hallan bajo revisión judicial son:MB v the Secretary of State for the Home Department (MB contra el ministro del Interior), JJ and Others v the Secretary of State for the Home Department, E and S v the Secretary of State for the Home Department, y AF v the Secretary of State for the Home Department. Todas ellas están relacionadas con la aplicación del sistema de órdenes de control conforme a la Ley de Prevención del Terrorismo.

Amnistía Internacional considera que la imposición de órdenes de control equivale a acusar, juzgar y condenar a una persona sin las garantías de juicio justo exigibles en las causas penales. La organización estima que el sistema de órdenes de control es intrínsecamente adverso al Estado de derecho, la independencia de la judicatura y la protección de los derechos humanos en el Reino Unido. En especial, este sistema es contrario al principio de igualdad ante la ley, al derecho a no sufrir discriminación, y al derecho a un juicio justo –incluidos la presunción de inocencia, la igualdad de condiciones, el acceso a asesoría letrada y el derecho a la defensa–, y aun más cuando las condiciones que se le imponen a una persona equivalen a la privación de libertad.

Amnistía Internacional pide a las autoridades británicas que lleven a juicio a las personas, en vez de perseguirlas durante años sobre la base de información que no se ha dado a conocer ni a ellas ni a la asesoría letrada de su elección. El derecho británico posee amplias y numerosas disposiciones que tipifican como delitos actividades relacionadas con el terrorismo. Si hay prueba suficiente de que una persona ha estado implicada en una "actividad relacionada con el terrorismo", dicha persona debe ser acusada de un delito común reconocible y juzgada en un proceso que cumpla cabalmente con las normas internacionales que rigen los juicios justos.

Amnistía Internacional concuerda con los fallos de los tribunales inferiores en la causa JJ and Others v the Secretary of State for the Home Department en que una restricción de 18 horas diarias a las salidas del hogar es equivalente a la privación de libertad y contraviene el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La organización también considera que el sistema de órdenes de control es incompatible con el derecho a un juicio justo conforme al artículo 6 del CEDH.

En vista de sus preocupaciones sobre este sistema, que datan de mucho tiempo atrás, Amnistía Internacional sigue pidiendo a las autoridades del Reino Unido que deroguen la Ley de Prevención del Terrorismo y se comprometan a valerse del sistema de justicia penal común.

Información complementaria

El sistema de órdenes de control de la Ley de Prevención del Terrorismo fue introducido precipitadamente en el Parlamento en marzo de 2005 tras la resolución de los jueces lores de diciembre de 2004 que estipulaba que la detención indefinida de ciudadanos extranjeros sin cargos ni juicio era incompatible con el derecho a la libertad y la prohibición de la discriminación (A and others v Secretary of State for the Home Department[2004] UKHL 56). La Ley de Prevención del Terrorismo otorga a un ministro del gobierno poderes sin precedentes para emitir órdenes de control para restringir la libertad, la circulación y las actividades de las personas –tanto de ciudadanos británicos como de extranjeros– supuestamente sospechosos de implicación en el terrorismo sobre la base de información secreta. En consecuencia, el sistema de órdenes de control permite la violación de una amplia gama de derechos humanos.

Desde entonces, las autoridades británicas han seguido imponiendo órdenes de control a personas supuestamente implicadas en "actividades relacionadas con el terrorismo", en vez de acusarlas y juzgarlas. Amnistía Internacional ha observado las sesiones a puertas abiertas de algunas de las vistas judiciales que revisaron la legalidad de las órdenes de control. La organización llegó a la conclusión de que estos procesos eran profundamente injustos, y que negaban a las personas el derecho a una vista justa. Esta injusticia se debe principalmente a que la Ley de Prevención del Terrorismo permite vistas a puertas cerradas en las que se agrega información secreta –que incluye material de inteligencia no revelado a los recurrentes y a la asesoría letrada de su elección– y, además, se aplica un nivel especialmente bajo a la práctica de la prueba, teniendo en cuenta tanto la gravedad de las denuncias como el perjuicio sustancial que resulta de la imposición de una orden de control.

Además, las condiciones impuestas por algunas órdenes de control han sido equivalentes a una detención sin cargos ni juicio. Lo anterior resultó confirmado en junio de 2006 por una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en la causaJJ and Others v the Secretary of State for the Home Department, al respecto de seis ciudadanos extranjeros a quienes se les habían impuesto órdenes de control. El Tribunal Superior concluyó que las obligaciones impuestas a estos seis hombres, que incluían una restricción diaria de salidas que confinaba a cada uno de ellos en un pequeño apartamento durante 18 horas, eran equivalentes a privación de libertad, en contravención del artículo 5 (que consagra el derecho a la libertad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que, dadas las circunstancias, el ministro del Interior había emitido esas órdenes de forma ilegal. En agosto de 2006 el Tribunal de Apelación confirmó esta resolución. Sin embargo, ese mismo día, el Tribunal de Apelación resolvió, en la causa MB contra el Ministro del Interior, que el procedimiento de revisión con arreglo a la Ley de Prevención del Terrorismo era compatible con el derecho a un juicio justo de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La causa E and S v the Secretary of State for the Home Department también plantea la cuestión del deber de las autoridades británicas de procesar y el hecho de que éstas no examinen la posibilidad de un futuro procesamiento. Además, esta causa tiene relación con el efecto que causó la orden de control impuesta a Esobre su esposa, S. ********