Document - Turquie. Les gouvernements allemand, suisse et autrichien retirent leur soutien financier au projet de barrage d'Ilisu en Turquie, craignant des violations des droits humains

AMNISTÍA INTERNACIONAL
DECLARACIÓN PÚBLICA

Índice AI: EUR 44/004/2009
7 de julio de 2009



Los gobiernos alemán, suizo y austriaco retiran el apoyo económico al proyecto de la presa de Ilisu de Turquía por riesgo de violaciones de derechos humanos

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de los gobiernos alemán, suizo y austriaco de retirar la financiación -prestada a través de sus respectivas agencias de crédito a la exportación- al proyecto de la presa de Ilisu, en Turquía. Los tres gobiernos han tomado la decisión a raíz de unas evaluaciones de expertos independientes en las que se determina que el proyecto no cumple las normas acordadas, especialmente con respecto a sus efectos sociales y ambientales.

La presa, de 1.200 megavatios de potencia y que se va a construir en el río Tigris a su paso por el sureste de Turquía, es el mayor proyecto de este tipo del país. Se cree que su construcción supondrá el desplazamiento de al menos 55.000 personas. Según informes de la sociedad civil, no se ha hecho una consulta adecuada con las comunidades afectadas, y la política de reasentamientos no es compatible con las normas internacionales de derechos humanos. Tampoco se ha hecho la debida evaluación de los efectos sociales y ambientales del proyecto.

En marzo de 2007, los gobiernos alemán, suizo y austriaco acordaron apoyar a las empresas de sus respectivos países que suministraran equipo y servicios de ingeniería para la construcción de la presa. Este apoyo se prestaba a través de las agencias de crédito a la exportación, instituciones públicas o semi públicas que conceden préstamos, garantías y seguros con el respaldo del Estado a las empresas nacionales que quieren desarrollar actividades en el extranjero. La agencia alemana Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, la austriaca Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OEKB) y la suiza Swiss Export Risk Insurance (SERV) acordaron desembolsar un total de 450 millones de euros en garantías contra los riesgos de exportación. Las empresas nacionales apoyadas por las tres agencias eran la austriaca VA Tech Hydro, la alemana Zueblin AG y las empresas suizas de ingeniería Alstom, Colenco, Maggia y Stucky


Cuando las tres agencias de crédito a la exportación concedieron su apoyo, se estableció un comité de expertos independientes para evaluar y vigilar la implementación de un acuerdo entre los gobiernos de Suiza, Alemania y Austria y el gobierno turco sobre los efectos de la presa, incluido su impacto social y ambiental. El acuerdo obligaba al gobierno turco a adoptar medidas de atenuación del impacto, conceder indemnizaciones adecuadas y elaborar un programa exhaustivo de reasentamiento de las comunidades afectadas. Tras reiterados incumplimientos del acuerdo, a finales de 2008 los gobiernos de Alemania, Suiza y Austria dejaron en suspenso los contratos de las empresas nacionales durante 180 días. El 7 de julio de 2009, al no haber cumplido el gobierno turco lo acordado, decidieron retirar su apoyo a las empresas participantes en el proyecto.

Si no se hubiera retirado el apoyo de las agencias de crédito a la exportación, Alemania, Austria y Suiza, así como las empresas receptoras de las garantías contra los riesgos de exportación, podrían haber sido acusadas de complicidad en violaciones de derechos humanos y de obtención de beneficios con un proyecto causante de graves violaciones de derechos humanos.


La decisión demuestra que la diligencia debida en materia de derechos humanos –incluido el establecimiento de normas y la vigilancia de su aplicación en relación con los efectos sociales y de derechos humanos de un proyecto– es factible y esencial para garantizar que las agencias de crédito a la exportación no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos en el extranjero ni se benefician de ella, ni directamente ni por medio de la financiación de empresas.

Por consiguiente, Amnistía Internacional ve con beneplácito la decisión tomada por los gobiernos alemán, suizo y austriaco y cree que ha sentado un precedente importante, que debe perfeccionarse para garantizar que se evalúa plenamente el impacto de los proyectos en los derechos humanos. El ejercicio de la diligencia debida en la esfera social y de los derechos humanos, incluida la vigilancia efectiva e independiente, ha de ser obligatorio para todo apoyo de las agencias de crédito a la exportación y un requisito previo para que se preste. Amnistía Internacional espera ahora que Alemania, Suiza y Austria mantengan el liderazgo de que han dado muestra en este caso.

Información complementaria
Las agencias de crédito a la exportación son organismos públicos por medio de los cuales los gobiernos prestan apoyo directo a empresas nacionales con actividades o inversiones en el extranjero, normalmente en países en desarrollo y en mercados emergentes. Estas agencias suelen apoyar a sectores empresariales donde el riesgo de abusos contra los derechos humanos es especialmente alto –como las industrias extractivas y los grandes proyectos de infraestructura—y dar respaldo a proyectos en zonas de riesgo desde el punto de vista geográfico, incluidas zonas afectadas por conflictos. En la práctica, las agencias de crédito a la exportación utilizan el dinero de los contribuyentes para que a las empresas privadas les resulte más fácil y más barato invertir y desarrollar sus actividades en el extranjero.

La ausencia de un marco para el ejercicio efectivo de la diligencia debida en materia de derechos humanos en las agencias de crédito a la exportación ha sido causa de que a menudo éstas apoyen proyectos y empresas implicados en graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional cree que es responsabilidad de los gobiernos regular las operaciones de estas agencias para garantizar que no prestan apoyo a proyectos en los que haya probabilidades de que se cometan abusos contra los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que sus agencias de crédito a la exportación tienen sólidas salvaguardias de los derechos humanos, establecidas por ley. Entre ellas han de figurar procesos adecuados de diligencia debida en materia de derechos humanos. Todos los proyectos y empresas que presenten solicitudes de apoyo a estas agencias deben ser seleccionados utilizando como criterio las normas de derechos humanos y fijando un nivel mínimo claro para rechazar las solicitudes. También debe establecerse un proceso de vigilancia para que las agencias de crédito a la exportación vigilen el cumplimiento de sus políticas de derechos humanos por parte de sus clientes.

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