Document - ESPAGNE ET MAROC. Pas d'impunité pour les homicides

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: EUR 41/005/2006 (Público)

Servicio de Noticias: 175/06

5 de julio de 2006

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR410052006

España/Marruecos: Impunidad cero para los homicidios

Amnistía Internacional pide a los gobiernos de España y Marruecos que investiguen a fondo las circunstancias de la muerte de tres migrantes en el enclave fronterizo español de Melilla, en el norte de Marruecos, el 3 de julio de 2006.

La organización siente preocupación por la muerte de tres hombres que trataban de alcanzar el enclave español de Melilla, en el norte de Marruecos, el lunes, en un intento de cruzar la frontera con España. En especial, a Amnistía Internacional le preocupa el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes que patrullan la frontera, un uso que, en este caso, parece haber causado la muerte de un migrante por heridas de bala. La muerte de los otros dos hombres parece haber sido debida a las lesiones que sufrieron al caerse de la valla que delimita la frontera, aunque se desconoce la razón por la que se cayeron.

La organización pide a las autoridades de España y Marruecos que lleven a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas e independientes sobre las causas de estas tres muertes y sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza en la frontera. También las insta a cooperar mutuamente en el transcurso de estas investigaciones y a hacer públicos sus resultados. Los responsables de abusos deben ser llevados ante la justicia.

Amnistía Internacional siente preocupación asimismo por la ausencia de resultados de las investigaciones oficiales sobre la muerte de al menos 13 personas en Ceuta y Melilla en 2005, pese a que dichas investigaciones llevan en curso más de nueve meses. La organización no tiene conocimiento de que se hayan impuesto sanciones disciplinarias o penales contra los presuntos responsables de las muertes o de uso excesivo de la fuerza, y esta ausencia de castigo crea un clima de impunidad de facto para los agentes de las patrullas de fronteras.

Amnistía Internacional expuso el 4 de julio al ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una reunión mantenida con él, su preocupación por la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla. El ministro accedió a proporcionar a la organización información actualizada sobre la investigación en torno a las circunstancias de la muerte ocurrida en el lado español de la frontera. También accedió a examinar la situación del área entre las vallas y la legislación que debe aplicarse a las personas que se hallan en ella, y a considerar las recomendaciones de la organización para garantizar que las normas sobre el uso de la fuerza son conformes con el derecho y las normas internacionales. Amnistía Internacional considera alentadora la promesa del ministro de tener en cuenta las recomendaciones de la organización.

Qué sucedió la mañana del 3 de julio de 2006

En algún momento después de las cinco de la mañana del lunes 3 de julio de 2006, tres hombres murieron en la frontera del enclave español de Melilla, en el norte de Marruecos, cuando trataban de entrar en España. Los tres hombres (de los que uno cayó en el lado español de la frontera y los otros dos en territorio marroquí) han sido las víctimas más recientes de los incidentes en los enclaves fronterizos españoles en el norte de Marruecos, unos incidentes que causaron la muerte de al menos 13 migrantes durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2005.

Uno de los hombres, identificado como de origen subsahariano, parece haber muerto de una herida de bala. Las autoridades españolas le están realizando la autopsia para determinar la causa de la muerte, pero, según José Fernández Chacón, delegado del gobierno español en Melilla, las autoridades españolas sospechan que murió por disparos.

Las otras dos muertes ocurrieron en el lado marroquí de la frontera. Dos hombres se cayeron de lo alto de la valla (de una altura aproximada de seis metros) y, al parecer, sufrieron heridas mortales a consecuencia de la caída. Según los informes, uno de ellos murió mientras lo llevaban al hospital. Las autoridades marroquíes han abierto una investigación sobre ambas muertes.

Los testigos entrevistados por PRODEIN, una organización no gubernamental local, dijeron haber oído disparos hacia las cinco y media de la mañana, y afirman que los disparos continuaron durante mucho rato. Se ha dicho que los agentes marroquíes realizaron disparos de advertencia contra los migrantes cuando éstos intentaban cruzar. Las autoridades españolas han negado que sus patrullas de fronteras lleven armas de fuego, pero Amnistía Internacional ha obtenido el testimonio fidedigno de un migrante que asegura haber resultado herido de gravedad por una bala disparada por un guardia civil español durante 2005. En estos momentos, la organización no tiene conocimiento de si se realizaron disparos mortales el 3 de julio de 2006 desde un lado u otro de la frontera.

La información publicada en la prensa dice que fuentes oficiales estiman que el grupo que trató de saltar las vallas era de entre 50 y 70 personas pero, según un diario local, El Faro Ceuta Melilla, los propios migrantes dicen que el grupo estaba compuesto por 32 personas. Cinco consiguieron saltar las vallas y entrar en España y, según los informes, al menos siete resultaron heridas, entre ellas una a la que, al parecer, dejaron sangrando entre las dos vallas durante aproximadamente una hora. Al menos siete personas han sido detenidas.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos de España y Marruecos a:

• garantizar que las reglas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley refleja los principios del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En particular, el uso de armas de fuego debe ser una medida de último recurso cuando peligra una vida. Además, los gobiernos deben establecer normas que exijan la clasificación de todas las armas desde las que puedan dispararse o lanzarse objetos, como las armas de fuego, y que restrinjan el uso de estas armas a los agentes que han recibido formación especial sobre su uso;

• instituir un código de conducta para las actividades de las patrullas de fronteras que establezca la obligación de informar inmediatamente sobre los incidentes en los que se produzca una lesión o una muerte causada por el uso de armas de fuego por parte de un agente encargado de hacer cumplir la ley, y garantizar que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre cualquier denuncia de uso de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los resultados de las investigaciones deben hacerse públicos, y las personas contra las que existan sospechas razonables de que han sido responsables de abusos deben comparecer ante la justicia de acuerdo con el derecho y las normas internacionales.

Amnistía Internacional pide asimismo a los gobiernos de España y Marruecos que:

• garanticen que las víctimas y las familias de los fallecidos tienen acceso a asistencia letrada en todas las fases de la investigación y/o los procedimientos judiciales, y pueden acceder a un proceso judicial independiente y participar en él;

• proporcionen reparación, en forma de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a las víctimas y las familias de los fallecidos cuando una conducta ilegítima de los agentes haya causado la muerte o lesiones a la víctima o haya contribuido a causarlas;

• garanticen que las personas que solicitan asilo tienen acceso a procedimientos de solicitud de asilo justos y satisfactorios, incluida la provisión de asistencia letrada y servicios de interpretación, con el fin de garantizar que están protegidas frente a la expulsión inmediata. El principio de no devolución (non-refoulement) prohíbe devolver de ninguna manera a una persona a una situación en la que pueda correr peligro de ser sometida a tortura u otros abusos graves.

Información complementaria

En octubre de 2005, una delegación de Amnistía Internacional visitó las ciudades de Ceuta y Melilla, en España, y Nador, Oujda, Rabat y Tánger, en Marruecos, para examinar las denuncias de violaciones graves de derechos humanos cometidas por las autoridades españolas y marroquíes contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes que trataban de alcanzar territorio español a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Entre las violaciones denunciadas se encontraban el uso de fuerza excesiva y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad tanto españolas como marroquíes, la expulsión ilegal de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, y una ayuda médica inadecuada para los heridos. Muchas de las personas heridas fueron devueltas a Marruecos sin recibir tratamiento médico para sus lesiones, un acto que constituye trato cruel, inhumano y degradante y, como tal, está prohibido por la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Además, Amnistía Internacional descubrió una práctica sistemática de expulsiones inmediatas y devoluciones aceleradas sin acceso a un procedimiento de asilo justo, a asistencia letrada o a un intérprete, lo que viola la obligación de respetar el principio de no devolución, establecida en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y viola también las garantías de procedimiento establecidas por el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el derecho interno español.