Document - VIÊT-NAM. La peine de mort : inhumaine et inefficace

[No difundir hasta las 23:00 horas GMT del 28 de agosto de 2003]Público

Amnistía Internacional

República Socialista de Vietnam

La pena de muerte: inhumana e ineficaz

			Resumen
Índice AI: ASA 41/023/2003/s

En julio de 1999, Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la reducción en la República Socialista de Vietnam del número de delitos punibles con la muerte de 44 a 27.(1) No obstante, Amnistía Internacional se siente alarmada por el notable incremento registrado, según informes, en la aplicación de la pena capital en dicho país, especialmente por delitos de narcotráfico y otros de índole económica.

Las autoridades vietnamitas no hacen públicos de forma periódica los datos estadísticos completos del número de penas de muerte dictadas y de ejecuciones llevadas a cabo, y la prensa oficial únicamente informa de un número limitado de casos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información fiable según la cual la mayoría de las personas condenadas a muerte son ejecutadas una vez que sus causas han agotado los procedimientos de apelación. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante pelotón de fusilamiento, al parecer frecuentemente en público, y en ocasiones en presencia de más de un millar de personas.

Amnistía Internacional cree que la pena de muerte constituye la peor forma de pena cruel, inhumana y degradante y una vulneración del derecho a la vida y que las condiciones que rodean la aplicación de dichas penas en Vietnam contravienen las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que los juicios carentes de las debidas garantías sean habituales en Vietnam supone que la pena de muerte se aplica en condiciones que pueden dar lugar a errores judiciales irreversibles.

Amnistía Internacional pide al gobierno vietnamita que suspenda inmediatamente todas las ejecuciones, al tiempo que toma medidas encaminadas a la abolición total de la pena capital, de acuerdo con las normas internacionales y las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte por considerar que constituye una violación del derecho a la vida y a no ser sometido a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, según mantienen la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 3 y 5) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 6 y 7). La organización se opone a la pena de muerte en todos los países, de Estados Unidos a Japón, de Afganistán a Sierra Leona y de China a Ruanda.

Este texto resume el documento titulado República Socialista de Vietnam: La pena de muerte: inhumana e ineficaz(Índice AI: ASA 41/023/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en agosto de 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos traducidos al español consulten: <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[No difundir hasta las 23:00 horas GMT del 28 de agosto de 2003]

Público

Amnistía Internacional

República Socialista de Vietnam

La pena de muerte: inhumana e ineficaz

Ejecución de delincuentes por un pelotón de fusilamiento

© Privado

República Socialista de Vietnam

La pena de muerte: inhumana e ineficaz

Introducción

En julio de 1999, Amnistía Internacional expresó su satisfacción por la reducción del número de delitos punibles con la muerte en la República Socialista de Vietnam.(2) Según el Código Penal revisado se mantienen 27 delitos punibles con la pena capital. No obstante, Amnistía Internacional se siente alarmada por el notable incremento de la aplicación de esta pena que, según informes, se ha registrado en Vietnam, especialmente por delitos de narcotráfico. La organización ha constatado 48 condenas a muerte y 27 ejecuciones en todo 2002. Mientras que en el momento de publicarse el presente informe en agosto del 2003 se habían registrado un total de 62 condenas a muerte y 19 ejecuciones, el doble que el año pasado.(3)

Amnistía Internacional considera preocupante que siga habiendo un elevado número de delitos punibles con la muerte. Entre los 27 delitos que según el Código Penal siguen siendo punibles con la pena capital figuran los delitos contra la seguridad nacional como la traición, los intentos de derrocar al gobierno, el espionaje, la rebelión, el bandidaje, el terrorismo, el sabotaje, el secuestro, la destrucción de proyectos de seguridad nacional, las acciones destinadas a socavar la paz, los delitos de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La pena de muerte también puede imponerse por fabricación, ocultación y tráfico de sustancias narcóticas, asesinato, violación, robo, malversación de fondos y fraude. Al menos la tercera parte de todas las condenas a muerte dadas a conocer se imponen por delitos relacionados con el narcotráfico.

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es la peor forma de pena cruel, inhumana o degradante y una violación del derecho a la vida y que las condiciones que rodean su aplicación en Vietnam vulneran las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que en Vietnam se celebren habitualmente juicios carentes de las debidas garantías supone que la pena de muerte se aplica en condiciones que pueden dar lugar a errores judiciales irreversibles.

Información reciente sobre ejecuciones y penas de muerte

Las autoridades vietnamitas no difunden los datos estadísticos completos del número de penas de muerte impuestas ni de ejecuciones, y la prensa oficial únicamente informa de un número limitado de casos. Sin embargo, AI ha recibido información fiable según la cual la mayoría de las personas condenadas a muerte son ejecutadas una vez que sus causas han agotado los procedimientos de apelación. En julio de 2003, el presidente desestimó las peticiones de indulto de 49 personas condenadas a muerte por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh.(4) Amnistía Internacional registra todos los datos estadísticos oficiales disponibles sobre condenas a muerte y ejecuciones.

Según estadísticas incompletas facilitadas por el Tribunal Popular Supremo, de 1997 a 2002 fueron ejecutadas 931 personas. De las 931, 535 fueron condenadas por asesinato u otros hechos violentos con resultado de muerte, 310 por delitos de narcotráfico, 24 por casos de corrupción y 5 por delitos contra la propiedad.(5)

Derecho internacional

Vietnam es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ratificó en 1982. Por consiguiente, está obligada a aplicar sus disposiciones. En el informe que presentó el 12 de mayo de 1999 ante la Asamblea Nacional, Nguyen Ninh Loc, ministro de Justicia, manifestó, según informes, que el nuevo Código Penal garantizaría el respeto a las disposiciones de los tratados internacionales de los que Vietnam era firmante o en los que era Parte.(6)

Las normas internacionales establecen que la pena de muerte sólo debe aplicarse para los delitos más graves y apoyan a los Estados que avanzan hacia su abolición completa.

El artículo 6.2 del Pacto Internacional indica:«En los países que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos». El Comité de Derechos Humanos, constituido para vigilar la aplicación del Pacto, ofrece una interpretación autorizada de dicho Pacto, y ha señalado que «la expresión "los más graves delitos" debe interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional».(7)

En julio de 2002, tras examinar el informe presentado por Vietnam como Estado Parte, el Comité de Derechos Humanos publicó sus Observaciones finales, en cuyo párrafo C.7 se señalaba:

«No obstante la reducción del número de delitos punibles con la pena de muerte, de 44 a 29, al Comité le sigue preocupando el gran número de delitos con respecto a los cuales puede imponerse aún la pena capital. La pena no parece limitarse únicamente a los delitos considerados más graves. A este respecto, el Comité estima que la definición de ciertos actos como la oposición al orden y las violaciones de la seguridad nacional, para los que puede imponerse la pena de muerte, es excesivamente vaga e incompatible con el párrafo 2 del artículo 6 del Pacto.»(8)

La Salvaguardia 1 de las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, aprobada por el Consejo Económico y Social en 1984, afirma: «En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves».

Desde hace muchos años, incluido el 2003, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas viene aprobando resoluciones en las que se solicita a los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte que:(9)

«a) Limiten progresivamente el número de delitos por los que se puede imponer esa pena;

b) Suspendan las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte;

c) Pongan a disposición de la población la información relativa a la imposición de la pena de muerte y a las ejecuciones previstas;

d) Faciliten al Secretario General y a los órganos competentes de las Naciones Unidas información sobre la aplicación de la pena capital y la observancia de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte contenidas en la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social;»

En esta resolución también se exhorta a todos los Estados que siguen manteniendo la pena de muerte a:

«d) Velar por que el concepto de "más graves delitos" se limite a los delitos intencionales con consecuencias fatales o extremadamente graves y por que no se imponga la pena de muerte por actos como los delitos financieros no violentos, la expresión no violenta de convicciones o la práctica religiosa o las relaciones sexuales entre adultos que consienten en el acto».

Los juicios carentes de garantías y la pena de muerte

La preocupación por la cuestión de la pena de muerte en Vietnam se ve agravada por el hecho de que los juicios injustos que no se atienen a las normas internacionales son habituales. Los acusados no tienen derecho a designar a un abogado de su elección, sino que se les designa un abogado, a menudo en el último momento antes de verse su causa. Además, al abogado no se le permite citar o interrogar a los testigos y puede limitarse la consulta privada con éste. En muchos casos, al abogado defensor solo le cabe solicitar el indulto.

El artículo 14 del Pacto Internacional contiene salvaguardias para la celebración de juicios justos, como el derecho de todo acusado a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a ser informado sin demora y de forma pormenorizada en un idioma que entienda de la naturaleza y causa de los cargos formulados contra él; el derecho a comunicarse con un abogado de su elección; el derecho de los acusados que no puedan sufragar los servicios de un abogado a contar con asistencia letrada gratuita; el derecho a interrogar a los testigos de cargo y a presentar testigos de descargo; y el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete en caso de que el acusado no entienda el idioma empleado en el tribunal.

En relación con la cuestión de los juicios con garantías, la relatora especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias manifestó en el periodo de sesiones de la Comisión de Derechos de Humanos correspondiente al año 2001 que:

«La pena capital debe considerarse en todas las circunstancias como una derogación extrema del derecho fundamental a la vida y, por lo tanto, ha de aplicarse de la forma más restrictiva posible. Es imprescindible, asimismo, que se respeten plenamente todas las restricciones y las garantías procesales relativas a la pena capital que prevén los instrumentos internacionales de derechos humanos, en todos los procedimientos relacionados con delitos punibles con dicha pena».(10)

Amnistía Internacional considera que los juicios en Vietnam distan mucho de cumplir dichas normas internacionales, lo que suscita el temor de que la pena de muerte se imponga en circunstancias que puedan provocar errores judiciales irreversibles.

Un ejemplo puede ser la presión política ejercida para lograr declaraciones de culpabilidad y la imposición de la pena de muerte. El diario Lao Dong informó de que, en el debate, los legisladores vietnamitas se quejaron por el plazo de tiempo necesario para aplicar la pena capital a causa de las «prolongadas» apelaciones. En el mismo artículo se informaba de que a Nguyen Tan Phat, viceministro de Educación y Deportes, le inquietaba que las apelaciones constituyeran un motivo de preocupación para los funcionarios judiciales. Según informes, la legisladora Nguyen Kim Thoa expresó su alarma por el hecho de que se recurriera contra el 80 por ciento de las condenas a muerte y preguntó si esa cifra tan elevada era culpa de los jueces o de los fiscales. También se ha informado de que La Van Tran, otro legislador, manifestó que le preocupaba más el elevado número de desestimaciones y conmutaciones que lograban los apelantes condenados a muerte.(11) Sin embargo, de acuerdo con la información de que dispone AI, la conmutación de las penas de muerte en Vietnam es excepcional.

En el caso de la ciudadana canadiense Nguyen Thi Hiep, las autoridades canadienses acusaron a las autoridades vietnamitas de seguir adelante con la ejecución sin tener en cuenta las pruebas de que había sido utilizada involuntariamente para sacar drogas de Vietnam.(12) Nguyen Thi Hiep fue detenida en abril de 1996 junto con su madre Tran Thi Cam en el Aeropuerto de Hanoi. En marzo de 1997 el Tribunal Popular de Hanoi la condenó por traficar con cinco kilogramos de heroína. En agosto de 1997, el Tribunal Popular Supremo ratificó la pena. La ejecución de Nguyen Thi Hiep el 25 de abril de 1999 originó un importante conflicto diplomático entre Canadá y Vietnam.

Un ejemplo de juicio-espectáculo que no cumplió las normas internacionales de justicia procesal, incluida la presunción de inocencia, es el escandaloso caso de Duong The Tung, de 19 años. Fue condenado a muerte en abril de 1996 por el asesinato de un agente de policía durante la celebración del Año Nuevo en febrero. El caso recibió una gran publicidad en Vietnam y se informó de que 2.000 personas presenciaron y aplaudieron en el juicio celebrado en el Tribunal Popular de Hanoi.

Mientras aguardaba el fallo del tribunal, Duong The Tung fue conducido a una antesala donde, según informes, la policía lo torturó con porras eléctricas. Aunque cuando lo trasladaron a la antesala estaba en buenas condiciones de salud, cuando regresó padecía claramente las consecuencias físicas de la tortura mediante descargas eléctricas. Al dictar la pena de muerte, el presidente del tribunal dijo que lo hacía para evitar «la indignación de la gente, mantener la disciplina y servir de amenaza contra otros delincuentes». Duong The Tung fue ejecutado el 24 de abril de 1997.(13)

En el conocido proceso de Nam Cam o Truong Van Cam, el eje de una banda delictiva con conexiones de alto nivel en el gobierno y el Partido Comunista, seis personas, incluida Nam Cam, fueron condenadas a penas de muerte tras ser declaradas culpables de asesinato, soborno, juego y dar refugio a delincuentes.(14) Su juicio, que según un comentarista había sido «cuidadosamente preparado de antemano»(15), comenzó el 25 de febrero de 2003. El presidente del tribunal anunció poco después del inicio del juicio el programa pormenorizado del proceso, incluida la fecha de finalización y de imposición de pena.(16) Durante el juicio se divulgaron a diario en forma pormenorizada los argumentos del Estado contra Nam Cam.(17) Es evidente que en este proceso no hubo presunción de inocencia.

La preocupación por que los juicios no se celebran en el entorno adecuado y corren el peligro de ser influidos por la opinión pública y por la «ley de la calle» tiene su ejemplificación en el reciente caso de Phan Thanh Hung, condenado por el asesinato de una prostituta. Según informes, su juicio tuvo lugar en medio de un pueblo con el acusado rodeado de vecinos que aguardaban el fallo. Hung fue condenado a muerte.(18)

Condenas a muerte por delitos económicos

El Comité de Derechos Humanos ha manifestado repetidas veces que considera que los delitos económicos no se incluyen dentro de los «más graves delitos» por los que se puede imponer la pena capital conforme al artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(19)

En diciembre de 1996, el relator especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias concluyó que «la pena de muerte debería eliminarse en el caso de delitos tales como los económicos y los relacionados con los estupefacientes». (20)

En 2003, Amnistía Internacional ha registrado en Vietnam los siguientes casos en los que se han impuesto penas de muerte y ejecuciones por delitos económicos.

Fecha		Caso
28 de marzo de 2003	Nguyen Ton Van, ex director de la empresa privada Quoc Binh, fue condenado a muerte en Ciudad Ho Chi Minh por «fraude y apropiación de propiedad pública». Van y sus cómplices fueron declarados culpables de no haber devuelto a los bancos los más de seis millones de dólares que habían recibido prestados. Dos encausados fueron condenados a cadena perpetua y una docena fueron condenados a penas que oscilaban entre 2 y 20 años. El juicio duró cinco días. (AFP, 28 de marzo de 2003)
24 de abril de 2003	Truong Thi Thanh Huong perdió su recurso de apelación al ratificar un tribunal de Ciudad Ho Chi Minh su condena a muerte. Había sido condenada a muerte en noviembre de 2002 tras ser declarada culpable de malversar 14 millones de dongs entre 1996 y 1999. (AFP, 24 de abril de 2003)
28 de abril de 2003	Hoang Van Nam fue condenado a muerte por un tribunal de la provincia de Dong Nai por dirigir un grupo que introducía billetes falsos en Vietnam desde China en 2001. (AFP, 29 de abril de 2003)
6 de junio de 2003	El Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh ratificó la pena de muerte dictada contra Le Thi Kim Phuong, de 44 años de edad. Había sido condenada a muerte en enero por dirigir un plan de inversión fraudulento al ser declarada culpable de apropiarse de 1.600.000 dólares de una decenas de bancos e inversores. (AFP, 10 de junio de 2003)
11 de julio de 2003	Tang Minh Phung y Pham Nhat Hong fueron ejecutados en el campo de fusilamiento de Thu Duc en Ciudad Ho Chi Minh. Eran dos de las seis personas condenadas a muerte en agosto de 1999. En mayo de 2003, el presidente desestimó sus peticiones de indulto. Habían sido declarados culpables de fraude y corrupción en relación con 357 millones de dólares de fondos públicos. Tanh Minh Phung era el director de una empresa implicada en el fraude. Pham Nhat Hong era vicedirector del Banco Industrial y Comercial de Vietnam. (AFP, 11 de julio de 2003)
12 de agosto de 2003	Hoang Tu Lien, de 43 años de edad, y Tran Thi My Ha, de 30, fueron condenadas a muerte en el curso de un juicio de cuatro días de duración celebrado en el Tribunal Popular de Quang Nam. Fueron declaradas culpables de dirigir el mayor grupo dedicado al tráfico de dinero falso del país moviendo una cantidad equivalente a casi 90.000 dólares estadounidenses entre marzo de 2001 y mayo de 2002 desde el sur de China. (AFP, 13 de agosto de 2003)
19 de agosto del 2003	Phan Ngoc Hanh fue condenada a muerte por fraude, apropiación de bienes y fuga de un centro de detención. La declararon culpable de impago de deudas por valor de 20 mil millones de dongs y 300 taels de oro que recibió de ocho empresas y particulares. Entre 1994 y 1995 obtuvo dinero ilegalmente de socios comerciales. La detuvieron pero escapó y, al parecer, prosiguió con sus actividades comerciales fraudulentas. (Sitio web de VNExpress, 21 de agosto de 2003)

Las drogas y la pena de muerte

La pena de muerte por delitos de narcotráfico se introdujo en diciembre de 1992 en virtud del artículo 96.a del Código Penal como pena facultativa para el delito de «fabricación ilegal, ocultación, tráfico o transporte de sustancias narcóticas en contra de las regulaciones del Estado cuando el delito se comete en circunstancias especialmente graves».

La posesión de 100 gramos de heroína o cinco kilos de opio justifica una condena por narcotráfico y, en algunos casos, la imposición de la pena de muerte.(21) El número de penas de muerte y de ejecuciones relacionadas con el narcotráfico ha aumentado notablemente en los últimos años. Al menos un tercio de todas las penas de muerte constatadas por Amnistía Internacional en Vietnam se han impuesto por esta clase de delitos.

Falta de pruebas sobre la capacidad disuasoria de la pena de muerte

El motivo aducido normalmente para aprobar la pena de muerte para los delitos de narcotráfico es que ayudará en la lucha contra las drogas al servir como elemento disuasorio para los posibles traficantes. Sin embargo, nunca se han mostrado pruebas de esta aseveración. Amnistía Internacional no tiene constancia de ninguna prueba de disminución del narcotráfico que pueda atribuirse claramente a la amenaza que representa la pena de muerte o a su uso en los países que han introducido esta pena para los delitos de narcotráfico y en aquellos que han llevado a cabo ejecuciones. Esto también es extensible a Vietnam y viene a coincidir con las conclusiones de los estudios internacionales que no presentan ningún indicio convincente que respalde la afirmación de que la pena de muerte es un elemento disuasorio más eficaz que cualquier otra pena.

La violencia de los traficantes

Son cada vez más las pruebas de que el uso creciente de la pena de muerte y de penas duras está provocando que los traficantes que se enfrentan a la posibilidad de ser condenados a la pena capital estén más dispuestos a matar para evitar ser capturados, lo que aumenta el peligro tanto para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como para los civiles inocentes. Se ha informado de que las autoridades vietnamitas están «profundamente preocupadas» por la posesión y el uso creciente de armas para resistirse a las detenciones por parte de los traficantes. El mismo informe prosigue afirmando que anteriormente los narcotraficantes de Vietnam rara vez utilizaban armas y que las amenazas de suicidio, las represalias y la negativa a cooperar una vez detenidos son reacciones poco corrientes en los delincuentes vietnamitas.(22) En marzo de 2001, dos presuntos narcotraficantes que estaban siendo escoltados a un puesto fronterizo del centro de Vietnam arrojaron una granada que se cobró la vida de un subteniente e hirió de gravedad a otros cinco guardias fronterizos.(23)

Ejecución de extranjeros

El carácter internacional del narcotráfico causa dificultades añadidas cuando se declara culpable y condena a muerte a ciudadanos extranjeros. Es posible que los ciudadanos extranjeros no estén familiarizados con las leyes del país en que están siendo juzgados y que tengan dificultad para entender los cargos que se formulan contra ellos o para participar en el proceso si los servicios de interpretación no son adecuados. El gobierno de su país natal querrá proteger a sus ciudadanos en el extranjero, pero sus peticiones de indulto, aunque estén motivadas por consideraciones humanitarias, pueden provocar que se lo acuse de intromisión en el funcionamiento de la justicia conforme a las leyes del país en cuestión. Asimismo, al gobierno del país que condena al ciudadano extranjero se lo coloca en un dilema. Si lleva a cabo la ejecución, corre el peligro de dañar sus relaciones con el gobierno del país de origen(24) del preso. Pero si no lo hace, sus habitantes pueden afirmar que se está aplicando un doble rasero.

Algunos de estos problemas surgieron en la causa de Nguyen Thi Hiep. La Embajada canadiense afirmó que en ningún momento se les notificó oficialmente su detención y la de su madre. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Vietnam está obligada a notificar a los ciudadanos extranjeros detenidos que tienen derecho a informar a sus representantes consulares de su detención. Sin embargo, Vietnam no reconoce la doble nacionalidad y, consiguientemente, considera a los canadienses de origen vietnamita únicamente como ciudadanos vietnamitas. Como tales, según los informes, las autoridades vietnamitas no se sentían obligados a informar a Canadá de la detención de ciudadanas de doble nacionalidad o permitir que las visitaran funcionarios consulares canadienses. Sin embargo, se acabó autorizando el acceso consular y, casi con toda seguridad debido a alguna intervención diplomática canadiense, a la señora Hiep se le permitió llevar únicamente un grillo con perno en lugar de en las dos piernas como suelen llevar las personas condenadas a muerte.

Trato a los presos condenados a muerte

El uso de grilletes en las cárceles vietnamitas es habitual (véase supra el caso de Nguyen Thi Hiep). Éste es el testimonio que un familiar de otro preso condenado a muerte realizó a Amnistía Internacional:

«Mi hermano está encadenado a una tubería horizontal. Debido a estos medios de coerción no puede andar ni ponerse de puntillas. Únicamente puede estar de pie, tumbado o sentado. Muchos presos sometidos a las mismas condiciones han perdido el uso de las extremidades debido a la inactividad.»

Las normas internacionales prohíben el uso de grillos con pernos y de cadenas como instrumentos de coerción.(25) Tampoco se permite el uso como sanción de otros medios de coerción como esposas y chaquetas de fuerza, que únicamente podrán utilizarse en circunstancias muy limitadas. Los grillos y las cadenas y el uso prolongado de otros medios de coerción constituyen trato cruel, inhumano o degradante y se añaden a la crueldad de la aplicación de la pena de muerte.

Modo en que se llevan a cabo las ejecuciones

Preparación de la ejecución de delincuentes por un pelotón de fusilamiento

© Privado

Las personas condenadas a muerte por un tribunal pueden recurrir ante el Tribunal de Apelaciones y después al Tribunal Popular Supremo. En caso de que este último ratifique la condena, el condenado puede pedir el indulto al presidente en el plazo de siete días. En caso de que se desestime el recurso, la persona será ejecutada. Las conmutaciones son poco frecuentes, aunque Amnistía Internacional ha constatado al menos 10 en el año 2003 que la organización ha acogido con satisfacción.

La falta de información oficial sobre los casos individuales no permite calcular con precisión el tiempo que los presos permanecen recluidos condenados a muerte antes de la ejecución. No obstante, el mayor plazo de duración de un proceso de apelación antes de la ejecución registrado por Amnistía Internacional fue cuatro años y el menor cinco meses.

Las ejecuciones se llevan a cabo mediante un pelotón de fusilamiento formado por cinco personas, al parecer frecuentemente en público, seguidas de un enterramiento rápido. A los familiares no se les informa de antemano, sino que se les pide que recojan los objetos personales de los presos ejecutados dos o tres días después. Además, se anima a otras personas a que acudan a la ejecución. Un testigo de una ejecución pública que se llevó a cabo en marzo de 1998 relató cómo seis hombres y una mujer condenados por narcotráfico fueron conducidos de madrugada con los ojos vendados y atados a palos de madera a un descampado en las afueras de Hanoi. Según estos informes, había más de mil personas presenciando el acto. El testigo dice que la mujer estaba muy agitada y se desmayó tres veces antes de la ejecución. Cada preso recibió cinco disparos y un disparo final en la cabeza. Según otros testimonios de ejecuciones, las víctimas eran conducidas a los campos de ejecución con los ojos vendados y limones introducidos en la boca.

Amnistía Internacional también considera que las ejecuciones tienen un efecto embrutecedor para las personas que las llevan a cabo. En julio de 1996, el Comité de Derechos Humanos manifestó que «[l]as ejecuciones públicas son incompatibles con la dignidad humana».(26)

Recomendaciones

Amnistía Internacional considera que Vietnam está incumpliendo las normas internacionales relativas al uso de la pena de muerte e insta al gobierno a que tome las siguientes medidas para avanzar hacia la abolición de la pena capital en la ley y en la práctica, de acuerdo con la tendencia mundial imperante:

1. suspender las ejecuciones de acuerdo con la resolución sobre la pena de muerte aprobada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2003;

2. conmutar las condenas de muerte restantes;

3. reducir el número de delitos punibles con la muerte, como paso previo a la abolición total de acuerdo con las obligaciones contraídas por Vietnam en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y siguiendo las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos;

4. ratificar el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;

5. mejorar inmediatamente las condiciones de todos los presos recluidos en las cárceles de Vietnam, y prohibir la utilización de grilletes, de conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas;

6. garantizar que todos los procesos judiciales, especialmente por aquellos delitos que conllevan la pena de muerte como pena opcional, cumplen las normas internacionales de justicia procesal de acuerdo con las salvaguardias expuestas en el articulo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

7. hacer pública toda la información sobre la aplicación de la pena de muerte y fomentar el debate entre los miembros de la Asamblea Nacional y otras instituciones legislativas pertinentes sobre la cuestión de la abolición completa de la pena de muerte.

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(1) Informe de Amnistía Internacional titulado Socialist Republic of Viet Nam: New debate on death penalty? (Índice AI: ASA 41/04/99, julio de 1999).

(2) Socialist Republic of Viet Nam: New debate on death penalty? (Índice AI: ASA 41/04/99, julio de 1999).

(3) Estas estadísticas están extraídas de informes sobre casos individuales aparecidos en los medios de comunicación a los que ha tenido acceso Amnistía Internacional, pero es improbable que reflejen las cifras reales, que se cree son más elevadas.

(4) Acción Urgente de Amnistía Internacional AU 228/03, Índice AI: ASA 41/021/2003/s, del 30 de julio de 2003.

(5) Comunicado de prensa de las Naciones Unidas, emitido la tarde del 12 de julio de 2002.

(6) Viet Nam News, 13 de mayo de 1999.

(7) Párrafo 7, Observación general 6 (artículo 6), 27 de julio de 1982, HRI/GEN/1/Rev.3, 15 de agosto de 1997.

(8) Doc. ONU Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Vietnam, CCPR/CO/75/VNM, 5 de agosto de 2002.

(9) La cuestión de la pena de muerte, E/CN.4/RES/2003/67, 24 de abril de 2003.

(10) Informe de la relatora especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ante el 57 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/9, párrafo 76, 11 de enero de 2001.

(11) Informe de AFP "Viet Nam MPs bemoan slow execution of death penalties", 23 de noviembre de 2000.

(12) Informe de AFP sobre el caso con fecha del 27 de noviembre de 2000.

(13) Acción Urgente de AI, Índice AI: ASA 41/09/97/s, 25 de abril de 1997.

(14) Nhan Dan, 5 de junio de 2003.

(15) Cal Thayer, experto en Vietnam, citado por AFP, 24 de febrero de 2003, "Vietnam prepares for show trial of mafia boss".

(16) Informe de VNA del 10 de abril de 2003.

(17) Nhan Dan, "El caso de Truong Van Cam y su sindicato del crimen – Crimen y castigo", partes 1 – 3, 24 de febrero de 2003 y días siguientes.

(18) AFP, 16 de abril de 2003, "Prostitute-killer sentenced to death in Vietnam".

(19) Doc. ONU CCPR/C/1/Add, párrafo 7; CCPR/C/50/Add.2; CCPR/C/SR.927,SR.932; CCPR/C/SR.982.

(20) Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: informe del relator especial, E/CN.4/1997/60, párrafo 91, 24 de diciembre de 1996.

(21) Artículo 194, sección 4 del Código Penal de 1999.

(22) Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 1999, publicado por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley, Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Washington, D.C., marzo de 2000, sección de Vietnam.

(23) AFP, 16 de marzo de 2001, "Vietnam soldier killed by drug traffickers".

(24) Artículo 4.f de la Resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos, La cuestión de la pena de muerte, en la que se insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a: «[o]bservar las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte y cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, en particular las contraídas en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1963, y especialmente el derecho a recibir información sobre la asistencia consular en el contexto de un procedimiento jurídico».

(25) Artículo 33 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

(26) Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el informe inicial presentado por Nigeria de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, doc. ONU CCPR/C/79/Add.65, 24 de julio de 1996, párrafo 16.