Document - Pakistan: Femmes et jeunes filles tuées pour des questions d'honneur

Introducción

«El derecho a la vida de las mujeres de Pakistán está condicionado a que obedezcan

las normas y tradiciones sociales».

Hina Jilani, abogada y activista de derechos humanos.

Samia Sarwar, de 29 años, muerta a tiros por tratar de divorciarse contra los deseos de sus padres. Lahore, 6 de abril de 1999.

Las mujeres de Pakistán viven inmersas en el terror. Se enfrentan al peligro de morir a tiros, quemadas o a hachazos si alguien considera que han llevado la vergüenza a su familia. Las matan por mantener supuestas relaciones «ilícitas», por casarse con hombres a los que ellas eligen o por divorciarse de esposos que abusan de ellas. Incluso son asesinadas por sus familiares si alguien las viola, pues la violación constituye una afrenta al honor de la familia. No importa si sus supuestas infracciones son reales o no: las meras habladurías bastan para traer el deshonor a la familia y, por lo tanto, justifican el asesinato.

La vida de millones de mujeres paquistaníes se ve limitada por unas tradiciones que someten a estas mujeres a un aislamiento extremo y a una total sumisión a los hombres. Los varones de la familia poseen derechos casi absolutos sobre ellas, y castigan con violencia cualquier acto que consideren que debilita su control como propietarios. En su mayoría, las mujeres soportan con estoicismo el tradicional control masculino sobre todo lo relacionado con su cuerpo, su capacidad de expresarse y su comportamiento, pues lo consideran una parte de su destino; sin embargo, la información que aparece en los medios de comunicación, la labor de los grupos que trabajan en favor de las mujeres y el aumento de su capacidad de circulación han hecho llegar al cerrado mundo en el que viven la noción de que también ellas tienen derechos. No obstante, la respuesta ante la tentativa de las mujeres de empezar a hacer valer sus derechos ha sido rotunda e inmediata: el número de homicidios por motivos de honor ha aumentado al mismo ritmo que la concienciación sobre los derechos de la mujer.

Se sabe que cada año centenares de mujeres son víctimas de homicidios cometidos en nombre del honor. Además, hay muchos más casos que no se denuncian, y prácticamente todos quedan impunes. El aislamiento y el temor de las mujeres que viven bajo semejante amenaza se ven agravados no sólo por la indiferencia, sino incluso por la complicidad del Estado respecto a la opresión de la mujer. En los homicidios por motivos de honor o los asesinatos domésticos la policía, casi invariablemente, se pone de parte de los varones; los responsables rara vez son procesados. Incluso en los casos en los que los asesinos llegan a ser declarados culpables, el poder judicial garantiza que reciban una sentencia leve, con lo que se refuerza la opinión de que los hombres pueden matar a las mujeres de su familia prácticamente con total impunidad. Además, hay leyes específicas que obstaculizan la compensación, ya que resultan discriminatorias respecto a las mujeres.

El aislamiento de las mujeres se ve agravado asimismo por la ausencia prácticamente total de lugares donde ocultarse. Hay muy pocos albergues para mujeres, y cualquier mujer que trate de viajar por su cuenta se expone a sufrir abusos de la policía, de cualquier desconocido o de sus propios familiares, que enseguida salen en su busca. Para algunas mujeres, el suicidio parece ser la única vía de escape.

Los abusos cometidos por individuos particulares, como los homicidios por motivos de honor, están tipificados como delito en el código penal de Pakistán. Sin embargo, el hecho de que, sistemáticamente, las autoridades no hagan nada para impedir, investigar o castigar estos crímenes hace que el Estado sea responsable de estos hechos ante la comunidad internacional. El gobierno paquistaní no ha tomado ninguna medida para poner fin a los homicidios por motivos de honor ni para hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos. No ha impartido formación a policías y jueces para que se muestren neutrales ante hombres y mujeres ni ha enmendado las leyes discriminatorias. Además, ha hecho caso omiso del artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Pakistán en 1996, que obliga a los Estados a «modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres» para eliminar los prejuicios y las tradiciones discriminatorias.

Algunos defensores de este tipo de prácticas afirman que las costumbres tradicionales, como manifestación genuina de la cultura de una comunidad, no deben ser analizadas desde la perspectiva de los derechos expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por el contrario, la Conferencia Mundial de 1993 sobre Derechos Humanos declaró, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, que «todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí», y afirmó que los Estados tienen el deber de «promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales». También en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que insta a los Estados a «no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación» de eliminar el trato discriminatorio hacia la mujer.

Amnistía Internacional, aunque reconoce la importancia de la diversidad cultural, defiende firmemente la universalidad de los derechos humanos, especialmente de los derechos fundamentales a la vida y a no ser sometido a torturas o malos tratos. La función del Estado consiste en garantizar la plena protección de estos derechos, modificando cuando sea necesario la «tradición» mediante la educación y la ley.

Este informe es el cuarto de una serie publicada por Amnistía Internacional sobre los derechos de las mujeres en Pakistán, y es el primero en el que se analizan los abusos cometidos contra las mujeres por individuos particulares.

Homicidios en nombre del honor

A Ghazala la prendió fuego su hermano en Joharabad, provincia de Punyab, el 6 de enero de 1999. Según los informes, fue asesinada porque su familia sospechaba que mantenía una relación «ilícita» con un vecino. Su cuerpo calcinado y desnudo permaneció abandonado en la calle durante dos horas, pues nadie quería implicarse en el asunto.

Ghazala fue quemada viva en nombre del honor. Cada año, centenares de mujeres y niñas corren una suerte similar en medio del apoyo generalizado de la opinión pública hacia estas prácticas, y sin que las autoridades emprendan prácticamente ninguna acción al respecto. De hecho, todo indica que el número de homicidios por motivos de honor está aumentando a medida que se amplía la percepción de qué es el honor y de cuáles son las cosas que lo dañan, y a medida que cada vez más homicidios se ocultan bajo el disfraz del honor al suponer correctamente sus autores que este tipo de crímenes rara vez se castigan.

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3

En muchos casos, los homicidios por motivos de honor se basan en las razones más endebles: por ejemplo, un hombre alegó que había soñado que su esposa lo engañaba. Las instituciones del Estado, es decir, las fuerzas del orden y el poder judicial, se muestran extremadamente indulgentes con estos crímenes, y la ley ofrece numerosas lagunas jurídicas para que quienes cometen homicidios en nombre del honor queden impunes. A consecuencia de todo esto, la tradición se mantiene inalterable.

Llanto de una campesina por su hijo, víctima de homicidio por adulterio. Aunque tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de homicidios por motivos de honor, las muertes de mujeres son mucho más frecuentes que las de hombres.

© Yousuf Nagori.

Los métodos de estos homicidios pueden variar. En Sind, los adúlteros (designados con los términos de kari, que significa literalmente «mujer negra», y karo, «hombre negro») son despedazados a hachazos, normalmente con la complicidad de la comunidad. En Punyab es más frecuente que los homicidios, llevados a cabo normalmente con arma de fuego, se basen en decisiones individuales y se cometan en privado. En la mayoría de los casos, los autores de los crímenes son los esposos, los padres o los hermanos de las víctimas. También hay casos en los que los miembros del yirga (consejo tribal de ancianos) deciden que una mujer debe morir y envían a un hombre a ejecutar la sentencia.

Entre las víctimas hay desde niñas que aún no han alcanzado la pubertad hasta mujeres que ya son abuelas. Por lo general son asesinadas por la mera afirmación de que han mantenido relaciones sexuales «ilícitas». Jamás se les brinda la oportunidad de dar su versión de los hechos, ya que no hay razón para hacerlo: el hecho de que alguien haya realizado esa afirmación es suficiente para mancillar el honor de un hombre y, por lo tanto, basta para justificar la muerte de la mujer.

Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, no gubernamental, en 1998 se recibieron informes, únicamente en Punyab, de la muerte de 286 mujeres por motivos de honor. El Grupo Especial para Sind de esa misma Comisión recibió informes sobre la muerte de 255 personas en 196 casos de homicidio por adulterio ocurridos en Sind en 1998. La cifra real de fallecimientos por cuestiones de honor es muchísimo más alta que las que figuran en los informes.

Las mujeres paquistaníes que viven en el extranjero no se libran de este destino. Así, el juzgado de Nottingham, en el Reino Unido, condenó en mayo de 1999 a una mujer paquistaní y a su hijo ya adulto a cadena perpetua por matar a Rukhsana Naz, hija de la mujer, que tenía dos hijos y estaba encinta del tercero. Los asesinos consideraban que Rukhsana había traído el deshonor a la familia al mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Según los informes, Rukhsana fue estrangulada por su hermano mientras su madre la sujetaba.

Hay dos factores esenciales que contribuyen a la violencia contra las mujeres: la práctica de considerarlas como mercancía y la noción de honor. El concepto de la mujer como mercancía, no como ser humano con la misma dignidad y los mismos derechos que el hombre, está profundamente arraigado en la cultura tribal. La doctora Tahira Shahid Khan, de Shirkatgah, que trabaja en un centro para la defensa de la mujer, explica: «Las mujeres son consideradas como un objeto que pertenece a los varones de la familia, independientemente de la clase social o el grupo étnico o religioso al que pertenezcan. El propietario de ese objeto tiene derecho a decidir qué se hace con él. El concepto de propiedad ha convertido a las mujeres en una mercancía que puede intercambiarse, comprarse y venderse...».(1)

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1

Los derechos de propiedad están especialmente en juego cuando una mujer va a casarse en Pakistán, casi siempre con el esposo que le han buscado los padres. Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta son los bienes que la joven tendrá derecho a heredar algún día. Una mujer se entrega a su esposo a cambio de que éste pague al padre de la novia un precio determinado; en ocasiones, ese precio incluye que se entregue al padre otra mujer como nueva esposa. Hay padres que aceptan un precio nupcial más bajo a cambio de que, cuando la pareja tenga una hija, se la entreguen para poder venderla a ella también como esposa. Esa práctica de considerar a la mujer como mercancía es también la base de la tradición conocida como khoon baha(dinero de sangre), que consiste en entregar una mujer a un adversario para solventar un conflicto.

Campesina con un niño. © Yousuf Nagori

Las mujeres encarnan el honor del hombre al que «pertenecen», y por ello deben mantener la virginidad y la castidad. Al dar pie a que se considere que mantiene una relación sexual «ilícita», la mujer mancilla el honor de su guardián y su familia, se convierte en adúltera y pierde su derecho a la vida.

En la mayoría de las comunidades, el único castigo para el adulterio es la muerte. La capacidad de un hombre para proteger su honor es algo que tanto su familia como sus vecinos someten a juicio. Eso significa que los hombres deben demostrar públicamente que son lo suficientemente enérgicos como para proteger su honor y restaurarlo matando a quien lo mancilla. Por ello, normalmente los homicidios por motivos de honor se llevan a cabo en público.

La cuestión es que el concepto de qué cosas mancillan el honor se ha hecho cada vez más amplio. El control de los varones no se limita al cuerpo de la mujer y a su vida sexual, sino que abarca todo su comportamiento, incluidos sus movimientos y las cosas que dice. En cualquiera de esos aspectos, un desafío por parte de una mujer constituye una afrenta al honor del hombre. Se ha informado sobre severos castigos impuestos a mujeres por servir tarde la comida, por responder a sus familiares varones o por realizar visitas familiares prohibidas. Las normas de honor y castidad no se aplican por igual a hombres y a mujeres, aunque se supone lo contrario. Los estudios realizados en la Provincia de la Frontera Noroeste y en Baluchistán han demostrado que los hombres no suelen recibir ningún castigo por sus relaciones «ilícitas», mientras que las mujeres son asesinadas por el más simple rumor de «conducta indebida».

El honor de un hombre, una vez mancillado por una falta sexual real o supuesta o por cualquier otro desafío, sólo se restaura parcialmente con la muerte de la culpable. El varón mancillado debe matar también al hombre presuntamente implicado. Sin embargo, como la adúltera siempre es asesinada en primer lugar, lo normal es que el adúltero se entere de lo sucedido y huya.

Para resolver la cuestión se puede convocar una reunión o una sesión del consejo tribal de ancianos si las dos partes (el hombre cuyo honor se ha mancillado y el adúltero fugado) acceden. Esta reunión (faislo) está presidida por el jefe tribal local (sardar), su subordinado o un terrateniente local, y a ella asisten representantes de las dos partes. La justicia tribal así dispensada no pretende averiguar la verdad y castigar al culpable, sino restaurar el equilibrio mediante una indemnización por daños. Para salvar su vida, el adúltero debe pagar una indemnización que puede ser una suma de dinero, una mujer o ambas cosas.

La justificación de las autoridades, que alegan que en las zonas rurales atrasadas no se comprenden los derechos de la mujer, pasa por alto el hecho de que muchos homicidios por motivos de honor se cometen en zonas urbanas, y que existe un apoyo considerable hacia estas prácticas entre las clases cultas. Por ejemplo, la madre de Samia Sarwar, médico, permitió que su hija fuera asesinada por motivos de honor en Lahore en abril de 1999 cuando ésta trató de divorciarse de su esposo, que la maltrataba (véase infra). Shahtaj Qisalbash, que presenció el homicidio, declaró que la madre de Samia se mostró «tranquila y serena mientras se alejaba del lugar donde su hija había sido asesinada, como si la mujer que yacía allí bañada en su propia sangre fuera una desconocida».

La frecuencia con que se cometen homicidios por adulterio y la forma tan repentina e inesperada en la que algunas mujeres son víctimas de ellos contribuyen a crear una atmósfera de terror entre las jóvenes. La poetisa Attiya Dawood citó las palabras de una adolescente de un pequeño pueblo de Sind: «Los ojos de mi hermano me persiguen a donde vaya. La mirada de mi padre me vigila constantemente, severa y enojada... Nosotras estamos allí, ya acusadas y condenadas, esperando a que nos declaren adúlteras y nos asesinen».(2)

La comunidad internacional no ha mostrado demasiado apoyo hacia las mujeres que huyen al extranjero ante el temor de ser asesinadas por su familia. De hecho, hace muy poco tiempo que se ha reconocido como motivo para conceder asilo la amenaza contra la vida de las mujeres que se niegan a aceptar la decisión de su padre respecto a su matrimonio.(3)

Homicidios por motivos de honor contra mujeres que deciden casarse con el hombre a quienes ellas eligen

El manifestar el deseo de elegir al propio cónyuge y el casarse con la persona que uno quiere constituyen unos de los desafíos más graves en una sociedad en la que la mayoría de los matrimonios son concertados por los padres. Se considera que esta actitud mancilla el honor del hombre que negocia el matrimonio y que espera recibir un precio a cambio de entregar a la mujer en cuestión como esposa.

Muchas veces, los padres presentan cargos de fornicación (zina) contra sus hijas cuando éstas se casan con hombres de su elección, pues alegan que esos matrimonios no son válidos. No obstante, aunque estos cargos se presenten ante los tribunales, muchos hombres imparten su propia justicia. Por ejemplo, según la prensa local, Sher Bano fue asesinada ante un tribunal de Peshawar. Anteriormente se había fugado con el hombre con el que deseaba casarse, pero fue detenida y acusada de fornicación. El 6 de agosto de 1997, cuando salía del tribunal vigilada por la policía tras presentar su solicitud de fianza, su hermano la mató a balazos.

Las mujeres que son repudiadas por su familia a causa de su matrimonio quedan aisladas de todos sus lazos sociales y en una situación que las hace vulnerables a la explotación. R. [no desea que se publique su nombre] dijo a Amnistía Internacional que, cuando tenía 15 o 16 años, se casó con un hombre de otra tribu contra los deseos de su familia. Tres años después su esposo se divorció verbalmente de ella. Su familia la había amenazado de muerte por casarse con un hombre de su elección, así que no tenía dónde ir y tuvo que dedicarse a la mendicidad. Al cabo de ocho años se casó con otro hombre, pero un día su primer esposo, que quería que mendigara para él, la reconoció y, tras negar que se hubiera divorciado de ella, la amenazó con acusarla de adulterio por vivir con otro hombre. R. fue detenida por la policía. El terrateniente local intervino y consiguió que compareciera ante un magistrado que la envió al albergue estatal para mujeres de Hyderabad. Esta mujer no sabe qué será de ella a partir de ahora.

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16

Hay un tipo de matrimonio concertado (satta-watta), en el que los padres intercambian a sus hijas, que obliga especialmente a las mujeres a cumplir los acuerdos matrimoniales de sus padres. Al parecer, Shaheen fue quemada viva por su esposo Anwar en Gujjarpura en diciembre de 1998 por un conflicto en este tipo de acuerdos. Su matrimonio no marchaba bien, y Anwar quería devolver a Shaheen a sus padres. Sin embargo, el hermano de Shaheen, casado con la hermana de Anwar, se negó a devolver a su esposa. Anwar decidió que la única vía para librarse de su vergüenza era matar a Shaheen.(4)

Se han dado muchos casos de mujeres que, tras decidir casarse con un hombre de su elección, son secuestradas y no vuelve a saberse nada de ellas. En el momento de redactar este informe, por ejemplo, se desconocía el paradero de Uzma Talpur, que había contraído matrimonio con Nasir Rajput contra los deseos de su padre en noviembre de 1998. La policía detuvo a la pareja ese mismo mes; Nasir Rajput fue acusado de secuestrar a Uzma y ambos fueron acusados de fornicación, a pesar de que su matrimonio era válido. En diciembre la policía entregó a la joven a su familia pero, cuando su esposo presentó un recurso constitucional ante el Tribunal Superior de Sind para que su esposa fuera liberada de la custodia paterna, los familiares de Uzma aseguraron que ésta había sido secuestrada por desconocidos en los juzgados. En junio de 1999, la policía declaró ante el Tribunal Superior que no era cierto que ese secuestro se hubiera producido. El Tribunal Superior emitió una orden general de busca para dar con el paradero de Uzma Talpur.

Homicidios por motivos de honor de mujeres que desean el divorcio

Muchas mujeres que trataban de conseguir el divorcio en los tribunales han sido agredidas, heridas o asesinadas. El pedir el divorcio se considera un acto de desafío público que exige acciones punitivas acordes con la tradición para restaurar el honor del varón.

Exequias de activistas de diversas ONG por Samia Sarwar, asesinada el 6 de abril por tratar de divorciarse contra los deseos de sus padres. © Reuters

El 6 de abril de 1999, Samia Sarwar, de 29 años y madre de dos niños de corta edad, fue abatida a tiros en el despacho de su abogada en Lahore. Al parecer, fue asesinada porque su madre y su suegra son hermanas y consideraban que el intento de Samia de divorciarse de un esposo que, según describió la víctima a su abogada, la maltrataba constantemente, era una vergüenza para la familia. Durante sus diez años de matrimonio, Samia había estado sometida a una violencia doméstica continua. En 1995 regresó a casa de sus padres cuando su esposo la arrojó por unas escaleras estando ella encinta.

Samia huyó a Lahore el 26 de marzo de 1999, pidió ayuda en el bufete de abogados AGHS y se refugió en el albergue para mujeres Dastak, dirigido por las abogadas de dicho bufete. Entre esas abogadas se encontraban Hina Jilani y Asma Jahangir, que actualmente es la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y que por aquel entonces era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán. El 6 de abril, cuando Samia Sarwar se encontraba en el despacho de su abogada, su madre se presentó allí, acompañada por el tío de Samia y por un chófer. Este último disparó a Samia en la cabeza y le causó la muerte instantánea.

El hecho de que el homicidio se cometiera en presencia de abogadas muy conocidas indica que los autores estaban convencidos de estar actuando correctamente, que no les asustaba la publicidad y que no les parecía necesario ocultar su identidad, ya que estaban seguros de que el Estado no les haría rendir cuentas por esa muerte. Tenían razón. A pesar de que ese mismo día se presentó una primera denuncia (una declaración previa realizada por los denunciantes a la policía y que da comienzo a una investigación policial) en la que se citaba a la madre, el padre y el tío de Samia como implicados en el asesinato, hasta el momento ninguno de ellos ha sido detenido.

Según la información publicada en periódicos de la provincia de la Frontera Noroeste, la opinión pública respaldaba por abrumadora mayoría el homicidio, y muchos alegaban que, puesto que se trataba de un acto realizado conforme a la tradición, no podía ser un crimen.

La Cámara de Comercio de Peshawar, de la que el padre de Samia es presidente, y varias organizaciones religiosas exigieron que Hina Jilani y Asma Jahangir fueran tratadas de acuerdo con la «ley tribal e islámica» y detenidas por «inducir a las mujeres de Pakistán a actuar indebidamente y contribuir a dar una mala imagen del país en el extranjero». Se emitieron edictos religiosos (fatwas) contra ambas mujeres y se prometió una recompensa para quien las matara. En abril de 1999, Asma Jahangir presentó ante la policía una primera denuncia contra quienes las habían amenazado de muerte a ella y a su hermana. Simultáneamente, pidió al gobierno que iniciara una investigación judicial encabezada por un juez del Tribunal Supremo para aclarar los casi trescientos casos de homicidios por motivos de honor denunciados en 1998 en Pakistán. No se tiene noticia de que se haya emprendido acción alguna respecto a ninguna de estas dos cuestiones.

El 11 de mayo, el padre de Samia presentó ante la policía de Peshawar una denuncia en la que acusaba a las dos abogadas del secuestro y asesinato de Samia. Las abogadas consiguieron que se les otorgara la fianza antes de llegar a ser detenidas. Un mes después, el Tribunal Superior de Peshawar admitió la petición presentada por ambas para que se desestimara la denuncia y ordenó a la policía que no actuase contra las abogadas en relación con ese asunto.

Homicidios por motivos de honor de mujeres que han sido violadas

Al convertir a una mujer en víctima de homicidio por motivos de honor, los guardianes de la honra no tienen en cuenta si ésta ha cometido voluntariamente un acto considerado vergonzoso o si ha sido obligada a hacerlo sin su consentimiento. Eso significa que una mujer, si es violada, trae la vergüenza a su familia.

Según los informes, en marzo de 1999, Lal Jamilla Mandokhel, muchacha de 16 años deficiente mental, fue violada varias veces por un empleado administrativo del departamento gubernamental local de agricultura en un hotel de Parachinar, provincia de la Frontera Noroeste. El tío de la muchacha denunció el incidente ante la policía, que puso al acusado bajo custodia para protegerlo, pero entregó a la joven a su tribu, los mazuzai de la Agencia de Kurram. Un consejo tribal de ancianos decidió que la muchacha había causado la vergüenza de su tribu y que la única manera de restaurar el honor era mediante la muerte. La joven fue muerta a tiros ante una asamblea tribal.

Nafisa Shah afirma que las mujeres que hacen pública su violación y, con ello, deshonran a los varones de su familia, son especialmente vulnerables. Por ejemplo, los informes indican que Arbab Khatoon, violada por tres hombres en un pueblo del distrito de Jacobabad, denunció su violación ante la policía. Fue asesinada siete horas después. Según los habitantes de la zona, la mataron sus familiares porque, al acudir a la policía, había deshonrado a la familia.(5)

Homicidios por falsos motivos de honor

En los homicidios por adulterio, si la mujer es la única que muere y el hombre, como sucede con frecuencia, escapa, éste debe compensar al varón afectado por el perjuicio causado a su honor y, si quiere salvar su vida, debe indemnizarle por el valor de la mujer que ha muerto.

Lo cierto es que los homicidios en nombre del honor ofrecen numerosas oportunidades de conseguir dinero, obtener una mujer como compensación u ocultar otro tipo de crímenes, ya que el autor de un homicidio por motivos de honor puede estar casi seguro de que, si su caso llega a los tribunales, será tratado con indulgencia. Nafisa Shah habla de una «industria de homicidios por motivos de honor» en la que participan los miembros de las tribus, la policía y los mediadores tribales.

En noviembre de 1997, Mussarrat Bibi, madre de tres hijos, embarazada del cuarto y casada desde hacía once años, fue muerta a golpes por unos campesinos enloquecidos en Chehel Khurd, cerca de Qilla Deedar Singh, distrito de Sheikupura, después de que se difundieron rumores sobre su comportamiento inmoral. Las investigaciones revelaron que el motivo real de su muerte fue que se había negado a trabajar para los terratenientes locales sin recibir un salario a cambio. Según los informes, dos personas permanecieron detenidas un breve periodo por este incidente.

También son abundantes los informes sobre hombres que han matado a otros hombres por cuestiones que no tenían nada que ver con el honor y que después han acusado de adulterio a una mujer de su familia y la han matado para camuflar el homicidio inicial y hacerlo parecer un homicidio por motivos de honor.

En algunos casos, el afán de conseguir una indemnización ha dado lugar a que se distorsione la verdad, pese a que ésta sea de dominio público. Según los informes, en Ghotki un hombre dio fe de la inocencia de su esposa cuando ésta fue atacada por el hermano de él, que la acusaba de mantener una relación «ilícita». El esposo llevó a la mujer a Karachi para que recibiera tratamiento pero, cuando le dijeron que sufría una parálisis permanente de cintura para abajo, renegó de ella, la declaró adúltera y tomó una mujer de la familia del supuesto adúltero como compensación.

El hecho de que en muchos presuntos casos de relaciones ilícitas se entregue al varón mancillado otra mujer como compensación ha dado pie a manipulaciones adicionales del sistema de restablecimiento del honor. Si una mujer se niega a casarse con un hombre, éste puede declarar que un varón de la familia de la mujer es un adúltero y exigir a la mujer como compensación por no matarlo. Se dan incluso casos en los que este tipo de hombres llegan a matar a una mujer de su propia familia para dar mayor peso a su acusación. Attiya Dawood citó un incidente ocurrido en el pueblo de Moorath y que le contó la hermana del presunto adúltero. Según el relato de esta mujer, su hermano Amanullah se había casado con una mujer que anteriormente había estado interesada en su primo Nazir, un hombre casado y con ocho hijos. Nazir, al no haber logrado obtener el consentimiento de la familia de la mujer para casarse con ella, asesinó a Amanullah y luego mató a su propia hermana, inocente, y los declaró a ambos adúlteros. Tras cumplir una breve pena de prisión, recibió a la esposa de Amanullah, ahora viuda, en compensación por los supuestos daños infligidos a su honor.

La violencia doméstica como castigo contra la mujer

Los homicidios en nombre del honor son una forma extrema de violencia contra la mujer. La violencia doméstica también se utiliza con mucha frecuencia para castigar a las mujeres por cualquier presunta insubordinación que pueda considerarse que daña el honor masculino. Por ejemplo, Sabira Khan

Víctima de la violencia doméstica en el albergue estatal para mujeres de Hyderabad, febrero de 1999. © AI

se casó a los 16 años con un hombre que le doblaba con creces la edad; poco después de contraer matrimonio en 1991 su esposo le dijo que no debía volver a ver a su familia. Sabira afirma que cuando, en diciembre de 1993, trató de infringir esa norma, su esposo y la madre de éste la rociaron con queroseno y la prendieron fuego. Estaba embarazada de tres meses. A pesar de haber sufrido quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo, sobrevivió, aunque le quedaron enormes cicatrices. Desde entonces ha luchado para que se formulen cargos contra sus atacantes, pero siempre en vano. El magistrado de Jhelum admitió el argumento de su esposo, que afirmaba que Sabira estaba loca y que se había prendido fuego ella misma. Actualmente está pendiente una vista de apelación ante el Tribunal Superior de Rawalpindi.

Shahnaz Bokhari, de la Asociación de Mujeres Progresistas de Islamabad, ha declarado que, desde marzo de 1994, fecha en la que se fundó la organización, han documentado 1.600 casos de mujeres quemadas en sus casas solamente en Rawalpindi e Islamabad. Estos son los únicos casos que se han denunciado.

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5

El informe sobre 1998 de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán se muestra contundente al afirmar: «La sumisión de la mujer seguía estando tan arraigada en la costumbre y las tradiciones, e incluso supuestamente en la religión, que gran parte de la violencia doméstica endémica contra las mujeres se consideraba un comportamiento normal [...] Un sondeo realizado demostró que el 82 por ciento de las mujeres de las zonas rurales de Punyab temían que sus esposos las agredieran con violencia si estaban descontentos por cualquier asunto de menor importancia; en la mayor parte de las zonas urbanas, un 52 por ciento de las mujeres admitieron que sus esposos las golpeaban».(6)

Pocos lugares donde ocultarse

Las mujeres y niñas que temen ser castigadas por presuntas infracciones de las normas tradicionales del honor apenas cuentan con lugares donde ocultarse. Rara vez saben cómo moverse fuera de sus casas, no están acostumbradas a usar el transporte público, normalmente carecen de dinero y, si salen solas al mundo exterior, están aún más expuestas a los abusos. La elevada proporción de mujeres que son asesinadas por adulterio frente al número de hombres muertos por ese mismo delito refleja también esa total incapacidad de las mujeres de moverse en el mundo exterior. Muchas de las mujeres que se atreven a huir son atrapadas y asesinadas.

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 7

Entre los pocos lugares en los que una adúltera puede refugiarse y estar segura se encuentran las casas de los jefes tribales locales, las de los «hombres santos» (llamados pir) o los santuarios. Allí las mujeres pueden conseguir protección para no ser asesinadas. Sin embargo, incluso en esos lugares se espera que cumplan unas normas sociales muy estrictas. En muchos casos, las mujeres trabajan durante años como sirvientas sin ningún salario en las casas de los jefes tribales, y en ocasiones son víctimas de abusos.

Algunas mujeres consiguen llegar a albergues femeninos estatales o privados; sin embargo, por desgracia, este tipo de albergues son muy escasos. Muchas veces, estas mujeres tratan de defender sus derechos mediante la vía legal, en ocasiones sin ser conscientes de que al ponerse en contacto con el sistema estatal están bloqueando su posible regreso a su comunidad. En los últimos tiempos, los albergues de mujeres están empezando a ser objeto de ataques.

Incapaces de escapar a la violencia de un matrimonio contraído a la fuerza, algunas mujeres optan por el suicidio. La policía no ha prestado ninguna atención a las familias o las comunidades que inducen a las mujeres a suicidarse. No existen cifras oficiales sobre los suicidios de mujeres, y muchas de estas suicidas son enterradas en secreto para encubrir el posible perjuicio al honor de la familia. No obstante, en ocasiones estos hechos salen a la luz. Por ejemplo, el 29 de marzo de 1999 una estudiante de 18 años, Qaisrana Bibi, se suicidó en Khanpur ante la presión a la que la sometían sus padres para que contrajera matrimonio con un hombre al que no amaba. Se tumbó sobre las vías del ferrocarril y fue destrozada por un tren.

Los homicidios por motivos de honor y el Estado

La idea internacional respecto a la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos se ha ampliado considerablemente en los últimos años hasta abarcar no sólo las violaciones cometidas por agentes estatales sino también los abusos cometidos por individuos particulares y a los que el Estado no ha prestado atención. Si el Estado no actúa con la debida diligencia para impedir, investigar y castigar los abusos, incluida la violencia de que son objeto las mujeres en nombre del honor, entonces debe ser considerado responsable en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos. Esta visión de la responsabilidad estatal queda establecida en los principales tratados de derechos humanos. Así, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1993, afirma que los Estados deben «proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares».

El gobierno de Pakistán no ha tomado medidas para impedir los homicidios cometidos en nombre del honor y ponerles fin. No ha tratado de erradicar unas tradiciones que prescriben los homicidios por motivos de honor y tampoco ha terminado con la impunidad prácticamente total de que disfrutan los autores de dichos homicidios. Además, el código legal mantiene leyes discriminatorias que dificultan la posibilidad de conseguir una compensación plena. La policía y los tribunales han aplicado la ley de una forma sesgada que ha dado lugar a que los responsables de estos crímenes no tengan que rendir cuentas de este tipo de homicidios, y así la práctica se ha perpetuado.

La indiferencia del gobierno ante los homicidios cometidos en nombre del honor

El gobierno de Pakistán no ha mostrado ninguna voluntad de poner fin a la violencia que sufren las mujeres en nombre del honor. Con ello, se puede decir que ha emitido una señal que indica que a las autoridades el sistema les es indiferente, cuando no es que lo aprueban.

La falta de actuación del gobierno en este respecto quedó aún más de manifiesto tras el homicidio de Samia Sarwar en la oficina de Hina Jilani en abril de 1999. Un representante del gobierno condenó este crimen ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sin embargo, en Pakistán, donde es necesario que haya un cambio de actitud, tres semanas después del homicidio el gobierno declaró que se trataba de un acto «deshonroso» pero no garantizó que fueran a emprenderse acciones adecuadas. Los acusados de este crimen no han sido detenidos y no se ha adoptado ninguna medida contra quienes amenazaron de muerte a Asma Jahangir y a Hina Jilani por proteger los derechos de la mujer.

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La actitud del gobierno al no cumplir con su obligación de tomar medidas para modificar la actitud pública respecto a la discriminación sexual —obligación que contrajo al ratificar la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer— lo hace parcialmente responsable de que los homicidios por motivos de honor continúen e incluso vayan en aumento. Al parecer, cuando en marzo de 1999 se publicó el informe sobre 1998 de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán el ministro de Información, Mushahid Hussain, declaró, refiriéndose a las denuncias sobre la violencia contra las mujeres y sobre la mano de obra infantil: «Son una característica de la sociedad feudal de Pakistán, no forman parte de ninguna norma del gobierno ni son consecuencia de ninguna ley...»(7)

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 5

El gobierno actual no ha tomado ninguna medida eficaz para poner fin a la discriminación sexual en Pakistán y garantizar así la igualdad de todos los ciudadanos. Las exhaustivas recomendaciones formuladas por la Comisión de Investigación sobre la Mujer, establecida por orden del Senado paquistaní, no se han puesto en práctica. Mientras el gobierno mantenga esta actitud, las mujeres seguirán siendo víctimas de homicidios cometidos en nombre del honor y de otros abusos violentos.

Discriminación sexual en la ley

Según algunas descripciones, la situación de las mujeres en Pakistán se define por «la interacción de los códigos tribales, la ley islámica, las tradiciones judiciales indobritánicas y las costumbres... [que han creado] una atmósfera de opresión en torno a las mujeres en la que cualquier ventaja u oportunidad que una ley ofrezca a una mujer se ve anulada por uno o más de los elementos restantes».(8) Las normas que dicta la tradición, las disposiciones islámicas (tal como se interpretan en Pakistán) y las leyes del código penal discrepan en muchas cuestiones relativas a la vida de la mujer, como el control de los bienes, la herencia, el matrimonio, el divorcio, las relaciones sexuales, la violación y la custodia. El gobierno de Pakistán no ha conseguido que las mujeres sean conscientes de sus derechos legales y constitucionales y que esos derechos y libertades tengan prioridad sobre las normas que niegan la igualdad de la mujer. Las mujeres, que por lo general viven confinadas en el ámbito doméstico, no disfrutan de los derechos fundamentales garantizados por la constitución.

A los activistas de derechos humanos que protestan porque el gobierno no ha tomado medidas para llevar a los asesinos de Samia Sarwar ante los tribunales se les impide la entrada a la Secretaría de Punyab (sede administrativa local). © Particular (para uso de AI)

Entre las leyes del código penal, hay sobre todo dos que perjudican especialmente a las mujeres de Pakistán, y las dos han sido introducidas en nombre de la adaptación de la ley a los conceptos islámicos. La Ordenanza deQisasy Diyat, de 1990, abarca delitos relacionados con las lesiones físicas, el homicidio sin premeditación y el asesinato, y modifica los conceptos de tal modo que hace que estos delitos no estén dirigidos contra el orden legal establecido del Estado sino contra la víctima. Un juez del Tribunal Supremo explicó: «En el Islam, la víctima o sus herederos tienen, desde el principio hasta el final, un control absoluto sobre la cuestión, incluidos el delito y el delincuente. Pueden no denunciar el crimen, pueden no acusar al delincuente o pueden retirar la acusación según deseen. Pueden perdonar al criminal en cualquier momento antes de la ejecución de la sentencia. Pueden aceptar una indemnización económica o de otro tipo como medio de que el delincuente purgue su delito. Pueden llegar a un acuerdo. Pueden aceptar el qisas[un castigo equivalente al delito cometido] para el criminal. El Estado no puede obstaculizar sus deseos, sino que debe hacer cuanto pueda para ayudarles a lograr su objetivo y a ejercer adecuadamente sus derechos».(9)

Esta modificación de los conceptos delictivos transmite una señal que indica que los asesinatos de familiares son un asunto de familia y que el procesamiento y la pena judicial no son una consecuencia inevitable, sino algo que se puede negociar.

La Ordenanza deQisasy Diyatestablece que no puede imponerse la pena de muerte para el delito de asesinato ni como qisas[castigo equivalente al delito cometido] ni como tazir[castigo facultativo de la ley islámica que puede imponerse cuando no hay pruebas suficientes para decretar un qisas] cuando el heredero de la víctima sea descendiente directo del delincuente. En esos casos, la pena máxima que puede imponer el tribunal es la de catorce años de prisión. Así, si un hombre asesina a su esposa y ha tenido algún hijo con ella, la pena máxima a la que puede ser condenado es de catorce años de cárcel, ya que su hijo es el heredero de la víctima y es descendiente del delincuente.

En el pasado, los hombres que mataban a sus esposas o hijas por causar la deshonra de la familia podían acogerse a la disposición de «provocación grave y repentina». La sección 300.1 del código penal de Pakistán decía: «El homicidio sin premeditación no se considerará asesinato si el delincuente, privado del autocontrol por una provocación grave y repentina, causa la muerte de la persona responsable de dicha provocación...». El castigo para el homicidio sin premeditación es la cárcel; el castigo para el asesinato es la muerte.

En la interpretación realizada por los tribunales, esta ley otorgaba a los hombres que mataban a una esposa o una hija que presuntamente les había causado la deshonra unas circunstancias atenuantes a las que las mujeres no podían acogerse. Los tribunales opinaban que si la provocación contra el honor de un hombre es grave y repentina, como cuando alguien le dice que su esposa mantiene una relación «ilícita», ese hombre pierde toda su capacidad de autocontrol y no puede ser considerado plenamente responsable de sus actos.

Esta disposición se omitió del código penal con la introducción en 1990 de la Ordenanza deQisasy Diyat, pero la práctica judicial aún sigue admitiendo esas circunstancias atenuantes (véase infra).

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 15

La Ordenanza sobre el Delito de Fornicación y Adulterio, de 1979, también ha contribuido a limitar los derechos de la mujer.(10) La discriminación sexual inherente a ella da via libre a quienes desean tratar a las mujeres como seres humanos de segunda clase con menos derechos que los hombres. Además, ha demostrado ser una útil herramienta para detener a las mujeres que toman cualquier iniciativa respecto a la elección de su esposo, ya que muchos padres, al enfrentarse a una actitud semejante por parte de sus hijas, las han acusado de fornicación.

Discriminación sexual por parte de la policía

Muchas veces, los policías actúan, o permiten que los utilicen, como guardianes de la tradición y la moralidad en vez de como funcionarios imparciales encargados de hacer cumplir la ley. Hay muchos padres que utilizan a la policía para recuperar o detener ilegalmente a hijas adultas que se han casado con un hombre elegido por ellas mismas. A pesar de los numerosos fallos judiciales que afirman que las mujeres adultas tienen derecho a contraer matrimonio sin la autorización de sus tutores varones, la policía sigue admitiendo denuncias de secuestro y de fornicación presentadas contra mujeres que han ejercido ese derecho, y las admite a pesar de que para el departamento de policía resultaría muy fácil verificar si las parejas denunciadas están casadas y por lo tanto son culpables o no de secuestro o fornicación.

Por otra parte, cuando las mujeres son heridas de gravedad por sus esposos o familiares, la policía las disuade de presentar denuncias y les aconseja que traten de reconciliarse con sus agresores. También hay muchos casos de adulterio en los que, cuando un esposo se presenta en la comisaría declarando haber matado a una mujer o una niña de su familia, la policía se abstiene de emprender acciones al respecto, reflejando así su falta de disposición a hacer valer la ley por encima de la costumbre.

La corrupción de tipo económico es otro factor que parece contribuir a que la policía no persiga esta clase de crímenes. Nafisa Shah cita las palabras de unos campesinos de Kashmore que, hacia 1993, decían: «La policía de Kashmore cobra 7.000 rupias por guardar silencio respecto a los asesinatos por adulterio... Nunca deja constancia de estos crímenes, así que nuestro índice de criminalidad es del cero por ciento». Según Nafisa Shah, «en los círculos policiales, las comisarías del distrito de Jacobabad se consideran auténticas minas de oro a causa de la gran cantidad de asesinatos por adulterio que se cometen. Calculando por lo bajo, el número de asesinatos por adulterio cometidos en Jacobabad oscila entre los 55 y los 60 al mes». Teniendo en cuenta lo lucrativos que resultan los homicidios por motivos de honor, a la policía no le interesa ponerles fin.

Asimismo, la policía parece encubrir también los homicidios cometidos por falsos motivos de honor. El 19 de enero de 1999, un ama de casa, Khadeja, y un empleado de banca fueron asesinados a tiros en la ciudad de Jampur, distrito de Rajanpur, en el sur de Punyab. El autor del asesinato fue el esposo de Khadeja, Ameer Bukhsh, que tras cometer su crimen se entregó, reconoció ser el autor del delito y alegó que las víctimas mantenían una relación ilícita. El hermano de Khadeja, Abdul Qadir, presentó una denuncia de asesinato contra Ameer Bukhsh. Seis días después recibió una copia de las declaraciones previas en la que, según afirmaba, se distorsionaba por completo su denuncia. Aseguró que la policía lo amenazaba con implicarlo en un caso de asesinato si no firmaba una declaración falsa. También afirmó que Ameer Bukhsh había matado al empleado de banca por algún motivo y que luego había asesinado a su esposa para encubrir su primer crimen, y aseguró que el esposo de su hermana había sobornado a la policía para que alterara la denuncia que el propio Abdul había presentado.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8

Respecto a los casos de muerte por quemaduras, la policía rara vez los investiga. De las 183 mujeres que, según los informes, murieron en Lahore en 1998 a consecuencia de quemaduras presuntamente sufridas de forma accidental mientras cocinaban, sólo 21 casos se denunciaron ante la policía, y sólo 3 personas fueron finalmente detenidas pese a que, tres años antes, el Tribunal Superior había resuelto que la policía debía investigar todos los casos de este tipo. El informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán añadía que al menos 70 de las víctimas ni siquiera estaban cocinando cuando tuvo lugar el supuesto accidente.

Discriminación sexual por parte de los jueces

Los jueces de Pakistán, especialmente los de las instancias más bajas, tienden a reforzar las normas consuetudinarias discriminatorias más que a garantizar la igualdad de sexos establecida por la constitución. Por ejemplo, las mujeres «recuperadas» tras presuntos secuestros y las mujeres que han sido denunciadas por sus padres por contraer matrimonio con hombres de su elección suelen ser puestas bajo custodia en instituciones gestionadas por el Estado hasta que los tribunales deciden sobre su situación; durante ese tiempo, son tratadas por el tribunal como «prueba pericial», es decir, no como seres humanos con derechos sino como objetos relacionados con un delito. «Se sabe que ha habido tribunales que han rechazado peticiones de hábeas corpus en las que se solicitaba la libertad de una mujer; para justificar su negativa han alegado que el derecho de las mujeres a la libertad está sujeto a que éstas acepten las normas sociales, y cualquier sospecha de que la mujer en cuestión podría no respetar las normas de moralidad es suficiente para privarla de ese derecho».(11)

Algunos miembros del poder judicial parecen estar convencidos de que cualquier interferencia en la estructura patriarcal de la sociedad alteraría el orden social, y de que ellos son los responsables de velar para que eso no suceda. Sin embargo, al adoptar semejante actitud pasan por alto el hecho de que la estructura social existente perpetúa una discriminación sexual que priva a la mitad de la población de sus derechos fundamentales.

A la hora de hacer frente a los homicidios cometidos en nombre del honor, los tribunales suelen aceptar el factor atenuante contemplado en la sección 300.1 del código penal de Pakistán (eliminada en 1990) a pesar de que normalmente se trata de homicidios premeditados que no responden a una provocación grave y repentina. Además, los jueces se muestran sumamente tolerantes al decidir qué puede ser considerado como provocación.

En algunos casos, los tribunales encuentran circunstancias atenuantes incluso cuando el autor del crimen no alega una provocación grave y repentina. Por ejemplo, Muhammad Younis mató a su esposa y afirmó que la había atrapado cometiendo adulterio. Aunque todas las circunstancias, incluidas las pruebas médicas, refutaban esta afirmación, el tribunal la aceptó como atenuante: «El apelante tenía dos hijos de su difunta esposa, por lo que, si adoptó una medida tan extrema como la de quitar a su esposa la vida asestándole numerosas cuchilladas en distintas partes del cuerpo, es de suponer que ella había hecho algo lo suficientemente insólito como para provocar en él una furia semejante».(12)

Desde 1990, fecha en la que se eliminó oficialmente el derecho a alegar circunstancias atenuantes, los tribunales han ido reintroduciendo gradualmente esta disposición en su interpretación de la ley y han condenado a los hombres acusados de delitos relacionados con el honor a penas más leves que a los acusados de actos violentos similares en los que no estaba implicado el honor.

En 1994, durante la vista ante el Tribunal Superior de Lahore de la solicitud de fianza presentada por Liaqat Ali, un acusado que había herido de gravedad a su hermana y había matado a cuchilladas a un hombre al que presuntamente había encontrado con ella, el abogado de Liaqat Ali dijo que en una sociedad islámica una persona que cometiera fornicación en público merecía ser «eliminada» allí mismo. De hecho, un asesinato así era más un deber religioso que un delito. Según los informes, el juez declaró: «A primera vista, me inclino a estar de acuerdo con el letrado».

Además, muchos tribunales consideran que el que una mujer contraiga matrimonio contra los deseos de su padre daña el honor de éste y es motivo suficiente para justificar que un hombre pierda el control y mate a quien le ha mancillado. Mohammad Riaz y Mohammad Feroze fueron condenados a cadena perpetua por dar muerte a su hermana, que se había casado con un hombre elegido por ella misma. El Tribunal Superior de Lahore redujo la condena al tiempo de prisión que ya habían cumplido (dieciocho meses) tras afirmar que «en nuestra sociedad nadie perdona a una persona que se casa con su hermana o su hija sin el consentimiento de los padres o los familiares cercanos de la novia».(13)

Los Estados Partes ... se comprometen a:

....

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

......

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 2

Amnistía Internacional considera que los delitos cometidos en nombre del honor deben ser castigados con sanciones penales acordes a la gravedad del crimen. No obstante, la organización se opone de forma incondicional a la imposición de la pena de muerte, por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Por ello, Amnistía Internacional no cree que un hombre que asesina a una mujer de su familia deba ser condenado a la pena capital, y recibe con satisfacción todas las conmutaciones de condenas a muerte. Al mismo tiempo, a la organización le preocupa el mensaje que emiten los jueces al tratar los asesinatos por motivos de honor con menos severidad que los demás asesinatos. Muchos observadores de Pakistán opinan que el hecho de que los jueces paquistaníes acepten el honor familiar como circunstancia atenuante y, por ello, impongan una pena más leve a quienes cometen homicidios en nombre del honor contribuye a que este tipo de crímenes vaya en aumento.

Recomendaciones de Amnistía Internacional al gobierno de Pakistán

Amnistía Internacional pide al gobierno de Pakistán que, de acuerdo con las obligaciones que ha contraído, adopte medidas urgentes en los tres ámbitos que exponemos a continuación para brindar una protección eficaz a las mujeres frente a la violencia perpetrada en nombre del honor y para poner fin a la impunidad de que disfrutan actualmente los responsables de dicha violencia.

1. Medidas legales

• abLlevar a cabo una revisión del código penal para garantizar que la ley protege por igual a hombres y mujeres.

• abAdoptar leyes que tipifiquen como delito la violencia doméstica en todas sus manifestaciones. El Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer elaboró un modelo de ley sobre violencia doméstica(14) cuya utilización recomienda Amnistía Internacional a la hora de redactar leyes contra este tipo de delitos.

• abConvertir en delito la venta de mujeres y niñas y la entrega de mujeres en matrimonio a cambio de beneficios económicos o como compensación para librarse de una multa o una pena de prisión.

• abProporcionar a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los mecanismos de justicia y a la posibilidad de recibir una reparación justa y efectiva por los daños que han sufrido.

• abGarantizar que los departamentos provinciales del Ministerio del Interior, los comisarios, los subcomisarios y los altos cargos de la policía toman nota de todos los informes sobre homicidios por motivos de honor y se aseguran de que todos y cada uno de los casos son investigados y llevados ante los tribunales.

• abAbolir la pena capital y conmutar todas las condenas a muerte.

2. Medidas de prevención

• abDifundir a través de los medios de comunicación, el sistema educativo y anuncios públicos una serie de programas de concienciación de amplio alcance que informen a la población sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

• abEn especial, impartir a los funcionarios judiciales y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley formación sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer para que puedan hacer frente con imparcialidad a las denuncias de violencia infligida en nombre del honor.

• abGarantizar que se reúnen datos y estadísticas para sacar a la luz el problema.

3. Medidas de protección

• abGarantizar que los activistas y grupos que luchan por los derechos de la mujer y los abogados que defienden a las mujeres pueden desempeñar sus actividades legítimas sin ser hostigados ni temer por su seguridad; para ello debe asignárseles protección policial adecuada y deben investigarse las amenazas de que son objeto con el fin de castigar a los responsables.

• abAmpliar los servicios de apoyo a las víctimas proporcionados por las organizaciones estatales o no gubernamentales; los albergues para mujeres deben ser gestionados como un lugar al que las mujeres acuden voluntariamente, y su único propósito debe ser protegerlas; debe haber albergues repartidos por todo el país, y todos ellos deben disponer de recursos adecuados y deben brindar a las mujeres asistencia letrada gratuita, formación vocacional e instalaciones adecuadas para los niños.

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(9)

(1) Tahira Shahid Khan: «Chained to custom» (Encadenadas a la costumbre), en The Review, 4-10 de marzo de 1999, p .9.

(2) Attiya Dawood, «Karo-kari: A question of honour, but whose honour?» (Homicidios por adulterio: Una cuestión de honor, pero ¿del honor de quién?), en Feminista, 2 (3/4), abril de 1999.

(3) Véase una decisión tomada recientemente en Canadá: CRDD M97-06821et al., Michnick, Arvanitakis, 14 de julio de 1998.

(4) Dawn, 16 de diciembre de 1998.

(5) Nafisa Shah: A story in black: Karo-kari killings in upper Sindh(Una historia en negro: Homicidios por adulterio en el alto Sind), Reuter Foundation Paper 100, Oxford, 1998, p. 56.

(6) The State of Human Rights in 1998(El estado de los derechos humanos en 1998), 1999, p. 216 y p. 10.

(7) Reuters, 10 de marzo de 1999.

(8) Simi Kamal, Asma Khan: A study of the interplay of formal and customary laws on women(Estudio de la interacción de las leyes oficiales y consuetudinarias respecto a la mujer), vol.I, 1997, p.ii. La Federación de Pakistán, representada por el secretario del Ministerio de Justicia, contra S. Gul Hassan Khan, PLD 1989 SC 633.

(11)

(10) Si desean información más detallada, consulten: Mujeres en Paquistán: Una situación de desventaja y de negación de derechos, Índice AI: ASA 33/23/95/s. Hina Jilani, Human rights and democratic development in Pakistan(Los derechos humanos y el desarrollo democrático en Pakistán), Lahore, 1998, p. 143-144.

(12) Muhammad Younis contra el Estado, 1989 Pcr LJ 1747.

(13) Mohammad Riaz y Mohammad Feroze contra el Estado, Tribunal Superior de Lahore, 1998.

(14) E/CN.4/1996/53/Add.2.