Document - MALAISIE. La campagne d'Amnesty International contre la torture et les mauvais traitements dans la «guerre contre le terrorisme»


MALAISIA


La campaña de Amnistía Internacional para poner fin a la tortura y los malos tratos en la “guerra contra el terror”


Los derechos humanos están amenazados. La prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –uno de los derechos humanos que gozan de mayor reconocimiento universal– está siendo socavada. En la “guerra contra el terror”, los gobiernos no sólo están recurriendo a la tortura y a los malos tratos, sino que están tratando de justificar su uso. Aducen que los métodos de interrogatorio que equivalen a tortura o malos tratos y las condiciones de reclusión que constituyen malos tratos son justificables y necesarios.


Nos encontramos ante una crisis en la lucha contra la tortura y los malos tratos y vamos, por tanto, a redoblar nuestros esfuerzos. Pedimos a cuantas personas puedan hacerlo que se unan a nosotros para formar una red lo más amplia posible y reafirmar la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, incluidos los métodos que actualmente se están describiendo como “interrogatorio coercitivo”. Ningún eufemismo puede justificar lo injustificable. Queremos poner fin a la tortura y los malos tratos que se están infligiendo en la “guerra contra el terror”. También queremos que la prohibición que pesa sobre estos tratos tan brutales salga fortalecida de nuestra campaña.


Leyes de “excepción” en Malaisia


Las leyes de “excepción”1de Malaisia, en especial la Ley de Seguridad Interna, continúan burlando las salvaguardas de derechos humanos consagradas por la Constitución malaisia y el derecho internacional de los derechos humanos. Estas leyes, que permiten la detención por tiempo indefinido sin juicio, y periodos extensos de detención en régimen de incomunicación (detención sin acceso al mundo exterior), han facilitado la comisión de violaciones de derechos humanos, incluidos la tortura y los malos tratos, y han contribuido a crear un clima de impunidad policial.


La Comisión de Derechos Humanos de Malaisia, Amnistía Internacional y una amplia gama de organizaciones no gubernamentales nacionales han hecho repetidos llamamientos para que se derogue o reforme la Ley de Seguridad Interna, con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a tortura o malos tratos. También han pedido la incorporación de salvaguardas efectivas para los derechos de los detenidos, como el derecho a solicitar revisión judicial en cualquier etapa de la detención y el derecho a tener acceso a representación letrada.


La Ley de Seguridad Interna


En 2001, en el contexto de la “guerra contra el terror”, el gobierno malaisio comenzó a justificar la Ley de Seguridad Interna, aduciendo que era necesaria para combatir el terrorismo. Sin embargo, la Ley de Seguridad Interna entró en vigor mucho tiempo antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y de la posterior declaración del gobierno estadounidense de la “guerra contra el terror”. 2


La Ley de Seguridad Interna fue promulgada originalmente en 1960 y volvió permanentes las medidas temporales promulgadas en vigor durante los últimos años del gobierno colonial británico con el fin de contrarrestar una amenaza concreta de insurgencia comunista. El uso continuado de la Ley de Seguridad Interna fue justificado por sucesivos gobiernos malaisios de diferentes maneras, a medida que percibían nuevas amenazas. La legislación fue modificándose de forma gradual para eliminar salvaguardas fundamentales, como la revisión judicial efectiva de la legalidad de las detenciones practicadas como resultado de la aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Lo que casi no ha cambiado a lo largo de los años es la forma en que se ha recurrido a esta ley para aprehender y detener a muchas personas que expresaban pacíficamente sus creencias religiosas o sus opiniones políticas “disidentes”.


Aprehensión y detención indefinida conforme a la Ley de Seguridad Interna


La Ley de Seguridad Interna autoriza a la policía a detener, sin pruebas ni orden de detención, a cualquier persona que ésta crea que ha actuado, actuará o es posible que actúe de modo de amenazar la seguridad, los servicios esenciales o la vida económica de Malaisia.


La persona detenida puede quedar recluida durante un periodo de hasta 60 días para permitir que la policía lleve a cabo investigaciones. Durante este periodo, mientras está recluida en régimen de incomunicación en lugares secretos, la policía la somete a prolongados interrogatorios, durante los cuales corre riesgo de sufrir torturas y malos tratos. Pasados los 60 días, el ministro de Seguridad Interna puede extender una orden de detención por dos años, conforme al artículo 8 de la Ley de Seguridad Interna. Se traslada entonces al detenido al centro de detención de Kamunting, en el estado de Perak, donde puede permanecer por tiempo indefinido, ya que el ministro puede renovar las órdenes de detención sucesivamente cada dos años, sin que se presenten cargos contra él ni se lo juzgue ante un tribunal.


Las personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna gozan de protección jurídica limitada. En particular, no tienen oportunidades efectivas de impugnar su detención o de defenderse en un juicio justo. En ese sentido, la Ley de Seguridad interna contraviene el derecho internacional, en especial el derecho a la libertad, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, el derecho a ser informado de las razones de la detención, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido conforme a derecho. Además, la falta de salvaguardas jurídicas y legales, combinada con la detención en régimen de incomunicación y la reclusión en régimen de aislamiento, crean una situación en la que hay mayores posibilidades de que ocurran torturas y malos tratos.


La Ley de Seguridad Interna es un ejemplo de lo que puede suceder cuando los Estados promueven la seguridad a expensas de los derechos humanos. Desde 2001 se ha detenido a cientos de presuntos extremistas islámicos por sospecharse que tenían vínculos con redes terroristas nacionales o internacionales. Al menos 70 presuntos extremistas islámicos permanecen detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna.


Amnistía Internacional reconoce el deber de los Estados de proteger la vida y la seguridad de las personas y de tomar medidas razonables para prevenir actos de terrorismo. Pero estas medidas, que incluyen la legislación sobre cuestiones de seguridad, deben ser aplicadas dentro de un marco de protección a los derechos humanos de todas las personas.


Tortura y otros malos tratos en la “guerra contra el terror” en Malaisia


La prohibición de la tortura y los malos tratos es una regla del derecho internacional consuetudinario. Es vinculante para todos los Estados, sin tomar en cuenta si son parte en tratados internacionales que la especifiquen. Es también una prohibición terminante: no admite excepciones que surjan de circunstancias como una guerra o una emergencia pública, o de factores individuales como los delitos presuntamente cometidos por la persona en cuestión o el peligro que ésta pueda representar.


Durante decenios, para Amnistía Internacional han sido serio motivo de preocupación los informes de torturas y malos tratos infligidos a detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Las técnicas de interrogación que emplea la Brigada Especial de la policía (policía política), que consisten en una combinación de agresiones físicas, engaños y coacción, junto con presión física y mental intensa, que en algunos momentos equivale a tortura, se han arraigado con el transcurso del tiempo.


Los tipos de tortura y otros malos tratos que se emplean con los detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna fueron registrados por Amnistía Internacional en sus visitas a Malaisia durante la década de los setenta, y también cuando más de un centenar de políticos de la oposición, periodistas, trabajadores comunitarios y otros miembros de la sociedad civil fueron detenidos en 1988.


En la mayor parte de los casos, la tortura y los malos tratos que sufren las personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna tienen lugar durante el periodo inicial de investigación de 60 días. A los detenidos se los ha agredido, forzado a desnudarse, privado del sueño, alimentos y agua, se les ha dicho que sus familias serían castigadas y se los ha sometido a interrogatorios prolongados y agresivos para coaccionarlos a confesar o para obtener información. Durante este periodo, se recluye a los detenidos por lo general en régimen de aislamiento, a menudo en celdas sin ventanas en las que pierden la noción del tiempo. Dentro de un contexto de agresiones físicas reales o en forma de amenazas, el procedimiento de interrogación está pensado para inducir en el la persona detenida una sensación de desorientación total y de dependencia de los interrogadores como único punto de contacto humano. El sentimiento de impotencia se intensifica a través del conocimiento de que ha sido bloqueado el acceso a una protección judicial efectiva, y que las visitas de abogados y familiares han quedado a total discreción de los interrogadores.


En el contexto de la “guerra contra el terror” hay mucho temor de que los presuntos extremistas islámicos puedan ser especialmente vulnerables a la tortura y los malos tratos. En 2004, 31 personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna que habían sido acusadas de tener vinculaciones con el terrorismo interpusieron ante la Comisión de Derechos Humanos de Malaisia denuncias de malos tratos recibidos durante los primeros 60 días de detención que dispone la Ley de Seguridad Interna.

  • Abdul Razak bin Abdul Hamid (detenido en diciembre de 2002) informó que lo habían desnudado, sus interrogadores lo habían golpeado y obligado a beber agua que había sido derramada en el suelo.

  • Mohidin Shaari (detenido en diciembre de 2002) y Azman Hashim (detenido en febrero de 2003) describieron cómo los desnudaban, les daban puntapiés y los insultaban.

  • Sulaiman Suramin (detenido en junio de 2003) denunció que lo habían desnudado, lo habían humillado sexualmente y lo habían obligado a besar basura y ceniza de cigarrillos.


Cuatro de los 31 denunciantes también informaron de que los habían obligado a describir sus relaciones sexuales con sus esposas. Denunciaron, entre otras cosas, que durante los interrogatorios les habían golpeado la cara con un periódico, les habían escupido y obligado a ingerir la saliva y los habían sometido a ráfagas de aire frío de acondicionadores.


Para Amnistía Internacional continúa siendo grave motivo de preocupación que las autoridades malaisias no hayan investigado eficazmente en reiteradas ocasiones las denuncias de tortura o malos tratos a manos de la policía a personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Aunque en los últimos años se examina más el trato y las condiciones de detención de las personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna –gracias a los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos de Malaisia y de organizaciones no gubernamentales nacionales–, siguen existiendo graves temores graves de que las salvaguardias contra la tortura y los malos tratos continúan siendo débiles o ineficaces.


¡Acción!


  • Únete a la acción de la campaña de Amnistía Internacional. Visita el sitio de la organización http://www.amnistiainternacional.org y la página principal de la campaña, http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-esl.

  • Ponte en contacto con la Sección o Estructura de Amnistía Internacional de tu país y participa en el trabajo que esté realizando para la campaña. Encontrarás más información en http://web.amnesty.org/contacts/eslindex.

  • Escribe al primer ministro y ministro de Seguridad Interna de Malaisia, Abdullah Badawi:

    • manifestando que la tortura y los malos tratos son violaciones de derechos humanos, condenadas por la comunidad internacional como delitos y como atentados contra la dignidad humana y prohibidas por el derecho internacional en todas las circunstancias;

    • expresando tu satisfacción por el llamamiento del primer ministro del 20 de febrero de 2006 para que se clausure el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y expresando tu preocupación por que al menos 70 personas continúan detenidas sin juicio en el centro de detención de Kamunting a causa de sus presuntos vínculos con organizaciones extremistas islámicas;

    • expresando grave preocupación ante informes fiables de malos tratos a personas detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna, especialmente durante los primeros 60 días de detención;

También, insta al gobierno de Malaisia a:

  • establecer y garantizar la aplicación de medidas comunes a todo el sistema que incorporen todos los elementos del Programa de 12 puntos de Amnistía Internacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes a manos de Agentes del Estado (Índice AI: ACT 40/001/2005) http://web.amnesty.org/library/index/eslact400012005;

  • condenar oficial y públicamente la tortura y los malos tratos y ordenar que cesen estas prácticas, explicando con claridad que están terminantemente prohibidas y no se tolerarán en Malaisia;

  • garantizar que todas las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas con prontitud y de manera imparcial y efectiva por un organismo independiente de los presuntos responsables;

  • garantizar que toda persona responsable de cometer, ordenar o autorizar torturas o malos tratos sea puesta a disposición judicial para que sea sometida a un juicio justo;

  • garantizar que las personas detenidas sin juicio en el centro de detención de Kamunting, y todos los demás detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna sean acusados de algún delito común reconocible y juzgados según las normas internacionales sobre garantías procesales, o puestos en libertad;

  • derogar o reformar la Ley de Seguridad Interna, como recomienda la Comisión de Derechos Humanos de Malaisia, de modo que no siga violando las normas internacionales de derechos humanos.


Primer Ministro

Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi
Federal Government Administration Centre

Bangunan Perdana Putra

62502 Putrajaya

Malaisia

Fax: + 60 3 8888 3444

Correo-e : ppm@pmo.gov.my


Tratamiento: Dear Prime Minister/ Señor Primer Ministro



1 Las leyes de “excepción”, que fueron en su mayoría promulgadas en el pasado durante estados de excepción, no han sido nunca derogadas oficialmente. Entre ellas se incluye el Decreto de Emergencia (Orden Público y Prevención del Delito), que permite a la policía detener sin cargos ni juicio a presuntos delincuentes “reincidentes”.

2 Para más información sobre la Ley de Seguridad Interna, véase el apartado 5 de Malaysia: Towards Human Rights-Based Policing. (Índice AI: ASA 28/001/2005. Disponible sólo en inglés).


ASA 28/003/2006 Marzo de 2006