Document - Camboya: Es preciso poner fin a los desalojos forzosos

Amnistía Internacional

Declaración pública

Índice AI: ASA 23/008/2007 (Público)
Servicio de Noticias: 226/07
22 de noviembre de 2007
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA230082007

Camboya: Es preciso poner fin a los desalojos forzosos

Un hombre y una mujer muertos, numerosos heridos y millares de personas sin hogar, este ha sido el resultado de dos desalojos forzosos llevados a cabo recientemente, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades camboyanas pongan fin de inmediato a esta práctica. Los desalojos forzosos, que están dejando a un creciente número de personas sin hogar y sin tierras en Camboya, se llevan a cabo sin consulta, sin respetar el debido proceso de ley, sin prestar protección legal ni de otras clases y sin ofrecer alternativas adecuadas.

El precio mortal de la tierra
El 15 de noviembre de 2007, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a dos personas durante un desalojo forzoso llevado a cabo en la remota provincia septentrional de Preah Vihear. Las víctimas, un hombre y una mujer, pertenecían a un grupo de 317 familias que sumaban en total más de 1.500 personas1 y que fueron desalojadas por más de 200 miembros armados de la policía, la policía militar y el ejército. A la mujer, Toeun Chheng, de 29 años, le dispararon en el pecho a quemarropa mientras protegía a sus cuatro hijos durante el desalojo. Los testigos contaron a investigadores de organizaciones de derechos humanos que un miembro de las fuerzas de seguridad le robó un collar y otros objetos de valor cuando yacía, sangrando, en el suelo. Murió posteriormente en un centro de salud. Según información recibida por Amnistía Internacional, al hombre, Oeun Eng, de 31 años, lo mataron de un tiro en el curso del desalojo.

Según relatos de lo sucedido ofrecidos a personal de organizaciones de derechos humanos, las fuerzas de seguridad no hicieron ninguna advertencia antes de abrir fuego contra este grupo de familias paupérrimas, la mayoría de ellas de jornaleros. Según los informes, al menos seis personas más resultaron heridas, cinco por heridas de bala y una por golpes. Los informes indican que dos de ellas se encuentran en estado grave y están siendo atendidas en el hospital provincial.

Las autoridades detuvieron al menos a 12 personas durante el desalojo y después de él, incluidas dos de las heridas, a las que se llevaron de un centro de salud para ponerlas bajo custodia policial. Según los informes, el 14 de noviembre se detuvo a tres personas más. Las 15 han sido enviadas a la prisión de Prey Sar de Phnom Penh.

Las 317 familias, procedentes de otras partes de Camboya, se habían establecido recientemente en tierras de las que no se hacía uso en el pueblo de Sra Em, comuna de Kantuot, que se encuentra cerca de los templos de Preah Vihear, atracción turística de creciente importancia, y de la frontera tailandesa. Las autoridades locales habían decidido que no podían quedarse en las tierras, pero tras mantener con ellas un pulso que dio lugar a un acuerdo negociado, las permitieron continuar allí temporalmente.

El derecho internacional de los derechos humanos dispone que sólo deben llevarse a cabo desalojos como último recurso y únicamente tras advertir debidamente a las personas afectadas y consultar con ellas. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que en este caso el desalojo se efectuara sin respetar plenamente el debido proceso. Según informes, se llevó a cabo incumpliendo un acuerdo entre las autoridades locales y las familias en virtud del cual éstas podían quedarse en las tierras temporalmente, hasta que se encontrara una solución adecuada. Este acuerdo se había alcanzado y firmado, tras mantener las familias un pulso con las autoridades, el 9 de noviembre, cuando la policía llegó al pueblo para intentar detener a dos líderes de la comunidad.2 El 11 de noviembre, el gobernador del distrito de Choam Khsan había ofrecido a las familias otros dos lugares donde establecerse, vagamente descritos y que ellas rechazaron. Al expresar su negativa, los líderes de las familias dijeron que, para acceder a su traslado a otras tierras tenían que ser informadas de su ubicación geográfica exacta.

Las familias pidieron también acceso a agua, escolarización para los niños y otras infraestructuras básicas. Cuatro días más tarde y sin previo aviso, las fuerzas de seguridad les mostraron un anuncio de la administración provincial en el que se les comunicaba que tenían que marcharse. La ejecución del desalojo fue inmediata e incluyó medidas como quemar viviendas.

La mayoría de las familias se ha marchado ya de la provincia tras su violento desalojo forzoso. Alrededor de 40 que han perdido casi todos sus bienes carecen de medios para emprender el viaje y se encuentran varadas al borde de un carretera, sin tener siquiera cobijo de emergencia, comida, agua ni seguridad, lo cual es un importante problema en esta remota zona.

Familias sin hogar: Phnom Penh
En una operación llevada a cabo de madrugada el 2 de noviembre de 2007, 300 miembros de la fuerzas de seguridad desalojaron por la fuerza y demolieron todo el pueblo de Chong Chruoy, en la afueras de Phnom Penh, utilizando excavadoras y trabajadores contratados para derribar las viviendas de las 132 familias que vivían en él. Se impidió que activistas de los derechos humanos y periodistas presenciaran la operación.

El desalojo del pueblo se llevó a cabo en virtud de un anuncio emitido por escrito por las autoridades del distrito el 30 de agosto de 2007 y en el que se explicaba que el motivo era "eliminar el desorden en la sociedad, proteger el medio ambiente, las condiciones de salubridad y la salud pública y promover la belleza del municipio".3 Según el anuncio, los habitantes del pueblo tenían cinco días para abandonar la zona, Sin embargo, no se hizo nada ni se ofreció más información hasta el 2 de noviembre, cuando se presentaron las fuerzas de seguridad. De acuerdo con las autoridades, el pueblo está situado en tierras del Estado, pero esta posibilidad, discutida por los habitantes del pueblo, que afirman ser ellos los propietarios de las tierras, no ha sido comprobada por las autoridades competentes.

Inmediatamente después de la demolición, algunas familias fueron trasladadas en camiones a otro lugar para su reasentamiento, y en dos días todos los habitantes del pueblo habían sido realojados por la fuerza en el pueblo de Trapeang Anchan, distrito de Dangkor, que es una zona sin infraestructuras básicas, como cobijo, agua limpia, servicios sanitarios, centros médicos y escuelas, y donde el riesgo de inundación es grande. Según información ofrecida a Amnistía Internacional, este reasentamiento no se ha negociado, sino que es una solución forzada, que se ha dado sin ninguna consulta significativa previa.

Las 132 familias que han perdido su hogar, la mayoría de las cuales vivían, según informes, en Chong Chruoy desde mediados de la década de 1990, no han recibido asistencia de emergencia de las autoridades camboyanas en el lugar donde han sido reasentadas, ni siquiera cobijo ni materiales de construcción. Sin embargo, tras el desalojo, un vicegobernador de Phnom Penh dijo a la prensa que cada una de ellas iba a recibir un terreno y un préstamo sin intereses a cinco años para construir una casa. Hasta ahora, esta promesa no se ha cumplido, por lo que las familias viven en tiendas de campaña y bajo lonas que les han proporcionado organizaciones no gubernamentales locales.

El lugar donde se las ha reasentado, situado a 20 km de Phnom Penh, se ha utilizado también para realojar a otras familias que han sido víctimas de desalojos forzosos en los dos últimos años.

Información complementaria
Se consideran desalojos forzosos los que se llevan a cabo sin aviso con tiempo suficiente ni consulta con las personas afectadas y sin salvaguardias jurídicas ni garantías de realojamiento adecuado. Como ha explicado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es desalojo forzoso "el hecho de hacer salir contra su voluntad a personas, familias y/o comunidades de los hogares o tierras que ocupan, en forma permanente o temporal y sin poner a su disposición medios apropiados de protección legal o de otra índole. No obstante, la prohibición de los desalojos mediante el uso de la fuerza no se aplica cuando se respetan la ley y las disposiciones del [derecho internacional de los derechos humanos".

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU reconoció que los desalojos forzosos constituyen una violación grave de diversos derechos humanos, como el derecho a una vivienda adecuada, recogido en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Como Estado Parte en el PIDESC y en otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos y las consiguientes violaciones de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), Camboya tiene la obligación de poner fin a los desalojos forzosos y proteger a la población contra ellos.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Camboya a que ponga fin a los desalojos forzosos y declare una suspensión de todos los desalojos masivos hasta que se adopten medidas legislativas y ejecutivas para garantizar que sólo se llevan a cabo desalojos sin cumplen estrictamente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional pide también a las autoridades que garanticen de inmediato que todas las víctimas de los desalojos forzosos de Phnom Penh y Preah Vihear reciben asistencia de emergencia, que incluya cobijo, alimentos, agua y acceso a servicios médicos. Las autoridades deben tomar también medidas oportunas, concretas y específicas para garantizar que las víctimas reciben una reparación adecuada, que incluya otro alojamiento que sea adecuado e indemnización.

La organización considera motivo de preocupación los informes sobre uso excesivo de la fuerza durante los desalojos, particularmente en el de Preah Vihear, y pide que se lleve a cabo una investigación completa, efectiva e independiente para poner a los responsables a disposición judicial.
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1Cálculo basado en el tamaño de un hogar rural camboyano medio, que es de cinco personas, según un estudio de población intercensal de 2004 del Instituto Nacional de Estadística del Ministerio de Planificación de Camboya.
2Hay copia archivada.
3 Traducción no oficial. Hay copia archivada.

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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.