Document - JAPON. Soixante ans après, les survivantes du système japonais d'esclavage sexuel exercé par l'armée continuent de réclamer justice (RÉSUMÉ)



JAPÓN: CONTINÚA LA ESPERA 60 AÑOS DESPUÉS

JUSTICIA PARA LAS SOBREVIVIENTES

DEL SISTEMA DE ESCLAVITUD

SEXUAL MILITAR DE JAPÓN










Índice AI: ASA 22/012/2005






PORTADA:

Sobrevivientes coreanas del sistema de esclavitud sexual militar japonés protestan en "la manifestación de los miércoles" ante la embajada de Japón. © Paula Allen


Testimonio de Jan Ruff O’Herne

Jan Ruff O’Herne nació y se crió en las Indias Neerlandesas (actualmente Indonesia). Tenía 19 años cuando los japoneses invadieron Java en marzo de 1942. Toda la población neerlandesa fue trasladada a campos de prisioneros. En 1944, tras dos años en el campo, las fuerzas armadas japonesas la llevaron a un "centro de solaz", donde la violaron repetidamente durante tres meses.

Los recuerdos de la primera noche me acompañarán el resto de mis días. No sabía nada de sexo; aquélla fue la primera experiencia de sexo que tuve. Fue horroroso: nos despojaron de todo aquella noche. Es un sentimiento del que no conseguiré deshacerme nunca.

Nos violaban todas las noches. Durante aquel periodo me corté el pelo para resultar lo menos atractiva posible. Me rapé la cabeza hasta parecer calva, pero no me sirvió de nada; me convertí en una curiosidad.

Antes no lo sabía, pero ahora sí lo sé: hay una razón para todo este sufrimiento que he padecido. Y he descubierto esa razón en la vejez; al cabo de 50 años supe que tenía que hacer algo. Así que en mi vejez, me dije: "¡ahora ya lo sé!" Iba a ser la portavoz; tenía que ser mi voz la que se alzase para que estas atrocidades no volviesen a ocurrir nunca.

Las mujeres coreanas fueron las primeras en hablar públicamente. Las vi en televisión. Kim Hak-soon fue la primera mujer coreana que denunció los abusos. Me di cuenta de que ya no había motivos para seguir avergonzada; ella tuvo el valor de hablar de su caso. Pensé que quizás el mundo no escuchase a tan sólo unas pocas mujeres, pero que, si otras mujeres, también las europeas, alzaban su voz, tal vez el mundo prestase más atención.

Hablé por primera vez de mi caso en diciembre de 1992. Se me solicitó que compareciera como testigo en una audiencia pública sobre crímenes de guerra japoneses. Fue la cosa más dura que he tenido que hacer nunca, porque tuve que contárselo a mis hijas y a mis nietos. Estaba tan avergonzada de lo que ocurrió que no se lo pude contar a mi hija a la cara. Lo anoté todo en un papel y le pedí que lo leyera. Después de hablar en público, recibí muchas cartas de personas de todo el mundo. Ahora llevo 12 años denunciando estos abusos públicamente.

Después de todo aquel tiempo que sufrí, sin poder hablar de ello[...] cuando por fin lo hice, fue como una olla a presión que suelta el vapor. Se llevó el sentimiento de vergüenza. He hecho tres viajes a Japón para hablar de las experiencias de las mujeres en la guerra, para pedir al gobierno japonés que asuma sus responsabilidades por los crímenes de guerra que ha cometido, que pague indemnizaciones y se disculpe por lo que ha hecho. He hablado con mujeres indonesias que fueron secuestradas de sus pueblos: por supuesto que no fueron sólo mujeres neerlandesaslas que utilizó el ejército japonés. Cuando fui a Japón, me recibieron muy bien, especialmente las personas jóvenes que quieren que el gobierno admita su culpa y asuma la responsabilidad por los crímenes de guerra. Me recibieron muy bien porque yo les llevaba un mensaje de perdón y ese perdón era sincero.

Mi último viaje a Japón ha sido un viaje de reconciliación. Me senté a una mesa con un anciano japonés que había sido soldado. Le pregunté si había violado a alguna de las denominadas "mujeres de solaz" y él respondió "por supuesto". En aquella época él pensaba que estaba bien porque le habían dicho que tenía derecho y que le brindaban la oportunidad de ejercerlo. Que le ofrecieran mujeres para violarlas era lo mismo que recibir un paquete de cigarrillos. Ahora decía que se daba cuenta del daño que había causado.

Creo que hablar de mis experiencias ha supuesto una diferencia, pero estas cosas todavía ocurren, estos abusos continúan. Las mujeres siguen siendo utilizadas por soldados, violadas y torturadas. Todavía se usa la violación como arma de guerra. Es importante que sigamos contando nuestras historias; tenemos que lograr que la próxima generación sepa y aprenda. Me considero una activista de los derechos humanos de las mujeres, de todas las mujeres del mundo".

Entrevista con Amnistía Internacional, Australia, junio de 2005

Octubre de 2005

Índice AI: ASA 22/012/2005

Dist: SC/CO/GR


Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, España



Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, Peter Benenson House,

1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido











En zonas de guerra de todo el mundo se han cometido y siguen cometiéndose delitos de violencia sexual contra las mujeres. La violencia sexual, incluida la violación, se utiliza como arma de guerra: se recurre a ella deliberadamente para desmoralizar y quebrantar al enemigo, y para proporcionar "entretenimiento" y "combustible" a los soldados como parte de la propia organización bélica.

Durante siglos, la violación en tiempos de guerra se consideró una consecuencia inevitable de la guerra. Incluso hoy en día, en una época en la que ha aumentado la concienciación mundial sobre los derechos humanos, y en particular sobre los derechos de las mujeres, sigue negándose en gran medida el resarcimiento a las sobrevivientes de la violencia sexual: existe una impunidad generalizada en la comisión de estos delitos, los Estados no investigan, los perpetradores permanecen impunes y a las víctimas se les niega toda forma de reparación.

Quizás el ejemplo más destacado de delito de esclavitud sexual y de negación de justicia a las víctimas sea el sistema de esclavitud sexual institucionalizado que utilizó el ejército imperial japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso, y las posteriores negaciones de responsabilidad del gobierno japonés respecto a este sistema. Se cree que hasta 200.000 mujeres fueron sometidas a servidumbre sexual. Se las denomina eufemísticamente "mujeres de solaz" y, después de 60 años, continúa negándose justicia a las sobrevivientes: éstas siguen exigiendo y siguen esperando una reparación completa.

Las sobrevivientes han sufrido más de 50 años de secuelas físicas y mentales, aislamiento, vergüenza y, a menudo, extrema pobreza antes de romper el silencio en los años noventa. Desde entonces, ellas y otras defensoras y defensores de los derechos humanos han inspirado un movimiento mundial que exige el resarcimiento de los delitos de violencia sexual, y han influido en el desarrollo del derecho internacional.

En contra de la posición jurídica que defiende enérgicamente el gobierno de Japón, este informe resume los abrumadores indicios de que el sistema de "mujeres de solaz" violaba el derecho internacional de la época, como la prohibición de la esclavitud, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En virtud del derecho internacional, el Estado que comete un delito grave está obligado jurídicamente a proporcionar una reparación completa.

Amnistía Internacional insta al gobierno de Japón a que acepte toda la responsabilidad de los delitos cometidos contra las "mujeres de solaz" y a que proporcione una reparación plena a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar y a sus familiares directos, de conformidad con las normas internacionales y de un modo que resulte aceptable para las propias sobrevivientes.

Hasta 1992, el gobierno de Japón negó su implicación en el sistema de "mujeres de solaz". Desde esa fecha sólo ha reconocido una "responsabilidad moral". Este informe examina los limitados pasos que ha dado el gobierno japonés para "desagraviar" a las víctimas, entre ellos, las disculpas expresadas por altos funcionarios y la creación del Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer con el fin de distribuir "dinero de desagravio". Sin embargo, el informe concluye que, si bien estas medidas son bienvenidas, no llegan a satisfacer las normas internacionales sobre el derecho a obtener reparación, que engloba restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, incluidas la difusión pública de la verdad así como una disculpa, y garantías de no repetición.

El gobierno japonés aduce que toda obligación de proporcionar reparaciones ha quedado saldada en el Tratado de Paz de San Francisco de 1951 y otros tratados de paz y acuerdos bilaterales con los que se pretendía descartar reparaciones adicionales.

Sin embargo, el Tratado de Paz de San Francisco permitía expresamente reclamaciones adicionales en el caso de que Japón estableciera posteriormente acuerdos bilaterales más favorables. Amnistía Internacional también ha examinado los instrumentos bilaterales pertinentes y concluye que la mayoría no parece excluir reparaciones adicionales. Además, los gobiernos de Japón y de otros Estados no reconocieron el sistema de esclavitud sexual en aquella época, por lo que dichos instrumentos no contienen disposiciones específicas relativas a esta cuestión, ni abarcan más reparaciones que la indemnización.

Incluso aunque pueda alegarse que algunos Estados han renunciado a su derecho a presentar más reclamaciones en tanto que Estado, no tienen autoridad para hacer dejación de los derechos individuales a obtener reparación que recaen directamente en las ciudadanas que han sido víctimas de esclavitud sexual.

Algunos particulares han intentado obtener reparaciones en los tribunales japoneses y estadounidenses, pero sus esfuerzos se han visto frustrados por diversos obstáculos, tales como las interpretaciones restrictivas del derecho a obtener reparación a título individual, la aserción de la inmunidad del Estado, y normas sobre prescripción que no deberían aplicarse a delitos tipificados en el derecho internacional.

Amnistía Internacional afirma que el gobierno de Japón debe aplicar inmediatamente mecanismos administrativos efectivos que proporcionen una reparación plena a todas las sobrevivientes, y debe eliminar las barreras jurídicas que obstaculizan la presentación de demandas ante tribunales japoneses mediante la reforma del derecho nacional. Otros países, incluidos los de las víctimas, deben promulgar leyes que permitan a las sobrevivientes interponer demandas contra Japón ante los tribunales nacionales.

Durante 60 años, la respuesta de la comunidad internacional a las sobrevivientes de la esclavitud sexual ha sido decepcionante. La lucha por la justicia de las "mujeres de solaz" sobrevivientes y de quienes las apoyan demuestra que el clamor de justicia no se desvanece con el tiempo. Al contrario, cobra impulso a medida que las sobrevivientes reúnen fuerzas y valor. Es necesaria una acción inmediata y urgente a fin de que estas mujeres reciban justicia antes de morir. Las acciones del gobierno japonés destinadas a negar y obstruir la justicia no hacen sino agravar las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres.

Actualmente, el gobierno japonés participa activamente –es uno de los principales donantes– en la reconstrucción de países que han quedado devastados por conflictos bélicos. Amnistía Internacional afirma que este compromiso del gobierno suena falso si se niega a corregir las injusticias cometidas en el pasado. Japón tiene la oportunidad de demostrar un liderazgo mundial en derechos humanos. Solucionar la cuestión de la plena reparación para las víctimas de la esclavitud sexual militar (a pesar del tiempo transcurrido) transmitiría un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el compromiso de Japón con el avance y la promoción de los derechos humanos universales y contribuiría a la reconciliación de Japón con los países vecinos.







Índice:



Introducción 1

1. Esclavitud sexual militar: generalizada y sistemática 5

1.1 Decenios de denegaciones por parte del gobierno de Japón 6

2. El sistema de "mujeres de solaz": pruebas de esclavitud sexual 6

2.1 "Reclutamiento": desde la fuerza al engaño 7

2.2 Reclusión y control de la libertad de movimiento 8

2.3 Violación y violencia sexual 8

2.4 Las condiciones inhumanas de los "centros de solaz" 10

2.5 Las secuelas duraderas de la esclavitud sexual en las sobrevivientes 11

3. Las sobrevivientes rompen su silencio 14

3.1 Las sobrevivientes como defensoras de los derechos humanos de las mujeres 15

4. El sistema de "mujeres de solaz" como delito en virtud del derecho internacional y la ausencia de reparaciones plenas a las sobrevivientes 16

4.1 El sistema de esclavitud sexual de Japón como delito en virtud del derecho internacional 16

4.1.1 Esclavitud 17

4.1.2 La violación como crimen de guerra 19

4.1.3 Violación y esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad 20

4.1.4 Avances recientes en el derecho internacional: la violación como tortura 21

4.2 El derecho a obtener reparación en derecho internacional 21

4.2.1 Reparaciones por esclavitud sexual 21

4.3 Reparaciones reclamadas por las sobrevivientes

de la esclavitud sexual 23

4.4 Medidas tomadas por el gobierno japonés 25

4.4.1 ¿Qué constituye una disculpa adecuada? 25

4.4.2 Disculpas del gobierno japone9s a las "mujeres de solaz" 26

4.4.3 La respuesta de Japón a la indemnización:

el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer 27

4.4.4 Investigación de los hechos y revelación de la verdad 28

5. La negación de reparaciones a las sobrevivientes de esclavitud sexual por parte de los tribunales japoneses 30

6. La pasividad de la comunidad internacional a la hora de garantizar reparaciones para las sobrevivientes de la esclavitud sexual 32

6.1 El Tratado de Paz de San Francisco 33

6.2 Tratados de paz y acuerdos bilaterales firmados con los Estados afectados 34



7. El derecho de las sobrevivientes a exigir reparaciones a Japón directamente 37

7.1 El derecho individual a obtener reparación de las víctimas de delitos en virtud del derecho internacional 37

7.1.1 El artículo 3 del Reglamento de La Haya dispone reparaciones individuales 38

7.1.2 El artículo 14 del Tratado de Paz de San Francisco no prohibió las reclamaciones de particulares 42

7.1.3 Otros tratados y acuerdos bilaterales no excluyen el derecho individual a obtener reparación 43

7.1.4 Un gobierno no puede renunciar a los derechos individuales de sus ciudadanos a pedir reparaciones. 44

7.2Medidas fundamentales para aplicar el derecho individual a obtener reparación 46

7.2.1 Ausencia de un foro ante el que presentar las demandas 46

7.2.2 Inmunidad del Estado 47

7.2.3 Leyes de prescripción 47

7.2.4 Aplicación de las órdenes de reparación 47

7.3 Conclusiones 48

8. Recomendaciones 48



Nota de EDAI:Ante la dificultad que presenta la transcripción de topónimos y antropónimos en este texto, en esta traducción del inglés al español se ha respetado literalmente la que aparecía en el original inglés.











1.






Introducción


En zonas de guerra de todo el mundo se han cometido y siguen cometiéndose delitos de violencia sexual contra las mujeres. Las mujeres y las niñas "no sólo están expuestas a la violencia y la devastación inherentes a toda guerra sino también a formas de violencia dirigidas específicamente contra las mujeres en razón de su género."(1) Durante siglos, la violación en tiempos de guerra se consideró una consecuencia inevitable del conflicto. Incluso hoy en día, en una época en la que ha aumentado la concienciación mundial sobre los derechos humanos, y en particular sobre los derechos de las mujeres, sigue negándose en gran medida el resarcimiento a las sobrevivientes de la violencia sexual: existe una impunidad generalizada en la comisión de estos delitos, pues no se castiga a los perpetradores y se niega a las víctimas toda forma de reparación. La violencia sexual, incluida la violación, se utiliza como arma de guerra: se recurre a ella deliberadamente para desmoralizar y quebrantar al enemigo, y para proporcionar "entretenimiento" y "combustible" a los soldados como parte de la propia organización bélica.(2)


Quizás el ejemplo más evidente de delito de esclavitud sexual y de negación de justicia a las víctimas sea el sistema de esclavitud sexual institucionalizado que utilizó el ejército imperial japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso, y las posteriores negaciones de responsabilidad del gobierno japonés respecto a este sistema. Las mujeres sometidas a servidumbre sexual se denominan eufemísticamente "mujeres de solaz".(3) El ejército imperial japonés esclavizó sexualmente a alrededor de 200.000 "mujeres de solaz" desde aproximadamente 1932 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sesenta años después del fin de la guerra sigue negándose justicia a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual: todavía aguardan y exigen una reparación completa.


Es extraordinario el valor de las "mujeres de solaz" sobrevivientes que, con el tiempo, han hablado de su sufrimiento. En la mayoría de los casos, las sobrevivientes rompieron un silencio de más de 50 años en los que padecieron aislamiento, vergüenza, secuelas físicas y mentales y, la mayor parte, pobreza extrema.(4) Estas mujeres, a su vez, han animado a hablar a otras mujeres. Sus voces, junto con el activismo de quienes defienden los derechos de las mujeres, han movilizado e inspirado un movimiento mundial que exige el resarcimiento de los delitos de violencia sexual.


Las sobrevivientes han realizado una enérgica campaña por la justicia y la promoción de los derechos humanos: son defensoras de los derechos humanos. Su testimonio ha influido en el desarrollo del derecho internacional, ya que ha proporcionado un ejemplo concreto de delito de esclavitud sexual. En los tribunales internacionales establecidos para abordar las consecuencias de los conflictos de la ex Yugoslavia y Ruanda, se han juzgado delitos de violencia de género. Asimismo, gracias a la presión de quienes defienden los derechos de las mujeres, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha reconocido el delito de esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad.


A pesar de estos avances nada desdeñables, todavía es generalizada la impunidad con que se cometen actos de violencia sexual contra las mujeres, tanto durante conflictos como en tiempos de paz; los violadores continúan quedando impunes y a las víctimas se les niega el derecho a obtener reparación. Amnistía Internacional cree que los Estados deben hacer un esfuerzo global por investigar los casos de abusos, apoyar a las víctimas y a los testigos y someter a los responsables a un juicio justo. Es preciso tomar más medidas para garantizar que las sobrevivientes obtienen una reparación plena: rehabilitación, incluida la atención médica; indemnización; restitución del hogar, los medios de vida y las propiedades perdidos; garantías de que no se repetirán los delitos cometidos contra ellas y formas de satisfacción tales como el restablecimiento de la dignidad y reputación mediante una disculpa pública y el reconocimiento del daño que han sufrido.


Existen pruebas abrumadoras de que el sistema de "mujeres de solaz" violó el derecho internacional, incluida la prohibición de la esclavitud, de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (véase el apartado 4). Estas leyes ya existían cuando estaba en funcionamiento el sistema. En el apartado 4.2 del presente informe, Amnistía Internacional analiza el derecho a obtener reparación y concluye que no es simplemente una obligación moral: en virtud del derecho internacional, el Estado que comete un delito grave está obligado jurídicamente a proporcionar una reparación completa. Amnistía Internacional insta al gobierno de Japón a que asuma toda la responsabilidad por los delitos cometidos contra las "mujeres de solaz", proporcionando una reparación plena a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar y a sus familiares directos, de conformidad con las normas internacionales y de un modo que resulte aceptable para las propias sobrevivientes.


Este informe analiza los limitados pasos que ha dado el gobierno japonés para asumir su "responsabilidad moral" ante las sobrevivientes (véase el apartado 4.4). Amnistía Internacional analiza las disculpas expresadas por altos funcionarios del Estado japonés a las ex "mujeres de solaz" y señala por qué han sido inadecuadas e inaceptables para las sobrevivientes. Además, el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer, creado por el gobierno japonés con el fin de distribuir "dinero de desagravio" no ha cumplido las normas internacionales sobre reparación, y las sobrevivientes lo perciben como un medio de comprar su silencio. Amnistía Internacional afirma que puede y debe hacerse mucho más para satisfacer las necesidades de las sobrevivientes. Hasta la fecha, las acciones del gobierno de Japón distan mucho de haber cumplido los criterios de reparación plena que se describen en el presente informe.


Las sobrevivientes de la esclavitud sexual son hoy ancianas; muchas han muerto sin obtener justicia. El gobierno japonés ha defendido enérgicamente su posición jurídica en esta cuestión y ha mantenido de forma persistente que todos los aspectos relacionados con las indemnizaciones han quedado saldados en los tratados de paz posteriores a la guerra (incluido el Tratado de Paz con el Japón, o Tratado de San Francisco, de 1951, y otros tratados bilaterales entre Japón y las partes pertinentes). Tal como demuestra este informe, las razones que llevaron a intentar excluir de determinados tratados y acuerdos las reparaciones por delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueron de índole política. Amnistía Internacional concluye que el gobierno de Japón y la comunidad internacional han dado una respuesta decepcionante a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual. Amnistía Internacional cree que las voces de las sobrevivientes y sus exigencias de justicia han de figurar en el centro de cualquier intento de abordar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado; el caso de las "mujeres de solaz" pone de relieve hasta qué punto se ha hecho caso omiso de las necesidades de las víctimas en los acuerdos de posguerra. El presente informe reflexiona sobre si el Estado tiene potestad, al firmar tratados o acuerdos, para hacer dejación o concesiones respecto del derecho del individuo a reclamar reparación, y concluye que los Estados no tienen tal autoridad.


En el apartado 7 del informe, Amnistía Internacional analiza el derecho individual a obtener reparación incluido en el derecho internacional –un derecho que, según el gobierno de Japón, no existe para los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial– y concluye que las sobrevivientes de la esclavitud sexual tienen un derecho individual a obtener reparación. Los esfuerzos de las sobrevivientes de la esclavitud sexual por ejercer su derecho individual a obtener reparación se han visto frustrados por las restrictivas interpretaciones que los tribunales japoneses han realizado de este derecho.


Tal como se demuestra en el apartado 7.2, existen diversos obstáculos que han de superarse antes de que las sobrevivientes puedan hacer cumplir su derecho a obtener reparación. Amnistía Internacional afirma que el gobierno de Japón debe aplicar inmediatamente mecanismos administrativos efectivos que proporcionen una reparación plena a todas las sobrevivientes, y debe eliminar las barreras jurídicas que obstaculizan la presentación de demandas ante tribunales japoneses mediante la reforma de la legislación nacional. Otros países, incluidos los de las víctimas, deben promulgar leyes que permitan a las sobrevivientes interponer demandas contra Japón ante sus tribunales nacionales.


La lucha por la justicia de las "mujeres de solaz" sobrevivientes y de quienes las apoyan demuestra que el clamor de justicia no se desvanece con el tiempo. Al contrario, cobra impulso a medida que las sobrevivientes reúnen fuerzas y valor. Al envejecer, aumenta en ellas la noción de urgencia, alimentada por la idea de no querer morir sin que se les haga justicia. Hasta la fecha, las acciones de Japón no han tenido en cuenta las necesidades de las ex "mujeres de solaz" y, de hecho, han agravado las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellas al negarles justicia. Aumenta pues la premura por resolver esta situación –por administrar justicia– ya que las sobrevivientes están ahora en el ocaso de sus vidas.


Actualmente, el gobierno japonés participa activamente –es uno de los principales donantes– en la reconstrucción de países que han quedado devastados por conflictos bélicos. Amnistía Internacional afirma que este compromiso del gobierno suena falso si se niega a hacer frente a su propio pasado y corregir las injusticias que ha cometido. Japón tiene la oportunidad de demostrar un liderazgo mundial en derechos humanos. Solucionar la cuestión de las indemnizaciones y las disculpas por la esclavitud sexual militar (a pesar del tiempo transcurrido) transmitiría un mensaje claro a la comunidad internacional sobre el compromiso de Japón con los derechos humanos y contribuiría a la reconciliación de Japón con los países vecinos. Si Japón se niega a abordar las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes, quedará aislado de Estados cada vez más comprometidos con el avance y la promoción de los derechos humanos universales.

Un enfoque centrado en los derechos


La esclavitud sexual ejercida por el ejército imperial japonés tiene una fuerte carga emocional, porque simboliza el sufrimiento durante la ocupación y el expansionismo japoneses. Los gobiernos afectados han instado a Japón a que haga constar fielmente su pasado colonial y de la época de la guerra, pero tampoco ellos escriben su propia historia reciente de una manera objetiva. Durante decenios, los gobiernos de los países natales de las "mujeres de solaz" sobrevivientes han hecho caso omiso de su terrible situación y, en sus relaciones con Japón, han dado prioridad a los aspectos económicos y políticos en detrimento de los intereses de las sobrevivientes. Al poner de relieve el sufrimiento de las "mujeres de solaz" y al instar a Japón a proporcionar una reparación plena y adecuada a las víctimas, Amnistía Internacional no apoya ninguna postura política determinada. Por el contrario, la organización desea que se concentre la atención en las penurias de las sobrevivientes que han sido ignoradas tanto por Japón como por los aliados de la posguerra y los gobiernos de los países de origen de las víctimas. Centrándose en las sobrevivientes Amnistía Internacional quiere enviar un mensaje claro a todos los gobiernos: que se trata de una cuestión de derechos humanos actual, y no relegada al pasado; que se trata de vidas que han quedado destruidas a consecuencia de la esclavitud sexual y de la continuada negación de justicia.


Investigación para este informe


El verdadero número de mujeres y niñas que el ejército japonés mantuvo recluidas como esclavas sexuales no se conocerá nunca. Se destruyó la información que detallaba la ubicación y el número de "centros de solaz". Muchas mujeres murieron durante los combates, fueron ejecutadas después de la guerra o no lograron regresar a sus hogares. Algunas mujeres permanecieron en "centros de solaz" organizados y fueron sometidas a formas de violencia sexual inhumanas y degradantes; otras fueron violadas por soldados que irrumpían en los pueblos, soldados que se las llevaban a su antojo y las retenían como esclavas sexuales. Algunas permanecieron en los países a los que habían sido llevadas, y se asimilaron a la población. Con el paso del tiempo, más y más sobrevivientes han ido muriendo al llegar a la vejez sin haber hablado de lo que padecieron y sin haber conocido forma alguna de justicia.


Este informe forma parte de la campaña mundial de Amnistía Internacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres. La campaña subraya que es preciso que los Estados cumplan sus compromisos nacionales e internacionales para detener la violencia contra las mujeres. Amnistía Internacional emprendió la investigación para elaborar este informe enviando una delegación en marzo de 2005 a Filipinas y Corea del Sur, donde se reunió y celebró entrevistas con sobrevivientes. Una representante de la organización también se reunió con una sobreviviente neerlandesa que reside actualmente en Australia. En total, Amnistía Internacional se puso en contacto con más de 55 sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual.


Reconocimientos


Amnistía Internacional desea dar las gracias a todas las personas y organizaciones que han dedicado su tiempo y ofrecido comentarios muy valiosos. En particular, la organización desea agradecer las aportaciones de la Red contra la Violencia hacia las Mujeres en la Guerra (VAWW-NET Japón), el Consejo Coreano para las Mujeres Reclutadas por Japón en el contexto del Sistema de Esclavitud Sexual Militar, Lola Kampanyeras, Kaisa Ka! y Lila Filipina. Y, sobre todo, Amnistía Internacional desea expresar su agradecimiento a las mujeres, muchas de las cuales son ahora muy ancianas, que han hablado de su sufrimiento con tanto valor. En la vejez, continúan exigiendo justicia y son fuente de inspiración para las mujeres de todo el mundo.


1. Esclavitud sexual militar: generalizada y sistemática


El sistema japonés de "mujeres de solaz" consistía "en la violación legalizada de mujeres sojuzgadas por el ejército, a una escala y durante un periodo de tiempo sin precedentes en la historia".(5)


El primer "centro de solaz" militar que proporcionaba sexo in situ para el ejército japonés se estableció en Shanghai hacia 1932.(6) Al parecer, la institucionalización a gran escala de tales instalaciones destinadas a la esclavitud sexual comenzó después de 1937. Ese año, el ejército imperial japonés capturó Nankín, China. Durante el asalto, los soldados perpetraron actos de tortura –violaciones sexuales y homicidios de civiles– en proporciones tan inmensas que este episodio se conoce como "la Violación de Nankín".(7) Las violaciones masivas atrajeron la atención internacional, provocaron gran indignación(8) y se consideraron "un serio obstáculo para el mantenimiento del orden en la China ocupada".(9) A raíz de estos hechos, el ejército solicitó el establecimiento generalizado de "centros de solaz" militares. A partir de entonces, las autoridades japonesas trataron de justificar el sistema controlado como medio de: reducir el número de violaciones en zonas en las que el ejército tenía sus bases; evitar enfermedades de transmisión sexual; contrarrestar la amenaza de espionaje(10) y proporcionar instalaciones de recreo a los soldados: el sexo mejoraría la moral de las tropas y aliviaría el "estrés del combate".(11)


El sistema de esclavitud sexual militar se extendió con la colonización y la expansión militar japonesas por la región. Se crearon "centros de solaz" en China,(12) Taiwán, Borneo, Filipinas, muchas islas del Pacífico, Singapur, la Península Malaya, Birmania (Myanmar) e Indonesia.(13) Las víctimas eran chinas, taiwanesas, coreanas, filipinas, malayas, indonesias, neerlandesas, timoresas y japonesas.(14) Algunos ex soldados también han revelado en memorias y entrevistas que se obligó a mujeres de Vietnam, Tailandia, Birmania y Estados Unidos a "prostituirse".(15) A finales de la Segunda Guerra Mundial, los "centros de solaz" eran un fenómeno regular y generalizado.(16)


Existen abundantes pruebas de la autorización oficial que el gobierno japonés otorgó al sistema de las "mujeres de solaz". En informes y reglamentos se detallan normas sobre la inspección de las instalaciones, exámenes médicos para detectar enfermedades de transmisión sexual, horarios para el uso de los "burdeles" por oficiales y por soldados de rango inferior, y las tasas que tenían que pagar.(17) Tal como afirma en su informe de 1996 la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer:

Estos reglamentos son algunos de los documentos más acusadores que han sobrevivido a la guerra. No sólo revelan sin la menor duda la medida en que las fuerzas japonesas asumieron responsabilidad directa por las residencias de solaz y tuvieron una estrecha relación con todos los aspectos de su organización sino que también indican claramente cómo las residencias se convirtieron en una institución legitimada y establecida. (18)


Los documentos recuperados revelan que el control militar del sistema de "mujeres de solaz" se organizaba al más alto nivel. Directivas oficiales dejan constancia del papel que desempeñaban el Ministerio de la Guerra y el ejército en el proceso de "reclutamiento", e informes detallados demuestran que los reclutadores civiles también estaban sometidos a control militar.(19)


1.1 Decenios de denegaciones por parte del gobierno de Japón


La verdad sobre el sistema de esclavitud sexual permaneció oculta durante decenios. Según informes, en el periodo inmediatamente posterior a la guerra se quemó mucha información sobre el número exacto de "centros de solaz" y su ubicación, así como otros datos que apuntan a la participación directa del gobierno de la época de la guerra en el establecimiento del sistema. Hasta 1992, los japoneses negaron sistemáticamente su participación en la creación y el funcionamiento de "centros de solaz" y en la esclavización de mujeres a través de la coerción y el engaño. Por ejemplo, cuando se debatió el asunto en la Dieta Nacional (Parlamento japonés) en 1991, el gobierno de Japón negó tener responsabilidad en el sistema de "mujeres de solaz" y lo atribuyó a agentes privados. Sin embargo, en 1992, tras la publicación de documentación descubierta por el profesor Yoshimi Yoshiaki que da fe del papel del gobierno y el ejército japoneses, el gobierno de Japón se vio obligado a admitir su implicación directa en la creación y organización del sistema.


La reticencia del gobierno japonés a revelar detalles de su participación en el sistema de esclavitud sexual, no ha cesado. El gobierno publicó un informe en 1993 (véase el apartado 4.4.4), en el que admitía su participación en el sistema de esclavitud sexual, pero no proporcionaba una explicación completa de dicho sistema. Hoy en día, todavía no se han hecho públicos muchos documentos que detallan el verdadero alcance del sistema. El gobierno japonés no ha realizado una investigación imparcial, eficaz y sin demora que permita revelar la envergadura del sistema de esclavitud sexual.


2. El sistema de "mujeres de solaz": pruebas de esclavitud sexual


La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitudha definido la esclavitud sexual como "el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos, incluida la disponibilidad sexual mediante la violación u otras formas de abuso sexual".(20) Tal como se expone en el apartado 4 del presente informe, existen pruebas abrumadoras de que el sistema de esclavitud sexual utilizado por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso contravino las prohibiciones de la esclavitud, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, prohibiciones recogidas en el derecho internacional. En el presente informe se señala que dichas leyes ya existían en la época en la que este sistema estaba en funcionamiento.


Quienes defienden el sistema de esclavitud sexual militar de Japón afirman que las "mujeres de solaz" eran prostitutas voluntarias. Sin embargo, testimonios y otros indicios ponen de manifiesto que se esclavizaba, violaba repetidamente, torturaba y maltrataba a las mujeres durante meses o años enteros, únicamente en beneficio del ejército japonés.(21) Aunque también se recluyó como "mujeres de solaz" a ex prostitutas, "una vez que formaban parte del sistema, ya no eran libres para establecer la naturaleza o las condiciones de sus servicios ni para marcharse".(22) Algunas mujeres permanecían recluidas en un solo lugar; a otras las llevaban al frente o cerca de la primera línea de fuego, donde no sólo eran violadas repetidamente, sino que también quedaban expuestas a los peligros del campo de batalla.(23)


2.1 "Reclutamiento": desde la fuerza al engaño


El ejército japonés explotó a mujeres y niñas que, a causa de su edad, pobreza, clase social, estado familiar, educación, nacionalidad u origen étnico podían ser engañadas y quedar atrapadas en el sistema de esclavitud sexual con más facilitad.(24) La mayoría de las víctimas procedía de ambientes rurales pobres. La gran mayoría de las mujeres esclavizadas tenía menos de 20 años; algunas niñas tan sólo tenían 12 años cuando las secuestraron.(25)


El ejército japonés recurrió a menudo a una violencia extrema para obtener mujeres y niñas. En su informe, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer afirma que la coerción y violencia a gran escala podría calificarse de "redadas de esclavas".(26) Narcisa Claveria, de 74 años, procedente de Filipinas, relató a Amnistía Internacional que presenció cómo torturaban a su padre y violaban a su madre. También vio cómo morían sus hermanos pequeños a bayonetazos. A ella le rompieron el brazo antes de llevarla a rastras junto con sus dos hermanas a un cuartel situado a tres kilómetros de su casa. A Lee Ok-sun, sobreviviente coreana de 79 años, la llevaron a China cuando tenía 16. Como no pudo regresar a su hogar después de la guerra, permaneció en China durante 58 años. Relató lo siguiente a Amnistía Internacional:


Estaba en la casa de la familia para la que trabajaba. El padre me mandó a un recado. Por el camino me asaltaron: había dos hombres, un japonés y un coreano. No sabía quiénes eran. Me llevaron a un camión, me agarraron las manos y las piernas y me tiraron dentro. En el camión había otras cinco muchachas. Grité e intenté escapar, pero ellos me agarraron y me ataron. En aquel momento ignoraba adónde me llevaban. Sólo después de llegar supe que estaba en China.


Lee Ok-sun, en el refugio coreano House of Sharing. © Paula Allen


También se utilizó con frecuencia el engaño para reclutar a mujeres. Especialmente en Corea, se hacía creer a las jóvenes de hogares humildes que tendrían trabajos bien remunerados en fábricas o lugares similares. La mayoría estaba motivada por la necesidad de mantener a sus familias. Agentes japoneses también engañaron a mujeres ofreciéndoles formación en profesiones cualificadas como la enfermería.(27) En Corea, también se reclutaba a mujeres y niñas a través del Cuerpo Femenino de Servicio Voluntario, creado por ley para llamar a las mujeres a contribuir al esfuerzo bélico oficial.

Si bien se sometía a algunas mujeres a servidumbre sexual cerca de sus hogares, muchas eran transportadas grandes distancias hasta dondequiera que tuviesen sus bases los soldados japoneses. Sobrevivientes coreanas y taiwanesas describen el trauma de ser transportadas a varios países y a través de zonas de combate durante su esclavización.


Sim Dal-yun, coreana, tenía 12 ó 13 años cuando la esclavizaron sexualmente. Cuenta lo siguiente:


No sabía exactamente adónde me llevaban, ya que en aquella época no sabía leer ni escribir. Me llevaron en barco, creo que a Taiwán. Había muchas jóvenes en el barco. Yo estaba con mi hermana mayor. Cuando llegamos, a mi hermana y a mí nos separaron. Nunca he vuelto a verla. Me golpeaban con tanta dureza que a veces me desmayaba. En una ocasión, un soldado me hizo un corte en el muslo con un cuchillo. Mi estado mental era muy inestable. Me sentía como un cadáver; simplemente yacía inerte. Sin embargo, los soldados seguían viniendo y me violaban. Era tan joven[...] Estaba en un estado de choque total.(28)


El ejército japonés y sus agentes secuestraron a mujeres y niñas, a menudo empleando medios extremadamente violentos. Otras mujeres fueron víctimas de engaños del ejército y quedaron atrapadas en el sistema de servidumbre sexual, en numerosos casos durante años y años. Estas mujeres, en su mayoría muy jóvenes, eran transportadas a través de largas distancias y servían en los "centros de solaz" donde, como se ilustra más adelante, se restringía su libertad de movimiento y se las recluía, frecuentemente en países extranjeros.


2.2 Reclusión y control de la libertad de movimiento


En los "centros de solaz", las mujeres y las niñas estaban muy vigiladas y tenían escasa libertad de movimiento. Muchas de ellas afirman que nunca recibieron autorización para abandonar el lugar, que solía estar rodeado de una cerca de alambre de espino, por lo que la fuga era prácticamente imposible.(29) Incluso aunque las mujeres hubieran podido escapar, no tenían adónde ir: estaban en zonas de guerra, en países extranjeros, no hablaban la lengua local y apenas tenían dinero o carecían totalmente de él. Lee Ki-sun, sobreviviente coreana, tenía 17 años cuando le dijeron que iba a trabajar en una fábrica y en vez de ello la llevaron a un "centro de solaz" situado en Taiwán. Contó a Amnistía Internacional que podía abandonar las lindes del "centro de solaz". Sin embargo, no tenía adónde ir, pues estaba en un país extranjero y no hablaba el idioma.(30) Chang Jeum-dol refirió lo siguiente:


Cuando tenía 14 años, unos hombres estaban reclutando trabajadoras. Me dijeron que podría trabajar en una fábrica y ganar dinero. Mi familia era muy pobre, así que tenía que mantenerme por mí misma. Me llevaron a Manchuria, me recluyeron allí durante un año y medio y luego me trasladaron a Singapur. Tardamos un mes en llegar. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí. Me dieron una habitación pequeña. Me escapé, pero había soldados y guardias por todas partes. No tenía adónde ir. Me pillaron y me golpearon mucho. Debido a eso no puedo oír bien por el oído izquierdo. Cuando me violaron por primera vez, no sabía qué estaba ocurriendo. Era demasiado joven. Lloré y lloré pensando en mi madre. Tenía que "servir" hasta a 10 hombres al día. Todas las semanas nos hacían un examen médico. En el "centro de solaz" de Manchuria no me pagaban en absoluto y no me permitían salir. Las condiciones eran muy malas y la vida, insoportable. Algunos soldados no usaban preservativos, por lo que me quedé embarazada. Intenté evitarlo tomando hierbas, pero no funcionó. Incluso me obligaron a acostarme con ellos hasta el sexto mes del embarazo. Di a luz a los ocho meses, pero el bebé nació al revés y murió. No recibí atención médica adecuada después de dar a luz y se me cayeron muchos dientes. Volví a quedarme embarazada, pero perdí al bebé.(31)


Chang Jeom-dol (82 años) en su casa, en Seúl. © Paula Allen


2.3 Violación y violencia sexual


Las sobrevivientes han declarado que las mujeres sometidas a esclavitud sexual eran en su mayoría muchachas jóvenes sin experiencia sexual.(32) Lola Elizabeth, de Filipinas, contó a Amnistía Internacional que la llevaron por la fuerza a un cuartel cuando asaltaron su pueblo: "Por aquel entonces tenía 13 ó 14 años. Imagínese lo que significa ser violada a esa edad. No paré de llorar cuando me sujetaron. Cuando acabaron conmigo no podía levantarme: me dolía todo el cuerpo y yacía sobre mi propia sangre."(33)


Lola Piding relató lo siguiente a Amnistía Internacional:


Cuando llegó la noche, me obligaron a entrar en una habitación. Estábamos cinco muchachas en aquel cuarto, que estaba siempre oscuro. Entraron soldados en la habitación. Un soldado me tocó y me acarició. Yo lo empujé y él se cayó. Entonces me empujó contra la pared. Intenté gritar y zafarme, pero él me puso un trapo en la boca y me violó. Al primer soldado le siguieron dos más. Perdí la noción de lo que estaba ocurriendo; me encontraba muy débil. A las otras muchachas también las violaron. Ni siguiera había empezado a menstruar por aquella época.(34)


Lola Piding, Manila. © Paula Allen


Lola Pilar, sobreviviente filipina de 79 años, fue violada por los soldados que asaltaron su pueblo. Su familia huyó de la zona. Un año después la secuestraron:


Durante dos meses permanecí atada a otras tres mujeres [con una cuerda a la cintura].Había una distancia de medio metro entre nosotras, de modo que pudiéramos hacer tareas. Teníamos que ir al aseo y lavarnos juntas… Por la noche nos violaban a las cuatro. Me violaban cinco hombres por noche. Los soldados rotaban, por lo que en cada ocasión venían hombres diferentes. Eran patrullas, así que las tropas cambiaban continuamente. Si me negaba, me abofeteaban y me golpeaban.


Las mujeres tenían que soportar continuas violaciones. Algunas estaban obligadas a "servir" a 50 soldados al día. También han declarado que tenían los genitales hinchados y que sangraban constantemente. No podían sentarse, dormir u orinar sin sentir dolor. Los soldados esperaban en fila y, uno tras otro, violaban a las mujeres; algunas eran violadas por grupos de soldados. Otras permanecían recluidas como esclavas sexuales personales de determinados oficiales. Las "mujeres de solaz" embarazadas a menudo tenían que "trabajar" a lo largo del embarazo y a muchas se las obligaba a prestar "servicios" durante la menstruación.


Lola Pilar (76 años, a la izquierda) y Lola Narcisa (74 años), en las oficinas de Lila-Filipina (grupo de apoyo a las "mujeres de solaz"). © Paula Allen


A Choi Gap-soon, coreana de 86 años, la llevaron a Manchuria cuando tenía 14 años, y permaneció esclavizada durante 12 años. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:


Algunos soldados eran buenos; otros eran perversos. Algunos me daban patadas y puñetazos en la cara. Me cayeron algunos dientes. Me daban patadas en la vagina y, cuando me negaba a servir a los soldados, me pegaba mi jefe. Trabajaba de nueve de la mañana a cuatro de la tarde "sirviendo" a soldados. Siempre había una cola muy larga. Los soldados que esperaban gritaban "haiyaku, haiyaku", que significa "rápido, rápido". El segundo turno comenzaba a las cinco de la tarde y terminaba a las ocho de la mañana. Este turno estaba reservado para oficiales de algo rango que pagaban más y que podían pasar la noche con mujeres. Tenía que servir a 40-50 hombres al día. Tenía dolores fortísimos todo el tiempo; sentía como fuego en la vagina.(35)


Tal como ponen de relieve estos testimonios, las mujeres estaban expuestas a agresiones graves, como heridas de cuchillo y bayoneta, quemaduras de cigarrillos y palizas que solían tener lugar durante la violación.

2.4 Las condiciones inhumanas de los "centros de solaz"


El trato dispensado a las mujeres y las niñas solía ser atroz. El alojamiento variaba de un lugar a otro, pero casi todas las víctimas declaran haber padecido condiciones muy duras y una crueldad extrema.


A muchas mujeres no se les permitía comunicarse con otras "mujeres de solaz" o hablar en su propia lengua. Muchas sobrevivientes afirman que les pusieron nombres japoneses, por lo que perdieron su identidad. (36) Kim Pok-deuk, de 88 años, contó a Amnistía Internacional que tenía unos 18 años cuando la engañaron haciéndole creer que iba a ocupar un puesto de trabajo bien remunerado en una fábrica, y, en vez de ello, la llevaron a Filipinas, donde la esclavizaron sexualmente durante ocho años. Ella y al menos otras 20 muchachas fueron recluidas en un edificio de una planta, vigilado en todo momento, y no se les permitía salir. Kim Pok-deuk tenía que hablar japonés casi todo el tiempo y le pusieron el nombre japonés de "Fumiko’". Cuenta que "por lo general, intentaba no provocar a los soldados. Hacía simplemente lo que me mandaban. Algunas veces incluso decía algo tierno a los soldados para evitar la violencia."


Las mujeres y las niñas eran sometidas a muchísima violencia física y psíquica. Las golpeaban con frecuencia, y a menudo sufrían lesiones, por ejemplo, fracturas de huesos. Tal como afirma en su informe la relatora especial sobre la violencia contra la mujer:


[A]demás del profundo y permanente trauma producido por la violencia sexual de que fueron objeto, aparecen claramente la dureza y la brutalidad de sus condiciones de servidumbre. No tenían ninguna libertad personal. Eran tratadas con violencia y crueldad por los soldados y con indiferencia por los operadores de la residencia y los médicos militares. Como era frecuente que estuvieran cerca del frente, estaban expuestas a ataques, bombardeos y en peligro de muerte, condiciones que aumentaban aún más las exigencias y la agresividad de los soldados que frecuentaban las residencias de solaz. (37)


La salud de las mujeres y niñas se deterioró en los "centros de solaz". Muchas murieron a consecuencia de las enfermedades, la malnutrición, el agotamiento y los malos tratos. Había un miedo constante a los embarazos y a las enfermedades, incluidas las enfermedades de transmisión sexual generalizadas. Los médicos militares las sometían a exámenes forzosos, normalmente semanales, pero únicamente para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual. En la mayoría de los casos, las mujeres no recibían tratamiento por las quemaduras de cigarrillos, bayonetazos u otras formas de tortura y malos tratos que les infligían.(38)


El ejército trataba a las mujeres como una propiedad que podían usar y tirar, como una comodidad a la que tenían derecho o incluso como una necesidad. Tales actitudes se ponen de manifiesto en las memorias de un mando militar:


Durante la batalla, que duraba unos 50 días, no veía a ninguna mujer. Todo lo que sabía era que, como consecuencia [de no tener acceso a mujeres], el estado psíquico de los hombres se deterioraba, y fue entonces cuando me di cuenta una vez más de la necesidad de crear centros especiales de solaz. Este deseo es el mismo que el hambre o la necesidad de orinar y, para los soldados, los centros de solaz eran prácticamente lo mismo que las letrinas.(39)

Pese a que la mayoría de las mujeres estuvieron sometidas a las peores formas de trato cruel, inhumano y degradante, irónicamente algunas sobrevivientes sentían compasión por los soldados. A Kim Soon-ak le hicieron creer que iba a trabajar en una fábrica, pero la llevaron a un "centro de solaz" en China. Cuenta lo siguiente:


Parecía que a algunos soldados también los obligaban a tener relaciones sexuales con las mujeres; algunos eran muy jóvenes. Hacían lo que les ordenaban sus superiores; no actuaban movidos por el deseo carnal. Durante el tiempo que estuve allí, sólo me rondaba un pensamiento: quiero vivir, quiero sobrevivir, no puedo morir de esta manera. Así que hacía lo que me mandaban.(40)


Muchas mujeres fueron asesinadas o se suicidaron durante su reclusión. Algunas fueron liberadas antes de que terminase la guerra, debido a sus problemas de salud. Al final de la guerra, algunas "mujeres de solaz" fueron ejecutadas sumariamente, algunas murieron durante combates en el frente y otras simplemente fueron abandonadas a su suerte. Las sobrevivientes padecieron muchas penurias mientras intentaban regresar a sus hogares; algunas murieron en el camino. En algunos casos, las mujeres se integraron en los países a los que las habían llevado.(41) Algunas sobrevivientes regresaron a sus países de origen, pero en raras ocasiones a sus ciudades natales. A su regreso, las mujeres, en la mayoría de los casos, guardaron silencio sobre lo que les había ocurrido, pues muchas pensaban que "la violación y la brutalidad no eran más que el preludio de una vida de sufrimiento. La idea de que una mujer violada es una mujer deshonrada está tenazmente arraigada en toda Asia"(42) y también resuena en otras partes del mundo. El sentimiento de culpa que se concentra en la figura de la mujer violada es un denominador común que vincula las experiencias de las "mujeres de solaz" a las de otras víctimas de abusos sexuales en tiempos de guerra, de paz, en sus hogares o en cualquier otra parte del mundo.


2.5 Las secuelas duraderas de la esclavitud sexual en las sobrevivientes


El impacto y el trauma de la violación sexual exceden con mucho los efectos inmediatos de la agresión en sí misma. Las mujeres sobrevivientes han sufrido tormento emocional, daño psicológico, lesiones físicas, enfermedad, ostracismo social y muchas otras secuelas que les han destrozado la vida. En muchas sociedades, las injusticias culturales y las normas patriarcales transforman la pérdida de la virginidad y la incapacidad de tener hijos de una mujer en impedimentos para contraer matrimonio. Las mujeres violadas no son consideradas "virtuosas". Una vez perdida, esa virtud así percibida nunca podrá recuperarse.(43)


Los testimonios de ex "mujeres de solaz" revelan que el trauma las acompaña durante el resto de sus vidas. El mayor dolor es el de las oportunidades perdidas: no han podido vivir como otras mujeres "normales". Muchas sobrevivientes, que ahora se aproximan a los 80 ó 90 años, han permanecido aisladas y recluidas y no han hablado de su suplicio durante más de 50 años. La mayoría ha vivido y continúa viviendo en la pobreza.


El impacto de la esclavización sexual fue demoledor para muchas mujeres, especialmente cuando sufrieron el rechazo de su familia, amigos y comunidad.(44) Casi todas las sobrevivientes coreanas con las que se reunió Amnistía Internacional no habían podido tener hijos a causa de lesiones internas provocadas por violaciones masivas o por el contagio de enfermedades de transmisión sexual para las que no recibieron tratamiento alguno. Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos inherentes al sistema de esclavitud sexual soportado por las mujeres de solaz se han visto agravadas de manera continuada por la naturaleza permanente de las secuelas en las vidas sexuales y reproductivas de estas mujeres.


Las mujeres coreanas entrevistadas han vivido como reclusas y muchas han hablado de su miedo y odio a los hombres. Mun Pil-ki tiene 80 años y vive en el refugio House of Sharing.(45)Dice que le inyectaron medicamentos en repetidas ocasiones para prevenir enfermedades de transmisión sexual y no ha podido tener hijos: "Los hombres son mis enemigos; preferí la adopción a tener un hijo propio". Lee Young-soo, de 78 años, nunca se casó: "Tenía demasiado miedo, no era pura… No envidio a las personas que viven en un matrimonio feliz. Sola me siento libre". Lee Ki-sun, de 83 años, permaneció durante siete años recluida en un "centro de solaz", donde la violaron todos los días. No pudo tener hijos y nunca se casó. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:


A veces quisiera volver a nacer, reencarnarme en una mujer y tener un hijo y una vida feliz. Siempre que veo que otras personas reciben visitas de sus nietas y nietos, desearía tenerlos yo también, siento envidia de esas personas[...] Me siento sola.


Lee Ki-sun en Tongyoung, Corea del Sur. ©Paula Allen


Las mujeres sobrevivientes también han declarado que el sexo les parece repulsivo. Algunas no han podido entablar relaciones o han tenido relaciones abusivas en las que se repetía la constante de violencia. Lee Doo-soon, de 84 años, que pasó seis años en un "centro de solaz" en China, es una de las pocas sobrevivientes coreanas que pudo engendrar. Cuenta lo siguiente: "Las relaciones que he tenido nunca implicaban amor o sentimientos. Los hombres simplemente abusaban de mí. No podía amar a ningún hombre. Nunca me he podido casar; ni siquiera podía albergar tales pensamientos".


Kang Soon-ae, de 77 años, fue secuestrada por la policía militar japonesa cuando tenía 13 años. El tormento que sufrió la dejó profundamente marcada:


Los soldados se volvieron locos; les cortaron los pechos a las muchachas y los pegaron en la pared de una gruta. Me quitaron toda la ropa. Yo era tan pequeña y ellos, tan grandes, que me violaron con facilidad. Estaba sangrando; sólo tenía 14 años; estaba gravemente herida. Todos me violaron. No puedo describir lo que sucedió. No sé cuándo pasarán estos sentimientos. Ahora ya no experimento ningún dolor: mi cuerpo ya no siente. Me arruinaron la vida, me arruinaron la vida por completo. Ni siquiera podía controlar mi propio cuerpo. Estaba tan avergonzada que no podía depender de nadie, así que he vivido sola en la vida. En 1961 intenté suicidarme: salté al río Mapo, pero un hombre me salvó la vida; estaba pescando en aquel momento… A menudo he pensado en quitarme la vida…Estoy cansada, terriblemente cansada. Nadie conoce mi sufrimiento. Puedo oler a los hombres; odio a los hombres. El gobierno japonés debería verme, darse cuenta de lo que ha hecho. Tiene que reconocer lo que ha creado.


Kang Soon-Ae (77 años) en su casa, Seúl. © Paula Allen.


Todas las sobrevivientes que ha conocido Amnistía Internacional experimentan un sentimiento de culpa que no les corresponde. Sim Dal–yun, de 78 años, regresó a Corea del Sur, a una zona rural, con su hermana pequeña. Durante casi 30 años no quiso ver a otras personas: "No era una persona normal. No hacía más que esconderme. Me asustaba incluso la idea de registrarme como víctima: pensaba que me llevarían otra vez. Pero ya no tengo miedo".(46) Lola Belan, sobreviviente filipina, no abandonó la habitación de la casa de unas parientes en cinco años: "Lo único que hacía era llorar…Mis primas me ayudaron a recuperarme poco a poco. Sentía mucha vergüenza por lo que había ocurrido. Estaba asustada. Si la gente se reía, pensaba que se reía de mí."(47) Lola Piding relata lo siguiente:


Mis pensamientos eran muy dolorosos. No podía expresar lo que me había ocurrido. Yo era virgen… Tardé tres años en consentir acostarme con mi marido. Lo enterré todo y traté de olvidar. Cuando veía a hombres uniformados, me invadía el pánico y me asustaba muchísimo. Cuando por fin me decidí a hablar, los vecinos me llamaron "japayuki".(48) Yo expliqué que no era una "japayuki" y que quería justicia.


Lo mismo cuenta Lola Ammonita, de Filipinas: "La gente dejó de llamarme "japayuki" al final, pero pasaron dos años hasta que dejaron de hacerlo. Cuando les oía pronunciar esa palabra, me dolía mucho. Me enzarzaba en discusiones. Les decía: yo no fui a Japón; los japoneses vinieron aquí y me hicieron daño".


En su mayoría, las sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional que sentían demasiada vergüenza para hablar de sus experiencias incluso a sus propias familias.Jan Ruff O’Herne, sobreviviente neerlandesa, nació y se crió en lo que a la sazón eran las Indias Neerlandesas (actualmente Indonesia) y tenía 19 años cuando el ejército japonés invadió el territorio y llevó a todas las personas de nacionalidad neerlandesa a campos de prisioneros. Permaneció dos años en el campo y un día la llevaron a la fuerza a una casa grande y le dijeron que estaba allí para dar placer sexual al ejército japonés.


Nos dijo:

Sólo en una ocasión conté lo ocurrido a mi madre y nunca pude volver a hablar de ello. Ése era el problema: nunca hemos podido hablar de ello; era un secreto dentro de la familia. Al acabar la guerra, quedaron esas mujeres, las denominadas "mujeres de solaz", esas mujeres jóvenes de las que habían abusado y que habían pasado por la más espantosa de las experiencias en tiempos de guerra. No recibíamos ayuda psicológica y, de todas maneras, estábamos demasiado avergonzadas para hablar de ello. No nos quedó más remedio que seguir con nuestras vidas como si nada hubiera ocurrido. Eso fue terriblemente duro porque para nosotras la guerra no terminó nunca, ya que el sentimiento de vergüenza continuaba. Siempre teníamos miedo de que alguien descubriese nuestro pasado. Acarreábamos esa espantosa vergüenza. Yo no podía hacer nada al respecto. Llevas sobre la espalda toda la vergüenza, te sientes sucia, estás abatida, te sientes diferente, te sientes indigna. Se llevaron mi juventud, mis posesiones, mi dignidad. Resulta tan asombroso que, después de la guerra, los hombres volvieran con todas esas medallas en el pecho y las mujeres regresaran con todas esas heridas[...](49)


Jan Ruff O'Hearne en su casa en Adelaida, Australia © Kevin deLacy


Algunas sobrevivientes no pudieron volver a sus hogares en muchos años. Amnistía Internacional se reunió con cuatro sobrevivientes coreanas que habían sido abandonadas en China después de la guerra y que han regresado a Corea hace pocos años. Tras la guerra de Corea y la aparición de Corea del Norte y Corea del Sur, las autoridades chinas registraron automáticamente a Ha Sang-sook, de 78 años, y Baek Nup Dae-Gil, de 83 años, como ciudadanas norcoreanas, lo cual dificultó mucho su regreso a Corea del Sur. Actualmente viven en un pequeño apartamento en Seúl. Baek halmoni (abuela) ha olvidado el coreano, por lo que Ha Sang-sook tiene que actuar de intérprete. Habla en raras ocasiones y lleva una existencia muy solitaria. Según informes, todavía hay otras diez sobrevivientes surcoreanas en China que tienen nacionalidad china o norcoreana.(50)

Lee Ok-sun, de 79 años, permaneció en China 58 años antes de poder regresar a Corea. Relató lo siguiente a Amnistía Internacional:


No podía quedarme embarazada. Ni siquiera podía pensar en la idea de tener un hijo. Sufrí enfermedades que afectaron a mi capacidad para concebir[...] Soy coreana; mi familia está aquí. Mi familia pensó que estaba muerta, así que me registró como fallecida. Busqué a mi familia porque la necesitaba para regresar a Corea. Mis hermanas se niegan a verme; mis hermanos y yo nos vemos de vez en cuando. Es cuestión suya[de sus hermanas]; incluso mi familia me rechaza por el hecho de haber estado en un "centro de solaz". No me han perdonado. No fue culpa mía: no tuve elección, me obligaron, pero la gente es así, no puedo hacer nada para cambiarlo[...] Durante más de 50 años he deseado convertirme al cristianismo, pero no podía ir a la iglesia porque había sido una mujer de solaz. Me sentía muy culpable. Tardé 50 años. En 1994, en Semana Santa, fui por primera vez a la iglesia y me bauticé.(51)


3. Las sobrevivientes rompen su silencio


Tal como se ha señalado en el apartado 1.1, durante decenios, el gobierno japonés ocultó pruebas de su participación en la creación del sistema de "mujeres de solaz" y negó en repetidas ocasiones la implicación del gobierno. Tampoco hay duda de que las potencias aliadas conocían la existencia del sistema de "mujeres de solaz". Los aliados entrevistaron a varias "mujeres de solaz" sobrevivientes inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.(52) Sin embargo, a pesar de que las fuerzas aliadas estaban al corriente del programa de esclavización, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, establecido por los aliados para enjuiciar a los responsables japoneses de crímenes de guerra, no abordó esta cuestión.


Memorias y diarios de ex soldados japoneses publicados tras la Segunda Guerra Mundial mencionan la existencia de instalaciones "de solaz" en lugares ocupados por Japón. Sin embargo, las historias de guerra oficiales no hacen mención alguna. El asunto sólo empezó a atraer alguna atención de la opinión pública tras la publicación de los primeros libros sobre las "mujeres de solaz" a mediados de los años setenta.(53) En 1982, ocho intelectuales de nacionalidad japonesa emitieron una declaración pública en la que instaban al gobierno a que reconociera las injusticias cometidas en el pasado y a que se disculpara ante las "mujeres de solaz" coreanas.(54) En 1984, uno de los principales periódicos japoneses trató la cuestión por primera vez.(55) En 1990, la profesora Yun Chung-ok publicó las conclusiones de sus 10 años de investigación en un periódico coreano.

Con el creciente empoderamiento de la mujer empezaron a unirse organizaciones de mujeres, especialmente en Japón y en los países que se vieron afectados por el sistema de esclavitud sexual, para exhortar al gobierno japonés a reconocer el delito de esclavitud sexual militar. Asimismo, destacadas mujeres del ámbito de la política japonesa comenzaron a plantear esta cuestión en la Dieta. En una sesión de la Dieta celebrada en junio de 1991, el gobierno japonés negó toda participación del gobierno de la época de la guerra. Estas declaraciones enfurecieron a las sobrevivientes y las indujeron a romper un silencio de casi 50 años sobre las atrocidades que se habían cometido contra ellas.


3.1 Las sobrevivientes como defensoras de los derechos humanos de las mujeres


Kim Hak-soon fue la primera sobreviviente que, en agosto de 1991, habló en Seúl públicamente de su suplicio. A los 74 años, Kim Hak-soon basó su decisión en el hecho de que ya no tenía parientes cercanos vivos que pudieran avergonzarse de su pasado. A su vez, ella inspiró a muchas otras mujeres a romper el silencio, por ejemplo, a Lola Rosa Henson, que en 1992 habló en la radio y la televisión en Filipinas e instó a las sobrevivientes a que no sintieran vergüenza y a que dieran un paso al frente para exigir justicia. Estas mujeres extraordinarias dieron fuerza y valor a otras muchas y se convirtieron en defensoras de la justicia para todas las víctimas de la esclavitud sexual militar japonesa.


Estamos muy agradecidas a Lola Rosa Henson: si no hubiera hablado en público, otras mujeres no se hubieran dado a conocer. Cuando conocí a otras mujeres, nos ayudamos mutuamente, pues todas experimentábamos lo mismo. Nos unía una causa común: la búsqueda de la justicia. Nos manifestamos y luchamos por la justicia para que lo que nos ocurrió a nosotras no vuelva a sucederles a otras mujeres. No queremos la guerra: si hay guerra, las mujeres son víctimas de violencia. (56)


Muchas de las "mujeres de solaz" sobrevivientes organizan ahora manifestaciones periódicas y participan incansablemente en conferencias locales, nacionales e internacionales en las que hablan de la violencia contra las mujeres. Se han dirigido a organismos de las Naciones Unidas y han interpuesto demandas en Japón y en Estados Unidos. Lee Ok-sun, coreana, que ha prestado testimonio en diversas partes del mundo, afirma que "mi historia debe conocerse. Yo no quiero hablar de lo que me sucedió porque me resulta muy doloroso, pero tenemos que hacerlo para evitar que les ocurra lo mismo a otras mujeres. Tiene que contarse la verdad".


Desde el 8 de enero de 1992 se viene celebrando una manifestación todos los miércoles ante la embajada japonesa en Seúl, en Corea del Sur. Las sobrevivientes y las personas que las apoyan han prometido continuar celebrando las manifestaciones hasta que el gobierno de Japón dé por fin una respuesta satisfactoria a la cuestión de la esclavitud sexual. Chang Jeum-dol contó a Amnistía Internacional que se ha mudado recientemente al centro de Seúl para poder asistir todas las semanas: "Viviré hasta los 100 años porque quiero recibir una disculpa y obtener reparación. No es una cuestión de dinero. Tengo que hablar con el gobierno japonés cara a cara; deben verme y escuchar lo que tengo que decir". Lee Yong-soo, de 78 años, que normalmente viaja durante tres horas para asistir a la manifestación, declaró lo siguiente:


Cada vez fallecen más "abuelas". Eso me pone muy triste. Tengo la responsabilidad de hablar en público: si no lo hago, nadie sabrá nunca lo que ha pasado. Soy una activista; si fuera más joven, haría lo que fuera necesario… El pueblo coreano y el japonés han de ser amigos. Nosotras protestamos contra el gobierno de Japón, no contra el pueblo japonés.


Lee Young-Soo en "la manifestación de los miércoles". © Paula Allen


Las "mujeres de solaz" y quienes las apoyan también han presentado 10 denuncias ante tribunales japoneses, de las cuales el Tribunal Supremo ha desestimado seis, con lo que han agotado todos los recursos en el ámbito nacional. Asimismo han intentado iniciar causas judiciales en Estados Unidos. Las sobrevivientes coreanas incoaron una acción judicial de grupo en Japón en 1991; las sobrevivientes filipinas, en 1993 y las sobrevivientes neerlandesas, en 1995. Kim Hak-soon fue demandante en el juicio que entablaron las sobrevivientes coreanas en 1991 y que fue desestimado por el Tribunal Supremo de Japón en noviembre de 2004. Lola Rosa Henson, de Filipinas, fue demandante en el juicio de 1993. Ambas mujeres murieron en 1997 mientras los tribunales japoneses todavía estaban examinando las causas judiciales.


En respuesta a la continua impunidad de la violencia sexual en tiempos de guerra, a la falta de resarcimiento para las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual de Japón y para honrar a todas las sobrevivientes e instar a la comunidad internacional a que atienda las peticiones de justicia de las "mujeres de solaz", se reunieron activistas de los derechos de las mujeres en 2000 para establecer el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés. Este tribunal no judicial hizo recomendaciones basadas en conclusiones jurídicas y brindó a las sobrevivientes la oportunidad de testificar en un entorno formal y de obtener reconocimiento público de sus experiencias. Tal reconocimiento se ha considerado esencial para resarcir los sentimientos de vergüenza y culpa.(57) Por el contrario, como ya se ha señalado en este informe, la respuesta del gobierno de Japón, que se enfrenta a un activismo creciente, ha ignorado en gran medida las necesidades de las sobrevivientes.


Hoy, además de exigir justicia para los delitos perpetrados contra ellas, muchas sobrevivientes también hacen campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres en todo el mundo. Lola Julia Porras dijo a Amnistía Internacional: "Están violando y matando a mujeres ahora también. Para mí, justicia significa que las mujeres tengan derechos; las mujeres deben conservar su dignidad".Estas mujeres también tratan de dar fuerza a las sobrevivientes de experiencias similares en todo el mundo. Lola Ammonita afirma que "en la ex Yugoslavia hablé ante mujeres que también habían sido violadas en la guerra. Después de la charla, se acercaron a mí. Estaban llorando, y me dijeron que se sentían incapaces de hablar de lo que les había sucedido a ellas, pero que yo les había dado valor y esperanza".(58)


4. El sistema de "mujeres de solaz" como delito en virtud del derecho internacional y la ausencia de reparaciones plenas a las sobrevivientes


4.1 El sistema de esclavitud sexual de Japón como delito en virtud del derecho internacional


El gobierno japonés ha mantenido en numerosas ocasiones que el sistema de esclavitud sexual que mantuvo desde 1932 hasta 1945 no suponía una violación del derecho internacional en la época en la que estuvo en funcionamiento.(59) Argumenta que tales actos sólo se convirtieron en delitos con arreglo al derecho internacional después de la guerra. Sin embargo, existen pruebas de peso de que dicho sistema violaba la prohibición internacional de la esclavitud y constituía un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad.


4.1.1 Esclavitud


En 1932, Japón ya había ratificado tratados que prohibían el trabajo forzoso y la trata de personas para el comercio sexual, entre ellos:


1. El Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, de 1904,condenaba la prostitución forzosa y proporcionaba coordinación de la información sobre el reclutamiento de mujeres y niñas para la prostitución y fines inmorales por medio del abuso o la coacción.(60)

2. El Convenio internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, de 1910, tal como quedó reafirmado en 1921, amplía el Acuerdo de 1904 al disponer una sanción penal para los responsables.(61)

3. El Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños (1921), establece la obligación de los Estados de tomar las medidas necesarias para impedir la trata de personas.(62)


Japón ha afirmado que el artículo 14.3 del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños (1921) lo eximía de la prohibición de la trata de mujeres en sus naciones colonizadas (por ejemplo, en Corea). (63) Esta interpretación se ha refutado con contundencia por "incoherente con el propósito fundamental del artículo, que consistía en permitir que los países erradicasen la trata de mujeres gradualmente, no en fomentar la creación futura de redes de trata de mujeres. De hecho, la interpretación que hace Japón del artículo 14, según la cual pueden crearse "refugios" coloniales para el comercio de esclavas sexuales, es perversa y viola totalmente el espíritu del Convenio de 1921."(64)


El debate sobre este punto es en gran medida meramente académico, pues existen pruebas abrumadoras de que ya en 1932, cuando se creó el primer "centro de solaz", la esclavitud estaba prohibida por el derecho internacional consuetudinario, tanto en tiempos de paz como durante conflictos armados internacionales: se habían celebrado al menos 20 acuerdos internacionales por los que se suprimían el comercio de esclavos, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, y la inmensa mayoría de los Estados, incluido Japón, ya habían prohibido la esclavitud con arreglo al derecho nacional. La Convención (IV) relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y su Anexo (65) (en lo sucesivo, la Convención o el Reglamento de La Haya), que establece las normas de actuación en un territorio ocupado y ya se consideraba derecho internacional consuetudinario en 1939,(66) protege a la población civil de la esclavitud y del trabajo forzado. Los respectivos Estatutos del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y del Tribunal de Nuremberg (así como la Ley Núm. 10 del Consejo de Control Aliado de 1945) consideran crímenes de guerra el "maltrato" y el "confinamiento a trabajo forzado", y ambos Tribunales condenaron a responsables particulares de esos delitos (aunque no en relación con la esclavitud sexual de las "mujeres de solaz"). La prohibición de la esclavitud sexual en virtud del derecho internacional consuetudinario se aplica independientemente de que el delito se haya cometido en un territorio que a la sazón era colonia japonesa.


Asimismo, se ha argumentado que la prohibición de la esclavitud no sólo formaba parte del derecho internacional convencional y consuetudinario en el momento en el que las mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual, sino que también era jus cogens(norma perentoria del derecho internacional general que no puede ser modificada ni revocada por ningún tratado) (67) y una obligación erga omnes (contraída frente a toda la comunidad internacional).(68)


Por su parte, el gobierno japonés ha argüido también que el sistema de "mujeres de solaz" no encajaba en la definición de esclavitud que existía en aquella época: "El estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos."(69) Sin embargo, tal como se ha expuesto en el apartado 2, el testimonio de las sobrevivientes refuta esta postura. Además, el informe de la relatora especial sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado, demuestra de forma convincente que el argumento del gobierno japonés no tiene fundamento alguno:

El propio gobierno de Japón reconoció […]que las mujeres "estaban privadas de libertad" y "reclutadas contra su propia voluntad". Además, muchas mujeres fueron compradas, por lo cual entran fácilmente en la definición clásica de la esclavitud. Sin embargo, la transición monetaria no es el único indicio de esclavitud y ni siquiera el más significativo. En la medida en que algunas o todas las "mujeres de solaz" experimentaron una pérdida considerable de autonomía, de modo que el trato que les daban los militares japoneses era parecido al que se da a un esclavo, la responsabilidad penal por la esclavitud claramente recaería tanto en los autores de los actos delictivos descritos como en sus oficiales superiores. Una vez más, en el caso particular de las "mujeres de solaz", los estudios que ha realizado el propio Gobierno del Japón han destacado hasta qué punto las mujeres fueron privadas de libertad personal, fueron trasladadas junto con las tropas y el equipo, entrando y saliendo en las zonas de hostilidades, se les fue denegado el control sobre su autonomía sexual y fueron sometidas a una regulación monstruosa, como si fueran esclavas, de su salud reproductiva en un intento de proteger a las tropas de las enfermedades de transmisión sexual.(70)


En 2000, la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que las "mujeres de solaz" eran trabajadoras forzadas y que debían recibir una indemnización adecuada (si bien este organismo no tiene poder para ordenar una reparación).(71)


Por último, en la causa seguida por una demanda presentada por víctimas coreanas de la esclavitud sexual, el tribunal japonés resolvió que el sistema de esclavitud sexual violaba el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños (1921) yel Convenio sobre el trabajo forzoso (Convenio 29), de la Organización Internacional del Trabajo.(72)


4.1.2 La violación como crimen de guerra


Japón ha afirmado que la violación no constituyó un crimen de guerra hasta 1949, cuando se incorporó al Convenio IV de Ginebra. Sin embargo, existen abundantes indicios de que dicho delito ya estaba tipificado en el derecho internacional consuetudinario durante el periodo en el que Japón operó el sistema de esclavitud sexual.


Ya en el siglo XVII existían leyes de ámbito nacional que prohibían la violación durante conflictos armados, por ejemplo, los Artículos de Guerra decretados en 1621 por el Rey Gustavo Adolfo II de Suecia.El Código Lieber de 1863 (el primer intento de codificar las normas de guerra) establece el enjuiciamiento de la violación.(73) La Declaración de Bruselas de 1874, que desarrolla aún más las leyes de la guerra, dispone lo siguiente: "El honor y los derechos de la familia […] deben ser respetados."(74) Si bien este enunciado se basa en conceptos hoy en día obsoletos, según los cuales la violencia contra las mujeres se entiende como una ofensa contra el honor de la familia y no contra las propias mujeres, está comúnmente aceptado que engloba el derecho de las mujeres a ser protegidas de la violación sexual, otras formas de tortura y la prostitución forzada.(75) El artículo 46 del Reglamento de La Haya (que Japón ratificó el 13 de diciembre de 1911) reitera que "el honor y los derechos de la familia [...] deben ser respetados". Y la cláusula Martens, recogida en la parte preambular de la Convención de La Haya, seguramente abarcaría los actos de esclavitud sexual.(76) El Tribunal de Nuremberg consideró que la Convención y Reglamento de La Haya ya se aceptaban como parte del derecho internacional consuetudinario en 1939.(77)


La Comisión de Paz de Versalles de 1919 concluyó que Alemania era responsable de numerosos crímenes de guerra cometidos en la Segunda Guerra Mundial, entre los que se incluía la violación, de conformidad con "reglamentos explícitos [de] costumbres arraigadas [y las] leyes de la humanidad".(78) El Convenio de Ginebra de 1929 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra establece que "[l]os prisioneros de guerra tienen derecho [...] al respeto de su persona y de su honor. Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo." Japón firmó el Convenio el 27 de julio de 1929, por lo que estaba obligado a no traicionar el objeto y propósito de dicho instrumento.


El artículo 27 del Convenio IV de Ginebra, que incorpora la noción de "honor de la familia" expresada anteriormente en el Reglamento de La Haya, no "creó" el delito de violación como crimen de guerra del modo que Japón ha afirmado que debe interpretarse. Por el contrario, se incluyó esta disposición como una declaración de un principio ya existente del derecho internacional consuetudinario.(79) En determinados casos, los delitos de violación cometidos durante la Segunda Guerra Mundial se enjuiciaron como crímenes de guerra también en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente.(80)


Por último, en una denuncia presentada por víctimas chinas de la esclavitud sexual, el Tribunal de Distrito de Tokio resolvió que el sistema de esclavitud sexual violaba el artículo 46 del Reglamento de La Haya.(81)


4.1.3 Violación y esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad


La violación y el secuestro de niñas y mujeres con fines de esclavitud sexual ya se consideraban comúnmente contravenciones de las leyes de la humanidad en la época de la Primera Guerra Mundial.(82)


Los respectivos Estatutos del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente definieron la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos (que implícitamente incluirían la violación sexual) como crímenes de lesa humanidad.(83) La Ley Núm. 10 del Consejo de Control Aliado de 1945 enumera algunos de los actos inhumanos: "Crímenes de lesa humanidad [son] atrocidades y delitos, que incluyen, sin que la lista sea exhaustiva, el asesinato, exterminio, esclavización, deportación, prisión, tortura, violación u otros actos inhumanos cometidos contra la población civil."(84)


Existen pruebas abrumadoras de que el sistema de esclavitud sexual que estableció Japón durante la Segunda Guerra Mundial violaba el derecho internacional, incluida la prohibición de la esclavitud, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Estas leyes existían en la época en la que el sistema estaba en funcionamiento. En consecuencia, los delitos cometidos obligan a Japón a garantizar que se lleva ante la justicia a las personas responsables y que se proporciona una reparación plena a las víctimas.


En 2001, el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés, órgano no judicial creado por organizaciones no gubernamentales que trabajan para que se haga justicia a las mujeres de solaz, expresó la siguiente opinión: "Las pruebas demuestran que los centros de solaz se instauraron y operaron sistemáticamente como parte de la política militar, y que constituían crímenes de lesa humanidad en virtud de la ley aplicable en aquella época."(85)


4.1.4 Avances recientes en el derecho internacional: la violación como tortura


Desde 1993, los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia han considerado que la violación sexual también puede ser en determinadas circunstancias una forma de tortura.(86) El derecho internacional ha reconocido la gravedad de estos delitos; por ejemplo, la tortura se menciona expresamente como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) y, desde la Segunda Guerra Mundial, la prohibición de la tortura ha sido reconocida como una norma perentoria del derecho internacional.


4.2 El derecho a obtener reparación en derecho internacional


Cuando un Estado comete una violación grave del derecho internacional contra sus ciudadanos o contra los ciudadanos de otros Estados, como el sometimiento de unas 200.000 mujeres a un sistema de esclavitud sexual, es evidente que tiene la obligación moralde asumir el delito y proporcionar reparaciones a los sobrevivientes para ayudarlos a rehacer sus vidas. Como se explicará en el apartado 4.4, Japón ha aceptado su responsabilidad moral con respecto al sistema de esclavitud sexual que puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial, y ha tomado medidas limitadas para asumirla.


No obstante, las reparaciones no son sólo una obligación moral. En virtud del derecho internacional, un Estado que comete delitos graves, como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad como los de violación y esclavitud sexual, está obligado por leya ofrecer reparaciones plenas a:


Ø Los Estados de los sobrevivientes(en virtud del derecho de responsabilidad de los Estados) para que puedan canalizarlas hacia los sobrevivientes o hacia programas en beneficio de éstos.

Ø Los sobrevivientes mismos(en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario).


Sin embargo, el gobierno de Japón se ha negado a aplicar dichas medidas, alegando que en este caso no existe tal obligación legal. Como se demostrará en los apartados 5 y 6, esta afirmación carece del más mínimo fundamento.


Manifestación de miembros de Malaya Lolas(Abuelas por la Libertad) y de Amnistía Internacional delante de la embajada japonesa en Manila, el Día Internacional de la Mujer de 2005. © Paula Allen


4.2.1 Reparaciones por esclavitud sexual

En el contexto de las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que prohíben la esclavitud sexual, las reparaciones implican medidas destinadas a reparar los daños y perjuicios que han sufrido las víctimas o sobrevivientes y sus familias. Los tribunales internacionales han corroborado que su objetivo principal debe ser el de aplicar medidas para erradicar todas las consecuencias de la violación.(87) Desde luego, en el caso de violaciones graves, como la esclavitud sexual, resulta imposible alcanzar este fin por completo, ya que las secuelas mentales y físicas de tan terribles delitos acompañarán a las sobrevivientes de por vida.(88) En cualquier caso, a fin de lograr este propósito es necesario que se tomen medidas integrales para hacer frente al sufrimiento de las sobrevivientes y ayudarlas a rehacer sus vidas.

Asimismo, las reparaciones pueden servir para castigar y disuadir, ya que su alcance no se limita a la restitución y a la indemnización. El desarrollo de normas internacionales sobre reparación ha venido a ampliar el concepto para incluir importantes medidas simbólicas y orientadas al futuro, muy relacionadas con la justicia restitutiva.(89) La reparación incluye las siguientes medidas:


Ø Restitución: Medidas destinadas a devolver a la víctima a la situación previa a la violación. La restauración comprende, según proceda, lo siguiente: restablecimiento de la libertad, disfrute de los derechos humanos, identidad, vida familiar y ciudadanía, regreso al lugar de residencia, reintegración en el empleo y devolución de bienes.


Ø Indemnización: Medidas económicas encaminadas a corregir los daños evaluables en términos económicos resultantes de las violaciones, como los siguientes: daño físico o mental; pérdida de oportunidades, ya sean éstas laborales, educativas o relativas a prestaciones sociales; daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; perjuicios morales; gastos derivados de la asistencia letrada o de expertos, medicamentos y servicios médicos, y servicios psicológicos y sociales.


Ø Rehabilitación: Se refiere a la atención médica y psicológica, así como a los servicios sociales y jurídicos.


Ø Satisfacción: Se trata de una categoría amplia que abarca la verificación de los hechos, la difusión pública y completa de la verdad, una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; el enjuiciamiento de los responsables de la violación; conmemoraciones y homenajes a las víctimas y la inclusión de documentación precisa sobre las violaciones de los derechos humanos en los manuales de enseñanza y en los archivos históricos.


Ø Garantías de no repetición: Esta categoría comprende también una amplia gama de medidas para evitar la repetición de las violaciones. Trata de prever situaciones futuras, e incluye medidas como reformas jurídicas, ratificación de tratados de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, reformas estructurales relativas a la independencia del poder judicial, formación en derechos humanos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y protección para los defensores de los derechos humanos.(90)


Dada la amplitud de las reparaciones, no todas las medidas serán adecuadas o necesarias en todos los casos de sobrevivientes. Las decisiones relativas a cuáles serán las medidas pertinentes, cuándo se adoptarán y a cargo de quién correrán, se tomarán, al menos en parte, en función de un planteamiento basado en las víctimas, en estrecha consulta con ellas, para determinar sus necesidades y expectativas.


Las reparaciones constituyen un elemento de la justicia transicional, que engloba enjuiciamientos, revelación de la verdad y reformas institucionales. Ninguno de estos elementos se debe considerar por separado. Un programa de reparaciones desprovisto de vínculos con otros aspectos de la justicia tiene muchas posibilidades de fracasar. Probablemente, las víctimas considerarán las indemnizaciones económicas un gesto poco sincero o incluso dinero manchado de sangre, si no van acompañadas de esfuerzos paralelos para documentar la verdad e incorporarla a los manuales de historia, procesar a los perpetradores y homenajear a las víctimas en monumentos simbólicos.


Un Estado responsable de violaciones que acepte sus obligaciones legales puede proporcionar reparaciones de diversos modos: a través del gobierno del Estado afectado, garantizando que las víctimas y los sobrevivientes no encuentran obstáculos a la hora de reclamar reparaciones ante los tribunales nacionales; mediante el establecimiento de mecanismos administrativos para distribuir reparaciones económicas y no económicas (por ejemplo, una carta de disculpas) directamente a las víctimas y a los sobrevivientes, y para financiar proyectos que se ocupen de otras formas de reparación (por ejemplo, homenajes, comisiones de la verdad o proyectos de rehabilitación). Los representantes gubernamentales también pueden tomar medidas concretas, como pedir disculpas sin reservas y en público. Los actos materiales y simbólicos de reparación están estrechamente relacionados, y no se debe desatender ninguno de ellos.


Sin embargo, si como en el caso de Japón, un Estado se niega a aceptar su responsabilidad legal de conformidad con el derecho internacional, hay dos vías principales para hacer valer el derecho a obtener reparación:


Ø Cuando se cometen violaciones contra ciudadanos de otro Estado, el gobierno del Estado afectado puede pedir reparaciones al gobierno del Estado responsable en representación de sus ciudadanos por vía diplomática o, si ésta no fuera efectiva, por vía jurisdiccional, a través de la Corte Penal Internacional o de otros mecanismos establecidos por la comunidad internacional.(91)

Ø Las víctimas y los sobrevivientes pueden pedir reparaciones directamentea su propio gobierno (si es éste el que ha cometido las violaciones) o a otro gobierno responsable a través de los tribunales del Estado en cuestión o, si existe legislación que lo permita, a través de los tribunales nacionales del Estado afectado o de otros Estados.


Estas dos vías son independientes entre sí y, si el Estado responsable concede una indemnización al Estado afectado, ello no invalidará las demandas de víctimas concretas que traten de garantizar la concesión de reparaciones plenas.


4.3 Reparaciones reclamadas por las sobrevivientes de la esclavitud sexual


Las ex "mujeres de solaz" han solicitado constantemente una serie de medidas para abordar el sistema de esclavitud sexual al que fueron sometidas, así como la denegación de justicia y reparaciones durante más de 60 años. Además, han exigido que se difundan públicamente los hechos, y se incluyan en los manuales de historia.


A falta de cualquier intento serio por parte del gobierno japonés de esclarecer lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso, el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés, con sede en Tokio, se propuso, en diciembre de 2000, elaborar un amplio informe sobre el sistema de esclavitud sexual utilizado en Japón durante este periodo. Este tribunal popular fue organizado por mujeres asiáticas y organizaciones de derechos humanos con objeto de examinar casos de esclavitud sexual y otros delitos relacionados con la violencia sexual. El gobierno de Japón se negó a participar. Su nacimiento fue el resultado de un decenio de activismo sostenido por grupos con sede en los países afectados(92) y de iniciativas internacionales de las Naciones Unidas, entre otros organismos. Sobre la base de detallados testimonios y consultas mantenidas con las sobrevivientes, el Tribunal recomendó:


El gobierno de Japón debe ofrecer las siguientes medidas reparadoras:


1. Reconocer plenamente su responsabilidad por el establecimiento del sistema de "centros de solaz", y que dicho sistema violaba el derecho internacional.

2. Ofrecer disculpas sinceras y sin reservas, asumir la responsabilidad jurídica y proporcionar garantías de no repetición.

3. Indemnizar a las víctimas, las sobrevivientes y las demás personas que tengan derecho a reclamar daños a consecuencia de las violaciones aquí mencionadas, por conducto del gobierno y en cantidades adecuadas para resarcir de los daños causados e impedir que los hechos se repitan en el futuro.

4. Establecer un mecanismo de investigación profunda sobre el sistema de esclavitud sexual impuesto por el ejército, con fines de consulta pública y para la preservación histórica del material existente.

5. Estudiar, en consulta con las sobrevivientes, el establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que cree un archivo histórico de los delitos de género cometidos durante la guerra, la transición y la ocupación.

6. Reconocer y homenajear a las víctimas y las sobrevivientes mediante la creación de monumentos conmemorativos, un museo y una biblioteca dedicada a su memoria, así como la promesa de no repetición.

7. Patrocinar iniciativas formales e informales de carácter educativo, como la inclusión en un lugar destacado de los manuales de enseñanza de todos los niveles, y el apoyo a los estudiosos y los escritores, para garantizar la educación de la población, y en especial de los jóvenes y las generaciones futuras, con respecto a las violaciones que se cometieron y al daño que se infligió.

8. Fomentar la formación sobre la relación existente entre el sistema esclavista impuesto por el ejército y la desigualdad de género, así como sobre los requisitos necesarios para lograr la igualdad de género y el respeto a la igualdad de todas las personas de la región.

9. Repatriar a las sobrevivientes que deseen ser repatriadas.

10. Dar a conocer todos los documentos y demás material en su haber relativos a los "centros de solaz".

11. Identificar y castigar a los principales responsables implicados en el establecimiento de los "centros de solaz" y el reclutamiento correspondiente.

12. Localizar y devolver los restos de las fallecidas, si así lo solicitan sus familiares o personas cercanas.


El gobierno japonés no ha tomado medidas significativas para aplicar la mayoría de estas recomendaciones, alegando no tener ninguna obligación jurídica de hacerlo. En su lugar, ha tomado una serie de medidas, de carácter limitado, conocidas como "gestos de desagravio" o medidas "humanitarias", que resultan útiles, pero inadecuadas (véase el apartado 4.4).


Amnistía Internacional apoya las recomendaciones del Tribunal Internacional de Mujeres que, de aplicarse íntegramente, implicarían la concesión de reparaciones plenas a las sobrevivientes. Además, la organización recomienda que, como garantía significativa de no repetición, Japón ratifique lo antes posible el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se estipula que la nueva Corte podrá procesar los delitos de esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual que se cometan en el futuro.

Manifestación de miembros de Malaya Lolas(Abuelas por la Libertad) y de Amnistía Internacional delante de la embajada japonesa en Manila, el Día Internacional de la Mujer de 2005.© Paula Allen


4.4 Medidas tomadas por el gobierno japonés


Desde 1992, el gobierno japonés ha aceptado su responsabilidad moral con respecto a las sobrevivientes del sistema de "mujeres de solaz" que puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial, y ha tomado una serie de medidas limitadas para asumirla: cierto grado de investigación y difusión pública de información, "gestos de desagravio", como disculpas oficiales, e iniciativas "humanitarias". Amnistía Internacional se congratula de estas medidas.


No obstante, se puede hacer mucho más para atender las necesidades de las sobrevivientes. Hasta la fecha, las medidas tomadas no se ajustan en absoluto a los criterios de reparaciones plenas mencionados anteriormente. Muchas de las sobrevivientes las consideran intentos del gobierno japonés de eludir su responsabilidad jurídica de conceder reparaciones plenas por el sistema de esclavitud sexual empleado por los militares japoneses, que violaba el derecho internacional. Para las sobrevivientes, cuyo testimonio público fue fundamental a la hora de forzar al gobierno japonés a dejar de negar su responsabilidad, lo inadecuado de las reparaciones ofrecidas ha supuesto un nuevo motivo de aflicción y sufrimiento.


4.4.1 ¿Qué constituye una disculpa adecuada?


Antes de examinar las disculpas presentadas por los funcionarios japoneses, resulta útil analizar el concepto de disculpa en sí, en particular en el contexto de Japón. El objetivo de una disculpa es reparar la dignidad, a fin de aliviar el malestar y facilitar una posible reconciliación. Por ejemplo, "en la sociedad japonesa, se interpreta habitualmente que la disculpa es una parte esencial de la resolución de cualquier conflicto".(93) Una víctima a menudo considera que la disculpa es la clave que le permitirá experimentar una mejoría.(94) Sin embargo, percibir que una disculpa no es sincera puede suponer un duro golpe para una persona sobreviviente y emocionalmente marcada, lo que contribuirá a que se reabran sus heridas. Los elementos básicos que constituyen una disculpa adecuada son los siguientes:


§ Reconocimiento del daño infligido, llamando a la a ofensa por su nombre y describiendo su impacto

§ Aceptación de las responsabilidades con respecto a los daños

§ Expresión de arrepentimiento sincero y profundo

§ Garantías o promesa de que no se volverá a producir

§ Reparaciones mediante medidas concretas.(95)

"La aceptación plena de su responsabilidad por parte de la persona que causa el daño es lo que identifica una disculpa".(96) Por ejemplo, los japoneses "no consideran sincera una disculpa si no se reconoce la culpa".(97) Las vaguedades o los "rodeos en torno a la verdad"(98) pueden hacer que la persona que recibe la disculpa concluya que quien la ofrece no comprende o no acepta lo inmoral de sus acciones.(99) "Pedir disculpas es declarar, voluntariamente, que no existe excusa, defensa, justificación o explicación posible para algo que se ha hecho (o se ha dejado de hacer)".(100)


4.4.2 Disculpas del gobierno japonés a las "mujeres de solaz"


La primera disculpa que se presentó oficialmente a las "mujeres de solaz" data de enero de 1992, días después de que Yoshimi, historiador japonés, sacara a la luz pruebas irrefutables de la participación oficial del país en la gestión del sistema de "centros de solaz" durante la guerra. El primer ministro, Miyazawa, se disculpó ante el pueblo coreano durante una visita a Corea del Sur.


Desde entonces, diversos integrantes de los gobiernos de Japón, incluidos primeros ministros, han pedido disculpas por el sistema de "mujeres de solaz".(101) Los comentaristas japoneses apuntan a las distintas disculpas presentadas en relación con la conducta del país durante la Segunda Guerra Mundial y hablan de "hastío de disculpas".(102) Sin embargo, muchas de estas disculpas han sido una forma de "limitar los daños" ocasionados por las incendiarias declaraciones de algunos funcionarios japoneses y, si se examina su contenido más detenidamente, se aprecia que no son adecuadas. Por otro lado, no ha quedado claro si estas declaraciones se formulaban a título personal u oficial. Las sobrevivientes siguen exigiendo una disculpa de la Dieta o Parlamento Nacional Japonés, máximo órgano de poder del Estado, que representa al pueblo japonés, y del emperador.


Muchas de las disculpas relativas a delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial han transmitido un arrepentimiento general por hechos del pasado, y no han mencionado la violación concreta perpetrada contra las "mujeres de solaz".(103) En los casos en que sí se las ha mencionado, se ha hecho referencia fundamentalmente al menoscabo de su "honor" y su "dignidad". En una carta de disculpas a las ex "mujeres de solaz", publicada en 2001 con ocasión del ofrecimiento "de desagravio por parte de la población japonesa" hecho por el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer, el primer ministro Koizumi siguió la fórmula empleada por todos los primeros ministros desde 1995, y manifestó:


El asunto de las "mujeres de solaz", en el que participaron las autoridades militares japonesas de la época, constituyó una grave afrenta al honor y la dignidad de numerosas mujeres. Como primer ministro de Japón, transmito de nuevo mis más sinceras disculpas y arrepentimiento a todas las mujeres que fueron sometidas a atroces y dolorosas experiencias como mujeres de solaz y sufrieron heridas físicas y psicológicas incurables. No debemos eludir el peso del pasado ni olvidar nuestra responsabilidad en el futuro. Creo que nuestro país, dolorosamente consciente de su responsabilidad moral, arrepentido y deseoso de presentar sus disculpas, debe afrontar plenamente su pasado y transmitírselo fielmente a las generaciones futuras. Es más, Japón deberá participar activamente en la lucha por acabar con la violencia y otras formas de injusticia que atentan contra el honor y la dignidad de las mujeres.(104) Por último, deseo desde lo más profundo de mi corazón que todas ustedes encuentren la paz y vivan en paz el resto de sus vidas.(105)


Estas disculpas, aunque positivas como expresión de arrepentimiento, no precisan la naturaleza concreta de los daños infligidos, y esquivan claramente las obligaciones jurídicas que se derivan de la violación del derecho internacional. La referencia a "la participación de las autoridades militares" se puede entender como un intento de desvincular al gobierno de Japón del daño infligido. Por tanto, algunas sobrevivientes continúan percibiendo estas disculpas como poco sinceras y, a lo sumo, como una expresión de arrepentimiento general(106) que no ofrece las garantías de no repetición que han pedido. Por ejemplo, la sobreviviente filipina Lola Ammonita declaró a Amnistía Internacional: "Deben admitir que esas atrocidades sucedieron, y queremos que nos prometan que nunca más abusarán de las mujeres".(107)


Las disculpas emitidas hasta el momento se han visto constantemente desvirtuadas por afirmaciones que las desmentían, como la negación categórica de la existencia de prácticas de esclavitud sexual en el pasado, declaraciones contradictorias y actos provocativos por parte de funcionarios gubernamentales, incluidos miembros del consejo de ministros. Las sobrevivientes y los representantes de los Estados afectados consideran que dichas disculpas carecerán de valor mientras altos funcionarios japoneses continúen visitando el santuario de Yasukuni(108) o se aprueben oficialmente manuales de historia que restan importancia a los actos relativos a la esclavitud sexual y otras atrocidades cometidas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial o los omiten. Las sobrevivientes piden al gobierno japonés que ofrezca una disculpa sincera y sin reservas, desde las más altas esferas, que refuerce con hechos las declaraciones de arrepentimiento.


4.4.3 La respuesta de Japón a la indemnización: el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer


En 1995, tras haber sido blanco de numerosas críticas y presiones, el gobierno japonés estableció el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer "como medida de desagravio del pueblo japonés para con las ex "mujeres de solaz" de la guerra".(109) El gobierno sostuvo que este Fondo era una respuesta humanitaria, procedente en su mayor parte del sector privado. Las sobrevivientes estiman que esta iniciativa no constituye un reconocimiento público de la obligación legal del gobierno a ofrecer reparaciones plenas, incluida la indemnización.


La relatora especial sobre la violencia contra la mujer se hizo eco de la opinión de muchas de las sobrevivientes al afirmar que el Fondo es "una declaración clara en que se niega toda responsabilidad en derecho" y que "aunque la relatora especial celebra esta iniciativa desde una perspectiva moral, debe entenderse que no satisface las reivindicaciones jurídicas formuladas por las "mujeres de solaz" en virtud del derecho internacional público".(110)

El Fondo, que se disolverá en marzo de 2007, distribuyó "dinero de desagravio",(111) procedente de donaciones de la población japonesa, a ex "mujeres de solaz", junto con una carta de disculpas del primer ministro. A este respecto, se promovieron solicitudes entre las mujeres de Corea del Sur, Filipinas y Taiwán entre 1996 y 2002, de las que se presentaron 285.(112) Asimismo, el Fondo coordinó proyectos de ayuda médica y bienestar social financiados mediante desembolsos del gobierno japonés, incluido un proyecto propuesto por el gobierno indonesio sobre servicios de bienestar social para ancianas. Además, proporcionó asistencia médica y bienestar social a 79 holandesas que habían sido sometidas a esclavitud sexual por las tropas japonesas en Indonesia.(113)


Muchas mujeres de Filipinas entrevistadas por Amnistía Internacional que aceptaron el dinero del Fondo lo hicieron sólo porque atravesaban graves apuros económicos, y a condición de que ello no afectara a su demanda de indemnización del gobierno japonés. Algunas devolvieron la carta de disculpas al primer ministro. Varias sobrevivientes de Filipinas presentaron las solicitudes fuera de plazo y no recibieron la indemnización. En el caso de las que sí la recibieron, los fondos duraron poco, y la mayoría vivían en condiciones de pobreza. Algunas sobrevivientes cuestionaron el procedimiento de solicitud e identificación empleado por el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer, y afirmaron enojadas que otras personas habían recibido el dinero del Fondo en su nombre.


Amnistía Internacional reconoce la contribución positiva de un instrumento como el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer a la hora de ayudar a las sobrevivientes. Sin embargo, desde el punto de vista de las víctimas, pueden ser necesarias diversas reparaciones, ya sean de tipo simbólico (monumentos) o intervenciones jurídicas y administrativas (como la revelación de toda la información retenida), que combinen la reparación con la recuperación de la verdad. (114) Las sobrevivientes desean una indemnización, pero muchas quieren que ésta proceda del gobierno de Japón, ya que para ellas eso demostraría que éste acepta claramente su responsabilidad. Además, esto podría ser más efectivo a la hora de evitar que se repita el delito de esclavitud sexual e impedir la impunidad de los autores y la negación de reparaciones para las víctimas. Para las sobrevivientes, no se trata sólo de dinero. Como una de ellas dijo a Amnistía Internacional, "no cambiaría mi dignidad por todo el dinero del mundo".(115)


4.4.4 Investigación de los hechos y revelación de la verdad


El gobierno japonés inició un ejercicio de investigación de los hechos en diciembre de 1991; sus resultados se publicaron en julio de 1992, en un informe titulado Resultados de la investigación sobre la cuestión de las "mujeres de solaz del ejército" procedentes de la península de Corea, que se basaba inicialmente en la investigación de archivos oficiales japoneses, procedentes sobre todo de la Agencia de Autodefensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este informe recibió duras críticas por su limitado alcance(116) y por la escasa atención que prestaba a los testimonios existentes y a las conclusiones de las investigaciones académicas. También se inició otra investigación que incluía testimonios de víctimas y ex funcionarios de Corea, y cierto grado de análisis de las pruebas recopiladas por ONG regionales. Estas ONG, que por entonces tenían experiencia considerable en la recogida de pruebas, consideraron que el segundo informe, publicado en agosto de 1993, eludía astutamente las acusaciones de crímenes de guerra y las consiguientes responsabilidades jurídicas. Posteriormente otros gobiernos afectados también han emprendido o financiado investigaciones, pero sus esfuerzos son superados con creces por los de numerosas ONG de Asia y de todo el mundo.(117) En 1996, el secretario primero del consejo de ministros manifestó: "Dado que se han interpuesto demandas ante los tribunales japoneses, y que el asunto ha despertado interés fuera de Japón, el gobierno japonés continuará dirigiendo toda su atención a esta cuestión, y tomará en consideración las investigaciones que se realicen al respecto".(118)


Sin embargo, existen lagunas considerables en la documentación,(119) y gran parte de los archivos oficiales de los Estados afectados, en particular los que describen la negociación de tratados, continúan siendo clasificados como secreto. Las cartas relativas a las negociaciones de los Países Bajos en torno al Tratado de Paz de San Francisco fueron desclasificadas en 2000; en 2005, las sobrevivientes de Corea consiguieron sacar a la luz pública importante documentación sobre la negociación de reparaciones entre Corea y Japón, pertinente para el litigio que mantienen en la actualidad. Sin embargo, en otros países continúa negándose a las sobrevivientes el acceso a los archivos oficiales, lo que supone una importante merma de su capacidad de interponer un recurso efectivo, especialmente en los lugares en los que existen leyes de prescripción. En Estados Unidos, la Ley de Desclasificación de Archivos sobre Crímenes Cometidos por el Gobierno Imperial de Japón fue promulgada en diciembre de 2000, pero "el Departamento de Estado se negó a cumplir las órdenes del propio gobierno estadounidense" sobre las desclasificación de archivos relativos al Tratado de Paz de San Francisco. (120)


Para las sobrevivientes, la justicia no se puede desligar de la revelación de la verdad, y una excusa resultaría "vacía" si no va acompañada del reconocimiento de los hechos:


Queremos que nuestra experiencia quede escrita en la historia para que las generaciones futuras y nuestros compatriotas sepan lo que nos ocurrió y para que se haga justicia con nosotras. El gobierno japonés tiene que admitir lo que hicieron los soldados japoneses; necesitamos una disculpa y una indemnización del gobierno japonés.(121)


Amnistía Internacional cree que la verdad es parte fundamental de la justicia. Como señaló en un informe sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, Louis Joinet, relator especial de las Naciones Unidas afirmó que el derecho a saber:


[…] No se trata sólo del derecho individual […] es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el ‘deber de recordar’, a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo.(122)


El gobierno de Japón debe respetar el derecho a saber y, al hacerlo, honrará la memoria de todas las víctimas. Es más, el "el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones".(123)


Esto rige por igual para todos los gobiernos de los Estados afectados. Amnistía Internacional insta a los gobiernos a desclasificar los documentos de guerra, efectuar una investigación efectiva, independiente e imparcial, y publicar las conclusiones sin dilación.


La disculpa del primer ministro japonés hace hincapié en la importancia de transmitir con precisión los hechos históricos a las generaciones futuras. En 1996, el gobierno japonés comunicó a las Naciones Unidas que, tras las reformas de los currículos, alrededor del 70 por ciento de los manuales de historia de educación secundaria describían el fenómeno de las "mujeres de solaz,(124) y posteriormente afirmó que entre 1997 y 2001, se llegó al 100 por cien.(125) Sin embargo, los informes indican que únicamente uno de los manuales actualizados que se aprobaron en abril de 2005 menciona a las mujeres de solaz, y sólo en una nota a pie de página.(126)


El ministro de Educación, Nakayama, manifestó en 2004 y 2005 que aprobaba esta tendencia, y se sumó a la opinión de que el término "mujeres de solaz de la guerra" (jugun-ianfu) es una invención posterior a la guerra que no debe figurar en los manuales y que conduce a una visión masoquista de la historia.(127) Estas cuestiones semánticas se han esgrimido para desviar la atención de la opinif3n pública de la verdadera cuestión, que es la existencia de esclavitud sexual en el ejército. Por otro lado, a fuerza de señalar repetidas veces ligeras incoherencias en el testimonio de las ancianas sobrevivientes y problemas de verificación, los revisionistas han intentado desacreditar a las sobrevivientes y mantener viva la polémica incluso sobre perjuicios que el gobierno japonés ya ha reconocido.(128)


5. La negación de reparaciones a las sobrevivientes de esclavitud sexual por parte de los tribunales japoneses


Dado que el gobierno no ha instaurado mecanismos administrativos efectivos para ofrecer reparaciones plenas, algunas sobrevivientes han reclamado reparaciones ante los tribunales japoneses, incluidas mujeres de China, la República de Corea, los Países Bajos, Filipinas y Taiwán. En una de las primeras decisiones al respecto, el Tribunal de Distrito de Yamaguchi concedió reparaciones a sobrevivientes coreanas, y declaró inconstitucional la falta de iniciativas gubernamentales para promulgar legislación sobre las reparaciones.(129) No obstante, esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Hiroshima, que alegó que la Constitución japonesa no obligaba al Estado a legislar en materia de indemnizaciones.(130)

Todas las demás demandas también han sido desestimadas por los tribunales japoneses. En varios casos, las sobrevivientes y quienes las apoyan han protestado, alegando que los tribunales ni siquiera se molestaron en establecer los hechos antes de emitir un fallo.(131) En todos estos casos, las sobrevivientes encontraron obstáculos similares a la hora de obtener reparación.


En primer lugar, los tribunales japoneses no han reconocido el derecho individual a obtener reparación para los sobrevivientes de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En particular, han adoptado una interpretación muy restrictiva del artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907, que, según expertos internacionales, establece el derecho individual a obtener reparación (véase el apartado 7.1.1).


En segundo lugar, en algunos casos, los tribunales japoneses han aplicado la doctrina de la Kokka-Mutoseki(no responsabilidad del Estado), concepto jurídico nacional contrario al derecho internacional, incluido el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los tribunales japoneses han interpretado que la Kokka-Mutosekiimplica que no se puede responsabilizar al Estado, en virtud de la legislación vigente en el momento del delito, por actos cometidos en el ejercicio de la autoridad oficial durante la Guerra.(132) La doctrina de la Kokka-Mutosekiha sido rechazada recientemente en un caso de trabajos forzados por el Tribunal de Distrito de Niigata, que sentenció que "resulta completamente incompatible con la justicia y la imparcialidad interpretar y aplicar la ley en el sentido de que es imposible presionar al Estado para que asuma su responsabilidad civil en casos en los que el ejercicio de la autoridad oficial no tiene en cuenta principios humanitarios (por ejemplo, el trato esclavista) [...] ".(133) Este fallo está aún pendiente de examen por tribunales superiores.


En tercer lugar, los tribunales japoneses han aplicado en varias ocasiones leyes de prescripción a demandas interpuestas por las sobrevivientes de esclavitud sexual.(134) El Código Civil japonés establece la prescripción de los delitos transcurridos 20 años desde el momento del incidente que causó el daño. Sin embargo, las leyes de prescripción carecen de validez para los delitos contemplados en el derecho internacional.(135) Resulta preocupante que los tribunales japoneses no tengan en cuenta esta circunstancia. Además, las sentencias no tienen en cuenta los esfuerzos de Japón por ocultar pruebas del sistema de esclavitud en el ejército, hasta principios de la década de los noventa, a la hora de analizar si se deben aplicar las leyes de prescripción.


La última y significativa barrera es el tiempo que se requiere para que se examinen las causas y, a continuación, apelar a tribunales superiores de Japón. Habitualmente, este proceso puede llevar más de diez años.


Es precisa una reforma sustancial de la legislación nacional japonesa si se quiere que los tribunales de Japón sean un foro adecuado para que las sobrevivientes de violencia sexual puedan obtener reparación. En particular, se deben aprobar leyes que dispongan expresamente que la doctrina de la Kokka-Mutosekiy el principio de prescripción no tendrán validez en el caso de delitos contemplados en el derecho internacional. La legislación nacional debe reconocer expresamente el derecho de toda persona a exigir reparaciones al gobierno, y dar prioridad a las sobrevivientes de esclavitud sexual, dado el retraso experimentado en admitir a trámite las demandas y la edad de las sobrevivientes.






Kampanyera Lolas, Arayat, Filipinas.© Paula Allen


6. La pasividad de la comunidad internacional a la hora de garantizar reparaciones para las sobrevivientes de la esclavitud sexual


Un consolidado principio del derecho internacional establece que cuando un Estado comete un "hecho internacionalmente ilícito" como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y esclavitud, tiene la obligación de "reparar íntegramente el perjuicio causado".(136) Aunque tradicionalmente dichas reparaciones se han pagado al gobierno del Estado afectado (el Estado en el que se cometió la violación o contra cuyos ciudadanos se cometió la violación), cada vez se reconoce más que las reparaciones recibidas por el Estado afectado por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se deben emplear en beneficio directo de las víctimas y sobrevivientes concretos.(137)


Sin embargo, la historia demuestra que los Estados afectados no han pedido o no han obtenido reparaciones plenas en nombre de las víctimas, y que en muchos casos han canjeado el derecho de las víctimas a obtener reparación en tratados de paz o acuerdos. En otros casos, cuando los Estados obtuvieron reparaciones, no las utilizaron en beneficio de las víctimas. Desgraciadamente, el caso de las reparaciones para las víctimas del sistema de esclavitud sexual de Japón es un ejemplo patente de estas prácticas.


Según la información disponible, Japón no ha ofrecido ninguna reparación por el sistema de esclavitud sexual a los Estados afectados, alegando que la obligación de proporcionar reparaciones quedó zanjada en los tratados y acuerdos firmados tras la Segunda Guerra Mundial (en un momento en el que ni siquiera se aceptaba la existencia del sistema) con los Estados en los que Japón puso en marcha "centros de solaz" y con los Estados a cuyas ciudadanas se esclavizó sexualmente. Sin embargo, no existen indicios de que ninguno de esos tratados o acuerdos tuviera en cuenta el sufrimiento y las necesidades de las sobrevivientes de esclavitud sexual.


En efecto, la capacidad de los Estados para hacer plenamente efectiva la obligación de Japón de proporcionar reparaciones a las sobrevivientes de esclavitud sexual se ha visto considerablemente mermada por el Tratado de Paz de San Francisco, en el que participaron los Aliados,(138) y por los tratados de paz y acuerdos bilaterales firmados con Japón por varios de los gobiernos afectados, que tratan de excluir, por motivos políticos, las reparaciones por crímenes cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.


6.1 El Tratado de Paz de San Francisco


Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados aliados eran reticentes a imponer a Japón reparaciones exigentes por su conducta durante la guerra.(139) La obligación de Japón de ofrecer reparaciones va mucho más allá de la esclavitud sexual de las "mujeres de solaz", e incluye otras violaciones a gran escala del derecho internacional humanitario, entre ellas el atroz trato dispensado a los prisioneros de guerra y a otros civiles.


El artículo 14 del Tratado de Paz de San Francisco dispone:


a) Se reconoce que el Japón debería pagar reparaciones a las Potencia Aliadas por los daños y sufrimientos causados por él durante la guerra. Sin embargo, se reconoce, también, que el Japón, si ha de mantener una economía viable, no dispone actualmente de recursos suficientes para reparar tales daños y sufrimientos y hacer frente, al mismo tiempo, a sus otras obligaciones.


(b) [...] las Potencias Aliadas renuncian a toda reclamación de las Potencias Aliadas por concepto de reparaciones, otras reclamaciones de las Potencias Aliadas y de sus nacionales originadas por las medidas adoptadas por el Japón y sus nacionales en el curso y en razón de la guerra [...]


El tratado disponía la confiscación y liquidación limitadas de las propiedades japonesas en territorio aliado, así como una indemnización por los daños causados durante la ocupación japonesa. Aunque en el artículo 16 se habla expresamente de la indemnización a los prisioneros de guerra, no se menciona a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual de Japón. De hecho, según la información de que dispone Amnistía Internacional, no existe ningún archivo disponible en el que conste que se tuvo en consideración el derecho a obtener reparación de las víctimas de esclavitud sexual durante las negociaciones.


Tras estas disposiciones lo que hay es la intención de los aliados que ratificaron el Tratado de Paz de San Francisco de impedirse a sí mismos y a sus colonias, incluidos los territorios en los que se habían instalado "centros de solaz", la posibilidad de interponer demandas de reparación en nombre de las sobrevivientes.(140)


Aunque en virtud del derecho internacional es correcto no imponer reparaciones que paralicen la economía de un Estado responsable, lo que tendría consecuencias devastadoras sobre la población nacional, Amnistía Internacional cree que, en esas circunstancias, el hecho de excluir permanentemente la posibilidad de que se concedan reparaciones a las víctimas es contrario a las obligaciones de los Estados. Como demuestra la recuperación económica de Japón desde 1945, el país lleva muchos años siendo capaz de ofrecer reparaciones plenas a las sobrevivientes de la esclavitud sexual y a todas las víctimas de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Parece evidente que no se hicieron esfuerzos en el Tratado de Paz de San Francisco para diseñar un calendario realista con respecto al pago de reparaciones a lo largo de varios decenios, que se podría haber basado en una fórmula flexible en función de la salud de la economía japonesa.


Durante la redacción del tratado, Indonesia y Filipinas cuestionaron la teoría de que Japón no podía pagar reparaciones plenas a largo plazo.(141) De hecho, la recuperación económica de Japón, su crecimiento industrial hasta niveles superiores a los de antes de la guerra(142) y el superávit previsto de 100.000 millones de yenes para 1951(143) era ya evidente y se percibió antes de las negociaciones del tratado y en su transcurso. Sin embargo, a excepción del artículo 26 (véase el siguiente apartado), el planteamiento de los Aliados fue el de renunciar a ulteriores reclamaciones de los Estados para la obtención de reparaciones plenas.(144)


6.2 Tratados de paz y acuerdos bilaterales firmados con los Estados afectados


En virtud del artículo 26 del Tratado de Paz de San Francisco, Japón se comprometió a formalizar tratados de paz bilaterales con otras naciones aliadas, incluidos los territorios que dependían de los Aliados. Como resultado, se firmaron tratados con la entonces Birmania(145) y con Indonesia,(146) que establecían reparaciones en forma de indemnización. Asimismo, Japón negoció otros acuerdos con ciertos Estados sobre reparaciones en forma de indemnización por la conducta de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, entre ellos Vietnam(147) y Filipinas.(148) En cuanto a los Países Bajos, Japón acordó un protocolo concreto, ya que durante las negociaciones del Tratado de Paz de San Francisco se había comprometido con la delegación del país a abordar por separado las demandas de reparación de los ciudadanos neerlandeses.(149) En él no se emplea el término "reparaciones", aunque constituía claramente el propósito del protocolo.


Asimismo, Japón formalizó acuerdos con Malaisia,(150) que establecían relaciones amistosas entre los dos Estados, y con la República de Corea,(151) sobre cooperación económica. Japón alega que dichos acuerdos abordan plenamente las demandas de reparación de los Estados, afirmación muy controvertida, ya que ninguno de los dos tratados menciona las reparaciones, y se centran más en el establecimiento de "relaciones amistosas" y en la "cooperación económica".(152)


En algunos casos, Japón estableció acuerdos con otros países que buscaban excluir por completo la cuestión de las reparaciones. Por ejemplo, en 1972, China emitió un comunicado conjunto con Japón por el que renunciaba a sus exigencias en relación con las reparaciones de guerra. Este comunicado fue refrendado a través de un Tratado de Paz y Amistad entre los dos países, en 1978.(153) De igual modo, la República Popular Democrática de Corea hizo pública una declaración en 2002 en la que anunciaba que, previas conversaciones de normalización, podría renunciar a las demandas de su población por actos cometidos por Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y en su transcurso. De cualquier modo, el proceso no ha concluido aún.


Japón sostiene que el Tratado de Paz de San Francisco y los acuerdos y tratados bilaterales han satisfecho plenamente las demandas de reparación por esclavitud sexual. En efecto, algunos de estos acuerdos incluyen frases destinadas a impedir que los Estados presenten nuevas demandas. En muchos casos, ni Japón ni los Estados afectados han publicado los documentos en los que se describen las negociaciones y el objeto de los tratados, lo que dificulta la correcta interpretación de sus disposiciones.


Amnistía Internacional ha analizado estos tratados y acuerdos a la luz de la información disponible, y ha concluido que la postura de Japón, al sostener que dichos tratados dieron respuesta a todas las demandas, se presta a diversas puntualizaciones. En primer lugar, ni el Tratado de Paz de San Francisco, ni los tratados y los acuerdos bilaterales tratan los actos de esclavitud sexual. En ningún caso, se refieren explícitamente al sistema de esclavitud sexual, ni existen pruebas a disposición del público que demuestren que se tuviera en cuenta el sufrimiento de las sobrevivientes de la esclavitud sexual ni los recursos necesarios para abordarlo a la hora de calcular la indemnización que Japón debía pagar.


En segundo lugar, el Tratado de Paz de San Francisco permite expresamente la presentación de reclamaciones, como dispone su artículo 26:


En caso de que el Japón hiciera arreglos de paz o celebrare arreglos de reclamaciones de guerra con cualquier Estado conforme a los cuales se otorguen a tal Estado ventajas mayores de las que se concedan en el presente tratado, esas mismas ventajas serán otorgadas a las Partes del presente Tratado


Dado que Japón formalizó varios tratados y acuerdos bilaterales en virtud de los cuales concedía cantidades considerables en concepto de indemnización por su conducta durante la Segunda Guerra Mundial, dichas ventajas deberían hacerse extensivas a los Estados que ratificaron el Tratado de Paz de San Francisco (sin importar si han firmado o no tratados o acuerdos bilaterales por los que renunciaron a obtener reparación).

En tercer lugar, en muchos casos, los tratados y acuerdos bilaterales no parecen excluir la posibilidad de reparaciones adicionales. Los tratados y acuerdos bilaterales que Japón formalizó con Birmania (actualmente Myanmar) y con Vietnam no niegan la posibilidad de que se formulen nuevas reclamaciones. Los acuerdos establecidos entre Japón y Malaisia para el mantenimiento de relaciones amistosas, y con la República de Corea sobre cooperación económica, no plantean el asunto de las reparaciones por esclavitud sexual, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.(154) Por otro lado, Japón no ha solventado aún la cuestión de las reparaciones con la República Popular Democrática de Corea.


En cuarto lugar, en ausencia de un informe exhaustivo sobre el sistema de esclavitud sexual, en el que se indique el emplazamiento de todos los "centros de solaz", no queda claro si se han formalizado tratados y acuerdos con todos los Estados afectados. Los Estados en los que aún no se ha demostrado la existencia o el alcance de la esclavitud sexual también podrían tener derecho a exigir reparaciones.


Por último, Japón sólo ha abordado una forma de reparación en estos tratados y acuerdos: la indemnización. Como se explicó en el apartado 4.2, las reparaciones plenas no se limitan a una indemnización económica,(155) sino que deben basarse en un planteamiento exhaustivo centrado en las víctimas que aborde el legado del sistema de esclavitud sexual. No existe ningún dato que indique un esfuerzo por parte de Japón para adoptar dicho enfoque exhaustivo. De hecho, esta actitud ni siquiera habría sido posible, ya que el país intentó ocultar el sistema de esclavitud sexual en el momento de formalizar tratados y acuerdos. No hay ningún impedimento para que todos los Estados, aunque les esté vetado pedir compensaciones a Japón, exijan que este país adopte un enfoque exhaustivo para abordar el sistema de esclavitud sexual, oculto hasta hace pocos años, que incluya todas las medidas recomendadas por el Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés (véase el apartado 4.3).


Como se ha puesto en evidencia en el presente apartado, las iniciativas bilaterales no han proporcionado reparaciones a las sobrevivientes, no sólo porque Japón niega su responsabilidad, sino también porque la comunidad internacional y la mayoría de los Estados afectados no han exigido plenas reparaciones a Japón durante los 60 años que han transcurrido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, ni la comunidad internacional ni los Estados afectados han servido a las sobrevivientes de la esclavitud sexual. Aunque se acogería con satisfacción un compromiso renovado de los Estados afectados, como el recientemente demostrado por la República de Corea, el proceso para que los distintos Estados obtengan reparaciones a través de nuevas negociaciones políticas o, cuando ello no sea posible, mediante una demanda ante la Corte Penal Internacional, sería sin duda considerablemente dilatado. El tiempo transcurrido desde que se produjeron las violaciones y la edad de las sobrevivientes exige medidas más inmediatas. En efecto, lo que se requiere es un esfuerzo colectivo por parte de la comunidad internacional para instar a Japón a ocuparse de esta cuestión inmediatamente, mediante el establecimiento de sistemas administrativos y reformas jurídicas a escala nacional (véase el apartado 7.2), que eliminen los obstáculos que actualmente encuentran las sobrevivientes que interponen demandas ante los tribunales japoneses (véase el apartado 5). Al mismo tiempo, como se expuso en el apartado 7, tanto los Estados afectados como otros Estados deben permitir que las sobrevivientes emprendan acciones judiciales contra el gobierno de Japón ante los tribunales nacionales.


7. El derecho de las sobrevivientes a exigir reparaciones a Japón directamente


Aparte del derecho de los Estados a solicitar reparaciones en nombre de las sobrevivientes, las víctimas también tienen derecho a pedir reparaciones directamente al gobierno de Japón en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Japón argumenta que ese derecho no existía cuando se cometieron los delitos. En consecuencia, se ha negado a conceder reparaciones individuales, y ha mantenido barreras que impedían hacer efectivo ese derecho ante los tribunales japoneses.(156) Esta postura ha sido refutada, con argumentos convincentes, por eminentes académicos de derecho internacional humanitario, y en demandas interpuestas ante los tribunales japoneses y estadounidenses. Además, las últimas declaraciones aprobadas por los Estados para definir el derecho a obtener reparación de las personas y sus familias en virtud del derecho internacional, no limitan el derecho en cuestión a delitos que tengan lugar en la actualidad o en el futuro..(157)


En este apartado, Amnistía Internacional analiza si existe un derecho individual a obtener reparación por delitos cometidos entre 1932 y 1945. Asimismo, se examinan y se formulan recomendaciones con respecto a otras barreras que los sobrevivientes han encontrado a la hora de reclamar reparaciones a través de los tribunales nacionales, como una legislación inadecuada para exigir reparaciones al propio Estado, leyes de prescripción y disposiciones relativas a la inmunidad del Estado.


7.1 El derecho individual a obtener reparación de las víctimas de delitos en virtud del derecho internacional


Hace tiempo que se reconoce que las víctimas concretas sufren daños personales, con independencia de los perjuicios que atañen al Estado.(158) El derecho individual de las víctimas a reclamar reparaciones al Estado responsable es un importante mecanismo para abordar su sufrimiento, sobre todo dada la preocupante trayectoria de los gobiernos, que han descuidado la interposición de las demandas pertinentes contra el Estado responsable. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se ha creado un sólido marco de derecho internacional de los derechos humanos, en el que uno de los elementos nucleares es el derecho individual a obtener reparación.(159) Además, cada vez se acepta y aplica más la existencia de un derecho individual a obtener reparación por violaciones del derecho internacional humanitario.(160) Como se explicará en el apartado 7.1.1, existen datos de peso que indican que dicho derecho existe desde la entrada en vigor del Reglamento de La Haya de 1907.


El derecho individual a obtener reparación de los sobrevivientes de delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de encendidas disputas entre el gobierno de Japón y académicos y expertos de renombre. Japón mantiene que, en derecho internacional, no existe ningún derecho individual a obtener reparación por delitos cometidos entre 1932 y 1945, y que su obligación es únicamente ofrecer reparaciones a otros Estados. Por su parte, los expertos internacionales aducen que el derecho de los individuos a obtener reparación existe desde 1907. En primer lugar, se debate si el artículo 3 del Reglamento de La Haya de 1907 dispone la reclamación de reparaciones por particulares; en segundo lugar, se discute si el Tratado de Paz de San Francisco y otros tratados y acuerdos vetan dichas reclamaciones; por último, se trata de dilucidar si un Estado puede renunciar al derecho de sus nacionales a obtener reparación por delitos tipificados en el derecho internacional.


7.1.1 El artículo 3 del Reglamento de La Haya dispone reparaciones individuales


Como se explicó en el apartado 4.1, el sistema de esclavitud sexual puesto en marcha por Japón entre 1932 y 1945 equivalió a crímenes de guerra en virtud del Reglamento de La Haya de 1907. El artículo 3 del Reglamento de La Haya estipula expresamente que los crímenes de guerra dan lugar a la obligación de conceder reparaciones, sin limitar dicha obligación a los Estados:

La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento estará obligada a indemnización, si fuere el caso, y será responsable de todos los actos cometidos por las personas que hagan parte de su fuerza armada.


En el debate sobre la concesión de reparaciones a prisioneros de guerra y sobrevivientes de esclavitud sexual por parte de Japón, la interpretación de este artículo ha cobrado una importancia extraordinaria. En particular, la polémica radica en que el artículo no limita la obligación de proporcionar reparaciones sólo a los Estados, sino que también alcanza a los individuos a título particular. La aplicación de esta disposición por los tribunales nacionales no ha sido uniforme, por lo que se hace necesario cierto análisis.


El gobierno japonés ha afirmado que "la norma establecida es que no se pueden atribuir derechos y obligaciones a un individuo en virtud del derecho internacional, a menos que el derecho en cuestión se establezca expresamente en un tratado".(161) Los tribunales japoneses han rechazado repetidas veces argumentos que según los cuales el artículo 3 dispone reparaciones individuales. Por ejemplo, en un caso presentado por prisioneros de guerra y una víctima de esclavitud sexual neerlandeses, el Tribunal de Distrito de Tokio resolvió lo siguiente:


El artículo 3 del Reglamento de La Haya no es más que una disposición que clarifica la responsabilidad internacional de un Estado de indemnizar a la nación de una víctima de violaciones del Reglamento de La Haya cometidas por la nación agresora, y los individuos que hayan sido perjudicados por la conducta de miembros de las fuerzas armadas constitutiva de violación del derecho internacional humanitario no pueden pedir indemnizaciones al país del agresor ante los tribunales japoneses.(162)


Esta sentencia refleja la postura de los tribunales japoneses, que rechazaron otros casos por idénticos motivos, incluido un caso presentado por "mujeres de solaz" filipinas(163) y prisioneros de guerra y una víctima de esclavitud sexual neerlandeses. En este último caso, el juez Asao del Tribunal de Distrito de Tokio dejó a un lado la interpretación jurídica del derecho individual a obtener reparación para asumir un punto de vista claramente político al afirmar que éste "no sólo serviría para ahondar en la desventaja del país perdedor, sino que también constituiría un obstáculo para la restauración de la paz y la reconstrucción del país".(164)


Sin embargo, la interpretación japonesa del artículo 3 rehuye el significado manifiesto y obvio de esta disposición, que establece reparaciones tanto para el Estado como para los individuos. De hecho, parece que los tribunales japoneses han intentado buscar ambigüedad donde es evidente que no la hay.


Las siguientes declaraciones de los trabajos preliminares demuestran hasta qué punto aceptan los Estados el derecho de los individuos a obtener reparaciones por violaciones del Reglamento. Alemania, que propuso el artículo, declaró:


Si [...] las personas perjudicadas por violaciones del Reglamento no pudieran pedir indemnización al gobierno, y tuvieran que litigar con el funcionario o el militar responsable, en la mayoría de los casos se les negaría el derecho a obtener dicha indemnización.(165)


Por su parte, Suiza manifestó:

Con respecto a la propuesta alemana…[e]l principio que establece es aplicable a todos los individuos lesionados, ya sean ciudadanos de Estados neutrales o de Estados enemigos.(166)


Por último, el Reino Unido añadió:

No cuestiono la obligación que tienen las Potencias Beligerantes de indemnizar a las víctimas de violaciones de las leyes de la guerra, y el Reino Unido no desea en modo alguno eludir sus obligaciones.(167)


Además, varios expertos de derecho internacional(168) han concluido, tras revisar el texto del artículo 3 y el historial de su redacción, que la interpretación de los tribunales japoneses carece de fundamento. Los profesores Fritz Kalshoven, Eric David y Christopher Greenwood, Q.C. han analizado el artículo 3 y los trabajos preliminares, y han concluido que, además de estipular que los Estados pueden pedir reparaciones, también dispone que los particulares pueden exigir reparaciones directamente al Estado responsable.(169) El profesor Kalshoven arguye:


[…] aunque la primera frase del artículo 3 no afirma expresamente que los particulares, incluidas las personas residentes en territorios ocupados, tienen derecho a exigir la indemnización prevista en el artículo, el proceso de redacción del artículo no deja lugar a dudas de que su propósito es precisamente ése [...] (170)


Dado el proceso de redacción, y teniendo en cuenta fundamentos sistemáticos de interpretación de los tratados, se debe reconocer que la naturaleza implícita del artículo 3 es la de una norma de aplicación automática y que, por tanto, se debe aplicar como tal a nivel nacional.(171)


Los tribunales japoneses, que han analizado de forma restrictiva el proceso de redacción del artículo o se han negado a tenerlo en cuenta, al negar el derecho de los particulares a reclamar reparaciones se han basado fundamentalmente en las decisiones de los tribunales estadounidenses sobre la interpretación del artículo 3, en particular las causas Hugo Princz v. la República Federal de Alemania(172)y Tel Oren v. la República Árabe Libia, en cuya sentencia se afirma: "Nada en el Reglamento de La Haya concede a los particulares, ni siquiera implícitamente, el derecho a reclamar daños y perjuicios por la violación de las disposiciones del Reglamento".(173)


Esta postura ha sido objeto de duras críticas, no sólo del profesor Kalshoven, sino también de otros eminentes expertos en derecho internacional humanitario. Por ejemplo, el profesor David señala:


En derecho, estas afirmaciones son erróneas: hemos visto cómo los trabajos preliminares de la Convención de 1907 demuestran que los autores pretendían conferir el derecho directo a obtener indemnización a las víctimas de violaciones del Reglamento de 1907, lo que no es más que la expresión concreta de un derecho generalmente aceptado con respecto a otras violaciones del derecho internacional que atentan contra individuos[...] Si, durante un conflicto armado, se hubiera deseado evitar aquello que es la norma general en todas las demás circunstancias, estaríamos ante una excepción significativa a la legislación general sobre responsabilidad internacional, y debería expresarse en algún lugar. Sin embargo, ninguna disposición lo dispone.(174)


El profesor Greenwood, en la línea del profesor David, señala:

en su mayor parte, las decisiones en causas como las de Princz y Tel-Oren no conciernen en absoluto al derecho internacional. Se trata más bien de dilucidar si, en virtud de la legislación de Estados Unidos, un tratado concreto se debe considerar de aplicación automática, es decir, si crea el derecho de interponer acciones judiciales conforme a la legislación de Estados Unidos. Esta cuestión no depende tanto del derecho internacional como del derecho del Estado en cuestión [...] (175)


Los tribunales japoneses han estudiado y rechazado en varias ocasiones las opiniones de expertos, como los profesores Kalshoven, David y Greenwood, sobre el artículo 3.(176) Estas sentencias demuestran que los tribunales dan escasa relevancia a la enorme cantidad de datos presentados por los principales expertos internacionales sobre la intención de los autores(177) y, por lo menos en un caso, el Tribunal de Distrito de Tokio se negó a considerar la intención de quienes redactaron los Reglamentos, alegando que el consolidado medio complementario de interpretación de los tratados establecido en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptada en 1982,(178) no se podía aplicar de forma retroactiva.(179) Esta decisión pasa por alto el hecho de que la Comisión de Derecho Internacional ha confirmado que el artículo 32 no era un elemento progresista del Tratado, sino que reflejaba la práctica de los Estados,(180) y obvia asimismo otras conclusiones de expertos jurídicos, que sostienen que el artículo plasma legislación internacional consuetudinaria.(181)


Las decisiones de otros tribunales nacionales que rechazaron el derecho individual a obtener reparaciones también ilustran la ausencia de un análisis profundo del proceso de redacción del artículo 3 por parte de los tribunales. Por ejemplo, en la causa Distomo, al interpretar el artículo 3, el fallo de los tribunales alemanes se basó en el "concepto tradicional de derecho internacional como un derecho de aplicación entre Estados [que] no contemplaba a los particulares como sujetos de la legislación internacional".(182)


Sin embargo, existen varias causas importantes que defienden el derecho de los particulares a obtener reparaciones, y apoyan las conclusiones de los expertos. El Tribunal Constitucional de Alemania concluyó, en un pronunciamiento obiter dicta,que no existe ninguna norma de derecho internacional que impida el pago de indemnizaciones a particulares por violaciones del derecho internacional. Además, el tribunal añadió que, en consecuencia, no era ilegítimo que un Estado que ha violado el derecho internacional permita que un particular interponga una demanda de indemnización por sucesos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial ante los tribunales nacionales.(183) En otro caso alemán, el Tribunal Federal Administrativo de Apelación de Munster sentenció:


Dentro de este marco de responsabilidad absoluta que establece el derecho internacional [en referencia al artículo 3 del Reglamento de la Haya], un Estado tiene el deber, según el punto de vista de autores de derecho internacional que, no obstante, aún no ha sido universalmente aceptado, de pagar una indemnización por daños "no materiales".(184)


En un caso griego, el Tribunal de Primera Instancia de Leivadia determinó que la demanda entablada por varios particulares contra el gobierno alemán era legítima en virtud de los artículos 3 y 46 del Reglamento de La Haya. Asimismo, consideró que, en ausencia de una norma de derecho internacional que lo prohibiera, un individuo podía demandar a título particular, sin necesidad de que lo hiciera su Estado.(185)


Como se demostrará en el próximo apartado, incluso Japón aceptó la validez de las demandas de reparación de particulares en las negociaciones del Tratado de Paz de San Francisco.


Amnistía Internacional ha analizado el proceso de redacción del artículo 3, las opiniones de los expertos y casos relativos a esta cuestión, y coincide con la conclusión de los expertos en derecho internacional humanitario, al aducir que, a pesar de no expresarlo explícitamente en el artículo 3 del Reglamento de La Haya, la intención de sus autores era sin duda la de permitir que los particulares interpusieran demandas directamente contra los Estados. La lectura más lógica del artículo 3 es que en él se dispone que tanto los Estados como los particulares exijan reparaciones por violaciones del Reglamento. Resulta muy preocupante que los tribunales japoneses hayan decidido pasar por alto estos datos tan concluyentes y adoptar los métodos más restrictivos de interpretación de los tratados para rechazar la existencia del derecho individual a obtener reparación. Esta actitud dificulta la búsqueda de justicia de las sobrevivientes de esclavitud sexual, y contradice claramente la opinión de los expertos en derecho internacional, la intención expresa de los autores del tratado, así como las interpretaciones de importantes tribunales nacionales.


7.1.2 El artículo 14 del Tratado de Paz de San Francisco no prohibió las reclamaciones de particulares


Japón arguye que el artículo 14.b del Tratado de Paz de San Francisco veta el derecho individual a exigir reparaciones del gobierno japonés. Sin embargo, como se demostrará a continuación, esta afirmación no es correcta.


El Artículo 14.b estipula lo siguiente:


[...] las Potencias Aliadas renuncian a toda reclamación de las Potencias Aliadas por concepto de reparaciones, otras reclamaciones de las Potencias Aliadas y de sus nacionales originadas por las medidas adoptadas por el Japón en el curso y en razón de la guerra [...]


Varias sentencias de tribunales japoneses han adoptado la misma postura para desestimar demandas, como es el caso de las presentadas por una víctima de esclavitud sexual y prisioneros de guerra neerlandeses.(186)

Asimismo, el artículo 14.b se ha convertido en una barrera para las sobrevivientes de violencia sexual que han reclamado reparaciones ante tribunales estadounidenses. En la causa Hwang Geum Joo v. Japón, la corte federal de primera instancia del Circuito del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, dictaminó que la solicitud de reparaciones constituía una "cuestión política ajena a la justicia", para lo que se basaba fundamentalmente en lo afirmado por el gobierno estadounidense, según el cual, durante las negociaciones del Tratado de Paz de San Francisco, el ejecutivo había tomado la decisión política de resolver todas las reclamaciones relativas a la guerra mediante negociaciones de gobierno a gobierno, y no a través de demandas de particulares. Teniendo en cuenta esta teoría, se decidió que el Poder Judicial sometiera "esta cuestión concreta de política internacional al parecer del ejecutivo"(187) y se desestimó la causa. Aún es posible que se impugne la decisión en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.


A pesar de las opiniones de los gobiernos de los Estados Unidos y Japón, que sostienen que los Estados incluyeron el artículo 14.b con objeto de excluir las reclamaciones de reparación de particulares, los archivos de las negociaciones demuestran que en realidad no existió ese acuerdo. En particular, los archivos demuestran que los Países Bajos creían firmemente que sus ciudadanos tenían derecho a exigir reparaciones, y que el Tratado de Paz de San Francisco no debería tratar de excluir ese derecho. En los documentos de las negociaciones se puede comprobar que, para abordar estos motivos de preocupación, el gobierno de Japón prometió a los Países Bajos, por carta, que:


El gobierno de Japón no considera que el gobierno de los Países Bajos, al firmar el Tratado, renuncie a las reclamaciones individuales de sus ciudadanos y que, a consecuencia de ello, una vez que entre en vigor dicho Tratado, las reclamaciones dejen de ser posibles.(188)


Con estas palabras, Japón no sólo aceptó la existencia de un derecho individual a obtener reparaciones, sino también reconoció que el Tratado de Paz de San Francisco no anula ese derecho con respecto a los ciudadanos de otros países. En un tratado posterior con los Países Bajos, ambos Estados intentaron solventar las reclamaciones individuales mediante reparaciones al gobierno de los Países Bajos, y acordaron expresamente, al parecer sin consultar a las víctimas, que la cuestión de las reclamaciones individuales quedaba zanjada.(189) Si esto no bastara para probar que el Tratado no vetaba el derecho individual a obtener reparación, se podría argüir, con razones de peso, que el acuerdo de solventar las reclamaciones individuales neerlandesas al margen del Tratado de Paz de San Francisco debería concertarse en los mismos términos con todos los demás Estados Partes, de conformidad con el artículo 26 del Tratado de Paz de San Francisco.


7.1.3 Otros tratados y acuerdos bilaterales no excluyen el derecho individual a obtener reparación


Por lo que se refiere a otros tratados y acuerdos bilaterales formalizados por Japón y otros Estados afectados por el sistema de esclavitud sexual, a excepción del protocolo firmado con los Países Bajos, no se mencionan las demandas individuales en cláusulas que intenten eximir de futuras reclamaciones. Sin embargo, ello no ha impedido afirmar a los tribunales japoneses, así como a los gobiernos japonés y estadounidense que las reclamaciones individuales se abordan en las cláusulas de exención de los acuerdos. Por ejemplo, Japón y Estados Unidos, en sus intervenciones en la causa de Hwang Geum Joo v. Japónsostuvieron que los acuerdos excluían los derechos individuales, ya que los gobiernos en cuestión habían decidido resolver ese tipo de reclamaciones mediante acuerdos internacionales con Japón. El tribunal estadounidense decidió no pronunciarse sobre esta cuestión.

El 29 de noviembre de 2004, el Tribunal Supremo japonés desestimó las demandas de indemnización interpuestas por sobrevivientes coreanas de esclavitud sexual, para lo que alegó que el derecho a exigir reparaciones había expirado en virtud de acuerdo formalizado entre Japón y Corea del Sur en 1965.(190) Sin embargo, la República de Corea ha apoyado el derecho de los particulares a presentar reclamaciones contra Japón, y ha manifestado que "la postura del gobierno es que [el tratado de 1965] no atañe al derecho individual a reclamar o interponer demandas".(191)


China ha manifestado desde 1995 que el comunicado de China y Japón en 1972 excluía sólo las reclamaciones de reparación entre los Estados, y que esta renuncia no concernía a las reclamaciones de indemnización de particulares.(192) En varias sentencias sobre causas entabladas por víctimas chinas, incluidas sobrevivientes de esclavitud sexual, los tribunales japoneses han reconocido que las reclamaciones individuales de víctimas chinas no quedaban excluidas en virtud del comunicado de 1972 de China y Japón.(193) Sin embargo, esta decisión no se ha aplicado a otros tratados y acuerdos. En una sentencia posterior, de marzo de 2005, el Tribunal Superior de Tokio avivó la polémica al aplicar un tratado de paz de 1952 entre Japón y la República China para desestimar demandas individuales. Al parecer, el tratado sólo había sido firmado por Taiwán. En respuesta a este acto, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró:

La esclavitud sexual es uno de los delitos graves que cometieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés debería cargar con su responsabilidad honradamente y afrontar esta cuestión con sinceridad y seriedad.(194)


El 25 de febrero de 2005, el Tribunal Supremo japonés rechazó las reclamaciones de indemnización presentadas por siete sobrevivientes de esclavitud sexual taiwanesas, para lo que alegó que sus reclamaciones habían quedado zanjadas por medio de los tratados bilaterales formalizados desde el final de la Segunda Guerra Mundial.(195)


En muchas ocasiones, las conclusiones de los tribunales japoneses, el gobierno de Japón y el de Estados Unidos no tienen ningún fundamento y, como se ha demostrado, muchos de los Estados afectados que han firmado tratados y acuerdos bilaterales, las rechazan de plano.


7.1.4 Un gobierno no puede renunciar a los derechos individuales de sus ciudadanos a pedir reparaciones.


Incluso en el caso de que se pudiera demostrar que el Tratado de Paz de San Francisco y otros tratados y acuerdos bilaterales pretendían excluir las demandas individuales de reparación, los Estados no tienen autoridad para renunciar al derecho individual de sus ciudadanos a pedir reparaciones en virtud de dichos tratados o acuerdos.


Como explica el profesor Kalshoven:


Teniendo en cuenta la evolución del derecho internacional, que emergió con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló tanto en el área de los derechos humanos como en la del derecho humanitario, quedando codificado en los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, se puede argumentar con contundencia que esta práctica, si bien se considera válida en la esfera internacional como acuerdo que obliga a un Estado a pagar una suma a otro Estado, no puede derivar en la eliminación del derecho individual de las víctimas a presentar reclamaciones por los daños sufridos a manos del enemigo.(196)


En particular, existen disposiciones comunes en los cuatro Convenios de Ginebra que prohíben esta actitud. En primer lugar, aunque los Convenios de Ginebra permiten que los Estados contratantes concierten "otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente", también recalcan a continuación lo siguiente:

Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de las personas protegidas, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni restringir los derechos que en éste se les otorga.(197)


En segundo lugar, los Convenios disponen expresamente que "[n]inguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra Parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior [infracciones graves]".(198)

Las disposiciones de los Convenios de Ginebra fueron redactadas al final de la Segunda Guerra Mundial, y quienes negociaron el Tratado de Paz de San Francisco debieron de tenerlas presentes. En concreto, pueden arrojar luz sobre la intención del artículo 14.b, y bajo ese prisma se deduce que su intención no era la de eximir a Japón de sus responsabilidades en relación con las víctimas individuales.(199)


El artículo 91 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra equivale sustancialmente al artículo 3 del Reglamento de La Haya. El comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja señala lo siguiente:


Al formalizar un tratado de paz, las Partes pueden, en principio, abordar como estimen pertinente los problemas relativos a los daños de guerra en general y los relacionados con la responsabilidad del inicio de la guerra. Por otro lado, no son libres de renunciar al enjuiciamiento de criminales de guerra ni de denegar las indemnizaciones a las que tienen derecho las víctimas de violaciones de las normas contenidas en los Convenios y el Protocolo".(200)


El profesor David concluye que el artículo 3 del Reglamento de la Haya, los artículos mencionados de los Convenios de Ginebra y el artículo 91 del Protocolo adicional:


plasman la inviolabilidad de los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional en relación con las víctimas de los conflictos armados. De hecho, su inviolabilidad es tal que no es posible renunciar a ellos mediante acuerdos especiales entre Estados en guerra. Esto confirma los derechos de las víctimas de violaciones del derecho humanitario a obtener indemnización por dichas violaciones, incluso en el caso de que un acuerdo concertado entre dos partes beligerantes pretenda evitar o reducir el impacto de este derecho.(201)


Si bien se podría argüir que algunos de los Estados que ratificaron el Tratado de Paz de San Francisco buscaban renunciar a sus propios derechos a presentar reclamaciones como Estados, también es cierto que no podían renunciar a los derechos de que gozan directamente los sobrevivientes a título particular. Con respecto a los particulares, el Tratado de Paz de San Francisco y los demás tratados o acuerdos bilaterales no afectaron a sus derechos, aunque sí pueden impedirles exigir a su propio Estado que adopte su caso por medio de una reclamación formal.(202)


7.2 Medidas fundamentales para aplicar el derecho individual a obtener reparación


Como ha quedado demostrado en el apartado 7.1, las sobrevivientes de esclavitud sexual tienen derecho a pedir reparación a título individual. Es más, los tratados internacionales que pretenden excluir la reclamación de reparaciones no afectan al derecho individual a interponer demandas. Desgraciadamente, ésta no es la solución del problema. Existen otros obstáculos de relevancia que se deben abordar para que las sobrevivientes puedan hacer valer su derecho a obtener reparación, como es la ausencia de un foro efectivo ante el que presentar una demanda, la impunidad del Estado, las leyes de prescripción y las barreras que impiden la aplicación de las órdenes de reparación.


7.2.1 Ausencia de un foro ante el que presentar las demandas


Para ejercer el derecho individual a obtener reparación, las sobrevivientes deben contar con un foro. A falta de mecanismos administrativos efectivos, que Japón no ha establecido, las sobrevivientes deben dirigirse a los tribunales para exigir reparaciones a Japón. En el apartado 5 de este informe, se han expuesto casos en los que las sobrevivientes han pedido reparaciones ante los tribunales japoneses, y los obstáculos que les han impedido obtenerlas hasta la fecha. Algunas sobrevivientes han demandado justicia ante los tribunales estadounidenses en virtud de la Ley sobre Delitos Cometidos contra Extranjeros, pero también han experimentado notables dificultades al ceder los tribunales estadounidenses a la presión del ejecutivo. Aunque en los tribunales japoneses y estadounidenses aún quedan casos pendientes y se espera que se revoquen las decisiones previas que desestimaron las reclamaciones, las sobrevivientes no deben verse limitadas al complejo procedimiento de presentación de demandas exclusivamente en estos dos países. La legislación de sus respectivos países (que, en muchos casos, es donde tuvieron lugar los delitos de esclavitud sexual) debería permitir que interpusieran demandas en los tribunales nacionales contra el gobierno, los funcionarios, ciudadanos particulares u otras entidades de Japón. En los casos en los que no exista esta legislación, deberá promulgarse(203) y aplicarse retrospectivamente(204) de manera que comprenda el periodo de funcionamiento de los "centros de solaz".

7.2.2 Inmunidad del Estado


Los sobrevivientes que han presentado reclamaciones de indemnización contra otro gobierno por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han chocado habitualmente con la legislación nacional sobre la inmunidad del Estado. Si bien muchas leyes nacionales incluyen exenciones que permiten que los particulares presenten reclamaciones contra Estados extranjeros, por ejemplo por motivos comerciales, pocos Estados han adoptado exenciones a la inmunidad del Estado por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. En una causa de 2001, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no reconoció la inaplicabilidad de la inmunidad del Estado por la a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, y sentenció, por un estrecho margen, (9 votos contra 8) que el derecho internacional de los derechos humanos no anula la tradicional inmunidad del Estado.(205) Sin embargo, este mismo tribunal indicó que puede que se produzcan acontecimientos de derecho internacional consuetudinario que afecten a esta postura. En efecto, desde 2001 se han producido importantes acontecimientos en esta área. En concreto, en un caso emblemático, el Tribunal Supremo italiano confirmó que Alemania no podía acogerse a la inmunidad del Estado por violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial.(206) En 2005 existen motivos de peso para argumentar que la inmunidad del Estado no se debe aplicar a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como es el caso de las demandas contra el gobierno de Japón entabladas por sobrevivientes de esclavitud sexual. Para que las sobrevivientes puedan demandar al gobierno de Japón, los Estados afectados deben promulgar legislación que anule la inmunidad del Estado para violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.


7.2.3 Leyes de prescripción


Las leyes de prescripción pueden ser un obstáculo de primer orden para los sobrevivientes en busca de reparaciones por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (véase en el apartado 5 más información sobre las leyes de prescripción japonesas). Las leyes de prescripción no sólo existen en Japón, ya que en otros Estados existen barreras similares. Sin embargo, las leyes de prescripción por delitos contemplados en derecho internacional no se ajustan al derecho internacional. Los Estados deben garantizar que las leyes de prescripción nacionales no interfieran en las reclamaciones de reparación de las sobrevivientes, dado que las violaciones en cuestión se consideran delitos en virtud de la legislación internacional. En los casos en los que existan leyes de prescripción, será necesario revisarlas para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y la concesión de reparaciones plenas.


7.2.4 Aplicación de las órdenes de reparación


En algunos casos, incluso cuando se emiten órdenes de reparación contra un gobierno, su aplicación se ve obstruida por el gobierno del Estado en cuestión, que aplica criterios políticos para no aplicar la orden de reparación.(207) Es importante que los Estados garanticen que la legislación nacional prohíbe la aplicación de criterios políticos por parte del ejecutivo en relación con la ejecución de órdenes de reparación para las sobrevivientes de esclavitud sexual emitidas por los tribunales.


7.3 Conclusiones


La lucha de las sobrevivientes de esclavitud sexual por ejercer su derecho individual a obtener reparación se ha visto frustrada por decisiones y actos de los tribunales japoneses como los siguientes:


§ Interpretaciones restrictivas del derecho individual a obtener reparación.

§ Aplicación incorrecta de tratados y acuerdos bilaterales, alegando que excluían los derechos individuales.

§ Aplicación de la doctrina de no responsabilidad del Estado, que no se debe emplear en relación con delitos de derecho internacional.


Aunque aún quedan casos pendientes ante los tribunales japoneses, a falta de una reforma legal para abordar estos asuntos, sería necesario un cambio de postura sustancial por parte de los tribunales para que las sobrevivientes lograran su objetivo en ese foro. La cuestión del tiempo también es esencial, ya que han pasado más de 60 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y las sobrevivientes son ancianas, y muchas de ellas ya han muerto sin haber obtenido reparaciones plenas. Japón debe resolver este asunto inmediatamente, y promulgar para ello legislación que disponga expresamente que las sobrevivientes pueden pedir reparaciones al gobierno, estableciendo un sistema administrativo adecuado para concederles las reparaciones de forma efectiva y sin dilación.


Las sobrevivientes que han pedido reparaciones a través de los tribunales estadounidenses también han encontrado otros obstáculos, como la disposición de los tribunales estadounidenses a ceder ante los intentos del gobierno estadounidense de renunciar a sus derechos de reparación durante las negociaciones del Tratado de Paz de San Francisco y de anular el derecho de sus ciudadanos y de los ciudadanos de otros Estados a obtener reparación a título individual de Japón. Aún es posible que se impugne un caso en la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, para que las sobrevivientes logren su objetivo, la Corte Suprema debería decidir que no se trata de una "cuestión política ajena a la justicia", y además revocar una sentencia previa según la cual la esclavitud sexual no constituía actividad comercial, a la que no se aplica la inmunidad del Estado.


Para que las sobrevivientes consigan hacer efectivo su derecho a obtener reparación, es importante que, además de las iniciativas emprendidas en Japón y en Estados Unidos, puedan interponer demandas contra el gobierno de Japón ante los tribunales de sus respectivos países. Para ello, los gobiernos de los países en los que existieron "centros de solaz" o cuyas ciudadanas fueron esclavizadas sexualmente deberán:


(1) garantizar que la legislación nacional prevé que las víctimas pueden pedir reparaciones contra un Estado extranjero;

(2) garantizar que dichas leyes anulan la inmunidad del Estado por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;

(3) garantizar la no aplicación de leyes de prescripción a esos casos, y

(4) garantizar que las sobrevivientes pueden hacer efectivas las órdenes de reparación sin injerencias políticas, para lo que deberán prohibir la aplicación de criterios políticos.


8. Recomendaciones


Las "mujeres de solaz", que sufrieron terribles y penosos abusos sexuales, han hablado con valentía sobre los delitos de los que fueron víctimas. En la actualidad, ya son ancianas, y algunas han muerto. Su espera y su búsqueda de la justicia han sido largas y dolorosas. La base moral y jurídica de sus reclamaciones es sólida, como se ha demostrado en este informe.


Es necesario que sus reclamaciones se escuchen y que se les haga justicia en vida. Amnistía Internacional recomienda que se apliquen urgentemente las siguientes recomendaciones, a fin de impartir justicia a las "mujeres de solaz". El gobierno japonés debe tomar medidas efectivas para conceder reparaciones plenas a las sobrevivientes sin dilación.


Al gobierno japonés y a la Dieta japonesa:


Japón debe aplicar inmediatamente mecanismos efectivos para proporcionar reparaciones plenas a todas las sobrevivientes de esclavitud sexual, incluidas todas las formas de reparación que se mencionan en las recomendaciones del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés.


En particular, la Dieta debe presentar una disculpa sin reservas a las sobrevivientes y aceptar la responsabilidad de Japón en los delitos, reconociendo que éstos constituyen delitos en virtud de la legislación internacional, reconociendo también el daño infligido a las sobrevivientes, denunciando todas las formas de violencia sexual contra las mujeres y transmitiendo a las sobrevivientes su sincero arrepentimiento por dichos delitos.


Japón debe revisar su legislación nacional para eliminar los obstáculos existentes para la obtención de reparaciones plenas ante los tribunales japoneses. En particular, se debe reconocer expresamente en la legislación nacional el derecho de los particulares a reclamar reparaciones al gobierno, y es necesario dar prioridad a los casos de reparación, dado el retraso experimentado en la admisión a trámite de estas demandas y la edad de las sobrevivientes. Además, se debe adoptar legislación expresa para que la doctrina de la Kokka-Mutosekiy las leyes de prescripción no se puedan aplicar a las demandas entabladas por sobrevivientes de esclavitud sexual, al considerarse un delito en virtud del derecho internacional.


Para revelar la verdad y el alcance real del sistema de esclavitud sexual, Japón debe publicar un informe exhaustivo en el que exponga en detalle el sistema de "centros de solaz", incluido el emplazamiento de cada centro, el número de mujeres sometidas a esclavitud sexual en cada uno de ellos, la edad de las mujeres y las niñas y cualquier otra información de la que disponga.

Como garantía significativa de no repetición de estos delitos, Japón debe ratificar inmediatamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.


A los Estados afectados en los que se pusieron en marcha "centros de solaz" o cuyas ciudadanas fueron sometidas a esclavitud sexual:


Los Estados afectados deben garantizar que las sobrevivientes pueden entablar demandas contra el gobierno de Japón ante los tribunales nacionales. Para ello, deben promulgar legislación que:


a) disponga que las víctimas pueden exigir todas las formas de reparación a un Estado extranjero por delitos de derecho internacional;

b) prohíba la inmunidad del Estado por violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;

c) garanticen que no se aplican leyes de prescripción a las demandas de reparación, y

d) garanticen que las sobrevivientes puedan hacer efectivas las órdenes de reparación sin injerencias políticas de un gobierno que aplique criterios políticos.


A todos los demás Estados, organizaciones intergubernamentales, Parlamentos nacionales y organizaciones interparlamentarias:


Los gobiernos, tanto individual como colectivamente (por ejemplo, a través de organizaciones intergubernamentales), y los parlamentos nacionales, así como las organizaciones interparlamentarias, deben instar públicamente a Japón y a la Dieta japonesa a tomar medidas inmediatas para conceder reparaciones plenas a las sobrevivientes de esclavitud sexual, incluidas todas las medidas mencionadas anteriormente.



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(1) McDougall, Gay J., Formas Contemporáneas de la Esclavitud. Informe final de la Relatora Especial sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado, incluido el conflicto armado interno, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 de junio de 1998, párr. 7. (En lo sucesivo, Informe sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud).


(2) Véase Askin, Kelly D., The Quest for Post-Conflict Gender Justice, Colum J. Transnat’l L., 509, 2002-2003.


(3) El término "mujeres de solaz" es un eufemismo utilizado para referirse a la esclavitud sexual. Es una traducción de la expresión japonesa "jugun ianfu". En el presente informe, por motivos de coherencia con el amplio trabajo realizado por otras organizaciones y particulares, se usa el término "mujeres de solaz" para referirse a las sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual del ejército japonés. Amnistía Internacional considera que este término y su uso son reprobables, ya que el gobierno japonés lo ha utilizado en un intento de minimizar la naturaleza de las violaciones cometidas contra las víctimas de este sistema. El término no refleja el sufrimiento de las mujeres que tuvieron que soportar diariamente violaciones continuas y otras formas de violencia sexual.


(4) Chinkin, Christine, Women’s International Tribunal on Japanese Military Sexual Slavery, Am. J. Int’’l L. 335, 2001, p. 335.


(5) Hicks, George, The Comfort Women: Sex Slaves of the Japanese Imperial Army, Souvenir Press, 1995, p. xv – Introducción.


(6) Yoshimi, Yoshiaki, Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II, (traducción al inglés de Suzanne O’Brien), Columbia University Press, 2000.


(7) Se calcula que murieron cientos de miles de civiles chinos. El gobierno chino afirma que el número de muertos ascendió a 300.000, pero algunas fuentes japonesas han rechazado esta cifra.


(8) Sentencia del Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento de la Esclavitud Sexual a manos del Ejército Japonés, Causa núm. PT-2000-1-T, corregida: 31 de enero 2002, dictada el 4 de diciembre de 2001, La Haya, Países Bajos, p. 42, párr.153. Disponible en inglés en: http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/english/womenstribunal2000/Judgement.pdf. (En lo sucesivo, Sentencia del Tribunal de Tokio). Véase también Dolgopol, Ustinia y Paranjape, Snehal, Comfort Women an Unfinished Ordeal, Informe de una Misión, Comisión Internacional de Juristas, 1994, p. 25. (En lo sucesivo, Informe de la CIJ)


(9) Ibíd.


(10) Boling, David, Mass Rape, Enforced Prostitution, and the Japanese Imperial Army: Japan Eschews International Legal Responsibility? Colum. J. Transnat’l L. 533, 1994-1995, p. 542.


(11) Hicks, supra, nota 5, p. 7.


(12) Sentencia del Tribunal de Tokio, supra, nota 8, p. 46, párr. 166.


(13) Informe presentado por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, de conformidad con la resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos. Informe de la misión enviada a la República Popular Democrática de Corea, la República de Corea y el Japón sobre la cuestión de las esclavas sexuales de los militares en tiempo de guerra. E/CN.4/1996/53/Add.1, 4 de enero de 1996, párr.18. (En lo sucesivo, Informe Coomaraswamy).


(14) Sentencia del Tribunal de Tokio, supra, nota 8, pp. 43–69.


(15) Informe de la CIJ, supra, nota 8, p. 45.


(16) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 11.


(17) Véase el Informe de la CIJ, supra, nota 8, pp. 32-40.


(18) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 19-20.


(19) Sentencia del Tribunal de Tokio, supra, nota 8, párr. 254.


(20) Formas Contemporáneas de la Esclavitud. La violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la esclavitud en tiempo de conflicto armado, Actualización del informe final presentado por la Sra. Gay J. McDougall, Doc. de la ONU E/CN.4/Sub.2/2000/21, párr.8.


(21) Sentencia del Tribunal de Tokio, supra, nota 8, párr. 167.


(22) Ibíd., párr. 268.


(23) Ibíd., párr. 289.


(24) Ibíd., párr. 263.


(25) Ibíd., párr. 269-284.


(26) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 27.


(27) Sentencia del Tribunal de Tokio, supra, nota 8, párr. 279.


(28) Entrevista en Taegu, Corea del Sur, marzo de 2005.


(29) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 33.


(30) Entrevista con Lee Ki-sun, de 83 años, Tongyong, Corea del Sur, marzo de 2005.


(31) Entrevista con Chang Jeum-dol, de 82 años, Seúl, Corea, marzo de 2005.


(32) Esto se debía al miedo del ejército a la propagación de enfermedades de transmisión sexual.


(33) Entrevista con Elizabeth M. Asistin, de 73 años, Arayat, Pampanga, Filipinas, marzo de 2005.


(34) Entrevista con Fedencia David, (Lola Piding), de 77 años, Filipinas, marzo de 2005.


(35) Entrevista con Choi Gap-soon, de 86 años, Seúl, Corea del Sur, marzo de 2005.


(36) Watanabe, Kazuko, Militarism, Colonialism and the Trafficking of Women: ‘Comfort Women’ Forced into Sexual Labor for Japanese Soldiers, Bulletin of Concerned Asian Scholars, vol. 26, núm. 4, oct.-dic. de 1994, p. 5.


(37) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 37.


(38) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 35.


(39) Citado en Yoshimi, supra, nota 6, p.199. Nakayama, Nariaki, ministro de Educación, hizo públicas en julio de 2005 unas declaraciones en el mismo sentido, sugiriendo que las sobrevivientes podían estar orgullosas de que "su existencia aplacase las angustias de los hombres en el campo de batalla y proporcionase cierto alivio y orden", Véase: Nakayama won't drop ‘comfort women' issue, The Asahi Shinbun, 12 de julio de 2005, disponible en inglés en: http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200507120252.html


(40) Entrevista con Kim Soon-ak, Taegu, Corea del Sur, marzo de 2005. Hicks afirma que hay fuentes que indican que visitar un "centro de solaz" era una práctica ritual que realizaba una unidad antes de partir para el frente. La lógica de tal proceder era que los hombres sin experiencia sexual previa debían hacer el acto sexual al menos una vez antes de morir. El hombre que se mostraba reacio a participar en este "esparcimiento" se convertía en un excluido: una cuestión preocupante en la psicología militar. Véase Hicks, supra, nota 5, p.7.


(41) Hicks, supra, nota 5, p.123.


(42) Ibíd., p.125.


(43) Duggan, Colleen y Abusharaf, Adila, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Reparation of Sexual Violence and Democratic Transition: In Search of Gender Justice, (texto inédito) p.15.


(44) Askin, Kelly D., Comfort Women – Shifting the Stigma from Victims to Victimisers, International Criminal Law Review, 1: 5-32, 2001, p. 19.


(45) House of Sharing es un refugio comunal construido por una organización benéfica budista para ex "mujeres de solaz" coreanas.


(46) Entrevista con Sim Dal–yun, de 78 años, Taegu, Corea del Sur, marzo de 2005.


(47) Entrevista con Belen Sagum, de 74 años, Filipinas, marzo 2005.


(48) Término despectivo utilizado para referirse a mujeres filipinas que van a Japón para trabajar como "mujeres de alterne".


(49) Entrevista con Jan Ruff O’Herne, Adelaida, Australia, junio de 2005.


(50) Información proporcionada por el Consejo Coreano para las Mujeres Reclutadas por Japón en el contexto del Sistema de Esclavitud Sexual Militar. En los últimos 10 años, el Centro ha descubierto la existencia de 33 "mujeres de solaz" en China: 10 han muerto; 14 han logrado regresar a Corea del Sur, de las cuales cuatro han fallecido; nueve permanecen en China. En agosto de 2005, las autoridades surcoreanas anunciaron que seis mujeres que vivían en China recuperarían la nacionalidad surcoreana en septiembre. Tres tenían nacionalidad china y las otras tres, nacionalidad norcoreana. Este reconocimiento les permitirá recibir un subsidio del gobierno si desean establecerse en Corea del Sur o una asignación mensual si permanecen en China.


(51) Entrevista con Lee, OK-sun, House of Sharing, Seúl, Corea del Sur, marzo de 2005.


(52) Véase el Informe de la CIJ, supra, nota 8. Un mando del servicio de inteligencia aliado en Birmania (Myanmar) que interrogó a varias "mujeres de solaz" afirmó lo siguiente: "Estas mujeres, que en la mayor parte de los casos habían sido arrebatadas a sus familias, sustraídas por la fuerza de granjas y hogares en la lejana Corea, fueron transferidas a la custodia británica en la India. La prensa de las Potencias Aliadas creó un gran revuelo sobre la cuestión de las mujeres de solaz en artículos sensacionalistas. Pero yo sentía sólo pena por ellas." – Informe de la CIJ, p. 53.


(53) Senda, Kako, escribió uno de los primeros libros en 1973. Entre las fuentes había relatos de veteranos japoneses. El término que Senda utilizó para referirse a las mujeres que fueron esclavizadas sexualmente, jugun-ianfu - "mujeres de solaz", pasó a usarse de forma generalizada y posteriormente ha sido motivo de muchos debates.


(54) Entre estas personas se encontraba Wada, Haruki; véase Soh, Sarah C.., Japan’s national/Asian women’s fund for "comfort women", Pacific Affairs, verano de 2003.


(55) Asahi Shinbun publicó un artículo escrito por Matsui Yayori, que incluía una entrevista con una ex "mujer de solaz" no identificada, una mujer coreana que vivía en Tailandia.


(56) Entrevista con Lola Estelita Dy, de 75 años, Manila, Filipinas, marzo de 2005.


(57) Chinkin, supra, nota 4, p.339.


(58) Entrevistas con Amnistía Internacional, Filipinas, marzo de 2005.


(59) Véase el Informe sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, supra, nota 1, párr. 25-26.


(60) El Preámbulo del Acuerdo establece que las Partes Contratantes, "deseosas de garantizar a las mujeres mayores de edad que han sufrido abuso o coacción, así como a las mujeres y niñas menores de edad, protección efectiva contra el tráfico criminal denominado ‘trata de blancas’, han decidido concluir este Acuerdo con el fin de concertar medidas destinadas a lograr este objetivo." [Traducción de Amnistía Internacional.]


(61) El artículo 1 exige el castigo de "toda persona que, con el fin de satisfacer las pasiones de otras [...] haya contratado, secuestrado o engañado a una mujer o a una niña menor de edad con fines inmorales, aun con su consentimiento; incluso cuando los diferentes actos que en conjunto constituyen el delito hubieren sido cometidos en diferentes países." [Traducción de Amnistía Internacional.]


(62) El artículo 7 establece que: "Las Altas Partes Contratantes convienen, por lo que respecta a sus


servicios de Inmigración y Emigración, en tomar las medidas administrativas y legislativas destinadas a combatir la trata de mujeres y menores."


(63) El artículo 14 establece que: "Cualquier miembro o Estado signatario podrá formular una declaración en el sentido de que su firma no obliga a todas o a alguna de sus colonias, posesiones de ultramar, protectorados o territorios que se hallan bajo su soberanía o su autoridad, y podrá ulteriormente adherirse por separado a nombre de cualquiera de sus colonias, posesiones de ultramar, protectorados o territorios que hubieren sido excluidos de dicha declaración. La denuncia podrá asimismo presentarse por separado respecto de cualquiera colonia, posesión de ultramar, protectorado o territorio que se halle bajo su soberanía o autoridad; las disposiciones del artículo 12 serán aplicables a esta denuncia."


(64) Tong Yu, Reparations for former comfort women of World War II, 36 Harv. Int’l L. J., p.531.


(65) El Anexo de la Convención es el Reglamento relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, La Haya, 18 de octubre de 1907.


(66) La Sentencia del Tribunal Militar Internacional para el juicio de los principales criminales de guerra alemanes, Nuremberg, 1946, (en lo sucesivo, la Sentencia de Nuremberg), CMD 6964, párr. 64, afirma que la Convención de La Haya gozaba de "reconocimiento por parte de todas las naciones civilizadas y [...] se consideraba una declaración de las leyes y costumbres de la guerra."


(67) En el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1963, A/CN.4/Ser./1963/Add.1, se describía la prohibición de la trata de esclavos como "una de las normas más antiguas y arraigadas de jus cogens".


(68) En Barcelona Traction, Light and Power Co. (Belg. v. Spain), 1970 I.C.J. 3, 32 (feb. 5), la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que la prohibición de la esclavitud es una obligación erga omnes.


(69) Artículo 1.1 de la Convención sobre la Esclavitud (1926).


(70) Informe sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, supra, nota 1, párr. 22.


(71) Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), Observación 2000.


(72) Korean ‘Comfort Women’ v. Japan, Shimonoseki Branch, Tribunal de Distrito de Yamaguchi, 27 de abril de 1998, recogido en Shin Hae Bong, Compensation for Victims of Wartime Atrocities, JICJ 3 (2005), p.194.


(73) Código Lieber (Órdenes Generales núm. 100), Clasificación Dept. Guerra núm.1.12, oct. 8, 1863, reimpreso en 1 The Law of War: A Documentary History (L. Friedman ed., 1971). El artículo XLIV establece que: "toda violencia innecesaria […] todo acto que implique violar, herir, mutilar o matar […] [está] prohibido bajo pena de muerte u otro castigo severo que se considere adecuado." [Traducción de Amnistía Internacional.]


(74) Declaración de Bruselas de 1874, reimpresa en 1 The Law of War: A Documentary History (L. Friedman ed., 1971), art. XXXVII.


(75) Parker, Karen, & Chew, Jennifer F.,17 Hastings Int’l & Comp. L. Rev. en p. 515. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su comentario sobre el uso de la misma frase en el artículo 27 del Convenio IV de Ginebra, afirma que el respeto a la familia también queda recogido en la cláusula que prohíbe la violación y otros ataques al honor de las mujeres.


(76) La cláusula Martens, recogida en el preámbulo de la Convención de La Haya, afirma que: "Mientras que se forma un Código más completo de las leyes de la guerra [...] en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias [...] las poblaciones y los beligerantes permanece bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública".


(77) Sentencia de Nuremberg, supra nota 66.


(78) Report of the Commission on the Responsibilities of the Authors of War and the Enforcement of Penalties, reimpreso en 14 Am. J. Int’l L. (1920), p. 113.


(79) Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law (1985), pp. 89-90: "Si bien los Convenios de Ginebra se redactaron después del final de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida son una mera declaración de principios jurídicos consuetudinarios que ya se aplicaban en todos los Estados."


(80) Véase: Sentencia del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Chapter VIII: Conventional War Crimes.


(81) Chinese victims of sexual violence v. Japan; recogido en Shin Hae Bong, Compensation for Victims of Wartime Atrocities, JICJ 3 (2005), p.201.


(82) Report of the Commission on the Responsibilities of the Authors of War and the Enforcement of Penalties, reimpreso en 14 Am. J. Int’l L. (1920), p.114.


(83) Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, art. 6.c; Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, art. 5.c.


(84) Ley Núm. 10 del Consejo de Control Aliado de 1945, Diario Oficial del Consejo de Control Aliado para Alemania, núm. 3, enero de 1946.


(85) Chinkin, supra, nota 4, p. 338. Sentencia oral dictada el 4 de diciembre de 2001, párr. 74, http://www.iccwomen.org/:"Por cuanto se refiere al principio de nullum crimen sine lege ["no hay crimen sin ley" o principio de legalidad], es indiscutible que los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad enumerados en los Estatutos del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente (asesinato, exterminio, esclavización, deportación y otros actos inhumanos) eran delitos ya tipificados durante las guerras de Extremo Oriente. Por ello, el concepto de crímenes de lesa humanidad no creaba nuevos delitos, sino que se aplicaba a una conducta que ya era incuestionablemente penal: era un término que subrayaba la atrocidad de los delitos. Además, los crímenes de lesa humanidad abarcaban delitos paralelos a los crímenes de guerra, y los extendían a personas –en este caso a las mujeres de Corea y Taiwán–, supuestamente "bajo la protección" del Estado agresor".


(86) Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T (ICTY Chamber I, 2 de septiembre de1998), párr. 597; Prosecutor v. Delalic, Case No. IT-96-21 (ICTY Trial Chamber II, 16 de noviembre de 1998), párrs. 943, 965; Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T ( ICTY Trial Chamber, 10 de diciembre de 1998), párrs. 264 a 269.


(87) Sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en la causa de la Fábrica de Chorzow: "[…] la reparación debe, en la medida en que ello sea posible, borrar todas las consecuencias del acto ilegal y restablecer la situación que, con toda probabilidad, se daría de no haberse cometido dicho acto". Véase Factory at Chorzow Case (Germany v. Poland) (Merits), 1928 P.C.I.J. (ser.A) No. 17 p. 47.


(88) Esta violencia sexual también priva a las mujeres de la percepción de pureza, de la juventud, de su posibilidad de tener descendencia y de su consideración social, sin posibilidad de recuperación en ninguno de los casos. Es probable que las víctimas consideren que un programa de reparaciones que pretende ofrecer exclusivamente indemnizaciones es un intento de comprar su silencio.


(89) Véase Shelton Dinah, Righting Wrongs: Reparations in the Articles on State Responsibility – Symposium: The ILC’s State Responsibility Articles. The American Journal of International Law, Vol 96:833.p.844


(90) Véase Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Doc. de la ONU E/CN.4/2005/L.48, adoptado por la Comisión de Derechos Humanos el 19 de abril de 2005. (En lo sucesivo, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de reparación).


(91) Por ejemplo, a través de la Resolución 687 (1991), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió crear un fondo para conceder indemnizaciones en respuesta a las reclamaciones que se presentaran en relación con la responsabilidad de Irak, en virtud del derecho internacional, por los daños resultantes de la ilegítima invasión y ocupación de Kuwait, y estableció la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas para administrarlo.


(92) Por ejemplo, organizaciones como, la Red contra la Violencia hacia las Mujeres en la Guerra (VAWW-NET Japón) (http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/english/index.html), el Consejo Coreano para las Mujeres Reclutadas por Japón en el contexto del Sistema de Esclavitud Sexual Militar (http://www.womenandwar.net/english/index.php);Filipinas: Lila Filipina, Lola Kampanyeras, Kaisa Ka!; Fundación de Apoyo a la Mujer de Taipei (http://www.twrf.org.tw/), Centro Asiático para los Derechos Humanos de la Mujer (ASCENT).


(93) Wagatsuma, H. y Rosett, A., The Implications of Apology: Law and Culture in Japan and the United States, Law & Society Review, volumen 20, número 4 (1986) p. 462.


(94) Alter, S., Apologizing for Serious Wrongdoing: Social, Psychological and Legal Considerations; Final Report for the Law Commission of Canada, mayo 1999. p.3, disponible en: http://www.Icc.gc.ca/en/themes/mr/ica/2000/html/apology.asp


(95) Ibíd., p.12.


(96) Minow, M., Between Vengeance and Forgiveness, Beacon Press, 1998, p. 115.


(97) Wagatsuma y Rosett, supra, nota 93, p.473.


(98) Alter, supra, nota 94, p.27.


(99) Ibíd., p.13, cita de Lazare.


(100) Tavuchis, N., Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation, Stanford University Press, 1991, p.17.


(101) Véanse los que aparecen en: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_War_Apology_Statements_Issued_by_Japan


(102) Véase Onuma, Yasuaki, Japanese War Guilt and Postwar Responsibilities of Japan, ponencia presentada en el marco del simposio Stephen A. Riesenfeld Symposium 2001. Berkeley Journal of International Law, 2002. p.2


(103) Véase la última disculpa presentada por el primer ministro Koizumi, el 15 de agosto de 2005, con motivo del 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico: "Les transmito de nuevo mi profundo arrepentimiento y mi más sentida disculpa, a la vez que deseo expresar mi dolor por todas las víctimas de la guerra, dentro y fuera de mi país" (en inglés en http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2005/8/0815.html).


(104) El gobierno japonés también destaca su cooperación y coordinación más amplias con la comunidad internacional mediante la inclusión del compromiso de resolver todos los problemas sin recurrir a la fuerza como parte de las garantías de no repetición.


(105) En inglés en http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/pmletter.html


(106) Según los informes, desde 1998, a raíz de una polémica, se han utilizado términos más categóricos para expresar "disculpa", tanto en japonés como en las traducciones al coreano de las cartas del primer ministro japonés a las sobrevivientes, que se adjuntan a las sumas enviadas por el Fondo Asiático de Paz y Amistad para la Mujer. Al parecer, en coreano, se ha pasado de sagwa, disculpa utilizada cuando una persona comete un error, a sajwe, disculpa que implica la admisión de un perjuicio muy grave y se interpreta como "de todo corazón". Véase Soh supra, nota 54. Las sobrevivientes coreanas exigen una sajwe del gobierno de Japón, que incluya el reconocimiento de la violación, disculpas, indemnización, y garantías de no repetición de los delitos.


(107) Entrevista con Lola Ammonita, Manila, Filipinas, marzo de 2005.


(108) El santuario de Yasukuni está dedicado a los espíritus de los japoneses muertos en la guerra, y en él se rinde culto a criminales de guerra de "clase A" condenados por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente. Miembros del Consejo de Ministros y varios primeros ministros, incluido Koizumi, han visitado el santuario anualmente. Algunos, para atenuar la controversia, insisten en que lo visitan "a título particular". En una sentencia de septiembre de 2005, el Tribunal Superior de Osaka dictaminó que las visitas del primer ministro al santuario de Yasukuni eran tanto actos "oficiales" como "actividades religiosas", lo que violaba la separación entre religión y Estado recogida en el artículo 20 de la Constitución. Véase The Japan Times online, Koizumi's Yasukuni trips are ruled unconstitutional, 1 octubre de 2005, disponible (en inglés) en: http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/getarticle.pl5?nn20051001a1.htm


(109) Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón: Recent Policy of the Government of Japan on the Issue Known as "Wartime Comfort Women", enero de 2003. Disponible en inglés en: http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/policy.html


(110) Informe Coomaraswamy, supra, nota 13, párr. 134.


(111) Según Soh, supra, nota 54, p. 8, la terminología también aquí ha cambiado, debido a las críticas, pasando de "dinero de solaz" (irokin) o "dinero solidario" (mimaikin) a "dinero de desagravio" (tsugunaikin)


(112) Información disponible en inglés en: http://www.awf.or.jp/english/moneyfund.html


(113) Ibíd.


(114) Véase Hamber, B., Repairing the Irreparable: Dealing with the double-binds of making reparations for crimes of the past, ponencia presentada ante la Conferencia Bienal de la Asociación de Estudios Africanos del Reino Unido, Comparisons and Transitions at SOAS, Universidad de Londres, 14-16 de septiembre de 1998.


(115) Entrevista con Lola Ammonita, Manila, Filipinas, Marzo de 2005.


(116) No hacía referencia a los archivos del Ministerio de Trabajo ni del Departamento de Policía Nacional, los dos organismos más implicados en el reclutamiento forzado de mujeres, Soh, supra, nota 54, p. 5.


(117) Véase Report of a study of Dutch government documents on the forced prostitution of Dutch women in the Dutch East Indies during the Japanese Occupation, La Haya, 2004. En Corea del Sur y en Taiwán tuvieron lugar iniciativas similares.


(118) Ibíd., p.11. La Iniciativa de paz, amistad e intercambio, que nació en 1994, distribuyó mil millones de dólares estadounidenses en el transcurso de 10 años para la recopilación de documentos históricos, el apoyo a la investigación y el diálogo y el intercambio "con proyección de futuro".


(119) El Centro Documental Histórico de Asia, creado por la Iniciativa, afirma, por ejemplo, que "una parte de los archivos requisados por las fuerzas armadas estadounidenses e incautados como material relevante para el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, se perdieron tras la guerra".


(120) Clemons, Steve, C. Bush as Japan’s Arthur Andersen, Taipei Times, 1 de marzo de 2002.


(121) Entrevista con Lola Pilar, Manila, Filipinas, marzo de 2005.


(122) Joinet, Louis, Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos). E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997, párr. 17. (En lo sucesivo, Informe sobre Impunidad).


(123) Ibíd., p. 19, A. Principios generales: Principio 1.


(124) Nota verbal, de fecha 26 de marzo de 1996, dirigida al Centro de Derechos Humanos por la Misión Permanente del Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, E/CN.4/1996/137, 27 de marzo de 1996, p. 6.


(125) http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/english/backlash/whitewashing.html


(126) Rarely read book inspires Japan- China rift, AP, 14 de abril de 2005. Este polémico manual, que resta importancia a los hechos históricos, fue publicado por Fuso-sha y autorizado por el gobierno japonés; sin embargo, sólo el 0,4 por ciento de los centros japoneses de educación secundaria decidieron utilizarlo. Véase Japanese nationalist textbook misses authors' target for school use, AFP, 31 de agosto de 2005.


(127) Véase: Japanese minister "should not have made" text book comments, BBC, 30 de noviembre de 2004. El secretario primero del consejo de ministros se apresuró a recalcar que este hecho no suponía ningún cambio en la política gubernamental.


(128) Véase Nozaki, Yoshiko, The "Comfort Women" Controversy: History and Testimony, disponible en inglés en: http://www.japanfocus.org/article.asp?id=348


(129) "Mujeres de solaz" coreanas contra Japón, división de Shimonoseki, Tribunal de Distrito de Yamaguchi, 27 de abril de 1998.


(130) "Mujeres de solaz" coreanas contra Japón, Tribunal Superior de Hiroshima, 29 de marzo de 2001.


(131) Shin Hae Bong, supra, nota 81, p. 200.


(132) Shin Hae Bong, supra, nota 81, p.191; "Mujeres de solaz" filipinas v. Japón, Tribunal de Distrito de Tokio, 9 de octubre de 1998.


(133) Víctimas chinas de trabajos forzados v. Japón y Rinko Corporation, Tribunal de Distrito de Niigata, 26 de marzo de 2004, p. 88. Véase también, Shin Hae Bong, supra, nota 81, p.196.


(134) Sentencia del Tribunal Superior de Tokio en relación con las demandas interpuestas por 2 "mujeres de solaz" chinas (18 de marzo de 2005); Sentencia del Tribunal Supremo de Japón en relación con las demandas interpuestas por 9 "mujeres de solaz" taiwanesas (25 de febrero de 2005); Sentencia del Tribunal Superior de Tokio en relación con las demandas interpuestas por 4 "mujeres de solaz" chinas (16 de diciembre de 2004); Sentencia del Tribunal Supremo de Japón en relación con las demandas interpuestas por 35 "mujeres de solaz" coreanas; Sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio en relación con las demandas interpuestas por 46 "mujeres de solaz" filipinas (6 de diciembre de 2000).


(135) Este principio se reconoce en los siguientes instrumentos: El 26 de noviembre de 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, Res. 2391 (XXIII) de la Asamblea General. El 25 de enero de 1974, el Consejo de Europa adoptó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. El principio 7 de los Principios y Directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de reparación, supra, nota 90, declara "Las disposiciones nacionales sobre la prescripción [...] de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas". El principio 23 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Doc. de la ONU E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, adoptado por la Comisión de Derechos Humanos en abril de 2005, dispone: "Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación". El Comité de Derechos Humanos, en su observación general 31 sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece lo siguiente: "También deben eliminarse otros impedimentos al establecimiento de la responsabilidad penal, entre ellos la defensa basada en la obediencia a órdenes superiores o los plazos de prescripción excesivamente breves, en los casos en que sean aplicables tales prescripciones".


(136) Artículo 31 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Este artículo se basa fundamentalmente en la sentencia de 1927 de la Corte Permanente de Justicia Internacional en la causa Fábrica de Chorzow, vease supra, nota 87, p. 21, que establece: "[U]no de los principios de derecho internacional establece que la violación de un compromiso conlleva la obligación de proporcionar las debidas reparaciones. Por tanto, las reparaciones son el resultado ineludible de la no aplicación de un convenio, sin que sea necesario que el convenio haga mención explícita de dicha obligación".


(137) James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility (Cambridge University Press 2002), página 209. Este comentario acerca de los artículos sobre la responsabilidad del Estado señala:


Cuando existe la obligación de proporcionar reparaciones a un Estado, dichas reparaciones no redundan necesariamente en beneficio del Estado en cuestión. Por ejemplo, puede que un Estado sea responsable de la violación de una obligación relativa a un tratado sobre la protección de los derechos humanos ante todos los demás Estados Partes, pero los beneficiarios deberán ser, en última instancia, los individuos afectados [...]


(138) Firmado el 8 de septiembre de 1951.


(139) Como se señaló en la decisión relativa a un caso de reparación interpuesto por prisioneros de guerra en Estados Unidos: "Las reclamaciones potenciales de los Aliados contra Japón ascendían a más de 100 millones de dólares estadounidenses en 1952". Según el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, al revisar el Tratado de 1951 afirmó: "Obviamente, la insistencia en relación con el pago de reparaciones proporcionales a las reclamaciones de los países afectados y sus ciudadanos destrozaría la economía de Japón, acabaría con el crédito que pueda poseer en este momento, destruiría la iniciativa de su población, y crearía miseria y caos, abonando el terreno para que florecieran el descontento y el comunismo". Mitsubishi Materials Corp. v. Superior Court 113 Cal. App.4th (2003) p. 68.


(140) A 1 de enero de 2000, 46 Estados habían ratificado el Tratado de Paz de San Francisco: Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Camboya, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Irak, Irán, Japón, Laos, Líbano, Liberia, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam.


(141) Archivos de la conferencia para la formalización y firma del tratado de paz con Japón: San Francisco, California, 4-8 de septiembre de 1951: "Japón recuperará su solvencia y podrá asumir sus responsabilidades adecuadamente" (Indonesia), p. 221; "[a]unque los recursos actuales de Japón sólo permiten reparaciones parciales, existe la posibilidad de que dichos recursos crezcan en el futuro hasta un punto que posibilitaría el pago de reparaciones plenas o lo más completas posibles" (Filipinas), p. 104.


(142) Ibíd., p. 229.


(143) Foreign Relations of the United States, 951, volumen V1, p. 1323.


(144) Este planteamiento contrasta diametralmente con el adoptado por los Aliados contra Alemania, que a finales de la Segunda Guerra Mundial era también un Estado en quiebra. El Protocolo de Potsdam y posteriores tratados no contenían ninguna cláusula mediante la cual se intentara eximir a Alemania de sus obligaciones para con los Estados o los individuos. Por el contrario, exponían programas para el pago de reparaciones de Alemania al Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y otros Estados, a condición de que "el pago de reparaciones deje suficientes recursos para que el pueblo alemán pueda subsistir sin ayuda externa". (Protocolo, artículo 19).


(145) Tratado de paz, firmado en Rangún, el 5 de noviembre de 1954, U.N.T.S. 1954 (Nº reg. 3542).


(146) Tratado de paz, firmado en Yakarta el 20 de enero de 1958, U.N.T.S. 1958 (Nº reg. 4688).


(147) Acuerdo sobre reparaciones, firmado en Saigón el 13 de mayo de 1959, U.N.T.S. 1959 (Nº reg. 5317)


(148) Acuerdo sobre reparaciones, firmado en Manila el 9 de mayo de 1956, U.N.T.S. 1956 (Nº reg. 4148).


(149) Protocolo sobre la resolución del problema relativo a diversos tipos de reclamaciones de ciudadanos neerlandeses, firmado en Tokio, el 13 de marzo de 1956, U.N.T.S. 1956 (Nº reg. 3554).


(150) Acuerdo firmado en Kuala Lumpur el 21 de septiembre de 1967, U.N.T.S. 1967 (Nº reg. 9719).


(151) Acuerdo sobre la resolución de problemas relativos a la propiedad y a reclamaciones, y sobre cooperación económica, firmado en Tokio el 22 de junio de 1965, U.N.T.S. 1965 (Reg. 8473).


(152) Véase: Oda, Shigeru, The normalization of relations between Japan and the Republic of Korea, 61 Am. J. Int’l. L. (1967), p. 46-47; Informe de la CIJ, supra, nota 8, pp. 164-5.


(153) Tratado de paz y amistad, firmado en Pekín, el 12 de agosto de 1978, U.N.T.S. 1978 (Nº reg. 19784).


(154) The Japan Times, Seoul ups ante on war crimes, 27 de agosto de 2005, comunica que la República de Corea ha instado a Japón a asumir su responsabilidad jurídica de proporcionar reparaciones a las víctimas de esclavitud sexual. A este respecto, publicó 35.350 páginas de documentos correspondientes a las negociaciones del tratado de 1965 que, según afirma, avalan su postura de mantener que el tratado no aborda los actos de esclavitud sexual. Según los informes, un portavoz declaró: "No nos parece que el tratado de normalización resolviera delitos tan inhumanos como el de las "mujeres de solaz", en el que participó el poder estatal de Japón, como el gobierno y el ejército […] La responsabilidad jurídica de Japón permanece intacta".


(155) Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos estipulan (artículo 34): "La reparación íntegra del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, de indemnización y de satisfacción, ya sea de manera única o combinada". Este artículo trata sólo sobre la responsabilidad del Estado hacia otros Estados, y no se debe considerar una enumeración exhaustiva de las obligaciones con respecto a los Estados ni a los individuos.


(156) En un caso japonés, conocido como caso de los incidentes de Ko, Otsu y Hei, el Tribunal de Primera Instancia de Yamaguchi, en su sentencia de 17 de abril de 1998, condenó al gobierno japonés a pagar sendas indemnizaciones de 300.000 yenes a tres "mujeres de solaz" surcoreanas obligadas a prostituirse durante la Segunda Guerra Mundial. Se consideró que los actos en cuestión constituían violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad humana, basadas en la raza y el sexo de las demandantes. Dado que el gobierno japonés había sido consciente de las violaciones y no había adoptado legislación para indemnizar a las demandantes, se estimó que era culpable y que había violado la Constitución. Sin embargo, el 29 de marzo de 2001, el Tribunal Superior de Hiroshima revocó la sentencia y desestimó las demandas, alegando que la Constitución japonesa no obligaba al Estado a disculparse ni a legislar en materia de indemnizaciones.


(157) Principios y Directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de reparación, supra, nota 90.


(158) Por ejemplo, en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en la causa de las Concesiones de Mavrommatis en Palestina: "Los derechos o intereses de un individuo, cuya violación genera daños, se encuentran siempre en un plano diferente a los derechos del Estado, cuyos derechos también puede violar el mismo acto. Por tanto, el daño sufrido por un individuo no es nunca idéntico al que sufrirá un Estado; sólo se podrá emplear a modo de escala a la hora de calcular las reparaciones que se deben proporcionar al Estado". Véase Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction) (1924), Ser. A, No.2, p.12.


(159) En particular, el derecho a obtener reparación se consagra en tratados de derecho internacional de los derechos humanos, como los siguientes: Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.


(160) Comité Internacional de la Cruz Roja, Customary International Humanitarian Law, Volumen I: Rules (Cambridge University Press 2005); la norma 150 afirma: "Un Estado responsable de violaciones del derecho internacional humanitario deberá proporcionar reparaciones plenas por las pérdidas o daños causados". La Resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad confirmó que "[...] El Iraq [...] es responsable ante los gobiernos, los nacionales y las empresas extranjeras, con arreglo al derecho internacional, por toda pérdida directa y daño directo [...] y por todo perjuicio directo resultante de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait" La Comisión de Reclamaciones de las Naciones Unidas, establecida para cumplir este mandato, preveía reparaciones individuales para las víctimas del derecho internacional humanitario. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 75 prevé órdenes de reparación para particulares, que deberá hacer efectivas la persona condenada. La Corte Penal Internacional, en su opinión consultativa sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en los territorios palestinos ocupados, Lista General 131, 9 de julio de 2004, reconoce el derecho a obtener reparación de los individuos, y formula recomendaciones con respecto a la concesión de reparaciones a las víctimas por parte de Israel. La Comisión Internacional de Investigación para Darfur recomendó que se proporcionaran reparaciones a particulares el 25 de enero de 2005. Los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de reparación, supra, nota 90, prevén el derecho individual de obtener reparación del Estado, sin limitar dicho derecho a los delitos cometidos en el presente o en el futuro.


(161) Nota verbal, de fecha 26 de marzo de 1996, dirigida al Centro de Derechos Humanos por la Misión Permanente del Japón ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Doc. de la ONU. E/CN.4/1996/137.


(162) Tribunal de Distrito de Tokio, demandas de indemnización contra Japón a consecuencia de las lesiones sufridas por ex prisioneros de guerra e internos civiles de los Países Bajos, decisión emitida por la División Civil nº 6, 30 de noviembre de 1998.


(163) Japan Court rejects Philippine Sex Slave Case, Reuters, 6 de diciembre de: "Al dictar la sentencia, Masato Niimura, juez del Tribunal Superior de Tokio, afirmó: "Según el derecho internacional, los individuos no tienen derecho a exigir reparaciones del país que infligió el daño".


(164) Dutch former POWs lose appeal, The Japan Times, 12 de octubre de 2001.


(165) Hisakazu Fujita, Isomi Suzuki y Kantaro Nagano, War and the Rights of Individuals, Renaissance of Individual Compensation, Nippon Hyoron-sha Co. Ltd. Publishers (1999), opinión del experto David, Eric, p.51.


(166) Ibíd.


(167) Ibíd.


(168) Profesor Frits Kalshoven, profesor emérito de derecho internacional y humanitario de la Universidad de Leiden; profesor Eric David, profesor de derecho internacional, derecho penal internacional y derecho aplicable a los conflictos armados, Universidad Libre de Bruselas; y profesor Christopher Greenwood, profesor de derecho internacional, London School of Economics. Véase también, Informe sobre Formas Contemporáneas de la Esclavitud, supra, nota 1, párr. 46.


(169) Véase: Fujita, Suzuki y Nagano supra, nota 165.


(170) Ibíd., Opinión del experto Frits Kalshoven, p. 38.


(171) Ibíd., p. 44.


(172) Princz v. federal Republic of Germany, 26 F3rd 66 (D.C. Cir, 1994)..


(173) Tel Oren v. Libyan Arab Republic, 726 F2d 774, 810. D.C.Cir 1984)..


(174) Fujita, Suzuki y Nagano supra, nota 165, opinión del experto Eric David, p. 55.


(175) Ibíd., opinión del experto Christopher Greenwood, p.68.


(176) Tribunal de Distrito de Tokio, causa sobre reclamaciones de ciudadanos ex aliados, 26 de noviembre de 1998; causa sobre reclamaciones de ciudadanos neerlandeses, sentencia, 30 de noviembre de 1998; causa sobre "mujeres de solaz" filipinas, sentencia, 9 de octubre de 1998.


(177) En la causa Sjoerd Lapre y otros v. el gobierno de Japón, reclamaciones de indemnización contra Japón a consecuencia de las lesiones sufridas por ex prisioneros de guerra y prisioneros civiles de los Países Bajos, decisión emitida por la División Civil nº 6 del Tribunal de Distrito de Tokio (30 de noviembre de 1998), el tribunal sentenció: "Si consideramos el hecho de que la referencia a los trabajos preliminares de un tratado no es más que un medio complementario de interpretación de éste, se deduce que en la interpretación del artículo 3 el proceso de redacción de dicho artículo del Reglamento de La Haya, prácticamente no tiene ninguna influencia si nos atenemos a la letra del tratado en sí".


(178) El artículo 32 declara: "Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:


(a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o


(b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable;"


(179) Arthur Titherington y otros v. el gobierno de Japón, reclamaciones de indemnización contra Japón a consecuencia de las lesiones sufridas por ex prisioneros de guerra e internos civiles de las potencias aliadas, decisión emitida por la División Civil nº 31 del Tribunal de Distrito de Tokio (26 de noviembre de 1998).


(180) I.M. Sinclair, Vienna Conference on the Law of Treaties, 19 Int’l & Comp.L.Q. (1970), página 65.


(181) Ibíd., página 49.


(182) German Federal Supreme Court: The Distomo Massacre Case (Greek citizens v. Federal Republic of Germany), Judgment, 26 June 2003, 42 ILM, p. 1037.


(183) Alemania, Segunda Sala del Tribunal Constitucional, caso de trabajos forzados, sentencia, 13 de mayo de 1996.


(184) Tribunal Administrativo de Apelación de Munster, causa sobre lesiones personales, sentencia, 9 de abril de 1952.


(185) Grecia, Tribunal de Primera Instancia de Leivadia, caso de la prefectura de Voiotia, sentencia, 30 de octubre de 1997.


(186) Dutch former POWs lose appeal, The Japan Times, 12 de octubre de 2001: "Al dictar sentencia, el juez Shigeki Asao declaró: "Las potencias aliadas y sus ciudadanos renunciaron a todos sus derechos de indemnización por parte de Japón al firmar el Tratado de Paz de San Francisco".


(187) Hwang Geum Joo v. Japan, United States Court of Appeals for the District of Colombia Circuit, No. 01-716928 de junio de 2005.


(188) Bijlagen Handelingen TK2377, nr.8 [anexo a las actas parlamentarias] 1951-52; Véase también Steven C Clemens, America’s Complicity in Japan’s Historical Amnesia, JPRI Critique Vol. VIII nº 7, octubre de 2001.


(189) El artículo 3 del protocolo de 1956 declara: "El gobierno del Reino de los Países Bajos confirma que ni él mismo ni los ciudadanos neerlandeses presentarán ninguna demanda contra el gobierno de Japón en relación con el sufrimiento infligido a los ciudadanos neerlandeses por parte de los órganos de gobierno de Japón durante la Segunda Guerra Mundial".


(190) Top court nixes sex slave, Korean vet suit, The Japan Times, 30 de noviembre de 2004.


(191) Declaración del ministro coreano de Asuntos Exteriores, citada en la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos en la causa Hwang Geum Joo v. Japón, 28 de junio de 2005, p.13.


(192) Shin Hae Bong, supra, nota 81, p. 201.


(193) Ibíd., pp. 201-203; Víctimas chinas de trabajo forzado v. Mitsui Mining Inc., Tribunal de Distrito de Fukuoka, 26 de abril de 2002, pp.84-85: El tribunal sentenció que " no se puede admitir que los derechos de los demandantes a pedir una indemnización han quedado permanentemente excluidos en virtud de la declaración conjunta de Japón y China de 1972, y del tratado de paz de 1978 entre China y Japón"; Víctimas chinas de trabajo forzado v. Japón y Rinko Corporation, Tribunal de Distrito de Niigata, 26 de marzo de 2004, p. 104; High court convenes, snubs sex slave appeal, calls it a day, The Japan Times, 16 de diciembre de 2004.


(194) Comentarios del Liu Jianchao, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre la no admisión del recurso de apelación de "mujeres de solaz" chinas por el tribunal japonés, 25 de marzo de 2005.


(195) Véase: No compensation for "comfort women", AFP, 25 de febrero de 2005.


(196) Fujita, Suzuki y Nagano supra, nota 165, opinión del profesor Kalshoven, p. 47.


(197) Artículo 6 del Convenio I de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña; artículo 6 del Convenio II de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; artículo 6 del Convenio III de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; artículo 7 del Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.


(198) Artículo 51 del Convenio I de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña; artículo 52 del Convenio II de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; artículo 131 del Convenio III de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; artículo 148 del Convenio IV de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.


(199) Fujita, Suzuki y Pagano, supra, nota 165, opinión del experto Christopher Greenwood, p. 70.


(200) Comentario sobre los protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 (CIRC, 1987, para. 3651). [Traducción de Amnistía Internacional.]


(201) Fujita, Suzuki y Nagano supra, nota 165, opinión del experto Eric David, p. 57


(202) Ibíd., opinión del experto Christopher Greenwood, p. 70.


(203) Estas medidas están en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del artículo 3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula lo siguiente: "La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial".


(204) Dado que los actos de esclavitud sexual constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, contemplados como delitos en la legislación internacional cuando funcionaba el sistema de esclavitud sexual, la aplicación de leyes retrospectivas que prevén indemnizaciones en relación con estos delitos es coherente con el principio de legalidad.


(205) Al-Adsani v. United Kingdon, Eur. Ct. H.R., sentencia del 21 de noviembre de 2001.


(206) Ferrini v. República Federal de Alemania, Corte di Cassazione (Sezioni Unite), sentencia nº 5044 del 6 de noviembre de 2003. Veáse: State immunity and human rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case, European Journal of International Law 16 (2005), 89-112.


(207) Por ejemplo, en la causa de la prefectura de Voiotia, el Tribunal Supremo griego, en su sentencia del 4 de mayo de 2000, concedió reparaciones a cargo de la República Federal de Alemania; sin embargo, las víctimas no pudieron ejecutar la orden contra propiedades de la República Federal de Alemania en Grecia sin permiso del gobierno griego, necesario conforme a la legislación nacional, que fue denegado por razones políticas.



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