Document - INDONÉSIE (PAPOUASIE) : En Papouasie, les droits humains sont laffaire de chacun
Índice AI: ASA 21/123/2002/s (Público)
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No publicar hasta las 00:01 horas GMT del 26 de septiembre de 2002
Indonesia: Los derechos humanos son asunto de todos en Papúa
En un nuevo informe presentado hoy, Amnistía Internacional ha advertido de que las empresas que operan en Papúa no pueden hacer caso omiso de la cuestión de los derechos humanos. La organización ha instado al gobierno indonesio y a las empresas que operan en la provincia indonesia de Papúa a que se responsabilicen de proteger y hacer respetar los derechos humanos.
Incidentes como el reciente homicidio de tres profesores que trabajaban en las minas de oro y cobre de Freeport y las denuncias hechas en el pasado según las cuales el personal de seguridad indonesio en la explotación minera ha cometido violaciones de derechos humanos ponen de relieve la dificultad de prestar servicios de seguridad a empresas a la vez que se protegen los derechos humanos de quienes viven en su entorno.
El informe de Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante una operación que la policía llevó a cabo en el distrito de Wasior entre abril y octubre del pasado año. Dicha operación, la mayor realizada en Papúa desde 1996, fue la respuesta al homicidio de nueve personas, cinco de ellas policías, en dos ataques perpetrados por grupos armados no identificados contra empresas madereras en marzo y junio de 2001.
Al igual que hicieron en el caso de los homicidios de Freeport, las autoridades indonesias acusaron al grupo armado de oposición Movimiento Papúa Libre de ser los autores de los hechos. Sin embargo, existen dudas sobre la implicación del grupo.
La operación de Wasior estuvo encabezada por topas pertenecientes a la Brimob, unidad policial paramilitar con un importante historial de violaciones de derechos humanos, cuyos miembros prestan servicios de seguridad a algunas empresas madereras, mineras y de otro tipo en Papúa y en otras zonas de Indonesia.
Durante la operación murieron al menos siete personas y otra falleció bajo custodia a consecuencia de las torturas. Veintisiete personas fueron condenadas a prisión tras juicios sin las debidas garantías. Las organizaciones locales de derechos humanos calculan que más de un centenar de personas fueron detenidas, torturadas o recibieron algún tipo de maltrato, que cientos de personas resultaron desplazadas y que se destruyeron decenas de casas.
"En lugar de localizar y poner a disposición judicial a las personas responsables de los ataques contra las empresas madereras, la operación parece haberse convertido en una campaña de venganza contra las comunidades que las rodeaban y otras no tan cercanas", ha afirmado Amnistía Internacional.
La organización pide al gobierno indonesio que abra una investigación independiente sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en Wasior y que se asegure de que sus autores -incluidos los que ejercían el mando- son puestos a disposición judicial.
El hecho de que el gobierno no tome medidas creíbles y eficaces para investigar casos como los de Wasior consolida aún más la impunidad y contribuye a la aparición de problemas de seguridad. También tiene un efecto negativo en el desarrollo económico, social y político de la provincia.
"Las empresas internacionales y nacionales que operan en Papúa -ha afirmado Amnistía Internacional- tienen la responsabilidad de asegurarse de que las fuerzas de seguridad que emplean no tienen un historial de violaciones de derechos humanos y de que reciben formación en derechos humanos. También deben asegurarse de que sus operaciones comerciales no tienen un efecto negativo sobre los derechos humanos de la población local, y seguir de cerca y activamente las investigaciones, presionando para que se resuelvan de forma adecuada."
Información general
Papúa es la mayor provincia de Indonesia y una de las más ricas en recursos naturales. La explotación de estos recursos es desde hace largo tiempo una fuente de tensiones entre los habitantes de la región y el gobierno central. Las actividades mineras y madereras han sido unas de las principales causas de deterioro medioambiental en Papúa y han invadido los derechos de los indígenas, sus medios de vida, sus tradiciones y sus costumbres. Esto ha tenido graves consecuencias sociales, económicas y culturales, como el desplazamiento y la pérdida de medios de vida. Las fuerzas de seguridad asignadas a la protección de estas industrias han sido responsables de violaciones de derechos humanos que han agravado las tensiones ya existentes y avivado las exigencias de independencia.
Desde finales de la década de los sesenta existe un movimiento de independencia llamado Movimiento Papúa Libre (Organisasi Papua Merdeka, OPM) que incluye a varios grupos. Su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional (Tentara Pembebasan Nasional, TPN) está compuesto principalmente por pequeños grupos de combatientes armados con arcos, flechas y otras armas básicas. A lo largo de los años han llevado a cabo ataques esporádicos, principalmente contra objetivos militares y policiales, aunque los civiles también han sido a veces blanco de estos ataques y han sufrido abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y secuestros. Las operaciones de contrainsurgencia de las fuerzas de seguridad indonesias contra el movimiento han causado graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones", torturas y detenciones arbitrarias.
Documento público
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