Document - Inde. Des défenseurs des droits des travailleuses et des militants basés à l'étranger continuent d'être harcelés

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 20/017/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 189/07

2 de octubre de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA200172007

India: Continúa el acoso contra quienes defienden los derechos de las trabajadoras y contra personas que hacen campaña en el extranjero

Amnistía Internacional siente preocupación por el constante acoso que sufren quienes defienden los derechos de las mujeres que trabajan en el sector de exportación de prendas textiles de la ciudad de Bangalore, en el estado de Karnataka, en el sur de India, así como el que sufren las personas que hacen campaña sobre esta cuestión desde los Países Bajos.

El acoso ha incluido la presentación de cargos penales aparentemente falsos contra estas personas, destinados a obstaculizar su libertad de expresión.

Amnistía Internacional siente especial preocupación por las órdenes de detención dictadas el 29 de septiembre en India contra siete activistas, con sede en los Países Bajos, de la Campaña Ropa Limpia y el Comité Indio de los Países Bajos. Estos activistas viajan con frecuencia a la India, donde corren peligro de ser detenidos a consecuencia de los cargos formulados en su contra.

Los activistas han formado parte de una campaña internacional que ha puesto de manifiesto las violaciones de los derechos laborales de las mujeres que trabajan en dos empresas de exportación de prendas textiles en Bangalore (Fibres and Fabrics International y su filial Jeans Knit). Las prendas fabricadas por estas dos empresas se exportan a Países Bajos y a otros países occidentales.

Amnistía Internacional tiene entendido que la práctica de presentar cargos penales aparentemente infundados contra personas que defienden los derechos laborales en varias partes de India no es nueva, y que las autoridades indias han eludido repetidamente su deber de tomar medidas para impedirla.

India, como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en virtud del artículo 19 de dicho Pacto, tiene la obligación específica de salvaguardar el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y asociación. Amnistía Internacional considera que el acoso y la intimidación contra estos activistas burla el derecho internacional de los derechos humanos.

La organización insta al gobierno de Karnataka y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de India a garantizar que:

• se respeta el derecho a la libertad de expresión de los sindicalistas de Bangalore y de los activistas con sede en los Países Bajos;

• los informes sobre acoso, incluida la presentación de cargos penales aparentemente falsos contra los activistas, son investigados por un órgano independiente, imparcial y competente;

• se retiran los cargos contra los activistas, a menos que se los acuse de un delito común reconocible;

• el gobierno cumple con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional, de garantizar que nadie se ve obligado a trabajar en condiciones que constituyan trato cruel, inhumano o degradante.

Amnistía Internacional pide asimismo a India que adopte todas las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar los derechos y libertades de quienes defienden los derechos humanos, conforme estable la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos (1998).

Información complementaria

El año pasado se presentaron cargos penales similares contra representantes de al menos cinco sindicatos locales que llevaban desde septiembre de 2005 denunciando las violaciones de los derechos de las mujeres trabajadoras. Estas violaciones, que salieron a la luz tras una serie de entrevistas con mujeres trabajadoras, consistían en intimidación física y psicológica contra trabajadoras, la obligación de alcanzar altos objetivos de producción (que obligaban a trabajar horas extra no remuneradas) y la amenaza de perder el empleo si no se cumplían los objetivos de velocidad. Otras tácticas intimidatorias incluían, según los informes, la negativa a dar certificados de empleo y tarjetas de identificación, la ausencia de guarderías, aseos y cantina y la falta de medidas adecuadas de seguridad.

Tras la presentación de los cargos en julio de 2006, estos sindicalistas no se atrevieron a seguir denunciando las violaciones antes mencionadas. La presentación de cargos contra los activistas con sede en los Países Bajos tiene como objetivo obstaculizar la difusión de estas denuncias y su conocimiento en los países a los que se exportan las prendas de estas empresas.

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