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El legado de las Olimpiadas de Pekín: China debe elegir
Índice AI: ASA 17/043/2007
En la Plaza de Tiananmen, la policía vigila de cerca a la multitud que celebra el Día Nacional de China el 1 de octubre de 2005. El cartel que se ve parcialmente al fondo repite el lema oficial de los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín: "Un mundo, un sueño". © Dubin
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El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana.
Carta Olímpica, Principios fundamentales, párrafo 2
Mensaje de Irene Khan
Secretaria general de Amnistía Internacional
Cuando China fue seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos, las autoridades chinas prometieron que los Juegos serían una oportunidad de desarrollar el respeto por los derechos humanos en el país. Pero, a medida que la antorcha olímpica se va aproximando a China para su memorable entrada en el estadio, el escenario se ve ensombrecido por graves motivos de preocupación en la esfera de los derechos humanos.
Si bien es cierto que se han efectuado algunas reformas en torno a la pena de muerte, no es menos cierto que China sigue siendo el principal verdugo del mundo. Además, el colectivo de activistas de los derechos humanos continúa sometido a detención y hostigamiento, quienes utilizan Internet se enfrentan a la censura, y se obliga a las personas a someterse a formas de detención sin juicio denominadas "reeducación por el trabajo" y "rehabilitación por uso de drogas". Pese a que se ha prometido reformar estos dos sistemas, ahora se han ampliado con el fin de "limpiar" Pekín antes de la celebración de las Olimpiadas.
Pese a que este año se aprobaron disposiciones temporales que dan a la prensa extranjera mayor libertad de acción para trasladarse dentro del territorio e informar desde China, en la práctica no se permite que informe libremente. Por ejemplo, un periodista de la BBC que se trasladó recientemente a un pueblo de Shengyou situado a tres horas de camino al sur de Pekín fue detenido e interrogado durante varias horas por la policía, que después lo sacó de allí y lo trasladó a un pueblo vecino. También se ha renovado la ofensiva contra periodistas nacionales, cuya capacidad para informar se ha visto restringida.
Unos Juegos Olímpicos caracterizados por graves violaciones de los derechos humanos serían una afrenta a los principios fundamentales de la Carta Olímpica. China ha prometido efectuar mejoras en el terreno de los derechos humanos. China debe responder al desafío que se ha planteado al aspirar a hacer realidad los ideales olímpicos.
Quienes redactaron la Carta Olímpica concibieron unos Juegos Olímpicos centrados firmemente en el mantenimiento de la dignidad humana y el respeto por los principios éticos. La Declaración Universal de Derechos Humanos promueve la dignidad de todas las personas. China, como sede de las Olimpiadas de Pekín, debe hacer honor a estos principios.
Debemos enorgullecernos de los Juegos Olímpicos, pero si ese orgullo se ve ensombrecido por violaciones de derechos humanos, no es bueno para China, no es bueno para los Juegos Olímpicos y no es bueno para la comunidad internacional.
Irene Khan
El desafío para China
Dejar un legado positivo de las Olimpiadas de Pekín
Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales.
Carta Olímpica, Principios fundamentales del Olimpismo, principio 1
El 8 de agosto de 2008 darán comienzo en Pekín los XXIX Juegos Olímpicos. Durante la campaña para promover la candidatura de su país como sede de las Olimpiadas de 2008, las autoridades chinas declararon que la situación de los derechos humanos en China mejoraría si se eligiera a Pekín como sede de los Juegos. Wang Wei, secretario general del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, ha manifestado: "Tenemos plena confianza en que la celebración de los Juegos Olímpicos de 2008 en China no sólo promoverá nuestra economía sino que también mejorará todas las condiciones sociales, incluidas la educación, la salud y los derechos humanos", un parecer del que se han hecho eco otros miembros del Comité. Liu Qi, alcalde de Pekín, dijo en 2001: "[Los Juegos Olímpicos] ayudarán a promover todos los proyectos económicos y sociales y también beneficiarán el continuo desarrollo de nuestra causa de derechos humanos".
Los problemas de derechos humanos siguen existiendo pero son más que nada un desafío y una oportunidad para que el Movimiento Olímpico haga una contribución a algunas de sus propias metas, que son poner el deporte al servicio de la humanidad en todas partes y tal vez producir algunos cambios.
Dick Pound, presidente del Comité Olímpico Internacional, tras el anuncio de la selección de Pekín como sede de las Olimpiadas. Moscú, julio de 2001.
La celebración de los Juegos Olímpicos es una antigua tradición que encarna la promoción de una sociedad pacífica y el esfuerzo de los atletas del mundo por alcanzar la excelencia. Constituye una enorme responsabilidad para la nación que oficia de anfitriona y una inmensa fuente de orgullo para la población de la ciudad elegida. En el curso de las actividades de promoción de su candidatura, las autoridades chinas prometieron reiteradamente mejorar el respeto por los derechos humanos en el país. Las Olimpiadas son un poderoso símbolo de prestigio y prominencia global, lo cual conlleva responsabilidad global y expectativas globales.
Unos Juegos Olímpicos que fomenten los principios del olimpismo asociarán la cultura con la educación y mejorarán las condiciones de vida y los derechos humanos de la ciudadanía. Unos Juegos Olímpicos exitosos en Pekín promoverán estos principios y fomentarán la excelencia en el terreno del deporte. Es esta alianza lo que asegurará el éxito de los Juegos.
Las autoridades chinas tienen ahora una oportunidad singular de hacer honor a la promesa que hicieron de mejorar la situación de los derechos humanos si se elegía a Pekín como sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. Los compromisos contraídos por China en la esfera de los derechos humanos, así como el espíritu del olimpismo, que afirma que "[l]a práctica del deporte es un derecho humano" y promete respetar los "principios éticos fundamentales universales", indican que el respeto a los derechos humanos es consustancial al movimiento olímpico.
El deporte, los Juegos Olímpicos y el COI [Comité Olímpico Internacional]pueden desempeñar un papel positivo a la hora de contribuir al cambio en el mundo.
Jacques Rogge, presidente del Comité Olímpico Internacional, citado en "IOC puts its hopes in Beijing", USA Today, 13 de julio de 2001
Estamos convencidos de que los Juegos Olímpicos mejorarán el respeto a los derechos humanos en China.
Jacques Rogge, en una entrevista en BBC Hardtalk, 24 de abril de 2002
El Comité Olímpico Internacional ha expresado claramente en reiteradas ocasiones su esperanza de que mejore la situación de los derechos humanos en China como consecuencia de la elección de Pekín para la celebración de los Juegos Olímpicos. El Comité ha manifestado que cuenta con que organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional vigilen la situación de los derechos humanos en China e informen sobre ella y que se compromete a escuchar la voz de dichas organizaciones. De no abordarse adecuadamente las violaciones graves de los derechos humanos como parte de los preparativos para los Juegos, el Comité se verá obligado a actuar. En abril de 2002, Jacques Rogge señaló que el Comité había "instado al gobierno chino a mejorar lo antes posible su actuación en materia de derechos humanos" y que "si la seguridad, la logística y la situación de los derechos humanos no se modifican de forma que nos satisfaga, nos pondremos en acción".
Si bien es cierto que la responsabilidad principal recae sobre las autoridades chinas, también es cierto que el Comité Olímpico Internacional tiene obligaciones conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todos los individuos y las instituciones tienen el deber de promover el respeto a los derechos humanos.
Deseo mencionar que la candidatura de Pekín para las Olimpiadas de 2008 tendrá consecuencias positivas. Todos los países tienen sus problemas específicos en materia de derechos humanos, y no hay duda de que China prestará más atención a los derechos humanos.
Liu Jingming, vicepresidente ejecutivo del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, abril de 2001
Para que China pueda dejar un legado olímpico positivo y duradero es esencial que mejore su actuación en la esfera de los derechos humanos en lo relativo a la pena de muerte, la protección del colectivo de activistas de los derechos humanos y la libertad de expresión de los medios de comunicación, incluida Internet, así como que proceda a abolir el sistema de "reeducación por el trabajo", un tipo de detención impuesta por la policía sin cargos ni juicio durante periodos de hasta cuatro años.
Según la Carta Olímpica, uno de los principios fundamentales del olimpismo es favorecer "el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana". La pena de muerte viola el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es una afrenta a la dignidad humana. Las tan anunciadas reformas al sistema de "reeducación por el trabajo" parecen haberse estancado al aproximarse las Olimpiadas. El 8 de mayo de 2006, las autoridades municipales de Pekín anunciaron que se utilizaría la "reeducación por el trabajo" para limpiar la imagen de la ciudad con miras a la celebración de los Juegos.
Manifestación frente a la Oficina de Enlace de China en Hong Kong el 14 de julio de 2005. Los carteles muestran fotos de personas naturales de Hong Kong ejecutadas en la China continental por delitos relacionados con las drogas. ©Kin Cheung/AP/PA Photos
El colectivo de defensores de los derechos humanos chinos sigue enfrentado a graves obstáculos para el desempeño de su labor de difusión de los abusos que se cometen en el país, algunos de los cuales están directamente relacionados con la celebración de los Juegos Olímpicos, como los desalojos forzosos vinculados con la infraestructura olímpica. El trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos está ligado a la promesa de las autoridades chinas de que durante los preparativos para los Juegos y en el curso de éstos los medios de comunicación disfrutarían de plena libertad, lo cual debe incluir la ausencia de restricciones al uso legítimo de Internet.
Desde 2001, al referirse al probable legado positivo de las Olimpiadas para Pekín y toda China, tanto el gobierno chino como el Comité Olímpico Internacional se han venido centrando en las mejoras a la economía, el medio ambiente y la imagen internacional del país. Ninguno de los dos ha puesto mucho énfasis en el legado de los Juegos en el terreno de los derechos humanos. El crecimiento sin precedentes de la economía china durante los dos últimos decenios ha dado lugar a grandes transformaciones sociales, pero sigue existiendo un desequilibrio entre los avances económicos y las restricciones que pesan sobre el libre disfrute de los derechos humanos. Este estancamiento deliberado del progreso en materia de derechos humanos debe acabar y las reformas deben aplicarse a un paso mucho más acelerado.
El respeto, la protección y la realización de los derechos humanos pueden ser uno de los legados positivos de los Juegos Olímpicos. De no mejorar la situación de los derechos humanos, no sólo no se recordarán positivamente los Juegos sino que además la imagen de China seguirá siendo la de un país que reprime a su ciudadanía. China debe elegir. El movimiento olímpico comparte esta responsabilidad.
Gimnasia rítmica en los Juegos Olímpicos de 2000 en Sidney. ©Jon Buckle/EMPICS Sport/PA Photos
La campaña de Amnistía Internacional sobre los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín
Permitiendo que Pekín sea sede de los Juegos ayudaréis al desarrollo de los derechos humanos.
Liu Jingmin, vicepresidente del Comité para la Candidatura de Beijing a las Olimpiadas de 2008, abril de 2001
[Los Juegos Olímpicos] ayudarán a promover todos los proyectos económicos y sociales y también beneficiarán el continuo desarrollo de nuestra causa de derechos humanos.
Liu Qi, alcalde de Pekín, citado en Christopher Clary, "Despite Worries Over Rights, It Wins on 2d Round of Voting: Beijing Is Awarded 2008 Summer Olympics", International Herald Tribune, 14 de junio de 2001
La Carta Olímpica promueve un legado positivo de los Juegos Olímpicos a las ciudades y los países que les ofician de sede. La campaña de Amnistía Internacional tiene el objetivo de asegurar que el legado olímpico incluye el respeto a los derechos humanos fundamentales y al Estado de derecho.
Protesta contra la construcción de un centro de deportes acuáticos en las afueras de Pekín para las Olimpiadas de 2008, junio de 2005. © EMPICS
Pese a las promesas de las autoridades, en China se siguen cometiendo violaciones graves de los derechos humanos. Entre ellas figura el encarcelamiento de personas que se han dirigido al Comité Olímpico Internacional en cartas abiertas en las que pedían mejoras en la situación de los derechos humanos y condenaban el desalojo forzoso, y en muchos casos ilegal, de miles de residentes de Pekín en el marco de los preparativos para los Juegos. Según cálculos no oficiales, el número de desalojos forzosos es mucho más elevado, pero resulta sumamente difícil determinar el número exacto de personas desalojadas en violación del derecho a la vivienda consagrado en las normas internacionales de derechos humanos.
Las autoridades chinas han intensificado las medidas represivas contra ciertos grupos de los que temen que puedan poner al país en una situación embarazosa durante las Olimpiadas llamando la atención sobre motivos de preocupación en la esfera de los derechos humanos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos siguen teniendo un acceso limitado a China para llevar a cabo su labor de investigación y documentar y sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos.
Aunque Amnistía Internacional tiene motivos de preocupación más amplios en torno a la situación de los derechos humanos en China, a medida que se aproxima el comienzo de los Juegos Olímpicos de 2008 la organización está vigilando con especial atención la actuación del gobierno chino en varias áreas vinculadas directamente con los preparativos para los Juegos, con los principios fundamentales de la Carta Olímpica y con la promesa de mejoras en el ámbito de los derechos humanos realizada por las autoridades chinas en 2001, cuando se eligió a Pekín como sede de los Juegos. Las áreas en cuestión son las siguientes: el uso persistente de la pena de muerte y de formas abusivas de detención administrativa; el encarcelamiento, tortura y hostigamiento de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, entre ellas periodistas y profesionales del derecho; y la censura de Internet.
Durante la Reunión del Consejo Internacional de Amnistía Internacional, unas delegadas de la organización estampan y firman un cartel como parte de la campaña sobre las Olimpiadas de Pekín, agosto de 2007. © AI
Amnistía Internacional exhorta al gobierno chino a cumplir con su promesa de desarrollar el respeto por los derechos humanos como parte del legado olímpico. Un legado positivo deberá construirse sobre la base del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que:
1. Tomen medidas para reducir de manera drástica el uso de la pena de muerte en China como una medida encaminada a su abolición total. Para finales de 2008, ello deberá incluir:
· publicar regularmente cifras estadísticas oficiales sobre el número total de condenas de muerte y ejecuciones, proporcionando de forma sistemática a los familiares y representantes letrados de las personas condenadas a muerte la posibilidad de comunicarse con ellas, así como información sobre cuestiones administrativas y procedimentales;
· reducir el número de delitos punibles con la muerte mediante reformas sustanciales en lo relativo a los delitos no violentos.
2. Garanticen que todas las formas de detención que se utilicen en China se ajustarán a las normas y principios internacionales de derechos humanos mediante medidas que deberán incluir proteger el derecho a un juicio que reúna las debidas garantías y prevenir la tortura. Para finales de 2008, ello deberá incluir:
· abolir los sistemas de "reeducación por el trabajo", "rehabilitación forzosa por uso de drogas" y "custodia y educación", garantizando que la toma de decisiones sobre la detención dejará de quedar en manos de la policía exclusivamente;
· garantizar que estos sistemas no se utilizarán en relación con la celebración de las Olimpiadas de Pekín como método de "limpieza" de la ciudad durante los preparativos para los Juegos y en el curso de éstos.
3. Aseguren que el colectivo de defensores de los derechos humanos podrá desempeñar libremente sus actividades pacíficas conforme a lo establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Ello deberá incluir:
· garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos no serán sometidos a arresto domiciliario, que podrán comunicarse con periodistas extranjeros sin ser sancionados ni hostigados, y que podrán destacar sus legítimos motivos de preocupación sin ser sancionados ni hostigados;
· devolver la libertad a los presos de conciencia que se hallan detenidos por defender los derechos humanos.
4. Pongan fin a la censura injustificada de Internet en China. Ello deberá incluir:
· garantizar que ninguna persona será detenida o enjuiciada por hacer un uso legítimo de Internet;
· garantizar que se devolverá la libertad a las personas detenidas o encarceladas por utilizar Internet, incluidas las que defienden los derechos humanos y las que ejercen el periodismo.
El Comité Olímpico Internacional tiene la responsabilidad de promover un legado positivo de los Juegos Olímpicos para las ciudades y los países que les ofician de sede. Amnistía Internacional exhorta al Comité Olímpico Internacional a cumplir con esta responsabilidad e insta al Comité y al movimiento olímpico en general a que trabajen solidariamente con la membresía de Amnistía Internacional en todo el mundo y con el colectivo de activistas de derechos humanos de China para ejercer presión sobre el gobierno chino a fin de que lleve a cabo reformas positivas, concretas y duraderas en la esfera de los derechos humanos antes de septiembre de 2008.
HOJA INFORMATIVA
Diez motivos de preocupación relativos a los derechos humanos en China
Pena de muerte
Año tras año, en China se llevan a cabo más ejecuciones que en el conjunto de los demás países del mundo. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calcula que en China se ejecutó a no menos de 1.010 personas y se condenó a muerte a 2.790 en 2006. Se cree que las cifras reales son mucho más elevadas; recientemente, un jurista chino calculó que el índice anual de ejecuciones era de aproximadamente 8.000. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante un disparo en la nuca y, de modo creciente, por inyección letal. Muchos de los delitos punibles con la muerte en China –unos 68– son delitos no violentos, como evadir impuestos, hacer contrabando y organizar actividades de prostitución.
"Reeducación por el trabajo"
Se trata de una forma de detención impuesta sin cargos ni juicio durante periodos de hasta cuatro años, que a menudo conlleva duras condiciones de reclusión y se usa en el caso de personas que, en opinión de la policía china, han cometido delitos que no son lo suficientemente graves como para que se los castigue en aplicación del Código Penal. Se utiliza con frecuencia contra pequeños delincuentes y personas que han criticado al gobierno o que profesan creencias religiosas proscritas. La policía de Pekín ha utilizado la celebración de las Olimpiadas en China como pretexto para ampliar el alcance de la "reeducación por el trabajo" con el fin de "limpiar" la ciudad antes del evento.
Hostigamiento de personas que defienden los derechos humanos
Aunque en los últimos años las actividades de la sociedad civil han crecido y cobrado vigor, las autoridades han seguido hostigando a los activistas que formulan criticas en torno a cuestiones consideradas demasiado delicadas desde el punto de vista político o que tratan de embarcar a otras personas en su causa. Algunos han sido encarcelados, a menudo por cargos vagamente definidos de "subversión" o "filtración de secretos de Estado", y otros están recluidos en sus propios domicilios bajo estrecha vigilancia policial. Entre ellos hay profesionales del derecho y el periodismo, activistas sobre el VIH/sida, activistas de los derechos laborales, campesinos que protestan por la confiscación de sus tierras y familiares de víctimas de muerte o discapacidad durante la ofensiva de 1989 contra el movimiento democrático. A medida que se aproxima la fecha de los Juegos Olímpicos, parece ir aumentando el hostigamiento de activistas.
Represión de Internet y libertad de los medios de comunicación
En China se bloquean o proscriben centenares de sitios web, se filtran los resultados de las búsquedas y se somete a censura a muchos sitios web, como los que utilizan palabras como "libertad", "derechos humanos", "Tibet" y "Amnistía Internacional". Asimismo, se ha encarcelado a usuarios de Internet tras juicios carentes de garantías, a menudo por cargos vagamente definidos como "subversión" o "filtración de secretos de Estado". Con al menos 30 periodistas y 50 usuarios de Internet entre rejas, las organizaciones que trabajan por la libertad de prensa han calificado a China de "la mayor cárcel del mundo para los periodistas". Las personas que ejercen el periodismo en el ámbito nacional se enfrentan a fuertes restricciones y censura, y quienes investigan asuntos considerados delicados desde el punto de vista político se arriesgan a perder su empleo y a ser víctimas de intimidación, hostigamiento o detención.
Juicios carentes de garantías
El sistema judicial chino dista mucho de ajustarse a las normas internacionales de imparcialidad procesal y carece de salvaguardias para la protección de los derechos de sospechosos y acusados. Entre sus carencias figuran la falta de acceso pronto a representación letrada para las personas detenidas, la persistencia del uso sistemático de la tortura y los malos tratos por la policía para obtener confesiones, el uso de información extraída mediante tortura como prueba en juicios y las injerencias políticas en la labor de la judicatura. El persistente uso de la "reeducación por el trabajo", sistema mediante el cual se puede castigar a las personas con hasta cuatro años de reclusión por orden de la policía, viola las normas internacionales que rigen las garantías procesales, entre ellas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha firmado y, según ha declarado, tiene la intención de ratificar en un futuro próximo.
Persecución de personas por sus creencias
Las autoridades chinas siguen reprimiendo las creencias religiosas practicadas fuera de las vías oficiales. Es frecuente que se detenga, en violación de sus derechos, a miembros de iglesias católicas no autorizadas o de iglesias protestantes clandestinas que rinden culto en domicilios particulares. Entre otros grupos en peligro figura la comunidad musulmana de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, especialmente aquellos a quienes las autoridades califican de "extremistas religiosos", y miembros del movimiento espiritual Falun Gong, proscrito en 1999 por considerárselo una organización herética. Desde entonces se ha privado de libertad a decenas de miles de seguidores de FalunGong, principalmente en centros de "reeducación por el trabajo", pero también en prisiones y hospitales psiquiátricos.
Tortura
Aunque es posible que su uso haya disminuido en algunas zonas urbanas, la tortura y los malos tratos siguen siendo una práctica generalizada en China y continúan los informes sobre casos ocurridos en una serie de instituciones estatales, como comisarías de policía, centros de "reeducación por el trabajo" y prisiones. Entre los métodos más habituales figuran la aplicación de descargas eléctricas, la suspensión por los brazos, los puntapiés, los golpes y la privación de alimentos y del sueño. Uno de los principales factores de la omnipresencia de esta práctica son las restricciones impuestas a la comunicación de los detenidos con el mundo exterior y la ausencia de vías efectivas para la investigación y la presentación de quejas. Las personas detenidas por sus opiniones políticas, actividades de defensa de los derechos humanos o creencias religiosas o espirituales corren grave peligro de ser torturadas bajo custodia, especialmente cuando se niegan a abjurar de sus creencias.
Ding Zilin, cuyo hijo fue víctima de la ofensiva contra el movimiento democrático desatada en la Plaza de Tiananmen, Pekín, en junio de 1989, sigue luchando para desvelar la verdad de lo ocurrido. © The Nineties Monthly
Protestas de la plaza de Tiananmen en 1989: encarcelamiento prolongado
Se ha devuelto la libertad a muchas personas detenidas durante la ofensiva desatada en 1989 contra el movimiento democrático, pero se cree que decenas siguen en prisión 18 años después. El gobierno chino continúa haciendo caso omiso de los llamamientos para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de la actuación de las fuerzas de seguridad el 4 de junio de 1989 en la Plaza de Tiananmen y sus inmediaciones, como resultado de la cual cientos de personas murieron o resultaron heridas. Aunque en junio de 2007 se suavizaron parcialmente las restricciones imperantes a fin de permitir que las familias tuvieran mayor libertad para expresar su duelo por sus seres queridos, los familiares y otras personas que luchan para que se haga justicia siguen enfrentándose a la restricción de sus actividades, que incluye hostigamiento y vigilancia policial. Toda mención pública de los sucesos del 4 de junio de 1989 en periódicos, sitios web y otros medios de comunicación sigue sometida a censura.
La policía patrulla la Plaza de Tiananmen el Día Nacional de China, 1 de octubre de 2005. El cartel dice: "Sociedad armoniosa y socialista". © Dubin
Denegación de derechos laborales
La Federación de Sindicatos de Toda China, agrupación oficial, suele permanecer inactiva a la hora de proteger los intereses de sus miembros, y los sindicatos independientes siguen siendo ilegales. La exigüidad de la remuneración de los trabajadores, la falta de pago de los salarios, los despidos masivos, las malas condiciones laborales y la corrupción en las prácticas de gestión han causado una oleada de conflictos laborales a los que las autoridades han respondido a menudo con actos de intimidación y, a veces, detenciones y prolongadas penas de prisión. Los migrantes internos que se trasladan desde zonas rurales a las ciudades en busca de trabajo siguen enfrentados a la discriminación generalizada en lo relativo al acceso al empleo, los servicios de salud y la educación para sus hijos e hijas en comparación con la población urbana.
Sin-kiang y Tibet
La comunidad de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, predominantemente musulmana uigur, se ve sometida a una dura represión. Las autoridades chinas se han valido del pretexto del extremismo religioso para cerrar mezquitas, prohibir ciertos libros y encarcelar a los llamados "terroristas, separatistas y extremistas religiosos" tras juicios carentes de garantías. En Tibet la libertad de expresión, religión y asociación sigue sujeta a fuertes restricciones. Decenas de presos de conciencia, entre ellos monjes y monjas budistas, permanecen en prisión.
HOJA INFORMATIVA
El desafío para China
Poner fin a las ejecuciones
China sigue siendo el país del mundo donde más se aplica la pena capital. No obstante, se desconoce el número exacto de ejecuciones llevadas a cabo anualmente en el país. Las cifras oficiales sobre condenas a muerte y ejecuciones se consideran secreto de Estado, circunstancia que dificulta el análisis objetivo de la aplicación de la pena capital en China. Basándose en informes públicos, Amnistía Internacional calcula que en 2006 se ejecutó a no menos de 1.010 personas y se condenó a muerte a 2.790. Estas cifras representan el 63 por ciento del total de ejecuciones de las que se tiene noticia en el resto del mundo.
A principios de 2006, Liu Renwen, catedrático de derecho penal chino, calculó que todos los años se llevan a cabo 8.000 ejecuciones en China. Basándose en datos obtenidos de fuentes chinas que tienen acceso a información oficial, la Fundación Dui Hua, con sede en Estados Unidos, calcula que en 2006 se ejecutaron entre 7.500 y 8.000 condenas de muerte.
En China hay aproximadamente 68 delitos punibles con la muerte, entre ellos delitos no violentos como fraude fiscal, malversación de fondos, aceptación de sobornos y algunos delitos relacionados con las drogas.
En febrero de 2007, Wang Zhendong fue condenado a muerte por estafar 3.000 millones de yuanes (unos 400 millones de dólares estadounidenses) a los inversores de su criadero de hormigas.
El 10 de julio de 2007, Zheng Xiaoyu, ex jefe de la Dirección de Productos Alimenticios y Farmacéuticos, fue ejecutado por aceptar sobornos y por negligencia en el cumplimiento del deber.
El 1 de enero de 2007, el Tribunal Supremo Popular volvió a asumir su función de revisión judicial de todas las condenas de muerte que se dictan en China.
En opinión de algunos juristas chinos, es probable que la restauración del procedimiento de revisión judicial por el Tribunal Supremo Popular dé lugar a una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento en el número de ejecuciones en China. En junio de 2007, un funcionario del tribunal anunció que las ejecuciones habían disminuido un 10 por ciento en relación con el mismo periodo de 2006. Con todo, Amnistía Internacional considera que la mejor manera de hacer posible un análisis completo y bien informado de los acontecimientos relacionados con la pena de muerte en China, no sólo por parte de funcionarios judiciales sino también por parte de juristas chinos y otras personas, sería hacer públicos todos los datos pertinentes.
En julio de 2005, según informes, el viceministro de Salud reconoció que la mayoría de los órganos que se utilizaban en trasplantes en China provenían de presos ejecutados.
El 1 de mayo de 2007 entraron en vigor unas nuevas disposiciones que, entre otras cosas, prohíben el comercio de órganos y los trasplantes de órganos vivos de personas menores de 18 años. No obstante, las disposiciones no mencionan la extracción de órganos de presos condenados a muerte. Las normas médicas internacionales sobre la donación de órganos exigen la "decisión libre e informada" de la persona donante; Amnistía Internacional no cree que pueda demostrarse que haya existido una decisión libre e informada en el caso de presos en espera de ejecución que no hayan expresado el deseo de donar sus órganos con anterioridad a su encarcelamiento (por ejemplo, mediante una tarjeta de donante o manifestando sus deseos de alguna otra manera).
Varios casos de los que ha informado recientemente la prensa china revelan que el uso generalizado de la tortura que hace la policía con el fin de obtener confesiones ha causado la muerte de personas inocentes. Por ejemplo, Teng Xingshan fue ejecutado en 1989 por el asesinato de su esposa, pese a que se había declarado inocente y a que, según dijo, sólo había confesado porque lo habían golpeado duramente durante los interrogatorios. Su esposa, cuya desaparición había despertado la sospecha de que la hubieran asesinado, reapareció en junio de 2005.
La familia de Nie Shubin sigue luchando para obtener una indemnización por su ejecución, llevada a cabo en 1995, tras ser condenado injustamente por la violación y el asesinato de una mujer de la zona en que vivía. Según informes, la policía lo había torturado para obligarlo a hacer una confesión falsa pero, a principios de 2005, un sospechoso detenido en relación con otro caso confesó su autoría del delito, que al parecer describió con todo detalle.
Oportunidades en el terreno de los derechos humanos
Poner fin a las ejecuciones en China
En consonancia con el principio olímpico fundamental de preservar la dignidad humana, un legado positivo sería que se pusiera fin al récord mundial de China en materia de ejecuciones. Un primer paso hacia la abolición de la pena capital sería que China hiciera públicas las cifras reales de personas ejecutadas y redujera drásticamente el número de delitos punibles con la muerte.
Una mujer condenada por asesinato da voces al oír su sentencia antes de ser trasladada al patíbulo en la ciudad meridional de Guangzhou, 11 de abril de 2001. © Reuters
La pena de muerte viola el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es una afrenta a la dignidad humana. Este principio rige tanto para el sistema de utilización de la pena capital en general como para las condiciones de reclusión de las personas condenadas a muerte en China.
El 1 de enero de 2007 las autoridades chinas introdujeron una importante reforma al sistema de aplicación de la pena capital al volver a implantar el procedimiento de revisión judicial de todas las condenas de muerte por el Tribunal Supremo Popular. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a consolidar esta reforma e introducir un mayor grado de transparencia, tanto garantizando que los familiares y abogados de las personas condenadas a muerte tendrán acceso a ellas y a la información pertinente a sus casos como haciendo público el número de personas ejecutadas en todo el país. Amnistía Internacional insta a las autoridades a reducir el ámbito de aplicación de la pena de muerte con miras a su abolición total en la legislación china.
Aumentar la transparencia del sistema de aplicación de la pena capital en China
La publicación de cifras estadísticas relativas a la pena de muerte salvaguardaría el legítimo derecho de la ciudadanía a conocer y entender la situación relativa a la pena de muerte.
Profesor Zhao Bingzhi, especialista en derecho penal chino
El 1 de enero de 2007, el Tribunal Supremo Popular reasumió sus funciones de revisión judicial de todas las condenas de muerte que se dictan en China. Amnistía Internacional acoge con satisfacción este acontecimiento. En opinión de algunos juristas chinos, es probable que la restauración del procedimiento de revisión judicial por el Tribunal Supremo Popular dé lugar a una reducción de entre el 20 y el 30 por ciento en el número de ejecuciones en China. No obstante, la falta de transparencia hace difícil determinar si tal medida está teniendo efectos sustanciales.
La falta de transparencia también sigue siendo una preocupación importante para las familias de las personas condenadas a muerte y ejecutadas:
· La familia deNie Shubinsigue luchando para obtener una indemnización por su ejecución, llevada a cabo en 1995, tras ser condenado injustamente por la violación y el asesinato de una mujer de la zona en que vivía. Según informes, la policía lo había torturado para obligarlo a hacer una confesión falsa pero, a principios de 2005, un sospechoso detenido en relación con otro caso confesó su autoría del delito, que al parecer describió con todo detalle. Después del juicio, la familia de Nie Shubin no recibió ninguna información sobre la situación del condenado ni una copia de la sentencia. Dicen los familiares que no se les permitió verlo después de su aprehensión y que su padre no se enteró de que había sido ejecutado hasta un día en que visitó la prisión para llevarle comida. Según informes, el hombre intentó suicidarse a causa del dolor que le produjo la pérdida de su hijo. La madre de Nie Shubin dice: "Tengo sólo un hijo y todas mis esperanzas estaban puestas en él. Me han destruido el futuro [...]. Sin mi hijo, mi familia y yo no podemos seguir adelante".
· En un caso similar, la familia de Wu Zhenjiang, estudiante de 24 años condenado por daño doloso y ejecutado en enero de 2005, afirma que no le permitieron verlo tras su juicio, celebrado en primera instancia. La madre, Meng Zhaoping (nombre ficticio), ha pedido a las autoridades que le proporcionen más información sobre el caso, y en especial sobre el cadáver del joven, que fue cremado poco después de la ejecución en lugar de serle entregado a la familia. Meng Zhaoping sospecha que los órganos de su hijo fueron extirpados sin consentimiento para utilizarlos en trasplantes, pero no tiene pruebas sólidas que corroboren su suposición.
Garantizar la celebración de juicios justos, dar a conocer los casos de malos tratos
Ninguna persona condenada a muerte en China recibe un juicio justo conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Entre las fallas del sistema figuran: la falta de acceso pronto a representación letrada, la falta de reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia, las injerencias políticas en la labor de la judicatura y la no exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura. Una serie de casos de los que ha informado recientemente la prensa china, entre ellos el de Nie Shubin (véase supra), revelan que en China se ha ejecutado a personas inocentes debido a este tipo de deficiencias sistémicas.
Aunque acoge positivamente el restablecimiento de la revisión judicial a cargo del Tribunal Supremo Popular, Amnistía Internacional observa que ésta parece tener el objetivo de asegurar que se han seguido correctamente todos los procedimientos y que la pena capital se aplica de forma coherente en todo el país y no de determinar los hechos de cada caso. Amnistía Internacional sigue abrigando el temor de que este procedimiento no saque a la luz graves violaciones de derechos humanos, como el uso de la tortura para obtener confesiones, a menos que las pruebas de dichos abusos ya se hayan introducido previamente durante el juicio.
Reducir el número de delitos punibles con la muerte
No podemos descansar en la esperanza de que las condenas de muerte pongan freno a la delincuencia. Podemos abordar el incremento de la criminalidad por muchos otros conductos [...]. El concepto también está en consonancia con la tendencia mundial a imponer gradualmente penas más leves, lo que significa que los castigos severos sólo se pueden imponer por un número reducido de delitos graves.
Liu Jiachen, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Popular
Amnistía Internacional ve con honda preocupación el hecho de que China mantenga la pena de muerte para unos 68 delitos, entre los que hay delitos no violentos como los relacionados con las drogas y los económicos (como el fraude fiscal y otros tipos de fraude económico). La pena capital se usa de forma amplia y arbitraria y, a menudo, como resultado de injerencias políticas. Su utilización ha aumentado en el marco de las regulares campañas "de mano dura" contra la delincuencia. Durante dichas campañas las personas acusadas pueden ser condenadas a muerte por delitos que en otros momentos serían castigados con la cárcel. El uso de la pena de muerte también se ha incrementado en ciertas épocas del año previas a acontecimientos de ámbito nacional como la celebración del Día Nacional (1 de octubre) y del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio). Amnistía Internacional también observó un marcado aumento de las ejecuciones en diciembre de 2006, que parecía responder a un intento de los tribunales locales de "liquidar" causas antes del 1 de enero de 2007, fecha del restablecimiento de la potestad de revisión judicial del Tribunal Supremo Popular.
Una oportunidad para el gobierno de China
Por tratarse de una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la pena de muerte menoscaba de una manera fundamental el "mantenimiento de la dignidad humana" que forma parte esencial de la Carta Olímpica. Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a aplicar medidas que reduzcan considerablemente el uso de la pena capital con miras a su abolición. Para finales de 2008, dichas medidas deberán incluir:
· publicar regularmente cifras estadísticas oficiales sobre el número total de condenas de muerte y ejecuciones, proporcionando a los familiares y abogados de las personas condenadas a muerte acceso a éstas y a información administrativa y procedimental;
· reducir el número de delitos punibles con la muerte mediante reformas sustanciales relativas a los delitos no violentos.
HOJA INFORMATIVA
El desafío para China
Juicios justos y no más detención sin juicio
La detención administrativa abarca formas de detención que en China son impuestas como castigo por la policía, sin cargos, juicio ni revisión judicial. Entre estas prácticas están las siguientes:
· La "reeducación por el trabajo", la forma más habitual de detención administrativa en China, impuesta por periodos de hasta cuatro años por un amplio abanico de delitos menores que no se consideran lo suficientemente graves como para ser castigados en aplicación del Código Penal.
· La "rehabilitación forzosa por uso de drogas", utilizada para castigar a presuntos drogadictos con penas de tres a seis meses, que a menudo se cumplen bajo duras condiciones de reclusión. La policía de Pekín ha declarado su intención de ampliar el periodo de detención a un año, en un intento de obligar a los adictos a abandonar el consumo de drogas antes de los Juegos Olímpicos.
· La "custodia y educación", usada para castigar a personas que presuntamente ejercen la prostitución y a sus clientes con penas que oscilan entre los seis meses y los dos años.
En mayo de 2006, las autoridades municipales de Pekín anunciaron su intención de ampliar el uso de la "reeducación por el trabajo" para controlar lo que consideraban conductas delictivas y "limpiar" la imagen de la ciudad antes de las Olimpiadas. Algunos analistas chinos han observado que es la primera vez desde mediados de 2003 que las autoridades han recurrido específicamente al uso de "medidas controvertidas" como la "reeducación por el trabajo" en el ámbito local para abordar problemas de orden público en las ciudades.
Se cree que centenares de miles de personas están internadas en centros de "reeducación por el trabajo" de toda China, sometidas, en muchos casos, a duras condiciones de reclusión. Entre ellas hay pequeños delincuentes y personas que han criticado al gobierno o que profesan creencias religiosas proscritas.
· De una forma similar al trabajo forzado en las prisiones, a las personas sometidas al programa de "reeducación por el trabajo" se las obliga a trabajar largas horas como parte de su "reeducación".
· Las personas detenidas corren grave peligro de que les inflijan tortura o malos tratos, especialmente si se niegan a abjurar de su "conducta delictiva" o tratan de apelar contra su pena.
· La práctica de la detención administrativa es incompatible con disposiciones fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como las que se refieren al derecho de la persona detenida a ser llevada sin demora ante una autoridad judicial (artículo 9), el derecho a un juicio que reúna las debidas garantías (artículo 14) y la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio (artículo 8). China ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ha expresado su deseo de ratificarlo en un futuro próximo.
· El 1 de marzo de 2007, el periódico China Dailyinformó de que el anteproyecto de ley que sustituiría al sistema de "reeducación por el trabajo", la Ley sobre Corrección de Conductas Ilegales, formaba parte del programa legislativo que la Asamblea Nacional Popular tenía previsto someter a debate en 2007. El informe señalaba que el proceso de reforma llevaba dos años en punto muerto debido a que había sido objeto de discrepancias.
Oportunidades para los derechos humanos
Juicios justos y no más detención sin juicio
Un legado olímpico positivo sería que se celebraran juicios que reunieran las garantías reconocidas en las normas internacionales y se pusiera fin a la detención arbitraria impuesta por la policía. Como primer paso, China debe abandonar todos los usos de la "reeducación por el trabajo" y de la "rehabilitación forzosa por uso de drogas" para "limpiar" Pekín antes de las Olimpiadas.
Al aproximarse los Juegos Olímpicos, es un importante deber político proporcionar un entorno urbano seguro, limpio y ordenado para asegurar que las Olimpiadas se desarrollan sin contratiempos […]. No obstante, lo que ha horrorizado a muchos juristas es que se utilizará el sistema de reeducación por el trabajo como importante herramienta en los esfuerzos de limpieza y que se ampliará su ámbito de aplicación.
Lü Minghe, escritor y periodista chino
La policía de Pekín ha utilizado la celebración de las Olimpiadas en China como pretexto para ampliar el uso de formas abusivas de detención administrativa como la "reeducación por el trabajo" y la "rehabilitación forzosa por uso de drogas" para justificar la "limpieza" de la ciudad antes del evento. Estos sistemas de detención impuestos por la policía sin cargos, juicio ni revisión judicial violan las normas internacionales de imparcialidad procesal y llevan muchos años estancados en el programa de reformas.
"Reeducación por el trabajo"
Centro de "reeducación por el trabajo". ©thebeijingnews.com
La "reeducación por el trabajo" es una forma abusiva de detención administrativa impuesta sin cargos, juicio ni revisión judicial. Esta forma de privación de libertad se viene utilizando en China desde mediados de la década de los cincuenta para detener y castigar a aquellas personas que se considera que han cometido delitos menores pero que no son delincuentes desde el punto de vista de la ley. En una ocasión, un periódico jurídico oficial describió este sistema como una forma de castigo por actos que se hallan a mitad de camino entre el delito y el error. Bajo el actual sistema, se puede detener a las personas en centros de "reeducación por el trabajo" durante periodos de hasta tres años, que pueden prorrogarse un año más de ser necesario.
Entre las conductas delictivas que, según las autoridades de Pekín, son susceptibles de "reeducación por el trabajo" antes de las Olimpiadas figuran los casos graves de publicidad o distribución de folletos ilegal, explotación de taxis sin licencia, negocios sin licencia, vagancia y mendicidad. No obstante, la vaguedad de las definiciones de las conductas delictivas hace posible que las autoridades detengan también a personas que actúan pacíficamente para protestar o expresar su disentimiento.
La falta de limitaciones efectivas a la facultad policial de imponer penas de "reeducación por el trabajo" y la ausencia de salvaguardias para prevenir los abusos contra las personas recluidas en centros de "reeducación por el trabajo" siguen dando lugar a una serie de violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, es frecuente que la policía evite recurrir a cargos penales formales cuando piensa que no hay suficientes pruebas como para asegurar una condena y, en su lugar, envíe al sospechoso a un centro de "reeducación por el trabajo". Según informes, algunas personas absueltas por los tribunales han sido vueltas a detener de inmediato por la policía y enviadas a centros de "reeducación por el trabajo". Aunque en teoría una persona puede apelar contra la decisión de internarla en uno de dichos centros, es habitual que en tales casos se prorrogue el periodo de detención, porque las autoridades suelen considerar que tales apelaciones demuestran una actitud reacia a la reforma. Por los mismos motivos, quienes apelan también se arriesgan a convertirse en víctimas de palizas u otras formas de tortura o malos tratos.
Los intentos de reformar radicalmente o abolir el sistema de "reeducación por el trabajo" parecen haber quedado rezagados en el programa legislativo, donde llevan más de dos años estancados. Una nueva Ley sobre Corrección de Conductas Ilegales que sustituiría las disposiciones sobre "reeducación por el trabajo" sigue en la fase de redacción y todavía no se ha aprobado. Aunque, según se cree, contiene ciertas mejoras, algunos analistas jurídicos chinos indican que es probable que algunas de sus disposiciones sigan violando las normas internacionales de justicia procesal.
· El 19 de junio de 2006, a Bu Dongwei (conocido también como David Bu) le impusieron dos años y medio de "reeducación por el trabajo" en Pekín por "resistirse a la aplicación de la legislación nacional y alterar el orden social". La policía había descubierto literatura de Falun Gong en su casa. Durante tres meses las autoridades se negaron a revelar a su familia el lugar en el que estaba detenido. Bu Dongwei se halla recluido en el centro de "reeducación por el trabajo" de Tuanhe, en Pekín, donde, según informes, lo obligan a hacer labores de embalaje. De acuerdo con la información recibida, unos funcionarios del centro han pedido a la familia de Bu Dongwei que contribuya económicamente a su manutención con alrededor de 400 yuanes al mes (aproximadamente 52 dólares estadounidenses). Amnistía Internacional considera que Bu Dongwei es un preso de conciencia, detenido en violación de su derecho humano fundamental a la libertad de expresión, asociación y religión, y sigue pidiendo que se le devuelva la libertad de forma inmediata y sin condiciones.
Bu Dongwei. © Particular
"Rehabilitación forzosa por uso de drogas" y "custodia y educación"
No descartamos la posibilidad de obligar a todos los drogadictos de la capital a abandonar el consumo de drogas antes de las Olimpiadas.
Fu Zhenghua, director adjunto del Departamento de Seguridad Pública de Pekín
Además de la "reeducación por el trabajo", las autoridades chinas siguen utilizando dos formas de detención administrativa punitiva. La "custodia y educación" se utiliza para castigar a personas que presuntamente ejercen la prostitución y a sus clientes con penas que oscilan entre los seis meses y los dos años de detención, y la "rehabilitación forzosa por uso de drogas" permite a la policía detener a presuntos drogadictos.
El 7 de febrero de 2007, el Departamento de Seguridad Pública de Pekín anunció que durante este año la policía dejará de concentrar sus iniciativas contra las drogas en los lugares de entretenimiento público para dirigir sus esfuerzos contra consumidores concretos, y que se ampliarán los periodos de "rehabilitación forzosa por uso de drogas" de seis meses a un año. Estas medidas acentúan los temores de que la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín esté siendo utilizada como excusa para ampliar el uso de formas abusivas de detención administrativa.
Como importante avance para ajustar las prácticas de detención chinas a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha firmado y, según ha declarado, tiene la intención de ratificar en un futuro próximo, Amnistía Internacional sigue instando a las autoridades a abolir todas las formas de detención administrativa punitiva garantizando que la toma de decisiones sobre la detención no quedará en manos de la policía exclusivamente.
Una oportunidad para el gobierno de China
Amnistía Internacional considera que el uso persistente de la detención sin juicio en China contraviene principios fundamentales de la Carta Olímpica sobre "el respeto por los principios éticos fundamentales universales" y "el mantenimiento de la dignidad humana". La ampliación de la práctica de la "reeducación por el trabajo" como pretexto para "limpiar" Pekín antes de las Olimpiadas empañaría gravemente el legado de éstas para China, en particular habida cuenta de los esfuerzos que viene desplegando desde hace mucho tiempo el sector reformista chino para cambiar radicalmente o abolir el sistema de "reeducación por el trabajo".
Habida cuenta de las promesas formuladas por el gobierno chino en materia de derechos humanos durante el periodo previo a los Juegos Olímpicos y a su propósito declarado de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Amnistía Internacional exhorta a las autoridades chinas a asegurar que todas las formas de detención que se utilicen en el país se ajustarán a las normas y principios internacionales de derechos humanos, lo cual deberá incluir medidas para defender el derecho a las debidas garantías de justicia procesal y para prevenir la tortura. Para finales de 2008, dichas medidas deberán incluir:
· abolir los sistemas de "reeducación por el trabajo", "rehabilitación forzosa por uso de drogas" y "custodia y educación", garantizando que la toma de decisiones sobre la detención no seguirá quedando en manos de la policía exclusivamente;
· garantizar que estos sistemas no se usarán en relación con la celebración de las Olimpiadas de Pekín como método de "limpieza" de la ciudad durante los preparativos para los Juegos y en el curso de éstos.
HOJA INFORMATIVA
Desafío para China: respetar y proteger los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos
"Defensor de los derechos humanos" es la expresión acuñada para designar a quienes, de forma individual o junto con otras personas, actúan para promover o proteger los derechos humanos. Por encima de todo, los defensores y defensoras de los derechos humanos se identifican por lo que hacen para defender los derechos de otras personas, no por la profesión o el título que posean.
En marzo de 2004, China modificó su Constitución para incluir la siguiente cláusula: "el Estado respeta y protege los derechos humanos". Amnistía Internacional acogió esta medida con satisfacción, considerando que era una señal de que había mayor voluntad para hacer frente a las violaciones de derechos humanos, si bien indicó que, para garantizar la protección de los derechos humanos en la práctica, la medida debía ir acompañada de otras reformas jurídicas e institucionales.
El Ministerio de Seguridad Pública de China anunció que en 2005 se habían producido 87.000 protestas, manifestaciones y otros disturbios públicos, en comparación con 74.000 en 2004.
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Según informes, 2.000 activistas y peticionarios (o más) fueron detenidos con anterioridad y en el transcurso de la reunión anual del órgano legislativo de China, la Asamblea Nacional Popular, que se celebró del 5 al 16 de marzo de 2007 en Pekín.
Se siguen aplicando ciertas disposiciones del Código Penal como instrumento político para reprimir la disidencia. Categorías de delitos de ambigua definición, como los de separatismo, subversión, alteración del orden público yrobo de secretos de Estado, se utilizan para procesar a personas que participan en actividades legítimas y pacíficas de defensa de los derechos humanos.
La "Opinión orientativa para abogados que se encarguen de causas colectivas" publicada por el Colegio de Abogados de China en mayo de 2006 endurece las medidas de control sobre los abogados que representan a grupos de víctimas que presentan demandas: afirma que tales abogados deben presentarse ante el Colegio de Abogados de China a los efectos de "supervisión y orientación" y les advierte que no fomenten peticiones colectivas ni participen en ellas.
El Colegio de Abogados de China ha realizado gestiones para que se garantice a los abogados el acceso con prontitud y sin trabas a sus clientes que estén bajo custodia de la policía. En la actualidad, con arreglo a la Ley de Procedimiento Penal, el acceso a un abogado durante la fase de investigación de la prisión preventiva no es un derecho garantizado a todos los sospechosos. Según el destacado abogado Mo Shaoping, sólo el 30 por ciento de los presuntos delincuentes está representado en la actualidad por un abogado en China.
De acuerdo con Jiang Yu, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en junio de 2007 eran aproximadamente 6.000 las familias desplazadas a causa de los preparativos de los Juegos Olímpicos desde 2002. Cálculos no oficiales apuntan a una cifra de desalojos forzosos muy superior, pero cabe señalar que es sumamente difícil confirmar con exactitud cuántas de las personas afectadas han sufrido un desalojo forzoso, que constituye una violación del derecho a la vivienda consagrado en las normas internacionales de derechos humanos.
Ye Guozhu, activista del derecho a la vivienda, sigue cumpliendo la pena de cuatro años de prisión por "buscar pelea y causar disturbios" que le fue impuesta al intentar organizar una manifestación contra presuntos desalojos forzosos en Pekín relacionados con los preparativos de las Olimpiadas. Amnistía Internacional sigue considerando motivo de grave preocupación su seguridad, especialmente después de recibir informes según los cuales hacia finales de 2006 fue maltratado por los guardias con porras eléctricas.
Ye Guozhu, condenado a cuatro años de cárcel en 2004 por hacer campaña contra los desalojos forzosos relacionados con los Juegos Olímpicos. Fue torturado bajo custodia en Pekín. ©Boxun
Oportunidades en materia de derechos humanos
Respetar y proteger los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos
Un legado positivo para los derechos humanos sería que los activistas y defensores de los derechos humanos tengan libertad para poner de relieve asuntos de legítima preocupación, en los medios de comunicación y de otras formas, sin miedo a sufrir hostigamiento o sanciones. Como primer paso, China debe poner fin a la detención arbitraria, la intimidación y el acoso de activistas y defensores de los derechos humanos, y poner en libertad a los que hay encarcelados en la actualidad. También debe revisar y reformar varios artículos del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos desempeñan una labor fundamental en todos los países al llamar la atención sobre violaciones de derechos humanos fundamentales y ayudar a las víctimas de tales abusos a obtener resarcimiento. Esta función está reconocida en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, según la cual los Estados tienen la obligación de garantizar protección específica a los defensores y defensoras de los derechos humanos en el desempeño de sus actividades pacíficas.
En China, las personas que defienden los derechos humanos siguen haciendo frente a obstáculos graves en sus intentos de llamar la atención sobre los abusos que se están cometiendo, algunos de los cuales están vinculados directamente con los Juegos Olímpicos y la ciudad que los albergará, Pekín. Las autoridades no han tomado medidas para reformar o abolir disposiciones del Código Penal –como "incitación a la subversión" o "filtración de secretos de Estado al extranjero"– que se utilizan frecuentemente para detener y encarcelar a defensores y defensoras de los derechos humanos, así como a otras personas, en violación de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Poner fin a la detención arbitraria, el acoso y la vigilancia de defensores y defensoras de los derechos humanos
"Defensor de los derechos humanos" es la expresión acuñada para referirse a personas que, de forma individual o junto con otras, actúan para promover o proteger los derechos humanos. Por encima de todo, los defensores y defensoras de los derechos humanos se identifican por lo que hacen para defender los derechos de otros, y no por la profesión o el título que posean.
En China, quienes tratan de informar sobre violaciones de derechos humanos desafiando políticas que se consideran políticamente delicadas, o intentan atraer a otros para defender su causa, se exponen gravemente a sufrir abusos. Varios activistas con base en Pekín han visto aumentar el acoso y la vigilancia a medida que se aproximan las Olimpiadas. Los abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos en otros lugares de China también parecen ir en aumento mientras la atención se concentra en los preparativos de las Olimpiadas en Pekín.
Se sigue acusando y encarcelando a muchos activistas como presos de conciencia tras juicios por motivos políticos, mientras que a otros se los recluye en su propio domicilio bajo custodia de la policía, que realiza labores intrusivas de vigilancia y monta guardia a la entrada de sus viviendas. Resulta especialmente preocupante que cada vez se apliquen más las diversas modalidades de "arresto domiciliario" o "vigilancia domiciliaria" a los activistas de derechos humanos. Si bien la Ley de Procedimiento Penal china cita la "vigilancia domiciliaria" entre una serie de medidas que pueden ser aplicadas por la policía a presuntos delincuentes, en la práctica casi nunca se muestra a los activistas una nota oficial con la explicación de los motivos de su detención, y a menudo el periodo de reclusión excede el límite máximo de seis meses que prescribe la ley.
La aplicación sistemática y reiterada de medidas de control, vigilancia y detención arbitraria por parte de la policía es cada vez más frecuente en China contra los activistas y sus familiares, especialmente durante actos públicos importantes. Así que es probable que las autoridades chinas empleen tales tácticas cuando se celebren las Olimpiadas en 2008. Si se recluye a activistas en comisarías o en sus domicilios, su detención sin cargos será implícitamente arbitraria y supondrá una violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Abogados de derechos humanos en peligro
El activista de derechos humanos y asesor legal ciego Chen Guangchengasistía a los habitantes de Linyi en una demanda contra las autoridades locales, responsables de una campaña de esterilizaciones y abortos forzosos para cumplir con el cupo de nacimientos. Tras varios meses en detención arbitraria, fue juzgado el 18 de agosto de 2006 por "dañar la propiedad pública y congregar a numerosas personas para obstaculizar el tráfico" y actualmente cumple una pena de cuatro años y tres meses de cárcel. Según informes, el 16 de junio de 2007 fue objeto de fuertes golpes y patadas por parte de compañeros reclusos por orden de los guardias penitenciarios al negarse a que le afeitaran la cabeza. Amnistía Internacional considera que Chen Guangcheng es un preso de conciencia al que han encarcelado por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos, y solicita su excarcelación inmediata e incondicional.
Chen Guangcheng entrevistando a habitantes de Linyi, provincia de Shandong.© Boxun
Desalojos forzosos
Las Olimpiadas son buenas para China; demuestran que tenemos habilidad, fuerza y riqueza para celebrar un acontecimiento internacional semejante. Pero no deben usarse como excusa para hacer daño a ciudadanos corrientes, para echar a las personas de sus casas.
Palabras de un residente de Pekín, cuyo nombre no se cita, en"Hutong gone – historic homes reduced to rubble to free up prime land", sitio web de The Straits Times, 12 de agosto de 2006.
No queremos Olimpiadas, queremos derechos humanos.
Carta abierta a las autoridades locales de ciudadanos que denunciaban no haber recibido una indemnización adecuada por sus tierras en la localidad de Fujin, provincia de Heilongjiang.
El desalojo forzoso se ha convertido en un problema de alcance nacional en China, pero también se relaciona estrechamente con los preparativos de los Juegos Olímpicos. En muchas zonas de Pekín existen disputas entre las familias y las autoridades chinas debido a la confiscación de terrenos y a la indemnización insuficiente que reciben por sus propiedades. Se ha detenido a algunos residentes por participar en manifestaciones de protesta por el trato recibido de funcionarios chinos.
El activista del derecho a la vivienda Ye Guozhusigue cumpliendo la pena de cuatro años de cárcel que le fue impuesta en relación con sus intentos de organizar una manifestación contra presuntos desalojos forzosos en Pekín en relación con los preparativos de los Juegos Olímpicos. Los informes recibidos indican que ha sido golpeado con porras eléctricas en prisión y sometido a "medidas disciplinarias" por tratar de recurrir contra su condena. Amnistía Internacional considera que Ye Guozhu es un preso de conciencia al que han detenido exclusivamente por sus actividades legítimas como defensor de los derechos humanos, y pide a las autoridades chinas que lo pongan en libertad de inmediato y sin condiciones.
El abogado defensor y activista de los derechos humanosGao Zhishengfue declarado culpable de "incitar a la subversión" en diciembre de 2006 en relación con sus actividades, incluida la de organizar una huelga de hambre en Pekín en febrero de ese año para llamar la atención sobre la difícil situación de otros activistas que habían sufrido violaciones de derechos humanos. Las autoridades ya habían suspendido las operaciones de su bufete y revocado su licencia para ejercer de abogado a finales de 2005, cuando publicó una carta abierta en la que solicitaba la libertad de culto y el fin de la persecución "salvaje" del movimiento espiritual Falun Gong. De forma inusitada, el tribunal dispuso que la condena de tres años de cárcel debía quedar suspendida por cinco años, lo que significaba que no sería encarcelado a menos que cometiera algún delito en ese periodo.
Oportunidad para el gobierno chino
Amnistía Internacional considera que la utilización que hace China en la actualidad de la detención arbitraria, la intimidación, el arresto domiciliario y el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos constituye una afrenta a los principios básicos de la Carta Olímpica relativos al "respeto por los principios éticos fundamentales universales" y el "mantenimiento de la dignidad humana". La continuación de la persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos ensombrecería gravemente el legado de las Olimpiadas para China.
En consonancia con las promesas en materia de derechos humanos formuladas con antelación a las Olimpiadas y con las intenciones declaradas de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Amnistía Internacional pide garantías a las autoridades chinas de que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo libremente sus actividades pacíficas de conformidad con la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
Antes de concluir 2008, tales garantías deberían suponer:
· que los defensores y defensoras de los derechos humanos no son sometidos a arresto domiciliario, pueden comunicarse con periodistas nacionales y extranjeros sin sufrir sanción o acoso y pueden poner de relieve asuntos de legítima preocupación sin sufrir sanción ni acoso en ningún momento;
· que se libera a los defensores y defensoras de los derechos humanos que permanecen actualmente bajo custodia como presos de conciencia.
HOJA INFORMATIVA
Desafío para China: libertad absoluta de información para los periodistas e Internet libre de censura
Según informes, el Comité Organizador de Pekín para los Juegos Olímpicos había concedido acreditación a 16.000 periodistas de radio y televisión y a 5.000 periodistas y fotógrafos de prensa a fecha de agosto de 2007. China se ha comprometido a permitir el pleno acceso de todos los periodistas acreditados, sin hacer distinciones entre los de dentro y fuera del país.
Según un informe de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) con fecha del 3 de abril de 2001, el gobierno chino prometió que no se impondría "ninguna restricción a la labor informativa de los medios de comunicación y a la circulación de periodistas con anterioridad ni durante los Juegos Olímpicos".
Cuando China presentó su candidatura para organizar los Juegos, Wang Wei, secretario general del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", manifestó en 2001, según el diario China Daily: "Daremos a los medios de comunicación libertad absoluta para informar cuando vengan a China [...] Estamos convencidos de que el hecho de que los Juegos se celebren en China no sólo promocionará nuestra economía, sino que pondrá de relieve todas las condiciones sociales, entre ellas la educación, la salud y los derechos humanos".
Con unos 30 periodistas y 50 usuarios de Internet –que se sepa– entre rejas, varias organizaciones que abogan por la libertad de información, ha calificado a China de "el mayor carcelero de periodistas del mundo". Según el Comité para la Protección de los Periodistas, con base en Estados Unidos, al menos 29 periodistas están en la cárcel como consecuencia directa de su trabajo, que tradicionalmente implica informar y hacer comentarios que se considera que promueven la democracia o ponen en una situación incómoda a dirigentes del Partido Comunista Chino.
La censura interna sigue en plena vigencia en todo el país y, según el Comité para la Protección de los Periodistas, todos los medios de comunicación se enfrentan a prohibiciones en la cobertura de noticias sobre conflictos bélicos por motivos étnicos, religiones no oficiales –especialmente Falun Gong– y maniobras internas del Partido Comunista Chino y el gobierno.
El 1 de enero de 2007 entró en vigor en China un nuevo reglamento temporal para periodistas extranjeros. El nuevo reglamento establece claramente que, "para entrevistar a organizaciones o particulares en China, los periodistas extranjeros sólo deben obtener el consentimiento previo de las personas entrevistadas". Sin embargo esta normativa expira en octubre de 2008, y no se sabe con seguridad si también es aplicable a las regiones autónomas de Tíbet y Sin-kiang. No se aplican a los periodistas nacionales.
En 2007, varios periodistas extranjeros denunciaron haber sufrido acoso, amenazas, detención y agresiones cuando intentaban trabajar en zonas de fuera de Pekín. Periodistas nacionales informan continuamente de actos de hostigamiento e intimidación, y se ha ordenado el cierre de varias publicaciones después de que éstas hayan informado sobre asuntos que se consideran políticamente delicados.
En 1994 China se unió a la red mundial, y en 1995 Internet empezó a estar comercialmente disponible en el país. Desde entonces se han introducido más de 60 normas y disposiciones que regulan el uso de Internet.
De acuerdo con el Centro de Información sobre Internet en China, a fecha de 30 de junio de 2007 había en el país 162 millones de usuarios de Internet.
El "Escudo Dorado" o "Gran Cortafuegos de China" es un proyecto de censura y vigilancia que permite al gobierno bloquear y filtrar contenidos de Internet y vigilar a los usuarios de Internet. Según parecen indicar investigaciones recientes, el sistema de censura puesto en marcha por el gobierno chino concluyó que el cortafuegos fallaba a menudo a la hora de bloquear y filtrar sistemáticamente los contenidos de Internet, pero la idea del cortafuego había hecho que se instalara la autocensura entre los usuarios en Internet.
Según cálculos de observadores, unos 30.000 agentes componen la fuerza policial especializada en Internet que, sirviéndose de tecnología suministrada por empresas occidentales, se dedica a hacer seguimientos de sitios web y correos electrónicos.
En marzo de 2002, las autoridades chinas introdujeron un compromiso voluntario, titulado "Compromiso Público de Autodisciplina del Sector de Internet en China", destinado a reforzar las normas existentes para regular el uso de Internet en el país. Según informes, más de 300 empresas usuarias de Intenet han suscrito el compromiso público, entre ellas el buscador Yahoo!, con sede en Estados Unidos.
En julio de 2006, las autoridades clausuraron un popular sitio web llamado "Century China", que albergaba ocho foros de intercambio intelectual en línea y había atraído a numerosos intelectuales chinos de renombre de dentro y fuera de China. Como respuesta, un grupo de 103 intelectuales, escritores y profesionales del derecho chinos publicaron una carta abierta a principios de agosto de 2006 en la que pedían el fin de la censura en Internet en China.
El 24 de enero de 2007, según informes, el presidente Hu Jintao ordenó a los funcionarios que regularan mejor Internet y "purificasen el entorno de la Red" para garantizar que la información en línea fuera "saludable" y "éticamente inspiradora". A raíz de esta orden se han censurado en mayor medida ciertos sitios web, blogs y artículos en línea.
Los resultados de las búsquedas se filtran y muchos sitios web son objeto de censura, incluidos aquellos que contienen palabras como "libertad", "derechos humanos", "Tíbet" y "Amnistía Internacional".
Se han realizado pruebas que demuestran que Microsoft prohíbe a los usuarios de espacios MSN en China utilizar determinados términos, como "derechos humanos", "Falun Gong" o "independencia del Tíbet" en su nombre de cuenta o título del blog.
Google anunció en enero de 2006 el lanzamiento de www.google.cn, buscador autocensurado, como alternativa a su buscador con base fuera de China, www.google.com.
Yahoo! ha facilitado a las autoridades chinas información privada y confidencial de usuarios, incluidos datos personales que han permitido declarar culpables a dos periodistas como mínimo; Amnistía Internacional los considera presos de conciencia.
Oportunidades en materia de derechos humanos
Libertad absoluta de información para los periodistas e Internet libre de censura
Un legado olímpico positivo sería la libertad absoluta de información para todos los periodistas, extranjeros o nacionales. Como primer paso, la libertad de expresión y la capacidad de informar deben respetarse y poder ejercerse sin miedo a sufrir hostigamiento, arresto domiciliario o cárcel.
Para las personas que utilizan Internet, un legado olímpico positivo sería el cumplimiento de la promesa de un verdadero intercambio sociocultural poniendo fin a la censura indebida en Internet. Como primer paso, China debe poner en libertad a todas las personas encarceladas por el uso legítimo de Internet.
Daremos a los medios de comunicación libertad absoluta para informar cuando vengan a China [...] Estamos convencidos de que el hecho de que los Juegos se celebren en China no sólo promocionará nuestra economía, sino que pondrá de relieve todas las condiciones sociales, entre ellas la educación, la salud y los derechos humanos.
Wang Wei, secretario general del Comité para la Candidatura de los Juegos Olímpicos "Pekín 2008", citado en el diario China Daily, 2001.
Según un informe de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI), con fecha de 3 de abril de 2001, el gobierno chino prometió que no se impondría "ninguna restricción a la labor informativa de los medios de comunicación y a la circulación de los periodistas con anterioridad ni durante los Juegos Olímpicos".
A pesar de que recientemente se ha observado cierta relajación de las normas para periodistas extranjeros, el compromiso de China con la libertad de los medios de comunicación sigue estando en entredicho puesto que continúan las medidas represivas contra periodistas, diarios y sitios web concretos.
China tiene la oportunidad de poner fin a la censura indebida de los medios de comunicación impresos, de radiotelevisión y de Internet en China, y también de adoptar medidas urgentes para impedir la detención arbitraria, el acoso y el despido injustificado de corresponsales y otros periodistas en contravención de su derecho a la libertad de expresión.
Cumplir la promesa de libertad absoluta de información
El 1 de enero de 2007 entró en vigor en China un nuevo reglamento provisional para periodistas extranjeros. Mientras que en el pasado éstos tenían que pedir autorización a las autoridades locales para realizar investigaciones y entrevistas fuera de Pekín, el nuevo reglamento establece claramente que "para entrevistar a organizaciones o particulares en China, los periodistas extranjeros sólo deben obtener el consentimiento previo de las personas entrevistadas". Amnistía Internacional acoge con satisfacción este reglamento en la medida en que facilita la cobertura informativa de los medios de comunicación extranjeros en China. No obstante, continúa la incertidumbre sobre si es aplicable a las regiones autónomas de Tíbet y Sin-kiang. No se aplica a los periodistas nacionales.
A pesar de haber prometido "libertad absoluta de información" durante las Olimpiadas, el gobierno está aplicando criterios diferentes a periodistas nacionales y extranjeros. Las audiencias chinas probablemente no tienen acceso a informes periodísticos extranjeros sobre asuntos delicados, especialmente tras la introducción de un reglamento en septiembre de 2006 que refuerza los controles oficiales sobre la distribución nacional de noticias desde agencias extranjeras dentro de China.
Libertad absoluta de información
Estudios de casos
Varios meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento para periodistas extranjeros, el corresponsal de la BBC Dan Griffiths viajó a Shengyou, a tres horas de viaje hacia el sur desde Pekín, para investigar informes sobre disturbios. En 2005, Shengyou fue escenario de una manifestación a raíz de disputas sobre la tierra en la que seis personas perdieron la vida y muchas resultaron heridas. Los medios de comunicación oficiales informaron de que los residentes se habían resistido a la confiscación de sus propiedades por parte de una compañía eléctrica que pretendía construir una central eléctrica. Dan Griffiths fue detenido e interrogado durante varias horas, y se le impidió entrar en Shengyou. En su lugar fue conducido al vecino Dingszhou, donde varios funcionarios volvieron a someterlo a interrogatorio. Cuando él les preguntó: "¿Así es como piensan tratar a los periodistas cuando China celebre las Olimpiadas?", un agente le respondió: "Entonces todo será diferente". "Venturing into unreported China", Dan Griffiths, 10 de septiembre de 2007, BBC News.
En marzo de 2007, dos periodistas de la BBC fueron detenidos, sometidos a registros corporales sin ropa y expulsados de Zhushan, provincia de Hunan, tras intentar investigar los informes sobre la muerte de un estudiante durante una protesta multitudinaria por el aumento de las tarifas del transporte público.
El 12 de septiembre de 2007, dos corresponsales de Agence France-Presse (AFP) permanecieron cinco horas detenidos cuando intentaban también entrar en Shengyou. Ambos fueron acusados de trabajar de manera clandestina y conminados a dar los nombres de sus contactos locales a las autoridades. Arrests and incidents involving foreign journalists show government is not keeping Olympic Games promises,14 de septiembre de 2007, Reporteros sin Fronteras.
A pesar de haber prometido "libertad absoluta de los medios de comunicación" durante las Olimpiadas, el gobierno está aplicando criterios diferentes a periodistas nacionales y extranjeros. Es muy probable que las audiencias chinas no tengan acceso a informes periodísticos extranjeros sobre asuntos delicados, especialmente tras la normativa promulgada en septiembre de 2006 que refuerza los controles oficiales sobre la distribución nacional de noticias desde agencias extranjeras dentro de China. Parece ser que, aunque los periodistas extranjeros puedan tener más libertad para informar sobre asuntos delicados, existe un riesgo elevado de que sus noticias sean censuradas por la agencia Xinhua, dirigida por el Estado, y no lleguen al público chino.
Los periodistas y medios de comunicación nacionales se enfrentan a restricciones más severas y ahora:
● deben obtener autorización para informar sobre acontecimientos históricos delicados;
● tienen prohibido difundir noticias sobre determinados asuntos, como la corrupción judicial y las campañas para proteger los derechos humanos;
● están sujetos a un sistema de penalización por puntos, según el cual los que pierdan todos los puntos a causa de "infracciones" serán clausurados o no podrán seguir ejerciendo. El sistema está destinado a crear un "entorno social pacífico" con vistas a los Juegos Olímpicos, según manifestó un ejecutivo de un medio de comunicación oficial en el South China Morning Post.
Además, los periodistas chinos están sometidos a un sistema de salarios por el que reciben una reducida base salarial a la que se añade una comisión o bonificación por cada artículo publicado. Sólo se publican los artículos que cuentan con el visto bueno de los censores. "Falling Short: China Falters on Press Freedom", Comité para la Protección de los Periodistas, 2007.
Estudios de casos
Huang Jinqiu, escritor y periodista, sigue cumpliendo una pena de 12 años de cárcel por "subversión" en la prisión de Pukou, cerca de la ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu, en relación con los ensayos políticos que había publicado en Internet, en los que había expresado su intención de establecer un Partido Patriótico por la Democracia de China.
Yang Tongyan, otro escritor independiente, fue condenado a 12 años de cárcel en mayo de 2006 por "subversión" debido a sus escritos en apoyo del cambio político y democrático en China.
El escritor y periodista Huang Jinqiu, detenido en 2003. ©: Centro PEN de China
Yang Tongyan (seudónimo: Yang Tianshui), escritor independiente. ©: Centro PEN de China
En enero de 2007, el reportero Lan Chengzhangfue golpeado hasta morir al intentar investigar las operaciones de una mina ilegal de carbón en la comarca de Hunyuan, provincia de Shanxi. Murió de una hemorragia cerebral tras ser presuntamente golpeado por unos matones contratados por el propietario de la mina. Las autoridades locales insinuaron al principio que no era un periodista acreditado y que era posible que hubiera intentado cobrar sobornos al propietario de la mina a cambio de no informar de los problemas de la explotación minera. Tales afirmaciones fueron rebatidas en algunos periódicos chinos pero, según informes, la policía local obstruyó las actividades de periodistas que se desplazaron a Hunyuan para investigar la muerte de Lan Chengzhang. Los informes recibidos indican que, a raíz de la intervención de altos cargos del gobierno central, entre ellos el presidente, Hu Jintao, las autoridades de Shanxi asignaron la investigación del caso a 70 agentes de policía.
Cierres y otras medidas represivas
En torno a las mismas fechas en quelas autoridades locales de la provincia de Shanxi abrieron una investigación criminal, un semanario de Pekín que informó del caso de Lan Chengzhang, Democracia y Tiempos Legales, fue obligado, según informes, a despedir simultáneamente a ocho miembros de su personal. Un periodista chino informó de que funcionarios chinos habían ordenado a sitios web no publicar en secciones destacadas ninguna información de Democracia y Tiempos Legales. El motivo de las medidas adoptadas contra este consolidado e influyente semanario jurídico no está claro, pero otros periodistas temen que guarde relación con el hecho de que informe de cuestiones delicadas, entre las que posiblemente figuren el caso de Lan Chengzhang y un asunto de presunta corrupción judicial en Shenyang, provincia de Liaoning, sobre el que ha informado recientemente.
El hostigamiento de los medios de comunicación aumentó con el cierre de varias publicaciones. El 4 de julio de 2007, las autoridades de Pekín clausuraron la publicación Informe de Desarrollo en China. De gran difusión entre grupos de la sociedad civil china y donantes internacionales, esta publicación independiente fundada en 1995 informaba de temas relacionados con el desarrollo y la sociedad civil en China. Su director y fundador, Nick Young, ciudadano británico, manifestó que había sido acusado de realizar "encuestas no autorizadas" infringiendo la Ley de Estadística de 1983.
Ese mismo mes las autoridades tomaron medidas para restringir la distribución de otra publicación de la sociedad civil, Minjian, revista en chino publicada cada tres meses por la Universidad de Zhongshan en la ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong.
El 17 de julio de 2007, el periódico oficial China Daily publicó información en la que se advertía que el número de organizaciones y personas extranjeras que realizaban "encuestas ilegales" en China iba en aumento, con lo que "se corre el riesgo de revelar secretos de Estado y se pone en peligro la seguridad nacional". La noticia hacía especial hincapié en el posible uso bélico de datos geográficos sobre China por otros países y no hacía referencia específica a las medidas contra Informe de Desarrollo en China, Minjian o publicaciones similares.
Internet libre de censura
En febrero de 2006, veteranos dirigentes del Partido Comunista Chino enviaron una declaración conjunta al presidente de China, Hu Jintao, y al primer ministro, Wen Jiabao, para denunciar el férreo control de la información en respuesta al cierre de la publicación Bing Dian(Punto de Congelación) por parte de las autoridades, así como al despido, la detención y el encarcelamiento de periodistas, directores de publicaciones y usuarios de Internet.
Desde que se introdujo Internet en China en 1994, el gobierno chino ha intentado controlar su contenido y censurar la información que considera delicada. Con más de 162 millones de usuarios de Internet, China maneja el sistema de filtros de Internet más completo y tecnológicamente avanzado del mundo. El "Escudo Dorado" o "Gran Cortafuegos de China" es un proyecto de censura y vigilancia que permite al gobierno bloquear y filtrar los contenidos de Internet. Hay miles de agentes de policía especializada en Internet que vigilan el ciberespacio de China, y entre los términos y expresiones que se consideran censurables en línea están "derechos humanos", "democracia" y "libertad". Continúan prohibidos numerosos sitios web de organizaciones no gubernamentales y grupos políticos extranjeros en China. Amnistía Internacional ha documentado en torno a 50 casos de usuarios de Internet chinos encarcelados en la actualidad por actos como firmar una petición, pedir el fin de la corrupción, difundir información relativa a la salud y planear la creación de grupos pro democracia.
Uno de ellos es Shi Tao,periodista que sigue cumpliendo una pena de 10 años de cárcel por enviar un correo electrónico en el que resumía un comunicado del Departamento Central de Propaganda sobre el modo en que los periodistas debían tratar el 15 aniversario de la represión del movimiento democrático de 1989. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia y ha pedido su excarcelación inmediata e incondicional. La organización ha expresado también su profunda inquietud por el papel que ha representado Yahoo! Ayudando a las autoridades a conseguir que se declare culpable a Shi Tao, y en general, por la participación de empresas internacionales de Internet en las medidas de censura aplicadas por el gobierno en China.
Shi Tao, periodista chino, cumple una pena de 10 años en China por enviar un mensaje por correo electrónico sobre un comunicado del Partido Comunista Chino. Envió el mensaje a Estados Unidos utilizando su cuenta de Yahoo. Las autoridades chinas lo acusaron de "suministrar ilegalmente secretos de Estado a entidades extranjeras". ©Centro Pen de China
En marzo de 2007, la Administración Estatal de Radio, Cine y Televisión ordenó, según informes, el cierre de www.ccztv.com, sitio web que retransmitía noticias por Internet. Según informes, la medida siguió a una campaña de represión contra ocho empresas de televisión por Internet en diciembre de 2006, en un intento de impedir las emisiones de noticias no autorizadas.
Ese mismo mes, el director de la Administración General de Prensa y Publicaciones, Long Xinmin, anunció que se habían elaborado nuevas normas para regular mejor las publicaciones en Internet. Señalando como principales retos la creación de blogs y el webcasting(emisión de contenidos multimedia) en particular, manifestó: "Debemos reconocer que, en una era en la que Internet avanza a un ritmo vertiginoso, las medidas y medios de control y vigilancia del gobierno se enfrentan a nuevos desafíos".
Una de las personas contra las que se han dirigido estas medidas ha sido, al parecer, el abogado pekinés Pu Zhiqiang, quien descubrió recientemente que tres de sus blogs han sido retirados del popular portal chino de Internet sohu.com. La única explicación que recibió fue un mensaje del administrador según el cual "era una orden de las autoridades superiores". Pu Zhiqiang utilizaba sus blogs para debatir cuestiones jurídicas y asuntos relacionados con la libertad de expresión.
El 6 de marzo de 2007, las autoridades anunciaron la prohibición de abrir más cibercafés durante el resto del año. Esta medida fue reforzada más adelante en el mismo mes cuando la agencia Xinhua informó de que las autoridades tomarían medidas enérgicas contra todo intento de vender nuevas licencias para la apertura de cibercafés. Tuo Zuhai, representante del Ministerio de Cultura, explicó que los casi 120.000 cibercafés de China ya satisfacían la demanda del mercado y que, de seguir aumentando, se generaría una "competencia negativa".
image caption: Celebraciones en Pekín a raíz del anuncio de que China albergará los Juegos Olímpicos de 2008 © Greg Baker/AP/PA Photos
Oportunidad para el gobierno chino
Amnistía Internacional considera que las medidas restrictivas y de acoso contra los medios de comunicación y de censura en Internet que se siguen aplicando en China contravienen los principios básicos de la Carta Olímpica relativos al "respeto por los principios éticos fundamentales universales" y el "mantenimiento de la dignidad humana". La continuación de estas restricciones, el hostigamiento y la censura ensombrecerían gravemente el legado de las Olimpiadas para China, especialmente si se tienen en cuenta los recientes intentos de las autoridades chinas de introducir reformas para periodistas extranjeros.
En consonancia con las promesas en materia de derechos humanos formuladas con antelación a las Olimpiadas, y de acuerdo con las intenciones declaradas de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Amnistía Internacional pide a las autoridades chinas que garanticen el fin de la censura indebida y adopten medidas urgentes para impedir la detención arbitraria, el acoso o el despido injustificado de corresponsales y otros periodistas en contravención de su derecho a la libertad de expresión.
Antes de concluir 2008, tales medidas deberían incluir:
· Garantías de que ninguna persona –incluidos defensores de los derechos humanos y periodistas– es detenida o juzgada por el uso legítimo de Internet, y la liberación de aquellas personas que han sido detenidas o encarceladas por ese motivo;
· Garantías de la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas o encarceladas por usar Internet, incluidos los activistas, periodistas y usuarios de Internet Shi Tao, Yang Tongyan y Huang Jinqui;
· Garantías de que los periodistas extranjeros gozan de mayor libertad de información y ésta se aplica por igual a los medios de comunicación nacionales.
ORGANIZACIONES ÚTILES
La versión en español de la Carta Olímpica, que recoge los Principios Fundamentales del Olimpismo, se encuentra en: http://www.coe.es/web/COEHOME.nsf/b8c1dabf8b650783c1256d560051ba4f/48781e452fd3070cc1256e23005a4454/$FILE/Charter_SPA_-_2004.pdf
Declaración Universal de Derechos Humanos: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
Amnistía Internacional: amnesty.org
República Popular de China: La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos: un año para cumplir las promesas en materia de derechos humanos(Índice AI: ASA 17/024/3007), 6 de agosto de 2007 http://web.amnesty.org/library/index/eslasa170242007
La cuenta atrás para los Juegos Olímpicos. La represión de activistas ensombrece las reformas sobre la pena de muerte y los medios de comunicación (Índice AI: ASA 17/015/2007), 30 de abril de 2007 http://web.amnesty.org/library/index/eslasa170152007
La cuenta atrás hacia las Olimpíadas: El incumplimiento de las promesas relativas a los derechos humanos(Índice AI:ASA 17/046/2006), 21 de septiembre de 2006
http://web.amnesty.org/library/index/eslasa170462006
Los Juegos Olímpicos: empieza la cuenta atrás ¿Tres años de reformas de derechos humanos? (Índice AI:ASA 17/021/2005), 5 de agosto de 2005 http://web.amnesty.org/library/index/eslASA170212005
Campaña de Amnistía Internacional contra la censura en Internet: irrepressible.info
Movimiento Olímpico
Comité Olímpico Internacional (COI): olympic.org
Sitio web oficial de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008: en.beijing2008.cn
t1 Sitio web oficial del Movimiento Olímpico: olympic.org/uk/index_uk.asp
Organizaciones que trabajan por la libertad de expresión y de información
Artículo 19: Campaña global para la libertad de expresión: article19.org
Comité para la Protección de los Periodistas: cpj.org
Centro PEN de China: penchinese.net/en/enindex.htm
PEN Internacional: internationalpen.org
Federación Internacional de Periodistas : ifj.org
Index on Censorship (Índice de la Censura): indexonline.org
OpenNet Initiative: opennet.net
Reporteros sin Fronteras: rsf.org
Proyecto sobre Medios de Comunicación de China (Universidad de Hong Kong): cmp.hku.hk
Organizaciones que trabajan sobre los derechos humanos en China
China Development Brief] Informe de Desarrollo en China: chinadevelopmentbrief.com
Defensores Chinos de los Derechos Humanos: crd-net.org
Boletín Laboral de China (ONG con base en Hong Kong): clb.org.hk
CSR Asia (Información y asesoramiento sobre responsabilidad social de las empresas): csr-asia.com
Derechos Humanos en China: hrichina.org
Campaña "Incorporar Responsabilidad: Pekín 2008" de Derechos Humanos en China: ir2008.org
Human Rights Watch en China: china.hrw.org/press
Campaña Internacional por Tíbet: savetibet.org
Institute of Contemporary Observation (Instituto de Observación Contemporánea): ico-china.org/guwm1/Einglish/Eksy.asp
Labour Action China (ONG con base en Hong Kong): lac.org.hk
Olympic Watch: olympicwatch.org
Campaña Play Fair 2008: playfair2008.org
The Dui Hua Foundation: duihua.org
Proyecto Uigur de Derechos Humanos: uhrp.org
Medios de comunicación chinos en lengua inglesa
Beijing Review: bjreview.com
Boxun News: boxun.com
China Daily: chinadaily.com.cn
Club de Corresponsales Extranjeros en China: fccchina.org
Sitio web oficial del diario People's Dailydedicado a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (Publicación del Partido Comunista Chino): english.peopledaily.com.cn
South China Morning Post(Hong Kong): scmp.com
Agencia de Noticias Nueva China (Xinhua, agencia oficial de noticias de Pekín 2008): xinhuanet.com/english
Servicio de Noticias de la Agencia Xinhua sobre los 29º Juegos Olímpicos, "Pekín 2008": chinaview.cn/08olympics/index.htm
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