Document - CHINE. Rétablissement de la révision par la Cour suprême des condamnations à mort : un pas vers l?abolition ?

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 17/035/2005 (Público)

Servicio de Noticias: 267

5 de octubre de 2005

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA170352005

República Popular de China: El restablecimiento de la revisión de las condenas a muerte por el Tribunal Supremo , ¿un paso hacia la abolición?

En vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará el 10 de octubre de 2005, Amnistía Internacional insta a China a que acelere las reformas encaminadas a reducir el uso de la pena capital con vistas a abolirla lo antes posible.

El 27 de septiembre de 2005, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Wan E’xiang, anunció la creación de tres salas para llevar a cabo revisiones de penas de muerte. Fuentes oficiales no identificadas afirmaron que esto reduciría en un 30 por ciento el número de ejecuciones. Los partidarios de la reforma legal en China han hecho afirmaciones similares, aunque admitiendo que, al no existir estadísticas nacionales completas sobre la pena capital –que continúa considerándose “secreto de Estado”– el porcentaje es una mera estimación.

Reconociendo claramente las injerencias políticas en los procedimientos de los juicios de las primeras instancias, Wan E’xiang afirmó que esta reforma “garantizará la verdadera neutralidad de los procedimientos de pena capital frente a los departamentos administrativos y evitará la intervención de otros poderes”.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción el restablecimiento de la revisión de las penas de muerte por el Tribunal Supremo y espera que la medida suponga realmente una reducción del número de condenas a muerte y aumente las salvaguardias contra los juicios injustos. Sin embargo, la organización señala que el hecho de garantizar que el Tribunal Supremo revisa los juicios de pena capital no significa necesariamente que dicho juicios vayan a ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos.

Por ejemplo, en diciembre de 2003, Liu Yong, adinerado empresario, fue ejecutado tras confirmar el Tribunal Supremo su condena por participar en actividades de bandas delictivas violentas y por corrupción, a pesar de la preocupación que suscitaba la posibilidad de que la policía lo hubiera torturado para que confesara. Considerando esta posibilidad, un tribunal inferior había conmutado la pena de muerte, pero el Tribunal Supremo falló después que no había motivo suficiente para librarlo de la ejecución. Liu Yong fue ejecutado mediante inyección letal en una cámara de ejecución móvil cerca del tribunal.

Amnistía Internacional subraya también que la reintroducción de la revisión por el Tribunal Supremo podría tener el efecto adverso de que el sistema de pena de muerte en se afianzara más China. Existe también el riesgo de que el reclutamiento de personal judicial de instancias inferiores prive a los tribunales locales de valiosos recursos, reduciendo así la calidad de las decisiones que se toman en estas instancias. Para que esta medida sea un verdadero paso hacia la abolición, debe ir acompañada de otras, como la total transparencia respecto al uso de la pena capital en todo el país y la reducción del número de delitos punibles con la muerte.

Las estadísticas a nivel nacional del número de personas condenadas a muerte y ejecutadas siguen considerándose “secreto de Estado”. En su informe de este año a la Comisión de Derechos Humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó: “Este hermetismo es incompatible con las normas de derechos humanos en muchos aspectos. Desvirtúa muchas de las salvaguardias que podrían servir para evitar errores o abusos y garantizar procedimientos justos y con garantías en todas las etapas”. El relator añadió que “el hermetismo impide todo debate público informado sobre la pena capital en la sociedad afectada”¹. Amnistía Internacional señala también que la transparencia es fundamental para poder evaluar si el nuevo proceso de revisión del Tribunal Supremo supone realmente una reducción del uso de la pena de muerte como se augura.

En la República Popular de China aún hay unos 68 delitos punibles con la muerte. Algunos son delitos no violentos, como el fraude fiscal, la malversación de propiedades del Estado y la aceptación de sobornos. Los juristas chinos que se oponen a la pena capital han recomendado reducir el ámbito de aplicación de este castigo, por ejemplo eliminando de él los delitos económicos, pero hasta ahora sus sugerencias no se han tenido en cuenta.

Varios errores judiciales destacados en los últimos meses en los medios de comunicación chinos han producido una considerable inquietud en la opinión pública sobre los juicios sin garantías en China. Entre estos errores judiciales está el caso de Nie Shubin, un jornalero ejecutado por asesinato y violación en 1995. En aquel momento hubo informes que indicaban que había confesado bajo tortura. En marzo de este año, según los informes, un detenido por otro caso se confesó voluntariamente autor de los crímenes, al parecer describiendo sus circunstancias con gran precisión.

Para salvaguardar el derecho a la vida, Amnistía Internacional insta a las autoridades chinas a que introduzcan una suspensión de las ejecuciones hasta la plena abolición de la pena de muerte en la ley. Ésta sería la mejor salvaguardia para no ejecutar a inocentes condenados tras juicios injustos.

China sigue siendo el país del mundo donde más se aplica la pena capital. Según cálculos de Amnistía Internacional, sólo en el último año fueron ejecutadas más de 3.000 personas y condenadas a muerte 6.000. Y se cree que las verdaderas cifras son mucho más altas. En marzo de 2004, un destacado miembro de la Asamblea Nacional Popular afirmó que China ejecuta a unas 10.000 personas al año.

Trasplantes de órganos

En los últimos años, una serie de informes han indicado que a las personas ejecutadas en China se les extraen habitualmente los órganos para venderlos para trasplantes. Recientemente, el periódico londinense The Guardian informó el 13 de septiembre de 2005 que una empresa china de cosméticos cuyo nombre no se mencionaba utilizaba la piel de los cadáveres de personas ejecutadas para fabricar productos de belleza que vendían en el extranjero. Amnistía Internacional no está en condiciones de confirmar esta información, pero continúa muy preocupada por los constantes informes sobre estas prácticas, algunos de los cuales sugieren que el 90 por ciento de los órganos trasplantados en China proceden de personas ejecutadas.

La obtención de órganos humanos basada en operaciones mercantiles y sin el consentimiento libre e informado es contraria a las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre obtención y trasplante de órganos humanos. La participación de cirujanos en estos procedimientos vulnera las directrices éticas de la Sociedad Internacional de Trasplantes y la Asociación Médica Mundial.

Desde hace tiempo Amnistía Internacional pide a China que prohíba estas prácticas. En junio de 2005, el ministro de Sanidad chino, Huang Jiefu, anunció que su país pensaba dictar una normativa que prohibiría el comercio de órganos humanos y reforzaría los principios de la donación voluntaria y el consentimiento libre e informado.

Hasta donde sabe Amnistía Internacional, esta normativa sigue debatiéndose y aún no ha sido adoptada oficialmente. Dado el carácter cruel, inhumano y degradante de la pena de muerte, la organización considera que serán pocas, si es que hay alguna, las circunstancias en las que un preso que se enfrenta a una ejecución inminente pueda dar “voluntariamente” su “consentimiento libre e informado” para que le extraigan sus órganos.