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Afganistán: El progreso olvida a las mujeres

28 de octubre de 2004

Índice AI: ASA 11/015/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA110152004

Uno de los principios establecidos en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU es el de que las mujeres deben participar en pie de igualdad con los hombres en la resolución de conflictos y en los procesos de paz. La resolución también pide que se ponga fin a los abusos basados en el género y a la impunidad de que disfrutan sus autores durante los conflictos y después de ellos. Se creía que las primeras elecciones que se celebraron en Afganistán, este mes, tras el conflicto que afectó al país iban a constituir un factor decisivo para resolver algunas de estas cuestiones. Nazia Hussein, investigadora de Amnistía Internacional (AI) sobre Afganistán, analiza la situación.

Las mujeres representan el 41 por ciento de los 10,5 millones de votantes registrados en Afganistán, país cuya población alcanza aproximadamente los 25 millones de habitantes. Sin embargo, en algunas provincias del sur, como Uruzgán y Zabul, se observó un índice muy reducido de inscripción de votantes mujeres: en Uruzgán, el 9 por ciento, y en Zabul, el 10 por ciento. La situación de seguridad en estos baluartes de la oposición al gobierno, dominados por los talibanes y Al Qaeda, determinó que los funcionarios gubernamentales encargados del registro electoral tuvieran escaso acceso a los posibles votantes en estas zonas remotas. Además, se han recibido informes según los cuales se produjeron inscripciones múltiples.

En estas zonas, según los informes de prensa, muchas mujeres no consiguieron depositar su voto porque sus familiares les impidieron acudir a los centros electorales. En octubre de 2004 todavía no se posee ningún informe fiable que indique el número real de mujeres –u hombres– que llegaron a las urnas. Masooda Jalal fue la única mujer que presentó su candidatura presidencial y, según los medios de comunicación, fue objeto de amenazas durante la campaña electoral.

Los equipos de inscripción de votantes de la ONU incluían mujeres, pero a pesar de ello la inscripción de mujeres en zonas remotas resultó difícil debido a los problemas de seguridad que amenazaban al personal electoral y a los ataques lanzados por los grupos antigubernamentales. Las mujeres fueron blanco de persecución: en junio de 2004, por ejemplo, tres funcionarias fueron asesinadas durante un atentado cometido contra un autobús que se trasladaba por la ciudad de Jalalabad para efectuar inscripciones; se recibieron denuncias sobre amenazas formuladas por los talibanes y los caudillos militares con el fin de disuadir a las mujeres de inscribirse en el registro electoral; y, según los informes, se cometieron homicidios selectivos de afganos poseedores de tarjetas de inscripción electoral.

Durante la visita que realizó a Afganistán en agosto y septiembre de 2004, AI observó que imperaba una total falta de seguridad. Fuera de sus hogares, las mujeres se sentían desprotegidas frente a la presencia de los caudillos militares, el porte de armas y la ausencia de respeto a la ley. La ONU no llegó a alcanzar completamente su objetivo de contratar a un número elevado de mujeres para trabajar en los centros electorales de diversas partes del país, lo cual, de haber ocurrido, habría alentado a más mujeres a acudir a los centros de votación. El hecho de que el personal de los centros fuera masculino puede haber disuadido a muchas mujeres de acudir a depositar su voto. Esto, sumado a la ausencia de supervisión y seguridad adecuadas, significa que es probable que muchas mujeres inscriptas en el registro electoral no hayan votado.

La nueva Constitución afgana garantiza la igualdad fundamental entre las mujeres y los hombres. Pero todavía no se ha aprobado la legislación necesaria para la aplicación de este principio y siguen faltando tanto la comprensión como el disfrute de los derechos que asisten a las mujeres y que la ley protege. Debido al estigma social que rodea a la víctima y a su familia, a la falta de eficacia de los mecanismos de investigación y al casi total incumplimiento por parte del Estado de su deber de hacer justicia, rara vez ocurre que las mujeres denuncien violaciones o abusos sexuales.

En Kabul hay cuatro refugios que proporcionan ayuda a las supervivientes de la violencia sexual, pero fuera de la capital este tipo de servicio es prácticamente inexistente. Las medidas encaminadas a proteger a las mujeres siguen siendo inadecuadas en el contexto de un sistema de administración de justicia débil e ineficaz. La mayoría de la población carece de confianza en la independencia del poder judicial, y esto ocurre especialmente con las mujeres, que han denunciado su victimización por el sistema de justicia a través de la aplicación de las normas del "derecho tradicional" que violan los derechos humanos de las mujeres.

Salvo en el caso de las autoridades de los tribunales de menores y de familia de Kabul, las mujeres siguen excluidas de los cargos principales de la judicatura. Cuando se les permite actuar como juezas, sus cargos no incluyen las mismas funciones que los de los jueces varones. Las juezas suelen actuar como auxiliares y rara vez participan en la arbitración de las causas. Fuera de Kabul hay escasas juezas.

Actualmente se está tratando de capacitar a los nuevos agentes de policía para que tomen conciencia de las cuestiones relativas al género, pero hasta el presente, en opinión de AI, estos esfuerzos han sido breves y superficiales. Asimismo, AI ha recibido testimonios sobre actos de soborno y corrupción en el seno de la policía y sobre casos en los que no se ha dado seguimiento a denuncias relacionadas con la violencia contra las mujeres. En cuanto a las mujeres privadas de libertad, prácticamente no existen salvaguardias para protegerlas.

Un elevado número de mujeres afganas siguen encarceladas por la comisión de delitos de zina, que incluyen el adulterio, la fuga del hogar o las relaciones sexuales extramatrimoniales. El principal factor que influye en el hecho de que las mujeres no denuncien formalmente haber sido víctimas de actos de violación es el temor de que, en lugar de ser tratadas como víctimas, se las procese por actividades sexuales ilícitas.

Durante su visita, AI observó que un elevado número de reclusas de las prisiones afganas están privadas de libertad por el delito de "fuga del hogar" y por adulterio, así como por mantener relaciones sexuales ilícitas. Observó también, entre los jueces y otros funcionarios del sistema de justicia, una falta general de conocimientos sobre la aplicación de las leyes de zina.

En muchos casos, los profesionales del derecho entrevistados por la delegación de AI carecían de experiencia jurídica básica. Además, en lo que respecta a numerosos delitos, los fallos se dejan a la discreción ilimitada de los jueces, quienes con frecuencia pronuncian sentencias arbitrarias que discriminan a las mujeres. La mayoría de las mujeres recluidas han sido acusadas de transgredir normas o costumbre sociales o han sido encarceladas por ello.

En Afganistán no se cuenta con mecanismos efectivos para la investigación de delitos cometidos contra las mujeres y no se han concebido ni aplicado medidas que aumenten la confianza de las mujeres a fin de alentarlas a denunciar los abusos que se les infligen. En consecuencia de ello, las mujeres no denuncian los delitos que se cometen en su contra porque temen que se las encarcele (especialmente en casos de violación) y que la policía las hostigue y las discrimine; que sus familiares reaccionen de una manera violenta; que la comunidad no les brinde apoyo; y que el Estado no les preste los servicios necesarios para las víctimas.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado, pero sigue considerándosela un asunto privado. En particular, en el caso de los delitos sexuales, las mujeres siguen siendo objeto de un estigma que las debilita. Las instituciones estatales continúan siendo débiles y el poder real en la comunidad lo ejercen los varones. Los procesos por delitos de violencia contra las mujeres son escasos, cuentan con limitados recursos para la investigación, y los fiscales, en su gran mayoría, se basan en imputaciones y no en pruebas. Además, la mayoría de las mujeres siguen desconociendo los derechos que las asisten y no reciben el apoyo de la comunidad para tratar de defenderse.

En el año 2004, el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer (UNIFEM) comenzó a coordinar un grupo de trabajo sobre la violencia contra las mujeres. Este grupo se creó a fin de facilitar y coordinar las actividades pertinentes con diversas organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y órganos de los gobiernos en relación con la violencia por motivos de género. El UNIFEM también proporciona asesoramiento al Ministerio de Asuntos de la Mujer de Afganistán, que está estudiando cuestiones relacionadas con la investigación jurídica, la educación jurídica y la defensa de las mujeres en materias que las conciernen. En el grupo de coordinación del UNIFEM también participan representantes de la sociedad civil afgana. Asimismo, actualmente hay jueces y fiscales del Ministerio de Justicia afgano que están recibiendo capacitación de la Organización Internacional del Derecho al Desarrollo, cuyo principal donante es el gobierno italiano.

No obstante, la Administración Transitoria del Afganistán sigue renegando de su deber de proteger a las mujeres y las niñas. No se ha hecho rendir cuentas de sus acciones a los grupos armados, que ejercen el poder en instituciones regionales y provinciales clave, lo que socava aún más la confianza de las mujeres en el sistema de administración de justicia. Rara vez se enjuicia a los responsables de actos de violencia contra las mujeres, y AI cuenta con indicios sólidos de casos en los que los jueces han formulado declaraciones discriminatorias contra las mujeres y las han humillado en el curso de actuaciones judiciales. Ha habido escasas presiones sobre la judicatura para que defienda los derechos de las mujeres, y en todo el país se siguen restringiendo gravemente las oportunidades y los derechos de las mujeres. ********