Document - ÉTATS-UNIS. Conclusions des observateurs d'Amnesty International au procès d'Ahmed Abu Ali

[Fecha de embargo: 14 de diciembre de 2005]Público

Amnistía Internacional

Estados Unidos de América

El juicio de Ahmed Abu Ali

Conclusiones de Amnistía Internacional tras la observación del juicio

Estados Unidos de América

El juicio de Ahmed Abu Ali

Conclusiones de Amnistía Internacional tras la observación del juicio

El 22 de noviembre de 2005, un jurado federal de Estados Unidos condenó al ciudadano estadounidense Ahmed Abu Ali por nueve cargos de conspiración para cometer actos de terrorismo, incluido el de planear con agentes de Al Qaedael asesinato del presidente Bush. El jurado de Alexandria, Virginia, rechazó la afirmación de Ahmed Abu Ali de que su confesión –que fue grabada en vídeo– había sido obtenida por medio de torturas en el Reino de Arabia Saudí. Ahmed Abu Ali alega que lo azotaron y golpearon y lo obligaron a "confesar" mientras estaba recluido en Arabia Saudí, al parecer con el conocimiento de funcionarios de Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha seguido de cerca el caso de Ahmed Abu Ali: su aprehensión y reclusión en Arabia Saudí en junio de 2003, las denuncias de tortura, la aparente complicidad de Estados Unidos en dicha tortura y su traslado a Estados Unidos, así como las condiciones de reclusión a que fue sometido en este país. Amnistía Internacional envió un equipo de observadores que asistieron a dos partes del proceso contra Ahmed Abu Ali. En este documento se exponen brevemente los antecedentes del caso, los motivos de preocupación de Amnistía Internacional con respecto a las denuncias de tortura y los resultados de la observación del juicio.

Ahmed Abu Ali es ciudadano estadounidense. Nació en Houston, Texas, y vivió toda su vida en Texas y en Virginia hasta 2002, año en que se trasladó a Arabia Saudí para estudiar en la Universidad Islámica de Medina. Tras los atentados con bombas que tuvieron lugar el 12 de mayo de 2003 en Riad, Arabia Saudí, las fuerzas de seguridad saudíes practicaron detenciones en masa, especialmente en las ciudades de Riad, La Meca y Medina. A Ahmed Abu Ali lo detuvieron agentes de Mabahith al-Amma(Investigaciones Generales), servicio de seguridad saudí bajo la autoridad del Ministerio del Interior.

Denuncias de tortura en Arabia Saudí

Según Ahmed Abu Ali, tras el cuarto o quinto interrogatorio llevado a cabo por el Mabahith al-Amma en un centro de detención de Medina, pidió por un abogado y le dieron puñetazos, puntapiés en el estómago, lo esposaron, lo pusieron en cuclillas y lo golpearon con un objeto duro más de 10 veces, tanto con la camisa puesta como sin ella. Ahmed también ha declarado que lo amenazaron con amputarle los miembros y con decapitarlo, y que lo azotaron, según cree, 20 veces o más, mientras estaba encadenado al suelo y agachado, con toda la espalda y el cuello expuestos.

Luego de tres días de interrogatorios en Medina fue trasladado a la prisión de al-Ha’ir, cercana a Riad, donde, según dijo, confesó por primera vez ser miembro de Al Qaeda. Allí lo interrogaron durante 47 días, periodo durante el cual estuvo detenido en régimen de incomunicación y aislamiento, sin revisión judicial. Pese a sus reiteradas solicitudes, Ahmed Abu Ali no recibió ninguna visita de representantes de la embajada de Estados Unidos hasta el 8 de julio (la entrevista se llevó a cabo en presencia de un miembro de las fuerzas de seguridad saudíes), y no se le permitió llamar por teléfono a su familia hasta el 31 de julio. Su confesión se grabó en vídeo el 24 de julio.

Las autoridades saudíes informaron a la Oficina Federal de Investigación (FBI) de la detención de Ahmed Abu Ali el 9 de junio y acordaron formularle preguntas enviadas por la FBI y otras agencias estadounidenses. Cuatro días después de su detención, miembros de estas agencias observaron un interrogatorio por detrás de un espejo falso.

La FBI tuvo su primer entrevista directa con Ahmed Abu Ali el 14 de septiembre de 2003 en Riad. Ahmed Abu Ali declaró que le había dicho a un agente de la FBI que quería consultar a un abogado y que había recibido malos tratos. El agente, según Ahmed Abu Ali, le respondió "Le preguntaré al general" y se retiró. La FBI dijo a Ahmed que "como estaba en custodia saudí, no tenía derecho a consultar a un abogado debido a que [las autoridades saudíes] no lo permiten". Ahmed afirma que tras esta entrevista le dieron puñetazos y puntapiés nuevamente, y que lo "esposaron a una cadena que colgaba del techo y lo mantuvieron de pie hasta la tarde". Unos funcionarios estadounidenses entrevistaron a Ahmed Abu Ali durante cuatro noches en septiembre de 2003. Un agente de la FBI declaró que ellos (el agente y Ahmed Abu Ali)

[...] habían examinado la posibilidad de que el Sr. Abu Ali fuera procesado en Arabia Saudí, o en Arabia Saudí y en Estados Unidos, o que lo declararan "combatiente enemigo", o que lo encarcelaran indefinidamente, quizá de por vida, sin juicio, en Estados Unidos.

Después de cada interrogatorio de la FBI, Ahmed quedaba "nuevamente en custodia" de las autoridades de Arabia Saudí. Uno de los agentes de la FBI, Barry Cole, declaró más tarde que "no tenía conocimiento concreto" de que se hubieran administrado torturas y palizas en las cárceles de Arabia Saudí, aunque cuando se le hicieron más preguntas admitió haber "oído que se maltrataba a los presos en las cárceles saudíes", y que "sabía de un artículo de un periódico en el que se citaba a un funcionario saudí que había declarado [que a Ahmed Abu Ali] lo habían maltratado".(1)

El 16 de diciembre de 2004, el juez John Bates, de la corte federal de primera instancia del Distrito de Columbia, señaló que existían "al menos indicios circunstanciales de que Abu Ali había sido torturado durante los interrogatorios, con conocimiento de Estados Unidos". El juez falló que, dado que Ahmed Abu Ali estaba de hecho recluido en Arabia Saudí a pedido de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses debían proporcionar a la corte pruebas de sus actividades en lo relativo a su aprehensión, reclusión e interrogatorio. En lugar de acatar este fallo y luego de más de un año y medio de mantener a Ahmed Abu Ali detenido sin cargos ni juicio en Arabia Saudí, el 21 de febrero de 2005 las autoridades saudíes devolvieron a Ahmed Abu Ali a Estados Unidos, donde fue acusado formalmente de delitos relacionados con el terrorismo.

El relato de Ahmed Abu Ali sobre la tortura a la que, según informes, fue sometido en Arabia Saudí, es coherente con las prácticas de tortura documentadas por Amnistía Internacional a lo largo de muchos años. Desde el comienzo Amnistía Internacional temía que lo sometieran a tortura y malos tratos durante su detención.

Amnistía Internacional se dirigió por escrito al entonces secretario de Estado Colin Powell el 29 de septiembre de 2003. En una respuesta recibida el 4 de febrero de 2004, Elizabeth A. Kirincich, directora de la Oficina de Gestión de Crisis y Servicios a los Ciudadanos Estadounidenses dijo a Amnistía Internacional que los funcionarios consulares no habían encontrado indicios de malos tratos. También afirmó que las autoridades de Estados Unidos "continuarían siguiendo de cerca el caso de Ahmed Abu Ali para asegurar que sus derechos legales según las leyes saudíes fueran respetados plenamente".

Los funcionarios saudíes han negado sistemáticamente todas las denuncias de tortura, aun aquellas incluidas en testimonios de funcionarios del gobierno estadounidense durante actuaciones judiciales en Estados Unidos.

Juicio en Estados Unidos

La fase sumarial de la causa de Ahmed Abu Ali comenzó el 11 de octubre de 2005. Fue acusado de varios delitos relacionados con el terrorismo, incluido el de proporcionar apoyo material y recursos a los terroristas, contribuir con servicios a Al Qaeday conspirar para asesinar al presidente de Estados Unidos de América. No fue acusado en relación a los atentados de Riad ni por ningún delito relacionado con Arabia Saudí. Sus abogados defensores trataron de que se hiciera caso omiso de la confesión grabada en vídeo debido a que había sido obtenida bajo tortura, y por lo tanto sería inadmisible en virtud de la legislación nacional y de las normas internacionales de derechos humanos.

La defensa también trató de lograr que se sobreseyera la causa, porque, según alegaba, su aprehensión y reclusión se habían llevado a cabo a instigación del gobierno de Estados Unidos, que había empleado al gobierno de Arabia Saudí como "socio, empresario asociado o sustituto", y porque el retraso de su procesamiento contravenía la Ley de Juicios Rápidos(2) y su derecho a un juicio rápido en virtud de la Constitución de Estados Unidos.(3)

Durante estas actuaciones preliminares Ahmed Abu Ali declaró que lo habían abofeteado, golpeado y azotado mientras estaba esposado y tenía los ojos vendados, que lo habían privado del sueño y de alimentos, y que en otra ocasión lo habían esposado y suspendido del techo. La corte recibió también testimonios de ex agentes de la FBI, personal consular de Estados Unidos, peritos, psiquiatras y otros. El 24 de octubre el juez Gerald Bruce Lee denegó todas las peticiones de la defensa, sobre la base de que el gobierno de Estados Unidos había demostrado "con la mayor probabilidad" que las declaraciones que Ahmed Abu Ali había hecho en Arabia Saudí habían sido "voluntarias" y debían ser consideradas por el jurado en la fase plenaria del juicio. El juez, sin embargo, no falló definitivamente sobre la credibilidad de las afirmaciones de Ahmed Abu Ali de que había sido torturado en Arabia Saudí.

El juicio contra Ahmed Abu Ali comenzó el 30 de octubre de 2005 y se centró sobre la cuestión de si su confesión había sido voluntaria o no y si sus afirmaciones de que había sido torturado eran o no verdaderas.

Principios pertinentes de los tratados y otras normas internacionales de derechos humanos(4) · La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes están prohibidos en cualquier circunstancia, sin excepción. · Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura o malos tratos podrá ser invocada como prueba contra la persona afectada o contra cualquier otra persona en ningún procedimiento. · Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal tiene, entre otros, los derechos siguientes: ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado para decidir sobre la legalidad de su detención; cuestionar la legalidad de la misma; tener acceso pronto a un abogado; y ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad. posible o ser puesto en libertad. · La defensa y la acusación deberán tener derecho a la "igualdad de armas", es decir, igualdad procesal ante el tribunal. Esto supone, entre otras cosas, que ambas partes puedan interrogar o hacer interrogar a los testigos, obtener la comparecencia e interrogación de los mismos, y presentar pruebas y examinar las pruebas presentadas, en igualdad de condiciones.

Los resultados de la observación de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional observó parte del juicio de Ahmed Abu Ali desde el 7 al 10 de noviembre de 2005. Sobre la base de esta observación, la organización considera que fue encaminado correctamente dentro de los parámetros establecidos por la corte. Sin embargo, Amnistía Internacional tiene motivos graves de preocupación con respecto a esos parámetros, que han puesto en tela de juicio la imparcialidad de las actuaciones.

A Amnistía Internacional le preocupa especialmente que, durante el juicio, no se permitiera a los abogados defensores de Ahmed Abu Ali presentar ninguna prueba relativa al historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos y de tortura, ni siquiera al respecto del historial del Mabahith al-Ammaen especial. El juez Lee decidió que sólo serían admisibles las pruebas que tuvieran relación directa con el interrogatorio a Ahmed Abu Ali, negando así a la defensa la posibilidad de presentar pruebas pertinentes, incluidos los testimonios de dos ciudadanos británicos que estuvieron recluidos en la prisión de al-Ha’ir al mismo tiempo que Ahmed Abu Ali y afirman que los torturaron para hacerles confesar delitos de terrorismo, y que, además, describieron a Amnistía Internacional el uso de la tortura y los métodos de tortura empleados durante su detención en Arabia Saudí, que habían sido similares a los denunciados por Ahmed Abu Ali.

A cinco ciudadanos británicos y a un ciudadano canadiense los condenaron en relación con una serie de atentados con bomba que se produjeron en Riad en noviembre de 2000, en los cuales un hombre murió y muchos otros resultaron heridos. Sus "confesiones", difundidas por la televisión de Arabia Saudí en febrero de 2001, antes del juicio, fueron, según informes, las principales pruebas sobre las que se basaron la declaración de culpabilidad y la determinación de la pena. William Sampson y Alexander Mitchell fueron condenados a muerte, mientras que Raf Schyvens fue condenado a prisión.

Las víctimas proporcionaron relatos detallados del trato que recibieron en las cárceles de Riad. Afirmaron que en reiteradas ocasiones durante el interrogatorio les infligieron diversas formas de tortura con el fin de obligarlos a confesarse culpables de las acusaciones que la policía había formulado contra ellos. Las torturas incluían golpes en todo el cuerpo y en las plantas de los pies, privación del sueño y permanecer engrillados y esposados durante largos periodos.

Los cinco ciudadanos británicos y el ciudadano canadiense, que quedaron en libertad en agosto de 2003 tras un indulto real, proporcionaron relatos detallados del trato que recibieron en las cárceles de Riad.

En su apartado sobre Arabia Saudí, el Informe Anual por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos 2004 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala:

A los funcionarios del Ministerio del Interior les cupo la responsabilidad de la mayor parte de los incidentes de malos tratos a los presos, que incluyeron golpes, azotes, y privación del sueño. Además, hubo denuncias de golpes con porras y de suspensión por medio de esposas y barras. Se afirmó que estas prácticas se usaban con el fin de obligar a los presos a confesar.

Dado que los propios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos coinciden con las denuncias específicas hechas por Ahmed Abu Ali, la decisión de excluir pruebas sobre la práctica de la tortura en Arabia Saudí, incluidos testimonios de sobrevivientes de tortura, es discutible, ya que el jurado tuvo que formarse una opinión sobre las alegaciones de tortura sin contar con información contextual preparada por especialistas.

Mientras que a la defensa se le impidió presentar declaraciones generales y pruebas al respecto de la tortura en Arabia Saudí, se permitió que se presentaran declaraciones generales de los funcionarios saudíes. El jurado escuchó, por ejemplo, testimonios de funcionarios saudíes, conocidos como el "general" y el "capitán", que afirmaron que el Mabahith al-Amma en particular y Arabia Saudí en general prohíben la tortura y no la practican.

La buena disposición del juez Lee con respecto a admitir estas declaraciones, mientras excluía pruebas relativas a las formas de tortura en Arabia Saudí –incluidos los propios informes del Departamento de Estado– enfrentó la palabra de Ahmed Abu Ali contra la de sus presuntos torturadores y la de agentes de la FBI, que según todos los informes habían trabajado junto con aquéllos, sin que pudiera examinar ninguna información contextual complementaria. Las declaraciones de los funcionarios saudíes se usaron como argumentos para socavar las declaraciones de Ahmed Abu Ali, y sin embargo, los abogados de la defensa no pudieron presentar ninguna prueba para refutar las afirmaciones de los funcionarios saudíes.

Durante una vista observada por un delegado de Amnistía Internacional, el juez Lee dijo, al explicar su decisión de no aceptar testimonios de los ciudadanos británicos mencionados más arriba, que de un caso específico de tortura, incluso probado, no debe inferirse que en otro caso específico haya habido tortura. Sin embargo, el juez Lee bloqueó en forma sistemática todos los intentos de la defensa de mostrar que la tortura en Arabia Saudí, especialmente en el caso de presuntos "terroristas", era la regla y no la excepción.

Amnistía Internacional no se encuentra en condiciones de poder determinar en forma concluyente si Ahmed Abu Ali fue torturado en Arabia Saudí –las opiniones de los médicos estaban divididas sobre el tema– o si confesó a causa de esa tortura. La organización tampoco toma postura alguna sobre su culpa o su inocencia ni sobre lo acertado de la sentencia de la corte. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que la disparidad de las pruebas admitidas con respecto a las prácticas de tortura en Arabia Saudí hace abrigar serias dudas sobre la capacidad del jurado para formarse una opinión bien informada sobre si a Ahmed Abu Ali lo torturaron para obtener su confesión.

La descripción que hizo Ahmed Abu Ali de su tortura en Arabia Saudí es congruente con los motivos de preocupación de larga data de Amnistía Internacional sobre el uso de la tortura. La organización ha venido documentando desde hace varios años la dependencia casi exclusiva en la tortura del sistema de justicia penal de Arabia Saudí para la obtención de confesiones.

Incluso los hechos admitidos por los funcionarios saudíes y por la fiscalía hacen sumamente sospechosa la confesión de Ahmed Abu Ali: lo secreto del proceso; su reclusión en régimen de incomunicación por cerca de 50 días, sin acceso a asesoría letrada ni a un tribunal, sin poder recibir visitas de su familia y sometido a prolongados interrogatorios que se desarrollaban durante la noche.

Una afirmación que figura en el memorándum de opinión del juez Lee también demuestra su evaluación demasiado simplista del historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos, y su voluntad de aceptar testimonios generales de una de las partes a la vez que de negar a la otra parte la presentación de testimonios sobre el mismo tema:

El teniente coronel-alcaide del local de Medina donde detuvieron a Ahmed Abu Ali negó terminantemente que el Sr. Abu Ali hubiera sido torturado, golpeado, privado del sueño o interrogado en Medina. El teniente coronel manifestó que la política del gobierno es contraria a la tortura y al apremio físico de los presos o sospechosos, y que esta política se hace cumplir [...] El testimonio del teniente coronel resistió durante las repreguntas, y la corte no encuentra razón para desacreditarlo.

De hecho, durante el juicio, cualquier prueba que pudiera haberse presentado "para desacreditar su testimonio" u otras declaraciones generales similares, fue excluida de las actuaciones.

Conclusión

Amnistía Internacional ve con suma preocupación que el juicio de Ahmed Abu Ali pueda sentar un precedente en las cortes de Estados Unidos en materia de prestar apoyo incondicional a las declaraciones de un gobierno extranjero con respecto a su historial en materia de derechos humanos, como un medio de hacer admisibles las pruebas, incluidas las declaraciones obtenidas mediante tortura y malos tratos. En este caso, las declaraciones de los funcionarios de Arabia Saudí, un Estado con un claro historial de tortura y malos tratos generalizados, negando rotundamente la existencia de dichas prácticas, parecen haber sido tomadas a la ligera, sin permitir ningún intento serio de cuestionamiento de las afirmaciones proferidas.

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(1) USA v Abu Ali, Cr. No. 05-53. Transcript of detention hearing before Liam O’Grady, Magistrate Judge, US District Court, Eastern District of Virginia, Alexandria Division, 1 de marzo de 2005.

(2) La Ley de Juicios Rápidos de 1974, recogida en 18 U.S.C. §§ 3161-3174 (Código Penal Federal de Estados Unidos), establece, entre otras disposiciones, plazos dentro de los que se deben cumplir las diversas etapas de los procesos penales federales en Estados Unidos.

(3) La Sexta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos establece que: "En todos los procedimientos penales el acusado gozará del derecho de tener un juicio rápido y público, delante de un jurado imparcial del estado y distrito donde el delito se hubiere cometido y cuyo distrito hubiese sido previamente determinado según la ley, y de ser informado de la naturaleza y causa de las acusaciones; de ser confrontado por los testigos en su contra; de usar el procedimiento conminatorio para obtener la comparecencia de los testigos en su favor, y de tener la asistencia de abogado en su defensa".

(4) Tomado de diversas normas internacionales, incluidos la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 2 y 15; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9 y 14; y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, Principio 17.1.