Document - ÉTATS-UNIS (GÉORGIE): PEINE DE MORT / PRÉOCCUPATIONS D'ORDRE JURIDIQUE, Terry Mincey

PÚBLICO

Índice AI: AMR 51/150/2001/s

EXTRA 70/01

Pena de muerte y preocupación jurídica

16 de octubre de 2001

EE. UU. (Georgia)

Terry Mincey, blanco, de 40 años de edad

Está previsto que Terry Mincey sea ejecutado en Georgia el 25 de octubre. Ha pasado más de 19 años (casi la mitad de su vida) en el «corredor de la muerte». Fue condenado a muerte por el asesinato de Paulette Riggs en 1982.

Paulette Riggs murió por heridas de arma de fuego el 12 de abril de 1982, durante un robo en la tienda de Macon donde trabajaba. También resultó herido un hombre, Russell Peterman, que sobrevivió pero perdió un ojo. Terry Mincey fue condenado a muerte en agosto de 1982.

Dos años antes, Terry Mincey había tenido un accidente de moto casi mortal. En el juicio, aunque algunos de sus familiares declararon que había sufrido un drástico cambio de personalidad tras el accidente, con bruscos cambios de humor y problemas de memoria, la defensa no presentó a ningún experto en salud mental que testificara sobre la lesión sufrida en la cabeza y sus posibles efectos. Así, el jurado no escuchó el tipo de opinión experta que se proporcionó en una declaración jurada realizada en 1993 por un psicólogo que afirmaba que la lesión podía haber afectado a la capacidad de razonamiento de Mincey y a su control sobre los impulsos: «La lesión sufrida por Mincey en la cabeza fue un factor muy importante en este caso, un factor que, si se toma en consideración, establece que los actos del señor Mincey la noche del delito fueron los actos irracionales e impulsivos de un individuo con un cerebro dañado, no los actos de un asesino frío, calculador y premeditado».

Ocho años después del juicio, los abogados encargados de la apelación de Terry Mincey descubrieron unas notas tomadas por el fiscal durante una reunión mantenida antes del juicio con el psiquiatra del estado, que era miembro de la junta forense del estado que había examinado a Mincey en mayo de 1982. Las notas del fiscal incluían lo siguiente sobre Terry Mincey: «Lesión cerebral en accidente automovilístico. Reflejos más activos en un lado. Esto indica un diferencial de la potencia motora. Es posible que ahora pueda ser más susceptible al comportamiento irracional». Las notas también indicaban que Mincey tenía un historial de consumo de drogas y que, en el momento del delito, estaba bajo la influencia del LSD u otras drogas.

En la causa Brady contra Maryland (1963), la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que «la supresión por parte de la fiscalía de pruebas favorables a un acusado [...] viola el proceso debido, ya sea dicha prueba aplicable a la hora de determinar la culpa o la pena, e independientemente de la buena o la mala fe de la fiscalía». Sin embargo, los tribunales de apelación han desestimado la alegación de Mincey de que las pruebas retenidas constituyen una violación inconstitucional como la de la causa Brady, argumentando que esa alegación debería haberse presentado antes y que, incluso aunque esas notas hubieran estado en poder de la defensa en el momento del juicio, no habrían dado lugar a un resultado diferente.

Al pedir la pena de muerte en el juicio de 1982, la fiscalía alegó que, si se le permitía vivir, Mincey constituiría una amenaza futura de violencia, ya fuera en prisión o fuera de ella. Según los informes, en sus casi dos décadas en el «corredor de la muerte», Terry Mincey ha tenido una sola mención disciplinaria, por una infracción menor y no violenta de las normas de la prisión. Durante estos años ha seguido estudiando: por ejemplo, ha aprendido japonés. Un periodista que informó sobre el juicio original para un periódico local entabló posteriormente amistad con Terry Mincey, y recientemente ha escrito sobre él: «tanto sus actos como sus palabras demuestran su remordimiento por el crimen que cometió y por la destrucción que ha causado [...] Ha pasado casi veinte años reflexionando sobre su vida y sus actos, y me parece que ha madurado y ha cambiado. Terry no es el joven temerario y caótico de abril de 1982 [...]».

INFORMACIÓN GENERAL

Desde que Estados Unidos reanudó las ejecuciones en 1977 han sido ejecutados 734 presos, 51 de ellos este año. En Georgia se ha ejecutado a 23 personas, la última de ellas el 9 de junio de 1998. Se supone que en Estados Unidos la pena de muerte se reserva para lo «peor de lo peor», pero la decisión de quién vive y quién muere se ve influida por numerosos factores ajenos a la atrocidad del delito, como la calidad de la asistencia letrada o las decisiones y la conducta de los fiscales. En los dos últimos años se ha observado una creciente preocupación nacional por la imparcialidad y la fiabilidad del sistema de aplicación de la pena capital, a medida que han seguido aumentando las pruebas de su arbitrariedad y su carácter discriminatorio y proclive a los errores.

En meses recientes, las ejecuciones en Georgia se han suspendido mientras la Corte Suprema del estado deliberaba sobre la constitucionalidad de la silla eléctrica como método de ejecución. El 5 de octubre, la Corte resolvió por cuatro votos contra tres que la ejecución por electrocución viola la prohibición constitucional de las penas crueles e insólitas. Esa resolución significa que ahora el método de ejecución utilizado en Georgia es la inyección letal. Actualmente se ha impugnado el uso de la inyección letal por parte del estado.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución elegido para terminar con la vida del condenado. Cada condena de muerte constituye una afrenta a la dignidad humana; cada ejecución es un síntoma de la cultura de la violencia, no una solución a ella. La pena de muerte niega la posibilidad de cambio del ser humano, y no aporta una contribución constructiva a los esfuerzos de la sociedad por hacer frente a la delincuencia violenta o ayudar a sus víctimas. Hoy día, unos 109 países son abolicionistas en la ley o en la práctica.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:

- manifestando simpatía por los familiares y amigos de Paulette Riggs y reconociendo la gravedad del delito y el sufrimiento que ha causado;

- expresando preocupación porque el jurado no escuchó el testimonio de ningún experto sobre la gravedad y los efectos de la lesión sufrida por Terry Mincey en la cabeza, y expresando preocupación porque los fiscales retuvieron pruebas psiquiátricas de que la lesión cerebral hacía que Mincey fuera susceptible de mostrar una conducta irracional;

- subrayando el comportamiento ejemplar de Terry Mincey durante los casi 20 años que ha pasado en el «corredor de la muerte», comportamiento que se opone totalmente a las predicciones del fiscal;

- haciendo hincapié en la creciente preocupación nacional por la imparcialidad y la fiabilidad del sistema de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, y subrayando que Estados Unidos está totalmente desfasado respecto a las aspiraciones internacionales y las tendencias mundiales sobre esta cuestión;

- pidiendo que se conmute la condena de muerte de Terry Mincey en aras de la justicia, la decencia y la reputación tanto de Georgia como de Estados Unidos.

LLAMAMIENTOS A:

Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia

The State Board of Pardons and Paroles

Floyd Veterans Memorial Building

Balcony Level, East Tower

2 Martin Luther King, Jr. Drive, S.E.

Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.

Fax: +1 404 651 8502

Correo-e.: a través del sitio web de la Junta: www.pap.state.ga.us

Tratamiento: Dear Board Members / Señores Miembros de la Junta

COPIA A: los representantes diplomáticos de Estados Unidos acreditados en su país.

Si es posible, envíen también copia de sus llamamientos a:

Amy Donnella

c/o Georgia Resource Center

303 Elizabeth Street

Atlanta, GA 30307, EE. UU.

Fax: +1 404 222 9212

Correo-e.: georgiaresource@mindspring.com (a la atención de Amy Donnella)

También pueden escribir cartas breves (de no más de 250 palabras) a:

Letters to the Editor, The Atlanta Journal-Constitution, PO Box 4689, Atlanta, GA 30302, EE. UU. Fax: +1 404 526 5611. Correo-e.: a través del sitio web: www.accessatlanta.com/partners/ajc.letters

Letters, The Macon Telegraph, P.O. Box 4167, Macon, GA 31208-4167, EE. UU. Correo-e.: letters@macontel.com. (No incluyan archivos adjuntos). Fax: +1 478-744-4663.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.