Document - ÉTATS-UNIS. Amnesty International demande la constitution d?une commission d?enquête chargée de faire toute la lumière sur les mises en détention opérées dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme»

Amnistía Internacional


Información para los medios de comunicación


Índice AI: AMR 51/087/2004 (Público)

Servicio de Noticias 127/2004

19 de mayo de 2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510872004


ESTADOS UNIDOS: Amnistía Internacional pide que se establezca una comisión de investigación para examinar las detenciones de la “guerra contra el terror”



Amnistía Internacional hace un llamamiento para que el Congreso de Estados Unidos establezca una comisión imparcial e independiente que se ocupe de investigar exhaustivamente las detenciones practicadas en todo el mundo en el marco de la “guerra contra el terror” de Estados Unidos. Formada por expertos de confianza e independientes del gobierno, dicha comisión ha de tener amplios poderes para examinar las políticas y prácticas de detención del gobierno y garantizar que se rinden cuentas en los niveles más altos.


La investigación tiene que contar con la cooperación plena del gobierno. Debe llevarse a cabo con el fin de garantizar que de ahora en adelante Estados Unidos adopta políticas totalmente compatibles con sus obligaciones internacionales e identificar a todo funcionario que pueda haber autorizado, aprobado o cometido crímenes de guerra u otros abusos contra los derechos humanos en Irak, Afganistán, Guantánamo o cualquier otro lugar.


La evidencia de los crímenes de guerra cometidos en la prisión de Abu Ghraib de Irak ha aparecido tras persistentes denuncias de trato cruel, inhumano o degradante infligido a detenidos durante los últimos dos años y medio de “guerra contra el terror”. Estados Unidos continúa violando diariamente el derecho y las normas internacionales con su política sobre detención, al privar a los detenidos de la protección de la ley recluyéndolos en lugares como Guantánamo, Afganistán y sitios secretos. El presunto traslado de detenidos expuestos a sufrir torturas en terceros países también ha sido motivo de honda preocupación durante este periodo.


Desde el comienzo de la “guerra contra el terror”, el gobierno estadounidense ha dado pábulo a un clima propicio para las torturas y la crueldad. Un planteamiento despreciativo del derecho y las normas internacionales, el uso de la detención en régimen de incomunicación y en secreto y la reiterada deshumanización de todos los detenidos, tachándolos de “asesinos” “terroristas”, han creado unas condiciones favorables a la tortura y a otros delitos tipificados en el derecho internacional.


Ni siquiera el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha tenido pleno acceso a todos los detenidos. La investigación militar sobre Abu Ghraib realizada por el general Antonio Taguba expuso la situación de los “detenidos fantasmas”, trasladados de un lado a otro de la prisión para ocultárselos al CICR. En el propio informe sobre detenciones de la Coalición en Irak publicado por el CICR en febrero se establece que las personas privadas de su libertad estaban expuestas a ser sometidas a un proceso de coacción física y psicológica, equivalente en algunos casos a tortura. Asimismo, se indica que el hecho de no comunicar a los familiares de los detenidos el paradero de éstos daba como resultado su “desaparición” de facto durante semanas o incluso meses. En el informe del CICR se afirma también que se infligían sistemáticamente matos tratos a los detenidos considerados de “gran valor” para los servicios de información y que la reclusión de tales detenidos en régimen de incomunicación y en pequeñas celdas sin luz solar constituía una violación de los Convenios de Ginebra.


El comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak ha prohibido ahora a los interrogadores el uso de algunas técnicas de “estrés y padecimiento” entre las que, según informes, figuraban prácticas como la privación del sueño, la manipulación alimentaria, la posturas estresantes y el uso de perros, todo lo cual había sido aprobado por el Pentágono, según afirmó el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el 12 de mayo en una sesión del Senado. Aunque algunas de estas técnicas violan la prohibición internacional de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, no se ha proscrito su uso en los interrogatorios en Afganistán, en Guantánamo o en lugares secretos.


En una carta abierta al presidente Bush del 7 de mayo de 2004, Amnistía Internacional citó el caso de un ciudadano yemení que, según contó a la organización en abril, había sido sometido por agentes de Estados Unidos a tratos crueles o degradantes, como impedirle dormir y fotografiarlo desnudo, en un centro secreto de detención de Kabul. En otra entrevista reciente, un agente de policía afgano dijo que le habían dado patadas y golpes, impedido dormir y sometido a abusos sexuales durante un periodo de más de un mes que estuvo bajo custodia estadounidense en Afganistán en 2003. El agente dijo también que le habían hecho numerosas fotografías, a menudo desnudo.


La semana pasada, el New York Times publicó datos que revelaban que se habían aplicado torturas, como sumergirlos en agua, a detenidos de “gran valor” en lugares secretos. En su último número, la revista New Yorker informa de que el secretario de Defensa aprobó que se hiciera extensiva a los presos encarcelados en Irak por la insurgencia surgida allí una operación secreta –un “programa de acceso especial”— iniciada originalmente con tales detenidos. Las tácticas secretas, se dice, permitían las humillaciones sexuales y la coacción física. El Departamento de Defensa ha emitido un desmentido general de la exhaustiva información del New Yorker, a la que califica de “descabellada, conspirativa y llena de errores y conjeturas anónimas”, pero no ha dado una respuesta detallada a las denuncias formuladas.


Existen cada vez más datos que revelan que los abusos contra personas bajo custodia estadounidense han sido generalizados y debidos a políticas estadounidenses, así como a un fallo de liderazgo. Sin embargo, el gobierno continúa afirmando que sólo unos cuantos soldados son responsables. El propio presidente Bush, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está fomentando esta explicación. La forma más apropiada de llegar al fondo de este asunto y responder a la preocupación internacional es establecer una comisión de expertos, independiente del gobierno. Para garantizar su eficacia y la apariencia de imparcialidad a los ojos del mundo, la comisión debe contar con el asesoramiento de expertos internacionales, como el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura.


El procesamiento de los “pocos” presuntos autores descubiertos en las escenas grabadas en la prisión de Abu Ghraib no es suficiente. Es esencial que se rindan plenamente cuentas en todos los niveles de la cadena de mando, incluidos los oficiales de las Fuerzas Armadas, el personal de la Agencia Central de Inteligencia y los contratistas privados, sin utilizar como chivos expiatorios a oficiales reservistas y soldados rasos.


La comisión de investigación no debe sustituir a la obligación de llevar ante la justicia a todo el que haya cometido violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. En todos los países Amnistía Internacional adopta por principio la postura de que la mejor forma de hacer justicia consiste en iniciar enjuiciamientos por los crímenes de guerra y demás violaciones graves del derecho internacional cometidas, incluidas las torturas, ante tribunales civiles independientes e imparciales. No obstante, todos los juicios, sean militares o civiles, han de cumplir estrictamente las normas internacionales sobre justicia procesal.


El problema no comienza ni acaba en Abu Ghraib. El respeto de la ley y la promoción de la seguridad y los derechos humanos hacen necesario que todas las políticas y prácticas estadounidenses de detención sean totalmente claras.




Documento Público

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