Document - USA: Further information: Supreme Court is last hope to stop execution: Warren Hill

URGENT ACTION

Más información sobre AU: 197/2012 Índice AMR 51/046/2013 Estados Unidos Fecha: 8 de julio de 2013

ACCIÓN URGENTE

la corte Suprema es la última esperanza para detener la ejecución

Warren Hill será ejecutado en Georgia (EE. UU.) el 15 de julio. Los siete peritos que le han evaluado afirman ahora que tiene una "discapacidad intelectual", lo que haría que su ejecución fuera inconstitucional. Sus abogados han solicitado la intervención de la Corte Suprema.

En 2002, un juez estatal de primera instancia concluyó que Warren Hill ─que había sido condenado a muerte en 1991 por el asesinato en 1990 de Joseph Handspike, otro recluso─ tenía un “funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media” pero que no había demostrado, más allá de una duda razonable, su “déficit de adaptación” La cámara de representantes de Georgia había aprobado en 1988 una ley que prohibía la imposición de la pena de muerte a personas de las que se concluyera, “más allá de una duda razonable”, que sufren discapacidad intelectual. La ley definía esta discapacidad como un “funcionamiento intelectual general significativamente inferior a la media” que dé lugar a “trastornos del comportamiento adaptativo”.

En 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Atkins v. Virginia, resolvió que la ejecución de personas con discapacidad intelectual violaba la Constitución de Estados Unidos. Los abogados de Warren Hill presentaron un recurso basado en la resolución del caso Atkins. En esta ocasión, el juez de primera instancia resolvió que la norma que regulaba la carga de la prueba era “una mayor probabilidad” y que, en aplicación de esta norma inferior, la deficiencia de Warren Hill sí equivalía a discapacidad intelectual. Sin embargo, las autoridades estatales apelaron ante la Corte Suprema de Georgia, que en 2003 había resuelto por cuatro votos contra tres que en este contexto era aceptable la norma de “más allá de una duda razonable”. El estado acudió a los tribunales federales, y en 2011, el pleno de la Corte del Undécimo Circuito resolvió, por siete votos contra cuatro, que, aunque Georgia, en su decisión, había “alterado el equilibrio de una forma en cierto modo inadecuada”, la ley federal impedía que un tribunal federal actuara incluso aunque considerara que la decisión de una Corte Suprema estatal para aplicar esa ley era “incorrecta o desacertada”.

En febrero de 2013, cuando los siete peritos que intervinieron en el caso coincidían en que Warren Hill tenía una discapacidad intelectual (véase infra), la Corte del Undécimo Circuito paralizó la ejecución. Sin embargo, el 22 de abril la corte, integrada por tres jueces, rechazó su nueva petición basándose en las normas restrictivas que la Ley contra el Terrorismo y por una Pena de Muerte Eficaz (AEDPA) de 1996 impone a las peticiones consecutivas. Una de los jueces emitió una opinión discrepante, alegando que “no cabe aplicar una ley del Congreso para denegar el derecho constitucional de Hill a no ser ejecutado.” La jueza escribió: “El estado de Georgia ejecutará a un hombre con discapacidad intelectual cuando lleve a cabo la ejecución de Warren Lee Hill. No hay duda de que Georgia ejecutará a un hombre con discapacidad intelectual porque los siete expertos en salud que han evaluado a Hill, tanto a petición del estado como a petición del propio Hill, coinciden unánimemente en que éste tiene una discapacidad intelectual”.

Los abogados de Warren Hill han pedido a la Corte Suprema estadounidense que detenga la ejecución. La Corte Suprema confirmó la constitucionalidad de la AEDPA en 1996, concluyendo que no revocaba la facultad de la Corte de tramitar "peticiones de hábeas corpus originales" (en circunstancias excepcionales para asumir un caso presentado directamente ante ella y no como apelación de un tribunal inferior). Varios profesores de Derecho de Estados Unidos han presentado un escrito afirmando que este es un caso en el que la Corte debe adoptar esta decisión poco habitual.

Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:

Señalando que los siete peritos que han evaluado a Warren Hill coinciden ahora en que tiene una discapacidad intelectual, por lo que su ejecución sería inconstitucional;

Pidiendo al fiscal general que reconozca este hecho y respalde la petición de intervención presentada ante la Corte Suprema.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE JULIO DE 2013 A:

The Honorable Sam Olens, Attorney General of Georgia

40 Capitol Square, SW, Atlanta, GA 30334, USA

Fax: +1 404 657 8733

Correo-e.: AGOlens@law.ga.gov

Tratamiento: Dear Attorney General / Señor Fiscal General

Y copias a: Governor Nathan Deal,

Georgia State Capitol, Atlanta, GA 30334, USA

Fax: +1 404 657 7332

Correo-e.: http://gov.georgia.gov/webform/contact-governor-international-form

Envíen también copias a la representación diplomática de EE. UU. acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax Correo electrónico Correo-e Tratamiento TratamientoConsulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la tercera actualización de la AU 197/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/058/2012/es

ACCIÓN URGENTE

la corte Suprema es la última esperanza para detener la ejecución

Información complementaria

Al promulgar la AEDPA, el 24 de abril de 1996, el presidente Bill Clinton declaró: “Durante demasiado tiempo y en demasiados casos, las interminables apelaciones de condenados a muerte se han interpuesto en el camino de la justicia. A partir de ahora, los delincuentes condenados a muerte por sus atroces crímenes ya no podrán usar interminables apelaciones para aplazar sus penas.” La Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado que, en aplicación de la AEDPA, las cortes federales deben aplicar “un criterio sumamente respetuoso para evaluar las sentencias de las cortes estatales, lo que exige que las decisiones de las cortes estatales tengan el beneficio de la duda.” El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó en 1998 su gran preocupación porque la AEDPA, al imponer unas restricciones sin precedentes a la presentación por los presos de reclamaciones por violaciones de la Constitución, “ponía en serio peligro la garantía del proceso debido en los casos de pena capital”. En 2012, el relator especial reiteró su preocupación por el hecho de que Estados Unidos no abordara la reducción de la revisión judicial en aplicación de la AEDPA.

En su decisión del 22 de abril de 2013 en el caso de Warren Hill, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito resolvió, por dos votos contra uno, que la AEDPA prohibía su petición sucesiva. Para respaldar esa petición, los abogados de Warren Hill presentaron las declaraciones juradas firmadas en febrero de 2013 por los tres peritos que a finales de 2000 habían declarado para el estado que, en su opinión, Hill no tenía una discapacidad intelectual. En sus declaraciones juradas, los tres peritos revelaron que habían cambiado de parecer y que ahora consideraban que Hill sí sufría discapacidad intelectual, por lo que coincidían con los cuatro peritos presentados por la defensa en 2000. Los dos jueces de la mayoría de la Corte de Apelaciones dijeron que habían “estudiado con atención y cuidado la discrepancia de nuestra colega. No obstante, estamos obligados a aplicar las normas de la AEDPA.”

Por su parte, la jueza discrepante escribió: “El estado de Georgia y la mayoría […] adoptan la postura de que una corte federal no puede tener en cuenta la prueba, recién revelada y fehaciente, aportada por Hill porque las normas de control del Congreso contenidas en la AEDPA nos impiden permitir que una persona con discapacidad intelectual reivindique su derecho constitucional de no ser ejecutada nunca. Las perversas consecuencias de una aplicación de la AEDPA en este sentido son que la corte federal debe consentir, e incluso aprobar, la insistencia del estado en llevar a cabo la ejecución inconstitucional de una persona con discapacidad intelectual […] La idea de que no se permite a los tribunales reconocer que se ha cometido un error, lo que impediría una ejecución, es increíble en un país que no sólo se enorgullece de contar con el sistema de justicia por antonomasia, sino que trata de explotarlo al mundo como modelo de imparcialidad.” La jueza alegó también que la AEDPA no debía interpretarse para exigir la ejecución de un preso en un caso en el que el estado actual de las pruebas “garantiza prácticamente que puede demostrar su discapacidad intelectual" y de hecho puede "cumplir incluso la ridícula carga de la prueba que exige Georgia". Ningún otro estado de Estados Unidos exige que se demuestre la discapacidad intelectual más allá de una duda razonable en el contexto de la pena de muerte. De hecho, la mayoría de los 32 estados que actualmente aplican la pena de muerte, y también el gobierno federal, utilizan la norma de la “preponderancia de la prueba”, según la cual el juez de Georgia concluyó que Warren Hill sufría discapacidad intelectual.

No se ha solicitado el indulto a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia, que ya lo denegó en 2012. La última esperanza de que la ejecución se aplace está en la Corte Suprema. Varios destacados profesionales de la salud mental han firmado un informe amici curiae (amigos de la corte) para respaldar la petición de Warren Hill a la Corte Suprema en el que afirman: “Como profesionales que ejercen en el ámbito de las discapacidades intelectuales, los amici son muy conscientes de todo lo que está juego en los casos de pena capital, y consideran que una pena de muerte no puede basarse en lo que ahora se reconoce como errores de diagnóstico."

El 3 de julio de 2013, un tribunal de condado de Georgia estableció un plazo de siete días en el que se puede llevar a cabo la ejecución de Warren Hill, de 53 años. La orden de ejecución es válida desde el 13 de julio a mediodía hasta el 20 de julio a mediodía. El director del Departamento de Prisiones de Georgia ha fijado la ejecución para el 15 de julio a las siete de la tarde, en la Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia, en Jackson.

En Estados Unidos se han llevado a cabo 18 ejecuciones este año, y 1.338 –53 de ellas en Georgia– desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos.

Nombre: Warren Hill

Sexo: hombre

Más información sobre AU: 197/2012 Índice: AMR 51/046/2013 Fecha de emisión: 8 de julio de 2013

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