Document - PÉROU. Non à l'impunité. CAS D'APPEL

Público

Amnistía Internacional

5 de junio de 2006

Índice AI: AMR 46/014/2006

PERÚ: Prevenir la impunidad

Expediente de caso

Amnistía Internacional siente preocupación por la posibilidad de que el secuestro y "desaparición" de Samuel Ramos Diego, Jesús Liceti Mego y Esaú Cajas Julca, perpetrado por miembros del ejército en 1990, pueda quedar impune. Siete oficiales del ejército fueron acusados de este crimen en junio de 2004. Sin embargo, en marzo de 2006, días antes de la fecha en que el caso debía ser transferido a un tribunal diferente, el juez lo archivó, alegando que la desaparición forzada no era delito según la ley peruana en el momento de los hechos.

Esta resolución es contraria a las normas internacionales de derechos humanos. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en la que Perú es Estado Parte, establece en su artículo 3 que el delito de desaparición forzada "será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima". Asimismo, conforme han establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las "desapariciones" en sí violan el derecho de los familiares de las personas "desaparecidas" a no sufrir tortura o malos tratos.

En mayo de 1990, Samuel Reynaldo Ramos Diego y Jesús Liceti Mego fueron detenidos en Picuruyacu, Tingo Maria, departamento de Huánuco, por hombres armados vestidos de civil que conducían una furgoneta con cristales polarizados. Según declaraciones de testigos, fueron llevados a la base militar de Tingo María. Esaú Cajas Julca también fue detenido, según los informes, en la base por oficiales del ejército en noviembre de 1990. Los informes indican que lo torturaron y después lo mataron. El ejército acusó a los tres hombres de pertenecer al grupo armado de oposición Sendero Luminoso. Hasta el momento sigue sin conocerse su paradero.

La "desaparición" de estos tres hombres se encuentra entre otros 43 casos de violaciones de derechos humanos documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. En 2003, los casos fueron enviados a la fiscalía para ser investigados.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se estableció en 2001 para determinar las circunstancias en torno a los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto armado interno (1980-2000) tanto por grupos armados de oposición como por el Estado peruano. La Comisión recibió informes de 23.969 casos de personas muertas o "desaparecidas" durante el conflicto armado interno, y miles de casos más de abusos y violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, violencia sexual, juicios injustos, secuestros, tomas de rehenes y violaciones de los derechos humanos de menores e indígenas.

Si desean más información, consulten La Comisión de la Verdad y Reconciliación - un primer paso hacia un país sin injusticias(AMR 46/003/2004, de agosto de 2004).

¡ACCIÓN!

Escriban a las autoridades:

- expresando preocupación porque uno de los 43 casos documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (el secuestro y "desaparición" de Samuel Ramos Diego, Jesús Liceti Mego y Esaú Cajas Julca a manos de miembros del ejército en 1990) puede quedar impune;

- expresando preocupación por la resolución judicial en la que se cierra este caso alegando que la desaparición forzada no era un delito según la ley peruana en el momento de los hechos, en 1990;

- manifestando que esta resolución es contraria a las normas internacionales de derechos humanos que establecen que el delito de desparición forzada se considerará continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima;

- instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre estos crímenes para determinar la suerte y el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia;

- manifestando que Perú debe mostrar un compromiso real de poner fin a dos décadas de impunidad investigando de forma independiente e imparcial todas las violaciones de derechos humanos, incluidos los 43 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y llevando a los responsables ante la justicia.

Envíen llamamientos, en español o en su propio idioma, a:

Dr. Alejandro Tudela Chopitea

Ministro de Justicia

Ministerio de Justicia

Scipión Llona 350

Miraflores

Lima 18

PERÚ

Fax: + 51 1 422 3577

Tratamiento: Sr. Ministro

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