Document - JAMAÏQUE : La peine de mort ne doit pas devenir un enjeu politique en période électorale

Índice AI: AMR 38/019/2002/s

Servicio de Noticias 165/02

18 de septiembre del 2002

Jamaica: No mezclen el homicidio estatal con la política.

La pena de muerte no debe formar parte de la campaña electoral.

Amnistía Internacional ha pedido hoy al gobierno de Jamaica que no incluya la pena de muerte en la campaña para las próximas elecciones.

«La ira que sienten los ciudadanos de Jamaica ante el extraordinario nivel que ha alcanzado la violencia delictiva en su sociedad es perfectamente comprensible. No obstante, el gobierno no debe halagar y reafirmar este sentimiento prometiendo la reanudación de las ejecuciones en su programa electoral», dice Amnistía Internacional. «El retorno de la horca a Jamaica sería un paso retrógrado y no tendría el menor efecto en el gran número de delitos violentos que se cometen.»

En su programa electoral, publicado ayer, el Partido Nacional del Pueblo se comprometió a efectuar enmiendas constitucionales para anular los dictámenes judiciales que hasta ahora habían impedido las ejecuciones. Esto parece formar parte de una alarmante tendencia en la región, pues los gobiernos de Belice y de Barbados también están tratando de promulgar leyes similares.

«El gobierno de Jamaica no debe ofrecerse a matar a cambio de votos, sino demostrar verdadero liderazgo en materia de derechos humanos y explicar al público las razones por las que Jamaica no puede volver a usar la horca», añade Amnistía Internacional.

Según la organización, «las promesas electorales deben ir dirigidas a mejorar la vida y proteger los derechos de los ciudadanos de Jamaica, en vez de a destruir vidas y socavar los derechos humanos más elementales».

Los temores que ha despertado el posible retorno a la aplicación de la pena capital se acentuaron ayer cuando el primer ministro de Jamaica atacó al Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (el tribunal de última instancia para el país), declarando: «Con una decisión tras otra, el Consejo Privado sencillamente ha hecho imposible que la ley [sobre la pena de muerte] pueda ejecutarse. Sus acciones están socavando los cimientos mismos de nuestro sistema judicial.»

El Comité Judicial del Consejo Privado del Reino ha resuelto en numerosos casos que los derechos constitucionales de los presos del país habían sido violados. Sin embargo, la acusación de que el Comité no permite que se lleven a cabo ejecuciones es infundada, como ilustra el hecho de que sí permitió que siguieran adelante 10 ejecuciones en Trinidad y Tobago en 1999, y dos en Bahamas en el año 2000.

«En vez de atacar al Comité Judicial del Consejo Privado del Reino por no permitir que prosigan las ejecuciones, el gobierno de Jamaica debería asegurarse de que se protegen los derechos constitucionales de los presos condenados a muerte por el Estado», añade Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional pide a todos los candidatos en las próximas elecciones que den prioridad a los derechos humanos (muy especialmente al primero de todos ellos, el derecho a la vida) en sus promesas electorales.

Información adicional

El Partido Nacional del Pueblo, actualmente en el poder, ha prometido que, de ganar las elecciones, enmendaría la Constitución para anular una decisión de 1993 del Comité Judicial del Consejo Privado del Reino (la causa Pratt y Morgan) en la que se decretó que la sentencia de los presos que habían pasado cinco o más años condenados a muerte debía ser conmutada.

La propuesta también trata de poner límite al tiempo que los organismos intergubernamentales de derechos humanos —como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas— pueden dedicar a examinar las quejas presentadas por presos condenados a muerte que aleguen que se han violado los derechos que les garantizan las normas internacionales. La propuesta parece permitir la ejecución del preso mientras su queja está todavía siendo examinada por organismos internacionales de derechos humanos, si tal examen excede los límites temporales. Un ejecución de estas características violaría las obligaciones internacionales que Jamaica ha contraído en virtud de las leyes y normas de derechos humanos.

La última ejecución llevada a cabo en Jamaica tuvo lugar en 1988.

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