Document - Honduras: Zero tolerance...for impunity: Extrajudicial executions of children and youths since 1998.


[FECHA DE EMBARGO: 25 Febrero 2003]

Público

Amnistía Internacional

Honduras

Cero Tolerancia... a la impunidad

Ejecuciones Extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998


25 Febrero del 2003

Resumen

Ïndice AI: AMR 37/001/2003/s


Durante los últimos cinco años, y en particular durante los años 2001 y 2002, ha habido un incremento sin precedentes en Honduras del número de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes. Organizaciones no gubernamentales (ONG) estiman que han muerto más de 1500niños y jóvenes en Honduras desde 1998 hasta fines del 2002. Existe un número preocupante de casos en los que se ha reportado la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas que actúan con el consentimiento implícito de las autoridades, mientras que una parte de estos crímenes han ocurrido en el contexto de la lucha entre maras o pandillas. La mayor parte de las víctimas viven en la pobreza, al margen de la sociedad, tienen poca educación y escasas perspectivas de trabajo. Las muertes de estos menores y jóvenes han sido vistas por la sociedad hondureña con indiferencia, apatía y hasta se han reportado, en los medios de prensa, como una posible solución al problema de la inseguridad ciudadana.


A pesar de numerosas promesas e iniciativas gubernamentales durante el 2001 y el 2002, en la práctica no se ha visto una reducción de las muertes o iniciativas efectivas para investigarlas. De hecho, según cifras recolectadas por ONG en Honduras, el número de asesinatos reportado ha aumentado en más del cien por ciento en los dos últimos años.


El gobierno ha fallado en su deber y responsabilidad de prevenir violaciones de derechos humanos y de proteger a las víctimas, así como de investigar adecuadamente todos los casos de homicidios extrajudiciales denunciados. En un importante porcentaje de estos casos, donde se ha denunciado la participación de las fuerzas de seguridad, el gobierno debería haber actuado con mayor firmeza y prontitud para determinar la participación de policías y personal militar en estos crímenes. Sin embargo, la casi total paralización de los casos en las etapas de investigación y juzgamiento de los delitos lleva a la conclusión de que existe un enorme abismo entre la palabra y la acción del gobierno hondureño. En otros casos, cuando no se ha identificado al autor del delito o se trata de un particular, el Estado también tiene responsabilidad, bajo la norma de la diligencia debida, de prevenir o investigar hechos violatorios de los derechos humanos.

No existen soluciones fáciles al problema de la inseguridad ciudadana y la violencia urbana. Sólo con políticas integradas, participativas e incluyentes se podrán contener las ejecuciones de menores y jóvenes en Honduras. Estas políticas deberán incluir, como fundamento, el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos y la necesidad de acabar con la impunidad reinante en las distintas instituciones hondureñas. Consecuentemente, se deberá asegurar que se investiguen las violaciones de derechos humanos y se sancione a los perpetradores en los tribunales según las leyes hondureñas y los instrumentos internacionales de derechos humanos.


Se debe prestar especial atención al desarrollo de políticas conducentes al rescate de menores jóvenes y su reintegración a la sociedad, modernizando y fortaleciendo las instituciones de protección de la niñez y dotándolas de mayores recursos humanos y financieros. Para ello se recomienda que las instituciones del estado trabajen de manera estrecha con los organismos de derechos humanos ya involucrados en estos procesos de desarrollo y se incorpore a los menores y jóvenes como actores y participantes de su propio cambio social. Asimismo, las políticas del estado deben guiarse por las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.


Amnistía Internacional considera que, debido a la magnitud e importancia del tema las autoridades deberían confeccionar un plan y calendario de acción para, por un lado, investigar los casos pasados y, por otro, decidir estrategias y medidas para actuar en casos futuros a fin de acabar con estos homicidios y ejecuciones extrajudiciales y, cuando ocurran, contar con un sistema rápido y efectivo de investigación y justicia.


Dicho plan debería incluir metas claras y verificables, incluyendo plazos determinados, y en lo posible fechas precisas pero alcanzables, para completar diversas etapas. Es imprescindible que se asignen los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto en forma eficiente y efectiva. De no ser así se estaría permitiendo que la impunidad persista, afectando a aún otro sector de la sociedad, y que este fenómeno aberrante continúe sucediendo.





Este texto resume el documento HONDURAS—“Cero tolerancia…a la impunidad- Ejecuciones Extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998” publicado por Amnistía Internacional en febrero del 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en http://www.amnesty.org, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónicohttp://web.amnesty.org/ai.nsf/news. Para los documentos traducidos al español consulten la sección “centro de documentación” de las páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.


[FECHA DE EMBARGO: 25 de Febrero 2003] Público


Amnistía Internacional



HONDURAS

Cero Tolerancia ...a la impunidad

Ejecuciones Extrajudiciales de niños y jóvenes desde 1998


























Febrero 2003

Índice AI: AMR 37/001/2003/s




SECRETARIADO INTERNACIONAL 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO


Honduras

Cero Tolerancia ... a la impunidad


Ejecuciones Extrajudiciales

de niños y jóvenes desde 1998



INTRODUCCIÓN


Durante los últimos cinco años, y en particular durante los años 2001 y 2002, ha habido un incremento sin precedentes en Honduras del número de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes. Existe un número preocupante de casos (22%) en los que se ha reportado la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas que actúan con el consentimiento implícito de las autoridades, mientras que una parte de estos crímenes, aproximadamente el 13%, han ocurrido en el contexto de la lucha entre maras o pandillas.


Organizaciones no gubernamentales (ONG) estiman que han muerto más de 1500niños y jóvenes en Honduras desde 1998 hasta fines del 2002. La mayor parte de las víctimas viven en la pobreza, al margen de la sociedad, tienen poca educación y escasas perspectivas de trabajo. Las muertes de estos menores y jóvenes han sido vistas por la sociedad hondureña con indiferencia, apatía y hasta se han reportado, en los medios de prensa, como una posible solución al problema de la inseguridad ciudadana.


Tras tomar el poder en enero del 2002, el Presidente Ricardo Maduro impulsó una serie de medidas para investigar y aclarar estos casos, incluyendo la formación de una comisión interinstitucional y una unidad especial de investigación dentro de la policía. Durante el anterior gobierno de Carlos Flores Facussé representantes de organismos internacionales de derechos humanos fueron invitados a visitar Honduras para investigar el tema.


A pesar de numerosas promesas e iniciativas gubernamentales, en la práctica no se ha visto una reducción de las muertes. De hecho, según cifras recolectadas por ONG en Honduras, el número de asesinatos reportado ha aumentado en más del cien por ciento en los dos últimos años: 97 casos de ejecuciones extrajudiciales de menores en 1998; 277 en 1999; 209 en el 2000; 430 en el 2001 y 556 en el 2002.1


Amnistía Internacional consideró que el gobierno de Honduras tiene la responsabilidad y el deber de investigar las muertes de menores y jóvenes ocurridas hasta ahora, de llevar a los responsables ante la justicia y, asimismo, tomar las medidas necesarias para que este fenómeno no se siga repitiendo en el futuro.


SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS


En Honduras la impunidad aún prevalece en los casos de personas que «desaparecieron» en la década de los ochenta. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad implicado en las desapariciones forzadas de 184 personas y otras violaciones de derechos humanos de esa época ha sido sancionado por las autoridades. En todos los casos donde los tribunales habían abierto investigaciones sobre violaciones de

derechos humanos, se aplicó la Ley de Amnistía de 1991 y se liberó a todos los acusados antes de establecer su responsabilidad o saberse la verdad.


En noviembre del 2000, el gobierno otorgó finalmente una compensación a algunos familiares de las víctimas de la década de los ochenta. Los familiares de 17 de los 184 «desaparecidos» reconocidos oficialmente recibieron una indemnización económica a raíz de procedimientos iniciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, algunos de los beneficiarios declararon que esta acción no eximía al Estado de investigar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia.


Sin embargo, existe aún una enorme deuda con las víctimas de derechos humanos del pasado y sus familiares. Sin justicia no se puede avanzar en la construcción de un Estado de Derecho efectivo y una sociedad más equitativa. Al respecto, Amnistía Internacional considera muy positivo el acuerdo alcanzado en junio del 2002 entre el gobierno, las fuerzas armadas y las organizaciones no gubernamentales para investigar las violaciones de derechos humanos del pasado, incluyendo las desapariciones forzadas. Al momento de escribir este documento, AI no tiene conocimiento sobre avances logrados o que se hayan iniciado nuevas investigaciones sobre esas violaciones.


La impunidad se ha impuesto también en casos recientes de asesinatos en circunstancias que sugerían que habrían sido ejecuciones extrajudiciales, de miembros de grupos indígenas y de defensores de derechos humanos y del medio ambiente. En muchos de estos casos, a pesar de haberse iniciado investigaciones y saberse la identidad de los perpetradores, éstos aún siguen en libertad. En Honduras al menos 25 dirigentes indígenas han sido asesinados en los últimos diez años. Algunas ONG y activistas locales sostienen que las autoridades han tomado muy pocas medidas, cuando no ninguna, para llevar a sus autores ante los tribunales. La mayoría de esos asesinatos se cometieron en el contexto de disputas por tierras y a menudo han sido atribuidos a personas o grupos vinculados con las autoridades locales, empresarios o militares.


Otros grupos sociales también han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Según el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias, Asma Jahangir,“[f]uentes no gubernamentales afirman que unos 200 prostitutos homosexuales y transexuales fueron asesinados en Honduras en el período 1991 2001. Según se informó, son pocos los casos de los que hay constancia oficial y menos aún los que se investigan.”


En varios casos, jueces y fiscales que investigan violaciones a los derechos humanos han recibido amenazas, han sido objeto de hostigamientos e incluso han tenido que recibir protección policial por las múltiples amenazas que han recibido. A finales del 2002, la jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Sub Comisionada María Luisa Borjas, después de denunciar la participación de miembros de la policía en los asesinatos de menores y jóvenes, fue suspendida de su cargo (véase Seguridad de testigos e investigadores, pág. 14).


La Policía Nacional continúa, asimismo, siendo señalada como responsable de violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos y otros. Las prisiones están severamente sobrepobladas y se ha informado que las condiciones carcelarias son tan pobres que equivalen a tratamiento cruel, inhumano o degradante.


S

“En 1999, Transparencia Internacional calificó a Honduras como el cuarto país en el cual se percibe mayor corrupción en el ámbito mundial y el primero en Latinoamérica. En el año 2001, el informe de Transparencia Internacional colocó a nuestro país en el cuarto lugar en América Latina después de Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En el ámbito mundial ocupamos el décimo lugar.”


Ricardo Maduro, “Mi Compromiso Contigo - El Desarrollo Centrado en la Persona Humana”

Tegucigalpa, 6 de noviembre del 2002, pág. 48.


ITUACIÓN ECÓNOMICA Y SOCIAL


Honduras es uno de los países más pobres de América Latina y de la región del Caribe. Según un reciente informe de la CEPAL, Honduras se encuentra en el tercer nivel de pobreza, es decir, países sin posibilidad de reducir la extrema pobreza. En 1998 la economía, que depende en gran parte de la agricultura, sufrió un gran golpe a causa del Huracán Mitch. El huracán dejó al menos 5000 muertos, destruyó el 70% de las cosechas, causando daños por más de 3000 millones de dólares, y afectó al 40 por ciento de la población hondureña quien perdió su vivienda, empleo, pertenencias o familiares.


La baja del precio mundial del café, principal producto de exportación, ha afectado drásticamente a los sectores rurales. El sector de las maquilas (ensamblaje de vestimentas), sufrió las consecuencias de la recesión económica de su principal socio comercial, los EEUU, durante el 2001. Después de los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en EEUU, se comenzó a experimentar un impacto inmediato en el sector turístico.


La provisión en los campos de educación y salud está en crisis con el cierre periódico de escuelas y la falta de medicamentos, oxígeno, vehículos, presupuesto adecuado y atención oportuna que han continuado causando muertes infantiles. La corrupción es otro tema que impacta negativamente en la sociedad.


LA INSEGURIDAD CIUDADANA


Las condiciones económicas y sociales, la pobreza que afecta a un alto porcentaje de la población total, la inoperancia y falta de confianza en el sistema judicial y la policía han creado gran inseguridad en la población en general.


Durante el periodo electoral del 2001, Ricardo Maduro publicó el documento “Mi Compromiso Contigo: El Desarrollo Centrado en la Persona Humana”. En él, tomando en cuenta cifras que indicaban que en 1997 se habían registrado 44.041 denuncias de faltas y hechos delictivos, Ricardo Maduro proponía combatir la inseguridad ciudadana con estrategias de cero tolerancia y aumentar el número de militares en las calles como parte de su nueva política de seguridad. A comienzos del 2002 se informaba que se habían incorporado más de seis mil soldados a las calles de las principales ciudades hondureñas.


Amnistía Internacional (AI), que es consciente del incremento de la actividad delictiva en Honduras y de sus negativas repercusiones sobre la población, comprende que el gobierno necesita adoptar las medidas apropiadas para resolver el problema y proteger al conjunto de la población. La dificultad reside en garantizar que se hace frente a la delincuencia con eficacia dentro de los márgenes que establece el Estado de Derecho. Es imperativo que ninguna medida adoptada por el gobierno abra la posibilidad de quebrantar derechos y libertades individuales, como establecen la Constitución y las leyes hondureñas así como los compromisos internacionales contraídos por el Estado.


Para AI la utilización de las fuerzas armadas para desempeñar labores de cumplimiento de la ley y las iniciativas de cero tolerancia aprobadas en el año 2002 son motivo de preocupación. Las funciones habituales de las fuerzas armadas son muy distintas de las tareas de cumplimiento de la ley, donde el interés principal está en el servicio a la comunidad y el respeto de la ley. Por otra parte, existen normas internacionales específicas que orientan y regulan la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los cuales han de recibir formación en derechos humanos específicamente relacionada con sus funciones. Los miembros de las fuerzas armadas pueden no haber recibido dicha formación y, por tanto, poner en peligro los principios más elementales de protección y servicio a la comunidad.


Se ha informado que en al menos un caso, el uso de las fuerzas militares en las calles hondureñas resultó en la muerte de un menor el 27 de septiembre del 2002. Un soldado uniformado disparó a Oscar Emilio Santos Arias, de 11 años de edad, en el Barrio Medina de San Pedro Sula, causándole una herida en la garganta y posteriormente la muerte. Según informes, el soldado, que cumplía funciones policiales, fue detenido y acusado de asesinato.


Algunos medios de comunicación hondureños con frecuencia culpan a las maras (pandillas) o a los niños o jóvenes de la calle por la creciente inseguridad ciudadana. En términos reales las estadísticas indican que los crímenes cometidos por menores de edad son muy reducidos. El gobierno de Honduras ha reconocido que la delincuencia juvenil constituye el 5% de todas las infracciones y faltas registradas en el país. En 1999, en un estudio realizado por el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) se indicaba que solamente el 0,02% de todos los homicidios cometidos en Honduras eran atribuibles a menores. Pero tanto funcionarios como medios de información seguían atribuyendo responsabilidad por la mayor parte de los crímenes a los niños de la calle y a miembros de maras.


Las maras2, o pandillas, no son un fenómeno nuevo en Honduras, ya que ha existido una cultura de pandillas juveniles desde hace décadas. Sin embargo, en los últimos años la cultura de violencia imperante y la indiferencia extrema con respecto a ellos ha hecho que para los jóvenes la vida en las maras provea una fuente de seguridad y una comunidad de la que se pueden sentir parte.

La forma en como los mareros interpretan la violencia en la que están inmersos es distinta a la que se hace de la misma en el resto de la sociedad. Lo asombroso de este caso es como en menos de cinco años se volvió un verdadero acertijo o rompecabezas, de una dimensión impresionante. No hay otro ejemplo similar de expansión en la sociedad hondureña, ni siquiera en la época de mayor controversia política e ideológica de los años 80. Lo que en un comienzo podía explicarse por el avance de las desigualdades, por las tensiones que afrontan los hombres y mujeres jóvenes o por la consolidación de una sociedad mediática y de consumo enajenante, ahora está profundamente enraizado en percepciones sicológicas y culturales, con vida y una inercia propia, respondiendo a su lógica de crecimiento y reproducción.”


Leo Valladares, Informe Preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y adolescentes, enero del 2002, pág. 18.



En los últimos años, el aumento del número de pandillas en Honduras y otros países de Centro América, se ha visto propiciado por varios de los factores que también han favorecido la inseguridad ciudadana en la región, como por ejemplo, la pobreza, la crisis de la familia, el desempleo y la falta de oportunidades de los sectores más pobres de la sociedad.


La respuesta del estado hacia las maras y la violencia ha sido, según el ex Comisionado Valladares, un reciclaje de las viejas tácticas contra guerillas: “[e]l Manual de Conocimientos Básicos en Maras de la UPM [Unidad de Prevención de Maras, creada en 1998] es una reedición de los viejos conceptos de la guerra fría, al grado que califica las acciones de los mareros como ‘terrorismo’. Su visión del joven marero es absolutamente descontextualizada, sostiene que ‘resulta muy difícil de entender el comportamiento irracional de los mareros, le es atribuido el calificativo de absurdo a su forma de pensar por los siguientes motivos: para un marero lo más importante es su mara y estará dispuesto a morir por ella. Para los mareros es un honor padecer laceraciones en enfrentamientos por defender su barrio [o] su mara…’.”


Sin embargo, según el informe del Comisionado de Derechos Humanos, dos terceras partes de todos los menores y jóvenes muertos de manera violenta no pertenecían a pandillas y no tenían antecedentes de infracción de leyes. Se sugiere que habían sido “etiquetados” por su vestimenta y apariencia, similar a la de los miembros de maras, y que sólo por este motivo habían sido asesinados. Esto daría crédito a la denuncia de la existencia de una campaña de ‘limpieza social’ llevada a cabo por diversos sectores de la sociedad hondureña y en connivencia con las autoridades gubernamentales.


La violencia entre pandillas y las ejecuciones extrajudiciales de menores y jóvenes continúan sin disminuir un año después de que el entonces candidato presidencial Ricardo Maduro prometiera terminar con la inseguridad ciudadana: “[l]a inseguridad deberá ser combatida también mediante acciones que creen una cultura de respeto a la ley, de paz y de no violencia, de respeto a la vida y a los derechos de los demás, de tolerancia de las diferencias y creencias que no transgredan la moral, la ética, las buenas costumbres y el orden público.”3


LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE NIÑOS Y JÓVENES DESDE 1998


Honduras se enfrenta a una crisis de derechos humanos que requiere una solución concertada, integrada y políticamente comprometida con los sectores más desaventajados de la sociedad. La política de cero tolerancia, introducida por el Presidente Maduro, no ha logrado detener la ola de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. Tampoco ha servido para llevar a los tribunales a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad y otros particulares que han sido plenamente identificados como autores de estas ejecuciones extrajudiciales.


Este fenómeno ha sido objeto de atención por diversas ONG en Honduras. Casa Alianza, organización no gubernamental que trabaja a favor de los llamados “niños de la calle”, ha documentado sistemáticamente las muertes desde 1998. La organización ha publicado varios informes sobre los asesinatos. Otras instituciones y organizaciones también han elaborado informes al respecto. Entre otros, la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de Honduras publicó un extenso informe sobre el tema en enero del 2002. En octubre del 2002 se publicó en Honduras el informe de la visita de Asma Jahangir, Relatora Especial de la ONU sobre Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, realizada en agosto del 2001. El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) también publicó un informe en octubre del 2002 (ver Apéndices).


Amnistía Internacional ha denunciado por varios años la ejecución de niños y jóvenes en Honduras, a manos de agentes del estado o de individuos no identificados, en circunstancias que hacían pensar en una campaña de “limpieza social”. Estos homicidios siguen siendo motivo de debate y preocupación para la opinión pública. Diversos sectores han atribuido estos homicidios a distintos factores, como la violencia entre bandas o la “limpieza social” o se denuncia que se trata de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, en todos los casos el Estado tiene la obligación y responsabilidad de investigar y llevar a los responsables ante la justicia.


Varias ONG coinciden en afirmar que mientras que en los años ochenta y principios de los noventa, las ejecuciones extrajudiciales tenían una motivación política directa, en los últimos años apuntan a motivaciones sociales o económicas. Según Andrés Pavón, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos “…vivimos en un país donde hay una tendencia a criminalizar la pobreza, la mayoría de las víctimas por violación de derechos humanos son personas excluidas de los bienes públicos, entre ellos el recurso justicia…”


Casa Alianza ha documentado 1569 casos de muerte violenta en el periodo comprendido entre 1998 y diciembre del 2002, la mayoría de los cuales no han sido investigados4. A Amnistía Internacional le preocupan sobremanera los informes que indican que, al menos en un porcentaje de estas muertes habrían participado miembros de la policía. Asimismo, constituye motivo de preocupación el hecho de que ni la policía ni el sistema judicial han seguido los procedimientos establecidos para los casos de muerte no natural, asi como la falta de diligencia debida por parte de las autoridades en la investigación de los casos.


Las víctimas


No existen en Honduras registros oficiales fidedignos sobre estas muertes violentas o ejecuciones extrajudiciales. Esto ha hecho sumamente difícil el establecer a ciencia cierta el número de víctimas de las que se habla. Distintas ONG, grupos religiosos y organismos del estado utilizan diversas variables en la compilación de datos, haciendo difícil el establecimiento de un listado extenso y unificable. Por ejemplo, el número de víctimas presentado por Casa Alianza (1569 casos hasta el 31 de diciembre del 2002), muchas veces denunciado en la prensa y por los organismos del estado como exagerado, es mucho menor al mencionado por las autoridades eclesiásticas Monseñor Garachana y Monseñor Emiliani en un artículo de prensa en noviembre pasado (4500 casos). Esto no sólo apoya las denuncias de organismos no gubernamentales y otros, sino que realza la necesidad de crear mejores y más efectivos registros oficiales de muertes violentas a nivel nacional y local.


Existen varios factores por los cuales los registros varían: la edad de la víctima, las circunstancias de la muerte y el levantamiento del cuerpo por las autoridades forenses. Algunas organizaciones incluyen en sus informes sólo a los niños (de 0 a 18 años) o todos los casos hasta los 23 años; otras incluyen a todas las personas que han muerto en circunstancias violentas. Asimismo, en muchos casos, no se ha efectuado un registro oficial de la muerte y la propia familia ha tenido que recoger el cadáver, por lo que no aparece en ninguna lista oficial.


E

Cintia Waleska Rivera, 14


El 23 de mayo del 2001, se encontraron los cadáveres de Cintia Waleska Rivera y de su amiga Wendy (15, apellido desconocido), en una hondonada del cerro El Estiquirín, cerca de las colonias La Pradera y Altos de Tiloarque, en Comayagüela. Ambas eran presuntas integrantes de la pandilla “18”.


Según información forense, sus cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición y se creía que habían muerto unas 48 horas antes. Los cuerpos se encontraron a 20 metros de profundidad con evidencias de haber sido torturadas y violadas. Wendy tenía las manos atadas hacia adelante con los cordones de las zapatillas deportivas de Cintia. La última vez que se las había visto con vida había sido en una fiesta el sábado 19 de mayo.


En respuesta a una comunicación oficial enviada por la Relatora Especial de la ONU, el gobierno hondureño había indicado que el caso se estaba investigando y que de la instrucción policial del caso se desprendía que Cintia Waleska Rivera podría haber sido asesinada por miembros de la pandilla "18". Según informes, las dos jóvenes habían recibido un tiro en la cabeza después de ser violadas.


l 87% de las víctimas pertenecen al sexo masculino y el 13% al femenino, según estadísticas de Casa Alianza que cubren el periodo de 1998 a junio del 2002. Sin embargo, el número de informes sobre víctimas del sexo femenino ha aumentado desde el 2001: en el 2000, Casa Alianza reportó 21 casos; en el 2001 fueron 60 y en el 2002, hubo 70 casos nuevos. En algunos casos, niñas y mujeres jóvenes de la calle asesinadas fueron, además, víctimas de violaciones sexuales y otros graves abusos. Las violaciones de niñas y mujeres jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad no son reportadas, con frecuencia por miedo a represalias.


Según el informe del Comisionado de Derechos Humanos: “el testimonio más grave de parte de mujeres pertenecientes a pandillas es el de la detención en postas policiales, han coincidido relatos sobre abusos físicos y violaciones sexuales por parte de agentes policiales, en otros casos les dejan en libertad con el compromiso de mantener relaciones sexuales o simplemente ‘salir juntos’ un fin de semana o pagar 100 Lempiras de ‘multa’.” (pág. 30). No se conoce ningún caso en que se haya juzgado a algún miembro de las fuerzas de seguridad por estas violaciones de derechos humanos contra niñas y mujeres jóvenes.


Las muertes de estos menores y jóvenes se han reportado en la prensa como enfrentamientos entre pandillas o maras, y autoridades gubernamentales han afirmado que se trata exclusivamente de un problema entre criminales. A pesar de que las muertes violentas han aumentado en los últimos dos años en particular, la proporción que puede ser atribuida a los enfrentamientos entre bandas armadas se ha mantenido relativamente baja, según cifras recolectadas por Casa Alianza. En el año 2000 un 16% de los asesinatos se atribuyeron a ‘pandilleros’, el 18% en el 2001 y el 16% entre enero y junio del 2002.5 Aunque es difícil determinar con exactitud las circunstancias de las muertes violentas en enfrentamientos o ‘ajustes de cuentas’ entre pandillas, en estos casos no se trataría de ejecuciones extrajudiciales o sumarias, sino de acciones criminales entre civiles. Los miembros de las maras se convierten en víctimas de la violencia a mano de otros mareros. Sin embargo, por esa razón, a estas víctimas les continúa siendo denegada la justicia: porque la sociedad y las autoridades los consideran criminales ‘por naturaleza’ y exentos de cualquier derecho humano.


Presuntos autores


Según las estadísticas de Casa Alianza correspondientes a los primeros seis meses del año 2002, el 68% de los asesinatos de menores y jóvenes fueron atribuidos a desconocidos, el 14% a pandillas, el 12% a ocupantes de “carros de la muerte”, el 3% a la Policía Nacional, el 2% a civiles y el 1% a guardias privados.6


Miguel Ángel Matute López y Juan Isaías Cruz


La noche del viernes 18 de mayo del 2001, Miguel Matute y Juan Isaías Cruz fueron sacados de su vivienda en la Colonia Pineda de San Manuel, Cortés, por tres hombres encapuchados, presuntamente por haber sido testigos de un crimen. Dos hombres hicieron salir a Miguel Ángel Matute López, a su padre Oscar Rafael López y a su cuñado Juan Isaías Cruz fuera de la vivienda mientras el tercero retenía a los familiares dentro de la casa. Se los llevaron caminando alejándose de la casa pero luego soltaron a Oscar López. Seguidamente dispararon contra Miguel, quien recibió ocho balazos en el pecho, las piernas y los dedos de las manos. Luego dispararon contra Juan Isaías. Según Oscar López y otros testigos los responsables portaban una pistola calibre 38 y dos AK-47.


Miguel Ángel y Juan Isaías habían sido testigos del asesinato de José Digno Argueta Torres (18) y Osbin Rafael Guerra Argueta (16) el 15 de mayo del 2001 y se presumía que conocían la identidad de los asesinos. Miguel Ángel y Juan Isaías se dedicaban a cultivar el campo y eran cuñados. Unas treinta familias de la Colonia Pineda habían abandonado sus casas o las habían dejado al cuidado de otras personas por la gran cantidad de asesinatos ocurridos en esa zona durante los primeros cinco meses del 2001.


El modus operandi de los autores de esta ejecución sumaria se asemeja a la manera de actuar de los “escuadrones de la muerte” que en décadas pasadas operaban en Honduras y América Central: sacaban a sus víctimas en la mitad de la noche de sus casas mientras aterrorizaban a sus familiares, y después se los llevaban a otra localidad para luego ejecutarlos sumariamente.

Desconocidos


Personas “desconocidas” constituyen el mayor porcentaje (65% de 1998 a junio del 2002) de responsables de las muertes. Entre estos podrían estar miembros de pandillas, de las fuerzas de seguridad u otros entes parapoliciales, así como ocupantes de “carros de la muerte” o civiles tomándose la ley por sus propias manos. El hecho de que no se haya establecido con certeza la autoría de estas violaciones de derechos humanos demuestra en sí una clara falta del estado hondureño de perseguir a los autores y proteger a las víctimas como lo demanda la ley.


Según la Relatora Especial, “[e]ran bastantes los [entrevistados] que creían que muchos de los asesinos no identificados de menores eran miembros de las propias fuerzas de seguridad o vigilantes privados que actuaban bajo la protección de esas fuerzas.” (pág. 20).


Pandillas


Las pandillas constituyen el segundo grupo de presuntos autores, representando un 13% de todas los asesinatos entre 1998 y junio del 2002.7 Como se mencionó anteriormente, la proporción de muertes por enfrentamiento entre pandillas no ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años y muchos miembros de pandillas han sido también víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de terceros.


Los carros de la muerte


S

“[el 24 de junio del 2001]…Fernando Licona se encontraba con [otra persona] frente a una pulpería de [el Barrio San Miguel, El Progreso] cuando un carro pick up color negro, en donde se conducían dos hombres, se aproximó y sin detener la marcha dispararon contra ellos. Licona falleció en el momento y su acompañante, quien no fue identificado, quedó herido. Estos mismos individuos [en el carro pick up negro] se trasladaron a la colonia Doce de Junio en donde de la misma manera acribillaron a [Gustavo Adolfo] Beltrán y a [Moisés Castillo] Jiménez, de quienes se informó pertenecían a una pandilla que opera en el sector. Luego del triple crimen los desconocidos se dieron a la fuga sin que hasta el momento se conozca su paradero.”


La Prensa, 26 de junio del 2001



egún informes, un porcentaje preocupante de los asesinatos ha sido cometido por particulares, con un modus operandi específico: grupos de hombres y mujeres fuertemente armados se trasladan en carros con vidrios oscuros y sin matrícula, con las caras tapadas, a veces anunciando ser miembros de una banda enemiga a la de sus víctimas, y disparan a quemarropa a jóvenes que identifican como mareros.


Este tipo de autoría pareciera ser reciente, ya que sólo desde el 2001 aparecen en las estadísticas como autores de asesinatos. Sin embargo, es el tipo de autor que registra mayor aumento: de 33 casos en el 2001 subió a 51 casos en el periodo enero-junio del 2002.


Según el ex Comisionado Leo Valladares, “[h]a sido una constante en las declaraciones ofrecidas por estos jóvenes en distintos puntos del país de la existencia de grupos organizados para dar muerte a integrantes de las pandillas. Descritos como ‘Los Olanchanos’, ‘los callitos(as)’, ‘escuadrones de la muerte’ utilizando una logística en materia de vehículos, bicicletas, armamento que aún son de difícil acceso a los integrantes de las pandillas clásicas en Honduras. Además estos grupos en algunos casos bajo estudio operan al parecer en relación con agentes policiales en algunos sitios específicamente detallados en los testimonios” (pág. 36).


Al momento de escribir este informe, no se tenía información que indicara que alguno de los miembros de estos grupos denunciados como «parapoliciales» haya sido objeto de investigaciones oficiales o estuviera bajo custodia policial. El hecho de que continúan actuando con total impunidad sin ser ‘detectados’ podría indicar que sus actividades son llevadas a cabo con la autorización explícita o implícita del estado.


La Policía Nacional


Diversos informes sobre el tema señalan que un cierto porcentaje de las muertes de niños y jóvenes son de hecho ejecuciones extrajudiciales, es decir homicidios ilegítimos y deliberados perpetrados por agentes del estado o con su complicidad o consentimiento.

Juan Ramón Antúnez Alvarado, 16


El 20 de Julio del 2001 a las 11:00 pm, Juan Ramón Antúnez Alvarado y dos amigos estaban en un bar de Comayagüela, cuando llegó una patrulla de la Policía Nacional al bar y uno de los agentes de policía les pidió los documentos. Juan Ramón Antúnez Alvarado y otro de sus compañeros eran menores de edad y los agentes de policía los enviaron a sus casas, advirtiéndoles que si los volvían a encontrar en el bar los iban a llevar detenidos. Los policías regresaron más tarde y luego de una discusión, Juan Antúnez y un amigo salieron corriendo. Los agentes de policía salieron en persecución, desenfundando sus armas reglamentarias y disparando dos veces. Juan Antúnez recibió un tiro en la espalda mientras que su amigo salió ileso. Los policías se fueron en la patrulla, dejando el cuerpo de Juan Antúnez tirado donde había caido, sin prestarle atención médica alguna. Juan Ramón Antúnez Alvarado murió más tarde en el hospital. Según informes, la investigación de la Fiscalía así como las actuaciones judiciales no han progresado a pesar de que existen testigos del incidente y se ha identificado plenamente a los policías responsables de la muerte de Juan Ramón Antúnez Alvarado.



El hecho de que las autoridades correspondientes no hayan investigado y sancionado las numerosas muertes en las que se involucraba a miembros de las fuerzas de seguridad, podría implicar el consentimiento del estado.

En el contexto de las denuncias de delitos, resultan especialmente preocupantes los casos de corrupción y de actuación indebida en el sistema judicial y en la fuerza de la policía. Los cambios sustanciales introducidos en la Policía Nacional en 1998 crearon grandes expectativas respecto a la “nueva” institución, sujeta al control civil de un nuevo Ministerio de Seguridad. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, esta fuerza ha cometido violaciones de derechos humanos contra manifestantes y otros individuos y contra personas bajo su custodia, incluidos homicidios ilegítimos; ha sido relacionada con la delincuencia organizada y es considerada una de las instituciones con el más bajo nivel de aceptación y confianza por parte de la población. Todo ello a pesar de un proceso muy publicitado de depuración de las fuerzas policiales, a partir del 2000, para apartar a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el valor de este proceso perdió validez ya que no se realizaron investigaciones oficiales sobre la actuación de los ex-agentes, a fin de determinar su responsabilidad penal y llevar ante la justicia los casos pertinentes.


Los Comités de Seguridad y guardias privados


Según informes, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) documentó en el año 2000, 12 casos de asesinatos presuntamente llevados a cabo por miembros de Comités de Seguridad Ciudadana. Personal de compañías privadas de seguridad también son acusados de estar involucrados en un promedio del 2% de asesinatos de niños y jóvenes entre 1998 y junio del 2002.

Los Comités de Seguridad están contemplados en el Artículo 102 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, publicada en La Gaceta del 18 de julio de 1998. Este dispone que los Municipios podrán “promover la organización de comités comunales de seguridad de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento respectivo”. A Amnistía Internacional le preocupaba que el Reglamento mencionado en la ley no existía a pesar de que comités ya estaban en funcionamiento. En una entrevista con el Ministro de Seguridad en agosto del 2001, delegadas de Amnistía Internacional indagaron si el funcionamiento de dichos comités se ajustaba a la Constitución y legislación hondureña y si su existencia era apropiada o necesaria. El Ministro manifestó que él no había autorizado el funcionamiento de ningún comité de este tipo ya que los consideraba problemáticos y que no deberían estar en funciones. Sin embargo, las acciones de estos comités eran reportadas a menudo en la prensa. La Ley Orgánica de la Policía Nacional también contiene normas para el funcionamiento de servicios privados de seguridad, que deben regirse por un reglamento especial.


En octubre del 2001, en una carta de seguimiento sobre el tema, Amnistía Internacional resaltó la necesidad de que “cualquier grupo que participe en la función del estado de garantizar la seguridad, mantener y restaurar el orden o prevenir y combatir el delito, tenga regulaciones para su actuación, capacitación adecuada y líneas de responsabilidad claramente establecidas. La falta de éstas es de gran preocupación para Amnistía Internacional ya que puede prestarse para abusos de los derechos humanos. … Amnistía Internacional insta a que se proceda urgentemente ya sea a eliminar oficialmente los comités comunales de seguridad o elaborar y poner en práctica el reglamento previsto en el Artículo 102 de la Ley Orgánica de la Policía y que se tomen medidas similares en cuanto a empresas de seguridad privada”. Hasta ahora no ha habido respuesta a esta correspondencia y el Reglamento aún no existe.


Los Comités de Seguridad, llamados también Comités de Vigilancia, surgieron como respuesta a la creciente violencia e inseguridad ciudadana y reflejaban la ausencia de la presencia policial en gran parte del territorio del país. A comienzos del 2000 se habían creado 845 en todo Honduras. Durante el año 2000, el entonces Comisionado de Derechos Humanos Leo Valladares pidió la disolución de estos comités al Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) por la falta de reglamentación y control de sus operaciones. En su informe decía que “una de las hipótesis a comprobarse tras una minuciosa investigación judicial es el surgimiento de estos Comités de Seguridad Ciudadana como entes parapoliciales sin control alguno, paralelamente al surgimiento e incremento preocupante de muertes de jóvenes desde el año de 1998 a la fecha. Existen coincidencias en el equipo utilizado por estos comités y los denominados ‘Olanchanos’ identificados por integrantes de pandillas principalmente en San Pedro Sula y ciudades periféricas.”


TIPO DE ARMAS USADAS


Las armas de fuego son las más usadas en las muertes de niños y jóvenes que se han analizado en Honduras, incluidas las pistolas calibre 9 y 38, los fusiles AK-47 y las chimbas, armas rudimentarias generalmente usadas por miembros de pandillas. En segundo lugar se identifican las armas blancas como los cuchillos.


Una investigación independiente sobre armas pequeñas a nivel mundial ha establecido que la mayoría de las armas existentes no están en posesión de las fuerzas armadas nacionales o la policía, sino de civiles. El informe declaraba que la evidencia existente apuntaba a una correlación entre altos niveles de posesión de armas y altos niveles de mortalidad y morbilidad, al menos en los países desarrollados. También indicaba que la existencia de legislación nacional para el control de las armas en posesión de civiles podía moldear las nociones sociales prevalentes con respecto a la violencia. Controles estrictos de armas puede hacer llegar el mensaje sobre la no aceptación de la violencia y, a largo plazo, influir el comportamiento social de las personas (Small Arms Survery 2002, Ginebra 2002, pág. 263).


El Congreso Nacional de Honduras, ha estimado que 600 mil armas de guerra circulan ilegalmente y que hay un promedio de seis armas por familia. Esto refleja la demanda creciente de los ciudadanos que buscan armarse por razones de seguridad o para hacer justicia por mano propia.


En octubre del 2002, el Congreso Nacional finalmente aprobó un proyecto de ley presentado en 1997 que regula la posesión de armas. La Ley de Portación de Armas, municiones, explosivos y similares establece que los particulares pueden registrar hasta cinco armas por persona de los tipos establecidos por la ley. Ciertos tipos de armas, como los AK-47 frecuentemente usados en asesinatos, no podrán estar en manos de particulares. El proceso inicial de inscripción para obtener un permiso de portación legal de armas se realizará hasta abril del 2003 sin necesidad de documentación. Posteriormente se exigirán documentos y recibo de propiedad del arma a registrar.


SEGURIDAD DE TESTIGOS E INVESTIGADORES


En el contexto de la investigación de delitos en general y de las muertes de niños y jóvenes en especial, la seguridad de los testigos es de enorme importancia. No es infrecuente que en esta clase de delitos los testigos se sientan intimidados y no estén dispuestos a dar su testimonio ante la policía o autoridades judiciales. Varios testigos y al menos una funcionaria pública han sufrido hostigamientos y amenazas de muerte de desconocidos.


Por ejemplo, el informe de la Relatora resaltó el caso del taxista Alexander Jovial Villatoro, testigo del asesinato de tres menores en Cárcamo. Alexander Jovial Villatoro y otra pasajera testificaron en contra del policía responsable de las muertes, el qual fue detenido. Alexander Jovial Villatoro informó a la Relatora que se ha atentado cuatro veces contra su vida y ha sido amenazado por los familiares del policía imputado. Varios meses después de los hechos, Alexander Villatoro fue detenido, encarcelado y acusado de haber cometido delitos relacionados con las drogas. Aunque el 5 de agosto de 1999 su causa fue sobreseída y fue puesto en libertad, aún sigue viviendo con miedo, se ha mudado varias veces y no ha podido declarar contra el policía imputado.


P

Me duele que a estas alturas todavía queramos tapar el sol con un dedo, las investigaciones que hemos venido realizando han arrojado cantidad de nombres de personas, tenemos evidencias, tenemos testimonios, que vinculan a policías en ejecuciones.” (septiembre 2002) “…con estos lamentables precedentes se deja ver claramente que si alguien denuncia algún acto ilícito dentro de una institución, le responden con un ‘quédese callada porque las medidas serán aplicadas contra usted’.” (diciembre 2002)


María Luisa Borjas

or otro lado, cabe mencionar el caso de una funcionaria pública que ha sido objeto de amenazas anónimas y públicas por sus investigaciones sobre la participación de miembros de la policía en ejecuciones extrajudiciales. A fines de septiembre del 2002, la Sub Comisionada María Luisa Borjas, Jefa de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, denunció la participación de miembros del Ministerio de Seguridad y de la Policía Nacional en al menos 20 ejecuciones extrajudiciales de menores y jóvenes en Honduras. Inmediatamente, según informes, comenzó a recibir amenazas telefónicas de muerte, se le redujo el personal de apoyo de su oficina, se le interceptó la correspondencia y dos meses después se informaba que había sido suspendida presuntamente por no haber presentado pruebas de sus denuncias.


LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO


Es responsabilidad del Estado el investigar y sancionar el delito. El Decreto 228-93 publicado en enero de 1994 creó el Ministerio Público, “un organismo profesional especializado, libre de toda ingerencia político sectaria, independiente funcionalmente de los poderes y entidades del Estado…” (Artículo 1, Ley del Ministerio Público) cuyos objetivos incluían “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad”, “colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal…” “ velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales…”, entre otros. La Dirección de Investigación Criminal (DIC) fue creada como un órgano dependiente del Ministerio Público con el objeto de “ … en forma exclusiva e ineludible investigar los delitos, descubrir los responsables y proporcionar a los órganos competentes la información necesaria para el ejercicio de la acción penal” (Artículo 31, Ley del Ministerio Público). La DIC sustituía a la Dirección Nacional de Investigaciones, bajo control militar, implicada en el pasado en numerosas muertes, torturas y desapariciones forzadas. Esta nueva estructura ponía a la DIC al servicio del proceso judicial y, a través de los fiscales, creaba el vínculo entre el investigador y el juez.

Por otro lado la policía también fue objeto de profundas transformaciones y en diciembre de 1996 el Congreso Nacional aprobó que la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP) pasara a estar bajo control de autoridades civiles. En 1998 la Policía Nacional Civil (ex FUSEP) pasó a ser parte del nuevo Ministerio de Seguridad. En julio de ese año se publicó la Ley Orgánica de la Policía Nacional que separaba a la DIC del Ministerio Público y la integraba al Ministerio de Seguridad como Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Sin embargo, la DGIC pasaba a depender “jerárquica y administrativamente” del Ministerio de Seguridad, pero actuaría “funcionalmente bajo la orientación técnico-jurídica del Ministerio Público en el proceso investigativo judicial.”


La separación de la función de investigación (que recae en la DGIC) y la de juzgar el delito (en Fiscalías del Ministerio Público) han propiciado, en parte, la presente crisis en la administración de justicia. Ya antes de la incorporación de la DGIC al Ministerio de Seguridad, el entonces Fiscal General Edmundo Orellana había advertido que “si los fiscales no tienen posibilidad de dirigir la investigación desde el punto de vista jurídico, entonces no hay forma de llevar los casos a los tribunales.” (Tribuna, 22 de octubre de 1997).


El Foro Ciudadano8expresó en febrero del 2001, su preocupación porque el Ministerio de Seguridad parecía tener un “ferviente deseo por controlar la policía de investigación”. Según el Foro, la razón se hallaba en que, antes de su incorporación al Ministerio de Seguridad, la DIC tenía facultades de investigación independientes y que junto con el Ministerio Público habían llevado a cabo investigaciones sobre casos de corrupción que desembocaron en la comparecencia de altos funcionarios gubernamentales ante los tribunales.


Numerosas organizaciones hondureñas consideraron que con la incorporación de la DGIC al Ministerio de Seguridad, se ha concentrado la función de seguridad con la función de investigación; se ha separado la función de investigación del ámbito judicial; y la función de investigación habría perdido imparcialidad, pues puede ser afectada por consideraciones político-partidistas relacionadas con las políticas de seguridad del gobierno, o como en el pasado, por casos de corrupción.


S

Darwin Roberto Sauceda Flores, 16


Darwin Roberto Sauceda Flores fue hallado muerto, con señales de haber sido ejecutado sumariamente el 17 de febrero del 2002 en Colonia La Trinidad, Comayagüela. Según informes, Darwin Sauceda, quien había estado preso varias veces, era hostigado por un agente de policía de la posta de la Guasalona, La Trinidad. Este agente presuntamente había detenido a Darwin Sauceda por asociación ilícita en repetidas ocasiones, en mayo, junio y septiembre del 2001. Después de esta última detención, Darwin Sauceda puso una denuncia por tortura. El 14 de Febrero del 2002 la policía de la posta de La Trinidad detuvo a Darwin Sauceda y fue remitido a la antigua posta de hacienda y posteriormente a la DGIC para que fuera trasladado al Juzgado de Menores. Según informes, Darwin Sauceda le dijo a su madre que los policías de La Trinidad lo habían golpeado. Fue liberado el 16 de Febrero del 2002. Darwin Sauceda fue visto por ultima vez con vida el 17 de Febrero en la tarde, según el testimonio de su madre. Darwin Sauceda fue muerto con disparos que hacían una cruz sobre su pecho.

Según el informe del CPTRT publicado en octubre del 2002, en el expediente judicial de Darwin Sauceda sólo existe el “Por Cuanto”, que indica que ha ocurrido una muerte violenta.


egún informes, en enero del 2001 la DGIC fue reducida en un 60% y se instruyó que sólo se investigaran 16 delitos de los tipificados en el Código Penal vigente. Según el Foro, este cambio alejaba a la DGIC del pueblo y creaba una policía de investigación al servicio de delitos cometidos contra ricos (como el secuestro). Asimismo, se retiró a los fiscales de las postas policiales, a pesar de estar claramente expresado en la Ley del Ministerio Público que una de sus atribuciones es la de dirigir, orientar y supervisar las actuaciones policiales (art. 16.4).


Sin embargo, a pesar de los cambios institucionales, las investigaciones sobre los asesinatos de menores y jóvenes en Honduras desde mediados de los años 90 han estado caracterizadas por negligencia y falta de independencia e imparcialidad de las autoridades encargadas de llevarlas a cabo. En la gran mayoría de los casos se han limitado a establecer un “Por Cuanto”, documento que indica que se ha producido una muerte violenta y lleva a abrir un expediente. Sin embargo, este generalmente termina archivado y olvidado.


Aún más, según informes, hay muchos casos en que ni siquiera se cumple con este requisito mínimo de registrar la muerte. En otros casos, la investigación es inadecuada, hay bajos niveles de acción procesal y penal. La deficiencia en los procesos investigativos realizados por la DGIC impide la acción del Ministerio Público para procesar y castigar a los culpables. Asimismo, en al menos un caso, los testimonios de ejecuciones extrajudiciales han sido rechazados por jueces porque los testigos eran “delincuentes.” (véase caso de los Cuatro Puntos Cardinales, pag.siguiente).


En su informe, el ex Comisionado Leo Valladares, expresó que “[e]n la gran mayoría de los casos de muertes de jóvenes no se ha realizado una investigación policial exhaustiva sobre las circunstancias y sus posibles móviles y, en los pocos que han llegado a conocimiento jurisdiccional, los procesos no son impulsados como lo exige la gravedad de los hechos (70% sin impulso procesal), pues existen escasos personamientos fiscales (28%), raramente se han dictado y ejecutado autos de prisión (4%) y, prácticamente no se ha emitido sentencia alguna.”


Caso Cuatro Puntos Cardinales: Marco Antonio Servellón García, 15; Rony Alexis Betancourt Hernández, 17; Diómedes Obed García, 19; Orlando Alvarez Ríos, 32


El 15 de septiembre de 1995 la Fuerza de Seguridad Policial (FUSEP), predecesora de la actual Policía Nacional, llevó a cabo redadas de jóvenes en los alrededores del estadio nacional en Tegucigalpa. Marco Servellón, Rony Betancourt y Orlando Álvarez fueron llevados al Comando Regional No. 7 (CORE VII) de la FUSEP, en el distrito Los Dolores de la capital. Diómedes García fue detenido en la mañana del 16 de septiembre.


Otros detenidos presenciaron las amenazas de muerte de agentes de la FUSEP en contra de los cuatro detenidos, así como la tortura de la que fue objeto Marco Servellón. Según informes, aparecen en el registro policial de salida los nombres de las cuatro víctimas con fecha de abandono de la comisaría el 16 de septiembre de 1995, a las 11am pero con firma de la jueza policial y no de las víctimas. Los cuerpos sin vida de los cuatro fueron encontrados en distintas localidades de Tegucigalpa el 17 de septiembre de 1995. Cada uno había recibido varios disparos en la nuca. La evidencia de balística más tarde confirmó que los cuatro habían muerto por la misma arma. Los médicos forenses determinaron que todos murieron entre las cinco y las seis de la mañana del 17 de septiembre de 1995.


El 6 de mayo de 1996 se presentaron órdenes de captura contra cuatro oficiales del FUSEP y una jueza policial por homicidio y encubrimiento del crimen. El 6 de agosto de 1996, el Juez de Primera Instancia anuló las órdenes alegando que los ‘testigos eran delincuentes,’ aludiendo a la docena de individuos detenidos sin órdenes de arresto por la FUSEP que presenciaron las amenazas y la tortura de las víctimas. En octubre del 2000, Casa Alianza y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este caso. En noviembre del 2000, la CIDH le asignó el número 12.331.



Otro elemento que influye el proceso investigativo y judicial es la poca capacidad técnica y escasos medios a disposición de las instituciones respectivas. La reacción ante denuncias de actos criminales, como las muertes de niños y jóvenes, es lenta y la documentación del delito es inadecuada. Esto es algo que el Presidente Ricardo Maduro reconoció en su plataforma electoral en la que decía que : “…La función principal del Poder Judicial es la administración de justicia, sin embargo hasta ahora este poder del Estado no ha sido independiente, ni imparcial, ni la justicia ha sido expedita y oportunamente impartida. […]


Por otra parte, la justicia en Honduras acusa una preocupante mora, la cual va más allá de un simple retardo en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento. Esta situación hace nugatorios los derechos constitucionales de los encausados” (“Mi Compromiso contigo”, pág. 10).


Ya en 1999, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU había recomendado que Honduras reforzase los mecanismos judiciales que tramitan las denuncias de brutalidad policial, malos tratos y abuso de los niños y que los casos de abuso fueran debidamente investigados, a fin de evitar que los culpables quedaran impunes. Esta recomendación ha quedado sin convertirse en una realidad para los cientos de menores, víctimas de abusos de derechos humanos en Honduras.


A

Óscar Daniel Medina Cortez, 16 y José Luis Hernández, 14


El 11 de enero de 1998, Óscar Daniel Medina Cortez y José Luis Hernández fueron detenidos cerca de una plaza de El Progreso, Yoro, por cinco hombres fuertemente armados que viajaban en una camioneta pick-up. Los hombres, dos de los cuales fueron reconocidos por testigos como miembros de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGC), sacaron sus armas y subieron a Óscar Medina y a José Luis Hernández a la parte trasera del vehículo. A la mañana siguiente, sus cuerpos fueron encontrados con señales de torturas y mutilaciones, en la carretera a Mantecal, Municipio de Lima, Cortés. Según informes, uno de ellos tenía una herida de bala en el entrecejo y otra en la espalda. La Sra. Cortez dijo a la Relatora Especial de la ONU que había intentado presentar una denuncia contra los policías que presuntamente habían matado a su hijo, pero sin éxito y que nadie quería dar testimonio de lo ocurrido. En agosto del 2002, el caso fue elevado a la CIDH por Casa Alianza y CEJIL.

pesar de que el sistema judicial hondureño ha sido objeto de depuración, con la suspensión de varios jueces en diversas partes del país por corrupción e incompetencia, el deterioro del sistema de administración de justicia es también, en parte, un legado de las décadas pasadas, cuando se impuso la impunidad como forma de respuesta a las denuncias de violaciones de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos indican que antes existía un sistema de impunidad que beneficiaba a los autores de los crímenes políticos de las décadas pasadas y ahora favorece a los criminales de la actualidad.


Para el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos “…la reacción estatal ante las muertes violentas de jóvenes en los últimos cuatro años no es suficiente ni proporcional a la gravedad del fenómeno, situación ésta que se refleja en la falta de información lograda sobre cada uno de los casos registrados, un deficiente proceso investigativo en casi la totalidad de los casos, una falta de personamientos fiscales en buen número de los mismos, así como una carencia total de casos resueltos” (pág. 32).


Ante la continua ineficacia del sistema de administración de justicia en Honduras, organismos de derechos humanos continuaron recurriendo a instancias internacionales de derechos humanos. A fines de agosto del 2002, Casa Alianza y CEJIL presentaron el caso de Oscar Daniel Medina Cortes y José Luis Hernández a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elevándose a seis los casos ya presentados por estas ONG ante la Comisión (véase arriba).


LA DILIGENCIA DEBIDA Y EL ESTADO HONDUREÑO


En el ámbito internacional, la responsabilidad del Estado, aún en el caso de homicidios o abusos cometidos por particulares, es muy concreta: se lo puede considerar responsable de una violación de derechos humanos debido a su relación con los agentes no estatales, o por no haber tomado medidas razonables para impedir que se cometiera un abuso o para responder ante él. La responsabilidad del Estado se clasifica de diferentes formas que incluyen: la complicidad, el consentimiento o la aquiescencia, la omisión de la diligencia debida y la inacción a la hora de proporcionar una protección igual para prevenir y castigar los abusos que cometen los particulares. Tomando en cuenta todas estas circunstancias, el Estado ha fracasado en cumplir con sus obligaciones y está permitiendo en la práctica que continúe la violencia contra los menores y jóvenes en Honduras.


La norma de la diligencia debida fue articulada y aplicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez9 en sentencia del 29 de julio de 1988, que declaró: “Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la diligencia debida para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención [Americana sobre Derechos Humanos].”


La Corte afirmó asimismo que: “El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.”


En este respecto también se ha pronunciado la Relatora Especial Asma Jahangir, que en su informe hace notar: “Cualesquiera sean la identidad o las relaciones de los autores, el Gobierno tiene la responsabilidad de investigar y resolver los casos de ejecución. Cabe esperar que realice esfuerzos intensos y serios para determinar quién los ha cometido y proteger a la población de nuevos actos de violencia. Hasta el momento los esfuerzos no han sido muy entusiastas y no se han afrontado las atrocidades de forma seria y responsable.”


La Relatora también indica que altos funcionarios le recordaron constantemente que Honduras no era el único país donde los niños eran objeto de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, ella acota que ningún gobierno debe considerar o presentar esta realidad, de la que ella está muy consciente, como un factor atenuante.


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también impone la obligación de asegurar los derechos consagrados en ese instrumento, incluyendo el derecho la vida. En una Observación General el Comité de Derechos Humanos "considera necesario señalar a la atención de los Estados Partes el hecho de que la obligación prevista en el Pacto no se limita al respeto de los derechos humanos, sino que los Estados Partes se han comprometido también a garantizar el goce de esos derechos por todas las personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que los Estados Partes realicen actividades concretas para que las personas puedan disfrutar de sus derechos. Ello se desprende claramente de varios artículos, pero, en principio, dicho compromiso se refiere a todos los derechos reconocidos en el Pacto".10

La falta de una respuesta contundente e inequívoca del gobierno hondureño sobre los cientos de casos que se vienen acumulando desde 1998, ha propiciado la presentación de varios de estos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras Honduras continúe sistemáticamente ignorando sus responsabilidades nacionales e internacionales de investigar estos crímenes y proteger los derechos humanos, las denuncias a nivel internacional continuarán pesando sobre el gobierno hondureño.


INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADOS POR HONDURAS


Honduras ha firmado y ratificado una serie de tratados internacionales para la defensa de los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. También es signataria de ambos Protocolos Facultativos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En julio del 2002, Honduras ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.


Honduras también es parte de la Convención Americana sobre derechos humanos y ha firmado, pero no ha ratificado, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y sobre Desaparición Forzada de Personas.


A nivel nacional, en 1993 se creó la Comisión Nacional de Derechos de la Niñez, constituida por instituciones gubernamentales, organizaciones autónomas y organizaciones no gubernamentales y en 1996 el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia. El Ministerio Público cuenta con una Fiscalía Especial del Menor y del Adolescente.


No cabe duda de que existe una infraestructura normativa para la protección de los derechos humanos de la niñez en los instrumentos internacionales adoptados por Honduras y en su legislación nacional. Sin embargo, en los casos de que trata este documento, el estado no ha puesto en práctica los compromisos asumidos.


INICIATIVAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES


Debido a la creciente presión de la comunidad de derechos humanos a nivel nacional e internacional, Ricardo Maduro, quien asumió la presidencia el 27 de enero del 2002, ha impulsado una serie de medidas tendientes al esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales de menores y jóvenes de la calle.


A

Alexander Obando Reyes, 17


El 10 de abril de 1999, Alexander Obando Reyes se encontraba con un amigo en el parque La Merced de Tegucigalpa, cuando tuvo un altercado con un policía uniformado sobre unos zapatos. Alexander Obando Reyes pudo escaparse luego de que el policía disparara su arma, y se subió a un taxi. El agente de policía disparó su arma dándole a las llantas del taxi y trató de sacar a Alexander Obando Reyes del vehículo, pero el joven se soltó y pudo salir corriendo. El policía, que había salido tras de él, le disparó con su arma en la espalda provocando que se cayera al Río Choluteca y después se dio a la fuga. Alexander Obando Reyes fue rescatado por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Escuela en donde falleció al día siguiente. Según las investigaciones, se rescató un casquillo de bala en la zona donde ocurrieron los hechos y con la ayuda de testigos se elaboró un retrato hablado o “identi-kit” del perpetrador. Se identificó al policía involucrado y reportes de balística confirmaron que las balas provenían del rifle de éste. El Juzgado competente emitió la orden de captura contra el agente el 10 de diciembre del 2001 y según declaraciones del Ministro de Seguridad Óscar Álvarez el policía había sido detenido “hacía unos meses.”

mnistía Internacional consideró muy positiva la creación de la Unidad Especial de Tratamiento de Muerte de Menores para investigar estos homicidios, establecida por el Ministerio de Seguridad el 2 de septiembre de 2002. Ésta sería un ente investigativo con cinco agentes de la DGIC asignados a ella para efectuar investigaciones rigurosas para determinar las causas por las que los menores han sido ejecutados, y establecer la identidad de los responsables. Según informes, el ministro de Seguridad se comprometía a investigar y resolver en el plazo de 90 días 15 casos documentados por Casa Alianza. Amnistía Internacional confiaba que se cumpliría esta promesa y se transmitiría a la sociedad hondureña el mensaje inequívoco de que el gobierno tomaba en serio la protección de los derechos de los niños y no quedarían impunes crímenes tan horrendos. También confiaba que esa iniciativa daría paso al establecimiento de mecanismos adecuados y eficaces para abordar casos parecidos que, lamentablemente, con toda probabilidad seguirán ocurriendo en el futuro. Sin embargo, el plazo se cumplió sin que los compromisos suscritos se llevaran adelante ya que hasta la fecha y según informes, la Unidad Especial ha llegado a investigar sólo un caso de los 15 presentados por Casa Alianza.


Gobiernos anteriores redactaron leyes que pretendían dar una solución al problema de la inseguridad social, incluyendo una Ley de Convivencia Ciudadana y una Ley para la Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de las Personas Integrantes de Pandillas, aprobada en septiembre del 2001.


Sin embargo, desde el comienzo el proyecto mantenía una inclinación abiertamente represiva, desconocía en casi la totalidad de sus contenidos los avances en materia de derechos humanos y derechos de la niñez y la adolescencia logrados en el país. Sólo una férrea participación de diversos sectores involucrados en el trabajo de derechos humanos y de la niñez logró controlar estas intenciones y obtener una ley con el énfasis en la prevención y la rehabilitación más que sobre la represión. Sin embargo, la aplicación de estas leyes ha sido no sólo deficiente sino irrelevante en la práctica. Se continúa reprimiendo a los jóvenes presuntos miembros de pandillas y existen pocos indicios de que las instituciones gubernamentales estén llevando a cabo una política efectiva de rehabilitación de pandilleros.


El anterior gobierno de Carlos Flores Facussé, invitó a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, a visitar Honduras. La visita se llevó a cabo entre el 5 y el 15 de agosto del 2001. Al comienzo de la misión, la Relatora Especial se entrevistó con el entonces Ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, quien según el informe de la Relatora fue muy crítico con los padres de los niños de la calle, a los que tildó de ‘irresponsables’ y los acusó de no ocuparse de sus hijos. Afirmó que el modo de vida de esos niños los exponía al riesgo de ser asesinados y, en su opinión, se trataba de un tema que no implicaba al Estado. El Ministro no tenía noticias de la participación de la policía en el asesinato de ningún menor. Según él había menores que morían en reyertas porque “(los menores) son unos locos […].” Según su análisis, los niños del Tercer Mundo maduraban antes, por lo que merecían el mismo trato que los delincuentes adultos. Según el Ministro, la policía no se encargaba de los problemas sociales, de los que se ocupaba principalmente el IHNFA. Cabe hacer notar que según la ley la Policía Nacional es una institución profesional, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; de proteger la seguridad de las personas y sus bienes “…todo con estricto respeto a los derechos humanos” (Ley Orgánica de la Policía Nacional, art. 10). Entre sus atribuciones debe prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, las faltas e infracciones, así como proteger la vida y los derechos y libertades de las personas.


En una reunión subsiguiente con la Relatora, el Ministro de Seguridad “…no tuvo reparos en admitir que la impunidad era un problema profundamente enraizado […] Atribuyó muchas de esas irregularidades a la escasa formación de los jueces y las injerencias políticas en la labor del poder judicial. […] Señaló que su Ministerio ya había comenzado a expulsar de la policía al personal no apto, especialmente los autores de actos de abuso de autoridad o de violaciones de los derechos humanos. Se estaba adiestrando a nuevos agentes, pero entretanto la policía hondureña seguía estando en una situación de debilidad. El Ministro destacó que la falta de investigadores profesionales era un problema sumamente grave.” (ONU, “Misión a Honduras”, E/CN/4/2003/3/Add.2, pág. 21).


El 8 de octubre del 2002, la Comisión Permanente de Protección a la Integridad Física y Moral de la Niñez, creada por el gobierno ese mismo año, presentó su informe al Presidente Ricardo Maduro. La Comisión estaba integrada por el Comisionado de Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio López; el Fiscal General, Edmundo Roy Medina; representantes del IHNFA y de la Coordinadora Hondureña de Instituciones Protectoras de los Niños (COHIPRODEN) y autoridades gubernamentales. El informe confirmaba que desde 1998 hasta el 30 de junio del 2002 se habían cometido 574 ejecuciones extrajudiciales de menores de edad.


Durante la presentación del informe, el Ministro Óscar Álvarez: “recordó que hace algunos meses hicieron la primera captura del ex policía Walter Moncada Duarte, quien se vio involucrado en la muerte del menor Alexander Obando Reyes (ver recuadro pág. 21).”. Asimismo, en esa ocasión el Presidente Ricardo Maduro dijo: “no toleraré el involucramiento de cualquier miembro de las fuerzas de seguridad en este tipo de acciones.”


Según informes de prensa, en noviembre del 2002 el Fiscal General Edmundo Roy Medina afirmó que había 18 miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo a militares, procesados por su supuesta participación en las ejecuciones extrajudiciales y afirmó que “…en Honduras no existe ninguna política de seguridad orientada al exterminio o a la limpieza social, los casos en que han participado elementos de la policía son pocos.”


Amnistía Internacional considera que, incluso si se aceptan ambas aseveraciones, el estado aún tiene la responsabilidad de cumplir con su obligación de investigar y castigar el delito, especialmente cuando se trata de la violación del derecho más fundamental del ser humano como es el derecho a la vida.


CONCLUSIONES


  • Las ejecuciones extrajudiciales de menores y jóvenes en Honduras continúan sin abatirse, a pesar de recientes iniciativas gubernamentales como la creación de una comisión interinstitucional y una unidad de investigación al interior de la policía, para investigar y frenar estas violaciones de derechos humanos. El informe de la comisión interinstitucional, publicado en octubre del 2002, determinó que habían ocurrido más de 570 ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes en Honduras. El gobierno hondureño finalmente ha aceptado la existencia de estas ejecuciones extrajudiciales y se ha comprometido a erradicarlas. Sin embargo según las estadísticas las muertes continúan aumentando.


  • En los últimos años se han emprendido reformas sustanciales al poder judicial y al sistema de seguridad pública. Sin embargo, su funcionamiento está aún lejos de ser independiente, eficiente y transparente. Esto redunda en que los hondureños no gozan de sus derechos constitucionales, como es el derecho a la vida, a la dignidad y la igualdad ante la ley, entre otros. Por otro lado, el sistema permite a individuos tomar la justicia en sus propias manos, quebrantando así los derechos constitucionales en perjuicio de otros.


  • El gobierno ha fallado en su deber y responsabilidad de prevenir violaciones de derechos humanos y de proteger a las víctimas, así como de investigar adecuadamente todos los casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados. En un importante porcentaje de estos casos, donde se ha alegado la participación de las fuerzas de seguridad, el gobierno debería haber actuado con un esfuerzo aún mayor en determinar la participación de policías y personal militar en estos crímenes. Sin embargo, la casi total paralización de los casos en las etapas de investigación y juzgamiento de los delitos lleva a la conclusión de que existe un abismo insoslayable entre la palabra y la acción del gobierno hondureño.


  • Las víctimas pertenecen, en su gran mayoría, a los sectores más marginados de la sociedad. Una minoría importante de las víctimas eran miembros de pandillas, aunque las maras también fueron responsables, según informes, de al menos un 13% de muertes en el periodo 1998-junio del 2002. El número reportado de víctimas del sexo femenino parecía haber aumentado en los dos últimos años y se reportaron violaciones sexuales de niñas y mujeres jóvenes por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido llevado ante los tribunales por estos delitos.


  • Los asesinatos y ejecuciones son vistos por algunos medios de prensa y sectores de la sociedad como la solución al problema de la inseguridad pública, a pesar de que se ha comprobado que el sector de jóvenes marginados víctimas de las ejecuciones podrían ser responsables de sólo una pequeña fracción de los crímenes comunes como robos o hurtos reportados. En algunos medios de comunicación se ha hablado de “limpieza social” y existían indicaciones, como testimonios de jóvenes que no pertenecen a maras, que las víctimas de las ejecuciones habían sido ‘seleccionadas’ por su vestimenta o por llevar tatuajes y no por alguna acción presuntamente delictiva. Algunas de las ejecuciones parecían responder al deseo de los civiles de hacer justicia por sus propias manos.


  • En la mayoría de los casos, existen fallas muy graves en la investigación policial y de las fiscalías y en la administración de la justicia. En un alto porcentaje de los casos reportados (65% entre 1998 y junio del 2002) no se ha establecido la identidad del perpetrador, aunque los testimonios de sobrevivientes y testigos de las ejecuciones indicaban que podría tratarse de civiles actuando con la connivencia del estado o de agentes encargados de hacer cumplir la ley. En otros casos, agentes civiles como los Comités de Seguridad y los ocupantes de “carros asesinos” parecían actuar en complicidad o con el conocimiento de las autoridades. Las fallas en las investigaciones se deberían, en parte, al alto nivel de corrupción en los sistemas de administración de justicia, desde la Policía hasta los tribunales. El control de la DGIC por el Ministerio de Seguridad ha sido mencionado como un problema grave en la investigación de cualquier crimen, por su separación de las fiscalías del Ministerio Público que tienen la función de llevar adelante los procedimientos judiciales.


  • En muchos casos, los testigos han sido víctimas de hostigamientos e intimidación para obligarlos a no declarar. Se les ha amenazado de muerte, desestimado sus declaraciones por tener, presuntamente, antecedentes policiales, y en un caso, una funcionaria pública fue suspendida de su cargo cuando las autoridades dieron mayor importancia a la forma que al fondo de sus declaraciones de que las fuerzas de seguridad estaban implicadas en estos asesinatos. Los testigos de ejecuciones extrajudiciales, muchas veces miembros de maras u otros jóvenes, no declaran ante las autoridades por miedo a su integridad física y porque no tienen confianza en la policía o en el sistema de justicia.


  • Las autoridades son responsables no sólo de investigar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino de prevenir razonablemente las mismas y de proteger a todos los ciudadanos. Honduras continúa faltando a sus compromisos nacionales y compromete su responsabilidad internacional ante las instituciones de las que es Estado Parte. Mientras Honduras continúe ignorando sistemáticamente sus responsabilidades nacionales e internacionales de investigar y juzgar estos crímenes y proteger los derechos humanos, las denuncias a nivel internacional continuarán pesando sobre el gobierno hondureño. Existe un abismo creciente entre las intenciones del gobierno de acabar con este problema y las acciones eficaces, duraderas y comprometidas necesarias para alcanzar este objetivo.


  • No existen soluciones fáciles al problema de la inseguridad ciudadana y la violencia urbana. Sólo con políticas integradas, participativas e incluyentes se podrán contener las ejecuciones de menores y jóvenes en Honduras. Estas políticas deberán incluir, como fundamento, el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos y la necesidad de acabar con la impunidad reinante en las distintas instituciones hondureñas. Consecuentemente, se deberá asegurar que se investiguen las violaciones de derechos humanos y se sancione a los perpetradores en los tribunales según las leyes hondureñas y los instrumentos internacionales de derechos humanos.


RECOMENDACIONES


Al proponer estas recomendaciones Amnistía Internacional considera dos situaciones: lo acontecido en el pasado y la situación a futuro. Es importante que las autoridades tomen medidas sobre ambas situaciones: si no se soluciona el pasado se estaría permitiendo que la impunidad persista en aún otro sector de la sociedad. Si no se toman las medidas necesarias para prevenir este fenómeno esta situación aberrante continuará prevaleciendo en el futuro.



A) INVESTIGACIÓN Y JUSTICIA


Investigación


Las autoridades deben tomar las medidas necesarias para investigar en forma amplia, independiente e imparcial las ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes. Los resultados de dichas investigaciones deberán hacerse públicos. Los responsables de estas violaciones de derechos humanos serán puestos a disposición de la justicia. Se recompensará a las víctimas de estos crímenes de acuerdo con los compromisos internacionales contraídos por Honduras.


Igualmente, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para investigar otros casos de asesinatos de niños y jóvenes, y poner a los responsables a disposición de los tribunales respectivos.


Policía Nacional


Debería enjuiciarse sin demora a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluyendo aquéllos que incurran responsabilidad por complicidad, consentimiento o falta de diligencia debida, separándolos de su cargo hasta terminado el proceso judicial.


El gobierno debe tomar medidas inmediatas encaminadas a garantizar que la fuerza policial se convierta en una institución profesional, disciplinada y respetuosa en el cumplimiento de sus funciones de velar por el orden público, la prevención, control y combate al delito. Debe garantizar también que los agentes implicados en violaciones de derechos humanos y otras actividades delictivas respondan de sus actos y no sigan destinados en puestos de autoridad donde tales delitos pueden repetirse en el futuro.


Agentes civiles


Los miembros de Comités de Seguridad Ciudadana y los empleados de compañías privadas de seguridad no podrán, bajo ninguna circunstancia, considerarse sustitutos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley ni asumir estas funciones. Aquéllos que hayan cometido violaciones de derechos humanos deben ser puestos a disposición de los tribunales como cualquier otro ciudadano.


Amnistía Internacional insta a que se proceda urgentemente ya sea a eliminar oficialmente los Comités de Seguridad Ciudadana o elaborar y poner en práctica el reglamento previsto en el Artículo 102 de la Ley Orgánica de la Policía y que se tomen medidas similares en cuanto a empresas de seguridad privada.


Administración de justicia


Los sistemas legal y judicial deben ser independientes, eficientes y transparentes, para terminar definitivamente con la impunidad que azota al sistema, mejorar la investigación y juzgamiento de los delitos, y en particular de las violaciones de derechos humanos.


Deberían generarse cambios estructurales en esas instituciones y mayor eficacia en su trabajo para promover una mayor confianza de la población en las instituciones del estado, y evitar que ésta asuma o sustituya la labor policial.


Debería promoverse una evaluación profunda sobre si debe separarse a la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y pasarla al Ministerio Público.


Recolección de datos


Debe crearse un sistema de recolección de datos a nivel nacionalsobre los delitos y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra niños, especialmente las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios. Se sugiere la creación de un registro nacional único, con información forense amplia que facilite la investigación de los homicidios y la adecuada identificación de las víctimas. Dicha información deberá ponerse a disposición del público a través de informes periódicos.


Testigos y defensores de derechos humanos


Amnistía Internacional llama al gobierno hondureño a establecer mecanismos seguros y fiables para garantizar la participación de los testigos de ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes en el proceso judicial. La organización insta a las autoridades a estudiar la creación de un sistema permanente y efectivo de protección de testigos.


El gobierno debe asegurar que los defensores de derechos humanos que trabajan por los derechos de los niños puedan realizar sus actividades sin impedimentos de ningún tipo. Es deber del gobierno hondureño respetar el derecho a defender los derechos humanos, el cual ha sido reconocido y establecido en los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, Grupos y las Instituciones de la Sociedad para Promover y Proteger las Libertades de los Derechos Humanos y Fundamentales Universalmente Reconocidas, de 1998, así como en la resolución adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio de 1999.



B) PREVENCIÓN


Oficinas de protección del niño


Las oficinas encargadas de la protección de los menores al seno del Ministerio Público y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos deben ser dotadas con mayores recursos para que puedan desempeñar su labor adecuadamente.


Educación en derechos humanos


Las autoridades públicas competentes deberían organizar cursos especiales de orientación que contengan un importante componente de derechos humanos para los funcionarios que estén en contacto directo con niños. Se debería promover la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en las escuelas y centros de atención a los menores.

En particular, se deberán resaltar los valores fundamentales que sustentan la Convención, contenidos en varios artículos de la misma, que señalan las responsabilidades del gobierno en materia de justicia juvenil y protección infantil:


  • el artículo 6, que dice que los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño;

  • el artículo 19 que indica que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo; y

  • el artículo 37 que señala que los Estados Partes velarán por que:

  1. ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

  2. ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

  3. todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

  4. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.


Todos los ciudadanos deberían recibir instrucción sobre sus derechos humanos, incluyendo información sobre donde recibir atención cuando se quiera presentar una queja.


Medios de comunicación


Los medios de comunicación deberían integrarse al desarrollo de la sensibilización de la población y fomentar una cultura de respeto de los derechos del niño y el adolescente, especialmente su derecho a la vida, en la población. Esto se podrá lograr solamente con un examen de conciencia sobre el papel que juega la prensa en la campaña de ‘limpieza social’ que se ha venido promoviendo desde algunos medios. Los medios de comunicación pueden jugar un papel sumamente importante en la difusión de, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño.


Justicia Social


Es imperativa la promoción de políticas y programas integrados para combatir la pobreza y reducir los niveles de violencia e inseguridad social reinantes en el país. Estas políticas deberán tener a los menores como objeto de atención principal, ya que constituyen la mayoría de la población y también el sector más vulnerable de la sociedad. Como estableció la Relatora Especial de la ONU: “Los niños tienen necesidades y derechos que van más allá de la educación y la salud.”


Se debe prestar especial atención al desarrollo de políticas conducentes al rescate de menores y jóvenes y su reintegración a la sociedad, modernizando y fortaleciendo las instituciones de protección de la niñez y dotándolas de mayores recursos humanos y financieros. Para ello se recomienda que las instituciones del estado trabajen de manera estrecha con los organismos de derechos humanos ya involucrados en estos procesos de desarrollo y se incorpore a los menores y jóvenes como actores/participantes de su propio cambio social. Asimismo, las políticas del estado deben guiarse por las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.


Mujeres


Muchas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales pertenecen a familias monoparentales que suelen estar encabezadas por la madre. La pérdida de autonomía de la mujer está estrechamente vinculada a la marginación del niño. El Gobierno ha hecho algunos progresos en la promoción de los derechos de la mujer, pero hasta ahora esos esfuerzos han sido poco sistemáticos y esporádicos. Se urge al gobierno a formular y aplicar una política integral en materia de derechos de la mujer, haciendo especial hincapié en la emancipación de las madres solteras.


El estado hondureño debe cumplir con las obligaciones contraídas internacionalmente, incluyendo las de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la ONU, cuyo artículo 3 indica que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.


Armas


Los agentes encargados de hacer cumplir la ley deberán recibir entrenamiento adecuado para el uso de la fuerza y de las armas letales, según los instrumentos internacionales pertinentes. El gobierno hondureño debe impulsar, a la brevedad posible, políticas de desarme de la población civil que sean conducentes a una reducción de los niveles de violencia existentes. Estas políticas deberán estar acompañadas de penas adecuadas para aquéllos que quebranten las leyes regulatorias de posesión y uso de armas.



C) GENERAL


Debido a la magnitud e importancia del tema las autoridades deberían confeccionar un plan y calendario de acción para, por un lado, investigar los casos pasados y, por otro, decidir estrategias y medidas para actuar en casos futuros a fin de acabar con estos homicidios y ejecuciones extrajudiciales y, cuando ocurran, contar con un sistema rápido y efectivo de investigación y justicia.

Dicho plan debería incluir metas claras y verificables, incluyendo plazos determinados, y en lo posible fechas precisas pero alcanzables, para completar diversas etapas. Es imprescindible que se asignen los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto en forma eficiente y efectiva.

Las autoridades deben consultar con organizaciones de la sociedad civil en cuanto a posibles áreas de cooperación. El marco del plan podría ser, por ejemplo, 2003 a 2006, es decir, lo que queda del actual periodo presidencial. El plan debería, sin embargo, incluir provisiones para continuar con cualquier trabajo pendiente más allá de esa fecha.







CASO DE LLAMAMIENTO

CUATRO PUNTOS CARDINALES

Marco Antonio SERVELLÓN GARCÍA, 15

Rony Alexis BETANCOURT HERNÁNDEZ, 17

Diómedes OBED GARCÍA, 19

Orlando ALVAREZ RÍOS, 32


El 15 de septiembre de 1995 a las nueve de la mañana (día de la independencia en Honduras), la Fuerza de Seguridad Policial (FUSEP), predecesora de la actual Policía Nacional, llevó a cabo redadas de jóvenes en los alrededores del estadio nacional en Tegucigalpa. Más de 120 personas fueron detenidas ese día, muchas de ellas menores de edad. Marco Antonio Servellón, Rony Betancourt y Orlando Álvarez fueron llevados al Comando Regional No. 7 (CORE VII) de la FUSEP, en el distrito Los Dolores de la capital, y sus nombres incluidos en el registro policial. Diómedes García fue detenido en la mañana del 16 de septiembre. Su nombre no fue incorporado al registro oficial de detenciones, pero varios testigos dicen haberlo visto en el CORE VII.


Según informes, otros detenidos presenciaron las amenazas de muerte de agentes de la FUSEP en contra de los cuatro detenidos, así como la tortura de la que fue objeto Marco Antonio Servellón García. En el curso de su detención fue sacado de su celda tres veces y se le ataron los pies. Recibió golpes en el abdomen y la espalda y le pegaron con una cadena.


Según informes, aparecen en el registro policial de salida los nombres de las cuatro víctimas con fecha de abandono de la comisaría el 16 de septiembre de 1995, a las 11am. Ninguno de los familiares presentes en ese momento en las afueras de la comisaría los vió salir. El registro de salida debe ser firmado por la persona que es puesta en libertad, cosa que no ocurrió en el caso de las cuatro víctimas. Según informes, la jueza policial Roxana Sierra firmó por cada una de las víctimas.


Los familiares de las cuatro víctimas se presentaron en la comisaría de la FUSEP en la mañana del sábado 16 de septiembre para reclamar ver a sus parientes. La jueza de la policía Roxana Sierra les dijo a todos que sus parientes estaban siendo investigados, que no los podía dejar libres y que volvieran el lunes 18.


Los cuerpos sin vida de los cuatro fueron encontrados en distintas localidades de Tegucigalpa el 17 de septiembre de 1995. Cada uno había recibido varios disparos en la nuca. La evidencia de balística más tarde confirmó que los cuatro habían muerto por la misma arma.


El cuerpo de Marco Antonio Servellón García fue encontrado en la zona de “El Lolo”. Presentaba señales de haber sido esposado. El cuerpo de Rony Betancourt fue hallado en la zona de Nueva Supaya y había recibido disparos detrás de la oreja derecha y a través de su mejilla derecha. Tenía además cuatro heridas de cuchillo en el pecho. El cuerpo de Orlando Álvarez fue encontrado en el kilómetro 41 de la carretera norte saliendo de Tegucigalpa, en la comunidad de Las Moras. Tenía dos tiros en la nuca. El cuerpo de Diómedes fue encontrado entre los kilómetros ocho y nueve en la carretera a Olancho. Tenía ocho perforaciones de bala y tres heridas de cuchillo en la nuca y en el hombro derecho que indicaban que había sido torturado. La hora de muerte determinada por los médicos forenses para cada uno de los casos fue entre las cinco y las seis de la mañana del 17 de septiembre de 1995.


Ocho meses después de los sucesos, el 6 de mayo de 1996, se presentaron órdenes de captura contra los cuatro oficiales del FUSEP y la jueza policial implicados, por homicidio y encubrimiento del crimen. El 6 de agosto de 1996, el Juez de Primera Instancia anuló las órdenes alegando que los ‘testigos eran delincuentes,’ aludiendo a la docena de individuos detenidos sin órdenes de arresto por la FUSEP que presenciaron las amenazas y la tortura de las víctimas. El Fiscal apeló la decisión del juez, pero el 6 de agosto de 1996 la Corte Primera de Apelaciones de Tegucigalpa la confirmó. La Fiscalía de Derechos Humanos continuó pidiendo que se realizaran las diligencias pertinentes, pero no se ha podido individualizar y procesar a los culpables.


En octubre del 2000, Casa Alianza y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de los cuatro jóvenes asesinados, que se ha denominado “Cuatro Puntos Cardinales” porque los cuerpos habían sido encontrados en diferentes partes de Tegucigalpa. En noviembre del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso asignándole el número 12.331.


Este caso, que data de 1995, posee características que se han repetido en subsiguientes violaciones de derechos humanos: la detención ilegal y tortura de las víctimas por miembros de las fuerzas de seguridad; la ejecución extrajudicial, con armas reglamentarias y a quemarropa; el deshacerse de los cuerpos simplemente abandonándolos en lugares aislados, sin temor a que sean descubiertos. Todo esto indica una actitud de parte de los perpetradores que demuestra su poco temor a ser juzgados por estas graves violaciones de derechos humanos.


CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourt Hernández, Diómedes Obed García y Orlando Alvarez Ríos, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

exprese gran preocupación porque, según informes, todas estas víctimas fueron encontradas muertas, con señales que indicaban que habían sido ejecutadas sumariamente, inmediatamente después de haber estado en detención policial;

inste a que comparezcan ante la justicia todos los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, incluidos los agentes encargados de hacer cumplir la ley presuntamente implicados;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.


Direcciones para el envío de llamamientos:


Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

Boulevard Juan Pablo Segundo Edificio Poujol, 4º. piso

Palacio José Cecilio del Valle Col. Palmira (Blvd. Morazán)

Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2214552 Fax: + 504 220 4352

Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro



Copia a:


Casa Alianza

Esq. Av. Cervantes y Calle Morelos (frente a óptica Matamoros)

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CASO DE LLAMAMIENTO


ÓSCAR DANIEL MEDINA CORTEZ, 16 y JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, 14


Óscar Daniel Medina Cortez y José Luis Hernández regresaban a sus casas en bicicleta el 11 de enero de 1998, aproximadamente a las 18:30 horas, cuando fueron detenidos cerca de una plaza de El Progreso, Yoro, por cinco hombres fuertemente armados que viajaban en una camioneta pick-up. Los hombres, dos de los cuales fueron reconocidos por testigos como miembros de la Dirección General de Investigación Criminal (DIGC), sacaron sus armas y subieron a Óscar Medina y a José Luis Hernández a la parte trasera del vehículo. Un amigo que estaba con ellos huyó e informó a la madre de Óscar Medina acerca del incidente, la que acudió a la estación de policía para averiguar sobre su hijo. Allí le dijeron que lo buscara en los cañaverales o que lo esperara en casa escuchando las noticias por la radio. Durante la noche una vecina de la Sra. Cortez le informó que había recibido una llamada telefónica en la que le decían que algunas personas de la zona habían visto el vehículo en que habían secuestrado a su hijo. La Sra. Cortez se dirigió nuevamente a la policía, que la acompañó a buscar ese vehículo, pero no pudieron encontrarlo.


A la mañana siguiente, los cuerpos de Óscar Medina y José Luis Hernández fueron encontrados con señales de torturas y mutilaciones, en la carretera a Mantecal, Municipio de Lima, Cortés. Según informes, uno de ellos tenía una herida de bala en el entrecejo y otra en la espalda. Según el testimonio de familiares de Óscar Medina Cortez y de José Luis Hernández, esperaron por horas a que las autoridades llegaran a levantar los cuerpos como lo determina la ley, cosa que nunca ocurrió. Finalmente ellos mismos tuvieron que llevarse los cuerpos.


La Sra. Cortez dijo a la Relatora Especial de la ONU que había intentado presentar una denuncia contra los policías que habían matado a su hijo, pero sin éxito. Dijo, además, que nadie estaba dispuesto a prestar testimonio de lo ocurrido.


Cinco años después del asesinato de Óscar Medina y José Luis Hernández, el crimen no ha sido investigado debidamente y los testigos claves tampoco han sido llamados a declarar. La DGIC tiene la responsabilidad de realizar esta investigación.


En agosto del 2002, Casa Alianza y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron el caso de Óscar Daniel Medina Cortes y José Luis Hernández a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



















CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Óscar Medina y José Luis Hernández, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

exprese gran preocupación porque testigos indicaron que las víctimas habían sido detenidas arbitrariamente por miembros de la DGIC el día antes de que sus cuerpos fueran encontrados, con señales que indicaban que habían sido ejecutadas sumariamente.

exprese preocupación porque no se ha procesado a nadie por estas ejecuciones extrajudiciales.

inste a que comparezcan ante la justicia todos los responsables, incluidos los agentes encargados de hacer cumplir la ley presuntamente implicados;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.


Direcciones para el envío de llamamientos:


Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

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CASO DE LLAMAMIENTO

ALEXANDER OBANDO REYES, 17


Según el expediente judicial, el sábado 10 de abril de 1999 aproximadamente a las 9:30 de la noche Alexander Obando Reyes se encontraba en compañía de Luis Alberto Sosa Ardón, en el parque La Merced de Tegucigalpa, cuando llegó un policía uniformado y les dijo que se quitaran los zapatos. Cuando Alexander Obando Reyes se negó a entregarle los zapatos, el oficial les hizo un disparo con su revolver calibre 38, diciéndoles que los iba a matar. Alexander Obando Reyes y Luis Alberto Sosa se escaparon asustados. Alexander Obando Reyes pudo parar un taxi, mientras el agente de policía disparaba. Las balas dieron en las llantas del taxi y el agente sacó a Alexander Obando Reyes del vehículo, pero el joven se soltó y pudo salir corriendo. El policía, que había salido tras de él, le disparó con su arma en la espalda provocando que Alexander Obando Reyes cayera al Río Choluteca. El policía al ver que Alexander Obando Reyes estaba herido se dio a la fuga. Alexander Obando Reyes fue rescatado por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Escuela en donde falleció al día siguiente, a causa de las heridas recibidas en los pulmones.


La Dirección General de Investigación Criminal (DIGC) asignó a tres agentes a investigar la muerte de Alexander Obando Reyes y se encontró un casquillo de bala en la zona donde ocurrieron los hechos. Luis Alberto Sosa Ardón colaboró en la producción de un retrato hablado o “identi-kit” del perpetrador. Según informes dos guardias del Banco Central de Honduras, situado del otro lado del Parque La Merced, presenciaron los hechos. A pesar de que no pudieron identificar la cara del policía, luego de ver el retrato hablado, pudieron confirmar que se trataba de un policía uniformado.


E

© Casa Alianza

l 27 de abril de 1999, con la ayuda del retrato hablado, la DIGC identificó a dos agentes policiales como posibles responsables de la muerte de Alexander Obando Reyes. Ambos estaban de guardia el 10 de abril de 1999. Luis Alberto Sosa Ardón identificó a uno de ellos como el policía que había disparado contra su amigo. Reportes de balística confirmaron que las balas que mataron a Alexander Obando Reyes provenían del rifle del agente de policía identificado. Según informes, el agente había huido de la escena del crimen, desertado de la policía quince días después y no se lo había vuelto a ver.


El Juzgado competente emitió la orden de captura contra el agente el 10 de diciembre del 2001 y según declaraciones del Ministro de Seguridad Óscar Álvarez había sido detenido “hacía unos meses” (La Prensa, 8 de octubre del 2002).


Expediente Judicial N° 1741-02 Tribunal Competente: Juzgado de Letras Primero de lo Criminal









CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Alexander Obando Reyes, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso de Alexander Obando Reyes. Según informes, se ha detenido a un sospechoso ¿cuándo fue puesto a disposición de la justicia? Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

√ exprese preocupación por el hecho de que se utilizaron armas de fuego contra Alexander Obando Reyes, un menor desarmado que no representaba una amenaza para la policía ni para otras personas que justificara la acción cometida. El principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone, entre otras cosas, que “…sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”;

√ exprese gran preocupación porque no se le prestó ninguna ayuda médica después de ser herido;

√ pregunte qué medidas se han tomado para elaborar un código de conducta nacional de conformidad con las normas de la ONU como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, para evitar más casos como el de Alexander Obando Reyes;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.


Direcciones para el envío de llamamientos:

Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

Boulevard Juan Pablo Segundo Edificio Poujol, 4º. piso

Palacio José Cecilio del Valle Col. Palmira (Blvd. Morazán)

Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2214552 Fax: + 504 220 4352

Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro


Copia a:

Centro de Prevención, Tratamientoy Rehabilitación de las Víctimas

de la Tortura y sus Familias (CPTRT)

A.P. 5377 /

Tegucigalpa MDC, Honduras

Fax: (504) 232 4204









CASO DE LLAMAMIENTO


NOÉ ALEJANDRO ÁLVAREZ RAMÍREZ, 14


El día 25 de mayo de 1999 a las 3:30 de la tarde, Noé Alejandro Álvarez Ramírez era trasladado del Juzgado de la Niñez al complejo pedagógico de El Haltillo, a 24 kms de Tegucigalpa. El Juez de la Niñez que debía firmar la orden para su liberación no se había presentado y a Noé Álvarez lo estaban devolviendo al centro de detención juvenil. Noé Álvarez iba con otros 12 menores, los cuales estaban esposados los unos a los otros. Noé Álvarez estaba esposado separadamente del resto y cuando el vehículo estaba a unos cinco kms de Tegucigalpa, a la altura de Casamata y cerca del Río Chiquito, Noé Alejandro Álvarez Ramírez se escapó por la ventana. Se avisó de lo sucedido a las autoridades de la antigua Penitenciaría Central, y tres custodios fueron enviados a buscarlo. Según informes, cuando éste iba por el barrio La Hoya de Tegucigalpa los custodios le gritaron que se parara, lo que él hizo levantando las manos y gritando ¡Ya!. Sin embargo, uno de los custodios le disparó con su rifle en el lado derecho del abdomen. Los guardias no le prestaron asistencia mientras esperaban por la ambulancia, la que llegó 30 minutos más tarde. Fue trasladado al Hospital Escuela donde posteriormente falleció.


Se libró orden de detención en contra del custodio responsable de la muerte de Noé Álvarez y se elevó el juicio a la etapa plenario pero el tribunal competente dicto sentencia absolutoria. A fines del 2002, el expediente se encontraba en la Corte de Apelaciones ya que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos había apelado la decisión absolutoria del Juzgado de Primera Instancia.


Expediente Judicial N°322-99


Tribunal Competente: Juzgado de Letras Primero de lo Criminal






© Casa Alianza

















CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Noé Alejandro Álvarez Ramírez, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso de Noé Álvarez Ramírez. Según informes, el tribunal competente había dictado una sentencia absolutoria que estaba siendo apelada por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Exprese preocupación porque pareciera que nadie ha sido puesto a disposición de la jusiticia por esta violación de derechos humanos. Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

√ exprese preocupación por el hecho de que se utilizaron armas de fuego contra Noé Álvarez Ramírez, un menor desarmado, el cual no representaba una amenaza para la policía ni para otras personas que justificara la acción cometida. El principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone, entre otras cosas, que “…sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

exprese gran preocupación porque no se le prestó ninguna ayuda médica después de ser herido;

√ pregunte qué medidas se han tomado para elaborar un código de conducta nacional de conformidad con las normas de la ONU como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, para evitar más casos como el de Alexander Obando Reyes;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.


Direcciones para el envío de llamamientos:

Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

Boulevard Juan Pablo Segundo Edificio Poujol, 4º. piso

Palacio José Cecilio del Valle Col. Palmira (Blvd. Morazán)

Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2214552 Fax: + 504 220 4352

Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro


Copia a:

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de la Tortura y sus Familias (CPTRT)

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CASO DE LLAMAMIENTO


ANTONIO RAMÓN CALERO DÍAZ, 17


l 23 de noviembre de 1999, Antonio Ramón Calero Díaz (17) había sido detenido acusado de robo por policías de la estación de Los Pinos y retenido en la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) de Comayagüela por una noche. El 24 de noviembre Antonio Calero era custodiado por agentes de la DGIC mientras era trasladado de la Fiscalía del Menor cuando intentó escaparse junto con otro menor saltando del vehículo en el que eran conducidos. El otro niño se escapó pero Antonio Calero se escondió entre la maleza abajo del puente Guacerique. Al ser descubierto Antonio Calero huyó y un agente de la DGIC le disparó con el arma hiriéndole en la pierna y el abdomen. El oficial de la DGIC implicado ha alegado que sólo había hecho tiros ‘de advertencia’ con su arma, tipo mini uzi, calibre 9 milímetros. Antonio Calero murió en el Hospital Escuela el 3 de diciembre de 1999.


Según el archivo judicial del caso, el sospechoso admite haber disparado su arma, haciendo un disparo de advertencia hacia el suelo, “no dándose cuenta que el cerrojo de la mini uzi se le había corrido a la posición de ráfaga.” Mientras estaba hospitalizado, Antonio Calero declaró ante el agente que investigó el caso, que el policía le hizo 4 disparos por la espalda, impactándole dos en las piernas y dos en el abdomen. Asimismo declaró que luego de haberle herido lo golpearon en diferentes partes del cuerpo y posteriormente lo tiraron al suelo de la patrulla “como si fuera un animal” y lo trasladaron al Hospital Escuela.

L

© Casa Alianza

a orden de arresto contra el agente de la DGIC fue emitida el 21 de febrero del 2000 bajo cargos de homicidio, que luego fue modificado de homicidio simple a homicidio culposo. Según informes, la Fiscalía interpuso el recurso de amparo. Según el informe del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), publicado en octubre del 2002, el expediente de Antonio Ramón Calero Díaz no pudo ser ubicado en los juzgados.


Expediente Judicial N° 16636-02

Tribunal Competente: Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal



















CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Antonio Ramón Calero Díaz, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso de Antonio Calero. Según informes, el expediente habría sido extraviado en los tribunales correspondientes. Exprese preocupación porque pareciera que nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por esta violación de derechos humanos. Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

√ exprese preocupación por el hecho de que se utilizaron armas de fuego contra Antonio Calero, un menor desarmado que no representaba una amenaza para la policía ni para otras personas que justificara la acción cometida. El principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone, entre otras cosas, que “…sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”;

√ exprese gran preocupación porque, en vez de prestarle ayuda una vez herido, según su propia declaración testimonial, agentes de policía maltrataron a Antonio Calero en un vehículo policial;

√ pregunte qué medidas se han tomado para elaborar un código de conducta nacional de conformidad con las normas de la ONU como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, para evitar más casos como el de Alexander Obando Reyes;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.

Direcciones para el envío de llamamientos:


Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

Boulevard Juan Pablo Segundo Edificio Poujol, 4º. piso

Palacio José Cecilio del Valle Col. Palmira (Blvd. Morazán)

Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

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Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro


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CASO DE LLAMAMIENTO



OSCAR DANERY RAMOS GARCÍA Y CARLOS MAURICIO RAMOS GARCÍA, 17


La noche del 1 de abril del año 2000, Carlos Mauricio Ramos García y su hermano Oscar Danery Ramos García estaban en una esquina del estanco “Don José”, en la Colonia Villafranca de la Ciudad de Comayagüela jugando con un grupo de amigos. Una patrulla de la Policía Nacional llegó alrededor de la medianoche y ordenó un registro, por lo que todo el grupo que estaba jugando salió corriendo. Los policías salieron tras de ellos y uno de los agentes hizo un disparo al aire para que se detuvieran. Los agentes no pudieron alcanzar a ninguno y se regresaron a la patrulla. En ese momento se escucharon unos disparos en dirección de donde habían corrido Carlos Mauricio Ramos García y Oscar Danery Ramos García pero los agentes decidieron retirarse del lugar.


Aproximadamente a las 12:30 de la noche la misma patrulla fue enviada a verificar si se había producido una muerte en el lugar, encontrando el cuerpo de Oscar Danery Ramos García al final del callejón por donde había querido huir de la policía. A las 6:00 de la mañana del 2 de abril se identificó el cuerpo de Carlos Mauricio Ramos García, que había sido encontrado en el patio de una casa perteneciente a un agente de policía fuera de servicio. Según testimonios recogidos en el expediente del caso, Carlos Mauricio Ramos García y Oscar Danery Ramos García, mientras trataban de huir de la policía, habían saltado por la cerca de la casa perteneciente al policía fuera de servicio y éste les habría disparado ocasionándoles la muerte. El policía y otra persona se habrían fugado la mañana del 2 de abril.


Según la autopsia los disparos fueron hechos a corta distancia. Oscar Danery Ramos García presentaba dos heridas en el lado derecho del tórax y Carlos Mauricio Ramos García una herida en el lado anterior del cuello y otra en el muslo derecho. Según el expediente, no se pudo determinar el calibre del arma utilizado.

El presunto autor se dio a la fuga y hasta la fecha no ha sido capturado, a pesar de saberse su identidad.


Expediente Judicial N° 12715-02

Tribunal Competente: Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal
















CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Oscar Danery Ramos García y Carlos Mauricio Ramos García, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso. Exprese preocupación porque pareciera que nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por esta violación de derechos humanos, a pesar de informes que indican que el presunto autor era un policía fuera de servicio. Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

√ exprese preocupación por el hecho de que se utilizaron armas de fuego contra ellos (uno de los cuales era un menor), estando desarmados y sin presentar una amenaza para la policía ni para otras personas que justificara la acción cometida. El principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone, entre otras cosas, que “…sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”;

√ exprese gran preocupación porque no se les prestó ninguna ayuda médica una vez heridos;

√ pregunte qué medidas se han tomado para elaborar un código de conducta nacional de conformidad con las normas de la ONU como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, para evitar más casos como el de Alexander Obando Reyes;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.

Direcciones para el envío de llamamientos:

Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

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Palacio José Cecilio del Valle Col. Palmira (Blvd. Morazán)

Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2214552 Fax: + 504 220 4352

Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro

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Fax: +504 221 5883 / 237 1772



CASO DE LLAMAMIENTO



CINTIA WALESKA RIVERA, 14

El 23 de mayo del 2001, se encontraron los cadáveres de Cintia Waleska Rivera y de su amiga Wendy (15, apellido desconocido), en una hondonada del cerro El Estiquirín, cerca de las colonias La Pradera y Altos de Tiloarque, en Comayagüela. Ambas eran presuntas integrantes de la pandilla “18”.


Según información forense, sus cuerpos estaban en un avanzado estado de descomposición y se creía que habían muerto unas 48 horas antes. Los cuerpos se encontraron a 20 metros de profundidad con evidencias de haber sido torturadas y violadas. Wendy tenía las manos atadas hacia adelante con los cordones de las zapatillas deportivas de Cintia. La última vez que se las había visto con vida había sido en una fiesta el sábado 19 de mayo.


En respuesta a una comunicación oficial enviada por la Relatora Especial de la ONU, el gobierno hondureño había indicado que el caso se estaba investigando y que de la instrucción policial del caso se desprendía que Cintia Waleska Rivera podría haber sido asesinada por miembros de la pandilla "18". Según informes, las dos jóvenes habían recibido un tiro en la cabeza después de ser violadas.


CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Cintia Waleska Rivera, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso Cintia Waleska Rivera. Exprese preocupación porque pareciera que nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por esta violación de derechos humanos. Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

√ exprese gran preocupación porque Cintia Waleska Rivera y su amiga Wendy (apellido desconocido) fueron violadas antes de haber sido asesinadas;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.


Direcciones para el envío de llamamientos:

Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

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Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2214552 Fax: + 504 220 4352

Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro


Copia a:


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Esq. Av. Cervantes y Calle Morelos (frente a óptica Matamoros)

Apartado 2401

Tegucigalpa M.D.C.

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CASO DE LLAMAMIENTO



JUAN RAMÓN ANTÚNEZ ALVARADO, 16


El 20 de Julio del 2001, Juan Ramón Antúnez Alvarado (16), junto a sus amigos Miguel Ángel Mendoza Castañeda (18) y José Germán Coello Medina (15), estaban en un bar en las cercanías del mercado San Isidro, en el barrio El Centavo, ciudad de Comayagüela. Alrededor de las 11:00 de la noche llegó una patrulla de la Policía Nacional, y uno de los agentes de policía entró al bar y les pidió los documentos a los jóvenes. Juan Ramón Antúnez Alvarado y otro de sus compañeros eran menores de edad. Los agentes de policía los enviaron a sus casas, advirtiéndoles que si los volvían a encontrar en el bar los iban a llevar detenidos por ser menores de edad.


Los jóvenes permanecieron en el bar hasta que éste cerró. Cuando se estaban marchando llegaron otros policías junto con uno de los que había ordenado a Juan Antúnez y a su amigo a irse a su casa. Mientras los agentes discutían con los jóvenes, José Germán Coello salió corriendo, seguido de Juan Antúnez. Los agentes de policía salieron en persecución, desenfundando sus armas reglamentarias y disparando dos veces. Juan Antúnez recibió un tiro en la espalda mientras que José Germán Coello se tiró dentro de una carreta. Los policías se fueron en la patrulla, dejando el cuerpo de Juan Antúnez tirado donde había caído, sin prestarle atención médica alguna.

Miguel Ángel Mendoza acudió a donde estaban sus amigos, pensando que ambos estaban muertos. Sin embargo, en ese momento, José Germán Medina se levantó de la carreta diciéndole que a él no le había pasado nada, pero que la policía le había disparado.


Juan Ramón Antúnez Alvarado murió más tarde en el hospital. Según el testimonio de su madre a la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Juan Ramón Antúnez Alvarado estudiaba en un colegio técnico privado y no estaba vinculado a ninguna pandilla.


Según informes, la investigación de la Fiscalía así como las actuaciones judiciales no han progresado a pesar de que existen testigos del incidente y se ha identificado plenamente a los policías responsables de la muerte de Juan Ramón Antúnez Alvarado.


Expediente Judicial: N°15139-02

Tribunal Competente: Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal





CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Juan Ramón Antúnez Alvarado, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso. Exprese preocupación porque pareciera que nadie ha sido puesto a disposición de la justicia por la ejecución extrajudicial de Juan Antúnez, a pesar de informes que indican que los presuntos autores era agentes encargados de hacer cumplir la ley. Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

√ exprese preocupación por el hecho de que se utilizaron armas de fuego contra Juan Ramón Antúnez quien estaba desarmado y no representaba una amenaza para la policía ni para otras personas que justificara la acción cometida. El principio 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley dispone, entre otras cosas, que “…sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”;

√ exprese gran preocupación porque no se le prestó ninguna ayuda médica después de ser herido;

√ pregunte qué medidas se han tomado para elaborar un código de conducta nacional de conformidad con las normas de la ONU como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, para evitar más casos como el de Alexander Obando Reyes;

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.

Direcciones para el envío de llamamientos:


Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

Casa Presidencial Ministerio de Seguridad Pública

Boulevard Juan Pablo Segundo Edificio Poujol, 4º. piso

Palacio José Cecilio del Valle Col. Palmira (Blvd. Morazán)

Tegucigalpa, Honduras Tegucigalpa, Honduras

Fax: +504 2214552 Fax: + 504 220 4352

Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro


Copia a:

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de la Tortura y sus Familias (CPTRT)

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CASO DE LLAMAMIENTO



DARWIN ROBERTO SAUCEDA FLORES, 16


Darwin Roberto Sauceda Flores fue hallado muerto, con señales de haber sido ejecutado sumariamente el 17 de febrero del 2002 en Colonia La Trinidad, Comayagüela. Según informes, Darwin Sauceda, quien había estado preso varias veces, era hostigado por un agente de policía de la posta de la Guasalona, La Trinidad. Este agente presuntamente había detenido a Darwin Sauceda por asociación ilícita en repetidas ocasiones. Según el registro, Darwin Sauceda había sido detenido el 16 de mayo del 2001. De acuerdo con el testimonio de su madre ella había ido a buscarlo a la posta de La Trinidad y el agente de policía que le hostigaba negó que su hijo estuviera ahí, pero Darwin Sauceda escuchó la voz de su madre y la llamó. Según el testimonio de la madre de Darwin Sauceda, en esa ocasión el policía le dijo que cada vez que fuera necesario lo iba a detener a su hijo y que iba a llegar un momento en que lo iba a matar. En junio del 2001 fue nuevamente detenido pero la policía también negó que allí estuviera. Testigos indicaron que el agente que le hostigaba lo había enviado a otra posta policial. Darwin Sauceda fue detenido nuevamente en septiembre del 2001 por el mismo agente y remitido a la quinta estación. Su madre lo encontró golpeado nuevamente y Darwin Sauceda le dijo que había sido el policía que le hostigaba el que lo había golpeado. Darwin Sauceda puso una denuncia por tortura.


El 14 de Febrero del 2002 la policía de la posta de La Trinidad detuvo a Darwin Sauceda y fue remitido a la antigua posta de hacienda y posteriormente a la DGIC para que fuera trasladado al Juzgado de Menores. Según informes, Darwin Sauceda le dijo a su madre que los policías de La Trinidad lo habían golpeado. Fue liberado el 16 de Febrero del 2002. Darwin Sauceda fue visto por ultima vez con vida el 17 de Febrero en la tarde, según el testimonio de su madre. Ella le había dicho al agente que hostigaba a su hijo que si algo le pasaba a Darwin, ella misma lo mataría (al agente) y que los disparos se los pondría en forma de cruz sobre el pecho. Según informes, Darwin Sauceda fue muerto con disparos que hacían una cruz sobre su pecho.


Según el informe del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), publicado en octubre del 2002, en el expediente judicial de Darwin Roberto Sauceda Flores sólo existe el “Por Cuanto”, que indica que ha ocurrido una muerte violenta.


Expediente Judicial: Etapa Investigativa por la DGIC

Tribunal Competente: Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal





CERO TOLERANCIA… A LA IMPUNIDAD: ¿QUÉ PUEDE HACER USTED?


Si desea hacer campaña en nombre de Darwin Roberto Sauceda Flores, esto es lo que puede hacer:

Escriba a las autoridades hondureñas y a la embajada de Honduras en su país haciendo hincapié en los siguientes puntos:

√ solicite más información acerca del proceso judicial seguido en el caso de Darwin Roberto Sauceda Flores. Exprese preocupación porque pareciera que nadie ha sido puesto a disposición de la justicia. Solicite se le mantenga informado sobre el progreso de las investigaciones y el proceso judicial;

indique que Darwin Sauceda había sido arrestado varias veces anteriormente y que había recibido malos tratos mientras estaba bajo custodia en al menos dos ocasiones. Señale que su cuerpo fue encontrado un día después de haber sido puesto en libertad por la policía.

√ inste al gobierno hondureño a poner en vigor la amplia legislación nacional e internacional existente, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, para que todos los agentes del Estado implicados directa o indirectamente en estas violaciones de derechos humanos, comparezcan ante la justicia;

⇨ Difunda este caso en los medios informativos locales y nacionales de su país.

Distribuya amplia información sobre este caso a individuos o grupos que considere puedan estar interesados al respecto.


Direcciones para el envío de llamamientos:

Lic. Ricardo Maduro Dr. Oscar Alvarez

Presidente de la República de Honduras Ministro de Seguridad Pública

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Tratamiento: Sr. Presidente Tratamiento: Sr. Ministro


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de la Tortura y sus Familias (CPTRT)

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1 Casa Alianza, Honduras: Ejecuciones sumarias de niños, niñas y adolescentes, septiembre del 2002, e información de la página web de Casa Alianza: http://www.casa-alianza.org

2 La palabra mara proviene de ‘marabunta’, las hormigas carnívoras del África que todo lo destruyen a su paso.

3 Ricardo Maduro, “Mi Compromiso Contigo: El desarrollo centrado en la persona humana”, 6 de noviembre del 2001, pág. 4.

4 Las estadísticas de los años 1998-2001 fueron tomadas del informe de Casa Alianza Honduras: Ejecuciones sumarias de niños, niñas y adolescentes, publicado en septiembre de 2002. Las estadísticas del año 2002 provienen del sitio web de Casa Alianza: http://www.casa-alianza.org así como de comunicados de prensa de la organización.

5 Casa Alianza, Honduras: Ejecuciones sumarias, Op. Cit.; págs. 175-176.

6 Fuente: http://www.casa-alianza.org/ES/human-rights/torture-honduras/stats.shtml

7 Ibid.

8 El Foro Ciudadano es una organización abierta y pluralista integrada por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil fundada en 1997.

9 Denuncia contra el Estado de Honduras por la “desaparición” de Manfredo Velásquez Rodríguez en 1981 después de haber sido detenido por agentes del Estado.

10"Observación General 3 del Comité de Derechos Humanos. Aplicación del Pacto a nivel nacional (artículo 2) 31/07/81.]