Document - Guatemala: Justice and Impunity: Guatemala's Historical Clarification Commission 10 years on


Justicia e impunidad

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, diez años después


Hace 10 años, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala entregó su informe sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 36 años de conflicto armado interno. El informe marcó un hito, pero algunas de sus recomendaciones clave nunca se han llegado a aplicar, impidiendo con ello que supervivientes, víctimas y familiares consigan justicia y reparación.


Se calcula que 200.000 personas fueron sometidas a desaparición forzada o ejecutadas extrajudicialmente durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996). La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), de acuerdo con lo establecido en los Acuerdos de Paz auspiciados por la ONU que pusieron fin al enfrentamiento, llevó a cabo una histórica investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante los años de conflicto.


El informe de la CEH, Memoria del Silencio, se presentó el 25 de febrero de 1999. Contenía conclusiones decisivas sobre las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas –muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad– perpetradas durante el conflicto. El informe contenía también una serie de recomendaciones clave concebidas para otorgar justicia y reparación y garantizar que estas atrocidades nunca volvieran a cometerse. Sin embargo, después de diez años aún no se han aplicado algunas de sus recomendaciones más importantes y los responsables de las violaciones de derechos humanos que el informe documenta no han sido puestos a disposición judicial.


Justicia

La CEH concluyó que el ejército guatemalteco y sus aliados habían sido responsables de la inmensa mayoría de los abusos perpetrados durante los años del conflicto, incluidas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas. La magnitud y la naturaleza de estas violaciones fueron tales que la CEH concluyó que el ejército había sido responsable del genocidio de los pueblos indígenas de Guatemala en cuatro regiones del país.

En total, la CEH documentó 669 masacres, 626 de las cuales eran atribuibles a las fuerzas del Estado. Hasta la fecha, menos de cinco de estos casos de graves violaciones de derechos humanos han dado lugar a condenas en los tribunales guatemaltecos, y únicamente para militares de baja graduación. Ningún militar de alta graduación ni autoridad ha comparecido nunca ante la justicia por ordenar, planificar o llevar a cabo las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas de las que fueron responsables.


  • El 5 de diciembre de 1982, las fuerzas de seguridad guatemaltecas entraron en el pueblo de Dos Erres, La Libertad, departamento de Petén. Tres días después salieron de allí dejando tras de sí más de 250 hombres, mujeres, niños y niñas torturados y muertos –tras múltiples violaciones en el caso de las mujeres– y un pueblo arrasado. Desde que se abrió oficialmente en Guatemala la investigación sobre la masacre, en 1994, la defensa ha presentado al menos 30 recursos, además de recurrir a otros procedimientos judiciales en unas 49 ocasiones. De hecho, la investigación lleva ya abierta casi 15 años sin que se haya realizado ningún avance apreciable.

  • Los miembros de la comunidad achí de la aldea de Río Negro, en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, fueron víctimas de cinco masacres entre 1980 y 1982. La de marzo de 1982 se saldó con la muerte de 177 mujeres, niños y niñas. Grupos locales de derechos humanos calculan que durante ese periodo entre 4.000 y 5.000 personas perdieron la vida en la zona de Rabinal, y 444 de los 791 habitantes de Río Negro fueron ejecutados extrajudicialmente. Tras años de esfuerzos de los defensores de los derechos humanos para lograr avances en el caso, en 1998 se declaró a tres ex miembros de la Patrulla de Auto-Defensa Civil (PAC), organización paramilitar respaldada por el gobierno, culpables de tres de los asesinatos (el número se redujo a dos en apelación). En 2008, otros seis ex miembros de la PAC fueron declarados culpables de la muerte de 26 personas. Sin embargo, ninguno de los oficiales del ejército que planearon, ordenaron o participaron en las masacres ha sido puesto a disposición judicial.


  • El 19 de octubre de 1981, soldados y jefes de grupos paramilitares entraron en la aldea de El Jute, en el departamento de Chiquimula. Allí detuvieron a siete hombres cuyos nombres figuraban en una lista que llevaban: Jacobo Crisóstomo Chegüen, Miguel Ángel Chegüen Crisóstomo, Raúl Chegüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera y Santiago Gallardo Rivera. No volvió a saberse nada de ninguno de ellos. En 2005, fueron detenidos y acusados un coronel del ejército y tres de los jefes del grupo paramilitar considerados responsables de su desaparición forzada.


El ex coronel apeló acogiéndose a la amnistía de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.


Tras varias batallas legales, en diciembre de 2008, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Corte Suprema de Justicia que reflejara en su fallo el hecho de que la Ley de Reconciliación Nacional no se aplica al delito de desaparición forzada. Aunque se trata de un avance, hasta la fecha nadie ha sido juzgado por la desaparición forzada de los siete hombres.


Se cree que en los archivos militares de la época del conflicto hay información crucial sobre éstos y cientos de casos más de graves violaciones de derechos humanos. El 25 de febrero de 2008, el presidente ÁlvaroColom Caballeros anunció la apertura de estos archivos. Pero hasta la fecha el Ministerio de Defensa se ha negado a entregar la información que contienen.


Reparación:

La reparación es un elemento clave de las recomendaciones de la CEH. La Comisión recomendó que se investigara la suerte corrida por todas las personas que desaparecieron durante el conflicto, y que se creara una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos. En 2007 se presentó finalmente una iniciativa de ley para la creación de una comisión encargada de buscar a las víctimas de las 45.000 desapariciones forzadas que se calcula tuvieron lugar, pero el texto aún ha de ser aprobado por el Congreso.


Un segundo elemento clave de reparación previsto en el informe de la CEH es la exhumación de los restos de las personas que murieron o desaparecieron. Anteriores gobiernos dieron cierto apoyo económico a las exhumaciones llevadas a cabo por ONG. Según ONG guatemaltecas, gracias a estos programas se han recuperado hasta la fecha los restos de unas 5.350 víctimas, lo que permite que puedan ser entregados a sus familiares. En la actualidad no se sabe con certeza si sigue habiendo financiación ni si el gobierno apoyará la continuación de las exhumaciones.


Con ocasión del décimo aniversario del informe de la CEH, Amnistía Internacional pide a las autoridades de Guatemala que conmemoren este Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno renovando y concertando sus esfuerzos para acabar con la impunidad de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, paso crucial para fomentar un mayor respeto hacia los derechos humanos en la actualidad.


ACTÚA YA


Escribe a las autoridades de Guatemala.


  • Insta al presidente Colom a que garantice la apertura de los archivos militares que se cree que contienen información crucial sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el enfrentamiento interno armado, tal como se comprometió a hacer el 25 de febrero de 2008.


  • Insta al presidente Colom a que garantice que se asignan suficientes recursos para permitir la exhumación de los cementerios clandestinos donde yacen todos los hombres, mujeres, niños y niñas cuyos restos aún no han sido recuperados e identificados.


Presidente de la República de Guatemala

Lic. Álvaro Colom

Casa Presidencial

6ª Avenida, 4-18, Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Fax: +502 2383 8390 / +502 2383 8383 (pidan tono de fax)

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente


  • Pide al fiscal general que acelere los esfuerzos para poner a disposición judicial a los responsables de crímenes como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas perpetrados durante el conflicto interno armado, incluidos quienes planearon y ordenaron dichos crímenes.


Lic. José Amílcar Velásquez Zárate
Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público
8ª Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores,
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Fax: +502 2411 9124 / +502 2411 9326

Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal General


  • Pide que el presidente del Congreso tome medidas para garantizar que la iniciativa de Ley 3590, presentada ante el Congreso el 18 de enero de 2007, por la que se crea una comisión de búsqueda de víctimas del conflicto interno armado se tramita eficazmente y sin más demora.


Lic. José Roberto Alejos Cámbara

Presidente del Congreso de la República de Guatemala

Congreso de la República de Guatemala
9ª Avenida 9-44 Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Fax: +502 2220 4024

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente