Document - Grenade. Le Conseil priv� ordonne la r�vision de la condamnation pour 13 des �17 de Grenade�

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AMR 32/001/2007 (Público)

Servicio de Noticias: 028/2007

9 de febrero de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR320012007

Granada: El Consejo Privado de la Corona ordena dictar nueva sentencia en 13 casos de “los 17 de Granada”

Tras 23 años de prisión, el 7 de febrero de 2007 el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona (JCPC) anuló las sentencias dictadas contra los 13 integrantes que quedan de “los 17 de Granada” (ex miembros del ejército y el gobierno de Granada declarados culpables del asesinato del ex primer ministro Maurice Bishop y otras personas). El JCPC resolvió que las penas de muerte originalmente impuestas eran inconstitucionales y que esto también invalidaba el proceso por el cual estas penas habían sido más tarde conmutadas por las de cadena perpetua.

En su fallo, el JCPC afirma: “La cuestión del destino de los apelantes tiene tanta carga política que no es razonable esperar que ningún gobierno de Granada [...] tenga un punto de vista objetivo sobre el asunto”, ni siquiera 23 años después. El JCPC ordenó por tanto que la causa se devolviera al Tribunal Supremo de Granada para que éste vuelva a dictar sentencia “teniendo en cuenta los avances hechos por los apelantes durante su estancia en prisión”.

Si bien la decisión no equivale a un nuevo juicio, Amnistía Internacional la acoge con satisfacción, considerándola una forma a través de la cual las causas por fin podrán revisarse, tras años de preocupación por las garantías del juicio y de las declaraciones de culpabilidad.

Aunque Amnistía Internacional no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inocencia de “los 17 de Granada”, la organización lleva largo tiempo pidiendo a las autoridades de Granada la revisión judicial de las condenas, recomendación que también efectuó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Granada en un informe de junio de 2006.

Información complementaria

Estas 17 personas fueron detenidas por las tropas estadounidenses tras la invasión de Granada encabezada por Estados Unidos en octubre de 1983. La invasión se realizó tras un golpe en el cual el ex primer ministro granadino, Maurice Bishop, y 10 miembros de su gobierno fueron presuntamente ejecutados de forma sumaria por simpatizantes de una facción disidente encabezada por el viceprimer ministro, Bernard Coard. En 1986, 14 ex miembros del gobierno y tres militares fueron declarados culpables de los asesinatos. Los miembros del gobierno, entre los que se encontraban Bernard Coard y su esposa, Phyllis Coard, fueron condenados a muerte, y los tres militares, a largas penas de cárcel. Las autoridades de Granada conmutaron las penas de muerte por cadenas perpetuas en 1991, en gran medida como consecuencia de la presión internacional. En diciembre de 2006, tres de “los 17 de Granada” (Andy Mitchell, Vincent Joseph y Cosmos Richardson) fueron puestos en libertad por la reducción de sus 45 años de condena debido a su buena conducta. Phyllis Coard obtuvo permiso para viajar a Jamaica por graves problemas de salud en marzo de 2000.

En 2003, AI publicó un informe titulado The Grenada 17: the last cold war prisoners? (Índice AI: AMR 32/001/2003) en el que la organización concluyó que “el juicio de los 17 de Granada adoleció de graves irregularidades y no cumplió las normas internacionales sobre garantías procesales”. Entre los motivos de preocupación de la organización figuraba el largo periodo de prisión preventiva en régimen de incomunicación de los acusados tras ser detenidos por las fuerzas estadounidenses en octubre de 1983, los malos tratos que sufrieron mientras eran interrogados y las circunstancias bajo las que confesaron. El informe también señalaba irregularidades en la formación del tribunal que los juzgó y en la selección del jurado. La organización pidió a las autoridades de Granada que ordenaran una revisión judicial independiente de las condenas. AI recomendó también que dicho mecanismo estableciera los hechos del 19 de octubre de 1983, y se asegurara de que se había hecho justicia. AI recomendó también, con carácter de urgencia, que el gobierno de Granada o el de Estados Unidos indemnizara a las personas que resultaron heridas o a los familiares de quienes murieron en los acontecimientos.