Document - Colombie. Agir en faveur de la vérité et de la justice en Colombie. Mouvement national des victimes de crimes d'État
Índice AI: AMR 23/031/2008
CAMPAÑA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN COLOMBIA
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO
Los defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia llevan muchos años trabajando para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Muchas de las personas que reclaman justicia siguen siendo objeto de amenazas y ataques, cuyo propósito es silenciarlas y proteger a los responsables de los abusos.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) es una coalición de más de 200 organizaciones no gubernamentales sociales y de derechos humanos que se formó en 2004. Hace campaña por la verdad, la justicia y la reparación de decenas de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares en el conflicto armado que se sigue librando en Colombia.
El trabajo del MOVICE ha sido fundamental para exponer públicamente el fracaso del proceso de Justicia y Paz, incluido el marco jurídico establecido para regular la desmovilización de los grupos paramilitares. Este marco ha recibido duras críticas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues no respeta las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y las reparaciones y agrava el problema endémico de la impunidad que sufre Colombia.
AMENAZAS Y ATAQUES
Numerosos miembros del MOVICE han sufrido amenazas persistentes, que se han intensificado en 2008. Al menos ocho miembros de organizaciones pertenecientes al MOVICE han sido víctimas de homicidio desde 2004.
El 6 de marzo de 2008, el MOVICE convocó manifestaciones multitudinarias en 24 ciudades de Colombia y en otros 60 países para condenar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad. Varios defensores y defensoras de derechos humanos y sindicalistas que participaron activamente en la organización de estos actos fueron víctimas de homicidio o recibieron amenazas antes del 6 de marzo o poco después.
Por ejemplo, Adriana González, miembro de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –que está afiliada al MOVICE y que organizó la manifestación del 6 de marzo en Pereira, departamento de Risaralda–, sobrevivió a un atentado cuando hombres armados dispararon contra su casa el 29 de febrero.
El 11 de marzo, varias organizaciones, muchas de las cuales habían participado en las manifestaciones del 6 de marzo, recibieron una amenaza de muerte por correo electrónico, al parecer del grupo paramilitar Bloque Metropolitano de Bogotá de las Águilas Negras. En el mensaje se acusaba a las organizaciones de ser “guerrilleros” y se las declaraba “objetivo militar”. Decía así: “Ustedes utilizaron dicha marcha del 06 de marzo del presente presente [sic] año para undirnos mas [sic] y poner la gente en contra nuestra, comenzaremos a matarlos uno por uno. Vamos a ser implacables no dejaremos cabo suelto”. La amenaza incluía fotografías de una de las marchas y enumeraba los nombres de 28 personas (muchas de ellas, miembros de organizaciones indígenas, de derechos humanos y otras que participaron en la manifestación) a las que el grupo paramilitar afirmaba que tenía previsto secuestrar.
El 2 de abril de 2008, la hija de 12 años de Ingrid Vergara, destacada integrante del MOVICE que había coordinado la manifestación del 6 de marzo en el departamento de Sucre, fue abordada a la salida de la escuela por cuatro hombres desconocidos que la amenazaron diciéndole: “Te vamos a matar por lo que tu madre está haciendo”. Este incidente y otros similares tuvieron lugar después de que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria tratara de imputar la organización de las manifestaciones del 6 de marzo al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Iván Cepeda, miembro destacado del MOVICE y uno de los principales organizadores de las manifestaciones del 6 de marzo, recibió amenazas de muerte por correo electrónico antes y después de las movilizaciones. En junio de 2008, obtuvo información según la cual los servicios de inteligencia lo vigilaban y planeaban acabar con su vida. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ese mismo mes, pero hasta la fecha Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación.
Desde junio de 2006, Iván Cepeda es beneficiario de medidas cautelares de protección solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y recibe protección del gobierno. En noviembre de 2006, la Comisión Interamericana pidió que las medidas de protección se hiciesen extensivas a a 17 miembros de la filial del MOVICE en el departamento de Sucre.
También han recibido amenazas otros integrantes de la filial del MOVICE en Sucre, y miembros de organizaciones integradas en el MOVICE en otras partes del país han sido objeto de ataques. El 5 de julio de 2008, cuatro hombres armados que iban en motocicleta mataron a tiros a John Fredy Correa Falla, miembro del MOVICE y de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en el departamento de Caldas.
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Arriba: Hileras de ladrillos con los nombres de víctimas del prolongado conflicto interno, Plaza de Bolívar, Bogotá, Colombia, 9 de abril de 2008.
AP/PA Photo/ Fernando Llano
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Portada: Mapa de Colombia cubierto con las fotografías de personas desaparecidas o muertas en el conflicto, Plaza de Bolívar, Bogotá, Colombia, 12 de septiembre de 2007.
AP/PA Photo/ William Fernando Martínez
¡ACTÚA!
Escribe a las autoridades colombianas:
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destacando la importante contribución de los miembros del MOVICE en la campaña contra la impunidad y en la defensa del derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones de víctimas de graves violaciones de derechos humanos;
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expresando grave preocupación por la seguridad de los miembros del MOVICE e instando a las autoridades a tomar medidas efectivas para protegerlos, respetando estrictamente sus deseos;
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manifestando honda preocupación por las declaraciones públicas de cargos del gobierno en las que califican de “subversivos” a activistas y defensores y defensoras de derechos humanos y pidiendo a las autoridades que dejen de hacer ese tipo de declaraciones;
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pidiendo que se emprendan de inmediato investigaciones exhaustivas y efectivas de los homicidios, amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra miembros del MOVICE, y que se haga comparecer sin demora a los responsables ante la justicia;
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recordando a las autoridades la obligación que les incumbe en virtud de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos de reconocer la legitimidad de las actividades de los defensores y defensoras y su derecho a desempeñar su labor sin trabas ni temor a sufrir represalias.
ENVÍA LOS LLAMAMIENTOS A:
Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República,
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-2,
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 337 5890
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Uribe
Dr. Mario Germán Iguarán Arana
Fiscal General de la Nación,
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01)
Bloque C, Piso 4,
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 570 2000 (un mensaje pedirá que se introduzca la extensión: 2017)
Tratamiento: Estimado Sr. Fiscal
Tras un decenio transcurrido desde la aprobación de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, estas personas siguen enfrentándose a limitaciones en su trabajo, a acoso, a intimidación y a abusos. No obstante, a pesar de los riesgos y desafíos a los que tienen que hacer frente, los defensores y defensoras de los derechos humanos continúan interviniendo para que se produzca un cambio real en la vida de muchas personas en todo el mundo. Los defensores y defensoras de los derechos humanos luchan por cerrar la brecha entre la promesa de justicia e igualdad en dignidad y derechos formulada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la evidencia de que, a día de hoy, todavía se siguen produciendo abusos de derechos humanos. Su trabajo es vital para conseguir que se respeten los derechos humanos de todas las personas.
El 9 de diciembre de 1998 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos (Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos). La expresión “defensor de los derechos humanos” se usa para describir a personas que actúan de muy distintas maneras y en una variedad de condiciones para proteger y promover los derechos humanos.
Algunos defensores y defensoras trabajan para que desaparezcan abusos concretos, como la tortura o el desalojo forzado. Otros trabajan por los derechos de grupos o sectores específicos de la población que sufren discriminación y que se encuentran en situación de inferioridad, como los pueblos indígenas, minorías étnicas o religiosas, mujeres en el mundo rural, niños de la calle o personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero.
A pesar de que el grupo de defensores de los derechos humanos es muy heterogéneo, con personas de procedencias y orígenes dispares y que realizan labores muy diversas, comparten una serie de rasgos. Todos ellos respetan el principio fundamental de universalidad, que reconoce que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna de género, raza, etnia o cualquier otra condición. Todos se comprometen a respetar los derechos y las libertades de los demás en sus propias acciones.
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.
Artículo 1, Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.