Document - Colombie. Réalité du syndicalisme aujourd'hui. Faits et chiffres

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Información para los medios de comunicación

Índice AI: AMR 23/015/2007 (público)

Servicio de Noticias: 122/2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230152007

No publicar antes de las 05:00GMT del 3 de julio de 2007

Colombia: La realidad del sindicalismo

Datos y cifras

Violaciones de derechos humanos contra sindicalistas en Colombia

• Según la Escuela Nacional Sindical de Colombia, entre enero de 1991 y diciembre de 2006 fueron asesinados en todo el país 2.245 sindicalistas, 3.400 recibieron amenazas y 138 fueron víctimas de desaparición forzada.

• En los casos de violaciones de derechos humanos la impunidad sigue siendo superior al 90 por ciento.

• Desde 1991, los homicidios de sindicalistas en Colombia han aumentado algunos años y disminuido otros (Escuela Nacional Sindical de Colombia).

Año91929394959697989900010203040506Total
Núm.	83	135	196	104	237	275	182	101	80	137	197	186	94	96	70	72	2245

Los sindicatos en Colombia

• En Colombia, alrededor de 831.000 trabajadores están afiliados a un sindicato (Escuela Nacional Sindical de Colombia).

• La afiliación sindical disminuye desde 1996 (Escuela Nacional Sindical de Colombia).

• Las tres principales confederaciones sindicales de Colombia son: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Cada una de ellas está integrada por cientos de sindicatos.

Empresas que operan en Colombia

• Colombia atrae inversiones de empresas multinacionales de diversos sectores, incluidos los de la minería, el petróleo, la alimentación, la agricultura, la electricidad y otros.

El conflicto armado

• Los 40 años de conflicto armado interno de Colombia enfrentan a las fuerzas de seguridad y los paramilitares respaldados por el ejército, por un lado, con los grupos guerrilleros. Sectores económicos poderosos utilizan el conflicto para potenciar sus intereses y obtener el control de recursos económicos.

• En los últimos 20 años, han perdido la vida por lo menos 70.000 civiles, y miles más han sido víctimas de desapariciones forzadas, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.

• Más de 3 millones de personas se han convertido en desplazados internos desde 1985; de ellas, más del 60 por ciento han sido obligadas a marcharse de zonas de importancia mineral, agrícola o de otra índole económica.

• Según los informes, más de 30.000 paramilitares han sido "desmovilizados" desde 2002 en un polémico proceso de desmovilización patrocinado por el gobierno, aunque hay datos fehacientes de que los grupos paramilitares siguen estando activos y de que sus miembros continúan cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad.

• Siguen cometiéndose numerosos abusos graves contra los derechos humanos, sobre todo en las zonas rurales, pese a la reducción continua de ciertos tipos de violencia asociados al conflicto —en concreto secuestros y homicidios—. Todas las partes del conflicto —las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros— siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario.

Las partes del conflicto

El ejército y los paramilitares

Los paramilitares tienen su origen en los grupos civiles de "autodefensa", de carácter legal, creados por el ejército en las décadas de 1970 y 1980 para que actuaran como fuerzas auxiliares durante las operaciones de contrainsurgencia. Aunque su base legal quedó suprimida en 1989, siguen expandiéndose.

La principal función de los paramilitares viene siendo aplicar las tácticas de guerra sucia de la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, que se caracteriza por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. El uso de paramilitares ha contribuido a que las fuerzas armadas eludan la creciente presión internacional para que respeten los derechos humanos.

En los últimos años ha habido un aumento de los informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional ha recibido información de numerosas ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas a manos de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional sigue documentando violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares con el apoyo o la aquiescencia de las fuerzas armadas.

Grupos guerrilleros

En Colombia hay dos grupos guerrilleros importantes: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), más pequeño.

En los últimos 40 años, la guerrilla ha creado extensos bastiones en numerosas zonas rurales del país donde determinan efectivamente las políticas municipales y ejercen un control importante sobre la población local. Desde la década de 1990, las FARC intentan aumentar significativamente los ataques en las zonas urbanas, y los civiles son, de forma creciente, los más afectados por los ataques de la guerrilla en estas zonas.

Los grupos guerrilleros son responsables de infracciones del derecho internacional humanitario reiteradas y graves, que incluyen la toma de rehenes y el secuestro y el homicidio de civiles. También han realizado ataques usando armas desproporcionadas e indiscriminadas que han provocado la muerte de numerosos civiles.

El gobierno

El presidente Álvaro Uribe Vélez tomó posesión de su cargo por segunda vez en agosto de 2006. En este segundo mandato, el presidente Uribe ha seguido aplicando sus políticas de seguridad de línea dura, compendiadas en lo que se conoce como programa de "seguridad democrática", que persigue consolidar y recuperar territorio que está bajo el control de la guerrilla. No obstante, en lugar de potenciar la seguridad de la población civil, la estrategia de seguridad democrática ha hecho que algunos sectores de la sociedad sean más vulnerables que nunca a los abusos de grupos armados ilegales y de las fuerzas de seguridad.

El gobierno persigue políticas contrarias a sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de derechos humanos y a reiteradas recomendaciones formuladas por la ONU. Estas políticas arrastran más aún a los civiles al conflicto y refuerzan la impunidad.

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