Document - Brésil. Rio de Janeiro : Candelária et Vigário Geral 10 ans après




[NO PUBLICAR ANTES DE: 28 de agosto de 2003]Público


Amnistía Internacional



Río de Janeiro 2003:

Candelária y Vigário Geral diez años después



Agosto de 2003

RESUMEN



Dist: SC/COÍndice AI: AMR/19/015/2003/s





Las matanzas de Vigário Geral y Candelária, ocurridas en Río de Janeiro en 1993, horrorizaron al mundo. El espanto provocado por la brutal carnicería de civiles y niños desarmados, indefensos e inocentes se hizo aún mayor al encontrarse pruebas de que ambas matanzas habían sido perpetradas por miembros de la Policía Militar de Río, los mismos individuos a los que el estado pagaba, formaba y equipaba para proteger a la sociedad del crimen y la violencia.


Los dos casos, y los posteriores procesos judiciales, fueron seguidos muy de cerca por Amnistía Internacional. Se trata de casos que no sólo constituyen símbolos internacionales de la violencia policial contra los menores, sino que además representan muchos de los problemas relacionados con el procesamiento de casos de violación de derechos humanos en Brasil, y con la impunidad resultante de que gozan los autores de estos abusos. De los 50 policías militares acusados de participar en los homicidios de Vigário Geral, sólo dos están en prisión. Hasta el momento, ninguno de los sobrevivientes o familiares de las víctimas de estas matanzas ¯incluido Wagner dos Santos, que sobrevivió milagrosamente a la matanza de Candelária y a un posterior atentado contra su vida, ocurrido en diciembre de 1994¯ ha recibido plena reparación del Estado. Diez años después de las matanzas, Amnistía Internacional ha vuelto a Río para hablar con familiares y representantes de las víctimas, y para reflexionar sobre la situación actual de la ciudad con organizaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y autoridades estatales. Este informe es el resultado de esa visita.


En junio del 2003, Amnistía Internacional descubrió con alarma que, aunque no parece que la policía haya perpetrado matanzas individuales de la magnitud de las de Candelária y Vigário Geral desde entonces, el número de civiles desarmados que mueren a manos de agentes de las fuerzas municipales de policía aumenta cada año. Amnistía Internacional, además, ha documentado con indicios sólidos que las comunidades más pobres de la ciudad están siendo víctimas de una política pública de mantenimiento del orden violenta y discriminatoria.


Amnistía Internacional, además, se sintió sumamente preocupada al saber que, en el 2003, algunos políticos de Río habían hecho insistentes declaraciones públicas apoyando explícitamente los homicidios cometidos por la policía o refiriéndose al elevado número de muertes de esta índole como a un producto necesario e inevitable del control de la delincuencia. Estas declaraciones públicas parecen haber sido interpretadas por la policía de Río como una licencia para matar, ya que en los cuatro primeros meses del 2003 se registraron cifras sin precedentes de muertes a manos de la policía.


Una imagen de Río de Janeiro diez años después muestra que pocas cosas han cambiado. Amnistía Internacional ha comprobado que ser pobre en Río de Janeiro aún significa verse atrapado en una espiral de violencia, sin casi ningún lugar al que acudir en busca de protección. La labor policial en las comunidades pobres es violenta, represiva y a menudo corrupta. No es sólo que estas comunidades se vean excluidas del disfrute de derechos económicos y sociales fundamentales, sino que el estado, de forma sistemática, ignora, o incluso vulnera, su derecho a vivir en paz y seguridad.



Este texto resume el documento Río de Janeiro 2003: Candelária y Vigário Geral diez años después(Índice AI: AMR 19/015/2003/s), publicado por Amnistía Internacional en agosto del 2003. Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento principal. Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas en <http://www.amnesty.org>. Para los documentos traducidos al español consulten: http://web.amnesty.org/library/eslindex



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

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AMNISTÍA INTERNACIONAL

Secretariado Internacional

Peter Benenson House

1 Easton Street

Londres WC1X 0DW

Reino Unido

Sitio web: <www.amnesty.org>

Índice AI: AMR 19/015/2003/s


Fecha de publicación: 28 de agosto de 2003





Índice:


Agradecimientos


Citas


1. Introducción

La universalidad de los derechos humanos

La labor policial en Río


2. Candelária

Una tragedia que sacudió al mundo

Justicia frustrada

Wagner dos Santos, la personificación del valor

Indemnización

La matanza que nunca cesa: junio de 1999, "Beth Gorda" y el secuestro del autobús 174

La situación en el 2003: Wallace da Costa Pereira

3. Vigário Geral: La tragedia continúa

Un proceso judicial incompleto

Protección de testigos

Acontecimientos posteriores

Acari


4. Río en el 2003

Nuevo aumento de la violencia y los homicidios a manos de la policía

Cronología de la violencia

El aumento de las bandas armadas de traficantes de droga

Senador Camará: una "megaoperación" policial

Borel, una comunidad amenazada

Turano: "desapariciones"


5. Conclusión y recomendaciones


Apéndice 1: El derecho a la vida y el uso de fuerza letal en el derecho internacional





Amnistía Internacional quiere expresar su agradecimiento a las siguientes personas y organizaciones:


Asociación de familiares y víctimas de la matanza de Vigário Geral, familiares de las víctimas de Borel, Senador Camará y Turano. Wagner, Patricia y Sonia dos Santos. Cristina Leonardo. Marcelo Freixo. Nicásio Lima. Dircy y Pedro da Cruz @ São Martinho. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. Andressa Caldas y Sandra Carvalho @ Justicia Global. Ricardo Rezende. Luke Dowdney. Cláudia Duarte. Lúcia Speed. Carlos Gaio. Marianna Olinger. Sheila Gonçalves. Marcos Rolim. José Junior. Luiz Morier. João Ripper. Ignacio Cano. Marcio Bragga. Michel Misse. José Luiz @ O Dia. Leonardo Castilho. Núcleo de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río. Grupo Tortura Nunca Más – Río.




Sólo comprendemos el sufrimiento de las personas que están pasando por esto después de haberlo pasado nosotros; este absurdo... es hora de ponerle fin. Nosotros votamos, somos votantes, ¿acaso pagamos para que estos canallas maten a nuestros hijos?¿Les pagamos para que maten a nuestros hijos? Sólo quiero justicia.

Madre de Leandro dos Santos Ventura, secuestrado, según los informes, por la policía en Turano, Río de Janeiro, mayo del 2003




No queremos que nadie muera pero, si tiene que morir alguien, que sean quienes están causando un perjuicio a la sociedad.

Gobernadora del estado de Río de Janeiro, mayo del 2003




Nuestro "bloco" está en la calle y, si tiene que haber un conflicto armado, lo habrá. Si, como consecuencia, alguien tiene que morir, que muera. Vamos a atacar con dureza.

Secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, febrero del 2003




El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos




no podíamos decir nada. Traté de razonar con uno diciéndole que mi hijo no era un criminal, y no me escuchó, no me prestó atención; si me hubiera prestado algo de atención, quizá hoy mi hijo estaría vivo. Mataron a un inocente… Ni siquiera puedo dirigirme a la policía... ¿cómo voy a ir a quejarme a la policía, si fue la policía quien lo mató?

Padre de Erivelton Pereira de Lima, muerto, según los informes, a manos de la policía en Senador Camará, Río de Janeiro, enero del 2003




En mis primeros doce días como secretario ya han muerto cien delincuentes en enfrentamientos con la policía.

Secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, mayo del 2003


Río de Janeiro 2003:


Candelária y Vigário Geral diez años después




1. INTRODUCCIÓN


Han pasado diez años desde que Brasil y el resto del mundo se vieron sacudidos por la terrible matanza de niños de la calle que dormían en el exterior de la iglesia de Candelária, en el centro de Río de Janeiro. Tan sólo unas semanas después, el asesinato gratuito de 21 habitantes de Vigário Geral, una comunidad de las afueras de la ciudad, sirvió para que Río adquiriera la reputación de ser una de las ciudades más violentas del mundo. El impacto fue aún mayor cuando aparecieron pruebas de que ambas matanzas habían sido perpetradas por miembros de la Policía Militar de Río, los mismos individuos a los que el estado pagaba, formaba y equipaba para proteger a la sociedad del crimen y la violencia.


Diez años después de las matanzas, Amnistía Internacional ha vuelto a Río para hablar con familiares y representantes de quienes perdieron la vida, y para reflexionar sobre la situación actual de la ciudad con organizaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil y autoridades estatales. La organización descubrió con alarma que, aunque no parece que la policía haya perpetrado matanzas individuales de la magnitud de las de Candelária y Vigário Geral desde entonces, el número de civiles desarmados que mueren a manos de agentes de las fuerzas municipales de policía aumenta cada año. Amnistía Internacional, además, ha documentado con indicios sólidos que las comunidades más pobres de la ciudad están siendo víctimas de una política pública de mantenimiento del orden violenta y discriminatoria.


La organización ha sido informada de numerosos casos recientes de personas que han sido víctimas de la violencia policial. Pocas, o ninguna, de estas personas tenían antecedentes penales. Casi todas pertenecían a las comunidades más pobres de Río, realidad que corrobora los argumentos escuchados reiteradamente por Amnistía Internacional relativos a que ciertos grupos sociales están siendo víctimas de actuaciones policiales represivas, violentas y discriminatorias. En junio, Amnistía Internacional visitó la comunidad de Borel, donde el 17 de abril del 2003 la Policía Militar mató, según los informes, a cuatro jóvenes desarmados e indefensos que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una y otra vez, la organización se entrevistó con familiares de víctimas como éstas y fue testigo del terrible impacto que estas tragedias han tenido sobre ellos. Una y otra vez, la organización fue informada de los métodos empleados por la policía para obstaculizar la investigación de estos incidentes y del incumplimiento por parte de las autoridades de su obligación de garantizar investigaciones imparciales y eficaces. El ciclo de impunidad y negligencia que rodeó a las dos matanzas hace diez años sigue favoreciendo unas condiciones en las que cada vez son más las muertes a manos de la policía.


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Tras la matanza de Vigário Geral del 29 de agosto de 1993, los vecinos encendieron velas junto a los cuerpos de las personas asesinadas en la calle.

© Estefan Radovicz/O Dia

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Amnistía Internacional, además, se sintió sumamente preocupada al saber que, en el 2003, algunos altos cargos designados por elección, tanto de la administración municipal como del gobierno estatal, habían hecho insistentes declaraciones públicas apoyando explícitamente los homicidios cometidos por la policía o refiriéndose al elevado número de muertes de esta índole como a un producto necesario e inevitable del control de la delincuencia. Estas declaraciones públicas parecen haber sido interpretadas por la policía de Río como una licencia para matar, ya que en los cuatro primeros meses del 2003 se registraron cifras sin precedentes de muertes a manos de la policía.


Refiriéndose a la "guerra internacional contra el terror" y a sus repercusiones en la protección de los derechos humanos, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, escribía lo siguiente:


Con demasiada frecuencia, las medidas de seguridad dañan al inocente y al culpable. Con demasiada frecuencia, los líderes políticos explotan los miedos y prejuicios de la ciudadanía para evitar tener que rendir cuentas y promover intereses propios.1


Aunque Brasil no está librando una "guerra contra el terror", durante muchos años las autoridades estatales han venido librando una "guerra contra el crimen" de similares consecuencias.2No hay duda de que Brasil sufre un grado extremo de violencia urbana, hecho que Amnistía Internacional siempre ha reconocido y deplorado. Reconociendo su necesidad de hacer frente al grave problema de la delincuencia, la comunidad de derechos humanos nacional e internacional ha instado a las autoridades brasileñas a cumplir con su deber de respetar y defender la ley y de proteger a todos los ciudadanos brasileños de la violencia en todas sus formas, para, de este modo, garantizar la protección de sus derechos fundamentales.


Para que la labor policial sea eficaz y responsable es necesaria la aplicación de políticas a largo plazo, reformas fundamentales y voluntad política. Durante los últimos diez años, y especialmente durante el periodo 1998-2000, se han hecho varios intentos serios de reformar las políticas de mantenimiento del orden y la seguridad pública en Río de Janeiro. En estos años se hizo un esfuerzo coordinado para adoptar un enfoque más progresista en la lucha contra el crimen, enfoque que incluía el abordar el problema de la corrupción interna en la policía de Río. No obstante, tras registrarse algunos progresos, el entonces secretario adjunto de Seguridad Pública del estado, que planificaba y organizaba las reformas, fue destituido, al tiempo que disminuía el apoyo político al proceso.


Hoy, el ex secretario adjunto de Seguridad Pública está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, y supervisa la aplicación de reformas similares a escala nacional, un proceso que los grupos de derechos humanos están siguiendo con cauteloso optimismo. No obstante, Amnistía Internacional ha descubierto que en ciertos estados estas iniciativas parecen haber quedado relegadas a un segundo plano, frente a formas tradicionales de trabajo policial basadas en el enfrentamiento y la represión, que a menudo disfrutan de un considerable apoyo de los votantes. Por este motivo es fundamental que el gobierno federal no dependa de los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública nacional, sino que garantice la aplicación de las reformas asegurando la existencia de la voluntad política, la inversión económica y el respaldo público necesarios.


La universalidad de los derechos humanos

En Brasil es habitual que quienes tratan de defender los derechos de otras personas sean descalificados públicamente como "defensores de criminales". Amnistía Internacional no cree que los derechos humanos de las personas acusadas o condenadas por delitos estén reñidos con los derechos de las víctimas de la violencia, ni que tales derechos se excluyan mutuamente. La sociedad no necesita violar los derechos de las personas sospechosas o culpables de delitos para reducir las infracciones de la ley. Tal como reconoció el Tribunal Constitucional de Sudáfrica en 1995, cuando abolió la pena de muerte, «sólo si existe la voluntad de proteger a los peores y más débiles de entre nosotros podremos estar seguros de que se protegerán nuestros propios derechos». Amnistía Internacional, una organización que trabaja en favor de las víctimas de la violencia, es consciente del sufrimiento de todas las víctimas de estos abusos y de sus familias. Amnistía Internacional apoya a los numerosos agentes de policía profesionales y entregados cuya reputación se ve mancillada por las acciones de compañeros suyos culpables de violaciones de derechos humanos.


En Río de Janeiro, el fracaso a la hora de desarrollar reformas progresistas en la labor policial se ha visto reflejado en un agudo incremento de las muertes por enfrentamientos con la policía, situación que ha sido alimentada por un discurso público favorable de las autoridades estatales. A finales de abril, Anthony Garotinho, ex gobernador del estado y esposo de la actual gobernadora, asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública del estado.3El 10 de mayo hizo la siguiente declaración en su programa radiofónico oficial:


En mis primeros doce días como secretario ya han muerto cien delincuentes en enfrentamientos con la policía.4


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Junio del 2003. La policía utiliza una sábana para retirar el cuerpo de una víctima de una operación policial en la comunidad de Mangueira, que acabó con la muerte de cinco presuntos traficantes de droga. La fotografía se publicó en la portada del periódico de Río O Dia, que reprodujo unas declaraciones de los vecinos afirmando que la policía había detenido y esposado a los cinco hombres antes de matarlos.

© Severino Silva/O Dia

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Según los informes, la gobernadora del estado, Rosangela Barros Assed Matheus de Oliveira, conocida popularmente en Río como "Rosinha", respaldó a su esposo con estas palabras: «No queremos que nadie muera pero, si tiene que morir alguien, que sean quienes están causando un perjuicio a la sociedad».5


Desgraciadamente, esta situación no es exclusiva de Río de Janeiro. En São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, las autoridades del estado parecen haber adoptado un postura similar respecto a la seguridad pública. Con 435 homicidios policiales registrados oficialmente durante los cinco primeros meses del año, la ciudad ha experimentado un aumento del 51 por ciento en el número de homicidios cometidos por la policía respecto al mismo periodo del 2002.6Durante una entrevista con Amnistía Internacional, el secretario de Seguridad Pública de São Paulo atribuyó este espectacular aumento al despliegue de una mayor fuerza policial equipada con un arsenal más potente, considerándolo aparentemente una victoria en la lucha contra el crimen. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido constantes denuncias de intervenciones policiales arbitrarias y represivas contra comunidades marginadas, así como numerosos informes sobre policías implicados en actividades de "escuadrones de la muerte".7Una vez más, una combinación de apoyo político latente e impunidad parece haber creado las condiciones para que aumente de forma drástica el número de homicidios ilegítimos cometidos por la policía.


En 1993, las matanzas de Candelária y Vigário Geral centraron la atención del mundo en Río e impulsaron a actuar al movimiento de derechos humanos de la ciudad; miles de personas marcharon por las calles en favor de la paz. Diez años después, ante la mirada de un sistema de justicia penal que se ha mostrado terriblemente lento en el procesamiento de los responsables, Amnistía Internacional ha hablado con testigos, sobrevivientes y familiares de las víctimas de estas matanzas, cuya lucha por conseguir que se haga justicia ha sido un sufrimiento constante. Aunque se han dictado algunas condenas satisfactorias, sobre todo en relación con la matanza de Candelária, a la organización le preocupa que muchos de los que participaron en la planificación o la ejecución de los homicidios sigan sin ser castigados, y que varios de ellos continúen incluso prestando servicio en las fuerzas de policía de la ciudad.


En el 2003, Amnistía Internacional comprobó con consternación que la policía había recurrido a métodos de mantenimiento del orden basados en la violencia y el enfrentamiento para responder a temores colectivos provocados por los elevados índices de violencia y actividad del crimen organizado. Con un aparente respaldo político, estos métodos han provocado, una vez más, la muerte de muchos ciudadanos inocentes.


La labor policial en Río: El desaprovechamiento de las lecciones del pasado


Brasil tiene dos cuerpos de policía estatales.8En el estado de Río de Janeiro, como en todos los estados brasileños, la Policía Militar es la responsable de mantener el orden y la vigilancia en los lugares públicos, y la Policía Civil es la responsable de las labores de investigación.


No hay ninguna duda de que el trabajo policial en Río de Janeiro es una tarea peligrosa y sumamente compleja. La mayoría de los 37.000 policías militares de Río son, según un estudio realizado por el gobierno en el 2002, varones negros, jóvenes y con escasa formación.9Los miembros de la Policía Militar de Río reciben un salario mensual de aproximadamente 1.000 reales (325 dólares estadounidenses), y su horario laboral se organiza según un sistema de turnos por el que trabajan 24 horas seguidas y descansan otras 72.10Muchos de ellos tienen un segundo empleo, a menudo como guardias de seguridad de empresas privadas, tarea que puede constituir un riesgo y una carga extra, tanto para los cuerpos de policía como instituciones, como para los agentes como individuos, ya que es la causa de que muchos de ellos se conviertan en víctimas o autores de nuevos homicidios.


El trabajo policial en la ciudad de Río de Janeiro puede ser especialmente difícil, dada la geografía y las estructuras sociales que configuran el contexto del crimen. Bandas de traficantes de droga fuertemente armados explotan la compleja e inexplorada geografía de las favelas(barrios marginales) para esconderse y hacer negocios. En consecuencia, las incursiones de la policía para detener a presuntos traficantes se convierten de hecho en invasiones que afectan invariablemente a toda la comunidad. Sin embargo, la mala preparación y la escasez de recursos de la policía hace que los agentes se vean invariablemente faltos de herramientas para este trabajo, lo cual sin duda ha contribuido al uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales. Estos enfrentamientos con bandas de traficantes fuertemente armados por callejuelas tortuosas a menudo acaban en tiroteos, con el consiguiente aumento del número de homicidios, en muchos casos de transeúntes inocentes.


Amnistía Internacional, además, ha sido informada en varias ocasiones de que el alto índice de casos de connivencia con bandas de traficantes de droga, bien para complementar un salario exiguo, bien como una forma de autodefensa, incluye cada vez más casos de policías implicados en actividades delictivas. Crianças do tráfico(Los niños del narcotráfico), un informe reciente y autorizado sobre los niños que trabajan en el comercio de droga en la ciudad, afirma:


La participación de agentes de policía en el suministro de armas y drogas ilegales a bandas de traficantes de droga es también algo muy corriente [...] «se ha comprobado que la relación entre el cuerpo de policía y el tráfico de drogas en Río de Janeiro está íntimamente corrompida [...] en casi todos los casos de aprehensión de drogas o armas de contrabando están implicados miembros de estos cuerpos [es decir, la policía]».11


Aunque la policía, las autoridades y los medios de comunicación han pregonado una y otra vez los peligros que implica el mantenimiento del orden en las favelasy en las comunidades más pobres de Río, hay estudios técnicos que no respaldan estas afirmaciones. Un estudio sobre el uso de fuerza letal en Río, publicado en 1997 y basado en registros policiales que abarcan un periodo de tres años, llegaba a la conclusión de que los agentes tenían más posibilidades de que los mataran mientras trabajaban en otras zonas de la ciudad que durante operaciones desarrolladas en las favelas. Sin embargo, en contradicción con este dato, se había comprobado que las acciones policiales causaban un número mucho mayor de víctimas mortales civiles en las favelasque en cualquier otro sitio.12


La propia policía de Río ha demostrado que es posible utilizar enfoques muy diferentes y de carácter pacífico en el trabajo policial en estas comunidades. Un proyecto comunitario de mantenimiento del orden desarrollado en la favelade Cantagalo, en el sur de Río, ha demostrado que el trabajo policial que se basa en una presencia permanente, y no en una presencia provisional de carácter invasivo, y que fomenta la comunicación y la participación de la población local puede dar resultados positivos. Cuando Amnistía Internacional visitó el proyecto en octubre del 2001, los miembros del Grupo Policial para Áreas Especiales (Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais,GEPAE) habían conseguido, según los informes, trabajando con los habitantes locales, reducir la tasa de homicidios a cero. Después de esta visita, Amnistía Internacional supo que el experimento de trabajo policial del GEPAEhabía tenido algunas dificultades debido a la inestabilidad del apoyo político y a los cambios en la dirección. No obstante, sigue siendo un ejemplo de los frutos que puede dar el trabajo policial.


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Un mural de Río muestra unos cadáveres negros con heridas de bala junto a la frase "A carne mais barata do mercado é a carne negra" ("La carne más barata del mercado es la carne negra"). Según cifras obtenidas en 1999 por el Movimiento Nacional de Derechos Humanos a partir de informes de prensa, la mayoría de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cuya condición racial se conoce eran de raza negra.

© AI

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Hoy, desgraciadamente, este proyecto sigue siendo una excepción. Según cifras facilitadas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado, sólo en los cinco primeros meses del 2003 murieron en la ciudad de Río y su periferia 521 civiles en enfrentamientos con la policía, frente al total de 900 homicidios registrados en todo el estado de Río en todo el 2002.13Durante los cinco meses mencionados, 22 policías murieron mientras prestaban servicio en la ciudad de Río. Numerosos casos documentados por Amnistía Internacional en el 2003, que han generado reiterados informes concordantes sobre encubrimiento e intromisión en las investigaciones por parte de miembros de la policía, apuntan con insistencia a que la mayoría de los homicidios cometidos por la policía responden a una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales o, en el mejor de los casos, de uso excesivo de la fuerza. Un ex Defensor del Pueblo para Asuntos Policiales informó a Amnistía Internacional de que, al comparar el informe de la policía con el informe forense en casos de homicidio, a menudo descubría resultados contradictorios; el informe de la policía afirmaba que la víctima había muerto en un intercambio de disparos tras resistirse a la detención, mientras que el informe forense generalmente revelaba que los proyectiles mortales habían sido disparados por la espalda y de cerca, en circunstancias que hacían pensar que la persona había sido víctima de una ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional ha recibido innumerables informes que indican que la policía altera automáticamente el lugar del delito retirando los cuerpos de los muertos antes de cualquier posible investigación. La organización, además, ha encontrado pruebas sólidas de que la policía a menudo amenaza a los testigos, obstaculiza los intentos de los familiares de denunciar los tiroteos y niega todos los homicidios calificándolos de "resistencia seguida de muerte" (resistência seguida de morte).14El Instituto Médico Forense (Instituto Médico Legal,IML), encargado de practicar las autopsias, está directamente vinculado con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que supervisa el trabajo de las fuerzas de policía, por lo que carece de independencia. Todo esto hace pensar que el incumplimiento sistemático por parte de las autoridades de su obligación de hacer frente a esta tradición de violencia en el trabajo policial, promover métodos eficaces de investigación y castigar a los responsables de los homicidios ilegítimos está contribuyendo a aumentar de forma considerable el número de muertes. En palabras de un mayor de la Policía Militar de Río de Janeiro:


puede ser que un buen policía mate porque no cree en otra solución [...] cuando el sistema transmite una sensación de impunidad a la policía, muchos agentes, incluso aquellos que, entre comillas, "tienen buenas intenciones", toman decisiones drásticas, como la de matar a una persona que ha cometido un crimen.15


De hecho, diez años después de las matanzas de Candelária y Vigário Geral, muy pocas cosas han cambiado. Las muertes, en el 2003, de Wallace da Costa Pereira y de los vecinos de Senador Camará, Borel y Turano, todas documentadas en este informe, son prueba del daño irreparable que una actuación policial torpe, arbitraria y corrupta ha causado a la vida de muchas personas de Río de Janeiro. En muchos casos, la familia no sólo pierde a una persona que aportaba un salario, sino que otros miembros de aquélla pierden posteriormente su empleo debido al estrés, el estigma y los problemas que a menudo conlleva el haber perdido a un familiar a causa de una acción policial. Estos casos también demuestran que, en el 2003, los sectores más desfavorecidos de la ciudad siguen padeciendo el mismo sufrimiento que hicieron vivir a otras personas inocentes las matanzas de Candelária y Vigário Geral.


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Niños de la calle juegan en el exterior de la iglesia de Candelária el 22 de julio de 1993, la noche antes de la matanza.

© Ana Filgueiras

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2. CANDELARIA


23 de julio de 1993: Una tragedia que sacudió al mundo


El 23 de julio de 1993, una banda de hombres encapuchados abrió fuego contra un grupo de más de 50 niños de la calle que dormían a la intemperie cerca de la iglesia de Candelária, en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Murieron siete niños y un joven. Cuatro de los niños murieron en el acto, y a un quinto lo mataron cuando trataba de huir. A otros tres se los llevaron en un automóvil, y a dos de ellos los mataron a tiros cerca del parque de Aterro do Flamengo. El joven murió cuatro días después a causa de las heridas sufridas. Otro joven, Wagner dos Santos, al que abandonaron dándolo por muerto en Aterro do Flamengo, sobrevivió tras recibir un disparo en la cara.


El asesinato de los niños de la calle cerca de uno de los monumentos más importantes de Río de Janeiro despertó la indignación nacional e internacional. Como consecuencia, las autoridades se pusieron en marcha rápidamente para investigar estas muertes y, poco después de la matanza, tres policías militares y un civil fueron acusados de los asesinatos.


Las acusaciones contra los cuatro hombres se basaban principalmente en el testimonio de los sobrevivientes de la matanza. Pese a los reiterados llamamientos hechos entonces por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales para que las autoridades estatales y federales proporcionaran protección y un lugar seguro a los niños que habían presenciado la matanza, muchos testigos siguieron durmiendo en la calle, donde fueron amenazados repetidas veces, al parecer por miembros de la Policía Militar. Sólo a uno de los testigos, Wagner dos Santos, se le concedió plena protección federal, tras ser víctima de un nuevo atentado contra su vida en diciembre de 1994.


En octubre de 1995, Wagner dos Santos identificó en fotografía a otros cuatro policías militares sospechosos de participar en la matanza. En abril de 1996 se dictaron órdenes de detención contra ellos. Tres de los agentes fueron detenidos, y el cuarto, Nelson Oliveira dos Santos Cunha, se presentó ante el tribunal confesando su participación en la matanza.


Justicia frustrada

Había un total de nueve hombres implicados, según los informes, en la matanza de Candelária: tres policías militares y un civil acusados en 1993, otros cuatro policías militares detenidos en abril de 1996 tras ser identificados por Wagner dos Santos ¯dos de los cuales fueron acusados formalmente después¯ y otro policía militar muerto en 1994 en un incidente no relacionado con estos hechos.

Hasta junio de 1997 se celebraron tres juicios relacionados con el caso de Candelária, en los que fueron condenados dos policías militares: Marcos Vinícius Borges Emanuel, condenado en abril de 1996, y Nelson Oliveira dos Santos Cunha, condenado en noviembre de 1996; ambos habían confesado su participación en la matanza.


Aunque en aquel momento Amnistía Internacional celebró estas condenas como una pequeña victoria contra la impunidad, la organización se declaró seriamente preocupada por ciertos aspectos del juicio y las investigaciones, señalando que había pruebas importantes que quizá no habían sido puestas a disposición del tribunal. La organización, además, expresó su preocupación por las declaraciones hechas por Marcos Vinícius Borges Emanuel y por las confesiones de Marco Aurélio Dias Alcântara y Nelson Oliveira Cunha, que habían servido para exculpar a cinco de los implicados en la matanza.


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Transeúntes mirando unos ataúdes simbólicos colocados en la plaza de Candelária durante los días posteriores a la matanza.

© Linda Rabben

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Estas declaraciones, que afirmaban que sólo había intervenido un automóvil, contradecían el testimonio de los sobrevivientes, quienes, desde el inicio de la investigación sobre la matanza, habían hablado de dos vehículos y de hasta ocho personas implicadas. Estas declaraciones atribuían la mayor parte de la responsabilidad de los homicidios a Mauricio de Conceição Filho, un ex policía militar apodado "Sexta-Feira 13" ("Viernes Trece"), que murió en 1994 por disparos de la unidad antisecuestros de la Policía Civil.


Nelson Oliveira dos Santos Cunha fue condenado inicialmente a 261 años de prisión. No obstante, en junio de 1997, tras la apelación, lo absolvieron de todos los cargos de asesinato, y al final sólo fue condenado a 18 años por el intento de asesinato de Wagner dos Santos. El abogado de la defensa describió a las víctimas como pequeños delincuentes y ladronzuelos, preguntando a los miembros del jurado cuántas veces habían sufrido un robo de estas características e insinuando que lo que les había ocurrido a los niños era una consecuencia natural y justificable de sus actividades.16El juicio contó con una gran asistencia y tuvo una amplia difusión. Virgilio Donnici, jurista que asistió al juicio como observador, señaló que «fue uno de los crímenes más graves y brutales ocurridos en Brasil. La impunidad en un caso como éste sólo puede servir de incentivo para que se cometan otros crímenes de estas características». El conocido sociólogo brasileño Herbert de Souza (conocido como "Betinho") comentó: «En mi vida he visto nada más absurdo».17

Marcos Vinícius Borges Emanuel fue condenado inicialmente a un total de 309 años, que en junio de 1996 quedaron reducidos a 89. El Ministerio Público presentó una apelación contra la reducción de la condena. La vista de la apelación se celebró finalmente en febrero del 2003, y en ella el jurado condenó por unanimidad al agente a 300 años de prisión.

Otros dos policías militares y un civil que habían sido acusados poco después de la matanza fueron absueltos en diciembre de 1996. Dos policías militares más, uno de los cuales había sido identificado por Wagner dos Santos como el que le disparó en la cara, quedaron en libertad sin cargos en mayo de 1996.

El 25 de agosto de 1998, el policía militar Marco Aurélio Dias Alcântara fue condenado a un total de 204 años. Como ninguna de las penas que se le habían impuesto por los distintos asesinatos e intentos de asesinato superaba los 20 años, no tuvo derecho legal a un segundo juicio, concedido automáticamente por la legislación brasileña a los demás acusados.


A pesar del hecho excepcional de que en los juicios de Candelária se dictaron algunas condenas contra policías militares de Río acusados de violaciones de derechos humanos, la matanza dejó una estela de violencia y tragedia. El sufrimiento, las amenazas y la violencia constantes que padecieron los sobrevivientes, muchos de los cuales fueron después asesinados, demostraron que, una vez amortiguado el impacto y agotado el interés de los medios de comunicación por la matanza, poco había cambiado para los centenares de niños, adolescentes y jóvenes que viven en las calles de Río. La situación vivida por Wagner dos Santos, en la que hay que incluir otro atentado contra su vida, es ilustrativa de los fracasos pasados y presentes del sistema, especialmente en lo que respecta a la indemnización y la protección de los testigos.18


Wagner dos Santos, la personificación del valor


Aunque tras la matanza se presentaron varios testigos oculares, cuando la primera causa sobre Candelária llegó ante los tribunales sólo uno seguía dispuesto a testificar: Wagner dos Santos, que tenía 22 años en el momento de la matanza y al que los agresores se llevaron en un automóvil, le pegaron un tiro en la cara y lo abandonaron dándolo por muerto.19En diciembre de 1994, en un intento de impedirle testificar, volvieron a atentar contra su vida; esta vez recibió cuatro disparos, y de nuevo fue dado por muerto.20Tras la presión ejercida por activistas nacionales de derechos humanos y por Amnistía Internacional, el gobierno federal asumió la responsabilidad de trasladar a Wagner dos Santos a otro país por su propia seguridad. Las autoridades no proporcionaron a los demás testigos ¯todos ellos niños de la calle¯ una protección adecuada a sus necesidades, y poco a poco fueron volviendo a las calles. Uno de ellos, Fabio Gomes de Azevedo, apodado "Barão", fue víctima de la agresiva política policial de Río de Janeiro poco antes del segundo juicio sobre Candelária; el 22 de noviembre de 1996 murió por disparos de la policía durante una redada de madrugada contra el tráfico de drogas.


Wagner dos Santos sigue viviendo en el país europeo al que fue trasladado. Cuando llegó allí, el gobierno federal no había tomado ninguna medida para regularizar su situación ante las autoridades del país, y sólo lo pusieron en contacto con particulares. Como consecuencia, pasó el primer año trabajando ilegalmente. Su situación en un primer momento se regularizó sólo gracias a las presiones de Amnistía Internacional y de abogados que trabajaban para otras organizaciones no gubernamentales. Wagner aún no tiene el permiso de residencia permanente en el país donde vive. Aunque hace poco volvió a Brasil, con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de la matanza de Candelária, Wagner sigue en peligro cuando está en Río, y no puede permanecer allí sin un fuerte mecanismo de protección.


En los dos atentados contra su vida, Wagner sufrió graves daños físicos y psicológicos que se prolongan hasta el día de hoy. Aunque ha tenido varios empleos distintos, ya no puede trabajar debido a sus lesiones, y hace poco le reconocieron oficialmente la minusvalía y la incapacidad laboral. Este año sufrió una caída que le produjo una parálisis temporal. Tiene dos balas alojadas en la cabeza, padece una parálisis parcial en la cara y tiene problemas de oído. Unos exámenes recientes han revelado que sufre una intoxicación por plomo provocada por las balas de la cabeza, que, debido a su ubicación, no pueden serle extraídas. Hace poco ha empezado a recibir un tratamiento médico que se espera que contrarreste la intoxicación.


Indemnización


En el momento de redactarse este informe, la única indemnización recibida por Wagner dos Santos era la establecida en virtud de un acuerdo con las autoridades estatales de Río, que en el 2001 se comprometieron legalmente a efectuar un único pago de 10.000 reales (unos 3.500 dólares estadounidenses) y a pasar una pensión mensual de carácter vitalicio a los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de las matanzas de Candelária y Vigário Geral.21Aunque en julio del 2002 el gobierno federal anunció que las indemnizaciones por las matanzas figuraban entre los casos de indemnización considerados prioritarios a escala nacional, el estado aún no ha pagado la indemnización completa a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

La ausencia de un compromiso de indemnización plena por parte de las autoridades brasileñas contrasta con la rapidez con que se llegó a un acuerdo en el caso de un policía militar al que se consideró injustamente detenido y acusado de participar en la matanza de Candelária, y que, según los informes, fue indemnizado por ello con 180.000 reales (unos 58.000 dólares estadounidenses).22


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El cuerpo de João Fernando Caldeira da Silva, muerto por arma de fuego en 1999, estuvo varias horas tendido en la calle. Al fondo, la iglesia de Candelária.

© Luiz Morier

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La matanza que nunca cesa


Un estudio realizado en el 2001 por un conocido artista de Río, que estuvo junto a los niños de Candelária antes y después de los asesinatos de 1993, calculaba que 39 de los 72 niños que dormían en Candelária en el momento de la matanza habían muerto en circunstancias violentas en las calles de la ciudad. La suerte corrida por tres sobrevivientes de la matanza habla con elocuencia sobre una tragedia que sigue destruyendo vidas mucho después de agotarse el interés de los medios de comunicación: en junio de 1999, João Fernando Caldeira da Silva, de 17 años, murió abatido a tiros a unos metros del escenario de la matanza; en junio del 2000, la muerte de Sandro do Nascimento, al final de un sangriento asedio que fue transmitido en directo por televisión a todo el país, dejó una huella indeleble en la memoria del pueblo brasileño; y, en septiembre del 2000, Elizabeth Cristina Borges de Oliveira Maiamurió por disparos en el exterior de su casa.


Junio de 1999: Una muerte tras otra

Aunque no ha vuelto a haber una matanza de niños de la calle de la magnitud de la de Candelária, durante estos años ha seguido habiendo asesinatos constantes de niños de la calle en el centro de Río. En junio de 1999, Amnistía Internacional denunció una serie de muertes de niños de la calle en el centro de Río. Todos los homicidios tenían en común el haber sido cometidos por un individuo vestido de civil que identificaba y elegía a un niño concreto para matarlo allí mismo. A João Fernando Caldeira da Silva, de 17 años y sobreviviente de la matanza de 1993, le dispararon en el pecho a unos metros de la iglesia de Candelária el 14 de junio de 1999.


Fabiano Teodoro Teixeira, de 10 años, viajaba en autobús con un grupo de niños de la calle en el barrio de Lapa, en el centro de Río, el 2 de junio de 1999. El conductor del autobús pidió ayuda para controlar a los niños, que estaban haciendo mucho ruido. Mientras un policía acompañaba a los niños fuera del autobús, un hombre vestido de civil pidió a Fabiano que se acercara. Fabiano salió corriendo pero, al girarse para mirar atrás, el hombre le disparó dos veces en el pecho y lo mató. El policía allí presente no hizo nada por detener al asesino, que en la investigación policial posterior aparecía mencionado como un cabo de la Policía Militar fuera de servicio.


Otros dos niños, Marcos Marcelino de Souzay Maxwell de Freitas, murieron en circunstancias similares durante estos años. Amnistía Internacional no ha tenido noticia de ninguna actuación judicial relacionada con estas muertes.


Elizabeth Cristina Borges de Oliveira Maia, "Beth Gorda"


El 26 de septiembre del 2000, Elizabeth Cristina Borges de Oliveira Maia, de 23 años, que vivía en Candelária en la época de la matanza, murió tras recibir varios disparos frente a su casa del barrio de Botafogo, en la que vivía con su abuela y sus hijos. Conocida como "Beth Gorda" por sus amigos, Elizabeth, que en una ocasión había dicho de Amnistía Internacional que era "parte de mi familia", ocupó un lugar destacado en un documental sobre la matanza de Candelária y la violencia en Río que fue emitido por las televisiones de todo el mundo.23Iba a testificar al mes siguiente en una vista de apelación sobre el caso de Marcos Vinícius Borges Emanuel. En junio del 2000 había prestado declaración en Río ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y había asistido a una rueda de prensa en la que el entonces gobernador del estado, Anthony Garotinho, pidió perdón por las matanzas de Candelária y Vigário Geral. El 29 de septiembre del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una carta a la abuela de Elizabeth en la que decía lo siguiente:


Tuvimos el honor de escuchar a Elizabeth el año pasado en Río, cuando nos contó la conmovedora y honrosa historia de su vida, durante una reunión a la que también asistieron los familiares de las víctimas de las matanzas de Candelária y Vigário Geral, antes de la ceremonia oficial en la que el gobernador Garotinho firmó la ley estatal que reconoce la responsabilidad del estado en lo ocurrido y establece la indemnización de los familiares y los sobrevivientes.

Elizabeth, con sus palabras claras y sus ideas firmes, nos puso en contacto, a través de las distintas fases de su vida, con el drama diario de muchas personas que viven con sufrimiento y angustia debido a la continua violación de sus derechos humanos, o a la amenaza de tal violación. Ella supo vencer estas dificultades y llevar adelante su vida, con sus hijos, su trabajo y su esperanza, y de este modo nos dio un ejemplo digno de ser difundido. Sin embargo, otra agresión ha tratado de hacer desaparecer este ejemplo quitándole la vida.24




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"Beth Gorda"

© AI

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La opinión expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contrasta radicalmente con el tono empleado por la prensa de Río para informar de la muerte de Elizabeth, como si se tratara simplemente de una muerte más de un delincuente:


Traficante de drogas muerta en Botafogo: La traficante de drogas Elizabeth Cristina de Oliveira Maia, de 23 años, conocida como Beth Gorda, murió a primeras horas de esta mañana [...] Dos hombres armados que estaban en un [automóvil] Gol blanco efectuaron varios disparos contra Elizabeth. Según agentes de la unidad de inteligencia del Segundo Batallón, Beth estaba relacionada con traficantes de droga del vecindario.25


La investigación policial sobre la muerte de Beth concluyó que había sido asesinada por un traficante de drogas no identificado. El Ministerio Público de Río no emprendió ninguna investigación y archivó el caso.


El secuestro del autobús 174


El legado de violencia dejado por la matanza de Candelária alcanzó una cima de notoriedad el 12 de junio del 2000, cuando Sandro do Nascimento, sobreviviente de la matanza, retuvo como rehenes a varios pasajeros de un autobús en la zona del Jardín Botánico de Río, tras un intento frustrado de robo. La policía rodeó el autobús, y al lugar de los hechos acudieron equipos de televisión que transmitieron el suceso en directo a todo el país. Tras varias horas de tensas negociaciones, durante las cuales Sandro do Nascimento se refirió en varias ocasiones a Candelária y Vigário Geral, el joven descendió del autobús sosteniendo un arma contra la cabeza de una profesora, Geisa Firmo Gonçalves, a la que utilizaba como escudo humano. Mientras Sandro caminaba hacia la policía, en lo que parecía ser un intento de poner fin a la situación, un agente se precipitó hacia adelante y, en un intento de salvar a Geisa Gonçalves, disparó contra Sandro do Nascimento, pero falló, y Sandro disparó contra Geisa Gonçalves. La autopsia reveló posteriormente que ésta había muerto no sólo por los disparos efectuados por Sandro, sino también por los del policía. Sandro do Nascimento fue salvado de ser linchado por una multitud enfurecida, y los equipos de televisión filmaron a la policía introduciéndolo vivo en la parte trasera de un vehículo policial. Sin embargo, cuando llegó a la comisaría, había muerto por asfixia. En diciembre del 2002, un jurado absolvió a los agentes responsables de su traslado a la comisaría del cargo de homicidio intencional con agravantes.26El jurado aceptó el argumento del abogado de la defensa de que Sandro do Nascimento se había asfixiado a sí mismo. Una vez más cobró fuerza el mensaje de que a la policía de Río se le permite matar a personas que están bajo su custodia.


El incidente del autobús 174, tal como se lo conoce, conmovió a todo Brasil. Se hizo un documental sobre la tragedia ¯ganador de un premio¯ que reflejaba la historia de Sandro do Nascimento, contando cómo presenció el asesinato de su madre a los seis años, su vida en la calle, su sobrevivencia a la matanza de Candelária y su paso por varias instituciones correccionales para menores, que a la larga lo llevaron a una vida de adicción a las drogas y delitos menores. La tragedia simboliza muchos fracasos del estado y el sistema de justicia penal de Río de Janeiro, por no hablar de la mala preparación de su policía, que sin lugar a dudas carecía de las herramientas y la formación necesarias para hacer frente a la situación.


La situación se mantiene en el 2003:La muerte de Wallace da Costa Pereira y las amenazas contra defensores de los derechos humanos que trabajan con niños de la calle


El 21 de enero del 2003, un policía militar uniformado disparó, por la espalda y a corta distancia, contra Wallace da Costa Pereira, un niño de la calle de 11 años. Los hechos ocurrieron en Lapa, a unos metros del lugar donde, en 1999, había sido asesinado Fabiano Teodoro Teixeira. Un policía militar de 19 años que llevaba en la calle menos de un año se confesó autor del crimen, y hay en marcha una acusación contra él por el asesinato de Wallace. Según otros niños de la calle que presenciaron el homicidio, el policía militar había estado tratando de sacarle dinero a Wallace, que intervenía en pequeños robos. Wallace había participado durante varios meses en las actividades de São Martinho, una organización no gubernamental que tiene un centro de día para niños en Lapa.


São Martinho es una organización no gubernamental de renombre internacional con sede en Río que lleva casi 20 años trabajando con niños y adolescentes en situación de riesgo social, sobre todo niños de la calle. El Centro Socioeducativo que la organización tiene en Lapa funciona de día según una política de puertas abiertas para atender a niños y adolescentes, y les ofrece refugio, asistencia médica, comida y actividades recreativas y educativas. El Centro Socioeducativo atiende a unos 60 niños al día, de los centenares que se calcula que viven en las calles de Río.


El 27 de febrero del 2003, un grupo de niños de la calle fueron reunidos a la fuerza por agentes de la Policía Militar y la Policía Civil de la Unidad para la Protección de Niños y Adolescentes (Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente,DPCA).27Varios niños corrieron hacia el Centro Socioeducativo, en un intento de escapar de la operación. Dos instructores del centro salieron a la calle para calmar los ánimos. Según los informes, los niños se habían tranquilizado cuando volvió a aparecer un grupo de policías que, esgrimiendo sus armas y gritando amenazas, trataron de reunir a los niños una vez más. La situación empezó a degenerar otra vez y, en este punto, según testigos presenciales, un policía civil de la DPCA puso su arma contra la cabeza de uno de los instructores. Después apuntó hacia un grupo de niños y adolescentes que estaban junto a la pared del centro y efectuó varios disparos. Todavía pueden verse las marcas dejadas en la pared por las balas.


El homicidio de Wallace y el incidente frente al edificio de São Martinho, ocurridos con una diferencia de semanas, indican claramente que, diez años después de la matanza de Candelária, los niños y adolescentes que a duras penas se ganan la vida en las calles de Río siguen expuestos al riesgo constante de convertirse en víctimas de actos violentos y arbitrarios de miembros de las fuerzas de policía municipales. Aunque hasta ahora no ha vuelto a haber una matanza como la de Candelária, se ha permitido la continuación sin control de actitudes, condiciones y circunstancias como las que rodearon aquellos homicidios. Amnistía Internacional se siente alarmada por el hecho de que agentes de policía "especializados" de una unidad teóricamente entrenada y equipada específicamente para "proteger" a los niños actúe así a plena luz del día, mostrando un evidente desprecio por la seguridad, no sólo de los niños, sino también de los defensores de los derechos humanos que trabajan con ellos. El policía civil que puso su arma contra la cabeza del instructor de São Martinho y luego disparó contra el grupo de niños aún no ha sido identificado, según los informes.


A Amnistía Internacional le preocupa comprobar que se ha permitido la proliferación, en un clima de indiferencia, de los peligros que constantemente amenazan a los niños de la calle en Río, y que no hay indicios de que exista voluntad política para cuestionar y cambiar la actitud popular que etiqueta a los niños de la calle de miembros de la sociedad marginales y prescindibles.


En el 2001, algunos defensores de los derechos humanos brasileños informaron con horror a Amnistía Internacional de las declaraciones hechas en la Asamblea Legislativa de Río por un diputado, Wolney Trindade, que no sólo había apoyado claramente el "exterminio" ("limpieza social"), sino que además había ofrecido una recompensa a quien matara a niños de la calle:



Hoy, con el asunto de la protección de los derechos humanos, la escoria cree que puede hacer lo que quiera [...] los electores tienen que entender mi postura y votarme, sabiendo que, como en el caso del chico de 17 años muerto en Candelária, tal como he dicho antes y como vuelvo a repetir, si muere algún otro, pagaré el ataúd y recompensaré al que lo haya matado.28


Amnistía Internacional pide a las autoridades del estado de Río que repudien oficialmente cualquier declaración hecha por personas que ocupan cargos designados por elección en apoyo de los homicidios ilegítimos.


3. 29 DE AGOSTO DE 1993: VIGÁRIO GERAL


La tragedia continúa


Poco más de un mes después de la matanza de Candelária, antes de que se extinguiera la conmoción que había generado, otro ataque policial contra civiles, esta vez en una comunidad del norte de la ciudad, saltó a los titulares de todo el mundo.


La noche del 29 de agosto de 1993, 21 personas fueron asesinadas cuando un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados para ocultar su identidad atacaron la favelade Vigário Geral, en el norte de la ciudad de Río de Janeiro. Durante dos horas, los agresores recorrieron la zona disparando indiscriminadamente contra los vecinos. Entre los muertos había siete hombres que jugaban a las cartas en un bar y ocho miembros de una misma familia, incluida una niña de 15 años, que habían sido asesinados en el interior de su vivienda. El ataque, según los informes, se llevó a cabo en venganza por el asesinato, dos días antes, de cuatro policías militares que al parecer estaban involucrados en actividades de extorsión a traficantes de droga.29Tras las investigaciones oficiales se formularon cargos contra 33 personas, en su mayoría policías militares y en todos los casos presuntos miembros de "Cavalos Corredores" ("Caballos de Carreras"), tristemente célebre escuadrón de la muerte.


Pese a las acusaciones, que se presentaron con rapidez, los sobrevivientes de la matanza se sintieron desprotegidos y abandonados por las autoridades. Un sobreviviente de la matanza declaraba en 1998:


Estaba en un bar con unos amigos cuando entraron ellos con sus armas. Les enseñé mi documento de identificación laboral, pero dispararon igualmente. Recibí cinco disparos. Sobreviví, pero no sé si mereció la pena el esfuerzo. Quizá sería mejor haber muerto. No estaría pasando tanto miedo y sufrimiento. Lo que se dice protección, sólo la he recibido de Dios y de la comunidad de Vigário Geral. El gobierno nunca me ha protegido. Fui en autobús a las dos primeras vistas con mi esposa. Debido a las amenazas, queríamos ir a Niterói. Pero uno de los policías de la escolta estaba acusado [de participar en la matanza]. Hoy es la propia comunidad la que nos protege.30


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Pierre Sané, ex secretario general de Amnistía Internacional, en una visita realizada a Vigário Geral en 1995.

© Ripper/Imagens da Terra

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Un proceso judicial incompleto

Los juicios de las personas acusadas de participar en la matanza de Vigário Geral han sido complejos y laboriosos y han revelado la existencia de numerosos puntos débiles en los procedimientos de investigación.


Durante las vistas judiciales celebradas en junio y julio de 1995 se conocieron muchos detalles de los homicidios. Las pruebas presentadas confirmaron que la matanza había sido una operación policial de carácter no oficial, en la que, al parecer, participaron 33 personas, en su mayoría policías militares. Dos de estos policías murieron después, posiblemente asesinados para impedirles prestar declaración.


En un intento de autoexculparse, 17 de los agentes que estaban bajo detención preventiva grabaron en secreto declaraciones de otros detenidos en las que éstos admitían su responsabilidad en la matanza y daban detalles de la operación. En febrero de 1996, los 17 policías que habían grabado las cintas quedaron en libertad condicional en espera de juicio. En las cintas, además, se mencionaba como implicados a una serie de individuos contra los que aún no se habían presentado cargos. Como consecuencia, otros 17 policías militares fueron detenidos. El proceso judicial se dividió en dos partes debido a las cintas.


Se han celebrado varios juicios en los que un total de seis policías han sido declarados culpables y condenados por su participación en la matanza. En 1997, Paulo Roberto Alvarenga fue declarado culpable y condenado a 449 años de prisión. Esta pena se basó en una sentencia que contemplaba cada asesinato como un delito independiente. En 1998, el Tribunal Supremo Federal resolvió que esta forma de considerar los cargos era errónea, y que el acusado debía haber sido juzgado por un solo "delito continuado",31por lo que le redujo la pena a 57 años. En noviembre de 1997, Arlindo Maginario Filho fue condenado a 441 años de prisión. Su condena se encuentra en fase de apelación, aunque, tras la sentencia del caso de Alvarenga, tiene derecho a ser juzgado por un delito continuado. El 26 de agosto de 1999, Roberto César Amaral Júnior fue condenado a 6 años de prisión por un cargo de asesinato, y fue absuelto de todos los demás cargos. Adilson Saraíva da Hora fue condenado a 72 años en octubre de 1999. En septiembre del 2000, José Fernandes Neto fue condenado a 45 años de prisión. Alexandre Bicego Farinha fue condenado a 74 años en octubre del 2000.


Ninguna de las condenas mencionadas es definitiva y, según una información aparecida en un periódico nacional en julio del 2003, sólo dos de los seis policías condenados seguían en la cárcel, en espera de que se celebraran las vistas de apelación. Los otros cuatro habían quedado en libertad porque habían expirado los plazos establecidos para las vistas de su apelación. El artículo afirmaba, además, que la mayoría de los policías militares que en 1993 habían sido separados del servicio en espera del resultado de la investigación habían sido readmitidos en el cuerpo.32


En octubre de 1996 se exhumaron los cuerpos de las víctimas de la matanza. En un principio sólo iban a moverlos para dejar espacio a otros cuerpos (una práctica habitual en muchos cementerios brasileños) pero, al desenterrar los tres primeros, aparecieron balas sueltas en dos de los ataúdes, lo cual indicaba que en las primeras autopsias no se habían extraído todos los proyectiles para someterlos al examen de balística. El juez encargado del caso ordenó la exhumación de todos los cuerpos, orden que se llevó a cabo en presencia de un patólogo forense independiente. Se encontraron otras 11 balas, con lo que el total de proyectiles no analizados durante la investigación original ascendió a 14.


En noviembre de 1998 fueron absueltos 10 policías acusados de participar en la matanza, aunque todos habían sido nombrados por el principal testigo, un ex miembro de Cavalos Corredores. La defensa admitió que habían participado en la organización de la invasión de la favela, pero alegó que no habían intervenido directamente en la matanza. Las cintas grabadas en 1995 por algunos de los agentes contribuyeron a su absolución; muchos consideraron que se trataba de un encubrimiento. Se presentó una apelación contra esta decisión.


El 23 de julio del 2003, décimo aniversario de la matanza de Candelária, fueron absueltos otros nueve policías militares. Esta decisión se basó en el argumento de que las cintas grabadas en secreto en 1995 habían sido preparadas con la intención de exculpar a los verdaderos responsables de la matanza. Este argumento fue esgrimido durante el juicio por los representantes tanto de la defensa como de la acusación. El abogado de los familiares de las víctimas afirmó que esto suponía un paso adelante en la búsqueda de los verdaderos autores de la matanza.




Protección de testigos


Al igual que en los juicios de Candelária, la protección de algunas de las personas involucradas en los procedimientos del caso de Vigário Geral ha sido problemática. El principal testigo de la acusación en el caso de Vigário Geral es un ex miembro de Cavalos Corredores. Miembro activo del escuadrón de la muerte en aquella época, llegó tarde al punto de encuentro la noche de la matanza, por lo que no participó en ella. En las semanas posteriores se dio cuenta de que corría peligro de ser asesinado por sus compañeros de Cavalos Corredores, por lo que se dirigió a la policía y contó todo lo que sabía sobre el escuadrón de la muerte y la matanza.


Aunque, desde octubre de 1993, estuvo bien protegido por una unidad de inteligencia de la Policía Militar, en el 2003 Amnistía Internacional supo que había dejado de recibir paquetes de comida y una asignación mensual de la que vivían él y su familia. Por este motivo, el testigo, que sufre de tuberculosis, se vio sometido a una presión indebida e innecesaria, que parecía ser el resultado de algunos intentos de intimidarlo. El 8 de abril de este año, el testigo, sin ninguna explicación ni advertencia previa, fue trasladado a una comisaría de la Policía Militar, donde lo encerraron en una celda. Después lo llevaron fuera del estado de Río de Janeiro. La razón que justificaba este cambio en su situación parecía ser la celebración, en julio, de un segundo juicio sobre el caso de Vigário Geral.


Aun considerando que podrían haber sido necesarias otras medidas para proteger al testigo, a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que tales medidas se adoptaran sin comunicárselo previamente a él o a su familia, y el que no parecieran tenerse en cuenta sus necesidades médicas. En junio del 2003, Amnistía Internacional supo que su familia estaba sin ningún tipo de protección, y que había estado subsistiendo gracias a la ayuda de familiares y amigos.


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Vigário Geral, abril del 2002: familiares de las víctimas de las matanzas de Candelária y Vigário Geral y de los "desaparecidos" de Acari © AI

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Acontecimientos posteriores en Vigário Geral


Aunque en los últimos años parecen haber disminuido los incidentes violentos en Vigário Geral, en agosto del 2002 la favela fue escenario de una incursión del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar,BOPE), operación que causó un muerto, Joel de Jesús, y tres heridos, entre ellos Elcio Pereira do Nascimento, un transeúnte de 41 años, y Paulo Sérgio Santos Dias, batería de O Rappa, grupo de pop famoso en todo Brasil. Paulo Sérgio Santos Dias salía en automóvil de Vigário Geral en dirección a un concierto cuando otro automóvil se detuvo cerca de él y sus ocupantes empezaron a disparar. Salió del vehículo para tratar de identificarse, pero le dispararon en el pie y la espalda. Tras el incidente, el jefe del Batallón fue destituido por el gobernador del estado. Según algunas fuentes, los miembros del Batallón de Operaciones Especiales entraron en Vigário Geral gritando «Vamos a repetir Vigário».


Aunque durante 20 años ha existido una contienda entre traficantes de droga que actúan en Vigário Geral y otra banda de una comunidad vecina, los informes indican que en los últimos años las hostilidades entre ambos grupos han disminuido. No obstante, en julio del 2003, los enfrentamientos se intensificaron durante varios días y provocaron, según los informes, 11 muertos, dos de ellos al menos en intercambios de disparos con la policía.


ACARI

El 26 de julio de 1990, 11 jóvenes, cinco de ellos menores, fueron secuestrados por un grupo de hombres procedentes de una finca de Magé, en las afueras de la ciudad de Río. La "desaparición" de los 11 jóvenes, todos pertenecientes a la comunidad de Acari, en Río, llegó a oídos de la comunidad internacional gracias a la incansable actividad de las madres de las víctimas, las "Mães de Acari" ("Madres de Acari"). Amnistía Internacional informó en 1994 de que los secuestradores habían sido identificados por la unidad de inteligencia de la Policía Militar como agentes de este cuerpo pertenecientes al Noveno Batallón de la Policía Militar de Rocha Miranda, estado de Río de Janeiro, y detectives del Departamento de Robos de Cargas de la Comisaría 39 de Pavuna, Río de Janeiro. El informe de la policía indicaba que los agentes implicados habían estado extorsionando a algunas de las víctimas antes del secuestro. En un libro sobre las "Madres de Acari", con prólogo de Danielle Mitterrand, fiel simpatizante del grupo, se identifica a algunos de estos policías como miembros de Cavalos Corredores.33En 1993, Edméia da Silva Eusébio, una de las madres más activas, murió abatida a tiros pocos días después de testificar ante el tribunal sobre la participación de la policía en las "desapariciones".34En el 2003, los cuerpos de los 11 jóvenes seguían sin aparecer, pese a varios intentos fallidos de las autoridades. Según informes recibidos por Amnistía Internacional, las investigaciones de las autoridades en posibles lugares de enterramiento fueron negligentes y destructivas, y posiblemente dañaron de forma irremediable estos lugares. Puesto que los cuerpos siguen sin aparecer, no han podido emprenderse acciones judiciales. La "desaparición" de los 11 jóvenes continúa sin resolverse ni castigarse.



4. LA SITUACIÓN EN EL 2003


Nuevo aumento de la violencia y los homicidios a manos de la policía


En 1996, Amnistía Internacional afirmó que el incremento de la violencia en Río de Janeiro se debía en buena medida al aumento en la actividad de las bandas armadas de traficantes de droga, así como a los polémicos métodos policiales introducidos para combatir esta actividad. La organización señalaba que el alto índice de delincuencia y los enfrentamientos armados entre grupos rivales, o entre bandas y policías, estaban provocando pánico, además de muchas muertes, entre la población civil. Esta situación extrema lleva a menudo a la población a apoyar la utilización de métodos violentos por parte de la policía.


Lamentablemente, hasta el momento no se ha registrado ninguna mejora apreciable en la situación. Río de Janeiro sigue siendo una ciudad con un altísimo índice de delincuencia y actos violentos y, como resultado, las autoridades designadas por elección siguen haciéndose eco de peticiones populistas en favor de métodos policiales represivos y violentos. Amnistía Internacional observa con enorme preocupación que, en el 2003, han vuelto a aparecer indicios del apoyo implícito del gobierno estatal a los homicidios ilegítimos de delincuentes.


Tras una oleada de violencia especialmente brutal que barrió toda la ciudad en febrero del 2003, las autoridades estatales de Río de Janeiro se pronunciaron públicamente en favor de los homicidios de delincuentes, como si ésta fuera la única forma de hacerse con el control de la situación. El 26 de febrero, día en que se puso en marcha, en un intento de contener la violencia, una operación urgente de seguridad, la Operación Río Seguro (Operação Rio Seguro), el entonces secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, Josías Quintal, hizo unas declaraciones que fueron muy difundidas:


Nuestro "bloco" [referencia a las escuelas de samba que compiten en el carnaval de la ciudad] está en la calle y, si tiene que haber un conflicto armado, lo habrá. Si, como consecuencia, alguien tiene que morir, que muera. Vamos a atacar con dureza.35


El alcalde de la ciudad, Cesar Maia, respaldó la postura del gobierno estatal y, según los informes, se refirió a un motín de presos ocurrido en septiembre del 2002 con estas palabras:


Si yo hubiera sido gobernador en el caso del motín de Bangu 1, no habría habido negociaciones. El BOPE [Batallón de Operaciones Especiales] debería entrar y disparar a matar.36


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Un autobús en llamas, blanco de incendiarios, bloquea una de las principales vías de Río.

© O Dia

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Cronología de la violencia en Río de Janeiro en el 2003


En este contexto de inflexibilidad pública de las autoridades, y de ofensiva contra las actividades de los traficantes de droga, la violencia en Río ha seguido siendo endémica en el 2003. Aunque Amnistía Internacional reconoce que las autoridades tienen el deber de mantener el orden público y combatir la delincuencia, la organización está enormemente preocupada por el alarmante número de civiles inocentes que han muerto a causa de operaciones policiales en las favelas, por balas perdidas y por la violencia organizada de las bandas de traficantes de droga.


La situación se hizo crítica en las semanas previas al carnaval de fama mundial que se celebra en la ciudad en febrero, cuando las bandas de traficantes de droga organizaron disturbios en toda la ciudad. En un solo día, el 23 de febrero, al menos 23 autobuses que prestaban servicio fueron destruidos, según los informes, por cócteles Molotov, y muchos otros sufrieron graves daños. En algunos casos, los pasajeros de los autobuses resultaron heridos en los ataques. Aunque casi todos los daños fueron materiales, al menos dos personas murieron a consecuencia de los actos de violencia. Un ataque contra un autobús en el distrito de Botafogo causó numerosos heridos. Una mujer de 70 años, Aury Maria do Canto, que se dirigía a trabajar en autobús, murió posteriormente a consecuencia de las lesiones sufridas. Algunos individuos relacionados, según se cree, con bandas de traficantes de droga bloquearon las calles e hicieron detonar pequeños artefactos explosivos de fabricación casera en diversos puntos, entre ellos algunos lugares turísticos de la costa. Un taxista de 73 años, Sílvio Manuel Fernandes, que no se detuvo en uno de los controles instalados por los traficantes de droga en el norte de Río, fue ejecutado de un disparo en la cabeza. Se desconocen las razones exactas de los disturbios, pero se cree que obedecieron a órdenes de dirigentes de las bandas.


El gobierno del estado de Río respondió a estos actos con la Operación Río Seguro, y ordenó el traslado del traficante de drogas que se creía que había ordenado los disturbios de una prisión de alta seguridad de Río de Janeiro a otra prisión de alta seguridad del estado de São Paulo. Al concluir el segundo día de la operación, ocho presuntos traficantes de drogas habían muerto por disparos de la policía durante incursiones en favelas.


Para mantener el orden durante el periodo del carnaval, el gobierno federal autorizó, por cuarta vez desde 1992, la presencia del ejército en las calles de Río. Sin embargo, la presencia de los militares en la calle, que garantizó la seguridad de los miles de participantes en la fiesta en el centro de Río, no disminuyó la violencia en otros lugares. Según cifras facilitadas por la Secretaría de Seguridad Pública, durante los tres primeros días de los cuatro que duró la fiesta hubo 70 homicidios en el estado de Río, un aumento del 18,6 por ciento respecto al 2002. El 4 de marzo, un profesor inglés de 56 años, Federico Branco de Faria, murió por disparos de una patrulla militar en el norte de la capital. Hasta el 7 de marzo se registraron 100 homicidios, entre ellos los de siete presuntos traficantes de droga muertos durante una operación policial en Costa Barros, una comunidad pobre que está siendo objeto de un proyecto de atención médica organizado por la organización no gubernamental internacional Médicos sin Fronteras.37


En los últimos días del mes de marzo, tres jóvenes estudiantes, residentes en el norte de Río, fueron alcanzados por balas perdidas en varios tiroteos entre policías y delincuentes. Dos de los estudiantes murieron a causa de las heridas sufridas. El 25 de marzo, Gabriela Prado Ribeiro, de 14 años, resultó muerta al verse atrapada en un tiroteo entre policías y ladrones en una estación de metro. Su familia dijo posteriormente que era la primera vez que la dejaban viajar sola en metro. Cinco días después, Marco Antônio Pereira Soaresmurió tras ser alcanzado en la cabeza por una bala perdida en una gasolinera. Ese mismo día, Vinícius de Souza Alvesse vio atrapado en un fuego cruzado y recibió dos disparos en el tórax, aunque sobrevivió.


A finales de abril, Anthony Garotinho, ex gobernador del estado y esposo de la actual gobernadora, asumió el cargo de secretario de Seguridad Pública del estado. El 10 de mayo anunció en su programa de radio oficial que, desde que asumió el cargo, habían muerto 100 supuestos delincuentes por disparos de la policía.38


x2857 El aumento de las bandas armadas de traficantes de droga


Los grupos de delincuentes llevan desde principios de los ochenta manteniendo violentas disputas territoriales en Río. En la década de los noventa, estos grupos consolidaron y aumentaron su control sobre las operaciones de tráfico de drogas en la mayoría de las comunidades más pobres de Río. En las favelas, donde generalmente el estado tiene muy poca, o ninguna, presencia oficial, las bandas de traficantes de droga se han convertido en fuerzas muy poderosas dentro de la comunidad. Los jefes capturados son encerrados casi siempre en prisiones de alta seguridad, desde donde imparten órdenes a una jerarquía flexible de cabecillas que reciben un elevado salario por supervisar los equipos de vigilantes, guardias y repartidores para los puntos de distribución de cocaína y marihuana, llamados bocas de fumo. El reciente informe Crianças do tráfico(Los niños del narcotráfico) reveló que, desde principios de los noventa, las bandas han mejorado su equipamiento militar y tecnológico y han perfeccionado sus estructuras administrativas. Además, han adoptado estrategias policiales cada vez más violentas y represivas dentro de las favelas, y han reclutado a un número creciente de niños. El informe documenta casos de palizas, disparos y ejecuciones con los que las bandas castigan, no sólo a sus rivales, sino también a presuntos criminales y delincuentes de la comunidad en la que actúan. Estos castigos adoptan la forma de una "limpieza social", con la que, librando a la comunidad de indeseables y eliminando a sus rivales, las bandas refuerzan su poder. Estas actividades pueden prosperar gracias a que no existe presencia oficial del estado en esas zonas. El informe cita cálculos que hablan de unos 10.000 traficantes de droga armados, entre ellos 6.000 niños, trabajando en el tráfico de drogas en Río de Janeiro.39


El dominio cada vez mayor que ejercen las distintas facciones sobre las comunidades pobres de Río ha supuesto que la mayoría de los ciudadanos respetuosos de la ley que viven en estas zonas se vean divididos entre dos conjuntos de normas: las que les imponen las bandas de traficantes de droga, y las de la policía. El poder de las bandas ha alcanzado incluso al sistema penal, gracias a una política implantada por las propias autoridades, que en el 2002 informaron a Amnistía Internacional de que todos los detenidos se separaban en función de la banda de traficantes que actuaba en la zona en la que vivían, independientemente del tipo de delito del que hubieran sido acusados o declarados culpables.40Los defensores de los derechos humanos que trabajan en el sistema penitenciario de Río le han comentado con preocupación a Amnistía Internacional que esta política ha aumentado el poder de estos grupos dentro del sistema penal de Río, y que ha estigmatizado innecesariamente a muchas personas que no tenían ningún otro vínculo con las bandas.


Pese a la durísima política adoptada por las autoridades de Río respecto a estos grupos, existen claros indicios de que éstos no podrían actuar sin el apoyo de agentes de policía corruptos. Por esta razón, Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la noticia de que las autoridades de Río están planeando introducir medidas que facilitarán la investigación y el castigo de los policías corruptos, y que obligarán a los jefes y comandantes de la policía a presentar informes pormenorizados sobre las operaciones efectuadas en las favelas.



La historia se repite: Homicidios policiales documentados por Amnistía Internacional en el 2003


Durante una visita realizada a Río en junio del 2003, Amnistía Internacional se entrevistó, además de con familiares de víctimas de las matanzas de Vigário Geral y Candelária, con familiares de víctimas y testigos presenciales de numerosas operaciones policiales desarrolladas en Río en el 2003, en las que, según los informes, se cometieron abusos graves contra los derechos humanos, incluidas torturas, "desapariciones", ejecuciones extrajudiciales y actos de uso excesivo de la fuerza. Una y otra vez, la organización escuchó el testimonio de habitantes de las comunidades más pobres de Río, que se sentían las principales víctimas y objetivos de una política policial pública violenta y discriminatoria.


Senador Camará: una "megaoperación" policial deja 14 muertos

El 10 de enero del 2003, hacia las nueve de la noche, la policía puso en marcha una enorme operación antidroga en las favelasde Rebu y Coréia, en Senador Camará, en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro. La operación, que gozó de amplia cobertura en la prensa nacional, fue la primera de su magnitud emprendida por el nuevo gobierno estatal. En ella participaron más de 250 policías militares y civiles, que utilizaron 58 vehículos y dos helicópteros.


El objetivo oficial de la operación era la detención de cuatro presuntos traficantes de droga. Para llevarla a cabo, las autoridades consiguieron una orden de busca y captura itinerante (mandado de busca e apreensão itinerante), que usaron para justificar los registros de cualquier vivienda o vecino de la favela. Algunos defensores de los derechos humanos comunicaron a Amnistía Internacional su preocupación por el hecho de que la mencionada orden pareciera carecer de base legal sólida en el derecho penal brasileño, que especifica que las órdenes de detención deben indicar con la mayor precisión posible el nombre de la persona o la vivienda que va a ser registrada.41


La utilización de una orden de detención posiblemente ilegal en una operación policial a gran escala, que trata a todos los habitantes y hogares de la comunidad como posibles sospechosos, es ilustrativa de la postura agresiva adoptada por las autoridades durante tales operaciones, y reafirma el estereotipo popular de que todos los habitantes de las favelaspodrían ser delincuentes. Una vez que se los considera posibles delincuentes, el uso arbitrario y excesivo de la fuerza y las subsiguientes violaciones de derechos humanos parecen convertirse, para buena parte de los habitantes y medios de comunicación de la ciudad, en un precio aceptable a pagar.


En la operación murieron 14 personas, entre ellas tres menores y dos policías.42Siete hombres, incluido un agente, murieron durante el asedio a una casa en la que se habían refugiado un grupo de traficantes de droga. Una vecina de la vivienda les dijo a los periodistas que un grupo de cuatro hombres armados habían llegado a la casa a las seis de la mañana y la habían obligado a darles refugio. También contó que, durante la operación, la policía, que había rodeado la casa, dejó salir a las mujeres y procedió a matar a todos los hombres que estaban en el interior, incluidos su yerno y su sobrino, de los que afirmó que no estaban involucrados en actividades delictivas:


Les rogué: «No maten a estos dos, porque no son criminales, son trabajadores», pero no sirvió de nada. Los agentes sólo dejaron salir a las mujeres y los mataron a todos.43


Dos jóvenes, Erivelton Pereira de Lima, estudiante de 20 años que trabajaba con su padre, y Gil Alves Soares, de 21 años y trabajador de una panadería, fueron detenidos durante la operación. Según familiares y testigos presenciales, los agentes los golpearon antes de meterlos en la parte trasera de un vehículo policial, donde estuvieron encerrados cuatro horas a una temperatura de 40º C. Murieron en el hospital ese mismo día. La versión de los hechos que dio la policía afirmaba que habían muerto de una sobredosis de droga. Dos meses después de la operación aún no se les había efectuado la autopsia.


En junio del 2003, el padre de Erivelton le contó a Amnistía Internacional cómo transcurrieron los hechos tras ver a su hijo vivo por última vez en la parte trasera del vehículo policial:


[L]uego abrieron la puerta trasera del automóvil para echarles un vistazo, y pensé que iban a soltar a mi hijo […] trajeron una botella de alcohol de la tienda; el otro chico que estaba esposado a él, Gil, ya estaba muerto. Abrieron el litro de alcohol y empezaron a derramarlo sobre los brazos y las piernas de mi hijo. Luego cerraron el automóvil y desaparecieron.


Contó cómo había tratado de convencer a los policías de que se habían equivocado al detener a su hijo:


Era una megaoperación, había unos 250 policías, no podíamos decir nada. Traté de razonar con uno diciéndole que mi hijo no era un criminal, y no me escuchó, no me prestó atención; si me hubiera prestado algo de atención, quizá hoy mi hijo estaría vivo. Mataron a un inocente.


También relató cómo había visitado varios hospitales locales en un intento de localizar a su hijo. Cuando al final lo encontró, por la noche, ya estaba muerto, con el cuerpo lleno de contusiones:


No había señales de balas; la verdad es que le habían dado muchos golpes. Cuando lo identifiqué, tenía el cuerpo negro, y ahora un examen médico ha dicho que mi hijo era un drogadicto, que murió de una sobredosis de cocaína.


La operación fue recibida como un éxito por el entonces secretario de Seguridad Pública, Josías Quintal, que, según la prensa, dijo: "Cuando hay un enfrentamiento, hay muertes. Pero la policía actuó correctamente. Averiguaremos si había personas inocentes entre los muertos; no obstante, creemos que eran todos criminales".44


En junio, la familia de Erivelton Pereira de Lima, que acudió ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro para denunciar su muerte, seguía sin recibir ninguna explicación oficial de las autoridades estatales sobre la causa de ésta, aparte de la afirmación de que había muerto de una sobredosis.


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Un familiar de una de las víctimas viste una camiseta en la que aparecen los cuatro hombres muertos en Borel el 17 de abril del 2003. Tras los homicidios se pusieron carteles por toda la comunidad con los nombres de las víctimas y la frase "¿Posso me identificar?" ("¿Puedo identificarme?").

© AI

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Borel, una comunidad amenazada

En junio del 2003, Amnistía Internacional visitó la comunidad de Borel, en el norte de la ciudad, donde, la tarde del 17 de abril del 2003, cuatro jóvenes murieron a tiros durante una operación de la Policía Militar. Las víctimas eran Carlos Magno de Oliveira Nascimento, de 18 años, estudiante con doble nacionalidad brasileña y suiza que estaba en Río visitando a unos familiares; Everson Gonçalves Silote, de 26 años, taxista; Thiago da Costa Correia da Silva, de 19 años, mecánico, y Carlos Alberto da Silva Pereira, de 21 años, pintor y albañil. Un quinto hombre resultó herido en el ataque.


Aunque las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de los cuatro hombres no están claras, todas las pruebas técnicas y los testimonios recabados hasta el momento indican que fueron ejecutados sumariamente.


La versión inicial de los hechos ofrecida por la Policía Militar afirmaba que los cuatro hombres eran traficantes de droga y habían muerto en un tiroteo. La policía presentó armas y una gran cantidad de droga que aseguró haber hallado en poder de los hombres muertos. Esta versión quedó pronto desacreditada por las autopsias oficiales, que revelaron que los cuatro jóvenes habían muerto por disparos en la espalda y la cabeza, y no hallaron indicio alguno de que hubiera habido un intercambio de disparos. Posteriormente, la policía afirmó que las víctimas se habían visto atrapadas en un fuego cruzado entre policías y delincuentes.

Los familiares de los jóvenes explicaron a Amnistía Internacional las dificultades que habían encontrado para denunciar los crímenes. Tras los disparos, la policía había trasladado inmediatamente los cuerpos de las víctimas al hospital con el pretexto de "salvarlos", aunque parece que ya estaban todos muertos. Los familiares contaron los problemas que habían tenido para localizar los cuerpos, y cómo, debido a la falta de unidades de refrigeración, los cadáveres se habían dejado en un pasillo del Instituto Médico Forense hasta que empezaron a descomponerse. También informaron a Amnistía Internacional de que se habían visto obligados a pagar por la conservación de los cuerpos, además de los impuestos y gastos del entierro. Comentaron que en los funerales había 20 vehículos policiales y numerosos agentes. Estas cargas sobre unas familias que habían sufrido una pérdida reciente, junto al desconocimiento de los procesos legales y a su desconfianza de las autoridades, explican el que no denunciaran los homicidios hasta un mes y medio después de los hechos. Durante este tiempo no se llevó a cabo ninguna investigación en el lugar del delito.45


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Carlos Magno, muerto en Borel en abril del 2003, era un gran aficionado al snowboardy al esquí. En esta fotografía tenía 13 años.

© Particular

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Cuando finalmente, en el mes de junio, se efectuó la investigación, que incluyó una reconstrucción de los hechos, se hallaron indicios de que los cuatro jóvenes podrían haberse metido en una trampa tendida a los traficantes de droga, donde sin más fueron ejecutados. Un testigo declaró haber oído a uno de los hombres suplicar que no lo mataran. Dos representantes del gobierno federal, el secretario nacional de Seguridad Pública y el secretario nacional para los Derechos Humanos, fueron a la comunidad de Borel para visitar el escenario de los asesinatos y hablar con los familiares de las víctimas.


Dieciséis policías militares participaron en la operación. En mayo, según los informes, seguían prestando servicio en la calle.46Durante una audiencia pública celebrada en mayo en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, una mujer perteneciente a la familia de una de las víctimas contó cómo la tragedia había destrozado la vida de los familiares de los muertos. No pidió venganza contra la policía, de la que dijo que había sido alentada a actuar como lo hizo, aunque afirmó estar convencida de que los homicidios de Borel habían sido consecuencia de una profunda discriminación contra las comunidades pobres de Río, fomentada por las autoridades y los medios de comunicación:


... creo que los policías también son víctimas, porque tienen el punto de vista opuesto [...] discriminan a los residentes porque les han enseñado a hacerlo. Ni siquiera querría que pasaran 30 años en la cárcel, porque esos policías también tienen familia. Y estoy segura de que, si el gobierno empieza a promover una visión distinta de las comunidades, la policía nos respetará, y acabará esta discriminación. Esto es algo muy grande, pero creo que hemos iniciado el proceso y que conseguiremos este respeto, no sólo de la policía, sino incluso de la propia sociedad. Porque cuando alguien de la "Zona Sur" [la zona más próspera del sur de la ciudad] se entera de que vivo en Borel, me mira de forma distinta, pero si digo que vivo en Barra [en el sur] cuento con toda su ternura, todo su respeto y toda su atención […] hay discriminación por parte de la prensa, del gobierno.47


Según informaciones aparecidas en la prensa, cinco policías militares fueron acusados de homicidio intencional con agravantes el 24 de julio del 2003, y otros 11 fueron separados del servicio tras las primeras investigaciones sobre los homicidios.48


Turano: dos "desapariciones"

Leandro dos Santos Ventura, estudiante de 15 años, y Fábio Santos da Silva, albañil de 25, fueron vistos por última vez el 2 de mayo del 2003. Leandro se despidió de su madre esa mañana, y le dijo que iba a visitar a unos amigos a la comunidad de Turano. El 3 de mayo, la madre recibió una llamada de teléfono informándole de que, el día anterior, unos agentes de la Policía Militar habían detenido a su hijo y a otros dos hombres en Turano y se los habían llevado.49


Los familiares de los dos hombres creen que fueron detenidos y llevados a una colina cercana, donde el tercer hombre, conocido como "Sapinho", fue asesinado. De los tres, sólo apareció el cuerpo de "Sapinho". Según el comunicado oficial de la policía, murió tras resistirse a la detención. Amnistía Internacional acogió con satisfacción la noticia de que las autoridades habían actuado con rapidez para detener a varios policías militares por la muerte de "Sapinho" y la "desaparición" de Leandro dos Santos Ventura y Fábio Santos da Silva.


Turano saltó a los titulares de todo Brasil tres días después de la "desaparición" de Leandro y Fábio, cuando una estudiante universitaria de 19 años, LucianaGonçalves de Novaes, resultó gravemente herida al ser alcanzada en la cabeza por una bala perdida mientras estudiaba en el campus de la Universidad Estácio do Sá, situada cerca de Turano. En el momento de redactarse este informe seguía sin conocerse el lugar desde el que se había disparado la bala ¯que es del tipo utilizado por la policía¯ o quién la había disparado. La exhaustiva labor informativa de los medios de comunicación en el caso de Estácio do Sá contrasta radicalmente con la atención prestada a la "desaparición" de Leandro dos Santos Ventura y Fábio Santos da Silva, a la que se concedió el mínimo espacio en los periódicos de Río.


5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Las matanzas de Vigário Geral y Candelária han dejado una mancha indeleble en la historia de Río de Janeiro. Pusieron de manifiesto ante los ojos de Río, de Brasil y del resto del mundo la violencia que, de forma inadvertida, sufren a diario buena parte de los habitantes de la ciudad. Generaron llamamientos nacionales e internacionales a las autoridades para que acabaran con los homicidios, castigaran a los responsables y cumplieran con su deber de garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.


Aunque los casos de Candelária y Vigário Geral han hecho algunos avances ¯lentos¯ por los cauces del sistema legal brasileño, se han visto afectados por numerosos problemas. El caso de Vigário Geral continúa en buena medida sin resolverse. Las personas que sufrieron daños directos o perdieron a algún familiar siguen teniendo problemas médicos, personales y económicos como resultado de los crímenes, mientras que muchos de los responsables continúan en libertad. Las autoridades brasileñas han incumplido su deber de proteger a los sobrevivientes y, en buena parte, también han incumplido su promesa de hacer justicia.


Diez años después, pocas cosas han cambiado. El homicidio de Wallace da Costa Pereira y las muertes de Senador Camará, Borel y Turano son ejemplos que ilustran claramente cómo la ausencia de investigación y castigo de los autores de crímenes pasados contribuye a perpetuar una condiciones que favorecen la comisión de nuevos homicidios. Y lo peor es que los homicidios actuales parecen inscribirse en un contexto de amplio apoyo público y político a estos actos. Como consecuencia, el número de homicidios ilegítimos cometidos por la policía no deja de aumentar.


Una imagen de Río de Janeiro diez años después revela claramente que su población se ha visto defraudada. Amnistía Internacional ha comprobado una vez más que ser pobre en Río de Janeiro aún significa verse atrapado en una espiral de violencia, sin casi ningún lugar al que acudir en busca de protección. La labor policial en las comunidades pobres es violenta, represiva y a menudo corrupta. No es sólo que estas comunidades se vean excluidas del disfrute de derechos económicos y sociales fundamentales, sino que el estado, de forma sistemática, ignora, o incluso vulnera, su derecho a vivir en paz y seguridad.


En 1997, Amnistía Internacional pidió a las autoridades brasileñas que garantizaran el fin de estos homicidios con la creación de mecanismos que ayudaran a acabar con la impunidad. La organización expresó su preocupación por los fallos y omisiones de las autoridades brasileñas respecto a la protección de testigos, las investigaciones y procesamientos de violaciones de derechos humanos y la indemnización a las víctimas y a sus familiares. Aunque se han hecho algunos avances, sobre todo en lo que respecta a la protección de testigos, a Amnistía Internacional le sigue preocupando la escasez de progresos globales.


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"Invasión del hogar": Un mural de Río resume la impresión general sobre la labor policial en las comunidades pobres de la ciudad.

© AI

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Aunque Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del Estado sobre la delincuencia grave y la necesidad de hacerle frente, las autoridades deben garantizar que sus esfuerzos para combatirla se inscriben en el Estado de derecho. Por este motivo, Amnistía Internacional pide a las más altas autoridades del gobierno estatal de Río de Janeiro, del gobierno federal y de todos los demás gobiernos estatales que hagan declaraciones públicas condenando de forma clara todos los casos de homicidio ilegítimo y uso injustificado de fuerza letal en los que hayan intervenido miembros de las fuerzas de policía.


Amnistía Internacional pide asimismo a las autoridades que den prioridad, como asunto urgente, a las inversiones y reformas necesarias que permitan acabar con la impunidad y establecer métodos policiales que garanticen la seguridad real de toda la población.


Acontecimientos posteriores a Candelária y Vigário Geral: investigaciones e impunidad

En 1997, Amnistía Internacional señaló numerosas deficiencias en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. La organización pidió que se revisaran y reformaran con urgencia los procedimientos de investigación en casos de muerte por disparos, torturas y malos tratos que implicaran a agentes estatales, y que todas las violaciones de derechos humanos fueran investigadas independientemente por una fuerza distinta de la implicada. Amnistía Internacional pidió asimismo que se establecieran medidas para garantizar la independencia de los servicios forenses.


En el 2003, Amnistía Internacional sigue estando hondamente preocupada por los procedimientos de investigación en casos de presuntas violaciones de derechos humanos. La organización recibe información constante sobre maniobras de encubrimiento por parte de personas implicadas en tiroteos: alteración sistemática de los lugares del delito, intimidación a testigos y presentación de declaraciones inexactas. Una y otra vez, Amnistía Internacional ha sido informada de que los homicidios cometidos por la policía se clasifican como "resistencia seguida de muerte" (resistência seguida de morte), una definición que, aunque no está tipificada en la legislación brasileña, ha servido para absolver de forma automática, sin más investigaciones, a agentes involucrados en numerosos incidentes de disparos. En realidad, el hecho de que no se hayan puesto en funcionamiento mecanismos para investigar de forma sistemática todos los incidentes de disparos ha contribuido a elevar el número de homicidios y ha favorecido la impunidad que los rodea.


Parte del fracaso en la investigación de los homicidios se debe a los institutos médicos forenses, que están bajo el control directo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El hecho de que estas unidades dependan de las autoridades responsables del mantenimiento del orden ha comprometido de forma sistemática su capacidad para efectuar investigaciones eficaces e imparciales sobre violaciones de derechos humanos. Además, la falta de recursos y de formación específica para realizar tales investigaciones se ha traducido en casos como el de los cadáveres que se dejaron fuera de la unidad de refrigeración, o el de las balas que no fueron extraídas de los cuerpos, entre otras muchas quejas.


El proceso de investigación se ve obstaculizado, además, por las dificultades que encuentran muchos familiares de víctimas cuando tratan de buscar una forma fácil y segura de denunciar los incidentes de disparos. Los miembros de comunidades marginadas, donde ocurren la mayoría de los homicidios, a menudo se quejan de la falta de contacto con representantes del estado dignos de confianza ante los que denunciar estos incidentes sin peligro. Esto ha hecho que, o bien los casos queden sin denunciar, o bien se denuncien mucho después de haber ocurrido, con lo que las posibilidades de investigar el lugar del delito quedan seriamente limitadas.


Amnistía Internacional reconoce que el gobierno federal ha abordado algunas de estas cuestiones, como parte de sus recientes propuestas para reformar la seguridad pública, con el Sistema Unificado de Seguridad Pública (Sistema Único de Segurança Pública, SUSP). La organización seguirá de cerca el avance de estas reformas.


Protección de testigos

En la época de las matanzas de Candelária y Vigário Geral no existían estructuras oficiales para la protección de testigos de violaciones de derechos humanos. En 1997, Amnistía Internacional mostró su satisfacción por la creación de proyectos piloto de protección de testigos en ciertos estados, aunque planteó algunos motivos de preocupación. Al concluir 1998, el Ministerio de Justicia había firmado un acuerdo con el gobierno del estado de Pernambuco y con la organización no gubernamental Gabinete de Asesoramiento Jurídico a las Organizaciones Populares (Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, GAJOP), de ese mismo estado, para la creación de PROVITA, un programa de protección de testigos cuyo objetivo es la inserción de personas en situación de riesgo en nuevas comunidades de forma anónima. El programa implica la participación de la sociedad civil en la construcción de una red de protección.


En el 2003, PROVITA está funcionando en diez estados. La red se mantiene mediante acuerdos entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las organizaciones no gubernamentales, y se basa en la colaboración de voluntarios con experiencia que ayudan en cuestiones prácticas. En los estados en los que no existe el programa PROVITA, el encargado de llevar estos casos es un departamento para la protección de testigos perteneciente a la Secretaría Nacional para los Derechos Humanos (Secretaria Nacional dos Direitos Humanos).

Amnistía Internacional ha recibido algunos informes sobre problemas que ha encontrado el programa PROVITA: la falta de fondos regulares, que ha hecho que las organizaciones no gubernamentales hayan tenido que renegociar a menudo su financiación con las autoridades, la falta de recursos que garanticen que todas las personas que necesitan protección pueden incluirse en el programa y que las que ya lo están pueden mantenerse en él el tiempo que sea necesario, y el hecho de que las autoridades hayan delegado parte de su responsabilidad cargando un peso desproporcionado del programa sobre las organizaciones no gubernamentales y los voluntarios. No obstante, es evidente que, dado el vacío que había en 1993, la introducción de PROVITA ha supuesto un paso importante en la lucha contra la impunidad, el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de policía. Sin embargo, si PROVITA tiene que encargarse de todos los casos que surgen actualmente en Brasil, y especialmente en Río de Janeiro, tendrá que recibir más apoyo e inversión.


Indemnización

En su informe de 1997, Amnistía Internacional señaló que las autoridades no habían actuado de forma justa y decidida en lo que respecta a la reparación para los familiares de las víctimas. La difícil lucha librada por los familiares para conseguir que el estado reconozca sus derechos y el sufrimiento que les ha causado sólo ha aumentado el dolor de quienes hoy siguen padeciendo problemas médicos y económicos a consecuencia de algún homicidio ilegítimo. Aunque en el año 2000 el entonces gobernador Anthony Garotinho reconoció la responsabilidad del estado en las matanzas de Vigário Geral y Candelária, los sobrevivientes y las víctimas siguen sin recibir plena indemnización del estado, que tiene el deber de ofrecer una reparación y una indemnización adecuadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias.


También ha constituido un serio motivo de preocupación la incapacidad sistemática de las autoridades federales y estatales para llegar a un acuerdo con quienes representan a Wagner dos Santos, a pesar de años de complicadas negociaciones. Hoy día, mientras el número de víctimas que solicitan reparación sigue aumentando, corresponde a las autoridades garantizar que estos homicidios ilegítimos terminan y que las personas que solicitan una reparación la reciben de forma inmediata, transparente y eficaz, con el fin de evitar en la medida de lo posible prolongar su dolor y su angustia.


Recomendaciones generales


1. Denuncias: Todas las víctimas o familiares de víctimas deben tener acceso a un procedimiento eficaz que les permita denunciar las violaciones de derechos humanos sin temor a sufrir represalias. Siempre que una comunidad pueda encontrar dificultades para acceder a los mecanismos de denuncia normales del Estado, le corresponde a éste garantizar tal acceso, asegurando su facilidad de uso y seguridad.

2. Investigaciones: Considerando la enorme cantidad de homicidios cometidos por la policía, deben establecerse mecanismos para garantizar que en todos los casos se llevan a cabo investigaciones imparciales, eficaces e independientes, lo cual implica: una total protección del lugar del delito e imposición de sanciones a quienes lo alteren, una investigación inmediata, imparcial y eficaz a cargo de un organismo independiente, y la separación del servicio, en espera del resultado de la investigación, de los policías sospechosos o acusados de abusos graves contra los derechos humanos.

3. Exámenes forenses y médicos: Es necesario que exista un servicio forense independiente, dotado de recursos suficientes y vinculado al sistema judicial, no a las fuerzas de mantenimiento del orden. A los médicos forenses se les deben proporcionar la formación y los recursos necesarios para que puedan reconocer cualquier tipo de violación de derechos humanos. Toda la formación debe ajustarse al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (publicación de la ONU, Número de Venta S.91.IV.1).

4. Órganos de supervisión: Es necesario reforzar el mandato, los recursos y la independencia de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales (Ouvidoria da Policia), con el fin de garantizar la credibilidad de la institución en la supervisión de las denuncias de abusos individuales cometidos por la policía. La Defensoría debe tener autoridad para comprobar hasta el último detalle de todos los casos, en su paso a través de todo el sistema de justicia penal, y para transmitir las denuncias de abusos contra los derechos humanos directamente al Ministerio Público.

5. Protección de testigos: Aunque Amnistía Internacional reconoce que se ha dado un importante paso con la introducción del programa PROVITA en Río de Janeiro, la organización ha sabido que en el pasado este programa no ha dispuesto de fondos regulares. Por este motivo, se deben tomar medidas para garantizar la adecuada protección de testigos y familiares de víctimas, así como de abogados, fiscales y defensores de los derechos humanos involucrados en casos de violación de derechos humanos. Las autoridades deben tratar por todos los medios de garantizar que PROVITA cuenta con fondos regulares y suficientes para asegurar la protección de todas las personas amenazadas por haber denunciado violaciones de derechos humanos.

6. Procesamientos: La responsabilidad de dirigir las investigaciones sobre denuncias de abusos o actos delictivos cometidos por funcionarios estatales debe recaer en el Ministerio Público o en un juez de instrucción. En el Ministerio Público estatal debe haber una unidad especializada en derechos humanos que reúna experiencia y prácticas positivas y las aplique a la tarea de recabar pruebas en investigaciones de esta índole, recopilar información sobre cuadros sistemáticos de abusos cometidos por agentes estatales y preparar acusaciones eficaces por violaciones de derechos humanos en virtud de las leyes pertinentes.

7. Indemnización: Todas las víctimas de delitos, abusos de poder y violaciones de derechos humanos y las personas a su cargo deben ser tratadas con compasión y respeto. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos y las personas a su cargo tienen derecho a recibir del Estado una reparación inmediata, que incluya la restitución, una indemnización económica justa y adecuada y la atención y rehabilitación médica apropiadas. Los procedimientos de reparación deben ser rápidos, imparciales, económicos y accesibles. Deberán evitarse las demoras innecesarias en el tratamiento de los casos de las víctimas.

8. Formación policial: Debe introducirse una completa reforma en los métodos de reclutamiento, formación, reciclaje y profesionalización de la policía. Ésta debe disponer de los recursos y la formación necesarios que le permitan hacer su trabajo sin tener que recurrir a violaciones de derechos humanos como forma de obtener "resultados". Esto supone mayor investigación, formación e inversión en proyectos de trabajo policial con base en la comunidad.

9. Condena oficial: A Amnistía Internacional le ha preocupado especialmente el que algunas autoridades hayan hecho declaraciones públicas que, según se ha interpretado, han contribuido a que la policía cometa más homicidios. Amnistía Internacional insta a todas las personas que ostentan cargos a hacer declaraciones en las que dejen claro que las violaciones de derechos humanos tales como las ejecuciones extrajudiciales no serán toleradas bajo ninguna circunstancia, y que quienes las cometan serán castigados conforme a la ley.

10.Gobierno federal: Es fundamental que la Secretaría de Seguridad Pública nacional mantenga las promesas del manifiesto para la seguridad pública del gobierno y del Sistema Unificado de Seguridad Pública. También es esencial que todos los elementos del gobierno federal apoyen públicamente y sin ambages este proceso, garantizando la inversión económica, el apoyo público y la supervisión política necesarios para asegurar la aplicación de las reformas fundamentales en materia de seguridad pública a escala estatal. Además, el gobierno federal debe dar total prioridad al proceso encaminado a proporcionar a todos los brasileños una seguridad y una defensa eficaces de todos sus derechos humanos.


Recomendaciones relacionadas con casos individuales:


Vigário Geral


Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y a las del estado de Río de Janeiro:


que consideren prioritario el ofrecer una indemnización y una reparación completas a todos los sobrevivientes y las personas dependientes de las víctimas de la matanza de Vigário Geral;


que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que todos los juicios pendientes relacionados con la matanza de Vigário Geral concluyen de forma rápida, imparcial e independiente, conforme a las normas internacionales;


que garanticen que todos los agentes de policía en espera de juicio por la matanza siguen separados del servicio durante este tiempo;


que garanticen que todos los testigos, sobrevivientes o familiares de víctimas de la matanza cuyas vidas están amenazadas reciben protección conforme a sus deseos.

Wagner dos Santos


Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y a las del estado de Río de Janeiro:


que garanticen que el proceso de indemnización de Wagner dos Santos se completa lo antes posible, de total acuerdo con él;


que tomen medidas para facilitar y colaborar en todos los esfuerzos que se están haciendo para proporcionarle un lugar de residencia seguro y permanente, conforme a sus deseos.


Candelária


Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y a las del estado de Río de Janeiro:


que ofrezcan una indemnización completa a todos los demás sobrevivientes y las personas dependientes de las víctimas de la matanza de Candelária.


Wallace da Costa Pereira, Borel, Senador Camará, Turano


Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y a las del estado de Río de Janeiro:


que garanticen que un organismo independiente lleva a cabo investigaciones exhaustivas, prontas e imparciales sobre todas estas muertes y "desapariciones", y que se hacen públicos los resultados;


que mantengan separados del servicio a todos los policías considerados sospechosos o que hayan sido acusados hasta que se conozca el resultado de las investigaciones;


que lleven ante la justicia a las personas consideradas responsables como resultado de estas investigaciones;


que garanticen que todos los testigos, sobrevivientes y familiares de víctimas de estos homicidios y "desapariciones" cuyas vidas están amenazadas reciben protección conforme a sus deseos;


que, siempre que se pruebe la participación de miembros de las fuerzas de policía en cualquiera de estos homicidios y "desapariciones", garanticen una indemnización y una reparación completas a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de sus crímenes.




IN MEMORIAM


Candelária, 23 de julio de 1993


Paulo Roberto de Oliveira, 11 años

Anderson Thome Pereira, 13 años

Marcelo Candido de Jesus, 14 años

Valderino Miguel de Almeida, 14 años

"Gambazinho", 17 años

"Nogento", 17 años

Paulo José da Silva, 18 años

Marcos Antonio Alves da Silva, 20 años


Vigário Geral, 29 de agosto de 1993


Adalberto de Souza, 40 años, ferroviario

Amarildo Bahiense, 31 años, trabajador de imprenta desempleado

Cleber Alves Marro, 24 años, empleado de imprenta

Clodoaldo Pereira, 23 años, procesador de alimentos

Edmilson José da Costa, 23 años, mecánico

Fábio Pinheiro Lau, 18 años, maletero

Guaraci de Oliveira Rodrigues, 33 años, auxiliar de enfermería

3 Helio de Souza Santos, 38 años, desempleado

Joacir Medeiros, 60 años, propietario de un bar

José dos Santos, 47 años, cerrajero

Luis Cláudio Feliciano, 28 años, metalúrgico

Paulo Roberto dos Santos Ferreira, 44 años, conductor de autobús

Paulo Cesar Gomes, 35 años, restaurador de muebles


Familia Santos


Gilberto Cardoso dos Santos, 61 años, jubilado

Jane da Silva Santos, 56 años, ama de casa

Lúcia Silva Santos, 34 años, costurera

Lucinete Silva Santos, 27 años, recepcionista en una consulta de odontología

Lucinea Silva Santos, 26 años, metalúrgica

Luciano Silva Santos, 24 años, empleado de imprenta

Rubia Santos, 18 años, empleada de imprenta

Luciene Santos, 15 años, estudiante


Y todas las víctimas de la violencia en Río de Janeiro entre los años 1993 y 2003


APÉNDICE I – El derecho a la vida y el uso de fuerza letal en el derecho internacional


El derecho a la vida en el derecho internacional

Este informe se basa en el principio de que el derecho a la vida – considerado el "derecho supremo"– está garantizado por el derecho internacional y debe, por tanto, ser aplicado por los Estados en la ley, la política y la práctica.50El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente:


El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.


El derecho a la vida y el uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad

La privación de la vida por las autoridades del Estado se contempla en las leyes de derechos humanos como un asunto de la mayor gravedad. En el derecho internacional existen disposiciones específicas dedicadas al uso de fuerza letal por las fuerzas de seguridad.


Respecto al uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad, el Comité de Derechos Humanos de la ONU obliga a los Estados a «evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria» y a evitar «los actos criminales que entrañen la privación de la vida». La condición de que la privación de la vida nunca sea "arbitraria" impone a los gobiernos nacionales la obligación positiva de proteger este derecho. Esto obliga al Estado a actuar de tal forma que garantice que:


La ley controla y limita de forma estricta las circunstancias en las que una persona puede ser privada de la vida por las fuerzas de seguridad.


Cualquier acto de las fuerzas de seguridad que cause la privación de la vida es conforme a la ley, legítimo y proporcionado respecto a la amenaza representada.


Se llevan a cabo investigaciones eficaces sobre cualquier muerte debida al uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.


l Los miembros de las fuerzas de seguridad que quitan una vida ilegalmente son procesados.



El uso de la fuerza en el derecho internacional

En su interpretación del derecho a la vida tal y como lo garantiza el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no se debe utilizar más fuerza de la estrictamente necesaria, incluso cuando las fuerzas de seguridad se enfrenten a personas que podrían estar armadas:


Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.51


Normas de la ONU sobre el uso de la fuerza

Se han formulado otras "directrices" internacionales para regular el uso de la fuerza en operaciones policiales, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En ellos se establece lo siguiente:


Necesidad


El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que «Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas».53


La fuerza letal debe ser el último recurso


Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley amplían el concepto de necesidad, estableciendo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben, en la medida de lo posible, utilizar métodos no violentos antes de recurrir a las armas de fuego, y esto último sólo cuando las demás medidas resulten ineficaces.



Moderación y proporcionalidad

Si es necesario utilizar armas de fuego, el Principio Básico 5 exige ejercer la moderación para responder de forma proporcionada, reducir al mínimo el riesgo de lesiones, respetar la vida humana, garantizar la asistencia médica e informar a los familiares lo antes posible.


Formación y cadena de mando


La condición de recurrir a la fuerza letal sólo cuando sea necesario implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir una formación adecuada, que los instruya, entre otras cosas, sobre el uso de fuerza "menos que letal" en tales circunstancias. Asimismo es necesaria la existencia de una estructura de mando adecuada, tal como establecen los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, que dicen lo siguiente:


Con el fin de evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego.53


Investigación de muertes a manos de las fuerzas de seguridad

El derecho internacional exige llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las muertes a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La investigación debe ser capaz de plantear sus conclusiones en términos de una posible violación del derecho a la vida. Esta obligación de investigar surge de la obligación positiva de los Estados de proteger el derecho a la vida tal como aparece consagrado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Siempre que proceda, los miembros de las fuerzas de seguridad considerados sospechosos de violar ilegalmente el derecho a la vida deben ser llevados ante la justicia, procesados y castigados por sus actos.




NOTAS


1. Informe 2003de Amnistía Internacional (Índice AI: POL 10/003/2003/s).

2. Brasil es una república federativa con 26 estados y una capital federal. Cada estado tiene un gobernador y secretarios para la seguridad pública, la justicia y otras responsabilidades ministeriales de gobierno. Los estados disfrutan de un alto grado de autonomía.

3. La Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene responsabilidad absoluta en la administración de las funciones relativas al mantenimiento del orden.

4. Radio Carioca, 10 de mayo del 2003.

5. O Estado de São Paulo, 13 de mayo del 2003.

6. Datos facilitados por la Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales de São Paulo, citadas en Folha de São Paulo, 17 de junio del 2003.

7. Los "escuadrones de la muerte" son grupos ilegales, formados generalmente por agentes de la Policía Militar y Civil fuera de servicio, que perpetran homicidios ilegítimos, normalmente de presuntos delincuentes.

8. La policía brasileña se divide en cuatro grandes grupos: dos dependientes del Ministerio de Justicia, la policía federal y la policía federal de transporte, y dos que dependen de cada estado, la policía militar y la policía civil.

9. Núcleo de Pesquisa e Análise Criminal, Secretaría de Seguridad Pública del estado. Estudio disponible en <www.novapolicia.rj.gov.br>.

10. 325 dólares estadounidenses. El salario mínimo en Brasil es de 240 reales (unos 78 dólares estadounidenses).

11. Werneck & Rocha 1999, según se cita en Crianças do tráfico, Luke Dowdney, Viva Rio/ISER. 7 Letras, Río de Janeiro, 2003.

12. Letalidade da Ação Policial no Rio de Janeiro, Ignácio Cano, ISER 1997.

13. La ciudad de Río y su periferia comprende las áreas políticas de Capital, Baixada y Grande Niterói.

14. Esta expresión no está tipificada y, por tanto, carece de valor jurídico en la legislación brasileña.

15. Crianças do tráfico, Luke Dowdney, Viva Rio/ISER. 7 Letras, Río de Janeiro, 2003.

16. O Estado de São Paulo, 20 de junio de 1997.

17. O Globo, 20 de junio de 1997.

18. Desde la época de las matanzas, el gobierno ha establecido un programa de protección de testigos. Véase el apartado sobre protección de testigos en este mismo informe.

19. El caso de Wagner dos Santos se narra con detalle en los documentos Brasil: La matanza de la Candelária y Wagner dos Santos(Índice AI: AMR 19/11/95/s), de julio de 1995, y Brasil: Protección de testigos. Wagner dos Santos(Índice AI: AMR 19/24/95/s), de octubre de 1995.

20. Nadie ha sido acusado de este segundo atentado contra la vida de Wagner.

21. Los pagos son deducibles de cualquier acuerdo futuro y definitivo de indemnización alcanzado con las autoridades.

22. O Estado de São Paulo, 23 de junio del 2001.

23. Darren Bender, Shadows on the Street(Sombras en la calle), 1996.

24. Carta del responsable de área de Brasil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la abuela de Elizabeth Cristina Borges de Oliveira Maia, 29 de septiembre del 2000.

25. O Dia, 26 de septiembre del 2000.

26. Homicidio doloso qualificado.

27. Las autoridades organizan periódicamente redadas de niños de la calle, que son enviados a instituciones estatales.

28. Diário Oficial, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo. 6 de septiembre del 2001, Año XXVII, Núm.170., Parte II.

29. Nadie ha sido procesado por el homicidio de los cuatro policías.

30. Epoca, 24 de agosto de 1998.

31. Crime continuado. Código penal, Artículo 71.

32. O Globo, 18 de julio del 2003.

33. Mães de Acari, Uma História de Luta contra a Impunidade, Carlos Nobre, 1994, Relume Dumará.

34. Véase el documento de Amnistía Internacional Brasil: Más allá de la desesperación. Un programa para los derechos humanos(Índice AI: AMR 19/15/1994/s), de septiembre de 1994.

35. O Dia, 27 de febrero del 2002.

36. O Dia, 27 de febrero del 2002.

37. Jornal do Brasil, 7 de marzo del 2003.

38. Radio Carioca, 10 de mayo del 2003.

39. Crianças do tráfico, Luke Dowdney, Viva Rio/ISER. 7 Letras, Río de Janeiro, 2003.

40. Reunión con promotores(fiscales) en el Ministerio Público estatal, abril del 2002.

41. Código de Procedimiento Penal, Capitulo XI, Artículos 240 y 243.

42. Información proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro.

43. O Estado de São Paulo, 11 de enero del 2003.

44.O Globo, 11 de enero del 2003.

45. Entrevistas mantenidas por Amnistía Internacional con familiares de las víctimas de Borel el 14 de junio del 2003.

46. Folha de São Paulo, 21 de mayo del 2003.

47. Familiar de una víctima de Borel, 2ª Audiência Pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 28 de mayo del 2003.

48. O Globo, 25 de julio del 2003.

49. Pertenecientes al Sexto Batallón, responsable también de la operación desarrollada en Borel en abril.

50. El Comité de Derechos Humanos de la ONU en su Observación General 6 sobre el artículo 6 ha definido el derecho a la vida como "el derecho supremo". GC 6 (16), Doc.A/37/40. Aprobada en julio de 1982.

51. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 154. 29 de julio de 1988.

52. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, Resolución 34/169 (Art. 3).

53. Párrafo 2 de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. ********




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