Document - Central America and Mexico: Human rights defenders on the front line

DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PRIMERA LÍNEA

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO


CONTENIDO



I. INTRODUCCIÓN 3


II. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA CENTRAL 7



El Salvador: «Ceguera de conciencia» 7


Persecución de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (cdhes) 8



Agresiones contra otros defensores de los derechos humanos 10


Guatemala: «Persiste la impunidad» 12

Evolución del movimiento defensor de los derechos humanos entre 1980 y 1994 13


Los derechos humanos y el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos 15


Impunidad 20


Honduras: «Diez años de represión» 26


Organizaciones sujetas a ataques 26


Persecución de profesionales jurídicos 32


III. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 35



Defensores de los derechos humanos, las nuevas víctimas 35

La impunidad, origen de los abusos 36


Amenazas, agresiones e intimidación en aumento 38


Ejecución extrajudicial y «desaparición» de defensores de los derechos humanos 42


Defensores de los derechos humanos encarcelados 44


IV. RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 47


i) Recomendaciones a los gobiernos de América Central y México 47


ii) Recomendaciones a la OEA 49


I. INTRODUCCIÓN


Los defensores de los derechos humanos son hombres y mujeres en la vanguardia de la lucha para hacer realidad los ideales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos: que todas las personas se vean liberadas «del temor y la miseria». Allí donde existe persecución y opresión, se priva a las personas de sus derechos humanos o se ve amenazada la dignidad humana, o donde minorías perseguidas o pueblos oprimidos se encuentran en peligro, los defensores ponen su empeño en proteger a aquellos bajo acoso y pedir responsabilidades al poderoso.


En América Central y México existe una larga tradición de defensa de los derechos humanos; el activismo en estos países en favor de esta causa se remonta a los primeros indígenas que lucharon contra el dominio español, hace ahora unos quinientos años. Aun en periodos de intensa guerra civil en países como El Salvador y Guatemala, hubo quien hizo campaña en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales.


También existe una larga tradición de persecución de los valientes individuos que defienden los derechos humanos. Estas personas han sido víctimas de homicidio, han «desaparecido», han sido torturadas, amenazadas de muerte, detenidas arbitrariamente y hostigadas por agentes del Estado.


En América Central, el fin del conflicto declarado ha permitido la expansión del movimiento de derechos humanos y su progresivo fortalecimiento y aumento de la confianza. Pero los riesgos siguen siendo muy elevados.


Es sorprendente comprobar que, incluso en países que atraviesan un proceso de transición después de un conflicto armado, persisten con frecuencia las mismas pautas de violación de los derechos humanos, aunque sea en escala reducida, pese a los acuerdos de paz que obligan a todas las partes enfrentadas a promover y proteger los derechos humanos. Aunque la clase y el número de violaciones varía en cada uno de los distintos países en que está basado este informe, existe una pauta constante y común a todos ellos. En América Central y México, los responsables de violaciones de derechos humanos rara vez comparecen ante la justicia. La impunidad prevalece, como viene ocurriendo desde hace décadas.


La labor de Amnistía Internacional y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos llegaría a un punto muerto de no ser por la información, la cooperación y el apoyo de los defensores.


La comunidad de derechos humanos está formada por una mezcla de organizaciones no gubernamentales e individuos o asociaciones ─sindicatos, organizaciones populares y religiosas, etc.─ que participan en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entre los defensores de los derechos humanos puede haber abogados, periodistas, líderes campesinos, sindicalistas, estudiantes, familiares de víctimas y tantos otros que denuncian e investigan violaciones, apoyan y protegen a las víctimas, luchan para acabar con la impunidad, promueven la educación en derechos humanos y movilizan a sus comunidades mediante campañas para acabar con las violaciones.


Investigando y denunciando las violaciones, los defensores de los derechos humanos contribuyen a refrenar las tendencias autoritarias susceptibles de aparecer en cualquier gobierno, por abierto y democrático que este parezca. Los defensores recuerdan constantemente a los Estados el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones para proteger los derechos de los ciudadanos. Esta función sigue siendo de vital importancia, ya que con frecuencia la distancia que separa la retórica oficial de la realidad es enorme.


Los defensores desempeñan un papel decisivo en aquellos países que sufren las consecuencias de conflictos violentos o dictaduras, donde los funcionarios del Estado gozan de libertad para actuar con impunidad. A menudo son los únicos que se interponen entre la masa de ciudadanos corrientes y el poder desmedido del Estado. Son una fuente crucial de información acerca de lo que está ocurriendo verdaderamente en un país; ponen sobre aviso a organizaciones no gubernamentales internacionales y medios de comunicación y denuncian los abusos a los organismos correspondientes de la onu, contribuyendo así a romper el muro de silencio que los gobiernos transgresores intentan mantener en pie.


La función de los defensores de los derechos humanos constituye también un factor clave en aquellos países que están atravesando por un importante proceso de reforma o transición. Están entre los primeros en aprovechar las sutiles aperturas democráticas, y ayudan a crear un ambiente propicio para ejercer y proteger el derecho a la disidencia pacífica y a la libertad de expresión. Los defensores procuran garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos en el pasado sean juzgados: que la justicia no se utilice para vengarse de antiguos opresores y que la verdad sobre los hechos del pasado no se emplee como instrumento partidista. Por encima de todo, tratan de garantizar nuevas libertades continuando con la investigación y denuncia de violaciones de derechos humanos.


Hace muchos años que Amnistía Internacional trabaja para proteger a los defensores de los derechos humanos en América Central y México. En mayo de 1996, la organización celebró en Bogotá (Colombia) una Conferencia Internacional sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Dicha conferencia, a la que asistieron defensores de todo el continente americano, fue básicamente un foro de consulta que permitió un fecundo intercambio de ideas y experiencias entre defensores de los derechos humanos de la región y puso de relieve el papel crucial de la defensa de los derechos humanos en las sociedades americanas. Constituyó además un aporte vital al entendimiento mutuo y al fortalecimiento de los lazos de cooperación en el proceso de promoción y protección del derecho a defender los derechos humanos.


La defensa de los derechos humanos fue también el tema de una conferencia no gubernamental que se organizó en México en septiembre de 1996. En medio de crecientes amenazas y ataques a su trabajo, centenares de defensores mexicanos se reunieron en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México para celebrar el II Foro sobre Derechos Humanos. En él confirmaron su compromiso las autoridades ─invitando al público a apoyarla─ de continuar con sus esfuerzos para acabar con las violaciones de derechos humanos, hacer campaña para que se procese a los responsables y proteger a los defensores de los derechos humanos. Asimismo, pidieron al gobierno de México que pusiera en práctica las recomendaciones de la Conferencia de Bogotá sobre la protección de los defensores de los derechos humanos (Véase Apéndice).


Una semana después, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (caldh) y Amnistía Internacional organizaron en la ciudad de Guatemala un foro con el título «La defensa de los derechos humanos y la construcción de la democracia». Los delegados de la conferencia debatieron acerca de las amenazas que han de afrontar en el contexto de la transición política y el proceso de paz en curso. Acordaron organizar una red nacional de organizaciones como primer paso para poner en práctica algunas de las recomendaciones del foro sobre capacitación, trabajo con organismos oficiales de derechos humanos, publicidad y acciones conjuntas de protección.


Instituciones estatales y organismos intergubernamentales tienen el deber ineludible de garantizar el libre ejercicio del derecho a promover y defender los derechos humanos. Los Estados están fundamentalmente obligados a proteger y promover este derecho, a impedir que éste se vea amenazado, restringido o suprimido, y a resguardar las libertades y la integridad de quienes lo ejercen.


Los Estados de América Central y México deben adoptar urgentemente en particular todas las medidas necesarias para contener las acciones represivas o de intimidación de sus agentes contra los defensores de los derechos humanos, sus allegados y organizaciones, y todas las medidas que se requieran para desarticular los grupos paramilitares y los llamados «escuadrones de la muerte» que en algunos países constituyen una amenaza permanente para la labor y la integridad de los defensores.


Esta protección debe extenderse a todas aquellas personas –como denunciantes y testigos, funcionarios y auxiliares de la justicia– que contribuyen, aun de manera circunstancial, a la defensa de los derechos humanos.

II. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA CENTRAL



El Salvador: «Ceguera de conciencia»


... Amenazar a los que forman parte de organizaciones civiles de la sociedad y a funcionarios de derechos humanos, que se preocupan por los problemas de los más necesitados de justicia en este país, no es más que demostrar una ceguera de conciencia, que no les permite ver cuán necesitados estamos en este país del respeto a los derechos humanos, como fundamento del Estado de Derecho y de la paz.


Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, 28 de junio de 1996


Una cruenta guerra civil hizo estragos en El Salvador durante la década de los ochenta y principios de los noventa entre las fuerzas del Estado y el grupo de oposición armada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln). Personas de cualquier sector social sospechosas de oponerse al gobierno se convirtieron en víctimas de violaciones de derechos humanos tales como el arresto arbitrario, la tortura, la «desaparición» o la ejecución extrajudicial. Los defensores de los derechos humanos pagaron un alto precio por sus legítimas actividades de denuncia de los abusos cometidos por el gobierno durante la guerra. Más aún, los responsables de estas violaciones aún no han sido castigados por sus horrendos crímenes.


Uno de los mártires más conocidos de la causa de los derechos humanos es monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador. Fue asesinado mientras celebraba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San Salvador. Se había convertido en un abierto crítico de las violaciones de derechos humanos y un destacado defensor de los derechos humanos. En marzo de 1980 escribió al entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, para pedir que su país no suministrara ayuda militar a El Salvador que podría ser utilizada para perpetrar violaciones de derechos humanos. Lo mataron poco después.


La muerte del arzobispo Romero fue investigada por la Comisión de la Verdad para El Salvador, creada en virtud de los Acuerdos de Paz de 1992 entre el gobierno de El Salvador y el fmln. En su informe de 1993, la Comisión llegaba a estas conclusiones entre otras:


«1. Existen claros indicios de que:


(a) El ex mayor Roberto D'Aubuisson dictó la orden de asesinar al arzobispo y dio instrucciones precisas a los miembros de su servicio de seguridad, que actuaban como «escuadrón de la muerte», de organizar y supervisar el asesinato.»


«4. Existen claros indicios de que la Corte Suprema intervino de manera decisiva para impedir la extradición del ex capitán Saravia [activamente implicado en la planificación y ejecución del asesinato junto a otros] de Estados Unidos y su posterior encarcelamiento en El Salvador. Con ello garantizó la impunidad a todos aquellos que planearon el asesinato.»


Nadie ha comparecido ante la justicia por el homicidio del arzobispo Romero.


En enero de 1992, el gobierno y el fmln firmaron un acuerdo de paz definitivo en Ciudad de México tras una serie de negociaciones arbitradas por la onu. El 15 de diciembre de 1992 finalizó oficialmente el conflicto armado. Sin embargo, hoy por hoy los defensores de los derechos humanos siguen siendo blanco de agresiones, aunque sea en escala reducida, por tratar de proteger y promover derechos y libertades fundamentales.



Persecución de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (cdhes)


Parte del legado del arzobispo Romero fue la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (cdhes), que contribuyó a fundar. La cdhes fue constituida el 1 de abril de 1978 por un grupo de estudiantes universitarios y profesionales con el propósito de promover y defender el respeto de los derechos humanos. Desde entonces ha sido blanco de la represión y ha pagado caros sus esfuerzos. Varios de sus miembros han muerto o «desaparecido» por su compromiso y sus actividades en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos.


María Magdalena Henríquez, coordinadora de prensa de la cdhes, fue secuestrada el 3 de octubre de 1980 en San Salvador, capital del país, por agentes policiales vestidos de civil. Su cadáver apareció días más tarde en una fosa poco profunda en las afueras de la ciudad. Había participado activamente en la presentación de solicitudes de habeas corpus en favor de personas «desaparecidas». Ramón Valladares, administrador de la cdhes, fue asesinado el 25 de octubre de 1980 por unos desconocidos.


El 14 de marzo de 1983, miembros de las fuerzas armadas mataron a la presidenta de la cdhes, Marianella García Villas. Hubo distintas versiones de los hechos que llevaron a su muerte, desde que estaba entre las víctimas de una matanza perpetrada por el Batallón de Reacción Inmediata «Atlacatl» en la Bermuda (departamento de Cuscatlán), hasta que la habían asesinado los militares después de torturarla durante varias horas, pasando por la explicación del gobierno, según la cual había muerto en un enfrentamiento con el ejército. Marianella García Villas había sido detenida por las autoridades y a finales de 1981 había huido de El Salvador tras aparecer su nombre en dos listas de «traidores». Una fue publicada por el comité de prensa de las fuerzas armadas y la otra por la Brigada Maximiliano Hernández, grupo paramilitar de extrema derecha. Estas listas en la práctica constituían un permiso oficial para los grupos que llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales. Marianella había regresado para investigar los informes de ataques indiscriminados con bombas contra civiles indefensos y empleo de armas químicas contra civiles.


El mayor Roberto D'Aubuisson, fundador del grupo derechista Alianza Republicana Nacionalista (arena) en 1981, se había referido públicamente a Marianella García Villas como la «Comandante Lucía» y, cuando la mataron, el gobierno la retrató como una guerrillera que había aterrorizado a campesinos. Pese a los llamamientos nacionales e internacionales en demanda de una investigación exhaustiva e imparcial de su muerte, los responsables nunca han sido procesados.


Herbert Ernesto Anaya Sanabria era coordinador de la cdhes cuando lo asesinaron el 26 de octubre de 1987. Fue abatido a tiros por individuos que iban vestidos de civil; anteriormente había sido víctima de amenazas y hostigamiento en repetidas ocasiones, dirigidos contra él y otros defensores de los derechos humanos independientes de El Salvador, y en febrero de ese año lo habían absuelto del delito de colaboración con la oposición armada.


La Comisión de la Verdad, creada en virtud de los acuerdos de paz para investigar actos de violencia de excepcional gravedad perpetrados por el gobierno o las fuerzas del fmln desde 1980, concluyó que las autoridades no habían protegido los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales ni habían investigado adecuadamente el asesinato de Herbert Anaya y puesto a disposición judicial a los responsables de su muerte.




Agresiones contra otros defensores de los derechos humanos


Aunque el fin de la guerra civil en El Salvador conllevó una reducción del número de violaciones de derechos humanos, los defensores han seguido siendo blanco de amenazas, agresiones y actos de intimidación. El 19 de mayo de 1994 fue asaltada la sede compartida por el Movimiento Salvadoreño de Mujeres y el Centro de Derechos Humanos Madeleine Lagadec. Al día siguiente, Alexander Rodas Abarca murió a manos de pistoleros no identificados mientras vigilaba las oficinas. Era reservista de la Policía Nacional y pertenecía al cuerpo de seguridad del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, facción del fmln convertida en partido político en virtud de los acuerdos de paz de 1992. Las directoras de ambas organizaciones descartaron el robo como motivo del asalto, ya que no habían sustraído nada valioso. En cambio aseguraron que el personal de la sede había visto vehículos y personas vigilando las instalaciones unos días antes del suceso.


El doctor Francisco Carrillo, director de la organización no gubernamental fundasida, y otros miembros de la misma fueron amenazados de muerte y sus oficinas fueron asaltadas en junio de 1995. fundasida trabaja en favor de personas enfermas de sida. Los tres implicados afirmaron que estaban buscando al doctor Carrillo (que en ese momento no se encontraba allí) y dejaron el siguiente mensaje: «nos debe algo [...] y lo vamos a matar». Dos días después, los informes indican que la recepcionista recibió una llamada telefónica anónima en la que le preguntaron: «¿Quieren morir? [...] entonces prepárense, hoy día a las 3 p.m.»


El 6 de julio de 1995, Amnistía Internacional tuvo noticia de que el grupo de varones homosexuales Entre Amigos había recibido tres amenazas de muerte a través del teléfono por parte de un «escuadrón de la muerte», en las que afirmaban que asistirían a su próxima reunión y los matarían a todos. En octubre y noviembre de 1994, Wilfredo Valencia Palacios, subdirector del Proyecto Sida Oscar Romero, fue amenazado de muerte en la calle por hombres armados sin identificar que, según se cree, pertenecían a un «escuadrón de la muerte».


A principios de octubre de 1995, Benjamín Cuéllar Martínez, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (idhuca), y Luis Romero García Alemán, director del Departamento Jurídico de la Fundación Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (cdhes), fueron agredidos por unos desconocidos. Acababan de asistir a un acto conmemorativo de la matanza de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta en noviembre de 1989. Según la información recibida, estos desconocidos armados irrumpieron en el edificio del idhuca y obligaron a ambos a entrar en el despacho del director. Una vez allí desconectaron los teléfonos y los ordenadores y registraron la habitación sin dejar de amenazar a las dos víctimas, a las que habían amordazado. Se marcharon cuando otras personas del edificio dieron la alarma.


El 17 de febrero de 1996, unos hombres sin identificar asaltaron la sede del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos en El Salvador (codefam). No se llevaron nada de valor.


codefam fue fundado en 1981 para defender los derechos humanos, ofrecer asistencia jurídica y social a las víctimas y sus familiares, y trabajar en favor de la excarcelación de presos políticos y de personas «desaparecidas». Desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, codefam ha seguido dedicándose a la promoción y defensa de derechos civiles, económicos, sociales y políticos.


Los defensores de los derechos humanos siguen apareciendo en «listas negras» en El Salvador. El 26 de junio de 1996 surgió un grupo denominado Fuerza Nacionalista Mayor Roberto D’Aubuisson (furoda). En su primera declaración pública, furoda formuló amenazas contra 15 personas. Algunos de los mencionados en la lista eran: Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador; Medardo Gómez, obispo luterano; y la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, procuradora nacional para la Defensa de los Derechos Humanos. Todos ellos han colaborado en la defensa de los derechos humanos y expresado públicamente su compromiso con los derechos humanos y la democracia.


La declaración los calificaba de «gusanos» y advertía: «sus días están contados». Entre otras amenazas se decía lo siguiente: «Queremos decirles que desde este momento hemos preparado condiciones para dar un escarmiento ejemplar a los que pretenden hacer abortar el proceso democrático salvadoreño. Por tanto, [los arriba citados] pasan a ser considerados como objetivos de la Fuerza Nacionalista Roberto D’Aubuisson.» Y continuaba: «sus días están contados y [los citados en la lista] recibirán un justo pago por estar defendiendo a los terroristas que, desde la Universidad de El Salvador, siguen siendo instrumento para desestabilizar El Salvador».


Monseñor Rosa Chávez ya había recibido parecidas amenazas el 10 de junio de 1994, a través de una llamada telefónica de alguien que se identificó como miembro del Comando Domingo Monterrosa (así llamado por un oficial militar al que mataron en la década de los ochenta).


Amnistía Internacional ve con preocupación que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces contra los llamados «escuadrones de la muerte» (autores de numerosos abusos contra defensores de los derechos humanos, entre otros) ni contra otros grupos o individuos que presuntamente siguen conculcando los derechos humanos. Para hacer realidad el proceso hacia una democracia y un respeto absolutos de los derechos humanos expresado en los acuerdos de paz, el informe de la Comisión de la Verdad y el Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política (creado para investigar los «escuadrones de la muerte»), el gobierno debe demostrar que tiene voluntad política y capacidad institucional para cumplir con sus promesas. La alternativa podría significar el retorno a prácticas del pasado de violar sistemáticamente los derechos humanos.



Guatemala: «Persiste la impunidad»


La persecución actual de defensores de los derechos humanos en Guatemala se produce en el contexto de varias décadas de represión. A lo largo de treinta y cuatro años de guerra civil, decenas de miles de guatemaltecos perdieron la vida o «desaparecieron». En pleno apogeo de las operaciones de contrainsurgencia ─finales de los setenta y principios de los ochenta─, se calcula que unas doscientas mil personas huyeron a México como refugiados; otro millón más tuvo que desplazarse en el interior del país. Entre las víctimas de la represión política había miembros de organizaciones indígenas y del clero, así como educadores, estudiantes, abogados, sindicalistas, periodistas y activistas comunitarios y de derechos humanos.


Las decenas de miles de homicidios y «desapariciones» perpetrados fueron obra de las fuerzas de seguridad de Guatemala ─uniformadas o vestidas de civil─ o de patrullas de autodefensa civil1o comisionados militares, que actúan como agentes civiles del ejército2. La inmensa mayoría de los autores de estas graves violaciones de derechos humanos nunca han comparecido ante un tribunal.


Aunque actualmente no hay indicios de que la represión constituya una política estatal deliberada o sistemática como en el pasado, persisten las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de los derechos humanos. Hoy por hoy, las víctimas incluyen líderes comunitarios, periodistas, campesinos indígenas, jueces, fiscales y abogados, sindicalistas, investigadores, expertos forenses y testigos de violaciones de derechos humanos. Muchos defensores guatemaltecos se han visto forzados al exilio interior sin poder regresar a sus comunidades o bien han huido del país.



Evolución del movimiento defensor de los derechos humanos entre 1980 y 1994


En 1980, un grupo de personas se organizaron para constituir un comité de derechos humanos; se trataba del primer comité de ciudadanos de estas características desde la agrupación de familiares de «desaparecidos» en la década de los sesenta. No obstante, tuvieron que disolver el comité cuando su dirigente, la periodista Irma Flaquer, «desapareció» tras su secuestro en el centro de la ciudad de Guatemala en octubre de 1980. Poco antes de su «desaparición», Irma Flaquer había acusado al gobierno de complicidad en los homicidios perpetrados por «escuadrones de la muerte» y había dimitido como presidenta del comité alegando que era «inútil y suicida» trabajar en la defensa de los derechos humanos en Guatemala. Continúa «desaparecida».


Los defensores de los derechos humanos continuaron con su labor a pesar de las amenazas y agresiones. En junio de 1984 se creó el Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Hijos Esposos, Padres y Hermanos (gam) con el propósito de localizar a familiares desaparecidos. En 1986 trabajaban sobre 950 casos de «desaparición». En una conferencia de prensa del ejército en 1986, la presidenta del gam, Nineth Montenegro, fue acusada de poner en tela de juicio el honor y el prestigio del ejército y las actividades del grupo fueron descritas como «peligrosas». Anteriormente dos dirigentes del gam ─Héctor Gómez Calito y Rosario Godoy de Cuevas─ habían sido brutalmente asesinados por las fuerzas de seguridad en marzo y abril de 1985, respectivamente. Los homicidios nunca fueron investigados. En diciembre de 1986, Basilio Tuiz Ramírez, otro miembro del gam, «desapareció» tras su secuestro en la carretera entre Panajachel y San Andrés, en Sololá. Testigos presenciales afirmaron que los secuestradores eran soldados del ejército guatemalteco.


En septiembre de 1988, Valerio Chijal, organizador local del recién constituido cerj, Consejo de Comunidades Étnicas “Runujel Junam” («todos somos iguales»), fue abatido a disparos en su domicilio en el cantón de Agostadero (municipalidad de San Andrés Sajcabajá, El Quiché) tras ser amenazado de muerte en varias ocasiones por miembros de patrullas civiles locales y oficiales del ejército. El cerj protestaba activamente contra la práctica de obligar a los campesinos a enrolarse en patrullas civiles supuestamente voluntarias. Unos días después, otro organizador del cerj, Pedro Cumes Pérez, «desapareció» tras su secuestro por soldados uniformados en la plantación de San Julián, departamento de Suchitepéquez, y su posterior traslado al destacamento militar de Patulul. En el momento de su «desaparición» intentaba formar un grupo local del cerj en Suchitepequez.


El presidente y fundador del cerj, Amílcar Méndez, maestro de escuela de Santa Cruz del Quiché, ha sufrido constantes amenazas y hostigamiento desde la creación del cerj en julio de 1988. En abril de 1991 fue víctima de un intento de secuestro y desde entonces tanto él como su familia han sido amenazados de muerte en varias ocasiones. Durante los primeros cinco años de existencia del cerj, al menos 17 de sus miembros murieron en circunstancias que apuntaban a la implicación oficial.


En abril de 1993, Tomás Lares Cipriano, activista tanto del cerj como de un grupo de campesinos indígenas llamado Comité de Unidad Campesina, fue víctima de una emboscada y posteriormente torturado y muerto cerca de su aldea de Chorraxá (Joyabaj, El Quiché). Tomás Lares había organizado manifestaciones contra la presencia militar y las patrullas de autodefensa civil en su zona, y había interpuesto denuncias por las amenazas de muerte de comisionados militares contra vecinos de su localidad. Los presuntos autores de su muerte, miembros de una patrulla de autodefensa, continúan actualmente en libertad, y han estado implicados en diversas agresiones y asesinatos ocurridos en la zona desde 1993.


Miembros de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (conavigua) empezaron a recibir amenazas de muerte a partir de la creación del grupo en 1988. Rosa Pú Gómez, miembro de conavigua, fue amenazada a punta de pistola en 1992 por un hombre que le exigió información sobre varios líderes comunitarios y su esposo «desaparecido». También la acusó de pertenecer a la oposición armada. Un agente de policía que estaba presente no intentó en ningún momento arrestar al individuo. Los miembros y dirigentes de conavigua en áreas rurales siguen siendo hoy en día blanco de ataques, amenazas de muerte y hostigamiento, y han sido acusados reiteradamente de participar en actividades guerrilleras. conavigua libró una batalla concertada para documentar y obligar a la abolición del reclutamiento militar forzoso en Guatemala, práctica que según el gobierno no existía. La Coordinadora también se dedica a defender el derecho a la objeción de conciencia, lo cual les ha supuesto el enfrentamiento directo con la jerarquía del ejército.


Los representantes del gobierno y los miembros del ejército y las patrullas civiles intentan con frecuencia desacreditar a los defensores de los derechos humanos y presentarlos como «objetivos legítimos» de ataque, acusándolos de ser «guerrilleros» o afirmando que realizan actividades subversivas.


Por ejemplo, en julio de 1994, el portavoz del ejército guatemalteco coronel Morris de León afirmó públicamente que Rosalina Tuyuc, presidenta de conavigua, era conocida por el apodo de «Julia» en el movimiento insurgente y que sus hermanos eran «guerrilleros» especializados en la demolición de puentes y la recaudación de «impuestos revolucionarios». La familia Tuyuc ha denunciado varios casos de amenazas e intimidación contra ellos desde la creación de conavigua en 1992, como parte de lo que sólo podría entenderse como una campaña deliberada y calculada contra ellos. El suceso más reciente fue una agresión contra María Tuyuc Velásquez, hermana de Rosalina Tuyuc, ocurrida el 19 de mayo de 1996 en el exterior de la sede de conavigua en la ciudad de Guatemala. María Tuyuc fue aprehendida por un individuo que iba vestido de civil, quien la golpeó repetidas veces y la agredió sexualmente antes de huir diciendo que volvería por ella. Unos días después, dos hombres sin identificar que conducían un vehículo con los cristales tintados trataron de secuestrar a Josefa Ventura y a Sebastiana Hernández, también miembros de conavigua. Los hombres insultaron a ambas antes de que éstas lograran ponerse a salvo. conavigua creía que estos últimos ataques y amenazas estaban relacionados con una marcha pública organizada con motivo de su campaña en defensa de la objeción de conciencia.



Los derechos humanos y el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos


El Acuerdo Global sobre Derechos Humanos se firmó el 29 de marzo de 1994 como parte de las conversaciones de paz entre el gobierno de Guatemala y la oposición armada, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El Acuerdo establecía la presencia de una Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (minugua).


La cláusula 7.2 del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos establece que «... el gobierno de la República de Guatemala tomará medidas especiales de protección, en beneficio de aquellas personas o entidades que trabajan en el campo de los derechos humanos. Asimismo, investigará oportuna y exhaustivamente las denuncias que se le presenten, relativas a actos o amenazas que los pudieren afectar». En el Acuerdo, el gobierno de Guatemala reiteraba la promesa de proteger a los defensores de los derechos humanos y garantizaba su libertad de actuación. En ningún momento ha respetado este compromiso.


A pesar de una garantía tan concreta para la protección de los defensores de los derechos humanos, minugua informó en julio de 1996 que el gobierno no había adoptado ninguna medida especial para ofrecer salvaguardias o protección a las personas y organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos.


La presencia de minugua desde noviembre de 1994 ha permitido a las organizaciones de derechos humanos guatemaltecas actuar más abiertamente que antes, pero esta apertura no parece haber ido acompañada de un descenso en el número de abusos, amenazas e intimidaciones contra los defensores. Mónica Pinto, experta independiente de la onu sobre Guatemala, afirmaba en su informe de diciembre de 1995 a la Comisión de Derechos Humanos de la onu: «Han tenido lugar hechos de violencia física con características de tortura al tiempo que se ha desarrollado una cultura de amenazas que afecta a la seguridad de todos los sectores civiles medianamente organizados y que, en general, se han manifestado en apoyo del proceso de negociación de la paz.»3


Los datos reunidos por Amnistía Internacional sugieren que los que dedican sus esfuerzos a acabar con la impunidad, jueces, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos, son habitualmente víctimas de amenazas de muerte, secuestros de breve duración, tortura y ejecución extrajudicial.


Aunque actualmente no hay indicios de que tales abusos formen parte de una política estatal deliberada como en el pasado, Amnistía Internacional cree que a menudo se cometen con el consentimiento o la complicidad de algunos funcionarios del Estado. Las investigaciones sobre estos delitos son escasas ─cuando se emprenden─ y prácticamente no hay un solo caso en que los responsables hayan sido procesados, aunque hayan sido identificados.


Por ejemplo, el hecho de que los secuestros se realicen a veces a plena luz del día y sus autores vayan fuertemente armados pone de manifiesto la absoluta impunidad con que actúan los perpetradores, ya sean miembros de las fuerzas de seguridad o personas a sus órdenes.





Investigadores de derechos humanos en peligro


Las personas que tratan de sacar a la luz las atrocidades cometidas en el pasado han sido particularmente objeto de persecución. En 1994, la Asociación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos de Guatemala (famdegua) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala consiguieron la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense para excavar fosas con los restos mortales de más de 350 víctimas de la matanza de 1982 a manos del ejército guatemalteco en la aldea de Las Dos Erres, en Petén. El equipo estuvo dieciséis días en el lugar en julio de 1994, y regresó a principios de mayo del año siguiente para realizar una excavación más amplia. A finales de julio habían recuperado los restos mortales de 162 personas como mínimo, entre ellas 67 niños. Según denunció famdegua, los familiares de las víctimas de la matanza fueron amenazados de muerte en varias ocasiones por un comisionado militar, quien aseguró que tenía una lista de todas las personas de la aldea que habían participado en las exhumaciones y que morirían si continuaban con dichas tareas. Los miembros de famdegua y el equipo de expertos requirieron protección policial tras un suceso en el cual se efectuaron disparos al aire con armas automáticas cerca de su alojamiento provisional en Las Cruces.


El Equipo Guatemalteco de Antropología Forense, organización no gubernamental constituida en 1992 para practicar exhumaciones de cementerios clandestinos, también ha sufrido intimidaciones y amenazas. Las últimas fueron formuladas contra Carlos Federico Reyes López, de veintiséis años, antropólogo y miembro del equipo. El 12 de junio de 1996, un individuo sin identificar se sentó cerca de él en un autobús de la ciudad de Guatemala y, sosteniendo un arma contra sus costillas, le advirtió «que dejara de estar con esos amigos, porque era peligroso...». Una semana después, el 19 de junio, Carlos Reyes fue rodeado por cuatro desconocidos en la ciudad de Guatemala; uno de ellos le encañonó por la espalda y le dijo: «Ya sabemos donde vivís, tenéis un mes para cambiar de trabajo porque es peligroso...por cierto, tu papá está muy enfermo». Meses antes, Carlos Reyes había participado en la exhumación de un cementerio clandestino que contenía los restos de 19 víctimas, entre ellas seis niños al menos, muertas en una matanza perpetrada en la aldea de Los Josefinos (municipalidad de La Libertad, El Petén) en abril de 1982. Los antropólogos habían reunido importantes pruebas para utilizarlas en futuras investigaciones judiciales sobre la matanza.






Persecución de periodistas


Otros han sufrido ataques aparentemente a modo de amenaza o advertencia. Vinicio Pacheco ha entrevistado a varias autoridades judiciales y reunido información sobre los diversos procesos judiciales en curso contra los acusados de delitos organizados como el secuestro, el narcotráfico y las bandas de robo de vehículos. La implicación de agentes de seguridad del Estado en muchos de estos delitos está siendo investigada.


El 28 de febrero de 1996, Vinicio Pacheco, periodista de Radio Sonora, fue secuestrado por cuatro individuos. Le administraron píldoras sedantes que le provocaron un desvanecimiento. Le rompieron un diente al introducirle violentamente una pistola en la boca, y le preguntaron por qué estaba apoyando a jueces y reuniendo datos sobre secuestros y bandas de robo-carros. Vinicio Pacheco estuvo tres o cuatro horas detenido, durante las cuales recibió golpes y patadas, le quemaron en el pecho con un cigarrillo y le practicaron cortes en la planta de los pies con lo que parecía una cuchilla. También le interrogaron acerca de las actividades de otros periodistas, entre ellos algunos que trabajaban en periódicos importantes, como Siglo Veintiuno, y sobre periodistas de radio y televisión. Los agresores le dijeron que lo liberaban exclusivamente para que advirtiera a los demás periodistas, de lo contrario lo habrían matado. Siguió recibiendo amenazas de muerte tras su liberación, y al poco tiempo abandonó el país.


El 15 de mayo de 1996, un grupo de individuos no identificados arrojaron tres granadas de mano al vehículo del ex director de Siglo Veintiuno, José Rubén Zamora, una de las cuales explotó. José Rubén Zamora declaró que estos eran los últimos de una larga serie de actos de intimidación y amenazas destinados a obligarle a abandonar el país, después de que el periódico hubo revelado los vínculos de las fuerzas de seguridad con la creciente oleada de delincuencia organizada de carácter mafioso en Guatemala. Meses antes de este atentado había denunciado decenas de amenazas de muerte formuladas por personas que se negaban a identificarse y le amenazaban con matarlo. José Rubén Zamora estaba a punto de publicar un artículo con información sobre un grupo de oficiales militares presuntamente implicados en actividades delictivas.


José Rubén escribió una carta abierta al presidente de Guatemala en la que solicitaba una investigación sobre el atentado y pedía protección para él y su familia. En una carta de «derecho a réplica» del presidente Alvaro Arzú, de la que recibieron copia organizaciones nacionales e internacionales ─entre ellas Amnistía Internacional─, el presidente garantizaba la integridad del periodista y su familia. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna conclusión oficial de la investigación sobre el atentado contra José Rubén Zamora.


A comienzos de marzo de 1996, los nombres de otros seis periodistas ─Eduardo Zapeta, Haroldo Shetemul, Carlos Rafael Soto, Mario Alberto Carrera, Gustavo Berganza y Marta Altolaguirre─ aparecieron en diversas amenazas de muerte anónimas enviadas a los medios de comunicación. Se acusaba a los periodistas de estar «haciendo el juego a los delincuentes terroristas y ser enemigos del sistema, destruyendo hasta que desaparezcan las más tradicionales instituciones del Estado. [...] Ellos no pueden seguir viviendo, no tienen ese derecho». Mario Alberto Carrera, periodista de Siglo Veintiuno, contestó públicamente a las amenazas con un artículo titulado «A mis posible asesinos», donde afirmaba lo siguiente: «Si renunciara a mis actividades como periodista, moriría con la muerte en el alma» y añadía que, aunque lo mataran, «su muerte no terminaría con la lucha sostenida».



Sindicalistas en peligro


Los sindicalistas han sufrido agresiones constantes durante sucesivos regímenes militares y civiles en Guatemala. En las peores etapas de la represión, líderes sindicales y compañeros suyos «desaparecieron» o los mataron, los torturaron o fueron objeto de amenazas e intimidación por parte de las fuerzas de seguridad o de colaboradores de estas. En junio de 1980, durante una reunión celebrada en la sede de la Central Nacional de Trabajadores (cnt), 27 dirigentes sindicales fueron secuestrados a punta de pistola. Agentes uniformados de la Policía Nacional cerraron la calle al tráfico mientras unos sesenta hombres vestidos de civil irrumpieron en el edificio y se llevaron a los sindicalistas en jeeps de la marca Toyota sin distintivos oficiales. Los líderes sindicales «desaparecieron». Dos meses después, 16 líderes sindicales fueron secuestrados en una residencia católica que también se utilizaba como centro de conferencias por un contingente mixto de agentes de policía y soldados. También estos continúan «desaparecidos». No se ha emprendido ninguna investigación oficial sobre estos hechos.


Aunque los sindicalistas no padecen violaciones de derechos humanos tan sistemáticas como en el pasado, Amnistía Internacional ha seguido documentando casos en que han sido perseguidos por su legítima labor de defensa de los derechos de los trabajadores.


Débora Guzmán Chupén, líder sindical en la fábrica de Lunafil, en Amatitlán, viene siendo acosada y amenazada de muerte desde mayo de 1994, cuando los trabajadores iniciaron las protestas contra el cierre de la fábrica. Su secuestro se produjo el 28 de febrero de 1995 a las 9.30 de la mañana, y permaneció veinticuatro horas retenida. Sus captores la drogaron y la golpearon, y le dijeron que advirtiera a su marido, Félix González, también líder sindical de Lunafil, que pusiera fin a sus actividades si no quería verla morir. Débora ha recibido continuas amenazas de muerte desde su liberación. Solamente entre los días 16 y 28 de febrero de 1996 recibió cinco cartas anónimas amenazadoras. Tres de ellas llegaron a su domicilio de Amatitlán; a continuación se trasladó a un lugar secreto con su marido y el hijo de ambos. La familia recibió una cuarta carta anónima y se trasladó nuevamente a un lugar secreto, donde recibiría la quinta, fechada el 28 de febrero.


Tras una investigación sobre las amenazas y el hostigamiento contra Débora Guzmán y Félix González, el procurador de Derechos Humanos de Guatemala concluyó en junio de 1995 que se habían conculcado sus derechos humanos, incluido el derecho a la integridad y a la libertad de circulación, así como sus derechos sindicales, y sostuvo que las fuerzas de seguridad oficiales, el Ministerio de Gobernación y el director de la Policía Nacional eran responsables de los ataques. Pese a las conclusiones del procurador y a una investigación oficial realizada por la Policía Nacional sobre el secuestro de Débora Guzmán y las amenazas formuladas contra ella y su marido, y a pesar de una investigación judicial del Ministerio Público, los responsables no han sido procesados y las amenazas contra la pareja y otros sindicalistas han continuado. Las amenazas contra la vida de Débora Guzmán no cesaron hasta que esta decidió poner fin a su actividad sindical.



Impunidad


En Guatemala existe una larga tradición de impunidad. Tan sólo se han investigado unos cuantos de las decenas de miles de casos de violación de los derechos humanos que han tenido lugar allí en las tres últimas décadas, y únicamente un muy reducido número de perpetradores han comparecido ante los tribunales. Los intentos de investigar los abusos han chocado sistemáticamente con la resistencia de las fuerzas de seguridad y de las instituciones estatales a quienes corresponde llevar a cabo las investigaciones. Aunque han sido muy pocas las ocasiones, la apertura de una investigación se ha debido en gran medida al coraje de los defensores locales y los familiares de las víctimas a la hora de presionar para que hubiera procesamientos. Se han documentado numerosos ejemplos de amenazas y agresiones contra personas que participaban en procesos judiciales sobre casos de derechos humanos. Nadie está a salvo de ataques. Los propios miembros de las fuerzas de seguridad que se han mostrado dispuestos a investigar los abusos han sido objeto de persecución, al igual que los miembros de la judicatura que se ocupaban de casos semejantes.


A comienzos de 1996, el Fiscal General de la Nación, Ramses Cuestas, reconoció que algunos fiscales del Ministerio Público recibían entre tres y cuatro amenazas de muerte al mes y que a menudo eran víctimas de agresiones físicas. minugua recibió informes parecidos, y afirmó que en un caso habían matado a un fiscal previamente amenazado. Otro fiscal se vio obligado a salir del país tras recibir amenazas, y muchos han abandonado este tipo de casos al ser amenazados de muerte.


Por ejemplo, durante las investigaciones sobre el homicidio de la antropóloga Myrna Mack en 1990, familiares, abogados, jueces y funcionarios judiciales, testigos, periodistas y prácticamente toda persona relacionada con el caso había sido víctima de amenazas y acoso. En agosto de 1991, el comisionado de policía a cargo de la investigación fue abatido a disparos delante de la sede de la Policía Nacional.


En octubre de 1995, los informes recibidos indican que un investigador del Ministerio Público que trabajaba en el caso fue sometido a vigilancia por la Policía Nacional tras visitar el Ministerio de Defensa para preguntar por qué el Ministerio no había contestado a una solicitud de información formulada por la hermana de la víctima, Helen Mack, y también por qué el Ministerio, al que corresponde reunir pruebas, no había tomado declaración a varias personas presuntamente implicadas en el asesinato de Myrna Mack.


La juez de la Cámara de Apelaciones María Eugenia Villaseñor, escribió un libro donde criticaba la forma de tratar el caso por parte del sistema judicial. También ha participado en otras causas de derechos humanos y ha sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y actos de intimidación. En una ocasión tuvo que huir del país, y en 1994 el agente de policía encargado de protegerla fue secuestrado, golpeado y amenazado. Finalmente la juez Villaseñor fue trasladada a Antigua, departamento de Sacatepéquez, donde hoy en día sólo se ocupa de causas de derecho civil, si bien su especialidad es el derecho penal. Prosiguen las amenazas contra ella, y teme por su integridad.


El 18 de marzo de 1996, la Corte Suprema de Justicia desestimó una petición de la hermana de Myrna Mack para trasladar el caso a un tribunal civil y resolvió que un juez militar debía seguir juzgando la causa contra los militares de alta graduación acusados de responsabilidad intelectual en el asesinato de Myrna Mack. El 11 de julio de 1996, los presuntos autores intelectuales quedaron en libertad bajo fianza. Amnistía Internacional teme que los responsables puedan seguir gozando de impunidad, ya que el 30 de julio de 1996 el juez Ennio Ventura dispuso que el proceso contra los autores intelectuales debía regirse por el antiguo código penal, lo cual exigía reiniciar todo el proceso. minugua verificó en su informe de agosto de 1996 que algunos testigos e investigadores seguían estando vigilados y que el proceso se estaba celebrando en un clima de inseguridad para los que habían emprendido la acción judicial contra el personal de las fuerzas armadas implicado en el homicidio.


Jorge Carpio Nicolle, propietario y editor del diario nacional El Gráfico, además de un político prominente, fue abatido a disparos por una veintena de pistoleros enmascarados cuando regresaba de un mitin político en el departamento de El Quiché el 3 de julio de 1993. Otras tres personas murieron en el ataque: Juan Vicente Villacorta, Alejandro Avila y Rigoberto Rivas. La viuda de Jorge Carpio, Marta Arrivillaga, que fue testigo de los hechos, asegura que uno de los individuos gritó: «¡Maten a Jorge, maten a Carpio!». A partir de estos homicidios, los cuatro supervivientes, entre ellos la nuera de Jorge Carpio, Karen Fischer de Carpio, así como familiares de otras víctimas, han sido objeto de reiteradas amenazas de muerte, actos de intimidación y hostigamiento. Funcionarios judiciales y de seguridad encargados de investigar los homicidios también han sufrido persecución. Uno de los últimos actos de intimidación tuvo lugar el 12 de abril de 1996 ante la sede de El Gráfico. Un vehículo fúnebre se detuvo frente al edificio y desde su interior se efectuaron cinco disparos contra la sede.


En junio de 1995, el miembro del cerj Martín Pelicó Coxic fue secuestrado, torturado y muerto; informes periciales constataron la presencia de lesiones cerebrales y demostraron que había sido asfixiado. Martín Pelicó, de San Pedro Jocopilas, departamento de El Quiché, había abandonado el Comité Voluntario de Defensa Civil (CVDC) de su localidad tres años antes y se había negado a pagar las multas impuestas por la dirección del CVDC, razón por la cual se le había calificado de «subversivo». El día que lo mataron salió de su comunidad a las tres de la tarde para comprar algunos repuestos para su vehículo. Seis horas después una camioneta abandonó su cadáver a unos ciento cincuenta metros de su domicilio. Testigos presenciales identificaron a los tres individuos que viajaban en la camioneta. Los tres, un comisionado militar y dos miembros del CVDC ─todos ellos de San Pedro Jocopilas─, fueron arrestados posteriormente y acusados de homicidio, pero en julio de 1996 el juez ordenó la suspensión provisional de la causa por falta de pruebas y fueron puestos en libertad. El cerj ha recurrido contra esta decisión.


La esposa de Martín Pelicó, así como varios testigos de la acusación, han sido amenazados por desconocidos y familiares de los acusados. Los abogados que representan a la familia Pelicó han sido objeto de seguimiento por hombres no identificados. Dos de los acusados del homicidio de Martín Pelicó también están implicados en el de Diego Velásquez Soc, miembro del cerj de San Pedro Jocopilas a quien dispararon y mataron en mayo de 1993. Pese a la identificación de los autores por parte de testigos presenciales, no se han presentado cargos en su contra. Pedro Velásquez, hermano de Diego Velásquez, ha denunciado que sufre hostigamiento permanente por parte de miembros del CVDC que se presentan en su domicilio a altas horas de la madrugada disparando sus fusiles.


El cadáver del pastor evangélico Manuel Saquic Vásquez apareció en una tumba clandestina el 7 de julio de 1995. Lo habían degollado y presentaba 33 puñaladas. Manuel Saquic, coordinador de un comité de derechos humanos kaqchikel maya de Panabajal, departamento de Chimaltenango, había «desaparecido» tras su secuestro el 23 de junio. Vecinos de Panabajal están convencidos de que a Manuel Saquic lo mataron por su labor de defensa de los derechos humanos y por ser el único testigo presencial de un secuestro anterior de otro miembro del comité de derechos humanos de Panabajal.


La muerte de Manuel Saquic se produjo casi un año después del asesinato de otro miembro del comité, Pascual Serech, en agosto de 1994. Vecinos de la localidad creían que los responsables de ambas muertes eran las mismas personas. El propio juez designado para investigar la muerte de Pascual Serech fue asesinado a modo de ejecución el 21 de agosto de 1994, días después de dictar órdenes de arresto contra varias personas en relación con el caso. Un comisionado militar local implicado tanto en el asesinato del juez como en el de Pascual Serech fue arrestado y permaneció dos semanas recluido, pero luego quedó en libertad bajo fianza. Tras su excarcelación formuló amenazas contra varios testigos, entre ellos Manuel Saquic. En agosto de 1995 volvió a dictarse una orden de arresto contra este comisionado militar, pero está escondido y no ha podido ser arrestado, y la causa no ha prosperado. A lo largo de los meses siguientes, los familiares de Manuel Saquic recibieron varias amenazas de muerte, junto con otros miembros de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala (ciedeg) en el departamento de Chimaltenango que presionan para que los responsables sean procesados.


En noviembre de 1995, César Ovidio Sánchez Aguilar, miembro de la Fundación Myrna Mack, grupo de derechos humanos fundado por Helen Mack tras el asesinato de su hermana, se vio obligado a esconderse tras recibir amenazas de muerte de una patrulla civil de la localidad. Después de organizar un seminario para analizar el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en abril de 1995 con motivo de las negociaciones de paz, fue convocado en la alcaldía municipal de Santa Bárbara (Huehuetenango), donde funcionarios de la institución y dos miembros de la patrulla civil lo criticaron por colaborar con la Fundación y lo acusaron de ser «guerrillero». Al salir del edificio fue agredido y amenazado. La reunión concertada para la semana siguiente con el alcalde para debatir el suceso hubo de ser suspendida después de que miembros de la patrulla civil insultaron y amenazaron a César Sánchez y a su familia. Los miembros de minugua presentes en la reunión también fueron objeto de amenazas. César Sánchez y su familia han huido de la comunidad. Ninguno de los siete integrantes de la citada patrulla civil han sido encarcelados.


El 1 de abril de 1996, Julio Ixmatá Tziquín, representante de la organización de derechos humanos Defensoría Maya, en la aldea de Guineales (municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá), fue agredido y amenazado de muerte por miembros de la comunidad cuando se disponía a ocupar su nuevo puesto como policía municipal. El grupo estaba integrado por el alcalde auxiliar y el secretario del alcalde, además de ex comisionados militares, dirigentes y miembros del CVDC. El alcalde auxiliar retuvo a Julio Ixmatá en su despacho durante dos horas, en las que fue golpeado. Cuando al fin le permitieron irse, los informes indican que el secretario del alcalde instó a la comunidad a lincharlo y quemarlo vivo con gasolina. Dos días después, estando hospitalizado en la vecina localidad de Mazatenango, Julio Ixmatá Tziquín denunció que estaba siendo hostigado por individuos que, en su opinión, eran enviados de las autoridades de Guineales. Nadie ha comparecido ante un tribunal por la agresión contra Julio Ixmatá Tziquín, que ha tenido que abandonar Guineales.


En mucho casos, la pauta de intimidación contra defensores de los derechos humanos supone una prolongación de la represión padecida durante la campaña de contrainsurgencia de principios de la década de los ochenta. En junio de 1996, miembros de la comunidad de Todos Santos en Huehuetenango fueron amenazados por dos jefes del CVDC que irrumpieron en una reunión de la comunidad, elaboraron una lista de todas las personas presentes y los acusaron de ser guerrilleros. Aparentemente los jefes habían confundido la reunión de la comunidad con una reunión del comité de derechos humanos recién creado. Tales amenazas vienen a agravar las heridas de una comunidad que perdió alrededor de 85 miembros en una matanza perpetrada entre los días 10 y 15 de julio de 1982, y en la que circularon listas negras como advertencia para aquellos que eran objeto de represión. El comité de derechos humanos recién creado en Todos Santos está formado por víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.


En julio de 1996, minugua denunciaba en su quinto informe a la Asamblea General de la onu que el gobierno no había adoptado ninguna medida especial para ofrecer garantías o protección a las personas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, y añadía que no se había hecho ningún esfuerzo para localizar a los responsables de amenazas e intimidación contra estas personas y organizaciones. También señalaba que en ciertas zonas seguían equiparando la promoción de los derechos humanos con actividades subversivas, sobre todo los miembros de las fuerzas de seguridad y de las patrullas de autodefensa civil, y los ex comisionados militares. «Mientras este discurso persista, las personas y entidades que realizan dicho trabajo continuarán siendo un sector particularmente vulnerable»4.


En agosto de 1996, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la onu veía con profunda preocupación que, a pesar de la entrada en vigor del Acuerdo Global sobre Derechos humanos, continuaban perpetrándose violaciones graves de derechos humanos que afectan al derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad de la persona, así como al derecho a la libertad, y que «la total incapacidad del sistema judicial guatemalteco para hacer comparecer ante los tribunales a los autores intelectuales y materiales» de violaciones de derechos humanos significaba que el problema de la impunidad de tales personas persistía5.

Honduras: «Diez años de represión»


En Honduras, los defensores de los derechos humanos han sido blanco reiterado de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad como consecuencia de su defensa de los derechos humanos y sus actividades de presión para que se investiguen violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en el pasado. En los últimos diez años han sido víctimas de amenazas de muerte, agresiones, hostigamiento y hasta ejecuciones extrajudiciales.


El gobierno del presidente Carlos Roberto Reina se ha comprometido a acabar con la impunidad prevaleciente en los casos de «desapariciones» y otras violaciones graves de derechos humanos en Honduras. Tras una victoria aplastante del Partido Liberal en las elecciones de noviembre de 1993, el presidente Reina tomó posesión del cargo el 27 de enero de 1994. Los liberales también obtuvieron la mayoría en el Congreso y una representación importante en la nueva judicatura. El presidente Reina, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asumió sus funciones con la promesa de emprender una «revolución moral» en todos los aspectos del gobierno y de poner «fin a la impunidad» que rodea las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los observadores de derechos humanos siguen sufriendo hostigamiento y agresiones por causa de su trabajo.


Al mismo tiempo, apenas se han observado progresos hacia el fin de la impunidad y el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos. En dos casos únicamente, miembros de las fuerzas de seguridad han sido acusados en relación con violaciones de derechos humanos. Uno de ellos fue el de 13 oficiales militares acusados de asesinar a dos civiles en 1982 (sigue pendiente la detención de 12 de ellos), y en el otro el fiscal especial de Derechos Humanos acusó en julio de 1995 a diez oficiales militares del asesinato frustrado y la detención ilegítima de seis estudiantes en 1982 (véase más adelante el caso de Milton Jiménez).



Organizaciones sujetas a ataques


Aunque Honduras no padeció los efectos del conflicto civil hasta el extremo de sus vecinos El Salvador y Nicaragua, los años 1980-1984 fueron críticos para la situación de los derechos humanos. Según los datos obtenidos, doscientos activistas políticos izquierdistas perdieron la vida y más de un centenar de personas «desaparecieron». A partir de 1984 hubo escasos informes de «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales, pero continuaron llegando en idéntico número los de agresiones físicas, intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte contra sindicalistas, activistas comunitarios y defensores de los derechos humanos en Honduras por parte de oscuros grupos derechistas hasta bien entrada la década de los noventa.



codeh


El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (codeh) es una de las organizaciones independientes de derechos humanos más importantes de Honduras. Desde su fundación en 1981, los miembros del codeh han sido blanco de ataques, amenazas de muerte e incluso «desapariciones».


José Eduardo López, periodista y ex vicepresidente del codeh, «desapareció» el 24 de diciembre de 1984. Criticaba abiertamente al gobierno y había escrito numerosos artículos sobre la pobreza en Honduras. En 1981 permaneció cinco días detenido y fue torturado por las fuerzas de seguridad. Tras su puesta en libertad recibió amenazas de muerte y en 1982 huyó del país y solicitó la condición de refugiado en Canadá. La solicitud le fue denegada y regresó a Honduras, donde recibió nuevas amenazas de muerte de presuntos «escuadrones de la muerte». En abril de 1984 entregó una declaración al codeh en la que afirmaba que las fuerzas de seguridad serían responsables de lo que pudiera ocurrirle. El 24 de diciembre de 1984 fue secuestrado por individuos que, según se cree, eran agentes de policía de la Dirección Nacional de Investigaciones (dni). Sigue sin conocerse su paradero y nadie ha comparecido ante un tribunal por su «desaparición»6.


En septiembre de 1986, el codeh hizo pública una «lista negra» presuntamente elaborada por el Batallón 3-16, unidad de inteligencia militar que el gobierno aseguró haber desarticulado tras denunciarse su implicación en violaciones de derechos humanos a comienzos de los años ochenta. En la lista aparecían 17 defensores de los derechos humanos, entre ellos el presidente del codeh, doctor Ramón Custodio. Muchos de los citados en la lista recibieron posteriormente amenazas de muerte, casi siempre por teléfono. La sede del codeh sufrió dos atentados con bomba en septiembre de 1986, y el doctor Custodio recibió un ramo de flores blancas con una nota en la que decía que sus días estaban contados. En noviembre de 1986 le enviaron un paquete bomba a su despacho de San Pedro Sula.


Mario Guifarro, empleado del codeh en La Ceiba (departamento de Atlántida) fue secuestrado, según los informes, por cuatro individuos armados en julio de 1987 e interrogado acerca de sus actividades de defensa de los derechos humanos. Al parecer fue sometido a la «ruleta rusa» con un revólver apoyado en la sien. Al cabo de treinta y seis horas lo abandonaron en una carretera lejos de su casa.


En 1987 se emprendió una campaña de difamación, mediante carteles y anuncios de periódico, según la cual empleados y destacados opositores al gobierno del codeh estaban implicados en «actividades antidemocráticas». Algunas de estas acusaciones se hacían en nombre de los grupos denominados Movimiento Honduras Libre y Comité Hondureño por la Paz y la Democracia. Uno de los citados en un cartel era Miguel Ángel Pavón Salazar, miembro del Congreso hondureño y presidente de la delegación del codeh en San Pedro Sula. En octubre de 1987, Miguel Ángel Pavón Salazar había testificado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, estudiante hondureño «desaparecido» en diciembre de 1981, y Saúl Godínez Cruz, maestro hondureño que «desapareció» en julio de 1982. La Corte estableció en julio de 1988 y enero de 1989 que el gobierno de Honduras había quebrantado varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y ordenó que indemnizara a los familiares de los «desaparecidos»7.


Miguel Ángel Pavón fue asesinado en San Pedro Sula el 14 de enero de 1988 por un individuo armado vestido de civil que, según se cree, pertenecía a las fuerzas de seguridad. Junto a él murió Moisés Landaverde, maestro y representante sindical.


En junio de 1987, seis meses antes de su muerte, Miguel Ángel había escrito lo siguiente en un artículo periodístico: «Aquellos que con sus ataques quieren quebrantar la voluntad de los que luchamos en el codeh [...] pierden el tiempo, porque este comité existirá mientras en Honduras haya causas y causantes de perjuicios a la dignidad del más humilde de los hondureños».


La familia de Miguel Ángel Pavón, sus colegas del codeh y ex miembros del ejército atribuyeron los homicidios al Batallón 3-16. El caso continúa en fase de investigación, pero aparentemente no se ha avanzado nada en el procesamiento de los responsables.


En abril de 1988 aparecieron en Tegucigalpa nuevos carteles donde se acusaba a 22 dirigentes sindicales, estudiantiles y de derechos humanos de «sembrar la semilla del odio, el terror y la destrucción» en Honduras. Los carteles estaban firmados por la Alianza de Acción Anticomunista (aaa). En julio aparecieron pintadas en la sede del codeh en Tegucigalpa y en el domicilio del doctor Custodio con frases amenazadoras y emblemas de la aaa.


El 2 de enero de 1989, un vehículo perteneciente a María Elena Espinoza de Custodio, esposa de Ramón Custodio y también colaboradora del codeh, sufrió graves daños como consecuencia de un disparo aparentemente efectuado con un arma de gran potencia. Nadie resultó herido. Un año y medio antes, María Elena había sido agredida por un desconocido al abrir la puerta de la sede del codeh. A pesar de las patadas que recibió, no resultó herida de gravedad.


En octubre de 1996 se produjo un nuevo atentado contra Ramón Custodio. El 12 de octubre estallaron sendas bombas en dos laboratorios clínicos de su propiedad. Esa misma semana había denunciado que los responsables de una campaña de atentados con bomba en Honduras estaban relacionados con el ejército. Las autoridades tardaron varias horas en reaccionar ante las explosiones y visitar los laboratorios.


Otro miembro del codeh, Jorge Alberto Sierra Moncada, fue hostigado y amenazado por un pistolero en un bar de San Pedro Sula el 4 de marzo de 1994.


Jorge Sierra Moncada hizo reiterados intentos de dar parte del suceso y presentar una denuncia formal, pero al parecer no había funcionarios de la dni y la Dirección Regional de Tránsito «disponibles». Finalmente el codeh interpuso una denuncia ante el Juzgado Tercero de Letras el 11 de marzo. Parece ser que, tras abrirse la causa, varios funcionarios comentaron que la propia víctima tenía la culpa por sus actividades e insinuaron que había sido un suceso sin importancia.


Andrés Pavón Murillo, presidente regional del codeh en la municipalidad de La Ceiba, departamento de Atlántida, fue amenazado de muerte por un pistolero no identificado el 20 de noviembre de 1994. Las amenazas seguían a los intentos del codeh de esclarecer la «desaparición» y el homicidio de Orlando Jiménez Antúnez, «desaparecido» el 16 de septiembre de 1994 en la aldea de Elixir, departamento de Colón; su cadáver apareció en una fosa clandestina el 17 de noviembre de 1994. El domicilio de Andrés Pavón Murillo había estado sujeto a vigilancia desde que el codeh hizo pública la «desaparición».


El 27 de marzo de 1996, personas no identificadas irrumpieron en la vivienda del abogado del codeh Abencio Fernández. Aunque se llevaron algunas pertenencias, se cree que el motivo del robo fue la intimidación. Abencio Fernández había recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas y, según informes, había sido vigilado por personas no identificadas que, según se cree, pertenecían a la Fuerza de Seguridad Pública (fsp).



cofadeh


El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (cofadeh), destacada organización de derechos humanos, viene haciendo campaña desde comienzos de los años ochenta en favor de sus familiares en paradero desconocido y en defensa de los derechos humanos en Honduras.


La «desaparición» de Roger González en abril de 19888fue la primera documentada en Honduras en varios años y cofadeh se hizo cargo de su caso. Roger González trabajaba para la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal y era alumno del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. En octubre de 1988, el jefe de las fuerzas armadas, general Humberto Regalado Hernández, declaró públicamente que Roger González estaba «oculto en el extranjero» e insinuó que podría ser asesinado por grupos que pretendían convertirlo en un mártir.


En respuesta, la coordinadora general de cofadeh, Berta Oliva, declaró a la prensa que, mientras no hubiera pruebas de lo contrario, cofadeh consideraría a las fuerzas armadas como responsables de la «desaparición» de Roger González9. El 10 de octubre, varios hombres armados vestidos de civil junto con presuntos agentes de la dni visitaron la sede de cofadeh en Tegucigalpa, apuntaron con sus armas a la mujer que les abrió la puerta y le dijeron en tono insultante que, si cofadeh no dejaba de hacer campaña en favor de Roger González, Berta Oliva sería la siguiente en «desaparecer».


El 2 de marzo de 1994, Berta Oliva de Nativí estaba haciendo una llamada telefónica cuando la línea fue interceptada por una persona que se identificó como un «coronel» y amenazó con hacer «desaparecer» y matar a Berta Oliva y a su familia. Las amenazas telefónicas se repitieron ese mismo día y de nuevo el 14 de marzo. En todas las llamadas sonaba de fondo una marcha fúnebre.


Marco Tulio López Hernández, hijo de la presidenta de cofadeh, Liduvina Hernández, salió de Honduras en noviembre de 1990, según informes porque estaba recibiendo amenazas de muerte. Volvió en junio de 1991 con el propósito de organizar una conferencia de derechos humanos para la Asociación Internacional contra la Tortura. Los informes indican que, al poco tiempo de su regreso, le dijo a su familia que creía que lo estaban vigilando. El 22 de julio de 1991 fue abatido a tiros en San Pedro Sula por un hombre vestido de civil.


Posteriormente la policía presentó a un individuo al que acusaron de los homicidios en una conferencia de prensa. El presunto homicida confesó y afirmó que él había matado a Marco Tulio López por no haber devuelto un préstamo. Según la información obtenida, más tarde se retractó de su declaración. cofadeh y otros grupos de derechos humanos de Honduras creían que el asesinato obedecía a motivos políticos. Nueve años antes, el hermano de Marco Tulio López había «desaparecido» tras ser detenido cerca de la frontera con Nicaragua.


Entre el 11 y el 15 de marzo de 1994, Dina Meetabel Meza Elvir, encargada de prensa de cofadeh, fue seguida por un individuo desconocido en un vehículo con los cristales tintados, que también fue visto por aquellos días vigilando su domicilio.


El 27 de junio de 1994 dejaron en el contestador automático de la sede de cofadeh un mensaje telefónico donde amenazaban de muerte a sus miembros. El mensaje decía lo siguiente: «Esta es la primera advertencia. Escuchen, perras, ya dejen de buscar a sus perritos porque están muertos». Les advertían que dejaran de hacer declaraciones a la prensa o serían los siguientes en «desaparecer».


A principios de 1995, cofadeh recibió informes de un plan de las fuerzas armadas para matar a Leonel Casco Gutiérrez, su encargado de educación en derechos humanos. Según informes, Leonel Casco fue vigilado en enero de 1995 por hombres no identificados que se desplazaban en motocicletas.


En marzo de 1995, en el curso de su marcha anual para recordar a sus familiares desaparecidos, los informes indican que los miembros de cofadeh fueron seguidos por miembros del «desmantelado» Batallón 3-16.



Persecución de profesionales jurídicos


Según la información recibida, miembros del poder judicial y de las instituciones oficiales encargadas de esclarecer violaciones de derechos humanos también han sido amenazados por miembros de las fuerzas de seguridad de forma progresiva desde 1993.


En 1993, Linda Lizzy Rivera actuó como fiscal en el juicio de dos oficiales del ejército que fueron declarados culpables de implicación en el caso de Riccy Mabel Martínez, estudiante de dieciséis años a la que violaron y mataron miembros del ejército en 1991. Durante el proceso, la hija de Linda fue agredida en la calle por personas sin identificar; le dieron patadas y golpes mientras estaba tirada en el suelo y le robaron el reloj. Uno de los agresores, según informes, había sido visto cerca de la escuela de su hija la víspera de la agresión. Linda Lizzy Rivera pensaba que el ataque se había perpetrado con la intención de intimidarla.


La juez María Antonieta Mendoza de Castro, del Juzgado de Letras Segundo de lo Criminal de Comayagüela, donde se celebró el juicio, fue amenazada de muerte. Minutos después de dictar sentencia contra los militares, la juez Mendoza recibió una amenaza de muerte por teléfono. En octubre de 1996, la Corte Primera de Apelaciones anuló la sentencia alegando que en ella no se demostraban los hechos imputados a los acusados.


En noviembre de 1995, el juez Roy Medina anunció que llevaba recibiendo amenazas de muerte desde que en octubre de ese año dictó órdenes de arresto contra tres de los militares acusados del secuestro de Milton Jiménez Puerto (véase más adelante) y otros cinco estudiantes universitarios en 1982. En febrero de 1996, un desconocido mató a Carlos Roberto Matute Torres, agente de la Fuerza de Seguridad Pública (fsp) al que habían asignado la protección del juez Roy Medina.


Miembros de la oficina del Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, entre ellos el propio comisionado, también han sido víctimas de abusos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Leo Valladares Lanza, comisionado de Derechos Humanos, recibió una amenaza de muerte a través de una llamada telefónica anónima el 1 de marzo de 1994. Ya había denunciado parecidas amenazas en diciembre de 1993, cuando su oficina publicó Los hechos hablan por sí mismos, informe de mil páginas sobre «desapariciones» en Honduras cometidas en el pasado.


En mayo de 1995, Leo Valladares Lanza ofreció una conferencia de prensa. En ella comunicó a los periodistas que, desde que asumió el cargo de comisionado nacional de Protección para los Derechos Humanos, él y su familia habían estado sometidos a amenazas constantes. El comisionado afirmó que había tenido que enviar al extranjero a dos de sus hijos por su seguridad.


Los informes recibidos indican que el 18 de marzo de 1996, los fiscales del Ministerio Público Yadira Deras y Edwin Noel Ramos Ventura fueron seguidos por un capitán de la fsp en un vehículo con los cristales tintados cuando se desplazaban de La Lima a El Progreso. Al día siguiente, el capitán amenazó a la fiscal Yadira Deras diciéndole que «si la hubiera querido matar lo hubiera hecho y que nada le hubiera ocurrido a él». El capitán de la fsp ha estado implicado en la muerte de un presunto ladrón de vehículos, Manuel Antúnez, su hijo y un conductor de taxi el 23 de febrero de 1996. Existen claros indicios de la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en una red nacional de robo de automóviles. En abril de 1996, Rolando Milla, representante regional de la oficina del comisionado, fue amenazado de muerte por individuos no identificados que, según se cree, estaban relacionados con la muerte de Manuel Antúnez.


El 2 de agosto de 1996, Sonia Dubón de Flores, fiscal de Derechos Humanos, y Reina Rivera, fiscal auxiliar de Derechos Humanos, hicieron públicas las conclusiones de sus investigaciones sobre expedientes secretos conservados por miembros de la unidad de inteligencia militar Batallón 3-16 durante el último decenio. Las fiscales, que investigan a militares implicados en violaciones de derechos humanos, declararon que los expedientes contenían fotografías, planos de viviendas y otros datos personales de la vida de varios civiles, incluidas ellas mismas, que, según descubrieron, habían estado sometidas a vigilancia militar durante los últimos años. Un portavoz de las fuerzas armadas afirmó que «el hecho de que tengamos expedientes de personalidades no significa que los señalemos como enemigos de las Fuerzas Armadas, sino que son para prevenir cualquier acción contra ellos».


Agentes policiales de la dni detuvieron al abogado Milton Jiménez Puerto horas después del homicidio del general Gustavo Álvarez Martínez, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, el 25 de enero de 1989. La mañana siguiente salió en libertad sin cargos. Milton Jiménez fue uno de los testigos que comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 1987 para testificar sobre el caso de la «desaparición» de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez (véase anteriormente).


Milton Jiménez Puerto fue detenido por primera vez en abril de 1982, cuando todavía era estudiante. Él y otros cinco estudiantes fueron secuestrados por individuos armados vestidos de civil y permanecieron cuatro días «desaparecidos», durante los cuales fueron víctimas de simulacros de ejecución, privados de comida e interrogados sobre su participación en el sindicato estudiantil. A continuación lo trasladaron a la prisión de El Manchén junto con otro detenido, Adán Guillermo López, y lo acusaron de «actividades totalitarias y disociadoras contra la forma de gobierno republicano democrático y representativo en perjuicio del Estado de Honduras». Diez días después quedaron en libertad bajo fianza, aunque el proceso judicial contra ellos se prolongó hasta diciembre de 1983, fecha en que fueron desestimados los cargos10. Diez oficiales militares, retirados y en servicio activo, fueron acusados en julio de 1995 en relación con el secuestro y la tortura de los seis estudiantes. Milton Jiménez Puerto será un testigo clave en su juicio.

III. DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO



Defensores de los derechos humanos, las nuevas víctimas


Ladran Sancho, señal que andamos

Miguel de Cervantes, Don Quijote


Los defensores de los derechos humanos representan un sector en auge y de una importancia indiscutible en la vida pública mexicana. Activos en la documentación, protección y promoción de los derechos humanos, a menudo trabajando como miembros de organizaciones no gubernamentales, los defensores proceden de todos los sectores sociales. Personalidades académicas, periodistas, obispos católicos y líderes campesinos indígenas no sólo hacen campaña en favor de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos, sino que también obligan al gobierno a reconocer la gravedad del problema. En los últimos tiempos, los defensores de los derechos humanos han desempeñado un papel crucial en la prevención de una escalada de violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado surgido en enero de 1994 en el estado de Chiapas, y han actuado de intermediarios en las conversaciones de paz entre el gobierno de México y el grupo de oposición armada Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln).


El auge del activismo en la defensa de los derechos humanos en México, tanto en términos de activistas como de organizaciones no gubernamentales dedicadas a esta labor, ha contribuido a la divulgación de principios y actitudes sobre derechos humanos que han ido asimilando progresivamente otras organizaciones, como partidos políticos, sindicatos, comunidades indígenas y grupos minoritarios. El propio gobierno se ha visto obligado a adoptar el lenguaje de los derechos humanos al aumentar la demanda pública de respeto de tales derechos.


Este avance tan positivo, aunque ampliamente elogiado tanto en México como en el exterior, ha tenido su precio: los defensores de los derechos humanos se han convertido en víctimas de violaciones de derechos humanos. Los abusos más frecuentes son las amenazas, la intimidación, el hostigamiento y las agresiones, aunque algunos defensores de los derechos humanos han muerto y otro ha «desaparecido» recientemente. Amnistía Internacional se ha comprometido a hacer campaña en contra de esta alarmante tendencia.


También se ha producido un significativo aumento de las violaciones graves de derechos humanos ─como la tortura y la ejecución extrajudicial─ contra un amplio sector de activistas sociales y políticos, a menudo por abrazar la causa de los derechos humanos. Aunque las víctimas proceden de todos los estratos sociales, los perseguidos con mayor asiduidad son los activistas indígenas o campesinos que reclaman la propiedad de la tierra.


Este capítulo no documenta la prolija historia del activismo en la defensa de los derechos humanos en México, que se remonta a los primeros indígenas que lucharon por la libertad contra el dominio español, ni enumera las muchas y diversas organizaciones de derechos humanos que actúan en México hoy en día, sino que pone de relieve el creciente número de violaciones de derechos humanos que sufren los defensores de los derechos humanos en México. Amnistía Internacional ha observado con alarma esta pauta de abusos y ha pedido al gobierno mexicano que emprenda acciones rápidas y eficaces para acabar con las violaciones de que son objeto los defensores de los derechos humanos y con la impunidad de que gozan los perpetradores.


La impunidad, origen de los abusos


El aumento radical del número de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos mexicanos en los últimos cuatro años ha puesto claramente de manifiesto la medida en que la impunidad alimenta el círculo de violaciones de derechos humanos.


En mayo de 1990, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari tuvo que hacer frente a una oleada de críticas nacionales e internacionales tras la ejecución extrajudicial de la doctora Norma Corona Sapién, presidenta de la organización independiente Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa. A Norma Sapién la mataron pistoleros no identificados en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, el 21 de mayo de 1990. Según los informes, fue debido a sus investigaciones sobre la implicación de agentes de la policía judicial en el secuestro, la tortura y el homicidio de un abogado mexicano y tres profesores universitarios venezolanos. En marzo de 1990, Norma Sapién había recibido varias amenazas de muerte que, según creía, procedían de agentes de la policía judicial local.


Su homicidio se produjo la víspera de las conversaciones preliminares entre México, Estados Unidos y Canadá para la firma del Tratado de Libre Comercio (North American Free Trade Agreement, nafta). El clamor general que suscitó su muerte obligó al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes para mejorar su imagen pública en relación con los derechos humanos. El presidente Salinas prometió acabar con los abusos en México y con la impunidad de que gozaban los responsables. El gobierno constituyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) y aprobó medidas jurídicas y administrativas destinadas a la prevención de violaciones de derechos humanos.


Aun así, continuaron perpetrándose violaciones de derechos humanos prácticamente de forma invariable. El hecho de que los abusos hayan continuado pese a mejoras legislativas y administrativas como la creación de la cndh y de comisiones oficiales de derechos humanos en todos los estados, ha alimentado la sospecha de que el compromiso con los derechos humanos expresado por el gobierno era simplemente un ejercicio de relaciones públicas. El creciente número de agresiones contra defensores de los derechos humanos vendría a confirmar esta idea.


Uno de los primeros cometidos de la cndh fue investigar el asesinato de Norma Corona Sapién, dar a conocer sus conclusiones y hacer recomendaciones a las autoridades competentes; la cndh no está capacitada para entablar procesos. Varios agentes policiales, entre ellos un alto oficial de la policía judicial federal, fueron arrestados y acusados del asesinato, aunque las investigaciones fracasaron por culpa de graves irregularidades, como la obtención de confesiones mediante tortura. El jefe de la policía judicial continúa encarcelado en espera de sentencia pese a la falta de pruebas que lo vinculen al asesinato. Según la legislación mexicana, los tribunales deben dictar sentencia en el plazo máximo de un año a partir del arresto. Esto ha provocado acusaciones de que algunos de los arrestados podrían ser chivos expiatorios.


La impunidad que rodea a los autores de amenazas y agresiones contra defensores mexicanos de los derechos humanos es un problema muy grave. Las autoridades niegan toda responsabilidad en los abusos, pero no investigan los casos hasta el final ni penalizan a los responsables.


La ausencia de medidas eficaces por parte de las autoridades ha ocasionado un empeoramiento de la situación de los derechos humanos en México. Desde que el presidente Zedillo Ponce de León tomó posesión de su cargo en diciembre de 1994, Amnistía Internacional ha documentado más informes de amenazas contra defensores de los derechos humanos que en ninguna otra época de las tres décadas que lleva investigando las violaciones de derechos humanos en el país. Y prácticamente en ninguno de esos casos han comparecido los perpetradores ante un tribunal.



Amenazas, agresiones e intimidación en aumento


En noviembre de 1995, Amnistía Internacional organizó en Ciudad de México una reunión con organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos procedentes de diversas regiones de México. Durante la reunión quedó de manifiesto que prácticamente todas las organizaciones allí representadas habían sufrido en los últimos tiempos intimidación, amenazas e incluso ataques por motivo de su trabajo. Muchas no lo habían denunciado pública ni formalmente por creer que se trataba de hechos aislados. Muy al contrario, los participantes concluyeron que estaban siendo víctimas de una nueva, alarmante y progresiva pauta de abusos. Esto se confirmó en una reunión semejante organizada por Amnistía Internacional en Ciudad de México en junio de 1996.


Otro factor de esta pauta de abusos es la resistencia oficial a adoptar medidas eficaces cuando se presentan denuncias formales. La delegación de Amnistía Internacional que visitó México en noviembre de 1995 comprobó alarmada que algunos de los funcionarios entrevistados ponían en duda la credibilidad de las denuncias.


Hasta miembros destacados del clero implicados en labores de defensa de los derechos humanos han sido amenazados y agredidos. El 29 de junio de 1995, unos pistoleros abrieron fuego contra el obispo católico Arturo Lona Reyes, conocido defensor de los derechos humanos y presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac de Tehuantepec, Oaxaca. El obispo Reyes regresaba de una visita a las remotas comunidades indígenas zapotecas cuando efectuaron varios disparos contra su vehículo. Cinco individuos, según informes contratados por caciques locales, fueron detenidos por miembros de su comunidad. Cuatro de ellos están encarcelados en espera de que se presenten cargos en su contra.


Las autoridades aseguran que el motivo de la agresión fue el robo, pese a las amenazas de muerte formuladas contra el obispo Reyes en los días anteriores y el hecho de que los agresores no intentaron parar el vehículo en ningún momento y en cambio apuntaron directamente al obispo. Las protestas generales que sucedieron a los hechos obligaron a las autoridades a ofrecer la protección de guardaespaldas al obispo. A comienzos de septiembre de 1995, unos hombres no identificados intentaron sin éxito interceptar el vehículo del obispo ─tras haber que había recibido nuevas amenazas anónimas─ cuando se desplazaba por una región apartada. Las amenazas contra el obispo y otros miembros del Centro de Derechos Humanos Tepeyac cesaron tras una campaña internacional.


Don Samuel Ruiz, otro obispo católico, ha sufrido persecución por motivo de su trabajo en favor de los campesinos indígenas del estado de Chiapas. El obispo Ruiz está destinado en San Cristóbal de las Casas, donde ayudó a fundar la organización independiente Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de las Casas». También desempeñó un papel importante en las negociaciones de paz entre el gobierno mexicano y el ezln. A lo largo de los años, él y otros miembros de su diócesis que realizan actividades de derechos humanos han sido amenazados de muerte y agredidos por «guardias blancas» (pistoleros contratados), terratenientes locales e incluso funcionarios locales. El 19 de febrero de 1995, decenas de simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (pri, el partido en el poder) en San Cristóbal de las Casas se manifestaron ─aparentemente con el consentimiento oficial─ contra el obispo Samuel Ruiz. Gritaron insultos y amenazas de muerte y arrojaron piedras y otros objetos contra la puerta de la catedral. Pese a las garantías oficiales sobre la seguridad del obispo, las amenazas no han cesado. El 2 de agosto de 1996 escapó a un ataque de individuos no identificados que intentaron detener su automóvil cerca de la localidad de Chamula.


Entre los miembros de la diócesis del obispo Ruiz que han sufrido persecución por su trabajo en la defensa de los derechos humanos están tres sacerdotes católicos ─Loren Riebe, de Estados Unidos, Jorge Barón, de Argentina, y Rodolfo Izal, de España─ expulsados sumariamente de México tras ser arrestados arbitrariamente en junio de 1995. Los tres habían contribuido a promover el bienestar de los campesinos indígenas en sus respectivas parroquias. El padre Izal había ayudado a víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del ejército mexicano destacados en su comunidad de Sabanilla desde diciembre de 1994. El padre Riebe llevaba diecinueve años residiendo en Chiapas y habían formado a comunidades indígenas locales en técnicas de agricultura orgánica.


La decisión del gobierno de deportar a los sacerdotes se basó exclusivamente en acusaciones sin fundamento de caciques locales según las cuales habían participado en actividades políticas. El Artículo 33 de la Constitución de México permite a las autoridades expulsar a aquellos extranjeros que participen abiertamente en actividades políticas. Aunque su formulación no es muy precisa, normalmente el Artículo 33 se interpreta como aplicable a la participación de extranjeros en la política mexicana de partidos. Los tres sacerdotes han recurrido contra su deportación, pero a fecha de octubre de 1996 las autoridades no habían revocado su decisión.


El 5 de mayo de 1996, varios miembros más de la diócesis del obispo Samuel Ruiz y activistas del Centro de Derechos Indígenas A.C. destinados en la comunidad de San Jerónimo, municipio de Bachajón, tuvieron que huir de sus hogares tras un ataque de miembros de un grupo paramilitar conocido como Los Chinchulines. Los paramilitares están vinculados al pri local, que habían amenazado con matar al padre José Avilés, presidente del centro, y a otros sacerdotes y activistas de derechos humanos. Al día siguiente los paramilitares amenazaron a Rafael Vera, obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, cuando este intentó intervenir para poner fin a la violencia. Durante el ataque varias casas fueron incendiadas, y las víctimas no pudieron regresar a su comunidad hasta días después, tras los llamamientos nacionales e internacionales en su favor.


María Teresa Jardí, destacada abogada de derechos humanos, ha sido amenazada en varias ocasiones por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. En marzo de 1996, Héctor Gutiérrez Ugalde, colaborador del hijo de Teresa Jardí, doctor Julián Andrade Jardí, en sus investigaciones sobre cuestiones de derechos humanos, fue secuestrado por unos desconocidos en Ciudad de México. Le dieron una paliza brutal y le dijeron que iban a matar a Julián Andrade y a su madre por sus actividades. Las autoridades ofrecieron protección a Teresa Jardí, pero los responsables no han comparecido ante un tribunal. Al cabo de una semana, María Teresa recibió más llamadas telefónicas donde la amenazaban de muerte. En junio de 1996 fue víctima de una campaña de difamación en un periódico local, que publicó una serie de artículos amenazadores sobre Teresa Jardí y otros trabajadores de derechos humanos. Tras una causa por libelo, el director del periódico se disculpó formalmente ante Teresa Jardí. El periodista responsable de los artículos comunicó al fiscal que había recibido la información de manos de la Subdirección de Comunicación Social de Los Pinos, sede presidencial en Ciudad de México. Esta afirmación no se ha negado oficialmente.


El padre David Fernández, sacerdote jesuita y director del Centro de Derechos Humanos Augustín Pro Juárez (prodh), organización no gubernamental de Ciudad de México, fue amenazado de muerte en agosto de 1995 tras haber denunciado públicamente una campaña contra activistas comunitarios y de derechos humanos patrocinada por organismos oficiales, entre ellos la Coordinación Nacional de Seguridad Pública. Otros miembros del prodh han sido igualmente amenazados de muerte. El 10 de agosto de 1996, los abogados de derechos humanos Pilar Noriega y Digna Ochoa recibieron dilatadas amenazas de muerte en un comunicado anónimo enviado a la sede del prodh en Ciudad de México. El comunicado afirmaba que matarían a todos los colaboradores del prodh, empezando por las dos abogadas. El 23 de septiembre de 1996, ambas volvieron a ser amenazadas de muerte. Aparentemente, estas amenazas contra miembros del prodh están relacionadas con su trabajo en favor de 15 personas detenidas en febrero de 1995 en Yanga, estado de Veracruz, y Cacalomacán, estado de México. Las 15 fueron encarceladas al haber confesado su vinculación al ezln tras sufrir brutales torturas. Los responsables no han sido procesados.


Pilar Noriega fue nuevamente amenazada de muerte el 7 de octubre, cuando se dirigía a una reunión en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar información sobre tres ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el ejército mexicano en Chiapas en 1994. El 9 de octubre, Víctor Brenes, otro miembro del prodh, recibió amenazas anónimas de muerte contra él y su familia. En ellas, la exhibición de abundantes datos sobre la vida personal y profesional de las víctimas hacía sospechar labores de espionaje, como pinchazos telefónicos.


En marzo de 1996, Liliana Flores Benavídez, dirigente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicio El Barzón, A.C., que trabaja en la defensa de derechos sociales y económicos, empezó a recibir amenazas de muerte relacionadas con una campaña que había iniciado en Monterrey (estado de Nuevo León) tras aparecer en el periódico nacional Excelsior una lista con los nombres de decenas de activistas políticos y sociales ─entre ellos trabajadores de derechos humanos─ como implicados en actividades «subversivas». Parece ser que la lista fue elaborada por la Secretaría de Gobernación. A principios de julio de 1996, Liliana Flores Benavídez fue seguida y hostigada en repetidas ocasiones por varios desconocidos que, según se cree, eran agentes de policía, algunos de los cuales aparcaron frente a su oficina y su casa. El 9 de julio fue descubierta una bomba en su despacho de El Barzón en Monterrey. Dos miembros de la plantilla de El Barzón, Nancy Rodríguez Villareal y Marta Rodríguez Martínez, habían recibido amenazas de muerte la víspera del hallazgo de la bomba. Los responsables continúan en libertad.


Araceli Muñoz es activista de derechos humanos y pertenece a Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (acat), organización internacional con sede en Ciudad de México. El 30 de julio de 1996 recibió diversas amenazas de muerte debido a las actividades de acat en favor de José Nava Andrade, una de las muchas víctimas recientes de tortura brutal en el estado de Guerrero. Se trata de uno de los numerosos estados donde las fuerzas de seguridad intentan reprimir al Ejército Popular Revolucionario (epr), grupo armado de oposición que hizo su primera aparición pública en junio de 1996. Decenas de activistas campesinos y de derechos civiles han sido perseguidos por las fuerzas de seguridad en Guerrero y otros estados, como parte de una caza de brujas de las fuerzas de seguridad contra personas sospechosas de apoyar al epr. Un desconocido amenazó por teléfono con matarla a ella y a toda su familia si acat no ponía fin a su campaña en favor de José Nava Andrade.


Decenas de periodistas que informan sobre cuestiones cívicas o de derechos humanos han sido objeto de los ataques de las fuerzas de seguridad mexicanas. Por ejemplo, Fabiola Cancino de los Santos, periodista de Ciudad de México especializada en cuestiones de derechos humanos, fue amenazada de muerte por siete individuos fuertemente armados que irrumpieron en su domicilio el 5 de julio de 1996. Obligaron a todos los ocupantes de la casa a tumbarse en el suelo, incluido un bebé de dos años, y profirieron insultos contra Fabiola Cancino de los Santos. Dijeron que era una advertencia, y amenazaron con matarla si continuaba informando. Los responsables no han sido procesados.


El 17 de septiembre de 1996, Razhy González, director de la revista semanal Contrapunto, fue secuestrado en las inmediaciones del centro de Oaxaca por cuatro hombres fuertemente armados que, según se cree, eran agentes de policía. Estuvo dos días «desaparecido», durante los cuales fue torturado en un centro de detención clandestino e interrogado acerca de su trabajo. Antes de ponerlo en libertad, sus secuestradores lo amenazaron con su muerte y la de su familia.


El sacerdote jesuita Alfredo Zepeda y Concepción Hernández Méndez han sufrido amenazas y hostigamiento cada vez más frecuentes por su labor como miembros prominentes de la Agrupación de Derechos Humanos Xochitépetl y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, respectivamente. Ambas organizaciones tienen su sede en Huayacocotla, estado de Veracruz, y defienden la protección y promoción de los derechos humanos, casi siempre en favor de los depauperados campesinos de las comunidades indígenas otomí, nahuatl y tepehua de la región de Huasteca. Los terratenientes locales, que se han apoderado de grandes extensiones de tierra de los indígenas, han puesto en marcha una campaña de intimidación contra los trabajadores de derechos humanos de la región. En mayo de 1996 emprendieron una campaña de difamación en los medios de comunicación locales en la que acusaban a Alfredo Zepeda y a Concepción Hernández Méndez de asesinar a un cacique de la región y pedían represalias contra ellos. Aunque el 16 de mayo el obispo católico de la región condenó públicamente las falsas acusaciones y defendió su labor, Alfredo Zepeda y Concepción Hernández Méndez han seguido recibiendo amenazas de muerte anónimas.



Ejecución extrajudicial y «desaparición» de defensores de los derechos humanos


El homicidio de Norma Corona Sapién marcó el inicio de una campaña concebida para silenciar a destacados defensores de los derechos humanos. Mientras decenas de ellos han sido amenazados y hostigados, otros han pagado con su vida.


El 9 de junio de 1995 «desapareció» el doctor Abraham Polo Uscanga, ex juez. Horas más tarde su cadáver apareció en su despacho. Lo habían matado de un solo disparo en la nuca. El juez Abraham Polo Uscanga era miembro del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal y fue seleccionado como objetivo por sus críticas abiertas contra los abusos generalizados del poder judicial. En enero de 1994 lo habían amonestado por absolver a ocho personas falsamente acusadas de terrorismo, algunas de las cuales habían confesado mediante tortura. En marzo de 1995, Uscanga se negó a dictar órdenes de arresto contra dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de Auto-Transporte Urbano - Ruta 100 (sutaur-100, sindicato independiente constituido por conductores de autobuses y mecánicos del transporte público de Ciudad de México) por cargos presentados en 1991 que, según los informes, carecían de fundamento. Recientemente el sindicato había llevado a cabo acciones de protesta contra los planes del gobierno de privatizar el transporte en el Distrito Federal, y se cree que las autoridades persiguen a sus líderes para evitar nuevas acciones.


Uscanga dimitió de su puesto el 1 de abril de 1995 tras recibir presiones para que cambiara su resolución. Fue sustituido por un juez que al poco tiempo dictó órdenes de arresto contra los dirigentes de sutaur-100. Adalberto Loza Gutiérrez, Filemón Ponce Cerón, Eduardo Hernández Quiróz, Cristóbal Flores de la Huerta, Octaviano Sánchez Palma y Ricardo Barco, asesor jurídico del sindicato, fueron arrestados arbitrariamente el 8 de abril de 1995. El 13 de junio de 1995, otros seis sindicalistas de sutaur-100 fueron arrestados del mismo modo: Gabino Camacho, Ernesto Ávila, Eduardo Jauregui, Arcos del Razo, Jorge Núñez e Hilario Carabantes. Amnistía Internacional los adoptó como presos de conciencia.


Las agresiones contra Uscanga continuaron tras su dimisión. La noche del 27 de abril de 1995 fue secuestrado en una calle de Ciudad de México por hombres armados sin identificar. Lo obligaron a introducirse en un vehículo con los ojos vendados y lo condujeron a un vertedero de basura, donde fue golpeado y apuñalado con un cuchillo. Le interrogaron acerca de su filiación política y de las razones que le habían llevado a hacer públicas sus denuncias contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal. Le advirtieron que no hiciera más denuncias y lo dejaron en libertad esa misma noche. Como consecuencia de la agresión, Uscanga requirió tratamiento hospitalario. Uscanga hizo público lo ocurrido pese a las amenazas; según informes, volvió a ser amenazado anónimamente y hostigado. Uscanga acusó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal de ser el instigador de las amenazas y los ataques contra él.


La noche del 9 de junio de 1995, los familiares de Uscanga denunciaron su desaparición. Su cadáver, con un solo disparo en la nuca, apareció el 20 de junio en su despacho. Los responsables no han sido procesados.


El presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal dimitió semanas después del asesinato de Uscanga, pero su presunta participación en las agresiones no fue investigada. El proyecto oficial de privatizar el transporte público en Ciudad de México siguió adelante y los dirigentes sindicales continuaron en prisión hasta el 10 de julio de 1996, fecha en que salieron en libertad bajo fianza tras las crecientes protestas nacionales e internacionales.


Cuahutemoc Ornelas Campos se encuentra entre las varias decenas de periodistas que han sufrido persecución por denunciar violaciones de derechos humanos y corrupción por parte de las autoridades. «Desapareció» el 4 de octubre de 1995 en Torreón, estado de Coahuila, donde trabajaba como director de la revista informativa Adelante. Anteriormente había recibido amenazas de muerte por sus críticas abiertas contra las autoridades locales y estatales de Coahuila y Durango. Tras una campaña nacional e internacional en su favor en noviembre de 1995, las autoridades del estado nombraron un fiscal especial en noviembre de 1995 para que investigara el caso. Sin embargo, Cuahutemoc Ornelas Campos continúa «desaparecido».



Defensores de los derechos humanos encarcelados


Hay personas encarceladas por su postura en favor de los derechos humanos.


El general de brigada José Francisco Gallardo, preso de conciencia, se encuentra en una prisión militar desde su arresto el 9 de noviembre de 1993, tras publicar un artículo en el diario Forum donde criticaba los abusos perpetrados por miembros del ejército mexicano y pedía la creación de un defensor del pueblo sobre derechos humanos para las fuerzas armadas. Está encarcelado en el Campo Militar Número Uno, en las afueras de Ciudad de México. Fue acusado de varios delitos, entre ellos el de difamación. Aunque el tribunal desestimó los cargos, el ejército mexicano reaccionó presentando otros, lo que ha impedido su puesta en libertad.


Manuel Manríquez San Agustín, indígena otomí, lleva encarcelado desde junio de 1990. Fue arrestado arbitrariamente y torturado por miembros de la policía judicial del Distrito Federal, que lo acusaron falsamente de asesinato. Él confesó el cargo tras ser sometido a tortura, pese a la falta de pruebas en su contra. Por aquel entonces Manuel no hablaba español y no tuvo acceso a un intérprete. Amnistía Internacional cree que la policía lo eligió por su condición étnica y socioeconómica (no hablaba español y carecía de recursos y relaciones para defenderse). El juez que actuó en la causa aceptó la confesión forzada como prueba de su culpabilidad, pese a las pruebas médicas de la tortura que se le había infligido. En 1991 fue condenado a veinticuatro años de cárcel. La sentencia se confirmó en la fase de apelación en 1992, aun después de que familiares de la víctima asesinada hubieron confirmado la inocencia de San Agustín y la cndh hubo emitido una declaración pública en la que certificaba la tortura que había sufrido. Uno de los implicados en el arresto arbitrario y la tortura de Manuel Manríquez San Agustín, miembro de la policía judicial del Distrito Federal, se encuentra encarcelado desde entonces en espera de juicio por el cargo de abuso de autoridad.


Manuel Manríquez San Agustín ha aprendido a hablar español y se ha convertido en un importante activista de la defensa de los derechos de personas encarceladas en México. En septiembre de 1991 fundó con otros presos la Comisión de Defensa Campesina e Indígena del Comité Ricardo López Juárez para vigilar y hacer campaña en favor de campesinos e indígenas encarcelados en todo México cuyos derechos han sido conculcados por el sistema de administración de justicia. En marzo de 1994 se interpuso un recurso de amparo en su favor ante el Tribunal Supremo de Justicia del Distrito Federal por el cual se impugnaba la legalidad de la sentencia contra él. El recurso fue desestimado por el tribunal en septiembre de 1994. Este fallo fue recurrido en octubre de 1994 y el recurso de apelación rechazado en enero de 1996.


Fortino Mendoza, José Carrillo Conde y Gerardo Demesa Padilla son miembros prominentes del Comité de Unidad Tepozteca (CUT), organización de derechos civiles que se opone a un importante proyecto de desarrollo turístico ─que incluye un campo de golf─ en su comunidad del estado de Morelos. El proyecto está patrocinado por el gobierno central del estado, algunos de cuyos miembros tienen vínculos, según informes, con los inversores privados del proyecto. La población de Tepoztlán, en gran medida compuesta por indígenas nahuatl, objeta que este proyecto multimillonario dañará el entorno y la herencia cultural de su comunidad y rechaza los planes del gobierno central de imponer el proyecto. Los tres hombres han sido acusados de matar a un partidario del proyecto en diciembre de 1995, pese al relato de testigos presenciales y a las pruebas periciales que apoyan sus declaraciones de inocencia.


La población de Tepoztlán ha sufrido una represión brutal por su oposición al proyecto del gobierno central. El 10 de abril de 1996, centenares de indígenas tepoztecos, entre ellos miembros del Comité de Unidad Tepozteca (cut), celebraron una manifestación pacífica para protestar contra el proyecto y reclamar la excarcelación de sus dirigentes. La policía estatal de Morelos dispersó violentamente la manifestación y causó lesiones graves a decenas de personas, entre las que había niños y mujeres de edad avanzada. Un miembro de la comunidad activista del cut, Marcos Olmedo Gutiérrez, resultó herido de un disparo efectuado por la policía, que a continuación se lo llevó del lugar. Su cadáver apareció al día siguiente con una herida de bala en la nuca. Aunque los informes indicaban la posterior destitución de varios miembros de la policía estatal, las autoridades no pusieron en manos de la justicia a los altos cargos que ordenaron el ataque contra los manifestantes pacíficos.


Mientras los tres líderes del cut continuaban encarcelados en Cuernavaca en espera de juicio, varios miembros de su comunidad fueron amenazados por las autoridades. Los días 1 y 2 de julio de 1996, Leticia Moctezuma Vargas, maestra y activista comunitaria, recibió amenazas de muerte anónimas. Sus hijas Nana Laura, de trece años, y Anel, de once, también fueron amenazadas. Las tres habían sido brutalmente golpeadas por la policía durante la manifestación del 10 de abril. Amnistía Internacional hizo campaña en favor de la excarcelación inmediata e incondicional de Fortino Mendoza, José Carrillo Conde y Gerardo Demesa Padilla, y solicitó el fin inmediato de las amenazas y el hostigamiento contra los habitantes de Tepoztlán. El 5 de octubre quedaron en libertad Fortino Mendoza Ortiz y José Carrillo Conde. Gerardo Demesa Padilla continuaba detenido en el momento de redactarse este documento.

IV. RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL



i) Recomendaciones a los gobiernos de América Central y México


Proteger a los defensores de los derechos humanos:


Los gobiernos deben reconocer públicamente la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos expuestos a sufrir abusos deben recibir la protección que estimen oportuna los amenazados. Las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares deben ser indemnizados.


Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los gobiernos de América Central y México para que garanticen íntegramente los siguientes derechos:


* Los gobiernos deben poner en práctica reformas jurídicas y administrativas para impedir que se coarten el trabajo y las actividades de los defensores de los derechos humanos en la protección y promoción de los derechos humanos.


* El derecho a defender las libertades y derechos fundamentales de otros seres humanos, además de los propios; el derecho a investigar las violaciones de estos derechos y libertades, y el derecho a oponerse a tales violaciones.


* El derecho a formar y afiliarse a grupos y asociaciones nacionales o internacionales para la defensa de los derechos humanos.


* El derecho a la información, el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión y comunicación de los defensores.


* El derecho a defender los derechos humanos en parte o en su totalidad y respecto de algunos o de todos los grupos o sectores que componen la sociedad.

* El derecho a obtener y utilizar los recursos humanos, económicos, técnicos y otros necesarios para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa de los derechos humanos.


* El derecho de los defensores a comunicarse libremente y por los medios que estimen adecuados con organismos nacionales o internacionales, tanto intergubernamentales como no gubernamentales.


* El derecho de los defensores a participar en actividades pacíficas destinadas a promover los derechos humanos.


* El derecho a usar las leyes y las instituciones del Estado para defender los derechos humanos y actuar ante éstas en representación de las víctimas.


* El derecho a defender los derechos humanos ya reconocidos y a propugnar el reconocimiento de nuevos derechos, más allá de cualquier consideración política, ideológica, filosófica o religiosa, tanto a nivel nacional como internacional.



Promover los derechos humanos


A fin de proteger y promover los derechos humanos, los gobiernos de América Central y México deben:


Reconocer públicamente la legitimidad e importancia del trabajo de los defensores de los derechos humanos.


Ofrecer pleno y activo apoyo político a los equipos de observadores que componen las misiones especiales de la onu y la oea establecidas para vigilar la transición del conflicto y la protección de los derechos humanos. Garantizar, mediante representación ante la onu y la oea, que estas misiones poseen los recursos, las competencias y el acceso a la información necesaria para cumplir eficazmente su mandato.


Promover junto con la onu la conclusión de una Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ofrezca un amplio y universal reconocimiento de los defensores y de la labor que realizan, y apoyar su posterior adopción por parte de la onu.



Acabar con la impunidad


Los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» o tortura deberán ser apartados inmediatamente de cualquier puesto de responsabilidad y de cualquier servicio que implique contacto con detenidos u otras personas expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos.


Todo miembro de las fuerzas de seguridad contra quien existan indicios de implicación en ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», tortura y malos tratos u otro tipo de violaciones de derechos humanos deberá ser procesado.


No habrá ningún estatuto de limitaciones para tales delitos, y este principio será siempre aplicado al margen del tiempo que haya podido transcurrir desde la comisión del delito. Los perpetradores no podrán beneficiarse de ninguna medida jurídica que los exima del procesamiento penal o la condena.


Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades de la cadena de mandos en las violaciones de derechos humanos y también las pautas de violaciones de derechos humanos además de casos particulares. Todo aquel que haya ordenado, cometido o encubierto violaciones de derechos humanos deberá ser procesado.


Los gobiernos pondrán especial empeño en la protección de familiares, testigos, abogados y periodistas que colaboren en las investigaciones de las violaciones de derechos humanos.



ii) Recomendaciones a la OEA


La Organización de los Estados Americanos (oea) debe reconocer la excepcional situación de los defensores de derechos humanos en la región y tomar medidas para garantizar la protección de sus derechos y su libertad de acción para realizar su importante labor.


En su próxima Asamblea General, la oea debe:



♦ comenzar la redacción de una Declaración Interamericana sobre la Protección de Defensores de los Derechos Humanos;


♦ reconocer públicamente la contribución de los defensores de los derechos humanos y las ong a la promoción y protección de los derechos humanos en la región, ofreciendo a las ong mayores posibilidades de acceso a la oea.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe analizar su función respecto a la promoción y protección de los derechos de defensores de los derechos humanos en la región, por ejemplo:


♦ incluyendo la situación de los defensores de derechos humanos como tema de discusión en sus visitas a Estados miembros de la oea;


♦ incluyendo un capítulo en su informe anual sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la región;


Además, la oea debe alentar a sus Estados miembros a apoyar firmemente la conclusión de una Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas asistiendo a la reunión del grupo de trabajo a principios de 1997 y, además, apoyando su adopción por parte de la onu.

1 Los Comités Voluntarios de Defensa Civil (cvdc), anteriormente conocidos como Patrullas de Autodefensa Civil (pac), son cuerpos auxiliares civiles de las fuerzas armadas. Tenían carácter obligatorio con anteriores gobiernos, y ahora son aparentemente voluntarios, aunque los informes recibidos indican que continúan los reclutamientos forzosos. Miembros de estos comités han sido acusados de perpetrar violaciones generalizadas de derechos humanos como «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales, tortura y hostigamiento. En muchos casos, los mismos que se negaban a participar en las patrullas fueron víctimas de sus abusos. En agosto de 1996 el gobierno anunció la desarticulación de los CVDC, si bien el decreto ley por el cual quedaron establecidos sigue formando parte de los códigos y prácticamente ninguno de sus miembros citados como autores de violaciones de derechos humanos ha sido procesado.

2 Los comisionados militares fueron desmovilizados en septiembre de 1995, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de marzo de 1994. Habían participado en numerosas violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos. Los grupos locales de derechos humanos temen que estos comisionados, que según la información recibida siguen armados, continúen actuando como civiles y que su disolución formal únicamente sirva como una amnistía de facto. Amnistía Internacional ha seguido recibiendo informes según los cuales ex comisionados militares continúan perpetrando violaciones de derechos humanos a las órdenes de las fuerzas armadas.

3 Informe de la experta independiente de la onu sobre Guatemala a la Comisión de Derechos Humanos de la onu, párr. 30, diciembre de 1995.

4 Párrafo 182 del quinto informe del director de la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (minugua), agosto de 1996.

5 Página 4 de la declaración del presidente de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la onu, del 19 de agosto de 1996.

6 Véase «Desapariciones» en Honduras: Un muro de silencio e indiferencia (Índice AI: AMR 37/02/92/s).

7 Ibíd., mayo de 1992.

8 Véase Honduras: Nuevas resoluciones sobre desapariciones; nuevos casos de desaparición (Índice AI: AMR 37/03/89/s), junio de 1989.

9 La coordinadora general de cofadeh, Berta Oliva, está casada con el líder sindicalista Tomás Nativí, que «desapareció» tras su detención en julio de 1981. Berta Oliva también había colaborado con el codeh.

10 Véase Honduras: Continúa la lucha contra la impunidad (Índice AI: AMR 37/01/96/s), marzo de 1996.