AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: AFR 59/002/2007 (público)

Servicio de Noticias: 157/2007

15 de agosto de 2007

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR590022007

Uganda: La propuesta de marco nacional para abordar la impunidad no exime al gobierno de su obligación de detener y entregar a los líderes del LRA a la Corte Penal Internacional

El 29 de junio de 2007, el gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), acusados ambos de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra cometidos contra el pueblo de Uganda durante el conflicto que se desarrolló en el norte de ese país, firmaron un acuerdo sobre rendición de cuentas y reconciliación con el presunto fin de establecer un marco para abordar la impunidad en Uganda.

Los informes indican que las negociaciones que tuvieron lugar durante la redacción del acuerdo se centraron de forma significativa en tratar de lograr la retirada de las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra cuatro destacados líderes del LRA, Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen, mediante la apertura de procesos nacionales alternativos. La Corte Penal Internacional ha acusado formalmente a estos hombres de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Aunque el acuerdo compromete a las partes a establecer "procedimientos de rendición de cuentas" y a proporcionar resarcimiento, Amnistía Internacional expresa su preocupación por ciertos aspectos del acuerdo, redactados de forma muy vaga, que podrían desembocar en última instancia en una denegación de la justicia y de un resarcimiento completo para las víctimas. Por ejemplo, el acuerdo prevé el establecimiento de "mecanismos de justicia alternativos" y de "penas alternativas" para crímenes graves, sin definir estos.

El acuerdo entre el LRA y el gobierno no es vinculante para la Corte Penal Internacional, cuyo objetivo principal es garantizar que se investigan los crímenes de esta gravedad y, cuando existan suficientes pruebas admisibles, que sus presuntos autores sean enjuiciados de forma imparcial y efectiva. Si la Corte declara culpable a un encausado, puede ordenar que proporcione resarcimiento a las víctimas y a sus familias.

Aunque el gobierno de Uganda podría decidir cuestionar la admisibilidad de los casos ante la Corte Penal Internacional basándose en su capacidad y voluntad de enjuiciar los crímenes en los tribunales nacionales, el Estatuto de Roma establece con claridad que la Corte Penal Internacional no remitirá sus casos a las autoridades nacionales si determina que esas actuaciones nacionales:

• se tramitarían con el fin de blindar a una persona de la responsabilidad penal o

• no se tramitarían con independencia o imparcialidad sino de un modo que, en tales circunstancias, sería contrario a la intención de hacer que esa persona responda de sus actos ante la justicia.

En las circunstancias actuales, en las que no ha habido un compromiso claro de enjuiciar realmente a los cuatro hombres en los tribunales penales ugandeses por los crímenes de los que están acusados formalmente por la Corte Penal Internacional, Amnistía Internacional sigue pidiendo que sean detenidos y entregados a la Corte Penal Internacional sin más dilación.

De hecho, Uganda carece de las leyes necesarias para enjuiciar estos crímenes en este momento, pues aún no se ha promulgado el proyecto de ley que permitiría la aplicación del Estatuto de Roma, al tipificar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra como delitos en la legislación ugandesa. Tampoco se han puesto en práctica todavía las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional hace tres años para que el proyecto de ley sea conforme a las obligaciones contraídas por Uganda en virtud del derecho internacional (véase Concerns about the International Criminal Court Bill 2004, Índice AI: AFR 59/005/2004, publicado el 27 de abril de 2004).

La detención y entrega de estos cuatro hombres a la Corte Penal Internacional seria totalmente consecuente con el compromiso del gobierno de rendir cuentas, contenido en el acuerdo. Además, posibilitar que la Corte Penal Internacional enjuicie los casos permitiría que el gobierno se centrara en el desarrollo de un sistema nacional efectivo para abordar los miles de crímenes más cometidos durante el conflicto.

El desarrollo de una legislación, unas políticas y unos procedimientos nacionales y efectivos para definir mejor el marco para abordar estos otros crímenes, tal como se estipula en el acuerdo, será fundamental para garantizar que las víctimas disfrutan de su derecho a la justicia, la verdad y la reconciliación. En concreto, Amnistía Internacional reitera su petición al gobierno de que garantice que se incorporan los siguientes elementos esenciales en una estrategia nacional para poner fin a la impunidad, que podría complementarse efectivamente con los mecanismos de justicia tradicionales propuestos:

• Garantizar que todos los responsables de delitos tipificados en el derecho internacional cometidos en el conflicto responden ante la justicia en los tribunales nacionales, haciendo así justicia para las víctimas y estableciendo un factor disuasorio efectivo para futuros crímenes.

• Establecer mecanismos efectivos para proporcionar un resarcimiento completo a las víctimas a fin de abordar su sufrimiento y ayudarlas a reconstruir su vida.

• Garantizar que los tribunales se ocupan de las personas que fueron reclutadas en su infancia por el LRA y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y que sirvieron como niños y niñas soldado de forma que se respeten plenamente las leyes y normas internacionales sobre justicia juvenil, teniendo en cuenta factores atenuantes como el secuestro y la coacción, y garantizando el resarcimiento, como parte de un programa general de rehabilitación y reintegración de niños soldado.

• Desarrollar mecanismos efectivos para determinar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto permitiendo que los afectados cuenten sus historias.

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