Document - SOUDAN (DARFOUR). Quel espoir pour l?avenir ? Les civils ont un besoin urgent de protection

[Fecha de embargo: 16 de diciembre de 2004]Público

Amnistía Internacional

Sudán

Darfur: ¿Qué esperanza queda en el futuro?

Los civiles necesitan protección urgente

			Resumen
Índice AI: AFR 54/164/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR541642004

A pesar de la atención que presta a Darfur la comunidad internacional en general, los desplazados y quienes viven todavía en las zonas rurales de la región siguen sin protección. La espiral de desplazamientos no parece tener fin: hay desplazados que han huido ya tres veces y siguen siendo atacados en los lugares donde buscan refugio, por lo que se ven obligados a huir una vez más en busca de seguridad. Los que viven en campos sufren las amenazas del gobierno y la policía, que, en vez de protegerlos, derriban con buldózer sus viviendas para expulsarlos. Los pocos que se atreven a regresar a sus hogares a menudo se ven obligados a volver a los campos de desplazados, porque se sienten vulnerables y sin protección contra las milicias. Incluso en los campos se denuncian cada día ataques a civiles, y las violaciones de mujeres no cesan.

La pasividad mostrada por el Consejo de Seguridad con respecto a Darfur en su reunión de noviembre, en la que dio prioridad al proceso de paz entre el norte y el sur de Sudán, ha sido interpretada por las partes en el conflicto como señal de que pueden continuar con sus ataques. El despliegue de la misión ampliada de la Unión Africana en Sudán (AMIS) está siendo lento; el personal sobre el terreno es de sólo 900 efectivos todavía, de los que sólo 15 son policías. Debido a ello, su presencia no ha contribuido aún a mejorar la seguridad de los civiles ni ha servido todavía para disuadir de efectuar ataques

En el presente informe se examinan cinco ejemplos de ataques contra civiles, efectuados en campos, poblados o ciudades durante o después de la firma de los protocolos humanitario y de seguridad entre el gobierno de Sudán y los grupos armados de oposición Ejército de Liberación de Sudán y Movimiento Justicia e Igualdad.

Amnistía Internacional insta a que se lleve a cabo con rapidez el despliegue de la AMIS ampliada en toda la zona, a fin de que pueda cumplir con más eficacia su mandato de protección de los civiles e investigación de las violaciones del derecho humanitario, y a que se preste a la AMIS un fuerte apoyo político para garantizar que se abordan los informes sobre tales violaciones.

No ha habido avances en el desarme de las milicias yanyawid. Los observadores de la Unión Africana deben cumplir plenamente su mandato de vigilar y verificar los esfuerzos del gobierno de Sudán por desarmar a las milicias que controla.

Amnistía Internacional pide asimismo que se aumente el número de observadores de derechos humanos de la ONU, que, aunque han podido hacer un seguimiento de muchos casos de detención y violación, ahora son sólo nueve para toda la región, que es inmensa.

Entre parte de la población civil y entre los desplazados internos existe una gran falta de confianza en la policía. Los desplazados no confían ni ella ni en las autoridades del gobierno. Amnistía Internacional pide que la policía establecida en octubre por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana quede adscrita a la policía sudanesa en todas las localidades para que sirva de presencia visible con que recuperar la confianza de los desplazados.

Este texto resume el documento titulado Sudán- Darfur: ¿Qué esperanza queda en el futuro? Los civiles necesitan protección urgente (Índice AI: AFR 54/164/2004), publicado por Amnistía Internacional el 16 de diciembre de 2004. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el documento completo. Encontrarán la información más reciente sobre Sudán en http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-esl. En el sitio web http://www.amnesty.orgencontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

[Fecha de embargo: 16 de diciembre de 2004]

Público

Amnistía Internacional

Sudán

Darfur: ¿Qué esperanza queda en el futuro?

Los civiles necesitan protección urgente

Diciembre de 2004

Índice AI: AFR 54/164/2004

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR541642004

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO

TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

ÍNDICE

Introducción 1

Adwa, Tuwal y Salakol: ataques del ejército y los yanyawida poblados, efectuados del 28 de noviembre al 5 de diciembre 2

Tawila: ataques del Ejército de Liberación de Sudán a la ciudad 2

Campo de Al Jeer: la policía sudanesa y los desplazamientos forzosos 3

Violaciones en el campo de Dereij 4

Kalma: ataques, detenciones e intimidaciones contra los desplazados 4

Recomendaciones 5

La protección de los desplazados: el gobierno no protege sus derechos 5

La misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) 7

Los observadores de derechos humanos de la ONU 8

La vigilancia y consolidación de la policía 9

El desarme de las milicias 10

La justicia y el fin de la impunidad 11

La necesidad de basar todo programa de protección en una estrecha consulta con la sociedad civil 11

Los ataques a organizaciones humanitarias 12

Conclusión 13

Sudán

Darfur: ¿Qué esperanza queda en el futuro? Los civiles necesitan protección urgente

Introducción

A pesar de la atención que presta a Darfur la comunidad internacional en general, los desplazados y quienes viven todavía en las zonas rurales de la región siguen sin protección. La espiral de desplazamientos no parece tener fin: hay desplazados que han huido ya varias veces y siguen siendo atacados en los lugares donde buscan refugio, por lo que se ven obligados a huir de nuevo en busca de seguridad. Los que viven en campos sufren las amenazas del gobierno y la policía, que, en vez de protegerlos, derriban con buldózer sus viviendas para expulsarlos. Los pocos que se atreven a regresar a sus hogares a menudo se ven obligados a volver a los campos de desplazados, porque se sienten vulnerables y sin protección contra las milicias. Incluso en los campos se denuncian cada día ataques a civiles, y las violaciones de mujeres no cesan.

Darfur sigue siendo una zona de conflicto armado. En septiembre y octubre pareció cambiar la naturaleza de los combates: los ataques parecían estar más relacionados con conflictos entre etnias. El bandidaje está muy extendido. Cada vez que se produce un ataque a una zona o a un convoy humanitario, la ONU declara las carreteras zonas prohibidas, y los convoyes de alimentos no pueden llegar a los grupos vulnerables que se encuentran fuera de las ciudades principales.

En noviembre y diciembre de 2004, inmediatamente después de la firma de los protocolos humanitario y de seguridad, se produjo una preocupante y peligrosa intensificación del conflicto: se renovaron los ataques de losyanyawid, las milicias apoyadas por el gobierno, contra poblados, en los que mataban a los habitantes y quemaban las viviendas, obligando a la población a desplazarse, y hubo más informes de bombardeos de las fuerzas aéreas sudanesas contra civiles. Los grupos armados de oposición también fueron responsables de violaciones del alto el fuego, incluidas infracciones del derecho internacional humanitario.

El 9 de noviembre, el gobierno de Sudán y los dos principales grupos armados, el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad, firmaron un protocolo humanitario y un protocolo de seguridad en Abuja, Nigeria, bajo los auspicios de la Unión Africana. El protocolo humanitario tiene muchas cláusulas en las que se destaca que las partes se comprometen a respetar un alto el fuego y a tomar todas las medidas necesarias para impedir todo ataque, amenaza, intimidación y cualquier otra forma de violencia contra los civiles por cualquier partido o grupo, incluidos los yanyawidy las demás milicias.

Sin embargo, la noche antes de la firma de los protocolos, la policía sudanesa golpeó a los desplazados de un campo de las proximidades de Nyala y utilizó gas lacrimógeno y balas para expulsarlos. Menos de dos semanas después, el Ejército de Liberación de Sudán atacó la ciudad de Tawila. Aunque el ataque parecía ir dirigido contra la comisaría de policía, provocó, junto con el contraataque de las fuerzas sudanesas, el desplazamiento de unas 4.000 personas, que huyeron de la ciudad y fueron después atacadas de nuevo y bombardeadas en los lugares donde habían buscado refugio. Dos semanas más tarde, los yanyawidatacaron poblados de Darfur Meridional

En el presente informe se examinan cinco ejemplos de ataques contra civiles, efectuados en campos, poblados o ciudades durante o después de la firma de los protocolos de Abuja el 9 de noviembre de 2004. Este tipo de ataques se producen todos los días. Es preciso aplicar de inmediato las recomendaciones formuladas en el informe para proteger a los civiles.

Adwa, Tuwal y Salakol: ataques del ejército y los yanyawida poblados, efectuados del 28 de noviembre al 5 de diciembre

Según las descripciones que se hacen de ellos, los miembros de las milicias apoyadas por el gobierno, o yanyawid, como los llaman los grupos agrícolas a los que atacan, van vestidos de uniforme o con túnica árabe. Al parecer, la mayoría se han incorporado ya a fuerzas gubernamentales paramilitares, como las Fuerzas Populares de Defensa (quwwat al-difa’ al-sha’bi). Los ataques a Adwa, Tuwal y Salakol revelan la reaparición de un tipo de ataques que eran característicos del conflicto en 2003.

Adwa es una localidad pequeña, de entre 7.000 y 8.000 habitantes, originalmente, situada unos 50 kilómetros al norte de Nyala y que acoge ahora a decenas de miles de desplazados de las zonas rurales. El 28 de noviembre de 2004, las fuerzas armadas del gobierno y los yanyawidse presentaron en la zona en vehículos 4x4 y se llevaron a 19 hombres de entre 21 y 86 años de los grupos étnicos daju y fur. No se sabe dónde están estos hombres ni si fueron detenidos o secuestrados. Sus familias y sus abogados han acudido a numerosos centros de detención, pero no han podido localizarlos. Se sabe que tanto el ejército sudanés como los yanyawidhan detenido a personas a las que mantienen recluidas en bases militares, pero sus abogados y sus familias no tienen acceso a ellas y no se dispone de información sobre quiénes son. En el caso de otras personas detenidas también por el ejército o los yanyawidy que también han "desaparecido", se teme que hayan sido ejecutadas extrajudicialmente.

Dos días más tarde, el 30 de noviembre, a las seis de la mañana, un gran fuerza de más de 600 hombres armados, pertenecientes, según, informes, al ejército y a los yanyawid, y que iban a caballo, en camello y en unos 20 vehículos, atacaron la ciudad. Robaron ganado y bienes y mataron a muchas personas. Al parecer, hubo entre 90 y 140 muertos. Según informes, unos observadores de la Unión Africana que sobrevolaron la zona inmediatamente después del ataque vieron alrededor de un centenar de cadáveres. A los que fueron a investigar el ataque al día siguiente, les dispararon, y un observador chadiano del alto el fuego fue alcanzado en el hombro derecho. Cuando la Unión Africana pudo por fin acceder a la zona, los observadores encontraron sólo 16 cadáveres, y posteriormente otros cuatro. Los habitantes del lugar dijeron que las fuerzas atacantes habían enterrado a los muertos para que los investigadores no los vieran. Huyeron millares de personas, la mayoría a las zonas vecinas controladas por el Ejército de Liberación de Sudán en torno a Duma y Juruf. El personal de la ONU que entrevistó a los huidos fue informado de que en el ataque habían violado a 17 mujeres. La ciudad está ahora desierta..

A la semana siguiente, el domingo 5 de diciembre, fueron atacadas dos zonas. Hacia las siete de la mañana, los yanyawidatacaron un grupo de poblados de la zona de Tuwal, unos 100 kilómetros al sur de Nyala, entre ellos Tuwal Ball, Labli, Saada, Bulbul y Umm Balula. Murieron 18 personas, todas ellas civiles, se cree, y en algunos poblados fueron incendiadas todas la viviendas. La población huyó, y los poblados están ahora desiertos.

El mismo día, hacia las seis de la mañana, los yanyawidatacaron el poblado de Salakol (o Saglakoyol), situado a unos 15 o 20 kilómetros de Niyertiti, en la zona septentrional de Jebel Marra. Mataron a 17 personas, todas las cuales eran, al parecer, civiles y entre las que había 5 mujeres; quemaron viviendas y robaron bienes. Según informes, los habitantes del poblado decidieron quedarse en él a pesar de haber sido incendiado.

Tawila: ataques del Ejército de Liberación de Sudán a la ciudad

Tawila es una ciudad tristemente famosa desde que el ejército y los yanyawidla atacaron el 28 de febrero de 2004 y violaron en grupo a decenas de mujeres y niñas, a muchas de éstas en sus colegios. En noviembre, parte de su población original había regresado y, como en todas las ciudades, se habían sumado a ella millares de desplazados de las zonas rurales. El 22 de noviembre, la ciudad fue atacada de nuevo, en esta ocasión por el Ejército de Liberación de Sudán. No se conocen bien las causas del ataque, que se produjo menos de 15 días después de haber firmado este grupo el acuerdo humanitario por el que se comprometía a respetar el alto el fuego de abril de 2004 y a no atacar a civiles. Los líderes del Ejército de Liberación de Sudán han afirmado que fue por rabia, ante la tibieza de la resolución 1574 del Consejo de Seguridad sobre Darfur,(1) y en respuesta a los ataques del gobierno a los desplazados del campo de Kalma. Sin embargo, el Programa Mundial de Alimentos ha dicho que, entre el 18 y el 19 de noviembre, se produjeron escaramuzas entre fuerzas del grupo de oposición y del gobierno en torno al mercado de la ciudad.

El Ejército de Liberación de Sudán centró su ataque en las comisarías de policía de la ciudad, matando a 22 agentes, pero los informes indican que resultaron muertos también un número no determinado de civiles, entre ellos un médico de hospital al que, al parecer, hirieron y dejaron morir desangrado. Las fuerzas armadas sudanesas enviaron un avión Antonov que arrojó 36 bombas, una de ellas a 50 metros de un centro de distribución de alimentos de la organización de ayuda humanitaria Save the Children. La Unión Africana sacó de la ciudad por vía aérea a 45 trabajadores humanitarios. El Ejército de Liberación de Sudán se marchó de allí al día siguiente, tras lo cual volvieron las fuerzas del gobierno, pero, según informes, no se permitió la entrada a los observadores de la Unión Africana hasta varios días más tarde.

Más de 40.000 desplazados que habían buscado refugio en Tawila huyeron a las localidades vecinas. Unos 16.000 marcharon a Thabet, donde se produjeron combates entre el 7 y el 8 de diciembre, por lo que tuvieron que huir de nuevo. Más de 11.000 se dirigieron a Abu Shouk, campo de desplazados próximo a Al Fasher. Los habitantes de Janjonat y Tabiba, poblados próximos a los montes de Kossa, unos 15 kilómetros al norte de Tawila, fueron atacados por los yanyawidel 28 de noviembre, y unos 1.500 desplazados huyeron a Saraf Aya. Allí tuvieron que huir de nuevo, porque los ataques de las fuerzas del gobierno los obligaron a salir del poblado, al igual que a la organización de ayuda humanitaria Médecins sans Frontières. Por consiguiente, las repercusiones del ataque del Ejército de Liberación de Sudán a Tawila duraron semanas. No sólo afectaron a las 40.000 personas que acabaron huyendo de un lugar a otro, sino que, además, unos 300.000 desplazados no pudieron recibir ningún alimento debido a la inseguridad reinante en toda la zona. Tres semanas después del ataque, aunque los observadores de la Unión Africana crearon patrullas de 24 horas para "devolver la confianza", muy pocos de los demás desplazados que había en la ciudad habían regresado a ella.

Campo de Al Jeer: la policía sudanesa y los desplazamientos forzosos

La policía ha expulsado a los desplazados internos de muchos campos, donde ha demolido sus viviendas para obligarlos a marcharse. El gobierno sudanés suele afirmar que estas operaciones se han planificado, pero en casi todos los casos se llevan a cabo haciendo uso de la fuerza y en plena noche. El 2 de noviembre, a las tres de las madrugada, 100 policías atacaron el campo de Al Jeer, en Nyala, donde golpearon a centenares de desplazados a los que, según informes, agredieron y amontonaron en 15 camiones para llevarlos a otro campo, Al Sherif, situado a varios kilómetros. Otros desplazados que se quedaron en Al Jeer huyeron a la ciudad de Nyala.

El 3 de noviembre, tras el primer ataque al campo de Al Jeer, el representante especial del secretario general de la ONU para Sudán, Jan Pronk, señaló: "El gobierno ha dicho a los desplazados internos que esto se está haciendo en estrecha consulta con la ONU y con organizaciones no gubernamentales, y no es así. Es una violación flagrante del derecho internacional humanitario y de los acuerdos alcanzados con el gobierno sobre las modalidades de retorno y reasentamiento. Tiene que parar no sólo en El Geer, sino también como política, y se debe llevar de nuevo a la gente al lugar de donde se la ha obligado a salir" [traducción no oficial].

Durante la noche del 10 de noviembre se produjeron dos ataques más al campo de Al Jeer: uno, poco después de medianoche, y el otro, a las cinco de la mañana. La policía, en número suficiente para llenar cuatro vehículos, efectuó disparos al aire y arrojó gas lacrimógeno en algunas tiendas. Golpeó a decenas de personas, a la vez que les decía que tenían que marcharse del campo. El jefe adjunto del campo, jeque Taher Hassaballah, fue golpeado y detenido. La policía procedió luego a demoler las viviendas con buldózer, haciendo caso omiso de las protestas de los representantes de la ONU, la Unión Africana y las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria presentes durante el ataque. También disparó contra periodistas. Al menos 33 desplazados quedaron bajo custodia, así como un periodista estadounidense. Los desplazados recibieron fuertes palizas antes de ser puestos en libertad bajo fianza, acusados de "delitos contra el Estado". Se ignora si se confirmarán los cargos presentados contra ellos. A pesar de las protestas de Jan Pronk por el primer ataque, las autoridades sudanesas no vacilaron en repetir la incursión en el mismo campo delante de los medios de comunicación internacionales.

Violaciones en el campo de Dereij

El campo para desplazados internos de Dereij se encuentra a cuatro kilómetros de Nyala, capital del estado de Darfur Meridional. El proximidad de la ciudad, donde hay organizaciones de ayuda humanitaria y observadores internacionales, no supone una mejor protección para los desplazados. El 30 de noviembre, siete mujeres y niñas, una de las cuales estaba embarazada, salieron a buscar leña a un lugar situado dos kilómetros al norte del campo. Posteriormente dijeron que habían sido agredidas por un grupo de miembros de las milicias vestidos de uniforme, que las golpearon en el pecho y en la cabeza con las culatas de sus armas. Luego las desnudaron. Llevaron a tres de ellas una choza abandonada, donde las violaron. Las otras cuatro escaparon y regresaron al campo. Las siete solicitaron atención médica en la organización no gubernamental sudanesa Centro Amal para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura. La mujer embarazada abortó, debido al parecer a las graves lesiones sufridas durante la agresión. Tanto ésta como las violaciones se denunciaron en el policía de Nyala.

A pesar de este ataque, no se ha hecho nada para mejorar la seguridad de los desplazados del campo. El 2 de diciembre, ocho mujeres, incluidas dos niñas de 10 y 11 años, que salieron a buscar leña fueron agredidas por miembros, según informes, de las milicias yanyawid. Todas ellas recibieron fuertes palizas y fueron violadas. Recibieron atención médica en el Centro Amal. A instancias de las víctimas, los abogados del Centro informaron de la agresión a la policía, pero ésta se negó a abrir un expediente. Las ocho mujeres fueron llevadas luego al hospital de Nyala para que las examinaran, pero allí no quisieron atenderlas por carecer del impreso número 8 de la policía.(2)

Kalma: ataques, detenciones e intimidaciones contra los desplazados

Situado 15 kilómetros al sur de Nyala, Kalma es un inmenso campo de desplazados internos, al que continúan acudiendo numerosas personas en busca de refugio, por lo que su población aumenta constantemente. Las ONG que trabajan allí calculan que acoge a unos 100.000 desplazados. Los terrenos donde se asienta son privados, lo que hace temer que, en cualquier momento, las fuerzas de seguridad sudanesas utilicen esta circunstancia como excusa para expulsar de la zona a los desplazados. Ya ocurrió así en el campo de Al Meshtel, cerca de Al Fasher, la noche previa a la visita del secretario general de la ONU, Kofi Annan, a Darfur, así como en el de Al Jeer.

Desde que se abrió Kalma, la policía ha sometido continuamente a hostigamiento a los desplazados acogidos allí. La situación ha sido a menudo muy tensa. En julio y agosto, un grupo de desplazados lincharon a un árabe que asistía a un cursillo sobre ayuda humanitaria, acusándolo de haber participado en ataques contra poblados. Los residentes del campo han protestado a menudo, a veces con violencia, contra los intentos de hacerlos regresar por la fuerza o con sobornos a sus lugares de origen a pesar de que no les parecían seguros. Gran numero de ellos han sido detenidos, y muchos han recibido palizas dentro y fuera de la comisaría policía de Nyala.

Al hacerse la situación cada vez menos segura, millares de nuevos desplazados han huido a Kalma. Las autoridades del gobierno sudanés consideran que el campo es ya demasiado grande y han aumentado su presión sobre los residentes para hacerlos regresar a sus hogares. En determinado momento detuvieron a cuatro jeques, diciéndoles: "quien intente impedir los retornos recibirá un disparo". La noche del 13 al 14 de noviembre, la policía disparó contra desplazados del campo en Nyala, hiriendo al menos a seis, incluido un bebé de ocho meses, y matando, según informes, a dos: Ishaq Musa Adam Harun, de 15 años, y Adam Abdel Aziz, de 32. Justificó los disparos afirmando que iban dirigidos contra rebeldes infiltrados en el campo.

Diez días más tarde, entre el 21 y el 22 de noviembre, el puesto de policía de Kalma sufrió un ataque de simpatizantes, según informes, del Ejército de Liberación de Sudán que había en el campo. Murieron cuatro agentes y tres de los atacantes. A raíz del ataque, la policía y las fuerzas de seguridad detuvieron a tres grupos de desplazados –de 28, 9 y 5 personas, dos de ellas niños, respectivamente–, todas los cuales fueron acusados de diversos delitos, penados en algunos casos con la muerte, como asesinato, "guerra contra el Estado" e "incitación a la rebelión". Los desplazados detenidos dijeron a los abogados que fueron a visitarlos a prisión que les habían atado de pies y manos y les habían golpeado brutalmente para obligarlos a confesar los homicidios de los agentes de policía. Explicaron que éstos se habían producido como consecuencia de un tiroteo entre policías provocado por una disputa. Excepto siete de ellos, todos estos desplazados quedaron en libertad bajo fianza

Recomendaciones

Existen claras normas de derecho convencional y consuetudinario sobre la conducta de hostilidades, que prohíben ciertos medios y métodos de guerra. Estas normas tienen por objeto brindar la mayor protección posible a los civiles. Desde el 23 de septiembre de 1957, Sudán es Alta Parte Contratante en los Convenios de Ginebra de 1949, en cuyo artículo común 3 se exponen las normas mínimas que regulan todos los conflictos, incluso en "caso de conflicto armado que no sea de índole internacional". Dicho artículo prevé la protección de la personas que no participen directamente en las hostilidades,(3) y prohíbe "los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas", y las ejecuciones sin ciertas garantías judiciales. Los Convenios de Ginebra prohíben también la destrucción y el robo de medios de vida y bienes civiles.

Todas las partes en el conflicto de Darfur –las fuerzas armadas del gobierno, sus fuerzas paramilitares, las milicias aliadas con él y los grupos armados de oposición– siguen siendo responsables de infracciones de dichas normas. La magnitud y gravedad de los abusos cometidos en la región, que Amnistía Internacional ha calificado de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han llevado a Darfur a varios agentes internacionales, cada uno de los cuales contribuye a la protección de los civiles. Las recomendaciones formuladas a continuación van dirigidas a las partes en el conflicto y a la comunidad internacional. Amnistía Internacional insta a que se adopten y apliquen en su totalidad estas recomendaciones a fin de mejorar la protección de los civiles en Darfur.

La protección de los desplazados: el gobierno no protege sus derechos

El gobierno de Sudán no sólo no ha cumplido su responsabilidad primaria de proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos, sino que también ha continuado atacándolos, como demuestran los ejemplos expuestos anteriormente. Los desplazados proceden de poblados agrícolas. Pero les han robado todo: el ganado, las reservas de alimentos y los bienes. El principal responsable de esta devastación es el gobierno de Sudán, que ha financiado, armado y acompañado a las milicias nómadas encargadas de expulsar a los agricultores de sus tierras, cometiendo homicidios y violaciones de mujeres, hasta dejar vacías extensas zonas rurales. Los aviones del gobierno continúan bombardeando a civiles.

Se calcula que, en diciembre de 2004, 1,65 millones de habitantes de Darfur vivían desplazados dentro de la región, 200.000 habían huido a Chad y decenas de miles se habían marchado a Kordofan o a otras partes de Sudán. Otros se han asentado temporalmente en ciudades o pueblos o viven en precarias condiciones en el monte, alimentándose de semillas y frutas silvestres. Muchos desplazados han buscado refugio en comunidades que les han acogido en las grandes ciudades, pero algunas de éstas comunidades, sumidas también en la pobreza debido a esta carga suplementaria, han tenido que refugiarse igualmente en campos.

La mayoría de los desplazados de Sudán esperan regresar finalmente a su hogares, pero les disuade el convencimiento de que ya no hay seguridad en sus lugares de origen. Algunos están dispuestos a marcharse de Sudán para buscar seguridad en otro sitio. Un desplazado del campo de Riyad, en Al Yeneina, explicó lo siguiente a Amnistía Internacional: "Esperaremos unos meses más, y si no hay seguridad en Darfur nos iremos a Chad". Asimismo, cabe la posibilidad de que algunos de los habitantes de Darfur acogidos en los campos de refugiados y desplazados, especialmente los jóvenes, enojados por los homicidios, violaciones y desplazamientos y sin esperanzas claras para sí mismos, se unan a grupos armados, lo que daría lugar a nuevos combates. El riego de que se intensifiquen los abusos contra los derechos humanos es muy real.

De acuerdo con el derecho internacional, los refugiados y los desplazados internos tienen derecho a regresar a sus hogares o lugares de residencia habitual. Asimismo, les asiste el derecho a solicitar asilo y a recibir protección contra la devolución (refoulement). Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de la ONU,(4) disponen que entre los derechos de los desplazados internos figuran: el derecho a no ser obligados a regresar o a reasentarse en una zona donde su vida, seguridad, libertad o salud corran peligro, y el derecho a la libertad de circulación, que incluye poder salir libremente de los campos y demás asentamientos. El derecho a la libertad de circulación se halla también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Sudán ratificó en 1986.

· Todas las partes en el conflicto deben contraer públicamente el compromiso de respetar el derecho internacional humanitario y de derechos humanos en Sudán, en particular absteniéndose de efectuar ataques directos o indiscriminados contra civiles o bienes civiles. Deben explicar claramente a todos los combatientes bajo su control que no deben matar a civiles ni cometer violaciones ni ninguna otra forma de violencia sexual contra las mujeres.

· El gobierno de Sudán debe prestar la debida protección a todas las personas desplazadas dentro del país sin discriminación y de acuerdo con las normas internacionales pertinentes.

· El gobierno de Sudán debe detener de inmediato todo intento de las fuerzas armadas sudanesas, las milicias apoyadas por él o la policía de desplazar o reasentar por la fuerza a personas obligándolas a abandonar sus hogares o los campos de desplazados internos en los que hayan buscado refugio.

· La meta final alcanzable en materia de derechos humanos para resolver la crisis de Darfur debe seguir siendo el regreso seguro, voluntario y sostenible de todos los desplazados internos a sus hogares. Se debe permitir a los desplazados tomar de manera independiente, voluntaria y fundamentada la decisión de regresar. No debe tener lugar ningún regreso mientras no se establezcan mecanismos para la vigilancia del trato que reciben los desplazados a su regreso por un organismo competente e independiente y de acuerdo con las normas internacionales. No se debe impedir a los desplazados con medidas de fuerza o coacción trasladarse a otra parte del país en busca de refugio o, de hecho, a otro país para solicitar asilo.

La misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS)

Hasta que el gobierno de Sudán respete los derechos humanos de su pueblo, la protección de la población recaerá en gran medida en fuerzas externas de vigilancia y mantenimiento de la paz.

Desplegada en Al Fasher en junio de 2004, la comisión de alto el fuego de la Unión Africana, formada por 60 agentes, protegidos posteriormente por una fuerza de 350 soldados de Nigeria y Ruanda fundamentalmente, se ocupa de vigilar las violaciones del alto el fuego. El mandato de los observadores del alto el fuego se limitaba inicialmente a informar de las violaciones del acuerdo humanitario de alto el fuego del 8 de abril de 2004 –que incluye el compromiso de no atacar a los civiles–, firmado por el gobierno de Sudán, el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad en N’Djamena, Chad. El gobierno de Sudán, al aceptar a la fuerza de la Unión Africana, manifestó claramente que consideraba que el mandato de ésta no incluía proteger a los civiles.(5)

Sin embargo, el Acta Constituyente de la Unión Africana dispone que uno de los objetivos de ésta será promover y proteger los derechos humanos de los pueblos de conformidad con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos pertinentes (artículo 3.h). Asimismo, su artículo 4.h establece que uno de los principios de la Unión Africana es su derecho a intervenir en un Estado miembro por decisión de la Asamblea en ciertas circunstancias graves, a saber: crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.

El 27 de julio, en su 13ª reunión, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana solicitó al presidente de la comisión de alto el fuego que presentara un informe sobre la situación en Darfur y sobre el modo de mejorar la eficacia del la AMIS, incluida la posibilidad de transformar totalmente ésta en una operación de mantenimiento de la paz.(6) Tras una reunión del Consejo del 20 de octubre de 2004, la Unión Africana anunció que aumentaría su personal en Darfur a 3.320 efectivos –450 observadores, 2.341 militares y 814 policías–. El mandato de esta fuerza ampliada se ha reforzado de manera que incluya vigilar y verificar que se crean condiciones de seguridad para el regreso de los desplazados internos y que hay también seguridad en las proximidades de los campos de desplazados; servir de presencia militar visible por medio de patrullas para disuadir a los grupos armados incontrolados de cometer actos hostiles contra la población; vigilar y verificar los esfuerzos del gobierno de Sudán por desarmar a las milicias bajo su control, y observar, vigilar e informar de la prestación efectiva de servicio por la policía local. Asimismo, su mandato incluye la protección de los civiles en ciertas circunstancias, a saber: la Misión de la Unión Africana en Sudán "protegerá a los civiles que encuentre bajo amenaza inminente y en las inmediaciones, al alcance de sus recursos y capacidad, entendiéndose que la protección de la población civil es responsabilidad del gobierno de Sudán".(7)

Hasta ahora, la AMIS ha investigado numerosas violaciones del alto el fuego de las que ha tenido noticia, incluidos ataques contra civiles, y ha elaborado informes sobre ellas. Sus investigadores van acompañados de observadores del gobierno de Sudán, el Ejército de Liberación de Sudán, el Movimiento Justicia e Igualdad y Chad, y cuentan también con asesores de la Unión Europea y Estados Unidos. Antes de la entrega de los informes de violaciones del alto el fuego al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en Addis Abeba, Etiopía, y a la comisión conjunta de alto el fuego, el gobierno, el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad disponen de dos semanas para hacer comentarios Por tanto, los autores de violaciones del alto el fuego mencionados en los informes a menudo reprimen la información sobre tales violaciones. La AMIS formula importantes recomendaciones en sus informes, pero ni la Unión Africana ni el Consejo de Seguridad de la ONU hacen un seguimiento de ellas.

El mandato del 20 de octubre autoriza a la AMIS a proteger a los civiles "bajo amenaza inminente y en las inmediaciones" y "al alcance de sus recursos y capacidad". Es evidente que a fin de brindar protección efectiva es necesario que se lleve a cabo el despliegue acordado de más personal y que se dote a la misión de los medios adecuados. Asimismo, hay que tener la voluntad de cumplir el mandado. Cuando, el 10 de noviembre, la policía sudanesa atacó y golpeó a los desplazados del campo de Al Jeer, utilizando contra ellos gas lacrimógeno y balas de goma, el personal de la AMIS que llegó al campo se vio incapaz de hacer nada.

Según informes, en diciembre, tras los ataques del Ejército de Liberación de Sudán a Tawila y de las fuerzas gubernamentales y los yanyawida Adwa, la AMIS explicó claramente al gobierno de Sudán que entraría en acción si veía a civiles en peligro. Asimismo, amplió sus actividades de vigilancia, estableciendo patrullas de 24 horas en zonas, como Tawila, que consideraba vulnerables, con el fin, hasta entonces apenas alcanzado, de persuadir a la población para que regresara.

· La AMIS debe cumplir plenamente su mandato de proteger a los civiles y garantizar que el gobierno y los grupos armados saben que lo hará siempre que se ataque a civiles.

· Se debe aumentar el número de efectivos de la AMIS y proporcionarle logística suficiente para que pueda desplegarse con rapidez en todos los distritos de Darfur.

· La AMIS debe investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos cometidas por las fuerzas del gobierno y los grupos armados. Ha de poder publicar sus informes de manera independiente, sin necesidad de la aprobación del gobierno, el Ejército de Liberación de Sudán o el Movimiento Justicia e Igualdad.

· El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y el Consejo de Seguridad de la ONU, así como gobiernos extranjeros, deben hacer un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la AMIS sobre violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. La comunidad internacional debe tomar medidas concertadas contra las partes responsables de tales violaciones en caso de no aplicación de las recomendaciones de la AMIS. La comunidad internacional debe prestar apoyo político a la AMIS.

· Todas las fuerzas de la Unión Africana destinadas a Darfur deben recibir formación adecuada, especialmente en derecho internacional humanitario y de derechos humanos, antes de ser desplegadas. Han de establecerse una directrices claras que rijan su conducta y mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas con los que investigar las denuncias.

Los observadores de derechos humanos de la ONU

El acuerdo del 3 de julio de 2004 entre Kofi Annan, secretario general de la ONU, y el gobierno de Sudán hizo posible el envío a Darfur de observadores de derechos humanos dependientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estos observadores han visitado campos de desplazados internos y realizado seguimientos e investigaciones de denuncias de violencia contra civiles, violación y otras formas de violencia sexual, hostigamiento y detención. Han visitado a personas detenidas, llegando en ocasiones a conseguir su libertad, y han hablado de casos de violación de derechos humanos con las autoridades sudanesas. El equipo de observadores elabora un informe mensual, que se presenta, resumido, en un declaración pública del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se utiliza en declaraciones publicas de funcionarios de la ONU, pero que, por lo demás, no se hace público.

Está previsto duplicar el número actual de observadores, que era de nueve en diciembre de 2004, y es probable que se aumente de nuevo posteriormente. De momento, su capacidad para investigar violaciones de derechos humanos se ve obstaculizada por las restricciones de la ONU en materia de seguridad. Por ejemplo, los observadores no pudieron viajar a Adwa ni a Tawila después de los ataques a estas localidades, porque la ONU declaró ambas zonas no seguras para el acceso de su personal.

· Se debe aumentar el número de observadores de la ONU de manera que haya al menos cuatro en cada provincia afectada de Darfur.

· Se debe prestar a los observadores apoyo logístico suficiente para realizar su trabajo. Deben trabajar en estrecha colaboración con los observadores de la Unión Africana, pero no bajo su control. Han de poder contar con escolta de la Unión Africana para protegerlos si viajan a zonas con problemas de seguridad.

· La ONU debe insistir en que los observadores de derechos humanos han de poder visitar todos los centros de detención de Darfur.

· Los informes de los observadores de derechos humanos de la ONU deben hacerse públicos, y la comunidad internacional debe tomar medidas contra las fuerzas que, de acuerdo con ellos, hayan cometido violaciones de derechos humanos.

La vigilancia y consolidación de la policía

El gobierno sudanés está menoscabando el respeto de la ley y no está protegiendo a su pueblo. En todo el mundo, la función de la policía consiste en hacer respetar la ley y reforzar la seguridad de la población. Sin embargo, durante los ataques y los desplazamientos forzados de población de Darfur, la policía ha prestado a veces ayuda a los atacantes. Por otro lado, a menudo la policía ha estado en el punto de mira tanto de los yanyawidcomo de Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.

A raíz de la presión ejercida por la comunidad internacional para que protegiera a la población de Darfur, el gobierno de Sudán trasladó allí a unos 12.000 policías de otras zonas del país. Sin embargo, es tal la desconfianza con que parte de la población civil y los desplazados internos ven ya todo lo que hace el gobierno, que incluso si la nueva policía respeta realmente los derechos humanos y cuenta con la logística, la capacidad y la voluntad necesarias para cumplir la función de proporcionar seguridad a la población de su zona, los desplazados internos continuarán desconfiando totalmente de ella durante bastante tiempo. Tanto a la policía nueva como a la antigua se las considera todavía hostiles con respecto a los desplazados internos. La policía hace reasentamientos forzosos de desplazados. Cuando se viola a mujeres en las inmediaciones de los campos, la policía no hace nada para protegerlas ni para detener a los agresores. Se supone que la policía está en los campos para proteger a los desplazados; sin embargo, sus ametralladoras apuntan hacia ellos. La policía ataca, mata y detiene a los desplazados. La policía también está en el punto de mira de los grupos armados de oposición.

No es fácil pertenecer a policía cuando ésta es blanco de ataques en el contexto de un conflicto armado, y es posible que algunos agentes estén intentando respetar las normas relativas a hacer cumplir la ley en una situación muy difícil y peligrosa. No obstante, es evidente que la presencia de la policía en tal o cual zona de Darfur no da a la población local la sensación de seguridad. Los civiles sólo se sienten seguros si hay una presencia internacional visible para vigilar a esa fuerza.

Si se resuelven los conflictos de Sudán, al final la fuerza que proporcione seguridad a la población será la policía sudanesa. Pero será necesario formarla de nuevo, para que adquiera conocimientos sobre normas de derechos humanos y técnicas de investigación, y dotarla de logística suficiente. Al final, Sudán ha de tener una policía que forme parte de cada comunidad, que sea sensible a las cuestiones relativas al género y capaz de tratar la violencia basada en el género, incluida la violencia sexual, y que cuente con mujeres policías con la debida formación. Mientras tanto, hasta que la población vuelva a tener confianza en la policía sudanesa, para que los desplazados internos sientan que la policía se ocupa de hacer respetar la ley y no es una fuerza agresiva, al servicio de un gobierno ajeno a ellos, será necesaria una presencia internacional visible en forma de fuerza policial de observadores que trabajen junto con la policía. La fuerza internacional de policía puede también ayudar a la policía sudanesa en todas las esferas, incluida la logística, y su presencia puede servir para protegerla de los ataques de los grupos armados de oposición.

· Se debe enviar rápidamente a Darfur a los 815 agentes de policía civil anunciados en el comunicado del 20 de octubre del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y utilizarlos para prestar apoyo a la policía nacional y para restablecer la confianza de la población en las autoridades policiales del país. Se debe desplegar a la policía de la AMIS a escala local para que sirva de presencia visible con que devolver la confianza a los desplazados.

· La policía de la AMIS debe actuar sobre la base de acuerdos claros con las fuerzas pertinentes. Tales acuerdos han de garantizar su derecho a ir en cualquier parte dentro de las comisarías de policía, a acompañar a las fuerzas policía en sus desplazamientos fuera de las comisarías y estar adscrita a ellas. Debe también vigilar el sistema de reclutamiento de agentes de policía en Darfur para asegurarse de que no se admite a ninguna persona que pueda haber cometido graves violaciones de derechos humanos, sino que se la pone a disposición judicial. Debe vigilar cómo cumple la policía sus deberes y si lo hace de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. No debe limitarse a observar, sino que ha de poder también asesorar, impartir formación , vigilar las acciones de la policía e investigar las denuncias contra la policía o vigilar su investigación. Ha de informar de su labor de vigilancia al gobierno de Sudán y al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, y sus informes deben hacerse públicos.

· El gobierno sudanés debe acceder a aceptar y ofrecer toda la ayuda necesaria a la fuerza de policía de la AMIS adscrita a las fuerzas de seguridad en Darfur.

· La Unión Africana y el Consejo de Seguridad de la ONU deben garantizar que tal fuerza cuenta con suficiente personal altamente cualificado, que haya recibido formación en tareas de mantenimiento del orden y en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, y con apoyo logístico adecuado. La fuerza policial de observadores de la AMIS debe atenerse estrictamente a las normas internacionales de derechos humanos en el desempeño de sus funciones, y su actuación ha de regirse por claros códigos de conducta y directrices, complementados por mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

El desarme de las milicias

Hasta ahora no se ha realizado ningún intento serio de desarmar a las milicias yanyawidapoyadas por el gobierno. Si quienes han cometido homicidios durante los dos últimos años continúan armados, no es de extrañar que continúen los ataques de esas mismas fuerzas contra civiles. Una vez más se considera que el gobierno, que no ha desarmado a sus milicias, las apoya en sus ataques a la población civil.

Los yanyawidsiguen atacando, matando y robando a la población de las zonas rurales. Para mejorar la protección de los civiles es esencial desarmar a las milicias. A quienes hayan combatido en las filas de los yanyawidno se les debe permitir formar parte de ninguna fuerza armada o de seguridad. Deben ser asignados a puestos donde no puedan cometer ya abusos contra la población. Sin embargo, el desarme de los yanyawiddebe ir acompañado de una campaña de información en la que se explique claramente que las fuerzas de la Unión Africana protegerán a quienes entreguen las armas y a sus familias.

· Las milicias yanyawid, incluidos los miembros de ellas que se han incorporado a las Fuerzas Populares de Defensa, la Policía Popular y otras fuerzas paramilitares y que han participado en ataques a civiles, deben ser desarmadas y disueltas inmediatamente.

· Todo presunto autor de violaciones del derecho internacional humanitario o de derechos humanos debe ser retirado de todo cargo donde pueda continuar cometiendo tales actos.

· La AMIS tomarse en serio su mandato de vigilancia y verificación de los esfuerzos del gobierno de Sudán por desarmar a las milicias que controla y estudiar la posibilidad de establecer un órgano de vigilancia, dotado de personal con experiencia suficiente en cuestiones militares, políticas, de desarme, humanitarias y de información, para planear una campaña exhaustiva de desarme y disolución de los yanyawid. Se debe recurrir a dirigentes que no hayan participado en abusos contra los derechos humanos para apoyar el trabajo del órgano de vigilancia y ayudar a planificar la campaña de desarme. En las comunidades se debe buscar la participación de las mujeres en los debates y los programas de desarme. Al final podría conseguirse el desarme de todos los grupos armados de Darfur, pero la etapa inicial de desarme de los yanyawiddebe entenderse claramente como una medida tomada sólo contra ellos debido a los graves abusos que han cometido contra los derechos humanos con sus armas. No se les debe recompensar por entregar las armas.

· El Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo obligatorio de armas al gobierno de Sudán para impedir que lleguen suministros militares y conexos a las partes en el conflicto de Darfur hasta que se hayan establecido salvaguardias efectivas para proteger a los civiles de los abusos graves contra los derechos humanos y de los crímenes de guerra. Este embargo ha de ir acompañado del establecimiento de un mecanismo de vigilancia de la ONU dotado de medios adecuados y que incluya un grupo de expertos que informe periódicamente al Consejo de Seguridad y a un comité de sanciones establecido por el Consejo con arreglo a esta propuesta de resolución. El grupo de expertos debe realizar investigaciones de ámbito internacional y vigilar periódicamente los principales puertos de entrada a Sudán para contribuir a garantizar que se respeta el embargo.

La justicia y el fin de la impunidad

El hecho de que quienes han matado, violado y saqueado disfruten de impunidad ha contribuido a hacer que se sientan intocables y a que se cometan nuevos abusos. El gobierno no ha abordado la impunidad y ni está dispuesto ni puede, quizá, hacerlo.

La comisión de investigación de la ONU establecida en virtud de la resolución 1564 del Consejo de Seguridad informará en 2005 sobre cómo poner a disposición judicial a los autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; sin embargo, Amnistía Internacional recomienda que, dadas las dificultades de su trabajo y las dificultades que entraña desplazarse por Darfur, se dé a la comisión tiempo suficiente para hacer investigaciones exhaustivas.

· El gobierno sudanés deber reconocer su responsabilidad en la crisis de Darfur. Debe condenar los ataques contra civiles y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas por las milicias, las fuerzas gubernamentales de tierra o las fuerzas aéreas sudanesas durante el conflicto. La impunidad consiguiente de los autores de las ejecuciones extrajudiciales y demás homicidios ilegítimos, las torturas, las violaciones, los secuestros y las detenciones arbitrarias no sirve más que para fomentar la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos en Darfur y en otras partes.

· Hasta la fecha, el gobierno sudanés no ha abordado el problema de la impunidad. Tiene que garantizar que las denuncias de violación de derechos humanos que se hayan formulado y que se formulen, especialmente en caso de homicidio y de violencia sexual, se investigan con prontitud y de manera exhaustiva e independiente, y que los presuntos responsables son puestos a disposición judicial para que sean sometidos a juicio de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal y sin recurrir a la imposición de la pena de muerte ni de otras penas crueles, inhumanas o degradantes. Las víctimas han de tener posibilidades de resarcimiento, que incluyan indemnización y restitución. Se debe proteger la seguridad de las víctimas y de los testigos. Si el sistema de justicia nacional no puede enjuiciar a los presuntos autores de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o no está dispuesto a hacerlo, se debe considerar la posibilidad de utilizar otros mecanismos de justicia internacional.

La necesidad de basar todo programa de protección en una estrecha consulta con la sociedad civil

En los últimos meses, el gobierno sudanés y la administración local de Darfur han organizado en varias ocasiones grandes reuniones de consulta, a veces de centenares de representantes de tribus y líderes comunitarios, para hablar de la crisis de Darfur. Algunos de los asistentes a ellas han denunciado que no son verdaderas consultas y que es difícil hablar libremente. Las mujeres y los jóvenes han estado siempre excluidos de tales reuniones o han sido una pequeña minoría en ellas. Privadas de educación en el pasado, las mujeres son, en muchos casos, analfabetas, pero en el último año han hecho oír cada vez más su voz, exponiendo sus motivos de preocupación. Tradicionalmente, a los jóvenes se les excluye a menudo de las reuniones de los líderes comunitarios, pero son ellos, quienes, debido a su frustración, dejan cada vez más los campos de desplazados para tomar las armas. Es preciso buscar su participación en la elaboración de toda estrategia para el futuro.

Asimismo, es necesario velar por que la respuesta de la comunidad internacional a la crisis de Darfur se base en la consulta, la coordinación y el respeto de los derechos. Al elaborar estrategias de protección para responder a la situación en Darfur, la ONU y los demás organismos y organizaciones no gubernamentales deben ser conscientes de la necesidad de consultar con la sociedad civil a fin de garantizar que en tales estrategias quedan incorporados los motivos de preocupación de la población civil y de los desplazados internos. Es importante, además, que tales estrategias tengan efectivamente en cuenta en todo momento las necesidades particulares de protección de los grupos vulnerables, como los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer y los niños no acompañados.

· Se deben organizar consultas dentro de Darfur para buscar soluciones a la continua crisis. Tales consultas han de realizarse a nivel local, así como en niveles superiores. Es importante poner especial cuidado en consultar con quienes tengan más probabilidades de quedar excluidos de las consultas tradicionales, como las mujeres y los jóvenes..

· Las medidas tomadas por el gobierno y la comunidad internacional para la protección de la población civil y de los desplazados internos de Darfur han de estar basadas en una consulta general. Se debe consultar a las poblaciones de desplazados internos sobre todas las medidas que se adopten con objeto de mejorar la seguridad y la administración de los campos.

· Se debe reforzar el papel de los defensores sudaneses de los derechos humanos, los cuales han de tener acceso sin restricciones a todas las zonas y a todas las víctimas de abusos contra los derechos humanos sin temor a sufrir represalias ni sanciones.

Los ataques a organizaciones humanitarias

Es importante que los organismos internacionales participantes en programas de protección de los desplazados internos coordinen sus esfuerzos, asumiendo funciones y responsabilidades claramente definidas. A fin de garantizar que los derechos de los desplazados internos se respetan en Darfur, incluido el derecho a no ser obligados a regresar a zonas donde corran peligro, es necesario garantizar que los organismos que, en el caso de gran número de desplazados de Darfur, se están encargando de determinar si el regreso es "apropiado" y "voluntario", en especial la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), no actúan fuera del ámbito de su mandato o competencia.. La situación humanitaria sigue siendo grave. Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y los organismos de la ONU ven a menudo que no pueden dar más de sí en sus intentos de prestar asistencia. Otras organizaciones, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que desempeña la función principal en la protección y el regreso de desplazados internos en Darfur Occidental, están evaluando la situación en los poblados, incluidos los que están abandonados y destruidos, y se esfuerzan por brindar protección con una "presencia regular y mayor". El gobierno de Sudán ha establecido un comité para el regreso voluntario de los desplazados. Se supone que este comité debe garantizar la existencia de condiciones de seguridad para los regresos, pero, a menudo, lo que ha hecho ha sido someter a hostigamiento a los empobrecidos desplazados, dejarse sobornar por ellos e incluso obligarlos a regresar a zonas sin condiciones de seguridad.

La frecuencia de los ataques obliga a declarar muchas zonas inseguras para los convoyes humanitarios, con lo que los desplazados internos quedan aislados y no pueden recibir ayuda alimentaria. También se producen ataques a convoyes humanitarios con alarmante frecuencia. El 12 de diciembre de 2004 resultaron muertos dos trabajadores sudaneses de Save the Children que viajaban por la carretera entre Duma y Mershing, Darfur Meridional, en un convoy cuyo carácter humanitario estaba claramente indicado. Según informes, el representante especial del secretario general de la ONU para Sudán, Jan Pronk, dijo que, aunque no estaba aún totalmente claro, había indicios de que el responsable del ataque había sido el Ejército de Liberación de Sudán.

Al mismo tiempo que la situación se vuelve cada vez más peligrosa y compleja, el gobierno ha reanudado el hostigamiento contra los trabajadores humanitarios, que había disminuido o cesado en mayo de 2004 a raíz de la fuerte presión ejercida por la comunidad internacional. En Al Fasher y Nyala se ha prohibido a los trabajadores humanitarios salir de la ciudad por periodos de hasta dos días. En diciembre, se dijo al presidente de Oxfam Reino Unido que se marchara con el pretexto de que tenía su base en Jartum, y al presidente de Save the Children se le amenazó con la expulsión.

Las detenciones y ataques del gobierno contra los desplazados internos tienen por objeto impedir que hablen. Asimismo, las expulsiones, detenciones y actos de hostigamiento que sufren algunas organizaciones de ayuda humanitaria disuaden a las demás de hacer comentarios críticos por si son expulsadas y no pueden ayudar a paliar el hambre. Y menos deseable aún es la presencia de las organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional, a la que se permitió la entrada en Sudán en septiembre y octubre, no ha conseguido permiso para visitar de nuevo el país a pesar de haberlo solicitado reiteradamente.

· El gobierno de Sudán debe poner fin a las restricciones y el hostigamiento a que somete a los trabajadores humanitarios y garantizar que la ONU las organizaciones humanitarias tienen acceso pleno a los civiles necesitados de ayuda.

· Los grupos de oposición armada deben poner fin a los ataques a convoyes humanitarios. De acuerdo con la resolución 1502 (2003) del Consejo de Seguridad de la ONU, los ataques dirigidos deliberada e intencionadamente contra personal participante en programas de asistencia humanitaria en conflictos armados pueden constituir crímenes de guerra.

Conclusión

La pasividad mostrada por el Consejo de Seguridad con respecto a Darfur en su reunión de los días 18 y 19 de noviembre, en la que dio prioridad al proceso de paz entre el norte y el sur de Sudán, ha sido interpretada por las partes en el conflicto como señal de que pueden continuar con sus ataques. El despliegue de la misión ampliada de la Unión Africana en Sudán está siendo lento; el personal sobre el terreno es todavía de unos 900 efectivos solamente, de los que sólo alrededor de 15 son policías. Debido a ello, su presencia no ha contribuido aún a mejorar la seguridad de los civiles ni ha servido todavía para disuadir de efectuar ataques.

Como consecuencia de las violaciones del alto el fuego, en estos momentos los hombres, mujeres y niños que viven en poblados o en campos de desplazados internos de Darfur sufren ataques de las mismas milicias y del mismo gobierno que les expulsaron de sus hogares originales. Las fuerzas del gobierno y sus milicias los someten a hostigamiento y a ataques dentro y fuera de los campos de desplazados en los que han buscado refugio. La insurgencia ha creado un clima de inseguridad generalizada y muy desestabilizadora. Los ataques contra la población son tan frecuentes y tan mortíferos como los que sufren las organizaciones de ayuda humanitaria que le llevan alimentos. Al mismo tiempo, la situación se está haciendo cada vez más compleja. A los ataques del gobierno, las milicias y los rebeldes se ha sumado una creciente tensión entre grupos étnicos, lo que genera mayor inseguridad, con la consiguiente huida de nuevos desplazados hacia las ya atestadas ciudades.

Mientras no se proteja a los civiles en Sudán, mientras continúen los ataques y los homicidios, a la población de Darfur seguirá esperándole un precario futuro y la comunidad internacional se verá enfrentada a una crisis insoluble.

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(1) La resolución 1574 del Consejo de Seguridad fue aprobada en Nairobi el 19 de noviembre. En ella, parece darse por sentado que no se tomara ninguna medida positiva sobre Darfur hasta que no se firme, el 31 de diciembre de 2004, el acuerdo de paz entre el norte y el sur para poner fin a los 21 años de guerra civil en el sur de Sudán.

(2) Se trata de un impreso emitido por la policía y que era necesario presentar para recibir atención médica en caso de lesiones causadas por actos delictivos. Este requisito de la legislación sudanesa se eliminó en septiembre en virtud de un decreto del ministro de Justicia.

(3) Incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa.

(4) Estos principios constituyen un conjunto autorizado de normas de derecho internacional de derechos humanos, de refugiados y humanitario que establecen los derechos de los desplazados internos y los deberes que deben cumplir los gobiernos y otros agentes para su protección.

(5) El 15 de agosto de 2004, en respuesta a insinuaciones hechas por miembros de las tropas ruandesas en el sentido de que los soldados esperaban proteger a los civiles, el portavoz de las fuerzas armadas sudanesas, Mohamed Bashir Sulayman, dijo: "La misión de los 300 soldados de la Unión Africana se limita a proteger a los observadores de la Unión Africana".

(6) Report pf the Chairperson of the Commission on the situation in Darfur, Unión Africana, Consejo de Paz y Seguridad, 17tª reunión, 20 de octubre de 2004.

(7) Communiqué, Unión Africana, Consejo de Paz y Seguridad, 17tª reunión, 20 de octubre de 2004, PSC/PR/Comm.(XVII).